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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: se contraen a omisiones acaecidas con ocasión de la planeación

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Fecha
2025-12-04
Radicado
D 2019-1393097
Sección / Sala
SALA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ELECCION POPULAR
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
876199a3-c131-4d91-a259-4cc7d69f78d3.docx

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: se contraen a omisiones acaecidas con ocasión de la planeación

En resumen

CONTRATO ESTATAL-Insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familias productoras fueron compraron, sin establecer criterios técnicos para determinar cuál era la cantidad de personas y de qué forma beneficiarlos VALORACION PROBATORIA-Demuestran la ejecución del contrato Las conductas endilgadas fueron atribuidas como constitutivas de las faltas gravísimas contempladas en los numerales 31 (participar en la actividad contractual con desconocimiento de los principios que la rigen) y 34 (no exigir el supervisor o certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad u omitir el deber de informar a la entidad contratante hechos que afecten el cumplimiento del contrato) del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 La falta fue atribuida como cometida con culpa gravísima por desatención elemental. El fallo fue notificado personalmente por correo electrónico a los disciplinables el 25 de julio de 2024.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 734 de 2002
  • Ley 80 de 1993
  • Ley 1474 de 2011

Puntos que trata

  • Fallo de segunda instancia: Faltas disciplinaria porque se desconoció los principios de transparencia, economía, planeación en el proceso de contratación
  • Conducta disciplinable: Desconocimiento de los deberes de realizar unos estudios previos y de conveniencia necesarios, completos y justificados que procuraran en la mejor medida el logro de los fines de la contratación
  • Competencia: La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular
  • Contrato estatal: Insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familias productoras fueron compraron, sin establecer criterios técnicos para determinar cuál era la cantidad de personas y de qué forma beneficiarlos

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

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Texto del documento 134.368 caracteres
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Faltas disciplinaria porque se desconoció los principios de transparencia, economía, planeación en el proceso de contratación CONDUCTA DISCIPLINABLE-Desconocimiento de los deberes de realizar unos estudios previos y de conveniencia necesarios, completos y justificados que procuraran en la mejor medida el logro de los fines de la contratación COMPETENCIA-La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular CONTRATO ESTATAL-Insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familias productoras fueron compraron, sin establecer criterios técnicos para determinar cuál era la cantidad de personas y de qué forma beneficiarlos PRESCRIPCION-Conductas disciplinables diferenciadas y sucesivas, en la fase precontractual se consuman con la firma del bilateral y se debe tener en cuenta para el cómputo de prescripción la suspensión de términos PRESCRIPCION-Conductas disciplinables diferenciadas y sucesivas su computo del término sobre la omisión de sus deberes como supervisora del contrato de compraventa DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Conducta es típica, ilícita sustancialmente y con culpabilidad NULIDAD PROCESAL-Falta de Congruencia pliego de cargos e imputación “[E]s lo cierto, que en el fallo se desconoció que le fueron endilgados dos cargos que constituyen la comisión de dos faltas gravísimas diferentes. A lo que se suma, que en el análisis de la ilicitud sustancial del único cargo que fue objeto de fallo se introdujeron aspectos nuevos que al parecer corresponden a otro reproche, como lo es el deber de vigilancia y control.” NULIDAD PROCESAL-No será de decretar la nulidad para rehacer formalmente la actuación, sino que, al acometer un estudio de fondo del asunto, se concluye que igual están dados los supuestos para absolver VALORACION PROBATORIA-Demuestran la ejecución del contrato (…) En ese orden, se puede apreciar que las pruebas hasta ahora aludidas, y que corresponden con documentos de la etapa precontractual, indican que contrario a lo aseverado, sí se hicieron precisiones en relación con el grupo de la población que se pretendía beneficiar con las especies e insumos adquiridos. (…) Por consiguiente, es dable concluir que el contrato de compraventa, tal y como fue acordado se ejecutó y cumplió a cabalidad, en la medida que las especies y productos comprados por la administración municipal fueron entregados y recibidos en las cantidades y con las calidades, condiciones y precios pactados. Lo que implicó, que la entidad territorial pagara al contratista el precio acordado TIPICIDAD-Tipo abierto debe complementarse con normas que establezcan deberes específicos y no basta afirmar que se vulneró un principio para configurar una falta disciplinaria CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-No encuadra en el tipo disciplinario del artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002, porque no se demostró la infracción de una regla jurídica concreta ni la subsunción típica CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-Revocar el fallo disciplinario por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali contra el Alcalde y el Jefe de la Unidad Administrativa, y en su lugar, absolverlos Dependencia Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Radicado No. IUS E-2019-519406 / IUC D-2019-1393097 Investigados [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] Cargos Alcalde y jefe Unidad Administrativa de Gobierno Entidad Alcaldía municipal de La Sierra (Cauca) Fecha hechos Septiembre a octubre 2019 Fecha Informe 2 de septiembre de 2019 Asunto Fallo segunda instancia Bogotá, D.C., 4 de diciembre de 2025 Aprobado en Sala, con Acta No. 040 P. D. Ponente: Gloria Edith Ramírez Rojas ASUNTO Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los procesados [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] en contra de fallo disciplinario proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali el 23 de julio de 2024, en cuanto los declaró disciplinariamente responsables y, como consecuencia, les impuso sanción consistente en destitución e inhabilidad general por el término de ocho (8) años. HECHOS Se contraen a omisiones acaecidas con ocasión de la planeación, suscripción y ejecución del contrato PSA-SIP-010-LSC 2019 suscrito por la alcaldía de La Sierra (Cauca) con la Unión Temporal Agropecuaria La Sierra 2019 por un valor inicial de $292.988.585, luego adicionado en $33.839.520, y cuyo objeto fue la adquisición de insumos agropecuarios para el fortalecimiento de 136 familias productoras del mismo ente territorial. ANTECEDENTES RELEVANTES 3.1 Indagación preliminar: la Procuraduría Provincial de Popayán con fundamento en las quejas anónimas remitidas por la Contraloría General del Cauca, por interlocutorio de 4 de octubre de 2019 decidió abrir indagación preliminar con investigados por determinar. 3.2 Investigación disciplinaria: acopiadas las pruebas ordenadas, el 5 de noviembre de 2021, la citada procuraduría territorial inició investigación disciplinaria frente a [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], en sus condiciones de alcalde y de jefe de la Unidad Administrativa y de Gobierno del municipio de La Sierra (Cauca), respectivamente. Los procesados fueron notificados de la decisión de apertura de investigación por correo electrónico, previa autorización, el 27 de diciembre de 2021. 3.3 Cierre: Prorrogado el término de la investigación, el 3 de noviembre de 2023, la ahora denominada Procuraduría Provincial de Instrucción de Popayán, declaró cerrada la etapa y dispuso el traslado para alegatos precalificatorios. Término en el que los dos investigados allegaron escrito con sus alegaciones y anexaron pruebas. 3.4 Formulación de cargos La Procuraduría Provincial de Instrucción de Popayán en interlocutorio de 26 de febrero de 2024 formuló pliego de cargos a los procesados por la presunta comisión, cada uno, de faltas gravísimas en las que posiblemente incurrieron con culpa gravísima. Y, el 7 de marzo siguiente los notificó personalmente de los cargos. Los cargos formulados fueron del siguiente tenor: IMPUTADO CARGOS CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL [NOMBRE TACHADO] El señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Alcalde Municipal de La Sierra-Cauca, ordenador del gasto y responsable de la contratación en la entidad territorial para la vigencia 2019, puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por presuntamente desconocer los principios que regulan la contratación estatal, al adelantar el proceso contractual de Selección abreviada por Subasta Inversa Presencial PSA-SIP-009-LSC-2019, que tenía como objeto: “Adquisición de insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familias productoras del municipio de la Sierra Cauca,” con base en unos Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad incompletos e insuficientes, que no contenían la caracterización y priorización de las familias beneficiarias, lo cual se viera reflejado en una inadecuada e ineficaz ejecución del Contrato de Compraventa No. F2-F8-150-2019, así celebrado por él, que al parecer no impactó social y económicamente en la satisfacción de las necesidades de las familias productoras de las 49 veredas del municipio de la Sierra -Cauca, como mecanismo para mejorar su calidad de vida y posibilitar su desarrollo, al igual que este tampoco realizo (sic) un manejo serio y responsable de los recursos públicos al no vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. La presunta falta fue calificada provisionalmente como gravísima por adecuarse el comportamiento reprochado a la descripción contemplada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, e imputado como cometida a título de culpa gravísima por desatención elemental. En primer lugar, se dijo que la conducta reprochada podría constituir falta gravísima por cuanto el procesado posiblemente desconoció los axiomas de la función administrativa y de la contratación: de la moralidad, eficacia, economía e imparcialidad. Segundo, el juicio de tipicidad y de adecuación típica se completó con la alusión a la infracción de las reglas legales contenidas en los artículos: 24 (transparencia) numeral 8.°; 25 (economía) numerales 3., 7.°, y 12; y 26 (responsabilidad) numerales 1.°, 2, 3 y 5, todos de la Ley 80 de 1993. Tercero, en lo que atañe a la ilicitud, reiteró que la infracción a deberes endilgada al investigado comprometió, sin justificación, la observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad. [NOMBRE TACHADO] Primero: La disciplinada, señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de Unidad Administrativa y de Gobierno del municipio de La Sierra-Cauca, puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria, por presuntamente desconocer los principios que regulan la contratación estatal, en especial los principio de transparencia, economía y responsabilidad, al elaborar de forma incompleta e insuficiente los estudios previos de conveniencia y oportunidad del proceso contractual de Selección Abreviada Modalidad Subasta Inversa Presencial No. PSA-SIP-009-LSC-2019, que tenía como objeto “Adquisición de insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familias productoras del municipio de la Sierra Cauca”, ya que al no contener estos la caracterización y priorización de las familias beneficiarias, ello se vio reflejado en una inadecuada e ineficaz ejecución del Contrato de Compraventa No. F2-F8-150-2019, al entregarse de forma subjetiva, selectiva y no justificada, tales insumos. La presunta falta fue calificada provisionalmente como gravísima en tanto se consideró que el comportamiento reprochado se adecúa a lo previsto en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. La proposición jurídica se complementó con la infracción a las reglas contenidas en los artículos 24 (transparencia) numeral, 8. °; 25 (economía) numerales 3. ° 7. °,9. ° y 12; y 26 (responsabilidad) numerales 1. ° y 2. °, todos, de la Ley 80 de 1993. La imputación subjetiva se hizo a título de culpa gravísima por desatención elemental. En cuanto a la ilicitud sustancial se expuso que la procesada al incumplir el deber de planeación afectó los postulados de economía, transparencia y responsabilidad que demanda el ejercicio de la función administrativa y contractual. Segundo: La disciplinada, señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de supervisora del contrato F2-F8-150-2019, celebrado entre el Municipio de La Sierra y la Unión Temporal Agropecuarios la Sierra 2019, que tenía por objeto “Adquisición de insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familias productoras del municipio de la Sierra Cauca”, puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria, al haber presuntamente omitido el cumplimiento de sus obligaciones y deberes de vigilancia, seguimiento y control a la ejecución del contrato, que según la (sic) clausulas cuarta y quinta, tenía plazo de ejecución y entrega de los productos de treinta (30) días, contados a partir de la aprobación de las garantías y de la suscripción del acta de inicio que datan del 6 de septiembre de 2019; cuyos productos fueron entregados a los presuntos beneficiarios objeto del proyecto, sin ningún tipo de control, ya que según las actas o formatos de entrega, sin justificación y respaldo en el estudio previo u otro documento donde se hubiesen caracterizados y priorizado las familias productoras, algunos beneficiarios aparecen recibiendo grandes cantidades de insumo agropecuarios, en contraposición a otros que en fechas que oscilan entre el 4 de octubre al 7 de diciembre de 2019, se registran recibiendo muy poco y algunos de los insumos agropecuarios no fueron entregados, sin que se conozca su destinación. Las conductas endilgadas fueron atribuidas como constitutivas de las faltas gravísimas contempladas en los numerales 31 (participar en la actividad contractual con desconocimiento de los principios que la rigen) y 34 (no exigir el supervisor o certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad u omitir el deber de informar a la entidad contratante hechos que afecten el cumplimiento del contrato) del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 El juicio de adecuación típica se concretó con los preceptos establecidos en los numerales 1. ° y 2. ° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. La ilicitud sustancial de comportamiento endilgado se indicó, consistió en el incumplimiento por parte de la disciplinable de la labor de supervisión y control a la ejecución del contrato, y por haber desatendido el deber de obrar con transparencia y objetividad en la entrega de los insumos a los beneficiarios. La falta fue atribuida como cometida con culpa gravísima por desatención elemental. Con oficio del 11 del citado mes y año, la dependencia remitió el expediente a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali. 3.5 Fase de juicio disciplinario: por auto de 20 de marzo de 2024, la citada Provincial de Juzgamiento de Cali asumió el conocimiento y fijó el procedimiento a seguir. En esta decisión también se ordenó dar traslado a los procesados para que presentaran descargos, como en efecto lo hicieron. 3.6 Alegatos de conclusión: Como no se decretaron pruebas, la dependencia de juzgamiento por auto de 2 de mayo de 2024 dispuso dar traslado para los alegatos de conclusión. Realizada la comunicación por correo electrónico, los investigados allegaron escritos con sus alegaciones finales. 3.7 Fallo, impugnación y remisión a la segunda instancia: la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali en proveído de 23 de julio de 2024 emitió fallo en el que decidió declarar probados los cargos formulados a [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde y jefe de la Unidad Administrativa y de Gobierno de La Sierra (Cauca), respectivamente. El fallo fue notificado personalmente por correo electrónico a los disciplinables el 25 de julio de 2024. 3.8 El 30 de julio de 2024, el defensor de los procesados remitió por correo electrónico escrito en el que interpuso y sustentó recurso de apelación frente al fallo sancionatorio. 