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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: tampoco debe prosperar el restablecimiento del derecho alegado

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Fecha
2026-08-03
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
e39698f8-cb57-4235-8af0-4d0dd8fffff8.docx

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: tampoco debe prosperar el restablecimiento del derecho alegado

Regla de decisión

Tampoco debe prosperar el restablecimiento del derecho alegado.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Decreto 1082 de 2015
  • Ley 1150 de 2007

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

En ese orden, no existe motivo alguno para declarar la nulidad del referido acto administrativo, ni del contrato estatal producto del aludido proceso de selección… Agregó que el contrato estatal derivado de la resolución demandada fue perfeccionado, ejecutado y liquidado mediante las actas correspondientes registradas en el SECOP II, por lo que cualquier pretensión de nulidad del mismo carece hoy de objeto jurídico. En efecto, en dicho informe se señaló que el proponente no aportó los anexos requeridos para acreditar la experiencia exigida en el numeral 3.5 “Experiencia” del pliego de condiciones, específicamente respecto del contrato No. 116-OC-2003 celebrado entre privados, pues no allegó la certificación de facturación emitida por el revisor fiscal acompañada de la respectiva tarjeta profesional y el certificado expedido por la Junta Central de Contadores, documentos exigidos para sustentar dicha experiencia.

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Nulidad del contrato estatal

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El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.
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Texto del documento 39.488 caracteres
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-En contra de acto por el cual se adjudicó proceso de selección abreviada Nro. MC-sin -0033-2022 para contratar remodelación y rehabilitación de estadio de Beisbol Welling Worth May NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Para pago de contrato a título de lucro cesante indexado e intereses legales moratorios desde fecha en que se efectuó negocio jurídico, pago total de perjuicios, condena en costas y agencias en derecho si hay lugar a ellas RECURSO DE APELACIÓN-Con fundamento en que existió violación de normas de contratación pública por indebida valoración del RUP y del principio de igualdad VALORACIÓN PROBATORIA-Procedencia de defecto fáctico por falta de esta ….Agregó que en este caso se dio un defecto fáctico por falta de valoración probatoria - Violación al debido proceso. Si el Tribunal optó por una sentencia anticipada sin valorar que la oferta del actor representaba la mejor opción técnica y económica, incurrió en un sacrificio del derecho de contradicción. El Artículo 228 de la Constitución exige que la justicia sea efectiva; fallar sin permitir demostrar la favorabilidad de la oferta ante la evidencia del SECOP II, vulnera el debido proceso. ACTO DEMANDADO-Se demostró que no vulneró ordenamiento jurídico DEMANDANTE-No hay lugar a declarar que su propuesta era la más favorable dentro del proceso contractual cuestionado y que mereciera ser el adjudicatario legalmente escogido REQUISITOS DE LA PROPUESTA-Cumplió con todos los que eran habilitantes y de evaluación exigidos en el pliego de condiciones, por lo tanto resultó ser la oferta más favorable económicamente para la entidad/ACTO ADMINISTRATIVO-Se demostró que fue legalmente expedido por lo tanto no existe motivo alguno en el sub examine para declarar su nulidad/CONTRATO ESTATAL-No existe razón alguna para declarar su nulidad, producto del aludido proceso de selección …Coralio de lo anterior, tampoco se encuentra viciada de ilegalidad la Resolución de adjudicación No.012189 de 26 de diciembre de 2022, por cuanto conforme con la evaluación consignada en el informe final, la propuesta del CONSORCIO WELLING WORTH cumplió con todos los requisitos habilitantes y de evaluación exigidos en el pliego de condiciones, y resultó ser la oferta más favorable económicamente para la entidad. En ese orden, no existe motivo alguno para declarar la nulidad del referido acto administrativo, ni del contrato estatal producto del aludido proceso de selección… ... NO existe un motivo legal y congruente para declarar la nulidad absoluta del contrato de obra pública, por cuanto no se incurre en ninguna de las causales estipuladas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Tampoco debe prosperar el restablecimiento del derecho alegado. PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO N°148/2026 Bogotá, D. C., 3 de agosto de 2026 Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C Consejera Ponente, doctora [NOMBRE TACHADO] E. S. D. Ref: Proceso: 88001233300020230003201(74510) Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Consorcio Estadio SAI 2022 Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia. En esta oportunidad respetuosamente solicita confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 26 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia, que denegó las pretensiones, conforme a los argumentos que a continuación se exponen. 