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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: GASTO PUBLICO-Todo pago estatal requiere cumplimiento de requisitos legales

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Fecha
2026-03-25
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
5c7cdf87-b6b4-4487-830b-d3d1e186ce6d.docx

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: GASTO PUBLICO-Todo pago estatal requiere cumplimiento de requisitos legales

Regla de decisión

El reconocimiento de perjuicios derivados de relaciones no formalizadas contractualmente no puede desconocer el marco normativo imperativo, so pena de desnaturalizar el sistema de contratación pública.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

DAÑO ANTIJURIDICO-Se configura cuando el administrado sufre un perjuicio que no está obligado jurídicamente a soportar, siendo este el elemento central de la responsabilidad estatal Enfatizó que la ausencia de un contrato estatal válido no puede suplirse automáticamente mediante esta figura, pues su procedencia es excepcional y exige el cumplimiento estricto de condiciones, las cuales no se demostraron en el proceso. En ese sentido, la demandante incumplió su carga probatoria, razón por la cual no se acreditó el empobrecimiento injustificado ni el correlativo enriquecimiento estatal en los términos exigidos, lo que llevó a negar las pretensiones de la demanda Asimismo, argumentó que sí se configuran los presupuestos del enriquecimiento sin causa, particularmente en aquellos donde la administración, en ejercicio de su supremacía y ante una situación de urgencia, induce al particular a prestar servicios sin contrato formal.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

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El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.
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Texto del documento 31.420 caracteres
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-El artículo 90 de la Constitución establece una responsabilidad objetiva basada en el daño antijurídico imputable al Estado, independientemente de la ilegalidad de la conducta DAÑO ANTIJURIDICO-Se configura cuando el administrado sufre un perjuicio que no está obligado jurídicamente a soportar, siendo este el elemento central de la responsabilidad estatal CONTRATO ESTATAL-La responsabilidad del Estado en relaciones contractuales exige un análisis más estricto debido al principio de legalidad, formalidades sustanciales y cargas de diligencia del particular ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-Elementos ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-No es un mecanismo ordinario de reclamación, sino residual y restrictivo, para evitar la validación de actuaciones contrarias al régimen de contratación pública/ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-Se sustenta en el artículo 831 del Código de Comercio ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-Procede siempre que no vulneración de normas imperativas, y el simple hecho de prestar servicios o generar un beneficio al Estado no configura automáticamente responsabilidad estatal En síntesis, el análisis integral del caso permite concluir que no se encuentran acreditados los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo la figura del enriquecimiento sin causa, en tanto no se demostró la existencia de constreñimiento, urgencia jurídicamente relevante ni omisión administrativa, y se evidenció, por el contrario, una actuación voluntaria del particular al margen del régimen de contratación estatal. En consecuencia, resulta jurídicamente procedente confirmar la decisión adoptada en primera instancia. MEDIO DE CONTROL-La actio in rem verso se tramita en acción de reparación directa cuando existe coercitiva del Estado al particular, urgencia especialmente en salud u Omisión de declarar urgencia manifiesta cuando era obligatoria ACTIO IN REM VERSO-En casos de interés general o afectación de derechos fundamentales como en la prestación de salud y educación esencial GASTO PUBLICO-Todo pago estatal requiere cumplimiento de requisitos legales; reconocer pagos sin contrato vulneraría este principio VALOR PROBATORIO-No se probó imposición o coerción por parte del Estado, porque los eventos deportivos eran previsibles y panificables; no comprometían derechos fundamentales como salud o vida RIESGO ASUMIDO-Quien contrata sin formalidades legales asume un riesgo jurídico que no puede trasladar