3.9 La Provincial de Juzgamiento de Cali por auto de sustanciación de 1. ° de agosto de 2024 concedió el recurso de apelación interpuesto en el efecto suspensivo. Así mismo dispuso la remisión de la actuación a la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Valle del Cauca. El expediente fue recibido por la Regional del Valle de Cauca el 1 de agosto de 2024. Sin embargo, por auto de 19 de junio de 2025 la citada dependencia se declaró incompetente para conocer la apelación por tratarse de un proceso adelantado contra un servidor público de elección popular, y dispuso enviar el expediente a esta Sala. A esta colegiatura el proceso llegó el 3 de julio de la presente anualidad, y se realizó el reparto aleatorio el 10 siguiente para efectos de surtir el presente trámite de segunda instancia. DECISIÓN RECURRIDA Después de narrar los antecedentes, individualizar a los procesados, realizar el análisis de parte del acervo probatorio, la primera instancia procedió a exponer los argumentos en los que sustentó la decisión sancionatoria, y que se sintetizan así: 4.1 Cargo único para [NOMBRE TACHADO], y primero para [NOMBRE TACHADO] 4.1.1 En punto de la tipicidad expuso que las conductas endilgadas por acción son constitutivas en definitiva de la falta disciplinaria gravísima prevista en el 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (No obstante, una imprecisión al citar en uno de los apartados para la señora [NOMBRE TACHADO] el numeral 3. ° del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019). En particular, señaló que, [NOMBRE TACHADO] como responsable de la contratación en el municipio de La Sierra para la vigencia 2019, presuntamente desconoció los principios de transparencia, economía, planeación y de responsabilidad al realizar el proceso de contratación de PSA-SIP-009-LSC-2019 para la adquisición de insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familias productoras del municipio mencionado, con fundamento en unos estudios previos insuficientes. Falencia que consistió, enfatizó, en que no contenían la caracterización y priorización de las familias beneficiarias. Insuficiencia sustancial que originó una inadecuada e ineficiente ejecución del contrato de compraventa F2-F8-150-2019 en la medida que no se vigiló este y, a la postre, no se alcanzó el beneficio en el grupo poblacional destinatario. De igual forma, afirmó que, [NOMBRE TACHADO] en su condición de jefe de la Unidad Administrativa y de Gobierno del municipio de La Sierra, al parecer desconoció u omitió el cumplimiento de los postulados de la contratación pública de transparencia, economía y de responsabilidad al elaborar y suscribir unos estudios previos deficientes para el contrato F2-F8-150-2019. Que durante su ejecución permitió prácticas inadecuadas o irregulares. En conclusión, aludió, que el alcalde y la jefe de unidad administrativa con los comportamientos acreditados, posiblemente, incurrieron en la falta gravísima contemplada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por haber participado en la actividad pre y contractual PSA-SIP-010-LSC-2019 y F2-F8-150-2019 con desconocimiento de los deberes de realizar unos estudios previos y de conveniencia necesarios, completos y justificados que procuraran en la mejor medida el logro de los fines de la contratación pública. 4.1.2 Respecto a la ilicitud sustancial en lo que concierne al cargo enrostrado a los dos procesados, se adujo por la primera instancia que los funcionarios involucrados desconocieron el deber – principio de planeación que les imponía realizar unos estudios previos completos y justificados que garantizaran satisfacer los intereses públicos por medio de la contratación que suscribieron sin contar con los fundamentos necesarios. Bajo ese entendido, agregó, [NOMBRE TACHADO] posiblemente quebrantó sustancialmente sus deberes funcionales como alcalde de La Sierra, al dirigir y avalar un proceso contractual que no se desarrolló con apego a la legalidad e inobservando los lineamientos establecidos en las reglas exigidas para las compras públicas, en lo referente a los estudios de conveniencia y oportunidad. En particular, por cuanto dichos estudios constituyeron un mero formalismo, en tanto no contaban con un análisis del sector agropecuario del municipio de La Sierra y, en particular, de las condiciones de las 136 familias productoras rurales que supuestamente serían beneficiarias de la actividad contractual. Por tanto, dirigió un proceso de contratación y suscribió un negocio bilateral sin contar con una caracterización y priorización de la población beneficiaria de los insumos agropecuarios que adquirió con el contrato. De tal forma, el investigado como director de la actividad contractual del municipio pudo quebrantar de forma sustancial los principios de transparencia, economía y responsabilidad al incumplir sus deberes legales, pues estaba obligado a revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos previos para adelantar un trámite de compras públicas y que estos se adecuaran a los parámetros normativos. En lo que atañe a la jefe de la Unidad Administrativa y de Gobierno del municipio de La Sierra, [NOMBRE TACHADO], expuso el fallador, que era su deber como supervisora de la ejecución del negocio de compraventa, ejercer la vigilancia y control del contrato con apego a los postulados de transparencia y responsabilidad. En virtud de lo cual debió garantizar que el contratista entregara los insumos y especies en los lugares y con las condiciones pactadas. Situación que “al parecer” la procesada no atendió. Por tanto, repitió que, la disciplinable omitió sus deberes de control y vigilancia al certificar como recibido a satisfacción un objeto contractual no ejecutado. Y por autorizar de forma subjetiva y selectiva grandes entregas de insumos a unas pocas familias productoras. En definitiva, tanto el alcalde como la otra investigada, participaron en la actividad contractual sin exigir ni realizar un análisis que estableciera la conveniencia, factibilidad y oportunidad para adquirir insumos agropecuarios y, por ende, los compraron, sin establecer criterios técnicos para determinar cuál era la cantidad de personas que requerían ser beneficiadas con dicha compra y de qué forma. Todo lo cual, llevó al a quo, a aseverar que las actuaciones reprochables, probablemente, comportaban una infracción sustancial, y no justificada del incumplimiento de los deberes funcionales. Adicionalmente, expuso que la inquirida [NOMBRE TACHADO] tras haber sido designada como supervisora del contrato de compraventa F2-F8-150-2019 no vigiló el correcto cumplimiento del objeto contratado, toda vez que de manera subjetiva y, sin mediar un proceso transparente, autorizó la entrega de los insumos a personas que fueron determinadas por esta. De la misma manera, no vigiló ni controló que el contratista hiciera las entregas en el plazo, forma y lugares previstos en el bilateral. 4.1.3 En lo relacionado con la culpabilidad, indicó el fallo, que los dos procesados al parecer actuaron con culpa gravísima por «desatención elemental», toda vez que, por negligencia, presuntamente no realizaron ni verificaron que con ocasión del proceso contractual F2-F8-150-2019 se cumplieran las labores requeridas e imprescindibles con miras a establecer la necesidad a satisfacer con el contrato, y para garantizar una ejecución eficiente y eficaz en procura del interés general. 4.1.4 La provincial de juzgamiento calificó de manera “provisional” -como si se tratara del pliego de cargos-, cuando era en forma definitiva las faltas atribuidas a los disciplinables como gravísimas cometidas a título de culpa gravísima. 4.1.5 Acreditados los elementos estructurales de las faltas endilgadas, la autoridad disciplinaria planteó los criterios para la graduación de la sanción, imponiendo para cada uno de los procesados la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de ocho (8) años. 4.1.6 Frente al cargo segundo endilgado en el pliego de cargos a [NOMBRE TACHADO] no hubo pronunciamiento alguno en el fallo apelado, lo cual se vislumbra en el acto administrativo desde el apartado que tituló para esta disciplinable como “cargo único”. RECURSO DE APELACÍÓN Durante el término de ejecutoria del fallo, los disciplinables confirieron poder a un defensor de confianza, quien interpuso y sustentó recurso de apelación con las siguientes resumidas razones de disenso: 5.1 Solicitudes previas: que se aclare el fallo en cuanto al orden de los apellidos de la investigada [NOMBRE TACHADO], por cuanto en varios apartados quedó como «Bernarda Cerón Uribe». 5.2 Prescripción: manifestó que dado que las conductas endilgadas a los procesados Jesús Trochez Muñoz y [NOMBRE TACHADO] se circunscribieron al elaborar de forma incompleta e insuficiente los estudios previos de conveniencia y oportunidad del proceso de selección abreviada por modalidad de subasta inversa presencial PSA-SIP-009-LSC-2018, documento que data del 23 de julio de 2019, argumentó que al tratarse de una falta de mera conducta, la acción prescribió, por cuanto el fallo se notificó hasta el 25 de julio de 2024, cuando la acción había prescrito por haberse cumplido los cinco años desde la comisión de la falta, esto es, el 23 de julio de 2024, de conformidad con la regla prevista en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019. 5.3 Nulidades procesales: De otra parte, alegó que las siguientes irregularidades constituyen violaciones al debido proceso, por desconocimiento, entre otras, de los descargos presentados: 5.3.1 Que la investigada [NOMBRE TACHADO] presentó escrito de descargos en el que, además de pedir fuera exonerada de responsabilidad y archivada la actuación, con fundamento en las pruebas aportadas desde la instrucción, solicitó: (i) aplicar la exclusión probatoria de la visita especial realizada en la indagación el 16 de octubre de 2019, por considerar que se trata de una prueba ilegal e ilícita; (ii) escuchar en testimonio a [NOMBRE TACHADO]; y (ii) declarar una nulidad por incongruencia entre el auto de apertura y el de formulación de cargos, en tanto en este último se adicionaron hechos que no fueron objeto de investigación. Al respecto, agregó, que la instancia de juzgamiento no contestó tales solicitudes, y con ello, vulneró el derecho de defensa, lo cual considera, genera una nulidad. 5.3.2 Con relación a su otro prohijado, el alcalde de entonces [NOMBRE TACHADO] dice que también este propuso que se escucharan las declaraciones de [NOMBRE TACHADO] y de Bernarda Uribe, lo que tampoco fue atendido. Que, de hecho, tan evidente fue la desatención a la defensa en la primera instancia con los descargos, que en el fallo se afirmó que no habían sido presentados. Omisión que conlleva una irregularidad sustancial constitutiva de nulidad. 5.3.3 Manifiesta que, el fallo contiene expresiones sobre la comisión de la falta y la responsabilidad de los investigados en términos de apenas posibilidad. Situación que contradice lo estatuido en el artículo 160 del CGD en cuanto a que para emitir fallo sancionatorio se requiere certeza. Así las cosas, si no se alcanzó el grado de certeza, la sanción carece de fundamento. 5.3.4 Argumenta que en el fallo apelado no fueron analizados todos los argumentos expuestos por los sujetos procesales en los alegatos de conclusión. 5.3.5 En cuanto al procedimiento, dice que se aplicaron -en las notificaciones– de manera errónea preceptos de la Ley 734 de 2002, aunque la actuación de acuerdo con las reglas de transición de la Ley 1952 de 2019 se debía regir por este cuerpo normativo. En lo atinente a los aspectos sustanciales, agregó que, se vulneró el principio de legalidad en la medida que se dijo en el fallo que las conductas reprochadas se adecuaban a la falta prevista en el numeral 3. ° del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019, pese a que es claro que los comportamientos reprochados acaecieron en vigencia de la Ley 734 de 2002. 5.3.6 Indicó que existe incongruencia jurídica con relación a la falta imputada en el pliego de cargos a [NOMBRE TACHADO] y lo expuesto en el fallo, por cuanto, en esta decisión se estableció como norma violada el artículo 209 constitucional, precepto que no fue endilgado como quebrantado en el primero enunciado. 5.3.7 Dice que se presenta en general incongruencia en los argumentos del fallo. Aserto que sustentó en que respecto de la servidora pública [NOMBRE TACHADO] en primer lugar se precisó que el cargo formulado era por elaborar unos estudios incompletos e insuficientes, y en segundo término, se afirmó en el apartado de la ilicitud sustancial que la citada investigada incurrió en falta por incumplir sus deberes como supervisora de la ejecución del objeto contractual. Lo que significa que en la decisión definitiva se adicionaron hechos que no fueron objeto del primer cargo. 5.3.8 Se vulneró el derecho de defensa por desconocimiento del deber de investigación integral en la medida que la dependencia de la Procuraduría no orientó la investigación disciplinaria a la búsqueda de la verdad real por medio del recaudo de pruebas encaminadas a demostrar la ausencia de responsabilidad de los investigados. De ahí que, se omitió auscultar sobre los argumentos esbozados en los descargos. 5.3.9 Por último, consideró el defensor, que la sanción impuesta a Trochez Muñoz es ilegal, por tratarse de un servidor público de elección popular. Funcionario cuyos derechos políticos no pueden ser restringidos por la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 8 de julio de 2020, caso Petro Urrego vs. Colombia. Fuente obligatoria que se ubica por encima del ordenamiento jurídico. 5.4 Argumentos frente al asunto de fondo, en el recurso de alzada la defensa técnica presenta sus inconformidades de la siguiente manera: 5.4.1 Tipicidad e ilicitud sustancial: Partió por afirmar que no se alcanzó el grado de certeza requerido para sancionar en relación con estos elementos de las faltas endilgadas. Ello, básicamente, porque el fallo contiene varias menciones a palabras en términos de posibilidad, que así lo dejan entrever. Seguidamente, adujo el apelante, que los procesados no pudieron participar en la actividad contractual con desconocimiento de principios, porque ello implica necesariamente una conducta activa cometida con dolo. Y en la decisión apelada se dijo que los investigados desatendieron por negligencia la elaboración de unos estudios previos. En concreto respecto del otrora alcalde por omisión en la vigilancia del proceso contractual. Circunstancia que hace imposible atribuir también un desconocimiento del principio de transparencia por desviación o abuso de poder. Menos se podría reprochar tal omisión en los estudios precontractuales al alcalde Trochez Muñoz, pues tales documentos fueron elaborados por otros funcionarios, por lo que no podía imputársele a título de conducta activa las falencias aludidas en el pliego de cargos. En términos generales, afirmó, que el proceso contractual adelantado con la intervención de los procesados siguió las pautas previstas en el ordenamiento jurídico; mientras que el nivel de detalle que exigió el fallador no es un requisito contemplado en dicho marco legal. En torno al postulado de economía, señaló que, dado que los disciplinables atendieron los procedimientos establecidos para la selección de contratista, tampoco es dable inferir que los quebrantaron. Igual sucede con el de responsabilidad, en tanto que la regla del numeral 3. ° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 lo que proscribe es la omisión de estudios. Manifestó que, precisamente con relación a los estudios previos, la procuraduría de juzgamiento desestimó los elaborados, bajo consideraciones subjetivas, y no tuvo en cuenta el anexo 1 aportado como soporte de los análisis de la necesidad a satisfacer. Con todo, el estudio previo que prevé la ley no exige que sea exhaustivo. Que dichos estudios realizados por la procesada contenían las necesidades a suplir y los bienes a adquirir para tal fin. Reprochó la credibilidad que se le dio a la certificación expedida por el secretario de gobierno de la Alcaldía de La Sierra, porque según el recurrente, al tratarse de una persona que ocupó el cargo con posterioridad a la implicada, no conocía de lo que le preguntaron, mientras que es esta funcionaria la que tiene la información real y creíble. En cuanto a las pruebas acopiadas en la visita de 16 de octubre de 2019, indicó que después fueron allegados los documentos reales organizados y soportados. Pero, no fueron valorados por el fallador. Criticó que se valorara el testimonio del contratista [NOMBRE TACHADO] como si fuera el de un funcionario, y que se diera por cierta su afirmación sobre la solicitud previa, así como que los formularios se llenaron durante la ejecución del contrato, pese a que en su declaración la secretaria de gobierno no lo pudo interrogar. Puntualizó que, toda la información del aludido testigo está descontextualizada. Asimismo, las pruebas recolectadas durante la visita ilegal con desconocimiento de las garantías fundamentales no pueden ser valoradas, menos porque, como lo dijo la primera instancia, esa documentación no estaba foliada y organizada. Por tanto, las deficiencias probatorias arrojan una duda que debe resolverse a favor de los disciplinables. De igual forma, agregó respecto a los beneficiarios, que no podía ser un número cerrado por cuanto se trató de un programa que pretendía beneficiar a un sector de la población, y como proyecto de inversión macro, terminó cumpliéndose. El cual fue soportado con una caracterización de la población macro y un listado de los beneficiarios finales que adjuntó con el escrito de sustentación del recurso. Dice que se trata de un documento ajustado a la metodología prevista para viabilizar proyectos en Colombia, y en el que la priorización de familias no debe ser estudio extenso y pormenorizado. 