1. ANTECEDENTES 1.1 Demanda. Por intermedio de apoderado judicial, el 21 de julio de 2023, el CONSORCIO ESTADIO SAI 2022, integrado por la ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S. y BSC CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S., interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, con el fin de que se declare: i) la nulidad de la Resolución No. 012189 del 26 de diciembre de 2022, por medio de la cual dicho Departamento adjudicó el proceso de selección abreviada No. MC-sin-0033-2022, cuyo objeto es contratar la remodelación y rehabilitación del estadio de Beisbol Welling Worth May de ese ente territorial; ii) la nulidad absoluta del contrato estatal que se derivó de dicho acto de adjudicación; y iii) que su propuesta era la más favorable entre las concursantes que cumplían con todos los requisitos de elegibilidad. Como consecuencia, se condene a la demandada al pago del valor total del contrato adjudicado, a título de lucro cesante, debidamente indexado y los intereses legales moratorios desde la fecha en que debió realizarse el referido negocio jurídico y/o los perjuicios hasta su pago total, al igual que se condene en costas y agencias en derecho, conforme al régimen procesal vigente. En resumen, refirió como hechos que durante el mes de diciembre de 2022 la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina abrió el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. MC-SIN-0033-2022, cuyo objeto consistía en la “Remodelación y rehabilitación del estadio de Beisbol Welling Worth May”, con presupuesto oficial de $22.604.607.873,90, para el cual el CONSORCIO ESTADIO SAI 2022 presentó propuesta. El 19 de diciembre del 2022, la Gobernación publicó el informe de evaluación preliminar, en el que recomendó adjudicar el contrato a un proponente distinto y señaló observaciones respecto de la oferta del CONSORCIO ESTADIO SAI 2022. El 21 de diciembre de 2022, dicho CONSORCIO radicó escrito denominado “Observación al Informe preliminar LP MC-SIN-0033-2022”, aportando subsanaciones documentales y solicitando la revisión técnica y jurídica de la evaluación, y el 23 de diciembre de 2022, se divulgó el informe de evaluación definitivo, en el cual se mantuvo inalterada la recomendación inicial y se desestimaron las observaciones formuladas por el consorcio demandante. Mediante Resolución No. 012189 de 26 de diciembre de 2022, la Gobernación adjudicó el contrato al proponente recomendado en el informe definitivo y descartó la oferta presentada por el Consorcio Estadio SAI 2022, siendo que el adjudicatario no contaba con Registro Único de Proponentes (RUP) vigente al momento de la referida evaluación, lo cual constituía causal obligatoria de rechazo conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones y al artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. Indicó que, aplicando correctamente los criterios habilitantes y de evaluación, la propuesta más favorable correspondía a la del CONSORCIO ESTADIO SAI 2022, quien debió ser el adjudicatario legalmente escogido. Esa adjudicación irregular ocasionó un daño patrimonial consistente en el lucro cesante dejado de percibir, correspondiente a las utilidades netas esperadas, por lo que solicita su reconocimiento actualizado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y con los intereses legales aplicables. Por lo tanto, la administración desconoció lo dispuesto en los artículos 2, 6, 13, 21 y 209 de la Constitución Política, al apartarse de los fines esenciales del Estado y de los principios que rigen la función pública, entre ellos la igualdad, la eficiencia y la buena fe. Así mismo, vulneró lo establecido en los artículos 24, 25, 28, 29 y 30 de la Ley 80 de 1993, en tanto se quebrantó el principio de selección objetiva, se alteró el procedimiento previsto en el pliego y se generó un riesgo sobre la validez del contrato. Concluyó afirmando que, conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993, la nulidad del acto de adjudicación debe extenderse al contrato estatal celebrado, por tratarse de un contrato viciado desde su origen. 