posteriormente al Estado CONCEPTO N° 066/2025 Bogotá, D. C., 25 de marzo de 2026 Señores CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C Consejero Ponente, doctor [NOMBRE TACHADO]. E. S. D. Radicación: 13001-23-33-000-2018-00499-01 (74182) Demandante: Agencia de Viajes y Turismo JN Flamingo Ltda. Demandado: Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar IDERBOL – Asociación de Ligas Deportivas de Bolívar FEDELIGAS Medio de Control: Reparación directa. Asunto: Apelación de sentencia. El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso en referencia de conformidad para solicitar confirmar la sentencia de primera instancia. Con tal propósito se exponen los siguientes argumentos. ANTECEDENTES 1.La demanda El 5 de junio de 2017, la Agencia de Viajes y Turismo JN Flamingo Ltda., a través del medio de control de reparación directa, formuló demanda contra el Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar IDERBOL – Asociación de Ligas Deportivas de Bolívar FEDELIGAS, con el propósito de que se les declare patrimonialmente responsables por el detrimento sufrido, en correlativo enriquecimiento de las citadas entidades, por concepto de gastos de servicios de suministro de tiquetes aéreos, alojamiento y alimentación. Proponiendo las siguientes pretensiones: “PRIMERA: Se DECLARE que Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar IDERBOL – Asociación de Ligas Deportivas de Bolívar FEDELIGAS, son administrativa y solidariamente responsables por el daño antijurídico, que condujo a los perjuicios materiales causados a J.N FLAMINGO LTDA, consistentes en el "suministro de tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación, eventos para deportistas, periodistas y funcionarios desde el mes de noviembre de 2015, hasta el mes de junio de 2016, relacionados en las facturas de venta numero 38752 por valor de $51.212.709, factura No. 38770 por valor de $389.921.875, factura No. 38813 por valor de $36'083.541, factura No. 38.865 por valor de $42'006.259, factura No. 38939 por valor de $1'170.037, factura No. 38982 por valor de $902.533, factura No. 39003 por valor de $100.000, y la factura No. 39074 por valor de $807.324 para diferentes rutas y eventos, por un valor total de $522'204.278. SEGUNDA: En consecuencia, de las anteriores declaraciones, y a título de INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, se ORDENE al Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar IDERBOL – Asociación de Ligas Deportivas de Bolívar FEDELIGAS, realizar el reconocimiento y pago de la suma de 522.204.278 SMMLV (SIC) a favor de la Agencia de Viajes y Turismo JN Flamingo LTDA., por concepto de servicios prestados, consistentes en el suministro de tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación y eventos para deportistas, periodistas y funcionarios desde el mes de noviembre de 2015, hasta el mes de junio de 2016, para diferentes rutas y eventos”. Fundamentó sus pretensiones en los siguientes hechos: El 1 de febrero de 2016 la Gobernación de Bolívar y el Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar IDERBOL celebraron un convenio interadministrativo orientado a la realización y promoción de actividades deportivas. En desarrollo de dicho marco institucional, entre noviembre de 2015 y junio de 2016 IDERBOL coordinó diversos eventos deportivos y promocionales en las ciudades de Bogotá y Cartagena, con la participación de deportistas, periodistas y funcionarios. Tales actividades contaron con el aval de la Asociación de Ligas Deportivas de Bolívar – FEDELIGAS y del Instituto de Deportes y Recreación de Cartagena – IDER, destacándose como evento principal el realizado el 15 de febrero de 2016 en el Hotel Sheraton de Bogotá, en el cual el gobernador de Bolívar solicitó oficialmente la sede de los XXI Juegos Deportivos Nacionales 2019. Para el desarrollo de estas actividades se requirió la expedición de múltiples pasajes aéreos y servicios logísticos, solicitados en reiteradas ocasiones entre noviembre de 2015 y mayo de 2016 por distintos funcionarios de IDERBOL y entidades vinculadas al proceso, tales como el asesor de altos logros, el coordinador de deportistas de alto rendimiento y otros funcionarios. Dichas solicitudes fueron dirigidas a la Agencia de Viajes y Turismo J.N. Flamingo Ltda., mediante correos electrónicos, comunicaciones escritas y llamadas telefónicas, para diversas rutas nacionales e internacionales y para diferentes pasajeros relacionados con los eventos deportivos y actividades