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ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Falta de planeación por la no disposición o desafectación de los predios relacionados con los parques Santander y la Esperanza
FALTA DE PLANEACION-Nueva línea jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado la vulneración del principio de planeación no conlleva a la nulidad absoluta del contrato estatal por objeto ilícito
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-El desconocimiento del principio de planeación no conlleva a la nulidad absoluta del contrato estatal sino al incumplimiento contractual
“(…) [L]o cierto es que el Tribunal de Instancia debió realizar un análisis de la realidad fáctica a la luz de las pruebas aportadas en el sentido de determinar claramente que quien estructuró los pliegos de la licitación y el contrato proyectado, fue la administración municipal licitante, a quien le correspondía en virtud del principio de planeación haber desafectado los predios que como parques públicos harán parte del trazado de la vía, lo cual no hizo previamente a la apertura del proceso licitatorio, involucrando con ello su responsabilidad precontractual, así como su responsabilidad en la imposibilidad en la ejecución del contrato de obra pública celebrado, lo que conllevaría a que se declarara su incumplimiento con las consecuencias patrimoniales que de ello se derivarían, conforme a las pretensiones de la demanda.”
CONCEPTO No. 037/2024
Bogotá D.C., 16 de mayo de 2024
Señores:
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Ref.: Proceso 15001-23-33-000-2015-00372-01 (67900)
Apelación contra sentencia primera instancia
Medio de control: Controversias contractuales
Demandante: Unión temporal sector 1 y Luis Fernando Mesa Ballesteros
Demandadas: Municipio de Tunja
Honorable Magistrado:
En mi condición de agente de la señora Procuradora General de La Nación para intervenir en el trámite de la referencia, con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000 y encontrándome dentro del término del traslado previsto en el inciso quinto del artículo 247-6 del Código Contencioso Administrativo, me dirijo a su H. Despacho en alusión a la acción de Controversias contractuales citada en epígrafe, encontrándose para su resolución el recurso de apelación interpuesto por la accionante contra el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sal a de decisión No. 1, el 8 de octubre de 2019, con ponencia del Magistrado [NOMBRE TACHADO]; para el efecto procedo a rendir concepto en los siguientes términos:
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Demanda: 1.1.1. Hechos de la demanda; 1.1.2. Antecedentes no descritos en la demanda; 1.1.3. Pretensiones del extremo actor; 1.2. Contestación a la demanda; 1.3. Actuación procesal; 1.4. Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación.
DEMANDA
1.1.1. HECHOS DE LA DEMANDA
Entre los extremos contractuales, a saber: el Municipio de Tunja como ente contratante, y la Unión temporal sector 1 conformada por Emiliano Vargas Mesa y Luis Fernando Mesa Ballesteros, se suscribió, previa licitación pública, contrato de obra No. 423 de 2010, cuyo objeto consistió en “la realización de estudios, diseños, construcción y mejoramiento plan vial sector 1 (tramo 1 Gran avenida – centro Mega vía)”.
Obra acta de inicio suscrita el 16 de noviembre de 2010, disponiéndose la suspensión de la ejecución del contrato el 17 de noviembre de 2010, reanudada mediante acta de reinicio del 13 de diciembre de 2010; se estableció nueva suspensión el 28 de diciembre de 2010, prorrogada el 3 de enero de 2011; el 30 de diciembre de 2011 se adicionó el convenio inicial. En motivación de las modificaciones se adujo fuerza mayor por condiciones climáticas.
Mediante sentencia del 24 de mayo de 2013 el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó al Municipio subsanar las falencias advertidas al celebrar este contrato, dentro del mecanismo de control de la acción popular; corolario de lo cual el 18 de octubre de 2013 expidió Resolución No. 1325, por cuya virtud declaró la terminación unilateral y anticipada del acto negocial.
Con Resolución No. 1580 el ente territorial dispuso la liquidación unilateral del contrato de obra, confirmado en reposición mediante Resolución No. 134 de 20 de enero de 2014, en la cual se reconoció el rubro de diseños en favor del contratista denegándose el reconocimiento de perjuicios y demás gastos.
1.1.2. ANTECEDENTES NO DESCRITOS EN LA DEMANDA
Como circunstancias que no fueron informadas en el petitum, se evidenció previo agotamiento de acción popular, que el proceso de licitación adoleció de irregularidades en cuanto a los requisitos previos de carácter técnico y financiero para adelantar la obra.
Los cargos radicaron fundamentalmente: i) en el hecho de que los predios destinados para la construcción de infraestructura no habían sido declarados de utilidad pública; ii) la necesidad de modificación del POT para cambiar la destinación del parque Santander y el parque La Esperanza, donde recaería la obra; iii) la inexistencia de estudios previos para establecer la afectación colateral a los parques; iv) ausencia de permiso por parte del Ministerio de Cultura para intervenir el parque Santander; v) afectación al derecho a la recreación por recaer la construcción sobre parques públicos; y vi) falta de estudios para establecer la idoneidad del suelo.
Dentro de la acción popular se estableció que la autoridad municipal y la contratista conocían de estas falencias, hechas manifiestas por la comunidad en la audiencia de adjudicación, sobre las cuales hicieron caso omiso.
Corolario del amparo constitucional deprecado, se dispuso en primera medida la suspensión de la ejecución como cautela previa a resolver de fondo, y mediante sentencia de primera instancia proferida el 7 de septiembre de 2012 se accedió a lo pretendido por el actor popular, considerando que al modificarse la destinación de los predios que se verían afectados sin contar con el Acuerdo municipal que autorizara este cambio, se transgredieron los derechos colectivos el patrimonio y uso del espacio público; en tal consideración se ordenó dejar sin efectos el contrato mismo y los actos precontractuales.
El Tribunal Administrativo de Boyacá en segunda instancia precisó que el juez constitucional no ostenta facultad para anular el negocio jurídico, pero confirmó en mayor parte la decisión el a quo, modificando las órdenes impartidas para, en su lugar, disponer la suspensión del contrato y sus adiciones para que la administración municipal agotara el trámite ante el Concejo Municipal de Tunja en aras de obtener su autorización para modificar el uso de los parques que se verían afectados con la obra; en caso de no acogerse la petición del municipio, se dispuso que debería liquidar el acto negocial.
El proyecto de acuerdo promovido por la Alcaldía de Tunja fue archivado por el Concejo Municipal el 13 de julio de 2013 por voto mayoritario en contra, decisión adversa que habría motivado la expedición de los actos mediante los cuales el ente territorial impartió terminación anticipada y liquidó unilateralmente el convenio.
1.1.3. PRETENSIONES DEL EXTREMO ACTOR
Conforme quedaron plasmadas en la subsanación, las peticiones de la parte actora radican en la declaratoria de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se dispuso la terminación unilateral y anticipada del contrato, así como la resolución de liquidación unilateral; en consecuencia, se solicitó a título de restablecimiento la liquidación judicial del contrato, como base para ordenar al Municipio el pago de las erogaciones no reconocidas en el acto de liquidación administrativa: i) gastos de publicación del convenio, ii) póliza de garantía, iii) costos de personal y arrendamientos, iv) utilidad dejada de percibir, v) stand bye de equipos y maquinaria, vi) costo por capacidad de contratación disponible y no utilizada.
En forma independiente se solicitó el reconocimiento y pago de perjuicios causados a la contratista, los cuales sin embargo no fueron individualizados ni discriminados en sus conceptos ni cuantías.