1.2 Contestación, excepciones y alegatos de conclusión. - El DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA se opuso a las pretensiones, por no configurarse causal alguna de nulidad y por inexistencia de lesión a derecho subjetivo o daño antijurídico imputable a la Administración. Señaló que tanto la documentación presentada con la oferta, como la allegada para subsanarla durante el traslado de los informes de evaluación, fue tenida en cuenta según su valor probatorio, garantizando el derecho de que fuera evaluada conforme a las reglas generales establecidas para cada etapa. Indicó que, del análisis de los informes de evaluación inicial y definitiva, se evidencia que el proponente CONSORCIO ESTADIO SAI 2022 no cumplió en debida forma los requisitos habilitantes al momento de presentar la oferta ni con la subsanación, por ende, no acreditó aptitud para pasar a la etapa de ponderación, puntuación y calificación de las ofertas económicas. En este sentido no se le vulneró el derecho a ser adjudicatario. En cuanto al cumplimiento del requisito jurídico asociado al RUP, señaló que las dos propuestas que fueron habilitadas e incluidas en la ponderación y puntuación cumplían con este aspecto, es decir, se encontraban vigentes y en firme para la fecha de vencimiento del término de traslado de los informes de evaluación preliminar, como indica la norma. En tal virtud, no existe violación de derecho subjetivo alguno ni daño antijurídico que amerite la reparación solicitada, toda vez que el actor nunca ostentó la calidad de proponente habilitado ni demostró un perjuicio cierto y directo. Agregó que el contrato estatal derivado de la resolución demandada fue perfeccionado, ejecutado y liquidado mediante las actas correspondientes registradas en el SECOP II, por lo que cualquier pretensión de nulidad del mismo carece hoy de objeto jurídico. Finalmente, propuso como excepciones de mérito i) omisión probatoria de las partes; ii) adjudicación al ofrecimiento más favorable; y iii) incumplimiento por parte del demandante del deber de acreditar que su oferta era la más favorable. - El CONSORCIO WELLING WORTH MAY, quien resultó adjudicatario del contrato, se hizo presente en el proceso en calidad de litisconsorte necesario y coadyuvó los argumentos del demandado. Señaló que la renovación del RUP de su integrante EDC PROYECTOS SAS fue realizada el 26 de julio de 2022, y estaba vigente a la fecha de cierre del proceso y presentación de las ofertas (12 de diciembre de 2022), dándole alcance a lo establecido en el numeral 1.15. literal F. del pliego de condiciones: “Que la inscripción del Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por primera vez o cuando han cesado sus efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del proceso de contratación” y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 y con lo que ha sostenido Colombia Compra Eficiente en el Concepto C-750 de 2022, en cuanto a que la persona natural o jurídica que no renovó el RUP en la fecha establecida en la ley, TENDRÁ que inscribirse NUEVAMENTE, lo cual es el caso del EDC PROYECTOS SAS. Señaló que no se puede declarar la propuesta presentada por el CONSORCIO ESTADIO SAI 2022 como la más favorable, esto bajo el entendido que el proponente “NO FUE HABILITADO” en el Informe de Evaluación final, emitido por el comité evaluador el 23 de diciembre de 2022, en el que se señala que en cuanto a la EVALUACIÓN TÉCNICA, el proponente no proporcionó los anexos necesarios para sustentar la experiencia establecida en el PUNTO 3.5 “EXPERIENCIA”, del pliego de condiciones, específicamente el contrato No. 116-OC-2003 entre privados; no aportó documentos, como certificación de facturación emitida por el revisor fiscal, acompañada de la respectiva tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de Contadores; tampoco cumplió con lo señalado en el pliego en cuanto a la CONDICIÓN DE MIPYME Y DE EMPRENDIMIENTOS Y/O EMPRESAS DE MUJERES. De esa manera, no queda duda que el Consorcio Welling Worth May fue debidamente HABILITADO y la adjudicación se realizó conforme a los requisitos legales y exigidos en el pliego de condiciones. En consecuencia, al no haber una causal válida para la declaración de nulidad de la Resolución No. 012189 de 26 de diciembre de 2022, NO existe un motivo legal y congruente para declarar la nulidad absoluta del contrato de obra pública, por cuanto no se incurre en ninguna de las causales estipuladas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Tampoco debe prosperar el restablecimiento del derecho alegado. Finalmente, propuso como medios exceptivos de mérito i) inexistencia de la causal de nulidad absoluta de la resolución de adjudicación No. 012189 y el contrato de obra, ii) inviabilidad del restablecimiento del derecho reclamado, iii) genérica. 1.3 Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia de 26 de marzo de 2026, encontró probadas las excepciones de mérito formuladas por el DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS y el CONSORCIO WELLING WORTH, y negó las pretensiones de la demanda. Luego de analizar la normatividad y la jurisprudencia aplicable al Registro Único de Proponentes – RUP y el material probatorio allegado a la actuación, la Sala entró a resolver el problema jurídico planteado, respecto del cual, en resumen, precisó: “En línea con lo expuesto, en el caso bajo estudio se observa que el CONSORCIO WELLING WORTH, a través de uno de sus integrantes, EDC PROYECTOS S.A.S., no renovó el Registro Único de Proponentes dentro del término previsto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. No obstante, pese a no haber efectuado dicha renovación en el término señalado por la norma, se advierte que el referido proponente aplicó la figura de la inscripción inicial por