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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: afirmó que no procede la declaración de responsabilidad

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Fecha
2025-07-07
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 6: PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202512191551460.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: afirmó que no procede la declaración de responsabilidad

En resumen

CONTRATO ESTATAL-Sobre su equilibrio económico o financiero según jurisprudencia del Consejo de Estado Por consiguiente, no se encuentra demostrada la certeza del perjuicio que se reclama, ni que la erogación en la cual pudo incurrir el proyecto durante el periodo objeto de debate constituyera una excesiva onerosidad que deba ser restablecida por la entidad contratante. Que, durante su ejecución el contrato presentó solo una adición presupuestal de $2.712.877.846, de suerte que, el valor total fue de $8.784.771.830. Que, en el contrato se pactó la formación del valor con base en precios unitarios, para el cual no se convino formula de reajuste de precios, situación que en el momento de la propuesta y suscripción el contratista asumió tales condiciones.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011
  • Resolución 1441 de 2013

Puntos que trata

  • Controversias contractuales: Contra Hospital Universitario de Santander-Hus por ruptura del equilibrio económico del contrato 530 de 2013, sus adiciones y modificaciones
  • Contrato estatal: Sobre su equilibrio económico o financiero según jurisprudencia del Consejo de Estado
  • Contrato: Frente al tiempo que estuvo suspendido no puede predicarse una mayor permanencia en obra lo que significa que no se prolongó el período contractual
  • Pruebas obrantes: No son suficientes para acreditar la existencia del perjuicio económico alegado por demandante

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Equilibrio económico del contrato

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Texto del documento 52.962 caracteres
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Contra Hospital Universitario de Santander-Hus por ruptura del equilibrio económico del contrato 530 de 2013, sus adiciones y modificaciones CONTRATO ESTATAL-Sobre su equilibrio económico o financiero según jurisprudencia del Consejo de Estado CONTRATO-Frente al tiempo que estuvo suspendido no puede predicarse una mayor permanencia en obra lo que significa que no se prolongó el período contractual …..estima el Ministerio Público que, respecto del tiempo en que estuvo suspendido el contrato no puede predicarse una mayor permanencia en obra, en tanto que, no existió una prolongación en el tiempo de la ejecución pactada; esto es, si bien existió una suspensión del contrato, la misma no significa que se haya prolongado el período contractual, toda vez que, dicho plazo convenido siempre fue de seis (6) meses y se ejecutó de tal manera. Así, ese lapso en que duró la suspensión, si bien es cierto daría la apariencia de una extensión del tiempo de duración del contrato, no puede interpretarse de esta forma, por cuanto, la suspensión es un período que no se tiene en cuenta para la ejecución, pues en ese término no es posible hacer exigible las obligaciones, lo que de suyo implica que, tampoco avanza o continúa corriendo el plazo contractual. PRUEBAS OBRANTES-No son suficientes para acreditar la existencia del perjuicio económico alegado por demandante Bajo esa línea, adicionalmente, como la parte actora solicita que se reconozcan dichos extracostos en el marco del equilibrio económico del contrato, a la certeza del detrimento económico debe añadir la existencia de una onerosidad excesiva que exceden los riesgos normales previsibles dentro del desarrollo de la obra, que desborda el álea normal del contrato. Pues bien, revisando las pruebas aportadas al expediente, la certeza del perjuicio económico se pretendió construir sobre pruebas documentales como las reclamaciones económicas presentadas ante la contratante las cuales acompañó de las actas de suspensión y reinicio, los contratos adicionales y sus justificaciones, cuadros ICCV e IPC y cálculos aritméticos de actualización del proyecto, la liquidación del contrato y el acta de recibo final. CONTRATISTA-No se demostró que haya incurrido en sobrecostos en el sub examine En otras palabras, en lo que respecta a los sobrecostos no hay evidencia en el expediente que, durante ese interregno de ampliación como de mayor permanencia, el contratista haya incurrido en costos mayores a los ya aceptados con el valor fijo del contrato. Por consiguiente, no se encuentra demostrada la certeza del perjuicio que se reclama, ni que la erogación en la cual pudo incurrir el proyecto durante el periodo objeto de debate constituyera una excesiva onerosidad que deba ser restablecida por la entidad contratante. RECURSO DE APELACIÓN-No prosperó al no lograrse probar el desbalance de la ecuación contractual que implicara ampliación del contrato de obra por actividades ejecutadas durante el plazo suspendido y adicionado/CONTRATO-No se probó el desequilibrio económico de este PROCURADURÍA DELEGADA DE INTERVENCIÓN 6: PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Concepto No 100 / 2025 Bogotá, D. C., 7 de julio de 2025 Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Consejero Ponente Dr.: ALBERTO MONTAÑA PLATA E. S. D. Radicación: 680012333000-2023-00393-01 (72780) Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011) Demandante: Consorcio ESE HUS Urgencias Demandado: ESE Hospital Universitario de Santander El Ministerio Público, dentro del término para alegar de conclusión, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia, respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander. ANTECEDENTES 1.1. Síntesis de la demanda 1. El Consorcio ESE HUS Urgencias (en adelante el consorcio), en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda contra el ESE Hospital Universitario de Santander – HUS, para obtener las siguientes declaraciones y condenas: “DECLARATIVAS. PRIMERA: Que se declare que por hechos y omisiones imputables HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-HUS, o en su defecto, no imputables al contratista, se presentó y persiste en perjuicio del CONSORCIO ESE HUS, la ruptura del equilibrio económico del Contrato No. 530 de 2013, sus adiciones y modificaciones, de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho que se presenten en esta demanda. SEGUNDA: Que se declare que hubo por parte del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, en la ejecución del contrato 530 de 2013, suscrito con el CONSORCIO ESE-HUS, hechos que generan daños y perjuicios resarcibles a los