5.4.2 En lo atinente a la ilicitud sustancial: mencionó que no podía fundarse en una aseveración que no fue demostrada, y que se descartó desde los cargos: la de que las entregas de insumos se hicieron como dádivas para compromisos políticos electorales. Por otra parte, no se vulneraron los principios de la contratación y, por ende, no se afectó el correcto desarrollo del contrato F2-F8-150-2019, toda vez que no se verificó un detrimento al patrimonio público. Por el contrario, todos los insumos adquiridos fueron entregados a personas campesinas que contaban con unidades productivas; bien por estar dentro del grupo de los que lo solicitaron de manera previa al proceso contractual, o bien por pertenecer a aquellos a quienes en virtud de las visitas técnicas que realizó el personal de la UMATA, ingresaron como peticionarios posteriores. Enfatizó, que no es correcto que se reprochen falencias o irregularidades en la planeación porque producto de la ejecución contractual se benefició a un número mayor de familias de las previstas en los análisis de justificación del contrato. Lo que explicó porque unas personas representaban a grupos, o porque se entregaron insumos a residentes en el área urbana, pero con fincas en la zona rural. En suma, adujo que no existe certeza de la ocurrencia de irregularidades que quebrantaran los principios y reglas de la contratación. Para finalizar el apartado adujo que la segunda instancia debe valorar la existencia de circunstancias configurativas de causales de exclusión de responsabilidad, como las previstas en los numerales 3. ° y 8. ° de la Ley 1952 de 2019, por estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal o por la necesidad de salvaguardar los derechos e intereses de un grupo poblacional, o, con la convicción errada e invencible de estar incurriendo en falta disciplinaria. 5.4.3 Sobre la culpabilidad, argumentó la defensa técnica que no se demostró que los dos disciplinables actuaron en los hechos investigados con negligencia absoluta. De ahí que no se les pueda imputar culpa gravísima por desatención elemental. Y no se llegó a tal estado de comprobación, precisamente porque la actividad contractual pública comporta un proceso complejo en el que intervienen diversas personas en distintas fases. Añadió, que la hoja de vida de los procesados no es prueba suficiente de que estos funcionarios estaban en la capacidad de prever la totalidad de pormenores de un proceso de contratación. Entonces, no se acreditó que los investigados incurrieron en falta con desatención elemental de los deberes obvios que regían su comportamiento. En particular, porque en criterio del defensor, la exigencia de determinados parámetros de caracterización y clasificación de datos para la elaboración de unos estudios previos no puede catalogarse como un acto ordinario de la vida. De otra forma, solicitó de manera subsidiaria que se reconozca que, de existir negligencia, esta corresponde a aquella propia de la culpa grave. Y con ello se degrade la falta de gravísima a grave. En definitiva solicitó: (i) que se decrete la prescripción de las acciones disciplinarias, totalmente para [NOMBRE TACHADO], y parcialmente para [NOMBRE TACHADO]; (ii) de no ser así, se decrete la nulidad desde la etapa de descargos; o (iii) se revoque el fallo apelado y, en su lugar, se absuelva a los procesados; y en caso de no acogerse nada de lo anterior; (iv) degradar la culpabilidad por culpa gravísima enrostrada, con las consecuencias procesales, como lo es la modulación a falta grave, y se aplique el mínimo de suspensión. VI. CONSIDERACIONES 6.1 Competencia De conformidad con el numeral 6.º del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 1.º y 16 de la Ley 2094 de 20212 y el numeral 3.º del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular es competente para pronunciarse respecto de los recursos de apelación que se interponen y sustentan en fase de juicio disciplinario, en una actuación en la que se encuentre vinculado un servidor público de elección popular. Lo anterior, además, en el entendido de que el recurso de apelación se interpuso y concedió en legal forma. Ahora bien, la competencia atribuida a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular está enmarcada por las precisas facultades contempladas en el artículo 234 del C.G.D, en los siguientes términos: El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación. Por ello, a continuación, esta colegiatura se pronunciará respecto de los argumentos contenidos en la apelación interpuesta por la defensa de los disciplinables contra lo expuesto y decidido en el fallo apelado. 6.2 Metodología de la decisión Para resolver la alzada, la Sala abordará los siguientes aspectos: (6.2.1) De la falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar, juzgar y sancionar a los elegidos por voto popular; (6.2.2) Prescripción de la acción disciplinaria; (6.2.3) Examen de las nulidades propuestas, y la de oficio determinada; (6.2.4) La tipicidad de las conductas investigadas y el juicio de subsunción típica; y, (6.2.5) Conclusiones. 6.2.1 De la falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar, juzgar y sancionar a los elegidos por voto popular. Frente a este reparo, la Sala expondrá los fundamentos en los que reposa la facultad constitucional y legal de la Procuraduría General de la Nación de la competencia para investigar, juzgar y sancionar disciplinariamente, si a ello hubiere lugar, a los servidores públicos de elección popular, es decir, el marco jurídico detallado que sustenta esta competencia para resolver en el caso examinado el recurso de apelación. Se debe indicar que la Convención Americana de Derechos Humanos –CADH– del 22 de noviembre de 1969, en el artículo 23.2 refiere que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, entre los que se encuentran ser elegidos y tener acceso en igualdad a las funciones públicas, «exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal». Fundamento de la decisión de la Corte IDH en el caso Petro vs Colombia del del 8 de julio de 2020. Igualmente, dentro de la estructura constitucional del Estado colombiano, la Procuraduría General de la Nación es un organismo de control, independiente y autónomo, que tiene dentro de sus funciones misionales, entre otras, realizar vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive servidores de elección popular, lo que se materializa en el ejercicio del poder sancionatorio disciplinario a través de investigaciones, juicios e imposición de sanciones legalmente establecidas [Art. 277.6 CP]. Este control en el sistema interamericano también se encuentra contemplado. Así lo prevé el artículo 8.º de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 31 de octubre de 2003. En ejercicio de la libertad de configuración interna o margen de apreciación estatal, fue necesario armonizar la forma en la que se ejerce el poder disciplinario, con la referida decisión de la CIDH y la interpretación evolutivque del artículo 23 de la CADH, han hecho tanto la Corte Constitucional como la CIDH. Lo anterior se concretó con la modificación del Código General Disciplinario. Así y, de manera concreta, ante los cambios normativos incorporados por el legislador al régimen disciplinario colombiano con la Ley 2094 de 2021, para adecuar el ordenamiento interno a lo dispuesto por la citada sentencia de la Corte IDH, correspondió a la Corte Constitucional pronunciarse frente a la competencia de la Procuraduría General de la Nación, en particular, para investigar, juzgar y sancionar servidores públicos de elección popular. En la sentencia C-030 de 2023, la corporación de cierre constitucional fijó una regla jurisprudencial que marca el lineamiento de la decisión, «la imposición de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular requerirá la intervención de un juez», y que, dicha reserva judicial sólo opera para quienes que se encuentren en ejercicio del cargo. Como lo adujo el Consejo de Estado, en auto del 8 de febrero de 2024, la interpretación hecha por la Corte en el control de constitucionalidad abstracto «prima sobre el control que se haya realizado por vía de excepción y será definitivo en la determinación de la constitucionalidad de la norma». Criterio de firmeza y seguridad jurídica que ha sido reiterado, entre otras, en las recientes sentencias de unificación de la Corte Constitucional SU-381, SU-382, SU-417 de 2024 y SU-426 de 2025, en línea con la jurisprudencia de esa corporación, así como la sentencia en el radicado 11001-03-15-000-2024-0302 del 31 de octubre de 2024 y en el Auto de Unificación del 3 de diciembre de 2024 del Consejo de Estado, sobre la competencia de la Procuraduría para disciplinar a servidores públicos de elección popular, con sanciones de destitución, inhabilidad y suspensión, con la garantía de revisión por la jurisdicción contenciosa administrativa, previa a su ejecución, bajo las condiciones jurisprudencialmente establecidas actualmente. Para finalizar este aspecto, se debe indicar que conforme al parágrafo primero del artículo 101 de la Ley 1952 de 2019, en concordancia con los artículos 1. ° de la Ley 2094 de 2021 y 22 del Decreto 1851 de 2021, esta Colegiatura conoce de los recursos de apelación formulados frente a los fallos dictados en uso de sus facultades por las procuradurías regionales y provinciales de juzgamiento, contra los servidores públicos elegidos por voto popular. Ello significa que, contrario a lo considerado por el defensor, las Procuradurías Provinciales de Instrucción y de Juzgamiento gozaban de plena competencia para proferir, tanto el auto que formuló cargos, el 26 de febrero de 2024, como el fallo de primera instancia del 23 de julio de 2024, respectivamente, en particular, frente al alcalde de La Sierra (Cauca), [NOMBRE TACHADO], periodo 2016-2019. 6.2.2 Prescripción de la acción disciplinaria El apelante reclamó la prescripción de la acción disciplinaria, totalmente frente a [NOMBRE TACHADO], y de manera parcial respecto de [NOMBRE TACHADO], en consideración a que a los dos se les endilgó haber incurrido en falta disciplinaria por haber participado en la elaboración, la primera, y por haber aceptado, el segundo, unos estudios previos deficientes. Manifestando que como estos estudios datan del 23 de julio de 2019, y el fallo se emitió el 24 de julio de 2024 y se notificó el 29 siguiente, transcurrieron más de cinco años desde la comisión de esas conductas estimadas como constitutivas de falta y la notificación de la decisión definitiva. Añadió que es imperativa la aplicación del término de prescripción de cinco años para emitir el fallo, previsto en el artículo 33 del CGD, dado que la presente actuación se adelantó bajo dicha normativa, y toda interpretación en contrario vulneraría el principio de favorabilidad. Por consiguiente, la Sala analizará brevemente la vigencia de la acción disciplinaria para el presente asunto. Para responder a la pretensión del recurrente se parte de recordar que de acuerdo con los cargos formulados se le atribuyó a [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de La Sierra para 2019-2023, «por adelantar» el proceso contractual PSA-SIP-009-LSC-2019 con fundamento en unos estudios previos incompletos e insuficientes, «así celebrado por él» (acción). Con una deficiencia e ineficaz ejecución que –en palabras del pliego de cargo– «se viera reflejado… que al parecer no impactó social y económicamente en la satisfacción de las necesidades de las familias». Y, una segunda conducta, pero a título de omisión, por no vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. Hasta aquí es dable indicar, y tal como lo ha enfatizado la jurisprudencia del Consejo de Estado: una cosa es la infracción constitutiva de falta, en sí, que puede ser de ejecución instantánea o continuada, y otra, los efectos que ella produce. En ese sentido, cuando el comportamiento constitutivo de la falta se consuma antes de la suscripción del contrato, esta es la fecha que debe tomarse como referencia, por cuanto, ese es el acto con el cual la Corporación ha entendido se entiende agotada la etapa precontractual. Bajo esta interpretación, se debe precisar, que según el cargo compuesto formulado al aludido mandatario local, dos fueron las conductas reprochadas, aclarando que es evidente que a este disciplinable no se le imputó en ninguna de ellas la elaboración de los referidos estudios previos, como argumenta la defensa, y que por el contrario sí corresponden a las siguientes: (i) Participar en la selección abreviada, por ejemplo, el haber expedido la Resolución del 29 de julio de 2019 por medio de la cual se dio apertura al proceso de selección, hasta celebrar el negocio de compraventa F2-F8-150-2019, el 3 de septiembre de 2019, quebrantando el deber legal de contar con unos estudios de conveniencia y oportunidad suficientes, ya que se soportó en unos que no lo fueron. En todo caso, se trata de una conducta de consumación instantánea y con efectos permanentes. Esto es, la consecuencia de dicho proceder, y que según el cargo consistió en que el objeto del bilateral no alcanzó a generar el resultado social y económico propuesto; y (ii) No vigilar la correcta ejecución del objeto convenido. Comportamiento omisivo permanente en la medida que su consumación se prolongó durante el tiempo de ejecución del contrato, que culminó con la liquidación de este. Denota lo expuesto, por una parte, que la primera conducta se concretó o consumó con la suscripción del negocio de compraventa, lo cual sucedió el 3 de septiembre de 2019; y por otro lado, la segunda conducta relacionada con la omisión de vigilancia y control de la ejecución del contrato cesó el 6 de octubre de 2019 con la aceptación del acta de liquidación. Fecha en la que el otrora alcalde debió conocer y determinar el estado y resultado definitivo de la ejecución de las obligaciones pactadas. En lo que concierne a la jefe de Unidad Administrativa y de Gobierno del municipio de La Sierra, [NOMBRE TACHADO], es lo cierto, y primer aspecto básico que se debe tener en cuenta es que, en el fallo impugnado se desconoció que le fueron endilgados dos cargos que a su vez constituyeron la imputación de la presunta -léase en sede del pliego- comisión de dos faltas gravísimas diferentes. A lo que se suma, que en el análisis de la ilicitud sustancial del único cargo que fue objeto de fallo se introdujeron aspectos para ese cargo que parecieran nuevos, como era el deber de vigilancia y control en su calidad de supervisora del contrato, pero que corresponden al otro reproche o segundo cargo imputado, y del cual se duele el fallo por falta de pronunciamiento de forma particular. Se verificó por la Sala que, a la jefe de gobierno de la alcaldía de La Sierra, se le endilgó en ese primer cargo: «elaborar» unos estudios previos de conveniencia y oportunidad para el proceso de selección abreviada PSA- SIP- 009. LSC.2019, calificados de deficientes. Omisión que se vio reflejada en una inadecuada e ineficaz ejecución del contrato de compraventa F2-F8-150-2019. Solo que, al realizar el estudio del concepto de violación, la dependencia de juzgamiento extrañamente trajo a colación hechos que conciernen a la forma como la administración municipal realizó la distribución y entrega de los insumos adquiridos. Esto es, hechos que no son propios de la referida etapa precontractual, conforme sucedió con el otro disciplinable. Así que, no puede confundirse la conducta reprochada, en este caso, la indebida elaboración de unos estudios previos en lo que concierne a la conveniencia y la oportunidad del objeto; con el uso o distribución que después se hizo con los bienes o productos adquiridos, la administración. De otro modo, con la forma como la entidad territorial utilizó los insumos comprados. Puesto que ello no comprende la actividad precontractual, o lo que, según la dependencia de instrucción, presuntamente ocurrió, y que consistió en una ineficiente ejecución de la compraventa F2-F8-150-2019. Siendo ello así, el comportamiento enrostrado en el primer cargo a [NOMBRE TACHADO], por ser de la etapa precontractual se consumó el 3 de septiembre de 2019. Fecha de suscripción del negocio jurídico de compraventa, conforme a los lineamientos esbozados por el Consejo de Estado. En lo que atañe al segundo cargo, se endilgó a [NOMBRE TACHADO] que como como supervisora designada por el alcalde para la ejecución del contrato F2-F8-150-2019, omitió el cumplimiento de sus obligaciones y deberes de vigilancia, seguimiento y control durante dicha fase. Lo que permite a este cuerpo colegiado afirmar que el deber supuestamente incumplido cesó el 19 de octubre de 2019, toda vez que, de acuerdo con el acto administrativo del 3 de septiembre de ese año, y por el cual fue designada como supervisora, se fijó que dicha labor iría hasta la liquidación. Este asunto inició en vigencia de la Ley 734 de 2002 –CDU, sin embargo, procesalmente se rige por el CGD, por una parte, por disposición del artículo 263 de la Ley 1952 de 2019 – CGD y dado que a 29 de marzo de 2022 no se había proferido el pliego de cargos, el cual fue calendado el 26 de febrero de 2024 y surtida su notificación el 7 y 8 de marzo siguiente, y de otra parte, para esta última fecha ya había entrado en vigor el parágrafo 2.