1.2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
El ente territorial rindió contestación ante el petitum, oponiéndose en su integridad a lo solicitado, sustentando su defensa primordialmente en la fuerza vinculante de la sentencia expedida por el Juzgado Segundo Administrativo de Tunja, confirmada por el Tribunal Administrativo de Tunja el 24 de mayo de 2013, dentro de la acción popular 2011-009.
Precisó que estos fallos, amén de la declaratoria de vulneración a los derechos colectivos al patrimonio y espacio público, dispusieron suspender el contrato de obra No. 423 de 2010 y sus adiciones, en orden al agotamiento del procedimiento pertinente para que el Concejo Municipal de Tunja resolviera sobre la requerida modificación en la destinación de los suelos a afectar (parques), y que de no autorizarse, debería proceder con la terminación y liquidación del contrato.
Como medios exceptivos esgrimió la legalidad de los actos administrativos, fundados en la orden legítima de autoridad judicial; cobro de lo no debido, habida cuenta que el contrato estuvo suspendido durante casi toda su vigencia por imposibilidad material de su ejecución, y por tanto los sobrecostos por mayor permanencia y mano de obra quedaron bajo cuenta y riesgo del contratista; inexistencia del daño antijurídico, por inexistencia de prueba sobre el perjuicio reclamado.
1.3. ACTUACIÓN PROCESAL
En audiencia de pruebas efectuada el 7 de septiembre de 2017 se citó para sustentación al perito que rindió el dictamen técnico aportado por la demandante, en orden a probar el presunto daño reclamado; interrogado el experto por el Magistrado ponente sobre los soportes que sustentarían su concepto, se estableció lo siguiente:
No acudió a fuentes relativas a los pagos laborales y de seguridad social del personal contratado, ni constancia proveniente de contador público respecto a los gastos acarreados por este concepto, y en cuanto al alquiler de maquinarias indicó el perito que se remitió a las comunicaciones del contratista en que indicaba la disponibilidad y las imputaciones de este rubro en el libro de terceros.
La trascendencia de la valoración impartida a este insumo probatorio, radica en que fueron las conclusiones obtenidas de la ratificación del peritaje las que motivaron el rechazo de las pretensiones pecuniarias.
1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal fijó el litigio en la resolución de los siguientes problemas jurídicos:
“- Le corresponde a la Sala previo a resolver el fondo del asunto, determinar de oficio si el Contrato de Obra Pública No. 423 de 2010, celebrado entre el Municipio de Tunja y la Unión Temporal Sector 1, se encuentra viciado de nulidad absoluta por una posible violación a los principios que informan la actividad contractual del Estado, esto es, si la etapa previa a su celebración se adelantó con graves falencias; en caso de encontrarse que dicha nulidad resulta procedente, se examinará lo que corresponde a las restituciones mutuas. En caso de que no se advierta su causación, se determinará si los actos administrativos se encuentran viciados de ilegalidad.
- Determinar cuáles fueron las causas reales que llevaron a las partes a suspender temporalmente el contrato de obra No. 423 a través del Acta No. 2 de fecha 28 de diciembre de 2010.
- Establecer si ante la existencia de la orden judicial contenida en el fallo de la acción popular No.2011-009 que le ordenaba a la Administración como contratante adelantar el trámite para que el Concejo municipal de Tunja acogiera o no el cambio de destinación de bienes de uso público, esta se encontraba en la facultad de dar por terminado de manera anticipada dicho negocio jurídico, procediendo en consecuencia a su liquidación unilateral.
- Finalmente, se deberá establecer si como consecuencia de la terminación anticipada y posterior liquidación unilateral del contrato de obra No. 423 de 2010 por parte del municipio de Tunja, se le pudo ocasionar al contratista los perjuicios que este alega en la demanda, determinando con precisión la verdadera causa de los mismos”.
En sentencia del 8 de octubre de 2019 la Magistratura denegó lo peticionado por la unión temporal contratista, y en su lugar declaró de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra No. 423 de 2010 y sus adiciones, al concluir que el negocio jurídico se celebró con violación al principio de planeación.
Estimando que las falencias por parte de la administración municipal, en torno a la valoración previa y gestión de autorizaciones por parte de las autoridades del ente territorial para la modificación de destinación de los predios afectados por el trazo de la obra, implica incursión del acto negocial en objeto ilícito, causal de nulidad absoluta por inobservancia del derecho público, al tenor de lo estatuido en el artículo 1741 del Código Civil; aunado a que la contravención demostrada de los preceptos de la contratación estatal pudo tener repercusiones en derechos colectivos, lo que ciertamente motivó su amparo constitucional.
Las falencias puntuales en la gestión contractual que violentaron el deber / principio de planeación, radicaron en las siguientes, a juicio del operador judicial:
Desde la celebración del contrato era evidente la imposibilidad de su ejecución, siendo claro para las partes, previamente a la suscripción, que se requeriría la intervención de los parques Santander y Esperanza que son bienes de uso público, lo que implicaba cambio de destinación de los terrenos; circunstancia advertida a las partes en la audiencia de adjudicación.
Evidencia desde la celebración del convenio sobre circunstancias indefinidas e inciertas que requerirían decisiones de terceros, pues las partes debieron ser conscientes de que la autorización para el cambio de destinación en los predios a intervenir demandaba el aval del Concejo Municipal, el cual ni siquiera fue gestionado.
En cuanto a los alcances de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, su desaparición del mundo jurídico se traduce en el consecuente restablecimiento de las cosas al estado previo a su celebración, lo que conlleva necesariamente a restaurar a las partes a su condición anterior, materializadas en las restituciones y/o repeticiones ha lugar entre las partes las prestaciones ejecutadas y percibidas, excepto cuando estas han tenido su origen en el objeto ilícito.
Descendiendo al caso particular, concluyó el Tribunal en cuanto a las restituciones mutuas, infirió a partir del acervo probatorio que la ejecución solo arribó hasta la primera fase, esto es, la elaboración de diseños, habida cuenta de las imposibilidades en su ejecución que dieron lugar a suspensiones y reanudaciones sucesivas; esto aunado a la suspensión provisional por orden judicial dentro de una acción popular, que solo culminó para dar lugar a la terminación y liquidación del negocio.
Teniendo como premisa sustentada en el material probatorio, se concluyó que solo habría lugar al restablecimiento ateniente a la elaboración de diseños en favor del contratista, fijándola en la cuantía que la administración plasmó en su acto liquidatorio; como quiera que, en lo concerniente al ente territorial, obra constancia de la entrega de una cifra al contratista a título de anticipo, éste debía restituirla en favor de la contratante.
En cuanto a la pretensión del contratista para obtener el reembolso de los gastos de publicación del contrato y pólizas de garantía, el Tribunal aseveró que estos constituyen gastos de perfeccionamiento del contrato, previos al mismo, y por ende no correspondía asumirlos al Municipio.
Frente a los reclamados costos de personal, arrendamientos, permanencia de equipos y maquinarias, estimó que la parte actora renunció a solicitar indemnización por sobrecostos por paralización de las obras conforme obra en acta de suspensión No. 2 a cuyo tenor: “Las partes acuerdan suspender temporalmente las obras del contrato de obra 423 de 2010, lo cual no será causa o motivo de reclamación por parte del constructor sobre la Generación de potenciales sobrecostos para el municipio por concepto de equipo y personal disponible dejado de utilizar durante esta nueva suspensión”.