no renovación en tiempo, es decir, realizó una nueva inscripción en el Registro Único de Proponentes el 26 de julio de 2022, tal como consta en la certificación expedida el 15 de noviembre de 2022 por la Cámara de Comercio de Barranquilla. En efecto, de acuerdo con esta certificación, el 26 de julio de 2022 el proponente inscribió el Registro Único de Proponentes bajo el número 73.744 del libro primero de los proponentes, registro que fue publicado en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) en la misma fecha, dejando constancia que la inscripción quedó en firme diez (10) días hábiles después de su publicación, esto sería, el 9 de agosto de 2022. En este orden de ideas, al confrontar dicha información con las etapas del proceso de selección, se advierte que la apertura del proceso de selección abreviada tuvo lugar el 1 de diciembre de 2022, fecha en la cual también se produjo el cierre para la presentación de las ofertas, lo cual permite colegir que la inscripción del Registro Único de Proponentes del integrante del CONSORCIO WELLING WORTH ya se En este orden de ideas, al confrontar dicha información con las etapas del proceso de selección, se advierte que la apertura del proceso de selección abreviada tuvo lugar el 1 de diciembre de 2022, fecha en la cual también se produjo el cierre para la presentación de las ofertas, lo cual permite colegir que la inscripción del Registro Único de Proponentes del integrante del CONSORCIO WELLING WORTH ya se encontraba en firme desde el 9 de agosto de 2022, es decir, varios meses antes de la apertura y del cierre del proceso de selección. Por lo anterior, no es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante, según el cual la entidad contratante habría adjudicado el proceso a un proponente que no contaba con el Registro Único de Proponentes vigente, pues, por el contrario, se encuentra acreditado que, para la fecha de cierre del proceso de selección, el referido registro se encontraba debidamente inscrito y en firme, cumpliendo así con el requisito habilitante previsto en el pliego de condiciones, careciendo de vocación de prosperidad dicho argumento. Ahora, en gracia de pronunciarse respecto de la pretensión encaminada a que se declare que la propuesta presentada por el CONSORCIO ESTADIO SAI 2022 era la más favorable para la entidad contratante, debe indicarse que, de conformidad con el Informe de Evaluación Final emitido por el Comité Evaluador el 23 de diciembre de 2022, el referido proponente no resultó habilitado dentro del proceso de selección, particularmente en lo relacionado con la evaluación técnica. En efecto, en dicho informe se señaló que el proponente no aportó los anexos requeridos para acreditar la experiencia exigida en el numeral 3.5 “Experiencia” del pliego de condiciones, específicamente respecto del contrato No. 116-OC-2003 celebrado entre privados, pues no allegó la certificación de facturación emitida por el revisor fiscal acompañada de la respectiva tarjeta profesional y el certificado expedido por la Junta Central de Contadores, documentos exigidos para sustentar dicha experiencia. Así mismo, en el referido informe se dejó constancia de que el CONSORCIO ESTADIO SAI 2022 tampoco cumplía con lo previsto en el pliego de condiciones en lo relativo a la condición de MIPYME ni a la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, al no aportar la documentación requerida para acreditar tales condiciones. Bajo estas circunstancias, al no cumplir el CONSORCIO ESTADIO SAI 2022 con los requisitos exigidos para resultar habilitado dentro del proceso de selección, no podía la entidad demandada considerarlo como la oferta más favorable y, en ese sentido, tampoco resulta viable pretender que en sede judicial se declare tal condición, máxime cuando en el expediente no obran elementos de convicción que permitan a esta Corporación concluir que la propuesta presentada por dicho consorcio reunía las condiciones para ser considerada la mejor oferta dentro del proceso de selección, aun en el evento hipotético de que se hubiese desvirtuado la legalidad del acto de adjudicación”. 1.5 Recurso de apelación. El demandante impugnó la decisión. Solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del acto de adjudicación y ordenando el restablecimiento del derecho en su favor. Alegó que existió una violación de las normas de contratación pública por indebida valoración del RUP y del principio de Igualdad. Afirmó que el Tribunal erró al validar la "inscripción inicial" de EDC Proyectos S.A.S. realizada en julio de 2022 como un mecanismo válido para subsanar la omisión de la renovación obligatoria de dicho Registro que debió ocurrir en abril. Indicó que según la Sentencia de Unificación CE-SUJ-005-2020 y la línea de la Sección Tercera (Exp. 59.432), la renovación es una carga procesal para mantener la firmeza y continuidad de la información. En este caso, el RUP del adjudicatario perdió vigencia al quinto día hábil de abril. Al permitir que una "inscripción inicial" meses después habilitara al proponente, el Tribunal desconoció