miembros de esta última, y en consecuencia se ordene al Hospital que restablezca económicamente las situaciones que afectaron el patrimonio del contratista. TERCERA: Que en virtud de las pretensiones anteriores, se declare que por el acontecimiento de hechos imprevisibles e irresistibles para las partes contractuales, y otros atribuibles al contratante, se generaron diversas circunstancias contractuales que trastocaron la normal ejecución del Contrato 530 de 2013, produciendo una perdida en el valor y precio del contrato, déficit o pérdidas al contratista y la imposibilidad de recibir las utilidades esperadas por dicho rompimiento al equilibrio económico del contrato. DE CONDENA. PRIMERA: Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, a favor de los integrantes del CONSORCIO ESE HUS, representados por mi poderdante, al reconocimiento y pago de perjuicios materiales así: • Por concepto de DAÑO EMERGENTE La suma de SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($722.612.746) por concepto de mayores cantidades de obra ejecutada y representados en la obra recibida a satisfacción en perjuicio de mi poderdante durante la ejecución de la obra, así como los valores que se logren probar en el proceso. • Que la suma anterior sea indexada desde el 29 de junio de 2022, la fecha, fecha en la que se presentó la solicitud de reconocimiento y liquidación actualizada al hospital con oficio CON-HUS-020-118 de 29 de junio de 2022 y que NO fue contestado por parte de la parte convocada. • Por concepto de LUCRO CESANTE La suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 3.285.562.157), representados en la obra recibida a satisfacción en detrimento de mi poderdante por concepto de ajuste por la pérdida de valor y del precio contractual en los costos directos e indirectos y AIU causados durante las suspensiones y/o prórrogas ocurridos durante la ejecución de la obra, así como los valores que se logren probar en el proceso por la no actualización de precios en perjuicio de los derechos del CONSORCIO por hechos atribuibles al contratante y otros imprevisibles e irresistibles al contrato y a las partes. • Que la suma anterior sea indexada desde 02 de septiembre del 2021, a la fecha, fecha en la que se presentó la solicitud de reconocimiento y la liquidación actualizada al hospital con oficio CON-HUS-020-101 de 02 de septiembre de 2021 y que NO fue contestado por parte de la parte convocada SEGUNDA: Que el valor de las condenas aquí señaladas, sean actualizadas al ejecutoriarse la sentencia con base en la variación porcentual del I.P.C., la liquidación de los respectivos intereses moratorios y la fórmula establecida por la Jurisprudencia de la Sección 3ª del Honorable CONSEJO DE ESTADO. Lo anterior, para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (Art. 187 Ley 1437 de 2011). TERCERA: Que la Sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda, se le dé cumplimiento en los términos del capítulo VI de la Ley 1437 de 2011. CUARTA: Que se condene al demandado, al pago de las costas y agencias en derecho, de conformidad con las disposiciones legales vigentes al momento de proferirse sentencia que ponga fin al presente proceso.” 1.1. Como sustento de sus pretensiones adujo, en resumen, que se suscribió entre las partes en litigio el contrato 530 de 2013 con el objeto de construir la central de urgencias del Hospital, donde se pactó como tiempo de ejecución el de 6 meses, con fecha de acta de inicio el 31 de diciembre de 2013 y un valor inicial de $6.071.893.984, en la vigencia 2013. 1.2. Que, durante su ejecución el contrato presentó solo una adición presupuestal de $2.712.877.846, de suerte que, el valor total fue de $8.784.771.830. Que, igualmente tuvo adiciones de plazo para un total de 39 meses y 6 días adicionales, así como suspensiones y reinicios por un lapso total de 4 años 2 meses y 14 días, como da fe el acta de liquidación. 1.3. Que, el consorcio a través de Oficios CON-HUS-020-086 de 09 de julio de 2021 y CON-HUS-020-101 de 02 de septiembre de 2021 solicitó la actualización de precios del contrato y el equilibrio económico, sin recibir respuesta al respecto. 1.4. Que, la obra contratada terminó el 3 de septiembre de 2021 y por Oficio CON-HUS-020-118 de 29 de junio de 2022 la parte demandante solicitó el pago de mayores cantidades de obra, pero la entidad demandada tampoco contestó esta petición. 1.5. Que, el contrato fue liquidado de manera bilateral el día 28 de septiembre de 2022 sin salvedades por el Hospital, pero con salvedades por parte del consorcio, pues a lo largo de la ejecución contractual no se actualizaron los precios de ítems y servicios pactados. 1.6. Que, conforme a ello desde el principio de la obra y durante su ejecución, se presentaron varias situaciones extraordinarias que conllevaron a modificar los alcances del objeto del contrato, afectándose la construcción y el plazo inicial estimado, lo que ocasionó sobrecostos en la ejecución de todas las actividades y no había sido convenido contractualmente. 1.7. Que, la entidad contratante fue quien causó todas las suspensiones del contrato (exceptuando una), las cuales derivaron en el rompimiento del equilibrio económico del contrato por el transcurso del tiempo y aumento e inflación de los costos, materiales y servicios, así como los costos que tuvo que asumir el contratista en los momentos en los que, si bien se suspendió la ejecución de la obra, existían costos y labores administrativas que el consorcio tenía que continuar solventando para mantener la obra y su vigencia administrativa. 1.8. Que, hubo una indebida planeación ya que los diseños de la obra tuvieron que ser ajustados mientras se ejecutaba, por lo que, tuvo que ajustarse el alcance de la construcción con miras a ampliar la sede del servicio de urgencias. Además, que el Hospital no garantizó el trabajo a doble jornada ni habilitó espacios para el impacto de la obra por necesitarlos para prestar a su vez el servicio de urgencias. 1.9. Que, finalmente existió un hecho de fuerza mayor por la pandemia del COVID-19, así como también, modificaciones normativas (cambio del reglamento técnico de instalaciones eléctricas-RETIE) que impactaron la ejecución contractual, pero que no estaba en la obligación de soportar como contratista. 1.2. Síntesis de la contestación y el llamamiento en garantía 2. El Hospital Universitario de Santander – HUS contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, en tanto que, no se demostró que se tuviera que asumir gastos distintos a los pactados inicialmente y que fueron adicionados durante la ejecución del contrato por valor de $8.784.771.830. 