Lo anterior aunado a la orfandad probatoria respecto a estos sobrecostos, que además no se consideraron avalados por la experticia incorporada con la demanda, toda vez que para la Magistratura las respuestas obtenidas mediante el interrogatorio rendido por el perito desvirtuaron la incursión del contratista en los rubros reclamados, recalcándose primordialmente que las erogaciones por personal de obra no fueron siquiera constatados en los asientos contables, libros de control y contratos de personal, aportes de seguridad social y parafiscales, etc.; falencia en que adicionalmente estuvo incursa la valoración en los alquileres y disposición de maquinarias, al advertirse que el perito tasador no tuvo acceso ni verificación de los soportes relativos a los equipos.
Destacó el despacho además que los contratos que se presentaron en sustento de alquiler de maquinarias, fueron suscritos el 17 de noviembre de 2010, mismo día en que se pactó suspensión del contrato de obra, siendo palmaria para ese momento la imposibilidad en ejecución al contraerse compromisos con terceros sobre equipos que a todas luces no serían utilizados; lo que a juicio del fallador denotaría mala fe contractual que, sumada a las irregularidades que motivaron la suspensión y posterior terminación del contrato por orden judicial, condujo a las respectivas compulsas de copias ante las autoridades fiscales, disciplinarias y penales.
1.5. RECURSO DE APELACIÓN
El representante judicial de las personas naturales que conformaron la unión temporal contratista impetró en su oportunidad el recurso de alzada contra el fallo del Tribunal Administrativo de Tunja.
Aseveró el impugnante que el desconocimiento al deber de planeación no debía conducir siempre a la nulidad absoluta del contrato, considerando que la interpretación de la causal esgrimida por el Tribunal fue extensiva a más de análoga, en contravención con el imperativo de sustentar la nulidad absoluta en causales taxativas; en este orden de ideas, no se encuentra configurada ninguna de las causas previstas para el efecto en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
Consideró que no se habría configurado objeto ilícito, conclusión que motivó el fallo de primera instancia, por cuanto el propósito contractual no radicaba en la incursión de actos delictivos ni violación de la ley, ni instrumentación del convenio para cometer ilícitos; en su criterio, la ilicitud solo debería predicarse de las obligaciones y prestaciones convenidas en el líbelo contractual, reprochando entonces que la determinación del Tribunal no radicara en el clausulado mismo, sino en circunstancias de contexto del contrato, externas a su tenor literal.
Indicó que, siendo un deber de la administración municipal el saneamiento y disposición de los bienes inmuebles a afectar con el contrato de obra a adjudicar, la decisión del a quo trasladó al contratista las consecuencias adversas, al pretender imponerle la obligación de no celebrar el convenio hasta haber verificado el trámite que en su momento debió adelantar el Municipio; precisa que la infracción al principio de planeación no es predicable del contratista, sino que por definición concierne a la administración pública. En este orden de ideas, los efectos adversos y condenas a impartir debieron recaer sobre la contratante transgresora.
En desarrollo de otro aspecto de su contradicción, puntualizó el recurrente que la contratista realizó el reintegro del anticipo otrora depositado por la contratante, por lo cual solicitó revocar este ítem del fallo de primera instancia por considerar cumplida esta orden, y adujo aportar prueba sobre este aspecto.
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Contenido: 2.1. Problema jurídico. 2.2. El principio de planeación en el marco de la contratación estatal. 2.3. En una primera etapa la línea jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que la vulneración del principio de planeación conllevaba a la nulidad absoluta del contrato estatal por objeto ilícito. 2.4. Conforme a la nueva línea jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado la vulneración del principio de planeación no conlleva a la nulidad absoluta del contrato estatal por objeto ilícito. 2.5. El efecto vinculante de la “ratio decidendi” de las decisiones jurisprudenciales del Consejo de Estado. 3. Análisis del caso concreto. 4. Respuesta al Problema Jurídico Planteado. 5. Conclusión.
2.1. PROBLEMA JURÍDICO
Considera la suscrita, que de conformidad con la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación, el problema jurídico a resolver consiste en determinar:
¿Si la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá del 08 de octubre de 2019, por medio de la cual declaró la nulidad absoluta del contrato estatal de obra pública No. 423 de 2010, celebrado entre el Municipio de Tunja y la Unión Temporal Sector 1, por vulneración del principio de planeación, desconoce la ratio decidendi de los precedentes judiciales establecidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado que han establecido la regla jurisprudencial según la cual el desconocimiento del principio de planeación no genera nulidad absoluta del contrato estatal por objeto ilícito?.
2.2. EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Establece el ordenamiento jurídico colombiano, que en tratándose de la celebración de contratos estatales encaminados a la consecución de los fines estatales y a la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, que estos deberán estar precedidos, en virtud de los principios de eficiencia y transparencia, como regla general de un procedimiento previo de selección denominado “licitación pública” con el fin de garantizar la igualdad, la libertad de empresa, la libre concurrencia empresarial y la participación del mayor número de oferentes, todo ello tendiente a que se seleccione objetivamente la oferta más favorable para la entidad estatal licitante o contratante.
En desarrollo de la anterior regla surge, junto al principio de legalidad, el que se ha denominado el “principio de planeación”, con carácter polivalente como quiera que también adquiere el carácter de norma jurídica de imperativo cumplimiento, la cual siendo implícita es inferida de otros principios y normas del ordenamiento jurídico, como se analizará más adelante.
Si bien en el orden supra – constitucional- la planeación además de ser un principio que irradia la gestión público administrativa, es norma jurídica de imperativo cumplimiento, como quiera que los artículos 209, 339 y 341 establecen la necesidad de que las autoridades públicas coordinen sus actuaciones para el cumplimiento de los fines del Estado, enmarcadas dentro del plan nacional de desarrollo cuatrienal aprobado por el Congreso de la República, lo cierto es que aterrizando, este concepto en materia de contratación estatal se encuentra consagrado en el artículo 24 y numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, normas estas que señalan las diferentes etapas o actuaciones regladas, independientemente del procedimiento de selección establecido, deben adelantarse previamente a la celebración de un contrato estatal.
Con la planeación contractual en la mayoría de las veces se da inicio a la etapa precontractual, que puede llegar a tener proyecciones patrimoniales en el futuro contrato a celebrar y representa el que las autoridades o funcionarios públicos responsables de los procesos contractuales deben de manera razonable, sistemática y con suficiente antelación, llevar a cabo las diferentes actuaciones y actividades, debidamente soportadas a través de medios documentales públicos o privados, mediante las cuales se encauce el futuro proceso de contratación, para lograr el fin último de ésta que no es más que la consecución de los fines estatales y la eficiente prestación del servicio público, proceso de planeación que deberá además de evaluar y seleccionar las acciones futuras a desarrollar, elaborar los que se han dado en denominar los estudios previos, serios, completos y/o planos, diseños en fase preliminar o definitiva, que permitirán determinar entre otros, la verdadera necesidad a satisfacer con el contrato proyectado – objeto polidimensional-; la modalidad del proceso de contratación a desarrollar; las características cualitativas y cuantitativas del objeto a contratar- bienes, las obras, los servicios, etc-; los costos y valor del contrato, según precios de mercado o de referencia; la determinación cierta de los recursos presupuestales con los cuales se financiará los bienes o servicios objeto del contrato a celebrar- disponibilidad presupuestal y/o vigencias futuras-; el análisis, cuantificación, mitigación y asignación de los factores o riesgos internos y externos que pueden afectar la futura contratación pública, etc.