institucionales. Como consecuencia de la prestación de estos servicios, la agencia expidió varias facturas entre febrero y junio de 2016, algunas a nombre de la Asociación de Ligas Deportivas de Bolívar y otras a nombre de IDERBOL, por valores significativos, sin que hasta la fecha de los hechos se hubiera efectuado el correspondiente pago. Ante la falta de cancelación de dichas obligaciones, el 19 de diciembre de 2016 la parte interesada presentó solicitud de conciliación extrajudicial, trámite que correspondió a la Procuraduría 21 Judicial II para Asuntos Administrativos. La diligencia se llevó a cabo los días 21 de febrero y 10 de marzo de 2017, culminando con la expedición de constancia de no acuerdo. Indicó que algunas facturas fueron expedidas a nombre de la Asociación de Ligas Deportivas de Bolívar por instrucciones directas de los convocados, circunstancia que se pretende demostrar dentro de la etapa probatoria del proceso. 2. Contestación de la demanda Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar Iderbol – Asociación de Ligas Deportivas de Bolívar Fedeligas. No contestaron la demanda. Departamento de Bolivar. El Departamento de Bolívar, se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que celebró un convenio interadministrativo con el Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar, IDERBOL, mediante el cual esta entidad asumió la obligación de administrar y ejecutar adecuadamente los recursos públicos destinados a la realización de actividades y eventos deportivos de interés departamental. Igualmente, indicó que en el convenio se pactó expresamente la exclusión de solidaridad jurídica frente a terceros, razón por la cual, en caso de generarse responsabilidad patrimonial o administrativa derivada de las actividades ejecutadas en desarrollo del convenio, dicha responsabilidad correspondería exclusivamente a IDERBOL como entidad ejecutora, y no al Departamento de Bolívar. 3. Sentencia El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 30 de marzo de 2023, argumentó que la sociedad Agencia de Viajes y Turismo J.N. Flamingo Ltda. promovió medio de control de reparación directa contra IDERBOL y FEDELIGAS, con el fin de que se declarara su responsabilidad por el presunto enriquecimiento sin justa causa, derivado de la prestación de servicios de transporte aéreo, alojamiento y alimentación en el marco de eventos deportivos realizados entre noviembre de 2015 y junio de 2016, por un valor aproximado de $522.204.278 Concluyó que en el caso concreto no se configuraron los presupuestos jurídicos necesarios para declarar la responsabilidad estatal por enriquecimiento sin justa causa, a pesar de que la empresa demandante acreditó la prestación de servicios. Enfatizó que la ausencia de un contrato estatal válido no puede suplirse automáticamente mediante esta figura, pues su procedencia es excepcional y exige el cumplimiento estricto de condiciones, las cuales no se demostraron en el proceso. Determinó que no existió prueba de constreñimiento por parte de la administración, ni de situaciones de urgencia o imposibilidad de contratación formal, y que, por el contrario, la actuación del particular evidenció una participación voluntaria sin respaldo contractual. En ese sentido, la demandante incumplió su carga probatoria, razón por la cual no se acreditó el empobrecimiento injustificado ni el correlativo enriquecimiento estatal en los términos exigidos, lo que llevó a negar las pretensiones de la demanda 4. Apelación Inconforme con lo decidido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia del 30 de marzo de 2023, la parte demandante presentó recurso de apelación. Solicitó revocar el fallo proferido para acceder a las pretensiones. Sostuvo que en la decisión de primera instancia que emitió el Tribunal se realizó una indebida valoración probatoria y desconoció hechos relevantes del proceso. Indicó, que se encuentra plenamente acreditado que la sociedad prestó los servicios de transporte, alojamiento y logística, que estos fueron solicitados por funcionarios de IDERBOL y que nunca fueron pagados, sin que las entidades demandadas hubieran desvirtuado tales hechos al no contestar la demanda. En ese sentido, afirmó que el fallo omitió analizar adecuadamente la conducta de FEDELIGAS y la aceptación tácita de las obligaciones, así como las pruebas que demuestran la efectiva prestación del servicio y su cuantía. Asimismo, argumentó que sí se configuran los presupuestos del enriquecimiento sin causa, particularmente en aquellos