Titulación de la relatoría 12.030 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / FALSA MOTIVACIÓN / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
"(...) ¿EL ICCU vulneró el debido proceso en la actuación administrativa que definió el siniestro, por las razones alegadas por las demandantes? ¿Las resoluciones N° 403 de 2016 y 141 de 2017, por medio de las que el ICCU declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra en el marco del contrato N° ICCU 602 de 2011, adolecen de falsa motivación por las razones alegadas por las demandantes? (...)"
Respuesta al problema jurídico: No
"(...) El ICCU no vulneró el debido proceso de las demandantes (...) 47. El Consejo de Estado ha considerado que la declaratoria de ocurrencia de siniestro por estabilidad de la obra no tiene carácter sancionatorio, sino que se trata de la facultad que ejerce la entidad estatal beneficiaria de la respectiva póliza, mediante un acto administrativo motivado, una vez advierte que se cumplen los presupuestos para su declaración. 48. En efecto, la finalidad del amparo por estabilidad de la obra es cubrir los perjuicios causados por un eventual deterioro atribuible al constructor23. En ese sentido, no corresponde a la imposición de una pena, consecuencia económica adversa, restricción o limitación en razón de una conducta ilícita del contratista, de manera que no se enmarca dentro del ejercicio de la potestad sancionadora contractual24. 49. Es decir que el procedimiento administrativo sancionatorio contenido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 201125, no es aplicable a la declaratoria de siniestro por estabilidad de la obra. 50. Ello, porque aquel corresponde al trámite para terminar anormalmente el contrato – por ejemplo, cuando la entidad contratante aplica la caducidad –, declarar el incumplimiento y estimar anticipadamente los perjuicios derivados del mismo, multar al contratista y, en general, imponer sanciones. (...) 51. En ese orden de ideas, la entidad no necesita adelantar un procedimiento administrativo previo para declarar el siniestro por estabilidad de la obra, pues es una prerrogativa que se deriva del artículo 99 del C.P.A.C.A.26 (...) 52. Ahora bien, el hecho de no requerir un procedimiento previo para la declaratoria del siniestro, no significa para la entidad contratante la inobservancia del debido proceso pues, en todo caso, esta garantía debe ser aplicada a toda actuación administrativa28. (...) 53. No obstante, en esos eventos, el derecho fundamental es garantizado «en la medida en que el contenido y la motivación del acto es el que permite a la aseguradora o al contratista ejercer su derecho de defensa y la impugnación posterior ante la jurisdicción». (...) 54. En otras palabras, la entidad que pretenda declarar la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra no está obligada a adelantar un procedimiento previo y, por ende, el debido proceso lo garantiza al permitir al contratista y a la aseguradora controvertir su decisión. (...) 55. En este caso, la sala advierte que el ICCU garantizó el derecho al debido proceso de la Unión Temporal Ubaté 2011 y la aseguradora Allianz Seguros S.A. En efecto, las demandantes fueron notificadas en debida forma de la declaratoria del siniestro por estabilidad de la obra, el 27 de octubre de 2016. Es decir que conocieron los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que conllevaron a la entidad a adoptar tal determinación. 56. También permitió la interposición del recurso de reposición contra dicha decisión, así como la contradicción de las pruebas en las que fundamentó el acto administrativo. Y decretó el dictamen pericial que solicitó la contratista en esa etapa. No obstante, pese a las gestiones que adelantó para la consecución de esa prueba, la tuvo por desistida, ante la ausencia de pago por parte del interesado en la práctica de la misma (párrafo 41). 57. En los anteriores términos, la sala considera que no se configuró la nulidad de las resoluciones acusadas, pues las demandantes no acreditaron la vulneración de su derecho al debido proceso. (...) 62. En el ámbito de la contratación estatal, la entidad no está obligada a demostrar la cuantía del daño, sino que tiene la facultad de fijar el monto mediante un acto administrativo, en el que debe sustentar la suma por la que pretende hacer efectiva la respectiva póliza. (...) el valor por el que la entidad contratante hizo efectiva la garantía de estabilidad de la obra se fundamentó en el cálculo del costo de las reparaciones realizado por la interventora del contrato. Y la diferencia entre la tasación inicial y la final obedeció a i) la actualización del precio de los materiales en razón del año para la que se realizó (2011 vs. 2016) y ii) los ítems y cantidades determinados para cada cálculo. 66. Lo anterior, sin que la contratista o su aseguradora acreditaran un monto distinto, o demostraran un error en la valoración realizada por la universidad. 67. De allí que la sala considere que la tasación de los perjuicios derivados de los daños observados en la vía sí fue motivada en debida forma por el ICCU, por lo que no se configura la nulidad del acto administrativo demandado por este cargo. (...) como se trata de una facultad derivada de los artículos 99 del C.P.A.C.A.34, la oportunidad para declarar el siniestro debe ser contabilizada según lo dispone la norma que regula los términos de prescripción ordinaria en los contratos de seguros (artículo 1081 del Código de Comercio35). (...) el Consejo de Estado ha reiterado que la entidad contratante tiene 2 años, desde el conocimiento del hecho que constituye el siniestro, para expedir el acto administrativo que así lo declara y, en consecuencia, ordena la efectividad de la respectiva garantía. (...) 