Dispone el artículo 24 de la Ley 80 de 1993:
Artículo 24. Del principio de Transparencia. En virtud de este principio:
(…).
5°. En los pliegos de condiciones:
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección.
(…).
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (Negrillas y subrayado fuera de texto).
Por su parte establece el artículo 25 de la Ley 80 de 1993:
Artículo 25. Del Principio de Economía. En virtud de este principio:
(…).
12. Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011. <El nuevo texto es el siguiente> Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño. (Negrillas y subrayado fuera de texto).
La ley 1150 de 2007 dispone:
ARTÍCULO 8o. DE LA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE PLIEGOS DE CONDICIONES, Y ESTUDIOS PREVIOS. Con el propósito de suministrar al público en general la información que le permita formular observaciones a su contenido, las entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes, en las condiciones que señale el reglamento. La información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, suficiente y oportuna.
La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.
Junto con los proyectos de pliegos de condiciones se publicarán los estudios y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración. (Negrillas y subrayado fuera de texto).
En tratándose de los proyectos de infraestructura vial de transporte, en lo que respecta a predios que estarán involucrados en un trazado vial, establece la Ley 1682 de 2013, en su artículo 12 – Definiciones-. Lo siguiente:
“Estudios de Ingeniería. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, las siguientes definiciones deben tenerse en cuenta en la preparación de los diversos estudios de ingeniería que se adelanten para la ejecución de los proyectos de infraestructura:
Fase 1. Prefactibilidad. Es la fase en la cual se debe realizar el prediseño aproximado del proyecto, presentando alternativas y realizar la evaluación económica preliminar recurriendo a costos obtenidos en proyectos con condiciones similares, utilizando modelos de simulación debidamente aprobados por las entidades solicitantes. En esta fase se debe consultar la herramienta o base de datos que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin, dentro de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital). El objetivo de la fase 1 es surtir el proceso para establecer la alternativa de trazado que a este nivel satisface en mayor medida los requisitos técnicos y financieros.
Fase 2. Factibilidad. Es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el mismo.
En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, las comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico que puedan impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes y en explotación. (Negrillas y subrayado fuera de texto).
Sobre el principio de planeación ha sostenido el Honorable Consejo de Estado:
“La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido repetidamente que, en materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable, antes de asumir compromisos específicos en relación con los términos de lo que podrá llegar a ser un contrato y, por supuesto, mucho antes de su adjudicación y consiguiente celebración, la elaboración previa de estudios y análisis serios y completos encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: (i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; (ii) las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; (iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos y análisis técnicos; (iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de los contratos, consultando las especificaciones, cantidades de los bienes, obras y servicios que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto; (v) la disponibilidad de recursos presupuestales o la capacidad financiera de la entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato; (vi) la existencia y la disponibilidad en el mercado nacional o internacional, de proveedores o constructores profesionales que estén en condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos que deban reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente celebración del contrato.
“Del aludido principio de planeación, con los perfiles y el alcance señalados en la Ley 80 de 1993, emergen con obviedad los deberes, la diligencia, el cuidado, la eficiencia y la responsabilidad con los cuales ha de conducir sus actuaciones todo administrador público a quien se le confía el manejo de dineros y recursos que en modo alguno le pertenecen, que son de carácter oficial, que han de destinarse a la satisfacción del interés general, en desarrollo de las funciones y precisas competencias atribuidas a la respectiva entidad, con miras al cumplimiento de los fines estatales y la satisfacción del interés general”
En síntesis, del análisis de las normas jurídicas que regulan el principio de planeación dentro del marco de la contratación estatal y la jurisprudencia en cita, resulta cuando menos entendible que cuando quiera que se vaya a ejecutar una obra pública vial de transporte, previamente la entidad pública contratante deberá, además de los estudios y diseños correspondientes, contar con los predios necesarios por donde irá el trazado geométrico de la obra, y en caso de que estos tengan alguna limitación o afectación por estar destinados a un uso diferente o requieran de un permiso o licencia especial, deberá la autoridad pública contratante, previo a la apertura del proceso licitatorio, iniciar el trámite correspondiente de desafectación o cambio de uso del suelo ante la autoridad territorial correspondiente, en los términos establecidos en las competencias territoriales establecidas en la ley No. 1454 de 2011-por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial..
Establece el artículo 29 de la mencionada ley:
Artículo 29. Distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio.
Son competencias de la Nación y de las entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio, las siguientes:
1.(…).
(…).
4. Del Municipio
a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
Por su parte la Ley 338 de 1997, conocida como ley de reforma urbana, establece:
ARTICULO 13. COMPONENTE URBANO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO. El componente urbano del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado como suelo urbano y suelo de expansión urbana, que integra políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y normas urbanísticas. Este componente deberá contener por lo menos:
1. Las políticas de mediano y corto plazo sobre uso y ocupación del suelo urbano y de las áreas de expansión, en armonía con el modelo estructural de largo plazo adoptado en el componente general y con las previsiones sobre transformación y crecimiento espacial de la ciudad.
2. La localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, de transporte y la adecuada intercomunicación de todas las áreas urbanas y la proyectada para las áreas de expansión; la disponibilidad de redes primarias y secundarias de servicios públicos a corto y mediano plazo; la localización prevista para los equipamientos colectivos y espacios libres para parques y zonas verdes públicas de escala urbana o zonal, y el señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes a dichas infraestructuras.
En igual sentido la Ley 136 de 1994 -Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, establece:
“ARTÍCULO 3.- Funciones de los Municipios. Modificado por el art. 6. Ley 1551 de 2012. Corresponde al municipio:
(…).
Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal.
(…).
9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años.
Concluyendo, el principio normativo de planeación dentro del marco de la contratación estatal, en cuanto a su cumplimiento es un requisito sustancial, cuya valoración normativa es de orden público e imperativo cumplimiento, el cual debe irradiar todo el procedimiento de contratación pública ab initio, que resulta cuando menos indispensable para asegurar el éxito de la ejecución del objeto proyectado y contratado, ya se trate de la satisfacción de un servicio público o la construcción de una obra pública, lo que implica que su desconocimiento o vulneración puede llegar a afectar la debida ejecución del objeto del negocio jurídico celebrado, comprometiendo la responsabilidad patrimonial del estado contratante.
2.3. EN UNA PRIMERA ETAPA LA LINEA JURISPRUDENCIAL DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO CONSIDERÓ QUE LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN CONLLEVABA A LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL POR OBJETO ILÍCITO
Sostiene la jurisprudencia constitucional que es de la esencia de un Estado democrático constitucionales la preeminencia o superioridad del Derecho, que implica que todos sus órganos y agentes, así como sus habitantes, permanentes – ciudadanos- o transitorios – extranjeros- están sometidos al orden jurídico preestablecido, en primer lugar, a la norma jurídica fundamental o de reconocimiento -constitución política-, por ser la normatividad superior; en segundo lugar al “imperio de la ley.