donde la administración, en ejercicio de su supremacía y ante una situación de urgencia, induce al particular a prestar servicios sin contrato formal. Señaló que los servicios comenzaron incluso antes de la suscripción del convenio interadministrativo y que fueron requeridos para garantizar la participación de deportistas en eventos ya en marcha, lo que hacía inviable adelantar un proceso contractual ordinario. En consecuencia, concluyó que existió un enriquecimiento injustificado de las entidades demandadas. II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2. PROBLEMA JURÍDICO ¿Se encuentran acreditados, a la luz de los argumentos del recurso de apelación y del acervo probatorio, los presupuestos excepcionales que permiten declarar la responsabilidad del Estado por enriquecimiento sin causa, pese a la inexistencia de contrato estatal? 3. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO El artículo 90 de la Constitución Política erige el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un criterio objetivo, en tanto dispone que este deberá responder por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Esta cláusula general ha sido interpretada por el Consejo de Estado en el sentido de que la responsabilidad estatal no depende exclusivamente de la ilegalidad de la conducta, sino de la producción de un daño antijurídico, entendido como aquel que el administrado no está en la obligación jurídica de soportar. No obstante, en el ámbito específico de las relaciones económicas con el Estado y particularmente en materia de contratación estatal la imputación del daño exige un análisis reforzado, en la medida en que dicha actividad se encuentra regida por estrictos principios de legalidad, sometida al cumplimiento de formalidades sustanciales para la existencia y validez del contrato estatal, y, además, el ordenamiento jurídico impone a los particulares que contratan con la administración especiales cargas de diligencia y previsión. Así, el reconocimiento de perjuicios derivados de relaciones no formalizadas contractualmente no puede desconocer el marco normativo imperativo, so pena de desnaturalizar el sistema de contratación pública. La Ley 80 de 1993, autoriza expresamente la remisión al derecho privado, en aquellos casos no regulados en dicha disposición, como ni en el derecho civil ni en el derecho administrativo se ha regulado la figura del enriquecimiento sin causa, pero sí lo ha hecho el Código de Comercio en su artículo 831, es por lo que se debe acudir a dicha disposición a afectos de dar solución al problema jurídico así: “Artículo 831. Enriquecimiento sin justa causa. Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, fijó su posición jurídica en torno a la acción in rem verso o enriquecimiento sin causa, señalando que, el proceso para adelantarlo era la acción de reparación directa, que se aplica de manera excepcional o residual, ya que en la mayoría de casos está ligada a la transgresión de las normas de contratación pública, supeditándolo además de los requisitos del enriquecimiento sin causa a la ocurrencia de una de estas tres hipótesis: “a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. “b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. “c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993. “El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa y de la actio de in rem verso, en estos casos excepcionales deberá ir acompañada de la regla según la cual, el enriquecimiento sin causa es esencialmente compensatorio y por consiguiente el demandante, de prosperarle sus pretensiones, sólo tendrá derecho al monto del enriquecimiento. Ahora, de advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la misma providencia que resuelva el asunto, deberá cumplir con la obligación de compulsar copias para las respectivas investigaciones penales, disciplinarias y/o fiscales” (…)”. No obstante lo anterior, el Consejo de Estado también ha aceptado la declaratoria de enriquecimiento por fuera de las anteriores causales, de manera excepcional y por razones de interés público o general resultaría procedente la actio de in rem verso, cuando del estudio caso por caso y de la realidad de los acontecimientos, se ha dado la razón a las inquietudes que en su momento fueron presentadas en los salvamentos de voto a la providencia de unificación, al punto de que se ha aplicado la prohibición del enriquecimiento sin causa en un asunto en el que se consideró que estaba en juego otro derecho fundamental distinto a la