que el RUP es prueba plena de condiciones que deben ser continuas. Permitir esta exención rompe la igualdad respecto a proponentes que sí cumplieron con la carga legal de renovación, permitiendo que participe quien no contaba con información verificada y vigente al momento de la configuración de la oferta. Señaló que el a quo incurrió en un error de derecho por exceso de ritualismo manifiesto y desconocimiento del deber de subsanabilidad, por cuanto la sentencia confirma el rechazo del demandante por la falta de anexos técnicos (tarjeta profesional y certificaciones de la JCC), ignorando el precedente vinculante sobre requisitos habilitantes, pues conforme al Parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por Ley 1882 de 2018), todos los requisitos que no otorgan puntaje son obligatoriamente subsanables hasta antes de la adjudicación. Indicó que el Tribunal sacrificó la “selección objetiva” por una formalidad física de documentos que acreditaban hechos preexistentes al cierre (la calidad de contador). Según la Sentencia SUJ-005 de 2020, la entidad tenía el deber legal de solicitar la corrección en lugar de rechazar de plano la oferta más favorable. Agregó que en este caso se dio un defecto fáctico por falta de valoración probatoria - Violación al debido proceso. Si el Tribunal optó por una sentencia anticipada sin valorar que la oferta del actor representaba la mejor opción técnica y económica, incurrió en un sacrificio del derecho de contradicción. El Artículo 228 de la Constitución exige que la justicia sea efectiva; fallar sin permitir demostrar la favorabilidad de la oferta ante la evidencia del SECOP II, vulnera el debido proceso. 3. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 3.1. PROBLEMA JURÍDICO. Para el Ministerio Público, los problemas jurídicos se centran en determinar: i) Si la Resolución No. 012189 del 26 de diciembre de 2022, expedida por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, mediante la cual se adjudicó el contrato MC-SIN-0033-2022, está viciada de ilegalidad, por contravenir el ordenamiento jurídico. ii) Si la oferta presentada por el Consorcio Estadio SAI 2022 cumplía con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y, por lo tanto, era la más favorable. TESIS: Se demostrará que no existió vulneración de las normas constitucionales y legales que se invocaron como violadas por el demandante, por lo tanto, el acto administrativo cuestionado fue legalmente expedido, en consecuencia, no hay lugar a decretar su nulidad, tampoco la del contrato suscrito con el adjudicatario CONSORCIO WELLING WORTH. Adicionalmente, el actor no demostró que su oferta fuera la más favorable y que por ello mereciera ser el adjudicatario del contrato. 3.2. CASO CONCRETO Luego de verificar que en el sub examine no se presenta caducidad del medio de control ni causal alguna de nulidad que invalide la presente actuación, se procede a estudiar los argumentos constitutivos del recurso de alzada. 3.2.2 De la ilegalidad de la Resolución de adjudicación – Firmeza de la renovación del registro en el Registro Único de Proponentes - RUP Manifestó el recurrente que la sentencia no declaró la ilegalidad de la Resolución que adjudicó el proceso de selección cuestionado por una errada interpretación del Tribunal al validar la "inscripción inicial" en el RUP de EDC Proyectos S.A.S. realizada en julio de 2022 cuando su renovación obligatoria debió ocurrir en abril. Afirmó que, por el contrario, el CONSORCIO ESTADIO SAI 2022 acreditó el cumplimiento de la totalidad de los requisitos habilitantes y demás condiciones exigidas en el pliego, por lo tanto, debió ser el adjudicatario del proceso, porque su propuesta era la más favorable para la entidad. Sobre el particular, es importante precisar que el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 prevé que las personas naturales o jurídicas interesadas en participar en procesos de contratación convocados por entidades estatales deben encontrarse inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas en la ley. Consagra igualmente que los inscritos deben renovar anualmente la información registrada a más tardar el quinto día hábil del mes de abril, so pena de que cesan los efectos del registro, circunstancia que impide acreditar los requisitos habilitantes dentro de los procesos de selección. Ello, con el propósito de asegurar que la información contenida en el registro se mantenga actualizada y que las entidades estatales puedan verificar de manera confiable las condiciones de los proponentes al momento de adelantar los procedimientos de selección contractual. Sin embargo, lo anterior de ninguna manera significa que el hecho de no renovar la inscripción dentro del referido plazo, impida realizar una nueva en dicho Registro, lo que le permite a la persona participar en un proceso licitatorio o de selección, siempre y cuando la aludida inscripción se encuentre EN FIRME al momento de su cierre. Lo contrario implicaría la muerte comercial de quien pretenda celebrar un contrato con el Estado. Así lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que sostuvo que cuando la persona haya dejado vencer el plazo legal para realizar la renovación en el RUP, no puede hablarse de renovación, sino de una nueva inscripción, y que la misma debe estar en firme para que la persona pueda participar en un proceso y/o concurso de contratación estatal: “(...) La Sala precisa que, en cuanto los actos de inscripción, actualización y renovación del RUP tienen como elemento transversal que a través de su ejercicio el proponente registra información nueva relacionada con sus requisitos habilitantes, ello se traduce en que respecto de esos tres actos deba: i) surtirse la respectiva publicidad en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), ii) someterse al mismo término de ejecutoria, para que dentro de ese período los interesados puedan impugnarlos en caso de existir discrepancias y iii) una vez vencido ese término sin que se hubieren interpuesto el recurso de reposición, o habiéndose interpuesto se hubiera resuelto, adquieran firmeza. En consonancia, en la medida en que, por cuenta de esas tres actuaciones - inscripción, actualización o renovación del RUP- se alimenta el certificado que por ministerio de la ley constituye plena prueba para acreditar el cumplimiento de los requisitos que habilitan al proponente para participar en el procedimiento de selección, no se considera viable jurídicamente que este resulte favorecido con la adjudicación sin que para ese momento los actos asociados al registro de la información que soportan el cumplimiento de sus requisitos habilitantes hubieren adquirido firmeza, dado que solo a partir del instante en que cobren ejecutoria, y no antes, la información que allí se hace constar mediante el respectivo acto de registro adquiere la presunción de legalidad53”. (Resaltados fuera de texto) Lo anterior, ha sido ratificado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente a través de los conceptos C-330 de 27 de mayo de 2020; C-240 de 26 de mayo de 2021; C-750 de 28 de septiembre de 2022; C-353 de 2024 y C-287 de 16 de abril de 2025, en el que señaló: “(...) Para participar en Procesos de Contratación en los que es obligatorio el RUP, es necesario que los oferentes acrediten que su inscripción se encuentra en firme antes de la fecha de cierre, ya que solo a partir de la firmeza se generan los efectos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. Ahora bien, el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 señala que las personas inscritas en el RUP deben presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo contrario cesan los efectos del RUP. En atención a esto, quienes estuvieron inscritos en el RUP y no ejercieron el deber de renovación dentro del término señalado por la norma, deberán inscribirse nuevamente y esperar a que la información adquiera firmeza para participar en Procesos de Contratación. Esta postura se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 y la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, según la cual la entidad debe considerar el RUP vigente al momento del cierre del Proceso de Contratación, por cuanto el proponente no puede acreditar circunstancias ocurridas después de ese momento. (...) En relación con la inscripción –ya sea por primera vez o porque no se renueva a tiempo y se debe realizar el trámite como una inscripción inicial–, se debe considerar lo prescrito en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 201818, que establece que los proponentes no pueden acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, unido a lo expresado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, quien interpretó una norma de igual contenido a la anterior19, señalando que el proponente debe cumplir materialmente para la fecha del cierre del proceso con los requisitos que se requieren para presentar la oferta. En este sentido, para ese momento la persona natural o jurídica debe estar inscrita en el RUP, para lo cual no basta con la solicitud o radicación de los documentos para el trámite, sino que, además, el acto administrativo de inscripción debe estar en firme, pues solo así se materializa y produce efectos la inscripción20”. (Destacados fuera de texto). La tesis planteada también había sido recogida en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente de 15 de julio de 2022, que en su numeral 12.2., indicó: “12.2. Inscripción en el RUP Las cámaras de comercio, de acuerdo con el artículo 6.1. de la Ley 1150 de 2007 y con el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 verifican y certifican los requisitos habilitantes de experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y de organización. Conforme con el numeral 6.3. de la Ley 1150 de 2007, la cámara de comercio verifica la información aportada por la proponente y publica el acto de inscripción del Registro Único de Proponentes –RUP–, contra el que cualquier persona puede interponer el recurso de reposición dentro de los diez –10– días hábiles siguientes contados a partir de su publicación, posibilidad que es aplicable frente a la