La nulidad de un acto de una autoridad en ejercicio de sus funciones ya sea unilateral – acto administrativo- o bilateral – negocio jurídico estatal- es viable cuando quiera que se configura una cualquiera de las causales “tipificadas de manera taxativa” en el ordenamiento jurídico, causales estas que irradian o amplían el espectro del principio de legalidad, en estricto acatamiento de la norma jurídica fundamental – Constitución Política. “En este sentido, referirse a la acción de nulidad en materia contencioso administrativa es acercarse sin lugar a duda a un importante juicio de constitucionalidad y de legalidad sobre los actos de quienes ejercen funciones administrativas con el fin de que se declara la misma por la autoridad contenciosa correspondiente, salvo que se hubiere purgado la misma conforme lo ha establecido nuestra jurisprudencia.”
Las razones para la anulación de los actos unilaterales o bilaterales de la administración se relacionan con la infracción a las normas en que debería haberse fundado al momento de su expedición – acto administrativo- o celebración- contrato estatal-, disposiciones estas que se supone fueron desconocidas o vulneradas por las autoridades al momento de su expedición o celebración. Como se observa, la generalidad de la redacción del legislador permite deducir sin mayores esfuerzos que se incorpora en esta descripción la totalidad de la base normativa y conceptual, de principios y valores aplicables a cada acto o negocio jurídico administrativo en el derecho colombiano, lo que implica necesariamente que dentro de ella queden incorporadas las normas constitucionales que son la base y esencia del sistema. Luego todo juicio de nulidad de un acto o negocio jurídico administrativo implica en esta perspectiva lógica un acercamiento al texto constitucional y a sus bases sustentadoras, no se trata de un simple enjuiciamiento de legalidad sub constitucional.
Siendo lo anterior así, resulta prima facie, que todas las causales de nulidad de un negocio jurídico estatal, independientemente de su denominación o especificidad, no son más que una sanción a la indisciplina o rebeldía de las partes, que en el proceso de configuración del negocio jurídico desconocieron las normas jurídicas a que debían sujetarse, lo que trae como consecuencia el desconocimiento de la tipología negocial mediante su invalidez, a través de la declaratoria de nulidad por la autoridad competente.
Establece el artículo 44 de la Ley 80 de 1993:
ARTÍCULO 44. DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando:
1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley;
2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal;
3o. Se celebren con abuso o desviación de poder;
4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y
5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta ley.
Por su parte el artículo 45 de la ley en cita establece:
ARTÍCULO 45. DE LA NULIDAD ABSOLUTA. La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación.
En relación con la nulidad absoluta de los contratos estatales, en especial con la situación en la cual en su celebración se pretermite los procedimientos previos establecidos por el legislador, ha considerado el Honorable Consejo de Estado:
“6.- La nulidad absoluta del contrato estatal por la pretermisión del procedimiento previsto en la ley para su celebración.
6.1.- Al respecto, ya en anteriores oportunidades ésta Subsección había señalado al respecto que:
“El artículo 44 de la Ley 80 de 1993 dispone que el contrato estatal es absolutamente nulo por las mismas causas que se prevén en el derecho común y, en especial entre otros eventos, cuando se celebre contra expresa prohibición legal o constitucional o con abuso o desviación de poder.
Para que se configure la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, esto es que el contrato se celebre contra expresa prohibición legal o constitucional es menester que haya una violación al régimen de prohibiciones y que esa prohibición sea explícita, razón por la cual no toda transgresión a una prohibición conduce a estructurar esta precisa causal aunque por supuesto habrá de configurar otra.
En este orden de ideas, si se desacata una prohibición genérica o una prohibición implícita del estatuto contractual, el contrato será absolutamente nulo por violar el régimen legal pero la causal no será la enlistada en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 sino una diferente según el caso.
En consecuencia, cuando la ley de contratación estatal dispone que en el proceso de selección del contratista debe tenerse en cuenta el principio de transparencia y el deber de selección objetiva, la elusión de estos mandatos comporta una transgresión al orden legal que conduce a la nulidad absoluta del contrato.
A manera de síntesis en relación con la integración normativa de las tipologías de sanciones al negocio jurídico estatal, que como causales de nulidad pueden llegar a invalidarlo, se tiene conforme a los artículos 1519 y 1741 del Código Civil y los casos taxativamente establecidos en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 las siguientes:
“a). - Los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley;
b). - Ilicitud en el objeto;
c). - Ilicitud en la causa;
d)- Falta de la plenitud de los requisitos o de la forma solemne que las leyes prescriban para el valor del correspondiente contrato, en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las partes;
e). - Incapacidad absoluta de quien o quienes concurren a su celebración;
f). - Celebración del contrato con personas incursas en causales de inhabilidad o de incompatibilidad previstas en la Constitución Política o en la ley;
g). - Celebración del contrato contra expresa prohibición constitucional o legal;
h). - Celebración del contrato con abuso o desviación de poder;
i). - Declaración de nulidad de los actos administrativos en que se fundamenten los respectivos contratos estatales, y
j). - Celebración del contrato con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata la propia Ley 80”
En tratándose de la violación o desconocimiento del principio normativo de planeación contractual, en una primera etapa la jurisprudencia del Consejo de Estado consideró que ello generaba la nulidad absoluta del contrato estatal por objeto ilícito conforme al literal b) del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, y que así debía declararse por el juez de conocimiento, con las consecuencias que de ello se generaban, en particular en lo atinente a las restituciones mutuas conforme al artículo 1741 del Código Civil. En su momento sostuvo el Consejo de Estado:
"En el asunto que se revisa en esta segunda instancia está plenamente demostrado que en el contrato que celebraron el consorcio DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A Y CONCRETO S.A y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (...), violó el deber de planeación toda vez que se celebró sin haber adquirido los predios sobre los cuales se construiría la solución vial Pereira-Dosquebradas Grupo II pues desde eses momento ya se advertía que la obra contratada no podía ejecutarse en el plazo de 14 meses que había sido pactado. La violación del deber de planeación determina en este asunto la nulidad absoluta del contrato que las partes celebraron, ya que infringieron los artículos 209. 339 y 341 constitucionales; los numerales 6, 7 y 11 a 14 el artículo 25, del numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la Ley 80 de 1993..." (Negrillas y subrayado fuera de texto).
Esta posición fue reiterada por el Consejo de Estado, aunque morigerada o atenuada, bajo el entendido de que cuando se violara el principio de planeación en el marco de un contrato estatal no siempre se genera la nulidad absoluta, sino sólo en los casos en que con el desconocimiento del principio de planeación se llegue a la imposibilidad o indefinición en la ejecución del objeto contractual, casos en los cuales necesariamente debía declararse la nulidad del Contrato estatal por objeto ilícito.
Sostuvo el Consejo de Estado en esta oportunidad:
"En este sentido, la Sala reitera que en determinados y concretos evento el desconocimiento del principio de planeación puede conllevar la configuración de la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, cuando las falencias que se producen esta mácula sean:
1- Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que el objeto contractual no podrá ejecutarse.
2. Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que la ejecución del contrato va a depender de circunstancias indefinidas o inciertas por necesitar de situaciones de terceros.
3. Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que los tiempos de ejecución acordados no podrán cumplirse y por ende habrá de sobrevenir él consiguiente detrimento patrimonial de la entidad.
En tales eventos el Juez debe oficiosamente declarar la nulidad advertida, aunque se aclara que no toda deficiencia en la planeación del negocio jurídico estatal conduce a la nulidad del contrato por ilicitud de su objeto."