salud, como lo es la educación. Con todo, recientemente la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido los requisitos para su reconocimiento. Para que proceda la declaratoria de enriquecimiento sin causa es necesario que se presente: 1) un enriquecimiento, esto es, una ventaja patrimonial; 2) un correlativo empobrecimiento; 3) la ausencia de una causa que justifique el desequilibrio patrimonial; 4) que el afectado no cuente con otra acción; consideraciones a las que se suma un requisito de recepción más tardía y de aceptación menos pacífica, consistente en que, con su configuración, 5) no se pretenda soslayar una disposición imperativa de la ley. Análisis del Caso Concreto En el asunto objeto de estudio, la sociedad demandante sostuvo que sufrió un detrimento patrimonial como consecuencia de la prestación de servicios logísticos consistentes en la expedición de tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación y organización de eventos para deportistas, periodistas y funcionarios, durante el período comprendido entre noviembre de 2015 y junio de 2016, por un valor aproximado de $522.204.278, sin que tales servicios hubiesen sido remunerados por las entidades demandadas. A partir de dicha circunstancia, la actora pretende estructurar un supuesto de enriquecimiento sin causa imputable a IDERBOL y FEDELIGAS, por lo que solicitó el reconocimiento económico correspondiente. Sin embargo, para el Ministerio Público, la simple acreditación de la prestación de servicios y la eventual existencia de un beneficio para la administración no resulta suficiente para estructurar responsabilidad estatal bajo la figura invocada. En efecto, conforme a la línea jurisprudencial pacífica y reiterada del Consejo de Estado, el enriquecimiento sin causa en el ámbito de las relaciones con el Estado constituye un mecanismo excepcional de restablecimiento patrimonial, cuya procedencia se encuentra sujeta a estrictos requisitos, orientados estos a preservar el principio de legalidad en la contratación pública y evitar la convalidación de actuaciones irregulares o al margen del ordenamiento jurídico. El Consejo de Estado ha precisado que dicha figura “no puede convertirse en un mecanismo ordinario para obtener el pago de prestaciones ejecutadas sin contrato estatal”, siendo su aplicación de carácter eminentemente restrictivo. Bajo esta premisa, el análisis del caso debe partir del examen de la imputación jurídica del daño alegado. Si bien es cierto que en el expediente obran elementos que dan cuenta de la existencia de solicitudes de servicios por parte de funcionarios de IDERBOL, principalmente a través de correos electrónicos y comunicaciones informales, así como de la efectiva prestación de dichos servicios por parte de la sociedad demandante, lo cierto es que tales circunstancias, por sí solas, no permiten concluir que la administración haya generado, en términos jurídicos, el daño cuya reparación se pretende. En efecto, no se encuentra acreditada la existencia de una conducta estatal dotada de fuerza obligatoria o coercitiva que hubiese impuesto al particular la ejecución de las prestaciones sin respaldo contractual. En este orden de ideas, no se configura en el presente caso una falla del servicio, en tanto no se evidencia una actuación irregular, omisiva o contraria al ordenamiento jurídico atribuible a las entidades demandadas. Por el contrario, la situación fáctica expuesta tiene origen en la conducta del particular, quien decidió prestar los servicios sin el cumplimiento de las formalidades propias de la contratación estatal, lo que excluye la posibilidad de estructurar un título de imputación en cabeza de la administración. Por el contrario, el acervo probatorio permite inferir que la sociedad demandante actuó de manera libre y voluntaria, accediendo a suministrar los servicios requeridos sin exigir previamente la formalización de un contrato estatal, sin verificar la existencia de disponibilidad presupuestal y sin adoptar las medidas mínimas de diligencia que le eran exigibles en su condición de agente económico que interactúa con la administración pública. Esta circunstancia resulta determinante, en la medida en que el enriquecimiento sin causa no puede erigirse en un mecanismo para trasladar al Estado las consecuencias derivadas de la conducta imprudente o negligente del particular. En este contexto, debe resaltarse que aceptar el reconocimiento económico en eventos como el presente implicaría desconocer el principio de legalidad del