inscripción, renovación o actualización. La inscripción en el RUP, cuando es obligatoria, constituye un requisito que habilita la capacidad jurídica de las personas para celebrar los contratos estatales. Por tanto, cuando este no se cumple por no existir o por no producir efectos mientras carece de firmeza, impide que las personas puedan suscribir contratos con el Estado válidamente. Así las cosas, la firmeza del RUP es una condición de ejecutoriedad para consolidar los efectos del acto administrativo de inscripción. En tal sentido, la inscripción debe estar en firme antes del cierre del proceso. (Resaltados fuera de texto) Podrá demandarse la nulidad del acto administrativo que realiza la inscripción en el RUP, sin que la presentación y admisión de la demanda suspenda la inscripción de este, salvo su suspensión provisional como medida cautelar.” Y lo reiteró el Consejo de Estado en reciente pronunciamiento, en el que negó la nulidad impetrada contra la citada Circular Externa, fundamentalmente del aludido numeral 12.2. Precisó que en la medida en que la inscripción en el RUP es una actuación administrativa de carácter general, se tiene que la firmeza es la característica que determina el momento a partir del cual desata sus efectos y, por ende, apunta a la seguridad jurídica de la decisión según las reglas estipuladas en el procedimiento administrativo. Y concluyó: “(...)Se itera, por precisión, que en tratándose del proceso de inscripción en el RUP su recorrido únicamente culmina cuando esté en firme, ya sea porque fue resuelta la impugnación, o por vencimiento del término sin interponer el recurso; de manera que, siendo un solo procedimiento, no es posible a la luz de la normativa aplicable escindir de este trámite administrativo la firmeza de la respectiva decisión, pues es parte de una actuación indivisible y única”. Siendo así, es claro que quien no haya realizado la renovación de su registro en el RUP dentro del término legalmente establecido para tal fin puede volver a inscribirse y participar en un proceso contractual, siempre y cuando la nueva inscripción se encuentre en firme antes de la fecha de cierre del proceso de selección, toda vez que es en ese momento que la Administración verifica el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones. Bajo ese contexto y de acuerdo al material probatorio obrante en el proceso, se pudo establecer lo siguiente: 1) Conforme al cronograma establecido por la Gobernación de San Andrés para el desarrollo de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. MC-SIN-0033-2022, el 12 de diciembre de 2022 se llevó a cabo el cierre del proceso, oportunidad en la cual se constató la participación de cuatro (4) proponentes, todos bajo la modalidad de consorcio, así: Entre el 20 y el 22 de diciembre del 2022, la entidad publicó el informe de evaluación de las ofertas, contentivo del análisis efectuado respecto del cumplimiento de los requisitos habilitantes y de los factores de evaluación previstos en el pliego de condiciones. De la calificación preliminar se extrae que los tres primeros proponentes resultaron no estar habilitados y el último fue rechazado. En dicho informe se consignó que los proponentes debían subsanar todos aquellos requisitos en los que se les hubiere indicado “no cumple”, de conformidad con las observaciones indicadas en el mismo. En tal vitud, los oferentes presentaron las subsanaciones correspondientes, las cuales fueron valoradas, como se observa en el informe final de evaluación de fecha 23 del mismo mes y año, que igualmente se publicó en el SECOP para conocimiento de los proponentes. El resultado definitivo arrojó como ofertas habilitadas las de CONSORCIO WELLING WORTH y CONSORCIO BEISBOL SAI 22, así: Por lo que se procedió a realizar la asignación de puntajes en los diferentes aspectos consignados en el pliego y la respectiva evaluación económica, con el siguiente resultado: Como consecuencia, el 26 de diciembre de 2022 se profirió la Resolución No. 012189, mediante la cual se adjudicó el referido proceso de selección al CONSORCIO WELLING WORTH. A través de memorial calendado 26 de diciembre de 2022, es decir, de manera extemporánea, el CONSORCIO ESTADIO SAI 2022 presentó observaciones, alegando que la empresa EDC PROYECTOS SAS, integrante del CONSORCIO WELLING WORTH, no cumplía con el RUP, por cuanto la fecha de inscripción en el Registro de Proponentes era el 26/07/2022, por lo que debía aplicarse la causal de rechazo señalada en el numeral 1.15 literal G del pliego de condiciones: “Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de Proponente (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta”. Lo propio señaló de los integrantes del Consorcio Beisbol SAI 22. No obstante, guardó silencio respecto a los factores que se dieron por incumplidos de su propuesta y por tanto, no subsanados, en su evaluación final. Revisado el certificado del RUP de EDC PROYECTOS SAS, aportado con la propuesta, se encuentra que fue expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla el 15 de noviembre de 2022, y