72. En el caso, la póliza que amparó la estabilidad de la obra tenía una cobertura desde el 20 de enero de 2013 hasta el 20 de enero de 2018 (párrafo 35). El 1 de diciembre de 2015, la entidad contratante tuvo conocimiento de los hechos constitutivos del siniestro (párrafo 37). Y la inestabilidad de la obra fue declarada mediante actos administrativos del 26 de octubre de 2016 y 6 de abril de 2017. 73. Es decir que fue oportuna porque: i) el riesgo acaeció durante la vigencia del contrato de seguro y ii) los actos administrativos fueron expedidos dentro de los 2 años siguientes al conocimiento de la ocurrencia del mismo. (...) La imputabilidad del deterioro de la vía y la causal de exclusión del contrato de seguro (...) la sala advierte que, para declarar la nulidad de un acto administrativo por falsa motivación, es necesario que el demandante acredite que en la decisión acusada fueron valorados indebidamente – o se omitieron valorar – los supuestos que dieron lugar a su expedición42. (...) 83. La sala no declarará la nulidad de las resoluciones acusadas, pues las demandantes no desvirtuaron la presunción de legalidad del acto demandado. En efecto, los documentos que aducen no permiten establecer que el ICCU motivó falsamente las resoluciones, ni inferir que se configuró un eximente de responsabilidad. (...) En ese orden de ideas, las demandantes no demostraron los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad, como lo establece el artículo 1077 del Código de Comercio. En consecuencia, se considera que las demandantes no cumplieron con la carga de desvirtuar la legalidad del acto administrativo que declaró la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra en el marco del contrato N° ICCU 602 de 2011. Por lo expuesto, la sala negará las pretensiones de la demanda. (...)"
NOTA DE RELATORÍA:
Frente a la potestad sancionadora contractual cita, 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad. 25000233600020130206301 (53861). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 29 de noviembre de 2017, Rad. 25000232600020010021801 (30613). C.P. Danilo Rojas Betancourth. Respecto a la motivación del acto 9 Cita original: «Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, exp. 14667, M.P. Myriam Guerrero de Escobar». Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 26 de agosto de 2019, Rad. 15001333100520070058001 (44170). C.P. Alberto Montaña Plata. 1 Cita original: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 23 de febrero de 2012, exp. 20.810 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 5 de diciembre de 2016, exp. 35.057» Sobre los contratos de seguro celebrados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la celebración de un contrato estatal refiere Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2020, Rad. 25000232600020100051201 (48652). C.P: Jaime Enrique Rodríguez Navas. 3 Cita original: «Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 2001, Exp. 12.724, Sentencia del 27 de noviembre de 2013, Exp. 25.742, Sentencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 29.857, entre otras». Sobre la del siniestro debe ocurrir durante el plazo de vigencia de la póliza cita, Cita original: «Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 11 de julio de 2002. Rad.: 7255. Reiterada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 23 de junio de 2010, Rad.: 16494» 7 Cita original: «Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 14 de octubre de 2021. Rad.: 50623». Cita original: «Cita original. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 5 de agosto de 2020, Rad.: 45183». Cita original: «Cita original. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de mayo de 2001, Rad.: 12724, Subsección A, sentencia del 29 de mayo de 2014, Rad.: 27563; y del 23 de junio de 2010, Rad.: 16494». Cita original: «Cita original. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 21 de marzo de 2007, Rad.: 29102; del 22 de abril de 2009, Rad.: 14667; del 23 de junio de 2010, Rad.: 16494; Subsección C, sentencia del 31 de agosto de 2015, Rad.:. 48459; y Subsección A, sentencia del 17 de abril de 2017, Rad.: 23359». Frente a la nulidad de un acto administrativo por falsa motivación cita, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de abril de 2020, Rad. 25000232600020030064501 (42524). C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero de 2023, Rad. 05001233100020090150801 (59310). C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la culpa o diligencia del contratista cita, 6 Cita original: «Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2016. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Exp. 85001-23-31-000-2002-00362-01(35763)».
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, 1081, DECRETO LEGISLATIVO 4580 DE 2010, DECRETO LEGISLATIVO 4702 DE 2010, DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 40, 47, 52, 68, 99, 125, 243, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 148, 364, LEY 2080 DE 2021