2.1. Que, pese a entregarse la obra años después del plazo inicial, ello no acredita el desequilibrio pretendido, máxime cuando el balance final del contrato quedó un saldo a favor del Hospital. Además, expresó que si bien no existe de manera expresa una actualización de precios de ítems o servicios prestados, lo cierto es que el contratista no solicitó variar el valor inicialmente pactado, previo a la ejecución contractual, como lo ordena el código de comercio en contrataciones regidas por el derecho privado como sucede con las Empresas Sociales del Estado. 2.2. Que, en el contrato se pactó la formación del valor con base en precios unitarios, para el cual no se convino formula de reajuste de precios, situación que en el momento de la propuesta y suscripción el contratista asumió tales condiciones. De igual manera que, la modificación del plazo ante las diversas suspensiones tuvo lugar por circunstancias como la interventoría celebrada por el Departamento de Santander, del contratista con los proveedores, de los organismos de control y vigilancia, así como la pandemia del COVID-19 en los años 2020 y 2021. 2.3. Que, las peticiones del contratista ponían en conocimiento el presunto desequilibrio económico, pero nunca una solicitud expresa a la que tuviere que dársele respuesta. Sin embargo, concluyó que no se probó la ruptura de la ecuación económica pues se sustenta en la indexación de los precios unitarios, teniendo como factor de referencia la variación del IPC so pretexto únicamente del paso del tiempo y no en un estudio serio del mercado sobre los incrementos en costos y gastos. 3. El llamado en garantía Previsora SA Compañía de Seguros reconoció la existencia de la póliza de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos No. 1014547, pero precisó que su objeto está por fuera de lo pretendido en esta demanda, por lo que, solicitó denegarlas al no estructurarse los elementos del daño alegado. Además, puntualizó que la póliza funciona bajo el sistema de claims made, esto es, que la realización del riesgo asegurado es la presentación de una reclamación por parte del tercero afectado al asegurado o asegurador y es esta la que vincula a la póliza que se pretende afectar y que debe presentarse durante su vigencia, lo cual no ocurrió, porque la reclamación (notificación al llamado) se presentó después del 16 de marzo de 2024 (fecha de vigencia de la póliza). 4. El llamado en garantía AXA Colpatria Seguros SA reconoció la póliza global No. 3000707 expedida por LA PREVISORA y que cuenta con un coaseguro con un porcentaje de 33% pero aclara que tiene como objeto proteger al asegurado de las pérdidas ocasionadas por la comisión de delitos contra la administración pública cometidos por sus funcionarios, más no frente a la responsabilidad civil contractual y extracontractual. En todo caso, afirmó que no procede la declaración de responsabilidad, debido a que no existió ruptura del equilibrio económico del contrato No. 530 de 2013. 1.3. La sentencia de primera instancia 5. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 21 de noviembre de 2024, decidió negar las súplicas de la demanda. Para el efecto, planteó como problema jurídico los siguientes interrogantes: “PJ.1. ¿Hay lugar a declarar que se presentó ruptura del equilibrio económico del contrato N° 530 de 2013 sus adiciones y modificaciones, por el acontecimiento de hechos imprevisibles e irresistibles para las partes contractuales, y otros atribuibles al contratante produciendo una pérdida en el valor y precio del contrato, déficit o pérdidas al contratista y la imposibilidad de recibir las utilidades esperadas? PJ.2. En consecuencia, ¿Se debe condenar al Hospital Universitario de Santander a restablecer económicamente las situaciones que afectaron el patrimonio del contratista, a saber: a. Como daño emergente: la suma de $722.612.746 por concepto de mayores cantidades de obra ejecutada y representados en la obra recibida a satisfacción, o el mayor que se logre probar. b. Como lucro cesante: la suma de $ 3.285.562.157, representados en la obra recibida a satisfacción en detrimento del demandante por concepto de ajuste por la pérdida de valor y del precio contractual en los costos directos e indirectos y AIU causados durante las suspensiones y/o prórrogas ocurridas durante la ejecución de la obra, así como los valores que se logren probar en el proceso por la no actualización de precios. c. La indexación de las anteriores sumas desde la fecha en que se presentó la solicitud de reconocimiento y liquidación actualizada al Hospital y que no fue contestada (29 de junio de 2022 y 02 de septiembre de 2021, respectivamente) P.J.3. ¿Hay lugar a condenar a AXA COLPATRIA o a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, o a ambos, en calidad de llamados en garantía del Hospital Universitario de Santander?” 5.1. A partir de ello, la tesis del a quo se sustentó en que la parte actora no demostró, por un lado, que la equivalencia entre derechos y obligaciones hubiese sido alterada en el sentido de generarle una afectación grave a la economía del contrato (rompimiento del equilibrio económico); y, de otro, que se hayan dado la ejecución de obras distintas a las pagadas por el HUS, ni que asumió sobrecostos durante el mayor tiempo de ejecución del contrato y que no se pagaron ni estaban incluidos (mayores cantidades de obra). Esto estimó la primera instancia, a partir de su análisis probatorio: “(...) 1. Sobre el rompimiento del equilibrio económico del contrato (...) En ese sentido, sobre el reconocimiento y pago del IPC por ampliación del plazo, la Sala considera que no procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, porque el demandante no probó cuál era la ecuación económica resultante de la celebración de las prórrogas, suspensiones y adiciones al contrato principal, ni de qué manera se vio alterada durante su ejecución. (...) Después de examinar el contenido de los documentos previos como del propio contrato, encuentra la Sala que la demandante, para presentar su propuesta tuvo oportunidad de conocer la información tanto técnica como jurídica, necesaria para estructurar una oferta seria que no solo se ajustara a la realidad en términos económicos, sino a la realidad de las obras a ejecutar, dentro de la cual contaba con un margen amplio de acción, precisamente, para que la propuesta presentada lograra la culminación del proyecto de construcción de la sala de urgencias del HUS. De esta manera y aunque el demandante alegue que, estando en ejecución, el contrato el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 2003 del 28 de mayo de 2014 que derogó la Resolución 1441 de 2013, la cual actualizó los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de salud, lo que conllevó a que la Oficina de calidad del HUS propusiera revisar y ajustar los diseños del Contrato 530 para obtener la habilitación de los servicios