Síntesis de la providencia
Tribunal Administrativo: la tesis de la Sala es que se deben negar las pretensiones de la demanda
Lo que dijo la Sala
La tesis de la Sala es que se deben negar las pretensiones de la demanda toda vez que no se logra probar un actuar gravemente culposo y/o doloso de los demandados dado que i) con las pruebas allegadas dentro de este proceso judicial no se demuestra un incumplimiento del demandado Aldemar Bautista Otero respecto a sus deberes de planeación y ejecución del contrato de concesión nro. 116 de 20 de abril de 2007, ya que primero, no se demuestra su participación y/o incidencia en la etapa precontractual, y segundo, en la etapa contractual se demostró que él entregó espacios para que el concesionario desarrollara el objeto del contrato, ii) dentro del proceso no se demuestra que el demandado Omar Augusto Silva Pinzón hubiese participado en las etapas precontractual y contractual del contrato, además de que, si bien fue quien suscribió el acta de liquidación bilateral del citado contrato…
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Síntesis síntesis automática
El contratista no responde patrimonialmente por el incumplimiento del contrato de concesión a título de culpa grave, ya que la entidad demandante no demostró que los demandados Aldemar Bautista Otero y Omar Augusto Silva Pinzón hubieran actuado con negligencia grave en la entrega de espacios para la prestación de servicios, ni que Ingrit Lineth Vásquez Cely y Reimundo Eulises Morales Pineda hubieran realizado una interpretación incorrecta del contrato que afectara la condena impuesta por el Tribunal de Arbitramento. La Subsección es competente para conocer del proceso de repetición por la naturaleza del asunto y la cuantía, según la Ley 1437 de 2011, que derogó el criterio de conexidad previsto en la Ley 678 de 2001. Esto implica que la entidad estatal debe aportar pruebas sólidas para establecer la responsabilidad patrimonial de los exfuncionarios en casos de incumplimiento contractual.
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Problema jurídico
"¿Son responsables patrimonialmente i) los demandados Aldemar Bautista Otero y Omar Augusto Silva Pinzón, en la calidad de exgerentes del Hospital Tunal, a título de culpa grave por el incumplimiento del contrato de concesión No. 116 de 20 de abril de 2007, al no cumplir oportunamente con su obligación de entregar los espacios requeridos para la prestación integrar (sic) de los servicios de UCI coronaria y la Sala de cirugía requerida para prestar el servicio de cirugía cardiovascular y ii) los demandados Ingrit Lineth Vásquez Cely y Reimundo Eulises Morales Pineda, en calidad de ex jefes de la oficina Jurídica del mismo hospital a título de culpa grave por el incumplimiento del contrato de concesión No. 116 de 20 de abril de 2007, al no cumplir oportunamente con su obligación de realizar una correcta valoración e interpretación del referido contrato, y iii) quienes suscribieron el acta de liquidación bilateral del contrato, lo cual trajo como consecuencia la condena impuesta a la entidad pública aquí demandante a través de laudo arbitral del 25 de febrero de 2016 proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá?"
Respuesta: No
Fundamentos
- Ley 678 de 2001, arts. 2, 4 y 5
- Constitución Política
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Titulación de la relatoría 5.590 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
"¿Son responsables patrimonialmente i) los demandados Aldemar Bautista Otero y Omar Augusto Silva Pinzón, en la calidad de exgerentes del Hospital Tunal, a título de culpa grave por el incumplimiento del contrato de concesión No. 116 de 20 de abril de 2007, al no cumplir oportunamente con su obligación de entregar los espacios requeridos para la prestación integrar (sic) de los servicios de UCI coronaria y la Sala de cirugía requerida para prestar el servicio de cirugía cardiovascular y ii) los demandados Ingrit Lineth Vásquez Cely y Reimundo Eulises Morales Pineda, en calidad de ex jefes de la oficina Jurídica del mismo hospital a título de culpa grave por el incumplimiento del contrato de concesión No. 116 de 20 de abril de 2007, al no cumplir oportunamente con su obligación de realizar una correcta valoración e interpretación del referido contrato, y iii) quienes suscribieron el acta de liquidación bilateral del contrato, lo cual trajo como consecuencia la condena impuesta a la entidad pública aquí demandante a través de laudo arbitral del 25 de febrero de 2016 proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá?"
Respuesta al problema jurídico: No
"La tesis de la Sala es que se deben negar las pretensiones de la demanda toda vez que no se logra probar un actuar gravemente culposo y/o doloso de los demandados dado que i) con las pruebas allegadas dentro de este proceso judicial no se demuestra un incumplimiento del demandado Aldemar Bautista Otero respecto a sus deberes de planeación y ejecución del contrato de concesión nro. 116 de 20 de abril de 2007, ya que primero, no se demuestra su participación y/o incidencia en la etapa precontractual, y segundo, en la etapa contractual se demostró que él entregó espacios para que el concesionario desarrollara el objeto del contrato, ii) dentro del proceso no se demuestra que el demandado Omar Augusto Silva Pinzón hubiese participado en las etapas precontractual y contractual del contrato, además de que, si bien fue quien suscribió el acta de liquidación bilateral del citado contrato, en la demanda no se describe qué obligaciones fueron las que incumplió aquel conforme a la ley o el contrato al realizar esta actuación, aunado a que, en todo caso, el Tribunal de Arbitramento no condenó como consecuencia de esta actuación contractual sino por el incumplimiento de las obligaciones de entrega de áreas para ejecutar el contrato de concesión , iii) no se demuestra que los demandados Ingrit Lineth Vásquez Cely y Reimundo Eulises Morales Pineda hubiesen realizado una valoración o interpretación del contrato de concesión de forma contraria a la norma, y que esto, hubiese incidido en la condena impuesta por el Tribunal de Arbitramento."
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición, se cita: Corte Constitucional, sentencia C 619 de 2002. Consejo de Estado- Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 2016, Consejero Ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, radicación: 68001233100020090036201 (54.394).
Sobre el alcance de las presunciones consagradas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, se cita: Consejo de Estado-Sección Tercera- Subsección C, sentencia del 9 de septiembre de 2016 con radicación: 5400123330002012000202; sentencia del 5 de octubre de 2016, radicación: 85001233300020140004501, CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿La Subsección es competente para conocer del presente proceso, como quiera que se trata de una acción de repetición contra unos ex agentes de la entidad demandante, para el reembolso de la suma que pagó como consecuencia orden dada en laudo arbitral?
Respuesta al problema jurídico: Si
"sobre el criterio de conexidad es de precisar que, el H. Consejo de Estado en sentencia del 6 de diciembre de 2017 , refirió que la Ley 1437 de 2011 “a través de sus artículos 149, 152 y 155 reguló de manera expresa el tema de la competencia funcional del medio de control de repetición, derogando el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 e introduciendo el factor subjetivo -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantía para los de doble instancia” (Subrayas del Despacho). Así las cosas, esta Subsección es competente desde el punto de vista funcional para conocer del presente proceso, por la instancia, la naturaleza del asunto y la cuantía, dado que se trata de un proceso de repetición donde el valor de la pretensión mayor individualmente considerada supera los 500 SMLMV, al tenor de los artículos 152 y 157 de la Ley 1437 de 2011."
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el criterio de conexidad para efectos de la competencia, se cita: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Sentencia del 6 de diciembre de 2017.Exp. 52001-23-33-000-2013-00080-01(50192)
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, 152, 155. 157