2.4. CONFORME A LA NUEVA LINEA JURISPRUDENCIAL DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO LA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN NO CONLLEVA A LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL POR OBJETO ILICITO
En pronunciamientos posteriores el Consejo de Estado se ha apartado de la tesis sostenida por el Consejo de Estado analizada ut supra, en el entendido de que el desconocimiento del principio de planeación no está tipificado dentro de las causales de nulidad absoluta establecidas en la Ley 80 de 1993, ni en los códigos civil y comercial, y por ende no puede el juez del contrato declararla consecuencia de pretensiones en ese sentido o de oficio. Al respecto sostiene la máxima instancia de lo contencioso administrativo en su nueva línea jurisprudencial que como precedente vinculante debe ser acatado:
Se reitera la significativa importancia de los principios de la contratación estatal, en especial, de la planeación contractual, que debe ser observado por la entidad y que impone cargas sobre los interesados en participar en procesos contractuales.
El papel basilar de los principios, y de la planeación contractual en particular, sirvió de sustento para que una providencia del Consejo de Estado afirmara que “la elusión de este mandato comporta[ba] una transgresión al orden legal que conducía a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto”. Esto es, en esa ocasión se concluyó que el incumplimiento de la planeación contractual configuraba la causal de nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito. No obstante, debe tenerse en cuenta que la posición enarbolada en la referida providencia (que sirvió de fundamento a la Sentencia de primera instancia) fue pronto morigerada y abandonada, resultado de una sentencia de tutela en la cual, esta misma Corporación concluyó que existía una “interpretación errónea del principio […] cuando se dice que su inobservancia es, indefectiblemente, causal de nulidad absoluta del contrato, por objeto ilícito”. La tutela, tras retomar la importancia capital del principio de planeación y de reafirmar que es un mandato “inherente a la actividad administrativa contractual y de ineludible acatamiento”, dejó sin efectos una providencia en la que se habían retomado los argumentos expuestos en la Sentencia de 24 de abril 2013, y ordenó a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado decidir nuevamente el caso, bajo el entendido de que el desconocimiento del principio de planeación no genera nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito.
(…).
[E]l demandante pretendió, precisamente, que se declarara la nulidad absoluta del contrato por la inobservancia del principio de planeación; pretensión principal frente a la que se advierte que la ilicitud del objeto contractual no se configura por la no atención de este principio, tal y como lo resolvió el Consejo de Estado en la referida Sentencia de 21 de agosto de 2014. En ese sentido, la inobservancia del principio de planeación no es una causal de nulidad de los contratos estatales porque la ley no lo estableció, comoquiera que es al legislador a quien le corresponde definir las causas que hacen nulo un negocio jurídico. (…) el demandante no probó (artículo 167 del Código General del Proceso) que la falta de ejecución del contrato estuviera atada a la inobservancia de la planeación, sino que, por el contrario, está acreditado que la entidad demandada atendió sus deberes precontractuales y la debida planeación, con la elaboración oportuna y puesta en conocimiento de los interesados de los estudios y documentos previos necesarios para la ejecución del objeto contractual. Aunque el actor alegó que estaba en la imposibilidad de material de cumplir el objeto, lo cierto es que la supuesta falta de diseños no existió y que el contratista podía, perfectamente, haber cumplido con sus obligaciones. (…) la planeación contractual trae aparejada unas cargas para los interesados en participar en procesos de selección.
Por ello, el comportamiento del demandante, quien guardó silencio frente a los diseños y demás estudios y documentos previos, desatiende la buena fue cuando, durante la etapa de ejecución, pretende excusar el incumplimiento de sus obligaciones en una antojadiza y no probada imposibilidad material, y en una supuesta nulidad absoluta del contrato, que no se configuró en el caso concreto. (Negrillas y subrayado fuera de texto).
En síntesis la nueva línea jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Tercera – precedente judicial- en lo que tiene que ver con el desconocimiento del principio de planeación en la etapa precontractual es que su supuesta vulneración no constituye causal de nulidad absoluta por “objeto ilícito”, y en tal sentido la controversia deberá definirse dependiendo de las circunstancias que podrían afectar la ejecución del objeto contractual y su encuadramiento en las tipologías de responsabilidad patrimonial por daño antijurídico conforme al artículo 90 constitucional.
EL EFECTO VINCULANTE DE LA “RATIO DECIDENDI” DE LAS DECISIONES JURISPRUDENCIALES DEL CONSEJO DE ESTADO
En un Estado constitucional la soberanía normativa, es decir la facultad, poder o potestad de crear o generar reglas jurídicas o normativas con efectos regulatorios y vinculantes, que históricamente estaba en cabeza del órgano legislativo – Congreso de la República- se redistribuye entre éste y los órganos o funcionarios que tienen la potestad constitucional de adjudicar el derecho para garantizar la efectividad de los valores, principios, derechos y deberes constitucionales, como lo son los jueces de la república.
Sobre los efectos vinculantes de las reglas jurídicas - “ratio decidendi”- de las decisiones de los órganos constitucionales de cierre, sostiene la jurisprudencia constitucional:
La definición de las reglas de derecho que aplican las autoridades administrativas y judiciales pasa un proceso interpretativo previo, en el que armoniza el mandato legal particular con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, junto con los principios rectores que ordenan la materia correspondiente. A su vez, cuando esta labor es adelantada por aquellas máximas instancias de justicia, que tienen la función constitucional de unificar jurisprudencia con carácter de autoridad, las subreglas resultantes son vinculantes, siendo el sustento de esa conclusión la naturaleza imperativa que la Carta confiere a la Constitución y a la ley. En términos simples, el deber de acatar los mandatos superiores y legales incorpora, de suyo, el mandato imperativo de asumir como reglas formales de derecho las decisiones que unifican jurisprudencia y/o hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en tanto la ratio decidendi de esas sentencias contienen las subreglas que, mediante la armonización concreta de las distintas fuentes de derecho, dirimen los conflictos sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas. Esta disciplina jurisprudencial, a su vez, garantiza la vigencia de principios nodales para el Estado Constitucional, como la seguridad jurídica y la igualdad de trato ante las autoridades. Sintetizando las decisiones de esta Corporación que han asumido el tópico en comento, señaló cómo “…[u]na interpretación adecuada del imperio de la ley a que se refiere el artículo 230 constitucional, significa para la jurisprudencia constitucional que la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, no puede entenderse en términos reducidos como referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, sino que debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico. || Sobre este tema, ha resaltado la Corte que (i) la intención del constituyente ha sido darle clara y expresa prevalencia a las normas constitucionales –art. 4º Superior- y con ella a la aplicación judicial directa de sus contenidos; (ii) que esto debe encontrarse en armonía con la aplicación de la ley misma en sentido formal, es decir dictada por el Legislador, la cual debe ser interpretada a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución; (iii) que por tanto es la Carta Política la que cumple por excelencia la función integradora del ordenamiento; (iv) que esta responsabilidad recae en todos las autoridades públicas, especialmente en los jueces de la república, y de manera especial en los más altos tribunales; (v) que son por tanto la Constitución y la ley los puntos de partida de la interpretación judicial; (vi) que precisamente por esta sujeción que las autoridades publicas administrativas y judiciales deben respetar el precedente judicial o los fundamentos jurídicos mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores; (vii) que esta sujeción impone la obligación de respetar el principio y derecho de igualdad tratando igual los casos iguales; (viii) que mientras no exista un cambio de legislación, persiste la obligación de las autoridades públicas de respetar el precedente judicial de los máximos tribunales, en todos los casos en que siga teniendo aplicación el principio o regla jurisprudencial; (ix) que no puede existir un cambio de jurisprudencia arbitrario, y que el cambio de jurisprudencia debe tener como fundamento un cambio verdaderamente relevante de los presupuestos jurídicos, sociales existentes y debe estar suficientemente argumentado a partir de razonamientos que ponderen los bienes jurídicos protegidos en cada caso; (x) que en caso de falta de precisión o de contradicción del precedente judicial aplicable, corresponde en primer lugar al alto tribunal precisar, aclarar y unificar coherentemente su propia jurisprudencia; y (xi) que en estos casos corresponde igualmente a las autoridades públicas administrativas y a los jueces, evidenciar los diferentes criterios jurisprudenciales existentes para fundamentar la mejor aplicación de los mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su totalidad, “y optar por las decisiones que interpreten de mejor manera el imperio de la ley” para el caso en concreto”.