en salud, lo cierto es que, según la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, la parte afectada debe demostrar que, aunque el acto de carácter general no tenga por objeto directo el contrato, sí afecta la equivalencia de prestaciones porque torna más oneroso su cumplimiento. En oposición, y para contrarrestar esta situación, el HUS alega que el adicional en dinero por la suma de $2.712.877,845 fue una suma debidamente desembolsada al contratista y que resulta suficiente, según lo pedido y probado en el curso del contrato. A juicio de la Sala, esa suma se encuentra debidamente soportada en el acta Adicional N° 02 en valor y en plazo donde se reconoció la ejecución de cantidades adicionales por concepto, entre otros, de modificación en las áreas de reanimación, salas de procedimiento, de traumas, salas era, áreas de trabajo sucio, de trabajo limpio, ropa limpia, ropa sucia, baños, personal, estaciones de enfermería, mayor cantidad de lavamanos quirúrgicos, mesones en acero inoxidable, lámparas de yeso, mayor cantidad de tomas de gases y tomas de aire de vacío. Frente al plazo, quedó en 14 meses y 15 días. De esta manera, la Sala considera que, en este caso, aunque existió una relación de causa-efecto entre la expedición del acto y un incremento de los costos del contrato, el HUS reparó la carga económica directa que el acto expedido por el Ministerio impuso sobre el contrato, por lo que, era deber del demandante probar que la suma pagada resultó insuficiente, toda vez que los costos por los que se adquirieron dichos insumos habrían desbordado las proyecciones esperadas y, en consecuencia, se habría generado una mayor onerosidad en la ejecución del proyecto. Sumado a lo anterior y tal como se señaló en párrafo anterior, la comprobación, por sí sola, del paso del tiempo y las prórrogas o adiciones que mantuvieron vigente el contrato hasta el año 2022, no acredita que, para el caso concreto, se hubiera producido un desequilibrio contractual, pues para demostrar el impacto que generó en la economía del negocio jurídico, era indispensable explicarse y demostrarse su incidencia real para demostrar así el alegado rompimiento del equilibrio económico del contrato, lo cual no ocurrió. Es decir, era carga de la parte argumentar y probar de manera fehaciente cuál era la ecuación contractual inicial, detallar los costos y beneficios acordados inicialmente, cómo se alteraron las condiciones económicas del contrato, cómo estas afectaron su capacidad para cumplir sus obligaciones y cuál fue el perjuicio para así demostrar el impacto económico real y significativo en la ejecución del contrato. Sin embargo, al expediente no se aportó prueba alguna que ilustre claramente el grado de alteración en el equilibrio económico, a saber, análisis financieros o proyecciones, que evidencien el impacto negativo en la ejecución del contrato. (...) 2. De la alteración de las condiciones del contrato A juicio de la Sala, la entidad contratante no fue cuidadosa en la proyección de la propuesta y la elaboración de los pliegos de condiciones y esto conllevó a que se presentaran cambios en las condiciones del contrato. (...) Es decir, el HUS adelantó la licitación pública para construir la central de urgencias sin realizar una debida planeación porque no reparó en que el servicio de urgencias debía continuar prestándose al margen de la obra y so pretexto de su ininterrupción, sacrificó los espacios y los tiempos de construcción, para cambiar la programación de los trabajos (modificación de los turnos) lo cual, necesariamente, afectó la proyección en tiempo para realizar las labores de construcción. (...) Sin embargo, la Sala lo pone de presente desde ya, el contratista no dejó salvedades en ninguna de las actas de suspensión, prórroga o adición del contrato, y que invoca como sustento de la presente reclamación. No fue sino hasta la liquidación del contrato que dejó las salvedades en la respectiva acta, tal como se detalló en el hecho probado 6.10. (...) Por lo tanto; son dos aspectos que sustentan la mayor permanencia en la obra: i) la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, porque el Hospital modificó las condiciones frente al horario en que se podían llevar a cabo las labores de construcción y ii) por la necesidad de ejecutar ítems adicionales, que fueron identificados en el balance de mayores cantidades de obra. (...) A juicio de la Sala, el alcance de lo acordado previamente por las partes en cada modificación contractual frente al cambio del horario quedó definido en esas actas, es decir, las partes acordaron modificar el horario y adecuarlo para garantizar una eficiente y segura prestación del servicio de salud, de manera que no puede ahora el contratista invocar a su favor la decisión de la que formó parte para así formular una reclamación al Hospital sobre este punto. (...) No se desconoce qué, la ampliación del plazo puede aumentar los valores de la estructura de costos –administrativos, de personal y equipos– prevista inicialmente por el contratista, pero el contratista consintió esa mayor permanencia, no la reclamó al Hospital y ahora en sede judicial, no acreditó los sobrecostos reales en que incurrió, no siendo dable suponerlos. Sobre el segundo aspecto, revisado el adicional N° 02 en valor y plazo al Contrato, la Sala encuentra que el Hospital reconoció un adicional en dinero por la suma de $2.712.877,845 debido a las modificaciones que por reglamentación legal hubo que aplicar al proyecto, así como por la ampliación del área a intervenir, que motivó a que las cantidades de obra aumentaran y aparecieran ítems no previstos. En el acta se señalaron y detallaron cuáles eran esos ítems, dentro de los que destaca: carpintería, demoliciones, enchapes, cielos rasos, morteros, tuberías, conductos, filtros, termostatos, rejillas, válvulas, entre otros. No obstante, los ítems reclamados por el contratista en la liquidación del contrato difieren de los ya reconocidos como adicionales en la ejecución contractual y fueron recibidos a entera satisfacción por el Hospital, tal como se dejó constancia en el acta de liquidación bilateral. Es decir, las salvedades recaen sobre el pago de costos por ítems no previstos efectivamente ejecutados. Para que sea procedente la condena de la entidad al pago de las obras ejecutadas por fuera de lo expresamente pactado en el contrato, por las mayores cantidades de obra –entendidas éstas como la ejecución de mayores cantidades de unos ítems que sí han sido contemplados en el contrato- debe aparecer probado en el expediente que, efectivamente, el contratista realizó dichas obras y que su valor no fue cubierto por otros ítems que fueran desechados o inutilizados durante la misma ejecución contractual. Al respecto, se encuentra