gasto público, en virtud del cual toda erogación estatal debe estar precedida del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales propios de la contratación estatal. Admitir lo contrario supondría avalar la consolidación de relaciones de hecho al margen del ordenamiento jurídico, desnaturalizando el régimen de contratación pública y vaciando de contenido las exigencias de planeación, selección objetiva y formalización contractual. En este orden de ideas, resulta imperativo analizar si en el presente caso se configuró alguna de las hipótesis excepcionales que habilitan la procedencia de la actio in rem verso. En relación con la primera de ellas, referida al constreñimiento derivado del ejercicio del poder de imperio del Estado, el Ministerio Público advirtió que la parte apelante fundamenta su argumento en la supuesta “supremacía” de la entidad pública y en la presión que esta habría ejercido para la prestación de los servicios. No obstante, indicó que carece de sustento probatorio suficiente, en tanto no se acreditó la existencia de actos concretos de imposición, coerción o amenaza que hubiesen restringido la libertad de decisión del particular. Debe precisarse que la posición de supremacía del Estado frente a los particulares es una característica inherente al ejercicio de la función administrativa, pero ello no implica, de manera automática, la configuración de un constreñimiento jurídicamente relevante. Para que esta hipótesis se configure es necesario demostrar que la administración utilizó su poder de autoridad para imponer la ejecución de prestaciones, sin que el particular tuviera la posibilidad real de abstenerse o de exigir el cumplimiento de las formalidades legales. En el caso sub examine, no se evidencia que la sociedad demandante hubiese sido colocada en una situación de subordinación tal que le impidiera actuar conforme al ordenamiento jurídico; por el contrario, su conducta revela una participación activa y voluntaria en la ejecución de los servicios, lo cual excluye la configuración de esta hipótesis excepcional. En cuanto a la segunda hipótesis, relativa a la existencia de una urgencia objetiva, grave e inaplazable, el Ministerio Público observó que la parte demandante invocó la necesidad de garantizar la participación de deportistas en eventos competitivos como justificación de su actuación. Sin embargo, esta circunstancia, aun cuando puede considerarse relevante desde una perspectiva fáctica o administrativa, no satisface los estrictos criterios establecidos por la jurisprudencia para configurar una urgencia en sentido jurídico. En efecto, no se acreditó que la situación comprometiera derechos fundamentales como la vida o la salud, ni que existiera una imposibilidad absoluta de adelantar un proceso de contratación conforme a los procedimientos legales. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los eventos deportivos, por su propia naturaleza, son actividades susceptibles de planificación previa, lo cual excluye la existencia de una situación imprevisible o extraordinaria que justifique la omisión de las formalidades contractuales. En este sentido, la eventual falta de planeación por parte de la administración no puede ser invocada como fundamento para trasladar al Estado las consecuencias de la ejecución de servicios sin contrato, pues ello implicaría desnaturalizar el régimen de contratación estatal y validar prácticas contrarias al principio de legalidad. En lo que respecta a la tercera hipótesis excepcional, consistente en la omisión de la declaratoria de urgencia manifiesta cuando esta resulta legalmente obligatoria, el análisis del expediente no permite establecer la existencia de un deber jurídico incumplido por parte de la administración en este sentido. No se aportó prueba alguna que evidencie que la entidad demandada estuviera en la obligación de declarar la urgencia manifiesta, ni que hubiese omitido dicha actuación en un contexto que lo exigiera. En consecuencia, esta hipótesis tampoco resulta aplicable al caso concreto. Superado el análisis de las hipótesis excepcionales, corresponde examinar los elementos estructurales del enriquecimiento sin causa. En relación con el enriquecimiento, si bien podría admitirse que las entidades demandadas obtuvieron un beneficio derivado de los servicios prestados, lo cierto es que dicho beneficio no puede calificarse como injusto o carente de causa jurídica en los términos exigidos por la jurisprudencia. Ello obedece a que el desplazamiento patrimonial