Reconociendo la Constitución Política la autonomía judicial, en el entendido de que los jueces al adjudicar o asignar el derecho dentro de un proceso contencioso gozan de máxima autonomía, es claro que pudiendo apartarse de una regla jurídica establecida como “ratio decidendi” dentro de un precedente de uno de los máximos órganos de cierre, se requiere que aquellos al apartarse del mismo justifiquen de forma racional y razonable el porqué de su apartamiento, como quiera que prima facie el “acatamiento del precedente jurisprudencial es estricto, sin que resulte admisible la opción de apartarse del mismo”.
Sobre el particular sostiene la jurisprudencia autoritativa:
La Corte también refirió al grado de vinculación para las autoridades judiciales del precedente jurisprudencial emitido por las altas cortes. Resulta válido que dichas autoridades, merced de la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente, pero en cualquier caso esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales. Esta opción, aceptada por la jurisprudencia de este Tribunal, está sustentada en reconocer que el sistema jurídico colombiano responde a una tradición de derecho legislado, la cual matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante del precedente, lo que no sucede con otros modelos propios del derecho consuetudinario, donde el precedente es obligatorio, basado en el principio del stare decisis. Sin embargo, debe resaltarse que la opción en comento en ningún modo habilita a las autoridades judiciales para, en el ejercicio distorsionado de su autonomía, opten por desconocer el precedente, tanto de carácter vertical como horizontal, ante la identidad de supuestos jurídicos y fácticos relevantes, sin cumplir con los requisitos antes mencionados. Por lo tanto, resultarán inadmisibles, por ser contrarias a los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica, posturas que nieguen la fuerza vinculante prima facie del precedente, fundamenten el cambio de jurisprudencia en un simple arrepentimiento o cambio de parecer, o sustenten esa decisión en el particular entendimiento que el juez o tribunal tengan de las reglas formales de derecho aplicables al caso. En otras palabras, para que la objeción al precedente jurisprudencial resulte válida, conforme a la perspectiva expuesta, deberá demostrarse a que esa opción es imperiosa, en tanto concurren razones sustantivas y suficientes para adoptar esta postura, en tanto el arreglo jurisprudencial existente se muestra inaceptable. Estas razones, a su vez, no pueden ser otras que lograr la vigencia de los derechos, principios y valores constitucionales. En cambio, cuando el desconocimiento del precedente solo obedece a una actuación arbitraria del funcionario judicial, se está ante un abierto desconocimiento del principio de legalidad, sometido a las sanciones y demás consecuencias jurídicas que el ordenamiento reserva para conductas de esa naturaleza. Incluso, la Corte ha reconocido que tales decisiones arbitrarias, que desconocen injustificadamente el contenido y alcance de una regla jurídica, fijada con criterio de autoridad por una alta corte, puede configurar el delito de prevaricato, puesto que en esos casos no solo se está ante la ausencia de disciplina jurisprudencial, sino también ante una decisión que se aparte radicalmente del orden jurídico. No sucede lo mismo cuando se trata de autoridades administrativas. En este caso, habida cuenta que esos funcionarios carecen del grado de autonomía que sí tienen las autoridades judiciales, el acatamiento del precedente jurisprudencial es estricto, sin que resulte admisible la opción de apartarse del mismo. Ello en el entendido que la definición, con fuerza de autoridad, que hacen las altas cortes del contenido y alcance de los derechos y, en general, de las reglas constitucionales y legales, resulta imperativa para la administración.
Sobre el particular establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011:
ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.
Por su parte, establece el artículo 270 de la misma codificación:
ARTÍCULO 270. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL. Artículo modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.
Concluyendo sobre este tópico, los jueces al resolver los casos sometidos a su consideración deberán guiarse en la resolución y adjudicación del derecho, no solo por la ley en sentido material, sino por la regla jurídica establecida como “ratio decidendi” dentro de un precedente de uno de los máximos órganos de cierre – sentencia de unificación jurisprudencial-, y si en el hipotético caso que se aparte del mismo tiene la carga argumentativa compleja de justificar de forma racional y razonable el porqué de su decisión, como quiera que prima facie el “acatamiento del precedente jurisprudencial es estricto, sin que resulte admisible la opción de apartarse del mismo”.
Dentro del proceso se allegaron y decretaron las siguientes pruebas, que sirven para analizar la linealidad en el tiempo de los procedimientos previos, concomitantes y posteriores que se llevaron a cabo en relación con la declaratoria de urgencia manifiesta que diera como resultado la celebración del contrato de obra pública No. 254 de 2015, así como la serie de irregularidades que se cometieron durante ese proceso por la autoridad municipal del Prado (Tolima) que dieron como resultado la declaratoria de nulidad absoluta del mencionado contrato.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Esta Agencia Ministerial se aparta de la línea argumentativa y conclusiva del Tribunal Administrativo Boyacá en la sentencia objeto del presente recurso de apelación, que terminó con la declaratoria de nulidad del contrato de obra pública No. No. 423 de 2010 celebrado entre el municipio de Tunja, y la Unión Temporal Sector 1, bajo el argumento de haberse celebrado con desconocimiento del principio de planeación contractual.
En efecto consideró el Tribunal de Primera Instancia que de las pruebas allegadas al expediente se acreditó que mediante escrito del 01 de febrero de 2011, el ciudadano Pedro Pablo Salas interpuso acción popular en contra del municipio de Tunja, aduciendo que el proceso de licitación No. SI-AMT-029-2010 que fue adelantado por el referido ente territorial y que culminó con la celebración del Contrato de-Obra No. 423 de 2010 adolecía de varias falencias, entre ellas, que para la intervención del Tramo I se hacía necesario la modificación del POT en el sentido de cambiar el uso de suelos de los aparques Santander y la Esperanza, sin que previo a la apertura de la referida licitación, se hubiere adelantado los trámites necesarios ante el Concejo municipal (Fls. 207-212 Anexo 2), acción popular que fue fallada en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Tunja en el sentido de dejar sin efectos el contrato de obra pública en mención, entre otras por no haberse realizado ante el Consejo Municipal de Tunja el cambio o desafectación en el uso de los predios de uso público denominados “parques Santander y la Esperanza” y que eran necesarios para la ejecución del objeto contratado.
La decisión anterior fue modificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Tunja, al considerar que el Juez Popular no puede con sus decisiones afectar o declarar la invalidez de un contrato estatal, y en consecuencia ordenó que se procediera a la terminación del contrato de obra pública No. No. 423 de 2010 celebrado entre el municipio de Tunja, y la Unión Temporal Sector 1, y a su correspondiente liquidación.