debidamente acreditado que, durante el plazo de ejecución del contrato, el Consorcio contratista se vio en la necesidad de ejecutar obras indispensables para el buen funcionamiento de la obra contratada, unas para la seguridad de la Unidad y de sus elementos y otras para mantenerla durante su funcionamiento en las condiciones de higiene que los inmuebles para la prestación de servicios de salud deben garantizar. Sin embargo, para demostrar los perjuicios reclamados durante la ejecución del Contrato, la demandante se limitó a allegar al proceso un cuadro con los ítems no previstos, le señaló la cantidad, la descripción, las unidades, el valor y las observaciones, documento que a juicio de la Sala no demuestra que la ejecución de la obra le costó más del valor que recibió como remuneración o que el cálculo de su valor no fue suficiente para cubrir las labores realizadas, por lo que no permite dar por acreditadas las reclamaciones de la demanda. (...)” (Resalta el Ministerio Público) 1.4. Síntesis de la apelación 6. El apoderado de la parte demandante, inconforme con la decisión de primer grado interpuso recurso de alzada con miras a obtener la revocatoria del mismo, para en su lugar, se acceda a las pretensiones formuladas. Con relación a las consideraciones del Tribunal, discrepó de ellas, en estos términos: 6.1. Que, contrario a lo afirmado por el a quo si arrimó memoria de cálculos donde detalló precio, concepto, cantidad de los ítems que demuestran el rompimiento del equilibrio económico del contrato, pruebas obrantes a folio 102 a 294. Así, insistió en los argumentos expuestos en el escrito de la demanda sobre este tópico, por lo que, a su juicio las pruebas arrimadas dan cuenta que ese rompimiento fue por causas extrañas al consorcio y la metodología para su tasación fue “con base en la comprobación de obra real, y las anotaciones de justificación del rompimiento, las fechas de obra, los pagos realizados en cada CORTE DE OBRA, y las cifras oficiales de MEDICION de la variación de los costos de construcción, no del IPC general, no simples proyecciones, sino los datos reales del incremento del precio del contrato.” 6.2. Que, con relación a las mayores cantidades de obra insistió en el abuso de la posición contractual del Hospital, quien con su actuar en la fase de liquidación del contrato, no se pronunció e impidió el reclamo de esa solicitud al no resolverla de fondo cuando el consorcio la presentó a tiempo. 6.3. Que, de los hechos probados el rompimiento económico del contrato tiene varias circunstancias ”una es la adición por las mayores cantidades por el cambio de la norma técnica, sin embargo, ello corresponde únicamente a las cantidades del mayor alcance adicionado, y no se trata del mismo reclamo de mayores cantidades de obra incluido como pretensión en esta acción, como tampoco se trata del ajuste al precio de dichos conceptos. Es decir, el ajuste es respectó de las cantidades y no el valor de las mismas, por tanto, en su ejecución si bien fueron remuneradas las cantidades del mayor valor de la obra, las mismas sufrieron las mismas consecuencias de los precios unitarios incluidos en la ejecución contractual, en la medida en que fueron ejecutadas. Y además, en gracia de discusión, si se quisiera creer que dicha adición remunero y ajusto el equilibrio económico del contrato, debo entonces decir que dicha adición en tiempo fue solo por concepto de 6 meses, y no los 9 años en los que se prolongó. En esa medida, si a bien tiene la segunda instancia, ajuste la pretensión económica a lo que encuentra comprobado.” 6.4. Que, la entidad contratante desconoce el principio de la buena fe contractual en la medida que en otros contratos con circunstancias similares sí reconoció el rompimiento del equilibrio contractual por el simple paso del tiempo y en este caso, ni siquiera se pronunció sobre este cuando se reclamó durante su ejecución. II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. El planteamiento del problema jurídico 7. Vistos los argumentos del apelante único, el problema jurídico en el presente proceso se centra en determinar si se encuentra probado un desequilibrio económico del Contrato de obra No 530 de 2013 por la pérdida en el valor y precio del contrato ante la prolongación en su ejecución, que involucraron, a juicio de la parte actora, además, una mayor permanencia en obra. 7.1. Previo al pronunciamiento de fondo, se considera pertinente identificar el marco jurisprudencial aplicable al sub lite. 2.2. Marco jurisprudencial aplicable 8. Sobre el equilibrio económico o financiero del contrato estatal, el H. Consejo de Estado ha señalado que, en virtud de este principio, “(…) se persigue que la correlación existente al tiempo de su celebración entre las prestaciones que están a cargo de cada una de las partes del contrato permanezca durante toda su vigencia, de tal manera que a la terminación de éste, cada una de ellas alcance la finalidad esperada con el contrato (…)”. De ahí que, ese equilibrio puede verse afectado o alterado si se presentan alguna de las siguientes causas: “(…) por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como “Hecho del Príncipe” o en uso de sus facultades de entidad contratante a través de las potestades excepcionales -“Ius variandi”-, pero que en ningún caso se derivan de la conducta antijurídica del extremo público contratante. (…)” (Negrilla y subraya fuera del texto) 9. Por su parte, el incumplimiento del vínculo contractual, continuando en palabras de la misma Corporación: “ (…) no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico. Asimismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce el catálogo de principios que orientan la contratación y que igualmente se entienden incorporados en la relación jurídica bilateral (…)”. En ese marco, “(…) el incumplimiento se origina en una conducta alejada de la juridicidad de uno de los extremos cocontratantes que, de manera injustificada, se sustrae de la satisfacción de las prestaciones a su cargo en el tiempo y en la forma estipulados (…)” (Negrilla y subraya fuera del texto) 10. En cuanto a la mayor permanencia en la obra, el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha precisado su concepto en los siguientes términos: “La mayor permanencia de obra se refiere a la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por hechos no imputables al contratista, y debido al incumplimiento de obligaciones o deberes por la entidad pública contratante, que aun cuando no implican mayores cantidades de obra u obras adicionales, traumatizan la economía del contrato en tanto afectan su precio, por la ampliación o extensión del plazo, que termina aumentando los valores de la estructura de costos (administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista inicialmente por el contratista para su cumplimiento. De ahí que, ante conductas transgresoras del contrato por parte de la entidad contratante, que desplazan temporalmente el contrato por un período más allá del inicialmente pactado, surge el deber jurídico de reparar por parte de la Administración al contratista cumplido, siempre y cuando se acrediten esos mayores costos y se demuestre la afectación al equilibrio económico del contrato, esto es, que se encuentra el contratista en punto de pérdida. (Resalta el Ministerio Público) 11. Es así como la jurisprudencia de ese cuerpo colegiado ha fijado algunos presupuestos jurídicos que resulta importante considerarlos para el reconocimiento de la mayor permanencia en obra, a saber: “(i) la prolongación en el tiempo de la ejecución inicialmente pactada; (ii) que esa extensión obedezca a hechos no imputables al contratista e imputables a su contraparte; (iii) que el contratista cumpla con su débito contractual, y (iv) que se acrediten los mayores extra-costos generados por la mayor permanencia en obra”. 12. De acuerdo al referente jurisprudencial aludido, es claro que la ecuación financiera del contrato está encaminada a garantizar al contratista las utilidades o prestaciones económicas a que tiene derecho por su colaboración con la administración al ejecutar el contrato con miras al cumplimiento de los fines estatales; mientras que la mayor permanencia en obra busca resarcir los sobrecostos en que incurrió el contratista al extenderse el plazo de ejecución inicialmente pactado en el negocio jurídico. 13. No obstante, si bien los presupuestos para la configuración y la razón de ser de los anteriores institutos contractuales son distintos, lo cierto es que ambos pueden concurrir, toda vez que, ante una mayor permanencia en obra se puede afectar la economía del contrato estatal, así lo ha expuesto el Consejo de Estado: “(…) Incumplimientos de la administración, tales como no pagar oportunamente el anticipo o las actas de entrega parcial de obra o el valor de la cuantía del contrato, o no entregar oportunamente los terrenos en los cuales debe ser construida la obra, o no suministrar oportunamente los planos y materiales con los cuales se debe ejecutar la obra, pueden alterar la ecuación financiera del contrato bajo la perspectiva de que usualmente dificultan el desarrollo de las prestaciones a la parte ofendida y generan mayores gastos y erogaciones para el contratista. Lo cierto es, por tanto, que el incumplimiento de obligaciones o deberes por la entidad pública contratante que genera una mayor permanencia en obra o prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, aun cuando no impliquen mayores cantidades de obra u obras adicionales, puede llegar a traumatizar la economía del contrato en tanto afectan su precio debido, pues la ampliación o extensión del plazo termina aumentando los valores de la estructura de costos (administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista inicialmente por el contratista para su cumplimiento, situación que da lugar a la reparación de los perjuicios que se le produzcan, siempre y cuando se acredite y estén debidamente demostrados y de la conducta de las partes no se derive lo contrario. En efecto, ante conductas transgresoras del contrato por parte de la entidad contratante, que desplazan temporalmente el contrato por un período más allá del inicialmente pactado, surge el deber jurídico de reparar por parte de la administración al contratista cumplido, en tanto se prueben los daños sufridos. (…)” (Negrilla fuera del texto) 14. Con base en las anteriores consideraciones, esta Agencia Fiscal pasa a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto. 2.3. El caso concreto 15. En el escrito de la demanda se reclama el restablecimiento del equilibrio económico del contrato que se estimó alterado por el transcurso del tiempo ante las diversas suspensiones y prórrogas del plazo contractual atribuibles al contratante y enmarcadas dentro de la teoría de la imprevisión (como los cambios en los reglamentos técnicos para obras hospitalarias y las consecuencias de la pandemia del COVID-19), que conllevaron a la pérdida en el valor y precio del contrato. De igual manera, se reclaman mayores cantidades de obra que fueron realizadas efectivamente por el consorcio. 16. La sentencia de primera instancia determinó que la parte demandante no logró demostrar, por un lado, que la equivalencia entre derechos y obligaciones hubiese sido alterada en el sentido de generarle una afectación grave a la economía del contrato (rompimiento del equilibrio económico); y, por otro, que se hayan dado la ejecución de obras distintas a las pagadas por el HUS, ni que asumió sobrecostos durante el mayor tiempo de ejecución del contrato y que no se pagaron ni estaban incluidos (mayores cantidades de obra). 17. Conforme al anterior contexto, se pasan a analizar los cargos alegados en la alzada, advirtiendo que la parte actora, con el propósito de sacar avante las mismas pretensiones, confunde varias instituciones cuyo tratamiento jurídico es distinto. En efecto, de acuerdo con los hechos y las pretensiones consignadas en la demanda, se denota una interpretación errada sobre el desequilibrio económico del contrato, y la mayor permanencia en el contrato de obra. 18. Corresponde entonces contrastar los presupuestos de la mayor permanencia en obra con el asunto objeto de juzgamiento. Pues bien, en lo que se refiere a la prolongación en el tiempo de la ejecución inicialmente pactada en el contrato de obra No 530 de 2013, se tiene que: 18.1. La cláusula tercera estipuló un plazo de 6 meses con fecha de acta de inicio el 31 de diciembre de 2013, teniéndose prevista su finalización el día 30 de junio de 2014. 18.2. A lo largo de la ejecución de la obra, las partes convinieron las siguientes variaciones a la relación negocial, que llevaron a prorrogar el plazo inicial por alrededor de 35 meses y entre las que se encuentran suspensiones y prórrogas: ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 del 30-05-2014 para que el HUS realizara una revisión pertinente de los diseños de construcción, se suscribió sin salvedades. Se reinició mediante ACTA DE REINICIO No 1 de 04-08-2014. ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 del 04-09-2014 debido a que el HUS suscribió contrato de consultoría No 395 de 2014 sobre estudios y diseños arquitectónicos, estructurales y de suelos de esa ESE, indispensables para el alcance de la obra contratada, se firmó sin salvedades. Se reinició mediante ACTA DE REINICIO No 2 de 08-01-2015. ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 del 12-01-2015 para actualizar el proyecto en valor y plazo, se suscribió sin salvedades. Se reinició mediante ACTA DE REINICIO No 3 de 28-09-2015. ACTA DE SUSPENSIÓN No 4 del 18-03-2016 por diversas circunstancias físicas y jurídicas que impedían la continuación de las obras, se suscribió sin salvedades. Se reinició mediante ACTA DE REINICIO No 4 de 28-11-2017. ACTA DE SUSPENSIÓN No 5 del 20-06-2018 por solicitud del contratista antes las dificultades del despacho de materiales de los proveedores. Se reinició mediante ACTA DE REINICIO No 5 de 17-08-2018. ACTA DE SUSPENSIÓN No 6 del 20-11-2018 por suspensión preventiva de giros de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP, se suscribió sin salvedades. Y se prorrogó por ACTA del 30-11-2018. Se reinició mediante ACTA DE REINICIO No 6 de 06-02-2020. ACTA DE SUSPENSIÓN No 7 del 09-04-2021 por espera de aprobación para asignar recursos y realizar diferentes pruebas de redes hidráulicas, contraincendios y gases, se suscribió sin salvedades. Se reinició mediante ACTA DE REINICIO No 7 de 15-07-2021. ACTA NO 1 – PRORROGA No 1 del 01-09-2014. Se realiza prorroga al contrato 530 de 2013 por un término de dos meses y quince días, quedando en un total de 8 meses y 15 días. Se suscribió sin salvedades por parte del consorcio. ACTA NO 2 – PRORROGA No 2 y ADICIÓN No 1 del 28-09-2015. Se realiza prorroga al contrato 530 de 2013 por un término de seis meses para un total de 14 meses y 15 días y se adicionan recursos por un valor de $2.712.877.846 para un valor total de $8.784.771.830. ACTA NO 3 – PRORROGA No 3 del 30-11-2017. Se realiza prorroga al contrato 530 de 2013 por un término de seis meses para un total de 20 meses 15 días. ACTA NO 4 – PRORROGA No 4 del 21-08-2018. Se realiza prorroga al contrato 530 de 2013 por un término de tres meses para un total de 23 meses y 15 días. ACTA NO 5 – PRORROGA No 5 del 06-02-2020. Se realiza prorroga al contrato 530 de 2013 por un término de cinco meses. ACTA NO 6 – PRORROGA No 6 del 09-07-2020. Se realiza prorroga al contrato 530 de 2013 por un término de cuatro meses. ACTA NO 7 – PRORROGA No 7 del 29-10-2020. Se realiza prorroga al contrato 530 de 2013 por un término de un mes y diez (10) días. ACTA NO 8 – PRORROGA No 8 del 18-12-2020. Se realiza prorroga al contrato 530 de 2013 por un término de dos meses. ACTA NO 9 – PRORROGA No 9 del 19-02-2021. Se realiza prorroga al contrato 530 de 2013 por un término de dos meses. ACTA NO 10 – PRORROGA No 10 del 23-07-2021. Se realiza prorroga al contrato 530 de 2013 por un término de un mes y once días, esto es, del 26 de julio hasta el 4 de septiembre de 2021. 19. Conforme a lo anterior, estima el Ministerio Público que, respecto del tiempo en que estuvo suspendido el contrato no puede predicarse una mayor permanencia en obra, en tanto que, no existió una prolongación en el tiempo de la ejecución pactada; esto es, si bien existió una suspensión del contrato, la misma no significa que se haya prolongado el período contractual, toda vez que, dicho plazo convenido siempre fue de seis (6) meses y se ejecutó de tal manera. 20. Así, ese lapso en que duró la suspensión, si bien es cierto daría la apariencia de una extensión del tiempo de duración del contrato, no puede interpretarse de esta forma, por cuanto, la suspensión es un período que no se tiene en cuenta para la ejecución, pues en ese término no es posible hacer exigible las obligaciones, lo que de suyo implica que, tampoco avanza o continúa corriendo el plazo contractual. 21. Al respecto se recuerda que, el principal efecto de la suspensión del contrato estatal “es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido.” 22. Ahora, como se demuestra el contrato que inició su ejecución el 31 de diciembre de 2013 fue objeto de prórrogas en plazo y valor, por lo que, al finalizarse la obra el 3 de septiembre de 2021, como da cuenta el acta de recibo final, en principio, se cumpliría con el requisito jurisprudencial, en lo que se refiere al paso del tiempo. 23. Sobre la demostración de que esa extensión obedezca a hechos imputables a su contraparte, debe decirse que el retraso en la culminación de la obra se debió a varios factores, tales como: (i) la indebida planeación de la entidad contratante al ejecutar la obra en doble jornada y de manera concomitante la no liberación del espacio donde se prestaba el servicio de urgencias que no podía suspenderse, lo llevo que llevó a modificarlo al turno diurno; (ii) la revisión de los diseños de la construcción para ajustarlos a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud a través de la Resolución No 2003 de 28 de mayo de 2014, para obtener la habilitación de prestar ese servicio público; (iii) la celebración del contrato de consultoría para una readecuación y ampliación del área de la obra de acuerdo a esos nuevos requerimientos legales; (iv) la necesidad de adelantar los trámites administrativos, legales y financieros para adicionar los recursos presupuestales; (v) suspensión de giros de las regalías del DNP que financiaban el proyecto al iniciar procedimiento preventivo en contra del Hospital; (vi) ajustes realizados al proyecto; y (vii) realización de pruebas a las diferentes redes instaladas de las áreas de intervención de la obra por solicitud de la interventoría. 24. Con relación al tercer aspecto que recomienda revisar el Consejo de Estado, al no alegarse por parte de la ESE HUS infracción alguna proveniente de la parte actora se puede concluir sin comentarios adicionales que se satisface el requisito del cumplimiento del débito contractual del contratista, en armonía con que a lo largo de la verificación de la ejecución del contrato no se identificaron por el interventor y la contratante circunstancias posiblemente constitutivas de incumplimiento contractual por parte del contratista. 25. Resta entonces, analizar a continuación el cuarto criterio relacionado con la prueba de los extracostos generados por la mayor permanencia en la obra. Al respecto se debe destacar el antecedente desarrollado por el Consejo de Estado, según el cual “(…) la causación de perjuicios o el impacto negativo económico del Contrato derivado de la mayor permanencia en obra no pueden constituir un asunto que se deja a la suerte de la simple inferencia lógica apoyada en la extensión del tiempo. Por el contrario, indefectiblemente su causación y cuantía deben ser objeto de comprobación”. En ese sentido, le corresponde a la parte afectada probar que la mayor permanencia en la obra le irrogó un daño cierto que pueda ser apreciado desde el punto de vista material y jurídico. 26. Bajo esa línea, adicionalmente, como la parte actora solicita que se reconozcan dichos extracostos en el marco del equilibrio económico del contrato, a la certeza del detrimento económico debe añadir la existencia de una onerosidad excesiva que exceden los riesgos normales previsibles dentro del desarrollo de la obra, que desborda el álea normal del contrato. 