en él consta que la referida firma realizó su inscripción en el Registro de Proponentes el 22 de julio de 2022: Adicionalmente, consta que toda la documentación e información que aportó para dicha inscripción fue verificada por esa Cámara de Comercio y que se encuentra en firme. Como se puede observar, de acuerdo con dicha certificación, EDC se inscribió en el Registro Único de Proponentes el 26 de julio de 2022, la cual se publicó en el RUES en la misma fecha. Lo que significa que dicha inscripción quedó en firme el 9 de agosto de 2022 (Diez 10 días siguientes a la publicación). Siendo que la fecha de cierre y apertura de propuestas de la Selección Abreviada era el 12 de diciembre del mismo año, era perfectamente válido el referido registro, conforme a la normatividad, la jurisprudencia y la reglamentación explicada en precedencia, pues había adquirido firmeza meses antes de que se cerrara dicho proceso contractual, incluso de que se diera apertura al mismo, el 01 de diciembre de 2022. Por ende, no resulta de recibo el argumento del recurrente respecto a que el CONSORCIO WELLING WORTH no cumplía con este requisito y por lo tanto, no estaba habilitado para celebrar el contrato para el cual resultó adjudicatario, pues claramente en este caso no se trataba de una renovación, sino de una nueva inscripción, que legalmente era posible realizar, y conforme se demostró, se encontraba en firme con anterioridad al cierre del proceso de selección. Coloralio de lo anterior, tampoco se encuentra viciada de ilegalidad la Resolución de adjudicación No.012189 de 26 de diciembre de 2022, por cuanto conforme con la evaluación consignada en el informe final, la propuesta del CONSORCIO WELLING WORTH cumplió con todos los requisitos habilitantes y de evaluación exigidos en el pliego de condiciones, y resultó ser la oferta más favorable económicamente para la entidad. En ese orden, no existe motivo alguno para declarar la nulidad del referido acto administrativo, ni del contrato estatal producto del aludido proceso de selección. Ahora bien, respecto a que la propuesta presentada por el CONSORCIO ESTADIO SAI 2022 era la más favorable para la entidad contratante, debe indicarse que tal como sucedió cuando presentó observaciones luego que se publicó el informe final de evaluación, no se aportó con la demanda ni en esta oportunidad procesal, prueba alguna que desvirtuara los argumentos que esgrimió el DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS en la evaluación definitiva. Es de precisar que en la citada evaluación, el referido proponente resultó inhabilitado, fundamentalmente, por el aspecto técnico, porque no subsanó las falencias respecto a los requisitos exigidos en el numeral 3.5 del pliego de condiciones para sustentar la experiencia contractual. Se consignó allí que respecto al contrato No. 116-OC-2003 celebrado entre privados, no allegó la certificación de facturación emitida por el revisor fiscal acompañada de la respectiva tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, documentos exigidos como sustento de dicha experiencia. Tampoco allegó la documentación requerida para acreditar la condición de MIPYME ni la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres. Luego, contrario a lo que afirma el recurrente, no se trató solo de una simple demostración de la calidad de contador, sino que había dos requisitos más que tampoco logró cumplir. Pretender subsanar por fuera del término unos requisitos que estaban claramente establecidos en el pliego de condiciones, sí constituiría una evidente violación del principio de igualdad, que tanto pregona el recurrente. Y en ese orden, se comparte lo que dijo el Tribunal en su providencia en cuanto a que, bajo esas circunstancias, no podía la entidad demandada considerarlo como la oferta más favorable. Siendo así, considera este agente del Ministerio Público que no es procedente acceder a la revocatoria de la sentencia de primera instancia proferida por el a quo, mucho menos a que se condene al DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS a pagarle al demandante la utilidad dejada de percibir por cuanto su propuesta era la más conveniente para los fines perseguidos con el cuestionado proceso contractual. CONCLUSIONES Conforme a lo expuesto, el Ministerio Público comedidamente solicita CONFIRMAR la sentencia No. 017 de 26 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por cuanto se demostró que el acto administrativo atacado no vulneró el ordenamiento jurídico, en consecuencia no existe causal alguna para declarar su nulidad, ni la del contrato que se suscribió en virtud de la adjudicación allí contenida. Tampoco hay lugar a declarar que la propuesta del demandante era la más favorable dentro del proceso contractual cuestionado y que por lo tanto, mereciera ser el adjudicatario legalmente escogido. Con la consideración y respeto debido, cordialmente, (ORIGINAL FIRMADO POR) SILVANO GÓMEZ STRAUCH Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa SGS/LGM0

Fuente original

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