alegado no se originó en una actuación ilegítima de la administración, sino en la decisión autónoma del particular de ejecutar prestaciones sin contar con un soporte contractual válido. Por su parte, el empobrecimiento alegado por la sociedad demandante tampoco puede ser considerado jurídicamente relevante en los términos de la actio in rem verso, en la medida en que no se trata de un sacrificio impuesto por la administración, sino de una consecuencia derivada de la asunción voluntaria de riesgos por parte del particular. En efecto, quien decide interactuar con el Estado sin observar las formalidades legales mínimas asume un riesgo jurídico que no puede ser posteriormente trasladado a la administración bajo el argumento de un supuesto enriquecimiento injustificado. En este punto, resulta pertinente destacar que la ausencia de contrato no implica, por sí sola, la inexistencia de causa jurídica. La causa del desplazamiento patrimonial puede radicar en la propia conducta del actor, quien, en ejercicio de su autonomía privada, decidió prestar los servicios sin contar con las garantías jurídicas necesarias. En tal sentido, no se configura un enriquecimiento sin causa, sino una situación derivada de la inobservancia de las reglas que rigen la contratación estatal, lo cual excluye la procedencia de la pretensión restitutoria. En cuanto a la carga de la prueba, el Ministerio Público advirtió que la parte demandante no cumplió con el deber procesal de acreditar los supuestos fácticos que sustentan sus pretensiones. En particular, no se aportaron elementos de convicción que permitan inferir la existencia de gestiones precontractuales, expectativas legítimas de contratación o actuaciones administrativas encaminadas a formalizar un vínculo jurídico. Tal como lo señaló el Tribunal, no existe en el expediente ningún soporte que permita siquiera suponer que se estaba adelantando un proceso contractual, lo cual evidencia una falencia probatoria significativa. Sobre este aspecto, el Consejo de Estado ha sido claro en señalar que corresponde al demandante acreditar de manera estricta los presupuestos del enriquecimiento sin causa, sin que sea posible relevarlo de dicha carga. Esta falencia probatoria resulta determinante, en tanto impide desvirtuar la presunción de legalidad de la actuación administrativa y, por ende, excluye la posibilidad de estructurar responsabilidad estatal. En efecto, en ausencia de prueba suficiente sobre los supuestos excepcionales que habilitan la procedencia del enriquecimiento sin causa, no es posible trasladar al Estado las consecuencias derivadas de la inactividad o insuficiencia probatoria de la parte actora. Finalmente, en relación con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el Ministerio Público considera que estos no tienen la entidad suficiente para desvirtuar la decisión de primera instancia. La falta de contestación de la demanda por parte de las entidades accionadas no exonera al demandante de su carga probatoria, especialmente en asuntos que requieren la acreditación rigurosa de supuestos excepcionales. De igual forma, la invocación del principio de buena fe no resulta idónea para legitimar la ejecución de prestaciones sin contrato ni para generar un derecho automático al reconocimiento económico, en la medida en que dicho principio no puede ser utilizado para desconocer normas imperativas del ordenamiento jurídico. En síntesis, el análisis integral del caso permite concluir que no se encuentran acreditados los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo la figura del enriquecimiento sin causa, en tanto no se demostró la existencia de constreñimiento, urgencia jurídicamente relevante ni omisión administrativa, y se evidenció, por el contrario, una actuación voluntaria del particular al margen del régimen de contratación estatal. En consecuencia, resulta jurídicamente procedente confirmar la decisión adoptada en primera instancia. III. CONCLUSIONES El Ministerio Público considera que no se acreditaron los presupuestos excepcionales del enriquecimiento sin causa, ni la imputación de un daño antijurídico al Estado, evidenciándose que la parte actora actuó sin respaldo contractual y bajo su propio riesgo. En consecuencia, solicita CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda. Con la consideración y respeto debido, cordialmente, SILVANO GÓMEZ STRAUCH Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa SGS/CDAD

Fuente original

https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory