Síntesis de la providencia
Medio de control de repetición: Sentencia
Lo que dijo la Sala
Así, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad hubieren acaecido con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil.… Así, revisado tanto el acervo probatorio como los argumentos de la entidad demandante…
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede ser declarado responsable patrimonialmente por la condena que debió pagar la entidad estatal en un proceso de reparación directa, ya que la responsabilidad en este caso se fundamenta en la existencia de culpa grave o dolo por parte del agente público, la cual debe ser probada de manera independiente y no puede basarse únicamente en la sentencia condenatoria emitida en el proceso de reparación directa. La entidad demandante debe acreditar con pruebas adicionales que el contratista actuó con culpa grave, y no basta con la mera existencia de una condena contra la entidad estatal. La Sala reitera la necesidad de establecer claramente la responsabilidad del agente público en la generación del daño, diferenciándola del juicio de responsabilidad de la entidad estatal en el proceso de reparación directa. Esto implica que las entidades estatales deben presentar pruebas sólidas y específicas para demostrar la culpa grave del agente público en casos de repetición, evitando basarse únicamente en las conclusiones de sentencias previas.
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Problema jurídico
¿Hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del [demandado] por la condena que debió pagar la Policía Nacional, producto de la sentencia emitida dentro del proceso de reparación directa promovido por un ciudadano que recibió lesiones por de la indebida manipulación del arma de dotación del actor cuando era miembro de la institución?
Respuesta: No
Fundamentos
- Decreto Ley 150 de 1976, arts. 194 y 198
- Decreto Ley 222 de 1983, arts. 290 y 296
- Ley 2195 de 2022, arts. 39 y 40
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Titulación de la relatoría 5.762 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del [demandado] por la condena que debió pagar la Policía Nacional, producto de la sentencia emitida dentro del proceso de reparación directa promovido por un ciudadano que recibió lesiones por de la indebida manipulación del arma de dotación del actor cuando era miembro de la institución?
Respuesta al problema jurídico: No
Así, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad hubieren acaecido con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil. [...] Así, revisado tanto el acervo probatorio como los argumentos de la entidad demandante, se observa que la fundamentación para calificar la conducta del demandante como gravemente culposa está sustentada en lo manifestado en la sentencia de reparación directa que declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional de los perjuicios materiales y morales causados al señor (...). [...] Las consideraciones sobre la responsabilidad de la administración no pueden ser fundamento de la responsabilidad en materia de repetición, pues, claramente, se trata de juicios de naturaleza disímil, que tienen por objeto elementos distintos de responsabilidad y diferentes «sujetos» enjuiciados, pues en la reparación directa se estudia la responsabilidad de la entidad estatal, independientemente del agente, mientras que en la repetición debe determinarse la responsabilidad del agente o exagente, en la generación del daño que se debió reparar. La sala coincide con el Ministerio Público, en que, al no haberse aportado o practicado prueba adicional al fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, no es posible establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se suscitaron los hechos, para establecer con suficiencia si el [demandado] actúo con culpa grave. [...] Para la sala, es evidente el desconocimiento del Onus probandi incumbit actori en que incurre la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, pues, contrario a lo enseñado por la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la necesidad de acreditar la responsabilidad del ex servidor público contra el que se repite, se insistió en una demanda sin mayor soporte probatorio, edificando el juicio de reproche, en simples deducciones de posible responsabilidad, a partir del contenido del fallo condenatorio. [...] Así las cosas, conforme a los argumentos expuestos, habrá de negarse las pretensiones de la demanda, en la medida que, si bien la entidad demandante probó que pagó una suma de dinero como consecuencia de una sentencia condenatoria, no acreditó que dicho actuar fuera gravemente culposo como lo señaló en la demanda, aspecto necesario para declarar la responsabilidad patrimonial del demandado Leonardo Fabio Caro Grajales.
NOTA DE RELATORÍA:
* "Sobre la aplicación de la norma vigente al momento de la comisión de la conducta para juzgar culpa grave o dolo en conflictos de leyes en el tiempo ver: Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2019, Magistrada Ponente María Adriana Marín, número de radicado 05001-23-31-000-2002-001100-01 (56821)".
* "En relación con los criterios para determinar la existencia de la culpa grave y el dolo armonizados con las funciones constitucionales aplicables ver: Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 1999, Magistrado Ponente Ricardo Hoyos Duque, número de radicado 10.865".
* "Respecto de la insuficiencia de un simple error de juicio y la necesidad de comprobar la gravedad de la falla en la conducta dolosa o culposa ver: Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Magistrado Ponente Mauricio Fajardo (e), número de radicado 37.722".
* "Sobre el régimen de responsabilidad subjetiva en la acción de repetición ver: Corte Constitucional, sentencia del 31 de enero de 2001, Magistrada Ponente Martha Victoria Sáchica Méndez, número de radicado C-100".
* "En relación con la evaluación subjetiva del dolo o culpa grave para no confundirla con la sanción o responsabilidad objetiva ver: Corte Constitucional, sentencia del 12 de abril de 2000, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell, número de radicado C-430".
* "Respecto de la necesidad de demostrar que el incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria para establecer culpabilidad ver: Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, sin nombre del ponente explícito en el texto, número de radicado 31.975".
* "Sobre la inidoneidad e insuficiencia de la sola sentencia condenatoria por reparación directa para probar probar *per se* la culpa grave del ex servidor demandado ver: Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, Magistrado Ponente Mauricio Fajardo Gómez, número de radicado 27.779".
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 83, 90, 91, 122, 124, DECRETO LEY 150 DE 1976 - ARTÍCULO 194 Y 198, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 290 Y 296, LEY 2195 DE 2022 - ARTÍCULO 39 Y 40, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, 5 Y 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63