Con fundamento en estas decisiones producto de la acción popular, el Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia que es objeto del recurso de apelación consideró que se había desconocido el principio de planeación por la no disposición o desafectación de los predios relacionados con los parques Santander y la Esperanza, lo que conllevaba a declarar la nulidad del Contrato Estatal de Obra Pública No. 423 de 2010 celebrado entre el municipio de Tunja, y la Unión Temporal Sector 1, conforme a la sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de diciembre de 2017, Radicación número: 76001-23-33-000-2013-00169-01(50045). Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA.
Esta Agencia Ministerial como se señaló en precedencia, respetuosamente se aparta de la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia apelada, como quiera que si bien en una primera etapa la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia referenciada había considerado que el desconocimiento del principio de planeación acarrea la nulidad por objeto ilícito del contrato estatal, lo cierto es que con posterioridad en sentencias de tutela del mismo Consejo de Estado y en Sentencias que constituyen nueva línea jurisprudencial, es decir precedentes judiciales vinculantes, la misma Sección Tercera del Consejo de Estado considera que el desconocimiento del principio de planeación no conlleva a la nulidad absoluta del contrato estatal como quiera que esta causal no está prevista expresamente ni en la ley 80 de 1993 ni en los códigos civil y comercial.
Al respecto dijo la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia que marca su nueva línea jurisprudencial:
El papel basilar de los principios, y de la planeación contractual en particular, sirvió de sustento para que una providencia del Consejo de Estado afirmara que “la elusión de este mandato comporta[ba] una transgresión al orden legal que conducía a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto”. Esto es, en esa ocasión se concluyó que el incumplimiento de la planeación contractual configuraba la causal de nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito. No obstante, debe tenerse en cuenta que la posición enarbolada en la referida providencia (que sirvió de fundamento a la Sentencia de primera instancia) fue pronto morigerada y abandonada, resultado de una sentencia de tutela en la cual, esta misma Corporación concluyó que existía una “interpretación errónea del principio […] cuando se dice que su inobservancia es, indefectiblemente, causal de nulidad absoluta del contrato, por objeto ilícito”. La tutela, tras retomar la importancia capital del principio de planeación y de reafirmar que es un mandato “inherente a la actividad administrativa contractual y de ineludible acatamiento”, dejó sin efectos una providencia en la que se habían retomado los argumentos expuestos en la Sentencia de 24 de abril 2013, y ordenó a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado decidir nuevamente el caso, bajo el entendido de que el desconocimiento del principio de planeación no genera nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito.
(…).
[E]l demandante pretendió, precisamente, que se declarara la nulidad absoluta del contrato por la inobservancia del principio de planeación; pretensión principal frente a la que se advierte que la ilicitud del objeto contractual no se configura por la no atención de este principio, tal y como lo resolvió el Consejo de Estado en la referida Sentencia de 21 de agosto de 2014. En ese sentido, la inobservancia del principio de planeación no es una causal de nulidad de los contratos estatales porque la ley no lo estableció, comoquiera que es al legislador a quien le corresponde definir las causas que hacen nulo un negocio jurídico
En efecto, si se revisan los antecedentes que como realidad fáctica constituyen el objeto de la litis junto con las pruebas allegadas y decretadas, análisis éste que realizó el Tribunal Administrativo de Boyacá, se puede inferir que si bien es cierto en la celebración del contrato de obra pública No. No. 423 de 2010 celebrado entre el municipio de Tunja, y la Unión Temporal Sector 1 se pudo desconocer, prima facie, el principio de planeación, como quiera que parte de los predios por donde pasaría el trazado geométrico de la vía objeto del contrato de obra pública correspondían a parques públicos y que previamente a la apertura del proceso licitatorio debieron realizarse los trámites ante el consejo municipal para el cambio de su uso o su desafectación, lo cierto es que el Tribunal de Instancia debió realizar un análisis de la realidad fáctica a la luz de las pruebas aportadas en el sentido de determinar claramente que quien estructuró los pliegos de la licitación y el contrato proyectado, fue la administración municipal licitante, a quien le correspondía en virtud del principio de planeación haber desafectado los predios que como parques públicos harán parte del trazado de la vía, lo cual no hizo previamente a la apertura del proceso licitatorio, involucrando con ello su responsabilidad precontractual, así como su responsabilidad en la imposibilidad en la ejecución del contrato de obra pública celebrado, lo que conllevaría a que se declarara su incumplimiento con las consecuencias patrimoniales que de ello se derivarían, conforme a las pretensiones de la demanda.
Lo anterior conlleva a que el Tribunal Administrativo Boyacá a través de la sentencia del 08 de octubre de 2019 apelada, debió con fundamento en la nueva línea jurisprudencial de la Sección Tercera de Consejo de Estado -“Ratio Decidendi”- iniciada con la Sentencia del ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), abstenerse de declarar la nulidad del contrato de obra pública, y proceder a conocer a fondo y pronunciarse, a la luz de las pruebas obrantes en el proceso, sobre las pretensiones declarativas e indemnizatorias que se configuraron por los daños y perjuicios que por incumplimiento contractual y desequilibrio económico alegó el demandante Unión Temporal Sector 1 se le ocasionaron durante la ejecución del contrato de obra pública No. No. 423 de 2010, y determinar en tal sentido si accedía o negaba las pretensiones de la demanda, así como si prosperaban o no las excepciones de mérito propuestas por la entidad pública demandada Municipio de Tunja.
Es claro entonces para esta Agencia del Ministerio Público que el Tribunal Administrativo Boyacá en su Sentencia del 08 de Octubre de 2019, debió aplicar la “Ratio Decidendi” de las Sentencias constitutivas de la nueva línea jurisprudencial la Sección Tercera del Consejo de Estado iniciada a partir del 08 de septiembre de 2021, lo cual omitió, por lo que el fallo apelado incurrió en la modalidad de defectos fáctico y sustantivo, no sólo por la no aplicación del precedente judicial obligatorio sino por la ausencia o indebida valoración probatoria conforme a las pretensiones de la demanda
RESPUESTA AL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO
La respuesta al problema jurídico planteado en el punto 2.2. de este concepto se resuelve de la siguiente manera:
La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá del 08 de octubre de 2019, por medio de la cual se declaró la nulidad absoluta del Contrato de Obra Pública No. 423 de 2010, desconoció la ratio decidendi del precedente jurisprudencial establecido por la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante Sentencia de ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que estableció la regla según la cual el desconocimiento del principio de planeación no genera la nulidad absoluta del contrato estatal.
5. CONCLUSIÓN
En virtud de lo expuesto, y salvo mejor consideración del Honorable Consejo de Estado, esta agente del Ministerio Público considera que la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo Boyacá del 08 de Octubre de 2019, por medio de la cual se declaró la nulidad absoluta del Contrato de Obra Pública No. 423 de 2010 y se negaron las pretensiones de la demanda, debe ser revocada por desconocimiento del precedente judicial – ratio decidendi- establecido en la Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que estableció la regla según la cual el desconocimiento del principio de planeación no genera la nulidad absoluta del contrato estatal; y en su lugar se debe proceder, con fundamento a las pruebas allegadas al proceso, a estudiar de fondo las pretensiones de la demanda por desequilibrio económico para efectos de determinar si se acogen o desestiman.
Del H. Magistrado,
PAOLA GARCÍA ARISTIZÁBAL
Procuradora Delegada con Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa (con asignación temporal de funciones)
FPinzón