27. Pues bien, revisando las pruebas aportadas al expediente, la certeza del perjuicio económico se pretendió construir sobre pruebas documentales como las reclamaciones económicas presentadas ante la contratante las cuales acompañó de las actas de suspensión y reinicio, los contratos adicionales y sus justificaciones, cuadros ICCV e IPC y cálculos aritméticos de actualización del proyecto, la liquidación del contrato y el acta de recibo final. No obstante, a juicio de esta Agencia Fiscal estos medios de convicción son insuficientes por las razones que a continuación se exponen. 28. En el sub lite, quedó demostrado que el consorcio contratista al momento de acordar las suspensiones, reanudaciones y adiciones (por plazo y valor) del contrato de obra guardó silencio, es decir, no formuló salvedad u observación alguna; lo cual puede dar a entender que ratificó el precio o valor fijo del contrato y ello se infiere, como consecuencia de los acuerdos pactados reflejados en las actas de suspensión, reanudación y adiciones y prórrogas; de las que se desprende que, aceptó y consintió los conceptos por el valor correspondiente a los mismos costos fijos mensuales plasmados en el presupuesto determinados en el contrato y sus estudios previos, esto es, sin variar alguno de ellos, en virtud de los presuntos “sobrecostos” en que incurrió por la suspensión y ampliación del plazo. 29. Ahora, no se trata de que, a partir de lo anterior, se esté dando por sentado que la falta de observaciones se pueda interpretar como una renuncia tácita a reclamaciones futuras sobre dichos costos adicionales y sus efectos en la economía del contrato; pues, de hecho, el consorcio elevó las respectivas reclamaciones al contratante y las plasmó en el acta de liquidación bilateral. Empero, lo cierto es que los valores que hoy se reclaman como supuestos sobrecostos mediante este medio de control, no se detallan de tal manera que permitan ser identificados como erogaciones que efectivamente tuvieron su causa en una eventual mayor permanencia en los períodos en que se modificó y prorrogó el plazo del contrato. 30. Así, si se analizaran las salvedades efectuadas por la parte actora atinentes a reservarse el derecho a reclamar los costos adicionales y el desequilibrio, se encuentra que de las mismas no resultarían ser suficientes para determinar su inconformidad sobre las circunstancias que ocasionaron las distintas variaciones en el plazo contractual y sus efectos sobre la economía del contrato, teniendo en cuenta que son manifestaciones muy generales que no concretan ni especifican los valores adicionales en que incurrió el consorcio ante la mayor permanencia en la obra ni las causas de su onerosidad excesiva, solo una especie de indexación de los costos ante el paso del tiempo. 31. En otras palabras, en lo que respecta a los sobrecostos no hay evidencia en el expediente que, durante ese interregno de ampliación como de mayor permanencia, el contratista haya incurrido en costos mayores a los ya aceptados con el valor fijo del contrato. Por consiguiente, no se encuentra demostrada la certeza del perjuicio que se reclama, ni que la erogación en la cual pudo incurrir el proyecto durante el periodo objeto de debate constituyera una excesiva onerosidad que deba ser restablecida por la entidad contratante. 32. Por el contrario, la ausencia de las salvedades en las actas de prórroga y adición, con relación a lo aquí pretendido, se infiere fueron ya resueltas o reguladas durante el período contractual, tal como lo concibió el Tribunal, en aplicación de la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, en virtud que, con la adición No 1 de fecha 08-09-2015 la demandada equilibró la ecuación financiera del contrato en favor del Consorcio demandante, por cuanto adicionó el contrato de obra no sólo en tiempo sino en valor en la suma de $2.712.877,845 justificado en algunas de las razones que llevaron a extender la ejecución del contrato, tal como se consignó en dicho documento, así: “(...) las modificaciones que por reglamentación legal hubo que hacer al proyecto, así como tambien, a ampliación del área a intervenir que paso (sic) de 3.589,90 M2 a 3.751,04M2, lo anterior teniendo en cuenta todas las observaciones realizadas para poder habilitar en debida forma el servicio, de esta manera se concluye que las cantidades de obra aumentaron y aparecieron items no previstos necesarios para el correcto desarrollo de la obra, motivando la adicion presupuestal requerida, así como la adición en plazo para terminar satisfactoriamente la misma (...).” 33. Finalmente, frente al cargo relacionado con que el HUS desconoció el principio de buena fe contractual, en la medida que, en otros casos similares sí reconoció el desequilibrio económico del contrato por el simple paso del tiempo, mediante trámites transaccionales, no es de recibo por cuanto, esas disposiciones de la entidad no lo atan a actuar en la misma manera, particularmente, cuando cada caso tienes aspectos especiales que se deben analizar de manera individual y detallada. 34. Corolario de lo expuesto, para el Ministerio Público el recurso de apelación debe resolverse desfavorablemente, pues no se logró probar un desbalance de la ecuación contractual que implicara que la ampliación del contrato de obra le ocasionara unos sobrecostos y pérdidas de utilidad, ni que dichas circunstancias hayan tenido lugar por situaciones ajenas a la voluntad de las partes derivadas de situaciones irresistibles e imprevisibles, pese a tener lugar en ese interregno la pandemia del COVID-19, o por una causa unilateral atribuible a la administración en ejercicio de sus facultades de autoridad (ius-variandi). III. CONCEPTO Los elementos de juicio que se dejan expuestos resultan suficientes para concluir frente al problema jurídico planteado que, no se logró probar el desequilibrio económico del Contrato de obra No 530 de 2013 por las actividades ejecutadas durante el plazo suspendido y adicionado, que involucraran una mayor permanencia en obra, dado que, no se demostraron los sobrecostos ni su onerosidad excesiva, máxime que en la etapa contractual se equilibró la ecuación financiera del contrato en favor del contratista. En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Honorable Sala CONFIRMAR la sentencia desestimatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 21 de noviembre de 2024, atendiendo las razones consignadas en este concepto. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente, NOHORA CRISTINA GUTIÉRREZ BARRERA Procuradora Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado HABC / NCGB

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