° del artículo 265 del CGD, en punto de los 30 meses de transición para aplicar el nuevo término de prescripción (29 de diciembre de 2023). Supuesto legal procesal con efectos sustantivos para tener en cuenta con el fin de determinar la vigencia de la acción disciplinaria en el presente asunto, como lo es el artículo 33, siendo su tenor literal el siguiente: ARTÍCULO 33. PRESCRIPCIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia. […] [Resaltad de la Sala] Adicional a lo expuesto, debe también tenerse en cuenta que, para el caso de los procesos disciplinarios que se encontraban en trámite para el periodo de la pandemia por el COVID 19, como la presente actuación, en el marco de la emergencia sanitaria, mediante el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, el presidente de la República declaró el «Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica» en todo el territorio Nacional. Dentro de las medidas adoptadas se encuentra la siguiente, cuyo propósito principal fue garantizar la prestación del servicio público de justicia. Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales. [Énfasis añadido]. Del mismo modo, con el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, el Gobierno nacional adoptó medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas, así como otras para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica. El artículo 6.º del citado Decreto 491 reguló lo relacionado con la suspensión de términos de caducidad y prescripción de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales en sede administrativa. El inciso cuarto, en particular, previó: Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia. [Resaltos] En sentencia C-242 de 2020, la Corte Constitucional declaró la conformidad del Decreto Legislativo 491 a la Carta Política y, en el preciso aspecto de la suspensión de términos en actuaciones administrativas y sus efectos frente a la prescripción y la caducidad, expresó: 6.153. Por último, esta Sala evidencia que la habilitación para suspender los términos de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales en sede administrativa es una medida proporcional, porque a pesar de que afecta la celeridad de los trámites que por mandato superior deben tener los procedimientos, lo cierto es que, en primer lugar, se trata de una medida que no aplica para actuaciones que versen sobre asuntos iusfundamentales, por lo cual solo se puede acudir a dicha figura frente asuntos de índole legal o reglamentario. 6.154. En relación con dicho aspecto, la Corte estima que limita el grado de afectación del principio constitucional de celeridad en las actuaciones, porque garantiza que los asuntos que versan sobre los bienes más preciados del ser humano no se vean suspendidos, y que la misma sólo aplique a causas en las que se debaten puntos de menor valía en el sistema de valores implementado en la Carta Política. 6.155. En segundo lugar, la Sala advierte que la suspensión no aplica de plano y respeta la autonomía administrativa, pues le corresponde a cada autoridad definir cómo operará, teniendo la facultad de suspender todo el procedimiento o alguna etapa de este, lo cual debe justificar en un acto administrativo motivado. 6.156. En torno al grado de motivación exigido, este Tribunal evidencia que se exige una fundamentación calificada, ya que la autoridad debe: (i) dar cuenta de que hubo una evaluación previa de la situación que la lleva a encontrar justificada la adopción de la medida en función de sus actividades y procesos, y (ii) las razones que se invoquen deben estar relacionadas con el servicio y las causas de la emergencia sanitaria. 6.157. En tercer lugar, esta Corte advierte que la medida que autoriza la suspensión es temporal, toda vez que únicamente puede adoptarse mientras dure la emergencia sanitaria y la misma se levantará de plano al día siguiente que finalice la misma, por lo que se descarta que continúe su aplicación después de que cesen las condiciones extraordinarias que dieron lugar a su adopción. 6.158. En cuarto lugar, esta Sala observa que la medida examinada tiene en cuenta que la suspensión de términos puede llegar a afectar los tiempos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley y, a efectos de evitar una vulneración al debido proceso, señala que los mismos no correrán durante el plazo en que se utilice la figura. [Se resalta]. Por otra parte, el Consejo de Estado, en ejercicio de su función misional de controlar la legalidad de los actos y medidas administrativas adoptadas durante el «Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica» ordenado con el citado Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, discurrió frente a la suspensión de términos de caducidad y prescripción en materia disciplinaria, así: Es así como, la suspensión de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias a cargo de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios -UPRA -, y la determinación de que durante el tiempo de suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza, resulta idónea y eficaz para limitar las posibilidades de propagación del virus del COVID-19, proteger los derechos a la vida y la salud, y para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los sujetos procesales que intervienen en estos procesos; lo cual sin lugar a duda, contribuye a superar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional a través del Decreto Legislativo 417 de 17 de marzo de 2020 y se ajusta a la norma extraordinaria en que se fundamenta, esto es, el Decreto Legislativo 491 de 2020. Criterio que avaló en decisión reciente al afirmar respecto de los actos administrativos proferidos por la Procuraduría en el marco de las medidas excepcionales, señalando que: [T]ratándose de un asunto zanjado (el de ajuste a la Constitución de las normas excepcionales que habilitaron la suspensión de los términos de prescripción en toda actuación administrativa –sin excluir las de carácter sancionatorio–), los actos administrativos de carácter general expedidos por la Procuraduría, en desarrollo de potestad conferida por el ejecutivo (…) gozan de presunción de legalidad, no desvirtuada, no discutida y no discutible en el presente escenario judicial. Y reafirmó de forma puntual para el asunto en cuestión: Así las cosas, la suspensión de términos en actuaciones administrativas fue una medida adoptada para proteger el derecho fundamental máximo de la vida, tanto de los sujetos disciplinados como de los servidores públicos que ejercían el ius puniendi del Estado, en un momento histórico causado por la pandemia del Covid-19. En ese sentido, en virtud de la autorización otorgada por el mencionado Decreto 491 de 2020, la Procuraduría General de la Nación expidió las Resoluciones 128, 136, 148, 173, 184 y 204 de 2020, mediante las cuales se suspendieron los términos dentro de los procesos disciplinarios en curso del 17 de marzo al 25 de mayo de 2020, esto es, por un periodo de 70 días. En efecto, en la Procuraduría General de la Nación se suspendieron los términos de las actuaciones disciplinarias, incluidos los términos de caducidad y prescripción, por setenta (70) días calendario. Lo anterior se materializó por el Procurador General, que mediante las Resoluciones 128 del 16 de marzo, 136 del 24 de marzo, 148 del 3 de abril, 173 del 17 de abril, 184 del 24 de abril y 204 del 8 de mayo, todas del año 2020, suspendió los respectivos términos por razón de la pandemia, durante un total de setenta (70) días contados entre el 17 de marzo y el 25 de mayo de dicho año, lapso durante el cual quedó en suspenso el cómputo correspondiente a la caducidad y prescripción. Así es, en el caso concreto se tiene que la conducta reprochada en los cargos imputados al entonces alcalde [NOMBRE TACHADO] y a la Jefe de la Unidad Administrativa y de Gobierno de La Sierra, [NOMBRE TACHADO] , al circunscribirse a presuntas irregularidades en las fases precontractual, de celebración y ejecución del bilateral de compraventa, se enmarcó en un período de ocurrencia entre el 3 de septiembre al 19 de octubre 2019 -fechas de aceptación de los estudios previos, de la firma del contrato de compraventa F2-F8-150-2109 y de su liquidación, respectivamente. De tal forma, para la conducta reprochada al disciplinable Trochez Muñoz, en tanto se le endilgó firmar el 3 de septiembre de 2019, el contrato de compraventa aludido pese a estar justificado con unos estudios previos deficientes, el plazo de prescripción en primera instancia sería el 3 de septiembre de 2024, pero se le deben sumar los setenta (70) días durante los cuales estuvieron suspendidos los términos en la Procuraduría General de la Nación, por lo cual el plazo vencería el 12 de noviembre de 2024; y, por la segunda conducta referida a la falta de vigilancia y control, atrás analizada, se tiene que el deber cesó el 19 de octubre de 2019, y se extendió con los setenta (70) días hasta el 28 de diciembre de 2024. Por lo que corresponde a las conductas imputadas a la señora [NOMBRE TACHADO], aún sí se admite que se consumó el 23 de julio de 2019 –con la presentación de los estudios previos–, la prescripción, en los términos del CGD ocurriría no el 23 de julio de 2024 –como aduce el apelante–, sino setenta (70) días después, esto es, el 1 de octubre siguiente. Pero, como según ya se reseñó, la jurisprudencia ha entendido que las faltas acaecidas durante la fase precontractual se consuman con la firma del bilateral, en este caso, el inició del término de la prescripción fue el 3 de septiembre 2019, y con ello el vencimiento del plazo de cinco años, más los setenta (70) días que estuvieron suspendidos dichos términos, sería el 12 de noviembre de 2024. En cuanto a la imputación por la omisión de sus deberes como supervisora del contrato de compraventa, dado que dicha obligación cesó el 19 de octubre de 2019, el término de prescripción culminó el 28 de diciembre de 2024, agregando a los cinco (5) años los susodichos setenta (70) días. Ambas, por las razones antedichas. En definitiva, como el fallo apelado se emitió el 24 de julio de 2024 y se notificó el 29 siguiente, no se configuró el fenómeno extintivo de la acción disciplinaria para ninguna de las conductas endilgadas en los cargos formulados a los dos disciplinables, en tanto que se interrumpió la prescripción antes de las fechas referidas para su acaecimiento. Es por ello, que al respecto no le asiste razón a la defensa técnica. 6.2.3 Razones de las nulidades propuestas, y la de oficio determinada 6.2.3.1 Marco jurídico sobre debido proceso y deber de motivación de las decisiones en materia disciplinaria Sea lo primero indicar que la determinación de los elementos que conforman la responsabilidad disciplinaria: tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, debe surgir de un análisis integral y sustentado del acervo probatorio. En el ejercicio de la citada labor, se precisa observar las reglas que materializan el debido proceso. Así, el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 (en adelante CGD), en armonía con el artículo 29 de la Constitución Política, consagra el derecho al debido proceso con un doble cariz: en lo sustancial y en lo procesal, en los siguientes términos: ARTÍCULO 12. DEBIDO PROCESO. Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021. El disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente, quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. Entonces, el debido respeto por las reglas sustanciales conlleva a que en el caso concreto se determine si la conducta es típica, ilícita sustancialmente y con culpabilidad, lo cual según la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado: [I]implica el cumplimiento de tres (3) requisitos fundamentales, en estricto orden: 1) los elementos probatorios permitidos, 2) el régimen de análisis y 3) los niveles de certeza establecidos por el legislador, para acreditar los factores que constituyen la responsabilidad. En tal virtud, por una parte, el CGD también contempla el deber de motivación (art. 19) y un nivel de certeza especial para que la autoridad disciplinaria pueda establecer responsabilidad y proferir fallo sancionatorio (art.160). Presupuestos mediados por el principio de presunción de inocencia (art.14 ibidem) según el cual toda duda razonable, desde luego, sobre los elementos que configuran la responsabilidad, debe resolverse a favor del procesado. De lo que sigue, al tenor de lo dispuesto en los artículos 19, 159 y 231 del CGD, se enfatiza en que los fallos y las decisiones disciplinarias deben estar sustentados. En particular los fallos, deben estar conformados por un análisis y sustentación fáctica, probatoria y jurídica sobre los cargos y de cara al umbral de conocimiento -certeza- que se exige para sancionar. A ello se debe agregar una respuesta razonada a las alegaciones y supuestos expuestos por los sujetos procesales durante la actuación, y finalmente la presentación de las conclusiones con la fundamentación sobre la calificación definitiva de la falta, de la culpabilidad y de la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción. De otra forma, la confección del fallo reclama una mayor e ineludible definición de los hechos y de la imputación jurídica, a partir de una adecuada y suficiente auscultación de la prueba y sus efectos. Por todo lo expuesto, los defectos de motivación de los fallos, carencia o insuficiencia de razonamientos conducen a la prevalencia de la presunción de inocencia en la medida que son indicativos del no derrumbamiento de esta. La nulidad es un mecanismo jurídico excepcional previsto en el ordenamiento disciplinario, al que se acude cuando no existe en el proceso otra alternativa legal ante una irregularidad trascendental. Esto es, cuando se trata de un vicio irremediable que no se puede enmendar de una forma diferente a declarar su acaecimiento y rehacer la actuación viciada, a efecto de que se cumplan los propósitos fundamentales del procedimiento y se garanticen los derechos de los sujetos procesales, finalidades que están contempladas como principio orientador en el artículo 11 del CGD. La figura jurídica de las nulidades, en general, responde a la necesidad de hacer prevalecer el debido proceso como garantía fundamental del investigado, cuando existan irregularidades que afectan el núcleo esencial del derecho, que lo limiten en su ejercicio o que lo socaven en algunas de sus expresiones, tales como el derecho a la defensa, la competencia del juez natural o el derecho a ser escuchado y vencido en juicio, entre otras. 6.2.3.2 Razones de las nulidades solicitadas Pues bien, de forma resumida el defensor solicitó que se decrete la nulidad de la actuación desde diferentes etapas y por las siguientes causas: I. Relativas a irregularidades sustanciales ocurridas al emitir el fallo por: (i) no responder los argumentos expuestos desde los descargos y en los alegatos de conclusión; (ii) no responder la petición de exclusión de la visita realizada el 19 de octubre de 2019; (iii) no conservar la congruencia con el auto de cargos; (iv) argumentación en relación con la comisión de la falta y la responsabilidad de los procesados en términos de probabilidad; y, (v) desconocer el principio de legalidad de las faltas endilgadas y del procedimiento aplicable a esta actuación. II. Subsidiariamente, argumentó que, durante el juzgamiento, se presentaron por: (i) no acatar los deberes del principio de investigación integral, y (ii) no responder a las peticiones de pruebas formuladas. Considera la Sala que, en el entendido que se ha verificado la existencia de elementos de conocimiento para deprecar un fallo absolutorio, se abstendrá de analizar estos argumentos defensivos, al igual que la siguiente nulidad observada de oficio. 6.2.3.3 Nulidad por falta de congruencia entre el pliego de cargos y el fallo. Nulidad de oficio Dada las implicaciones para una decisión de fondo, se aborda de entrada lo relativo a la falta de motivación y congruencia del fallo, que recoge una de las referidas inconformidades del apelante previamente enunciadas, sin embargo, la Sala evidencia que subyace otra irregularidad de fondo, que, correspondería entonces, de oficio decretar la nulidad advertida, si no fuera como se anunció porque del acervo probatorio también encuentra que no se desvirtuó la presunción de inocencia, y en aras de la prevalencia de este derecho fundamental, se entrará a resolver de manera definitiva. No obstante, lo anterior, se empezará por dejar planteada la enunciada nulidad. Manifiesta la defensa en la decisión apelada se incurrió en incongruencia respecto de la formulación de cargos, en lo que concierne a la disciplinable [NOMBRE TACHADO] en su condición de jefe de la Unidad Administrativa y de Gobierno, por cuanto al abordar el análisis de la ilicitud sustancial del primer cargo endilgado pese a que este se trató de una indebida elaboración de los estudios previos para la adquisición de unos productos agrícolas, se hizo alusión a una supuesta falta de vigilancia y control como supervisora designada para la ejecución del contrato de compraventa. Sin embargo, en ello no radica la incongruencia. Este cuerpo colegiado al reparar en la formulación de cargos para [NOMBRE TACHADO], y contrastarlo con lo expuesto en el fallo encuentra lo siguiente: IMPUTADA CARGOS CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL PLIEGO DE CARGOS [NOMBRE TACHADO] «CARGO UNO»: La disciplinada, señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de Unidad Administrativa y de Gobierno del municipio de La Sierra-Cauca, puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria, por presuntamente desconocer los principios que regulan la contratación estatal, en especial los principios de transparencia, economía y responsabilidad, al elaborar de forma incompleta e insuficiente los estudios previos de conveniencia y oportunidad del proceso contractual de Selección Abreviada Modalidad Subasta Inversa Presencial No. PSA-SIP-009-LSC-2019, que tenía como objeto “Adquisición de insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familias productoras del municipio de la Sierra Cauca”, ya que al no contener estos la caracterización y priorización de las familias beneficiarias, ello se vio reflejado en una inadecuada e ineficaz ejecución del Contrato de Compraventa No. F2-F8-150-2019, al entregarse de forma subjetiva, selectiva y no justificada, tales insumos. -Subrayado fuera de texto- La presunta falta fue calificada provisionalmente como gravísima en tanto se consideró que el comportamiento reprochado se adecúa a lo previsto en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. La proposición jurídica se complementó con la infracción a las reglas contenidas en los artículos 24 (transparencia) numeral, 8°; 25 (economía) numerales 3°, 7°, 9° y 12; y 26 (responsabilidad) numerales 1° y 2°, todos, de la Ley 80 de 1993. La imputación subjetiva se hizo a título de culpa gravísima por desatención elemental. En cuanto a la ilicitud sustancial se expuso que la procesada al incumplir el deber de planeación afectó los postulados de economía, transparencia y responsabilidad que demanda el ejercicio de la función administrativa y contractual. «CARGO DOS»: La disciplinada, señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de supervisora del contrato F2-F8-150-2019, celebrado entre el Municipio de La Sierra y la Unión Temporal Agropecuarios la Sierra 2019, que tenía por objeto “Adquisición de insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familias productoras del municipio de la Sierra Cauca”, puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria, al haber presuntamente omitido el cumplimiento de sus obligaciones y deberes de vigilancia, seguimiento y control a la ejecución del contrato, que según la (sic) clausulas cuarta y quinta, tenía plazo de ejecución y entrega de los productos de treinta (30) días, contados a partir de la aprobación de las garantías y de la suscripción del acta de inicio que datan del 6 de septiembre de 2019; cuyos productos fueron entregados a los presuntos beneficiarios objeto del proyecto, sin ningún tipo de control, ya que según las actas o formatos de entrega, sin justificación y respaldo en el estudio previo u otro documento donde se hubiesen caracterizados y priorizado las familias productoras, algunos beneficiarios aparecen recibiendo grandes cantidades de insumo agropecuarios, en contraposición a otros que en fechas que oscilan entre el 4 de octubre al 7 de diciembre de 2019, se registran recibiendo muy poco y algunos de los insumos agropecuarios no fueron entregados, sin que se conozca su destinación. Las conductas endilgadas fueron atribuidas como constitutivas de las faltas gravísimas contempladas en los numerales 31 (participar en la actividad contractual con desconocimiento de los principios que la rigen) y 34 (no exigir el supervisor o certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad u omitir el deber de informar a la entidad contratante hechos que afecten el cumplimiento del contrato) del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 El juicio de adecuación típica se concretó con los preceptos establecidos en los numerales 1° y 2° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. La ilicitud sustancial del comportamiento endilgado consistió en el incumplimiento por parte de la disciplinable de la labor de supervisión y control a la ejecución del contrato, y por haber desatendido el deber de obrar con transparencia y objetividad en la entrega de los insumos a los beneficiarios. La falta fue atribuida como cometida con culpa gravísima por desatención elemental. FALLO [NOMBRE TACHADO] «CARGO ÚNICO»: La disciplinada, señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de Unidad Administrativa y de Gobierno del municipio de La Sierra-Cauca, puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria, por presuntamente desconocer los principios que regulan la contratación estatal, en especial los principio de transparencia, economía y responsabilidad, al elaborar de forma incompleta e insuficiente los estudios previos de conveniencia y oportunidad del proceso contractual de Selección Abreviada Modalidad Subasta Inversa Presencial No. PSA-SIP-009-LSC-2019, que tenía como objeto “Adquisición de insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familias productoras del municipio de la Sierra Cauca”, ya que al no contener estos la caracterización y priorización de las familias beneficiarias, ello se vio reflejado en una inadecuada e ineficaz ejecución del Contrato de Compraventa No. F2-F8-150-2019, al entregarse de forma subjetiva, selectiva y no justificada, tales insumos. -Subrayado fuera de texto- La presunta falta fue calificada provisionalmente como gravísima en tanto se consideró en primer lugar que la conducta reprochada se adecuada a lo previsto en el numeral 3° del artículo 54 del Ley 1952/19. En segundo término y al abordar el análisis del concepto de violación y el juicio de tipicidad se dijo que el comportamiento reprochado se adecúa a lo previsto en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. La proposición jurídica se complementó con la infracción a los parámetros superiores y reglas contenidas en los artículos: 209 de la Constitución; 24 (transparencia) numeral, 8°; 25 (economía) numerales 3°, 7°, 9° y 12; y 26 (responsabilidad) numerales 1° y 2°, todos, de la Ley 80 de 1993. La imputación subjetiva se hizo a título de culpa gravísima por desatención elemental. En cuanto a la ilicitud sustancial se expuso que la procesada tras ser designada como supervisora del contrato F3-F8.150-.2019 no adelantó con responsabilidad y transparencia las labores de vigilancia y control del objeto convenido. En particular que fueran entregados los bienes por el contratista en la forma pactada y que no fueran asignados a los beneficiarios de manera subjetiva y selectiva. Así, para [NOMBRE TACHADO] la omisión de análisis de los cargos formulados tiene una connotación que vulnera su derecho de contradicción y defensa. Ello por cuanto a dicha funcionaria, según se transcribió en el cuadro anterior, le fueron enrostrados dos cargos, el primero por incurrir en la falta del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al no elaborar unos estudios previos de conveniencia y oportunidad adecuados para el proceso de contratación PSA-SIP-009-LSC.2019, y el segundo, por la presunta comisión de la falta gravísima prevista en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, puesto que como supervisora del contrato de compraventa F2-F8-150-2019 probablemente no realizó un seguimiento, vigilancia y control efectivo a su ejecución. Sin embargo, en cuanto a este último, en el fallo no se emitió pronunciamiento, por lo que a este estado procesal está pendiente de resolver. En este orden, en lo que concierne a la jefe de Unidad Administrativa y de Gobierno del municipio de La Sierra, [NOMBRE TACHADO], es lo cierto, que en el fallo se desconoció que le fueron endilgados dos cargos que constituyen la comisión de dos faltas gravísimas diferentes. A lo que se suma, que en el análisis de la ilicitud sustancial del único cargo que fue objeto de fallo se introdujeron aspectos nuevos que al parecer corresponden a otro reproche, como lo es el deber de vigilancia y control. Con todo, la Sala parte por precisar que la alusión en el fallo al artículo 209 constitucional, aunque no había sido mencionado en los cargos, no implica un desconocimiento del principio de congruencia en la medida que a la par con el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, que define lo que constituye falta disciplinaria, el 209 superior al enunciar los principios de la función administrativa, está ligado inescindiblemente con el concepto de ilicitud sustancial en su dimensión axiológica, toda vez que la sustancialidad de la faltas implica la afectación o el compromiso del logro de los fines de administración. Distinto es el yerro de haber omitido el análisis de responsabilidad en lo que concierne al segundo cargo formulado a la jefe de la Unidad Administrativa y de Gobierno de La Sierra, y el haber confundido el estudio de la ilicitud sustancial del cargo segundo, en el acápite correspondiente al cargo primero, porque quedó sin comprobación dicho elemento de la falta disciplinaria necesario para determinar responsabilidad, en el denominado, por el a quo, como «cargo único», ya abordado en su descripción. Lo expuesto significa, a juicio de la Sala, que se desconoció el deber de congruencia entre el pliego de cargos y el fallo, porque se alteró el contenido de la imputación fáctica formulada a la procesada en mención. De tal manera, más que la falencia o inconsistencia que mencionó el apelante, en cuanto adujo que se adicionó un aspecto fáctico al primer cargo enrostrado a [NOMBRE TACHADO], se corrobora que se incurrió en el fallo en una omisión sustancial al no estudiar el cargo segundo, y en una vulneración al principio de congruencia entre los cargos y la decisión de fondo, al trasplantar del auto de cargos los argumentos de la ilicitud sustancial hecha para la segunda falta endilgada, a la primera. Lo anterior significa que se alteró la imputación fáctica consignada en los cargos. Situación que se traduce en una vulneración del derecho de defensa y contradicción. Ahora bien, correspondería entonces, de oficio, decretar la nulidad advertida, si no fuera porque ello implicaría rehacer la actuación y, en este caso, tanto la irregularidad señalada por el apelante, como la que se advierte de oficio, conllevan que sean saneadas conforme a lo contemplado en el inciso último del artículo 203 del CGD en concordancia con el artículo 310 numeral 5.° de la Ley 600 de 2000, en cuanto señalan que la invalidez se declarará solo cuando no exista otro remedio procesal para subsanar la irregularidad sustancial. En particular, de lo que se trata no será de decretar la nulidad para rehacer formalmente la actuación, sino que, al acometer un estudio de fondo del asunto, se concluye que igual están dados los supuestos para absolver no solamente a la disciplinable de los dos cargos imputados, sino también a quien fungió como alcalde para la época de los hechos. Es por lo que, dadas las circunstancias expuestas, se reitera, no se haya necesario resolver sobre las nulidades planteadas en la alzada por la defensa de los procesados. En consecuencia, se procede a resolver los puntos subsidiarios de la apelación, para estudiar el fondo del asunto que, en el caso específico, llevará a determinar la absolución de los disciplinables por duda respecto de la tipicidad de las conductas enrostradas. 6.2.3.4 Tensión entre declaratoria de nulidad y decisión de absolución Por razón de orden lógico, esta Sala considera, luego de reparar en el acervo probatorio que existe una tensión entre las alternativas de declarar la ineficacia de lo actuado desde el fallo, no solo por algunas de las razones esgrimidas por la defensa, sino por la ostensible nulidad observada por esta Colegiatura frente a la de excluir de responsabilidad a los procesados por falta de certeza en la demostración de las conductas imputadas. Tensión que según ha sostenido la Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia de antaño, puede resolverse, según el caso, optando por la alternativa que mayor significación sustancial reporte a los fines del proceso, que no es otra que la absolución, de cara a la finalidad de la actuación y de la garantía fundamental de la presunción de inocencia. A este respecto, la Sala de Casación Penal ha precisado: El reconocimiento de la absolución como expresión máxima de la garantía del derecho de defensa del procesado y su elevación a objeto de protección prevalente, implica que frente a varios planteamientos de la defensa, debe preferirse el que propone la absolución, por encima de los que plantean nulidades que sólo afectan garantías de quien las propone, es decir, de vicios que no aparejan vulneración simultánea de derechos de las otras partes o comprometan situaciones de interés general. “También presupone una variación en el concepto tradicional del principio de prioridad, que enseña que los cargos de nulidad deben necesariamente prevalecer en su postulación, estudio y efectos inherentes a ellos, sobre los que sólo plantean errores in iudicando o de juicio, pues frente a esta nueva interpretación doctrinal pierde el carácter absoluto que lo caracterizaba, para tornarse relativo, en virtud de la introducción de nuevos referentes de valoración, distintos de la simple legalidad o ilegalidad del procedimiento. En suma, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la absolución se impone a la nulidad. De forma más precisa ha manifestado, ante la ausencia de prueba para condenar, se debe privilegiar la absolución sobre la nulidad. Y, que, «Lo anterior es relevante, porque si no existe prueba para condenar, debe privilegiarse la absolución sobre una eventual nulidad, pues esta implicaría adelantar un nuevo proceso, lo que resulta claramente desventajoso para el sujeto pasivo de la pretensión punitiva estatal. (…).» Aunado a que, de prosperar la duda frente a responsabilidad o materialidad de la infracción, se torna en inoficioso el examen de los otros motivos de ineficacia propuesto por la defensa. Según se indicó en el resumen que se hizo del recurso, el recurrente sostiene que la dependencia de juzgamiento incurrió en yerros insalvables al emitir el fallo sancionatorio, básicamente, por: (i) no responder los argumentos expuestos desde los descargos y en los alegatos de conclusión, (ii) edificar la argumentación, en relación con la comisión de la falta y la responsabilidad de los procesados, en términos de probabilidad; y (iii) omitir la valoración de todos los medios de prueba. No obstante, lo anterior, es dable aclarar que como lo indicó el recurrente, a lo largo del fallo se incurrió en una imprecisión respecto del nombre de la procesada [NOMBRE TACHADO], a quien se le llamó erróneamente «Bernarda Cerón Uribe». Yerro que, si bien no reviste la calidad de sustancial, sí se advierte y se entiende corregido en este con el nombre como corresponde. Así las cosas, este cuerpo colegiado luego de realizar un estudio de la actuación surtida, encuentra en primer lugar que contrario a lo esbozado en el fallo apelado, efectivamente las pruebas que reclamó evaluar la defensa restan credibilidad a las enunciadas en la decisión apelada. Segundo, se cometieron yerros y omisiones sustanciales en la motivación, desde la óptica probatoria de la decisión, que al ser contrastadas integralmente y después de su análisis, reflejan la falta de certeza respecto de la materialidad de las faltas. Por tanto, acogiendo la jurisprudencia decantada de la Corte Suprema de Justicia, se optará por la prevalencia de la presunción de inocencia. De igual forma, se precisa que aunque en la decisión definitiva apelada, la provincial de juzgamiento anunció en uno de los apartados que las conductas endilgadas a los procesados podían ser constitutivas de la falta disciplinaria gravísima prevista en el numeral 3.° de la Ley 1952 de 2019, verificó que se constituye en un yerro que no se desarrolló en aquella, en el entendido que tanto en el auto de cargos y en varios apartes del fallo recurrido, al desatar el juicio de tipicidad, se aludió a que los procesados con el comportamiento reprochado, quebrantaron respectivamente lo preceptuado en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, artículos 23, 24 numera 8.°, 24 numerales 3, 7, 9 y 12 y 26 numerales 1 y 2 de la Ley 80 de 1993. Normas todas vigentes para la época de ocurrencia de las conductas endilgadas (2019), por lo que no se vulneró el principio de legalidad de la falta, y lo más trascendente, respecto de lo cual tuvieron la oportunidad de defenderse. De igual forma, en cuanto a las categorías de ilicitud sustancial y la culpabilidad, aunque se hicieron menciones a las normas del Código General Disciplinario, ello se hizo para indicar que sus contenidos se asemejan o conservan en lo esencial, a lo contemplado en la Ley 734 de 2002 al respecto. En lo que sí existió un yerro fue en lo atinente a las pautas del procedimiento aplicable, pues estando dicho que la presente actuación debía surtirse de conformidad con el procedimiento previsto en el CGD, en la medida que para su entrada en vigor no había sido proferido el pliego de cargos, que lo fue el 26 de febrero de 2024; en el fallo, se ordenó erróneamente notificar tal decisión según las reglas de la Ley 734 de 2002. Lo cual es una imprecisión que conlleva un impacto en el derecho de contradicción y defensa, en tanto sí existe una diferencia en los dos cuerpos normativos, pues el CGD prevé como termino para interponer y sustentar el recurso de apelación frente al fallo, después de la notificación, de diez (10) días en su artículo 225G –no el 102 aludido en el fallo–, mientras que en la Ley 734 de 2002 o CDU, el término según el 111 citado en el proveído recurrido es de tres (3) días después de la última notificación. Con todo, como en el presente asunto, los sujetos procesales contaron con la oportunidad e interpusieron y sustentaron sus recursos frente al fallo en tiempo, tal situación no trascendió y, por ende, no afectó sus derechos, aunado a que la finalidad del procedimiento se cumplió. Por lo expuesto, esta colegiatura conmina a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali, que en aras de garantizar los postulados de legalidad de la falta y de la actuación o del régimen jurídico aplicable, se observen y cumplan las reglas al respecto. Así como también se actúe con especial cuidado y apego por los procedimientos vigentes al surtir los trámites de notificación y comunicación de las decisiones. 6.2.4 La tipicidad de las conductas investigadas y el juicio de subsunción típica Como lo ha precisado el Consejo de Estado, la tipicidad hace alusión a la descripción de la falta realizada por el legislador y/o comportamiento que entraña una infracción al deber funcional. Descripción que por envolver una garantía del debido proceso disciplinario debe ser clara y precisa en cuanto a la conducta que puede ser catalogada como transgresión. Claridad que según ha enfatizado la Corte Constitucional permite al destinatario conocer exactamente qué comportamiento –por acción y omisión– es el que se reprocha, y a su vez, en esa medida, se evitan las decisiones subjetivas y arbitrarias en esta área del derecho sancionatorio. Ahora, aunque es lo cierto que en el ámbito disciplinario se admite el uso de tipos abiertos y de los conceptos indeterminados jurídicamente –tipos en blanco–, lo que conlleva a que se reconozca cierta flexibilidad en esta materia, también lo es, que esa menor rigurosidad para realizar el juicio de adecuación típica exige cumplir ciertas condiciones, tales como una interpretación armónica y sistemática de las remisiones normativas para establecer los elementos determinables en un precepto de rango constitucional o legal de manera clara e inequívoca. El juicio de subsunción o adecuación típica requiere la confrontación de la conducta demostrada o comprobada con los textos legales que consagran la falta o el deber funcional transgredido. Labor en la que convergen la imputación fáctica con la jurídica. De igual forma, dadas las características de tipos abiertos o en blanco del régimen disciplinario, si bien se admite un margen de apreciación e interpretación del funcionario con potestad disciplinaria, este debe ser razonado y sistemático, se insiste, no arbitrario o subjetivo. De tal manera, que este juicio para determinar la tipicidad supone esa comprobación lógica de la relación entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, un nexo causal de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido. 6.2.4.1 Juicio de tipicidad en el caso concreto En el caso bajo estudio, en instrucción y juzgamiento las autoridades disciplinarias adujeron que las conductas que estimaron contrarías al ordenamiento jurídico se encuadraban en la descripción típica establecida en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 vigente para la época de los hechos investigados. Pues bien, como ya se dijo, en el caso objeto de análisis, a los investigados se les declaró responsables por incurrir en la falta descrita en un cargo único, para cada uno, a pesar de lo expresado anteriormente respecto de la disciplinable jefe de la Unidad Administrativa de Gobierno, para aquel entonces, que amalgamó el a quo, en los siguientes términos: Que los servidores públicos [NOMBRE TACHADO] y María [NOMBRE TACHADO], pudieron ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por presuntamente desconocer los principios que regulan la contratación estatal, de transparencia, economía; que incluye el deber de planeación, y responsabilidad al elaborar unos estudios previos de forma incompleta e insuficiente en cuanto a conveniencia y oportunidad – [NOMBRE TACHADO] –; y por adelantar este proceso contractual de selección abreviada, y así celebrar (Trochez Muñoz) el contrato de compraventa F2-F8-150-2019, cuyo objeto fue: «adquisición de insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familias productoras del municipio de la Sierra (Cauca)», con fundamento en los referidos estudios deficientes. Falencias que, según se adujo en el pliego de cargos y en el fallo apelado, se vieron reflejadas en una inadecuada e ineficaz ejecución de este bilateral de compraventa F2-F8-150-2019. Adicionalmente, al otrora alcalde de La Sierra, se le reprochó el que supuestamente no manejó de forma seria y responsable los recursos públicos. Lo que, de acuerdo con lo expuesto por la primera instancia, ocurrió porque presuntamente no vigiló la correcta ejecución del objeto contratado. Imputación esta última, respecto de la cual no se hizo análisis jurídico y probatorio en el fallo. Lo antedicho significa que de las tres modalidades de conductas descritas en el tipo disciplinario abierto previstas en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se escogió como transgredida la de: haber participado en la actividad precontractual … con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa. Supuesto normativo que de acuerdo con la norma jurídica exigía que debía completarse con remisión a otros preceptos con estructura de regla que desarrollaren los aludidos axiomas por medio de una prescripción o descripción de un conducta clara y concreta. De otra forma, el señalamiento hecho en los cargos y el fallo, al acudir a un tipo que bien podía ser abierto o en blanco, –que no son lo mismo–; dependiendo del postulado al que se acuda, en sede de tipicidad y, luego de subsunción, debía necesariamente completarse con la o las disposiciones de orden legal que, -para 2019- desarrollaban el o los postulados superiores que se endilgaron como infringidos o para determinar su alcance y sentido. Axiomas que según el auto de cargos fueron los de economía (planeación), transparencia y responsabilidad, y así fue replicado en el fallo. En el fallo impugnado, se hizo alusión a disposiciones que contienen directrices para procurar alcanzar determinados fines. De otra forma se tiene que, son mandatos que indican algunas pautas aspiracionales o preceptos para hacer en la mejor medida. En el caso particular, encaminados a cumplir los principios de economía, transparencia y de responsabilidad. Normas que al no ser preceptos deónticos en la medida que no prevén un comportamiento conciso o de contornos definidos, no pueden ser subsumidos en ellos las conductas que los vulneran. De hecho, estas disposiciones tienen la particularidad que, si bien mencionan que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar se debe analizar con antelación al inicio del proceso de selección del contratista, y que tal aspecto se debe desarrollar en los estudios previos con el objetivo de satisfacer los fines estatales; al no formularse en términos de obligación o prohibición con un supuesto de hecho claro, no especifican o aluden a los requisitos de detalle y precisión que fueron exigidos a los disciplinables en la decisión apelada. Según la decisión apelada, las normas endilgadas como infringidas por los disciplinables fueron: ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: 8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. […] Mandato que en el apartado imputado como infringido de forma simple expresa con otras palabras el postulado de que los servidores públicos deben actuar observando el ordenamiento jurídico y consultando los fines de la administración pública. Lo que sin más implica que se pretende un accionar imparcial o contrario a consideraciones subjetivas. ARTÍCULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio: 3o. Se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, […] y a la protección y garantía de los derechos de los administrados. Este axioma ratifica el propósito del anterior, en cuanto a que en la actividad contractual las autoridades y servidores deben actuar propendiendo por el logro de los fines estatales. Como se ve, este precepto consagra un fin y por no tener estructura de regla no contempla una acción clara y concreta. También fueron imputados como quebrantados: 7o. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso. Regla que dispone algunos de los contenidos que deben tener lo estudios previos en relación con el objeto a contratar. En el mismo sentido se señalaron: 9o. En los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento. […] 12. Numeral modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. Preceptos que indican una de las especies del género que es la responsabilidad de los servidores públicos, la relacionada con actividades contractuales, y que de no ser acatada al transgredir alguna regla exigida puede ser de índole disciplinaria. Puestas así las cosas, la Sala observa, que del contenido de todos las cánones invocados como normas presuntamente quebrantadas por los disciplinables, además de tener estructura de principio en cuanto a son mandatos de optimización o que se limitan a indicar un ideal de comportamiento; más no una orden precisa y determinada de hacer o no hacer, se desprende que en conjunto pregonan que los servidores públicos que participan en un proceso contractual, son responsables de hacerlo con apego a la legalidad y por procurar el logro de los fines estatales. Adicionalmente, para propender por tales objetivos, deben elaborar unos estudios previos que contengan la necesidad y conveniencia del objeto a contratar. A lo que hay que adicionar, que en virtud de la responsabilidad y precisamente en orden garantizar el interés general, les atañe el deber de vigilar la correcta ejecución de negocio jurídico. Procede de manera seguida la Sala a realizar un análisis jurídico y probatorio para verificar si los anteriores presupuestos fueron desconocidos e infringidos por los disciplinables, tal y como lo estimó la primera instancia. Para acometer el análisis, se parte por referir que en este ejercicio se debe tener como criterio básico, que el CGD contempla un parámetro que predetermina el umbral de suficiencia probatoria que se debe demostrar para emitir fallo sancionatorio: certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad. Esto es lo que se conoce como el estándar de prueba exigido para ello. Herramienta legal que sigue a la valoración, que nos señala cuándo y en qué condiciones la prueba es suficiente para acreditar los hechos investigados y adoptar determinada decisión en un proceso. Una de sus funciones más importante es limitar la discrecionalidad y salvaguardar la presunción de inocencia, por la vía de dotar a la decisión de elementos de corrección intersubjetivamente controlables, a efecto, precisamente, de surtir la segunda instancia. Retomando el asunto concreto, con la invocación normativa que se hizo párrafos atrás, se quiere denotar, que en los preceptos citados como vulnerados o desconocidos por los procesados, se contempla el deber de elaborar unos estudios con un análisis de necesidad y conveniencia del objeto a contratar, pero ninguna de las normas citadas precisa o exige unos estudios previos con los contenidos y nivel de detalle que se exigieron en el fallo. Con ese entendimiento, debió atenderse que la norma jurídica, según quedó establecida en la sentencia C-818 de 2005, en tanto declaró condicionada la constitucionalidad de la falta gravísima imputada, requiere que el juicio de adecuación típica deba ser completado con una(s) regla(s) de índole constitucional o legal de carácter concreto que desarrolle esos axiomas de la contratación y de la función administrativa. (v.g. el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015) Pues bien, se dijo en la decisión de fondo, reiterando lo manifestado en los cargos, que los procesados vulneraron los principios de economía, transparencia y responsabilidad con la realización del proceso contractual PSA-SIP-009 LSC-2019, cuyo objeto fue el de adquirir insumos agropecuarios para fortalecer las familias productoras de La Sierra (Cauca), Lo que se presentó, se adujo, por no contener la caracterización y priorización de las familias beneficiarias. Falencia que además se vio reflejada en una inadecuada e ineficaz ejecución del contrato de compraventa F2-F8-150-2019. De manera seguida, se concluyó que los procesados “presuntamente” transgredieron varias normas jurídicas, sin que hiciera para cada supuesto normativo la pertinente adecuación o juicio de subsunción de su comportamiento debidamente demostrado, frente a las reglas que se presumió quebrantaron. En contraste, la Sala al revisar y valorar los medios de prueba encuentra acopiados, que: En los estudios previos de 23 de julio 2019, elaborados por [NOMBRE TACHADO], en su condición de jefe de la Unidad Administrativa de Gobierno, se evidencia que la necesidad a satisfacer fue señalada como: «CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO Esta iniciativa está enmarcada dentro del plan de desarrollo municipal “Todos Por La Sierra 2016-2019” en el eje estratégico TODOS POR EL DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO, componente: ECONÓMICO, sector asociado: AGROPECUARIO, programas: TODOS POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE, SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LAS FAMILIAS VULNERABLES Y CELEBRANDO PORQUE EL CAMPO LO AMERTIA. POBLACIÓN BENEFICIADA A través de esta iniciativa de fortalecimiento la Alcaldía Municipal busca apoyar 136 familias serranas de productores agropecuarios cuya actividad se enmarca dentro de una economía de subsistencia y por ende no tienen la capacidad adquisitiva para hacer inversiones en insumos agropecuarios. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN MÁS FAVORABLE PARA LA ENTIDAD Para solucionarla y/o satisfacer la necesidad que existe en el sector agropecuario, en lo relacionado al fortalecimiento de este sector, en aras de mejorarla la productividad de algunas familias vulnerables del municipio de la sierra, La Unidad Administrativa y de Gobierno cuenta con una alternativa de solución idónea y favorable, consistente en realizar un proceso de contratación de compraventa de insumos agropecuarios con el fin de satisfacer dicha necesidad, los cuales se describen en la ficha técnica anexa, permitiendo el cumplimiento de las actividades proyectadas en el plan de acción del sector agropecuario, basado en las exigencias técnicas, económicas del servicios en las calidades del contratista.» Por otra parte, en lo que concierne a la necesidad y conveniencia que se buscaba satisfacer con el contrato se dijo, que: «De conformidad a la competencia constitucional y legal otorgada al Municipio de La Sierra, le asiste el deber de hacer cumplir los fines del estado, entre ellos dar solución aquellas necesidades insatisfechas en las diferentes comunidades, siendo necesario que se lideren procesos de fortalecimiento al sector agropecuario que propendan por impulsar su productividad, colocando a su servicio métodos eficientes y dinámicos que le permitan a los productores mejorar su volumen de producción, lo anterior basado en una política de explotación amigable con el ambiente, promovido por la asociatividad y la implementación de las BPA. La administración Municipal en aras de desempeñar sus competencias y en cumplimiento de los objetivos y programas del Plan de Desarrollo 2016-2019 “TODOS POR LA SIERRA” teniendo en cuenta las metas establecidas enfocadas a fortalecer el sector agropecuario, en donde establece la puesta en marcha de estrategias y ejecución de programas relacionados con dicho sector a través de servicios de apoyo que busquen mejorar las condiciones de producción y comercialización que contribuyan a transformar las condiciones de vida de los serranos y teniendo en cuenta que: El municipio de La Sierra Cauca tiene una extensión de 2017 km, una población de 12.144 habitantes de los cuales 1.501 se encuentran en zona urbana y 10.643 en zona rural. Del volumen total de la población, 10.265 se encuentran en el SISBEN de los cuales 10.229 están clasificados en estrato 0 y 1 equivalente al 84,2% del total de la población. Es un municipio que tiene como pilar fundamental de su economía las actividades agropecuarias entre las cuales se encuentran la producción de café, caña panelera, granadilla, lulo, tomate de mesa. Ganadería, especies menores, entre otras, pero todas explotadas en pequeñas unidades productivas las cuales permiten tener una economía de subsistencia la cual básicamente logra satisfacer las necesidades más urgentes de las familias como son la alimentación y el vestido, y con muy bajos excedentes para otros propósitos como inversión en insumos agropecuarios que permitan optimizar la producción y así tener más volúmenes de producto que a su vez redunden en mejoras en la calidad de vida. Es por ello que la Administración Municipal de la Sierra, Cauca, contempló en su plan de desarrollo la intervención del sector agropecuario mediante el fortalecimiento de forma directa o a través de organizaciones de productores a familias vulnerables, mediante la entrega de insumos agropecuarios que permitan afianzar su actividad productiva mejorando así los volúmenes de producción lo cual influye directamente en el incremento de la calidad de vida de las familias beneficiadas.» En este punto del análisis, es dable resaltar que si bien en el fallo se citó como prueba, que supuestamente sustentaba el cargo, la respuesta que en oficio de 28 de enero de 2020 emitió el secretario de gobierno de La Sierra (Cauca), al indicar que frente a la solicitud de estudio técnico, social o económico en el que se hubieren priorizado las familias beneficiarias de los insumos agrícolas en cada uno de sus componentes, adujo no haber encontrado ninguno, tal manifestación no necesariamente debe indicar que no existían, toda vez que puede predicarse que para esa fecha posterior a los hechos investigados no se hallaron o se encontraban en otro soporte documental. Dicho de otra forma, ofrece dudas sobre tal hecho. Sobre ese aspecto puntual, como lo indicaron los procesados, la conveniencia y necesidad estaba planteada desde que la Alcaldía de La Sierra estructuró su plan de desarrollo 2016 -2019; y quedó formulada al inscribir el proyecto bajo el formato de Metodología General Ajustada -MGA- como “Fortalecimiento del sector agropecuario del municipio de La Sierra”, en el Banco de Proyectos de inversión pública (a financiar), en la plataforma de la Dirección Nacional de Planeación el 10 de agosto de 2019, fecha en la que fue asignado el código BPIN 2019193920007. Documental que fue recaudada en la visita realizada por la funcionaria comisionada de la Procuraduría Provincial de Popayán el 16 de octubre de 2019. Diligencia atendida por el señor [NOMBRE TACHADO] y con la presencia de la disciplinable María [NOMBRE TACHADO], y en la que la misma, se limitó a recopilar lo que se encontraba allí, es decir, en una sola dependencia de la Alcaldía, –la UMATA–, sin reparar en que siendo la Oficina de Gobierno la principal gestora del negocio jurídico, allá deberían reposar más soportes, por lo que no sería dable afirmar que lo que se recaudó en esta, constituían los únicos documentos del proceso de contratación objeto de investigación. Con todo, a partir de la prueba recopilada, esta colegiatura observa que, aunque se proyectó fortalecer a 340 familias productoras agropecuarias de subsistencia por medio de la entrega de crías de especies menores e insumos, con unos costos estimados de $506.000.000, tal vez, por no haber sido aprobado ese valor, sino uno menor, al final el contrato solo se calculó para beneficiar a 136 familias. No obstante, las pruebas recopiladas muestran que en relación con la caracterización y priorización de las familias que serían beneficiarias del proyecto, tal y como quedó en el contrato F2-F8-150-2019, ello se haría previa inscripción en la Oficina denominada UMATA de la Alcaldía. Y, serían los técnicos de esta dependencia los encargados de conceptuar en relación con las necesidades puntuales de los destinatarios de las ayudas. Al parecer para tal labor, se contaba en la referida oficina con los formatos de solicitud, de visita técnica y de entrega. Según lo que se constató en la diligencia de la funcionaria de instrucción realizada durante la ejecución del bilateral. Precisamente, en la citada diligencia se recaudaron unos listados en tres folios que contenían una relación de beneficiarios clasificados por insumos a entregar, junto con unos formatos que, aunque firmados por aspirantes a beneficios, no especificaban la especie o el insumo que se requería. Pues bien, dadas las anteriores evidencias, conviene para el presente análisis definir lo que comprende caracterizar algo, toda vez que esa fue la falencia sobre la que se edificaron los cargos al aseverar que los estudios previos eran deficientes, en tanto no contenían una caracterización y priorización de los beneficiarios. De acuerdo con el diccionario de la Lengua Española, caracterizar en una de sus acepciones comprende el: «Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás.» En ese orden, se puede apreciar que las pruebas hasta ahora aludidas, y que corresponden con documentos de la etapa precontractual, indican que contrario a lo aseverado, sí se hicieron precisiones en relación con el grupo de la población que se pretendía beneficiar con las especies e insumos adquiridos. De manera particular las pruebas reseñadas muestran que al momento de estructurar el proyecto se distinguió o caracterizó un grupo de la población al que con prelación se buscaría mejorar con el programa denominado «Fortalecimiento del Sector Agropecuario del Municipio de La Sierra», dada su condición de vulnerabilidad: Familias campesinas de las 49 veredas del municipio con bajos ingresos económicos; En concreto, 136 familias vulnerables de La Sierra cuya actividad fuera la pequeña producción agropecuaria de café, caña panelera, granadilla, lulo, tomate de mesa, y ganadería de especies menores (cerdos, pollos y peces). Actividad que debían ejercer con una economía de subsistencia y, por tanto, que no tuvieran capacidad para invertir en insumos y optimizar la producción. Así las cosas, existían unos requisitos que debían cumplir los solicitantes para acceder con prelación a las especies menores e insumos agrícolas, y para ello, como lo muestran los documentos acopiados durante la visita realizada, en la ejecución del contrato de compraventa de las especies e insumos, a la Oficina de la UMATA, se contó con un listado con 95 posibles beneficiarios de fertilizantes. El cual, según los procesados se elaboró a partir de los formatos de solicitud de ayudas que, de forma previa, las personas del sector rural habían radicado en la Alcaldía. A lo que los servidores de la citada oficina debían agregar una verificación de que fueran personas que estuvieran en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Lo anterior, lleva a la Sala a afirmar que sí existió una caracterización del grupo poblacional cuyas necesidades se pretendió suplir con el objeto del contrato de compraventa F2-F8-150-2019. Lo que además implica, que sí se contó con una necesidad y conveniencia para celebrar la adquisición de bienes con el objetivo de mejorar la calidad de vida de unas personas dedicadas a actividades agrícolas de subsistencia. Ahora, la Sala no soslaya que lo ideal –criterio subjetivo- hubiere sido una caracterización más detallada, pero no hubo norma imputada que así lo señalara, por lo que, la que se hizo en la etapa precontractual, al ser contrastada con los postulados transcritos en párrafos atrás, no aparece como violatoria de sus disposiciones o que los incumpla, en tanto, se hizo un estudio, que sí contiene una exposición de las necesidades y de la conveniencia del negocio jurídico que se pactó. Aspectos que se encontraban analizados y ampliados en la formulación del proyecto «Fortalecimiento del Sector Agropecuario del Municipio de La Sierra BPIN.201919392007», que se hizo en agosto de 2019 ante las instancias correspondientes para obtener los recursos. Por consiguiente, en cuanto al comportamiento aludido, esta Colegiatura encuentra que la prueba no es contundente en acreditar con certeza que la disciplinable María [NOMBRE TACHADO] al elaborar los estudios previos, y el alcalde de entonces, con base en estos, al suscribir el contrato de compraventa F2-F8-150-2019 inobservaron o infringieron la normativa referida. Antes, al contrario de lo reprochado en los cargos, la evidencia probatoria muestra que sí existió una caracterización de familias productoras en pequeñas unidades por las cuales se celebró el referido contrato para la adquisición de fertilizantes y especies menores. En definitiva, estudiadas las circunstancias precontractuales, la prueba es indicativa que la procesada [NOMBRE TACHADO] sí presentó unos estudios previos con un análisis sucinto de necesidad y conveniencia, apoyada en el proyecto que ya había sido formulado con el propósito de apoyar a familias rurales dedicadas a la agricultura de subsistencia. Estudios con fundamento en los cuales el disciplinable [NOMBRE TACHADO], en su calidad de alcalde de La Sierra, adelantó un trámite para celebrar un bilateral de compraventa, con el objeto de adquirir los mencionados insumos encaminados a alcanzar el objetivo propuesto. Propósito que conforme con las actas individuales de entrega de bienes agrícolas a determinados habitantes de la población, se realizó. Por otra parte, en lo que concierne a la presunta ejecución, inadecuada e ineficaz, del contrato de compraventa F2-F8-150-2019 y de supuestas omisiones en la labor de supervisión de la ejecución del aludido negocio, la Sala al reparar en los medios de conocimiento allegados desde la instrucción, entre los que se encuentran los aportados por los procesados y los acopiados por la Contraloría General del Cauca, puede constatar que el bilateral de compraventa, se ejecutó tal y como fue pactado por las partes, con la intervención y control de la investigada [NOMBRE TACHADO]. En efecto, se reitera que de conformidad con la declaración del contratista de la oficina UMATA de la Alcaldía de La Sierra, el referido señor [NOMBRE TACHADO], en la que indica que parte del insumo para el proceso contractual fueron las solicitudes de ayuda para actividades productivas de subsistencia radicadas con anterioridad en la Alcaldía. También aclaró que el proceso de caracterización y priorización de las familias se adelantó en la Oficina de Gobierno y después, ellos, los técnicos de la UMATA, se encargaban de diligenciar los formatos de acuerdo con una matriz de entrega de insumos que les suministraron desde las oficinas de los investigados. Adicionalmente, el citado contratista de apoyo informó el día de la visita de la Procuraduría, 16 de octubre de 2019, que para ese momento como el contratista ya había entregado las especies menores vivas (alevinos, lechones y pollos), pero, como en el almacén no había cómo mantenerlas, estas habían sido repartidas a los beneficiarios de acuerdo con las directrices impartidas por los disciplinables, en su condición de alcalde y jefe de la Oficina de Gobierno. Por su parte, los fertilizantes e insumos susceptibles de ser almacenados, indicó, fueron recibidos en el almacén. Y, como se registró en el acta de visita, para ese 16 de octubre de 2019, para esa fecha estaban siendo entregados por los empleados de la UMATA. También se escuchó en declaración a Juan Carlos Muñoz Hernández, contratista seleccionado por medio del proceso de subasta inversa, quien afirmó que todos los productos contratados fueron entregados en el Almacén de la Alcaldía de la Sierra, y luego de ser verificados por la alcaldía, recibieron los soportes de recibido a satisfacción, para poder radicar con posterioridad al acta de liquidación las facturas de cobro. Pues así, es la forma como se ejecutan esa clase de negocios jurídicos. Así, entonces, el contrato de compraventa F2-F8-150 de 2019 fue suscrito el 3 de septiembre de 2019, entre el alcalde de La Sierra y el representante de la Unión Temporal Agropecuarios La Sierra 2019, y su objeto fue: «Adquisición de insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familiar productoras del Municipio de La Sierra, Cauca». Contrato cuyo valor inicial fue de $292.988.585. El pago por las especies menores, alimentos, fertilizantes y herbicidas comprados, por valor de $326.828.105, incluido el valor de la adición de insumos, se pactó que debería hacerse en su totalidad después de la entrega de los bienes, de la aceptación de las garantías exigidas, y del cumplimiento por parte del vendedor contratista de todas sus obligaciones, para lo cual debería presentar la factura de cobro con el recibido a satisfacción y constancia del cumplimiento. El plazo para cumplir lo acordado en el negocio jurídico se fijó en treinta (30) días a partir de la firma o acta de inicio. Como supervisora fue designada la jefe de la Unidad Administrativa y de Gobierno, [NOMBRE TACHADO]. El acta de inicio se firmó el 6 de septiembre de 2019. Sin embargo, el 20 del citado mes y año se suscribió una adición al contrato por valor de $33.839.520. Como consta en las actas de recibo de las especies y productos del 4 de octubre de 2019 y en la de liquidación del 19 siguiente, el contratista cumplió con la entrega de los bienes comprados y, por ende, previa la presentación de las facturas de venta 1796 y 1827, el 24 del aludido mes y año, le fue cancelado el pago acordado. Lo que viene de exponerse denota que el negocio de compraventa, puro y simple, como se estipuló, se ejecutó tal y como quedó pactado en el contrato, siendo finiquitado con el pago hecho el 24 de octubre de 2019. Tratándose de un bilateral de compraventa, como lo fue el suscrito por el mandatario investigado [NOMBRE TACHADO], su perfeccionamiento y cumplimiento, de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico, se verifica con el acuerdo sobre la venta y el precio. Es que, la compraventa es un acto o contrato mediante el cual una parte compra una cosa al vendedor, o lo que es lo mismo, este último vende una cosa al comprador, mediante un precio. Respecto a la compraventa, señala el artículo 1849 del Código Civil colombiano: «La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio.» De tal manera, el negocio aludido implica al mismo tiempo la compra y la venta de la cosa, que se dan simultáneamente a cambio de un precio, que no necesariamente debe darse en dinero, sino que puede ser en especie. Ahora, cuando el bilateral tiene por objeto la adquisición de bienes y productos, no sujetos a registro, la venta se perfecciona en el momento, por regla general, en que las partes convienen lo que se compra y lo que se paga, en términos del artículo 1857 del Código Civil en su primer inciso: «La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, …» En el caso del bilateral objeto de análisis, como ya se indicó, de las copias físicas y digitalizadas de la carpeta contractual se puede acreditar que: Al suscribir el contrato cuyo objeto fue la compra y venta de insumos agropecuarios para el fortalecimiento de familias productoras del Municipio de La Sierra, Cauca, el negocio, de acuerdo con la normativa citada quedó perfeccionado –art. 41 de la Ley 80 de 1993- cuando al suscribirse el 3 de septiembre de 2019 se pactaron las siguientes cláusulas por escrito: En consecuencia, fueron obligaciones principales del contratista: entregar los bienes objeto de venta de conformidad con los precios, especificaciones, calidades y condiciones previstas en los estudios previos. Y, de la Alcaldía: pagar después de recibidas las facturas y previa la certificación de recibido a satisfacción de los productos. Por tanto, se acordó que era un derecho de entidad territorial exigir la correcta ejecución del objeto del contrato, en cuanto medidas, calidades, cantidades y precios ofrecidos. Lo antedicho denota, que la ejecución del contrato de compraventa quedó supeditada a lo que la normativa del código civil arriba citada prescribía, esto es, a la entrega a satisfacción de los bienes adquiridos y el pago. Siendo ello así, pasa la sala al revisar lo que acreditan las pruebas respecto de la ejecución del aludido de contrato de compraventa. En ese orden, como ya se indicó, el 6 de septiembre de 2019, la funcionaria designada como supervisora por acto del 3 anterior, y ahora procesada [NOMBRE TACHADO], firmó el acta de inició de ejecución con el contratista, el 6 siguiente. Con resolución 452 de 26 de septiembre del año citado, el alcalde investigado aprobó la póliza de garantía única entregada por el contratista. En documentos del 4 de octubre de 2019, aparece el recibo de las especies e insumos al almacén de la Alcaldía de La Sierra, con las consecuentes facturas de cobro. Después del recibido de los bienes, obra un documento sin fecha suscrito por la supervisora [NOMBRE TACHADO] y el representante de la unión temporal, en el que además de hacer una relación de los bienes entregados según las condiciones especificadas en el contrato, se aseveró que lo fueron durante el plazo pactado, por lo que la referida supervisora suscribió constancia de cumplimiento –sin fecha– y acta de liquidación del 19 de octubre de 2019. Finalmente, están los comprobantes de egreso 1670 y 1671 por $266.327.585 y $30.649.520 a favor del contratista del 24 de octubre de 2019. Dado que la visita realizada por la procuraduría de instrucción fue en octubre 16 de 2019, esto es, antes del acta de liquidación, y se hizo en la oficina de la UMATA y no en la de la jefe de la Unidad Administrativa y de Gobierno y supervisora del contrato, no puede inferirse certeza respecto de la inexistencia de los documentos antes aludidos. Por consiguiente, es dable concluir que el contrato de compraventa, tal y como fue acordado se ejecutó y cumplió a cabalidad, en la medida que las especies y productos comprados por la administración municipal fueron entregados y recibidos en las cantidades y con las calidades, condiciones y precios pactados. Lo que implicó, que la entidad territorial pagara al contratista el precio acordado. Aunado a ello, las demostraciones antes dichas desvirtúan la imputación de los elementos que configuran la falta enrostrada a [NOMBRE TACHADO], en cuanto a no vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, lo que se desvirtúa por simple sustracción de materia. Precisamente, porque como se dijo, para tal actividad designó a la procesada [NOMBRE TACHADO], quien en virtud de ello se encargó de las labores de control hasta la liquidación del negocio, por haberse cumplido a cabalidad su objeto. Asunto diverso es, como se anunció en el apartado en el que se analizó la configuración en este caso de la prescripción de la acción disciplinaria; lo que supuestamente sucedió después con los bienes adquiridos por la Alcaldía de La Sierra o la destinación en materia de cobertura que la administración municipal les dio, en la medida que al ser hechos posteriores a las etapas contractuales no pueden ser valorados para endilgar responsabilidad por conductas consumadas con la suscripción de la compraventa. De otra forma, no pueden ser subsumidos en los supuestos jurídicos de los numerales 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 De otro modo, los estudios previos al bilateral de compraventa constituyen un aspecto que comporta una conducta independiente que difiere de la forma como se distribuyeron las especies menores, los insumos y fertilizantes entre los beneficiarios o del destino final de los bienes. Actuaciones que, en todo caso, por no corresponder con labores de las etapas del negocio de compraventa, toda vez son posteriores al perfeccionamiento, ejecución y cumplimiento del objeto contractual, no pueden subsumirse en la descripción típica de la falta gravísima señalada en el pliego de cargos –numerales 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Con todo, de conformidad con las pruebas acopiadas durante la instrucción y el juzgamiento, se puede apreciar que fueron repartidos entre varias familias de la población entre octubre y diciembre de 2019, bajo el mecanismo dispuesto: previa una solicitud que los aspirantes formularon. Y, que como se reprochó en los cargos, algunos recibieron más que otros. Aspecto que, al no ser investigado, no fue posible establecer cuál fue el criterio –si es que existió– con el que realmente fueron asignados y entregados los recursos a los destinatarios finales. Por tanto, no puede este cuerpo colegiado emitir conclusiones al respecto, en particular en cuanto a que no se logró un beneficio en el grupo poblacional destinatario. Sin embargo, no puede perderse de vista que en relación con el uso de los bienes adquiridos, una vez se convirtieron en recursos públicos, la Contraloría General del Cauca adelantó auditoria y proceso de responsabilidad, al final del cual concluyó, que verificadas los soportes de recibo de las especies e insumos, y contrastados con las actas de entrega a beneficiarios, al final del periodo fiscal analizado –31 de diciembre 2019– quedaron por ser repartidos algunos bienes por valor de $911.000. Monto que al ser comparado con el valor total de la compraventa ($326.828.105), es mínimo, y no refleja que se hubieren incumplido por acción u omisión de los procesados los fines del negocio jurídico investigado. En síntesis, el anterior plexo probatorio revela que no quedó demostrado en grado fehaciente que los procesados con sus comportamientos incurrieron en las faltas gravísimas que les fueron imputadas. Dicho de otro modo, no se acreditó de manera irrefutable que realmente los estudios previos elaborados por María Bernarda Uribe, y en los que se basó el otrora alcalde de La Sierra, [NOMBRE TACHADO], para suscribir el contrato de compraventa de insumos agrícolas, carecieran de un análisis serio de conveniencia y oportunidad que repercutiera de forma sustancial y negativa en el logro de los fines de la contratación, como lo adujeron las dependencias de instrucción y juzgamiento, por cuanto, supuestamente, no contenían una caracterización y priorización de los beneficiarios de los productos que se planearon comprar. Adicionalmente a lo anterior, se sintetiza seguidamente las razones por las cuales no prospera la adecuación típica, en el caso concreto: i. Porque no era exigible desde la perspectiva disciplinaria a los investigados, y a partir del marco legal propio de los contratos públicos de compraventa, discriminar de mayor forma a como lo hicieron, al grupo poblacional al que pretendieron beneficiar con los insumos que se comprarían. Es que un ejercicio de subsunción típica basado en que los estudios previos suscritos por [NOMBRE TACHADO], y avalados por [NOMBRE TACHADO] no son serios, no corresponde con las exigencias normativas citadas en el fallo, y sí con criterios subjetivos. ii. En efecto, el juicio de reproche se basó solo en una apreciación del informe de la Contraloría General del Cauca, de cara a un eventual daño patrimonial, más no a una falta disciplinaria de vulneración al principio de planeación y de responsabilidad, que igual, y a la postre, según se evidencia en el informe el final del ente de control, no fue demostrada en grado de certeza. iii. Por otra parte, el juicio de reproche se soportó en un hecho o consecuencia que además de no adecuarse con la actividad pre y contractual, desborda la imputación jurídica. A lo que hay que añadir que se quedó en el plano de la probabilidad, más no en el de la certeza. iv. Tal y como se reseñó al comienzo, los cargos únicos que fueron endilgados a cada procesado estribaron en que supuestamente participaron en la actividad pre y contractual con desconocimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, al suscribir [NOMBRE TACHADO], y aceptar, [NOMBRE TACHADO], unos estudios previos deficientes, por no tener la caracterización detallada de las familias que serían las receptoras de los insumos que se comprarían por medio del negocio jurídico diseñado. Quiere ello decir que los estudios versaban sobre la necesidad de adquirir unos insumos agrícolas y el valor de estos para cubrir unas necesidades que la alcaldía ya había previsto cuando formuló el proyecto para obtener los recursos. Así las cosas, los requisitos legales de los estudios previos, debieron ser el sustento del cargo, junto con las circunstancias que rodearon su elaboración y el contenido de dichos análisis junto con sus soportes. Para acreditar así que los elaborados y aprobados por los disciplinables carecían de determinadas exigencias que implicaban una vulneración a los mandatos superiores. v. Las dependencias de instrucción y juzgamiento no acudieron al marco legal contemplado para la elaboración de estudios previos en procesos de selección abreviada de contratistas (Ley 1150 de 2007, especialmente el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, y demás normas que lo desarrollan, en cuanto regulan el contenido y alcance del principio de planeación y, por ende, precisan lo que deben contentar los estudios previos en materia de compras públicas. En su lugar, se acudió a circunstancias muy posteriores, que incluso excedieron la ejecución del contrato, para presumir incumplimiento de deberes, más no a la certeza de ello, lo cual solamente genera dudas, las que militan a favor de los disciplinables. vi. Es que sí como ya se indicó el contrato era de compraventa, su ejecución culminó cuando el vendedor entregó los productos y la alcaldía los recibió a satisfacción y procedió con el pago y liquidación del bilateral. De ahí que, tal como se explicó en el aparatado anterior, el uso o la labor de asignación y distribución de los insumos comprados que tiempo después realizaron los empleados y colaboradores de la administración municipal no era propia de la actividad precontractual ni contractual, por tanto, no podía ser la fundamentación de una falta en ese sentido. vii. Asimismo, frente al segundo cargo enrostrado a [NOMBRE TACHADO], no obstante que no fue desarrollado en el fallo impugnado, pero, a su vez, permite precisar la improcedencia de la segunda conducta formulada al alcalde de entonces, por la presunta comisión de la falta gravísima prevista en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, porque como supervisora del contrato de compraventa F2-F8-150-2019 probablemente no realizó un seguimiento, vigilancia y control efectivo a su ejecución., la Sala considera que el análisis probatorio que se acaba de exponer da cuenta que, por lo menos, en lo que atañe a la ejecución del negocio de adquisición de los productos agrícolas, es la citada funcionaria la que aparece firmando las actas de control de recibo a satisfacción de los bienes, y después la encargada de autorizar su destinación, Lo precedente lleva a precisar que no obra prueba que acredite en grado de conocimiento cierto, y fuera de dudas, que no ejerció sus deberes como supervisora, y en consecuencia tampoco el atribuir una falta de control y vigilancia por parte del señor [NOMBRE TACHADO]. Así, las cosas, la Sala considera que con fundamento en el artículo 14 del CGD, prevalece la presunción de inocencia, y se aplica esta normativa en el entendido que toda duda razonable se resuelve a favor de los disciplinables, lo cual trae como consecuencia que se revoque el fallo sancionatorio, y en su lugar se absuelva a los señores [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] 6.2.5 Conclusiones Analizado el expediente disciplinario, y de conformidad con lo expuesto, esta Colegiatura concluye que se no quedaron demostrados los supuestos fácticos de la formulación de cargos en el grado de conocimiento que se exige para emitir fallo sancionatorio en el artículo 160 del CGD, por tanto, se revocará la decisión apelada y, en su lugar se absolverá de los cargos endilgados a los dos investigados, por dudas respecto de la comisión de las faltas imputadas. En ese orden, este cuerpo colegiado queda relevado de emitir pronunciamiento respecto de los demás argumentos de disenso planteados por el apelante. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, VII. RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el fallo disciplinario proferido el 23 de julio de 2024 por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali frente a [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO]. En su lugar, ABSOLVERLOS de los cargos que les formularon en el auto de 26 de febrero de 2024, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los sujetos procesales –abogado y disciplinables–, por la Secretaría de la Sala, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 y siguientes del CGD, advirtiéndoles que contra esta decisión no procede recurso alguno. TERCERO: CONMINAR a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali, para que actúe con especial cuidado y apego a los procedimientos vigentes en los trámites que le corresponde adelantar, conforme a las previsiones realizadas en este proveído. CUARTO: DEVOLVER por la Secretaría de la Sala, la actuación a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali a efecto de que dicha dependencia archive el expediente, una vez efectuada la notificación, y previas las constancias y registros correspondientes. NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE GLORIA EDITH RAMÍREZ ROJAS Procuradora Delegada LIZETH YAMILE RIAÑO MENDOZA Procuradora Delegada CARLOS HUMBERTO GARCÍA PARRADO Procurador Delegado Presidente Elaboró: Liliana Guzmán Lozano (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular) Revisó: Gloria Edith Ramírez. (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular) Aprobó: Carlos Humberto García / Gloria Edith Ramírez/ Lizeth Riaño M (SDJSPEP)

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