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Tribunal Administrativo de Norte de Santander Providencia

Tribunal Administrativo: no procede la liquidación judicial, por tratarse de un contrato de prestación de servicios

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Fecha
2026-06-18
Radicado
54518333300120170012202
Ponente
HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Sección / Sala
JUZGADO ADMINISTRATIVO
Corporación
Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Clase de proceso
Controversias Contractuales
Actor
ZAMIR RICARDO VILLAMIZAR BERMUDEZ
Demandado
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA -UNIPAMPLONA

Síntesis de la providencia

Tribunal Administrativo: no procede la liquidación judicial, por tratarse de un contrato de prestación de servicios

Regla de decisión

No procede la liquidación judicial, por tratarse de un contrato de prestación de servicios que no requiere liquidación obligatoria.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿La Universidad de Pamplona estaba jurídicamente facultada para declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante acto administrativo en un contrato regido por el derecho privado?

Respuesta: No

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

El 8 de enero de 2014, la Universidad de Pamplona suscribió con el demandante la Orden de Prestación de Servicios No. 128 de 2014, para prestar servicios como geólogo en desarrollo del Convenio No. 025 de 2013. Durante la ejecución del contrato se presentaron diversas dificultades técnicas, operativas y de personal, entre ellas renuncias de profesionales, falta de insumos y deficiencias en el desarrollo del proyecto. En ese contexto, el demandante asumió progresivamente una mayor carga laboral, llegando incluso a encargarse de la totalidad de las planchas, y presentó informes de actividades durante la ejecución. Por su parte, la entidad efectuó pagos parciales correspondientes a los meses de enero a junio de 2014 y formuló múltiples requerimientos al contratista por bajo rendimiento, incumplimientos técnicos y retrasos en la ejecución.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Prestación de servicios y contrato realidad

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No le asistió razón a la parte apelante en que la Universidad incumplió el contrato
Titulación de la relatoría 5.042 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.

RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA / DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La Universidad de Pamplona estaba jurídicamente facultada para declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante acto administrativo en un contrato regido por el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: No El 8 de enero de 2014, la Universidad de Pamplona suscribió con el demandante la Orden de Prestación de Servicios No. 128 de 2014, para prestar servicios como geólogo en desarrollo del Convenio No. 025 de 2013. Durante la ejecución del contrato se presentaron diversas dificultades técnicas, operativas y de personal, entre ellas renuncias de profesionales, falta de insumos y deficiencias en el desarrollo del proyecto. En ese contexto, el demandante asumió progresivamente una mayor carga laboral, llegando incluso a encargarse de la totalidad de las planchas, y presentó informes de actividades durante la ejecución. Por su parte, la entidad efectuó pagos parciales correspondientes a los meses de enero a junio de 2014 y formuló múltiples requerimientos al contratista por bajo rendimiento, incumplimientos técnicos y retrasos en la ejecución. Ante esta situación, se implementaron planes de choque para superar los atrasos del proyecto, los cuales no lograron los resultados esperados. El 19 de noviembre de 2014, el director del convenio comunicó la declaratoria de incumplimiento contractual, atribuyendo al demandante el atraso del proyecto. Posteriormente, el 24 de noviembre de 2014, el demandante presentó renuncia al contrato, con efectos a partir del 1 de diciembre de 2014. Con posterioridad al vencimiento del contrato, el 19 de agosto de 2015, la Universidad expidió la Resolución No. 1813, mediante la cual declaró el incumplimiento del contrato y ordenó hacer efectiva la cláusula penal. En primera instancia, el 15 de marzo de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona declaró la nulidad del acto administrativo y la nulidad parcial de algunas cláusulas contractuales. Contra esta decisión, la Universidad interpuso recurso de apelación y el demandante presentó apelación adhesiva. En segunda instancia, el Tribunal modificó parcialmente la sentencia, en el sentido de declarar la nulidad de las cláusulas décimo segunda y décimo cuarta, sin calificarlas como nulidad parcial absoluta, y confirmó en lo demás la decisión apelada, incluida la nulidad del acto administrativo y la negativa de las demás pretensiones. Asimismo, se abstuvo de imponer condena en costas. En cuanto a las posiciones de las partes, el demandante sostuvo que cumplió sus obligaciones contractuales y que la sobrecarga laboral y la falta de condiciones adecuadas afectaron la ejecución del contrato. Además, alegó pagos incompletos, la extemporaneidad de la declaratoria de incumplimiento y la vulneración del debido proceso, por lo que solicitó la nulidad del acto, la liquidación del contrato y el reconocimiento de perjuicios. Por su parte, la Universidad de Pamplona afirmó que el contratista incumplió el objeto contractual y que la declaratoria de incumplimiento fue válida. Defendió su actuación con fundamento en su estatuto contractual interno y sostuvo que podía declarar el incumplimiento aun después del vencimiento del contrato, por lo que solicitó negar las pretensiones. Finalmente, la Sala precisó que las universidades públicas, en virtud de la Ley 30 de 1992, se rigen por el derecho privado en materia contractual. En ese sentido, las cláusulas que atribuyen facultades unilaterales propias del derecho público —como la declaratoria de incumplimiento o la imposición de sanciones mediante acto administrativo— requieren habilitación legal expresa. Por ello, concluyó que, en contratos regidos por el derecho privado, dichas facultades solo pueden ejercerse como mecanismos contractuales y no mediante actos administrativos. En consecuencia, la Universidad actuó sin competencia al asumir una posición de autoridad y declarar unilateralmente el incumplimiento, lo que vicia de nulidad el acto administrativo. Asimismo, determinó que las cláusulas contractuales que permitían ese ejercicio —décimo segunda y décimo cuarta— son nulas por contrariar el régimen jurídico aplicable. No obstante, la nulidad del acto no genera automáticamente indemnización, pues no se acreditaron el daño ni el nexo causal, y existen pruebas de deficiencias en la ejecución contractual atribuibles al demandante. Finalmente, se concluyó que no procede la liquidación judicial, por tratarse de un contrato de prestación de servicios que no requiere liquidación obligatoria. NOTA DE RELATORÍA: Una universidad pública no puede declarar unilateralmente el incumplimiento contractual ni imponer la cláusula penal mediante acto administrativo en contratos regidos por el derecho privado, por carecer de competencia para ejercer potestades públicas sin habilitación legal expresa.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/TitulacionRelatoria/BuscadorProvidenciasTituladas.aspx