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titulo: "CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO: en tratándose de contratos por calamidad pública no es requisito la solemnidad del escrito"
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# CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO: en tratándose de contratos por calamidad pública no es requisito la solemnidad del escrito

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2025-10-06
- **Número:** 202512190848550.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202512190848550.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Accion de controversias contractuales: Declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta en el municipio de Florida
- Contrato estatal: Validez del contrato para atender calamidades públicas
- Contrato estatal: Limites a las solemnidades de la Ley 80 de 1993
- Contrato estatal: La inexistencia de CDP no invalida el contrato ni exonera a la UNGRD, porque ella misma eligió un régimen excepcional del derecho privado al amparo del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Ley 1523 de 2012
- Ley 1150 de 2007

## Extracto

CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-La solemnidad escrita como requisito de existencia del contrato estatal (contrato solemne) ni la previa disponibilidad presupuestal como condición de ejecución El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso de controversias contractuales identificado en la referencia. Por lo tanto, cualquier acuerdo o contrato celebrado, sin este requisito es nulo de pleno derecho. En ese orden, no existe fundamento legal, jurídico o acto administrativo que sirva como fuente generadora o título que obligue a reconocer y pagar de las pretensiones de la demanda. Luego de verificar que en el sub examine no se presenta caducidad del medio de control, tampoco causal de nulidad que invalide la presente actuación, por tanto, se procede a estudiar los argumentos constitutivos del recurso de alzada.

## Descriptores temáticos

CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO, La solemnidad escrita como requisito de existencia del contrato estatal (contrato solemne) ni la previa disponibilidad presupuestal como condición de ejecución

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## Texto del documento

ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta en el municipio de Florida
CONTRATO ESTATAL-Validez del contrato para atender calamidades públicas
CONTRATO ESTATAL-Limites a las solemnidades de la Ley 80 de 1993
CONTRATO ESTATAL-La inexistencia de CDP no invalida el contrato ni exonera a la UNGRD, porque ella misma eligió un régimen excepcional del derecho privado al amparo del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-La solemnidad escrita como requisito de existencia del contrato estatal (contrato solemne) ni la previa disponibilidad presupuestal como condición de ejecución
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL-La UNGRD incumplió la obligación de pago que le correspondía conforme a lo estipulado en el aludido acuerdo negocial, por lo tanto, debe cancelar la suma
CONCEPTO N° 143/2025
Bogotá D. C., octubre 6 de 2025
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente, doctora [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Ref.: Proceso: 76001233300020230071801 (72619)
Medio de control: Controversias contractuales
Actor: CAT Construcciones y Explanaciones S.A.S.
Demandados: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD
El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso de controversias contractuales identificado en la referencia. En esta oportunidad se solicita CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que negó las pretensiones. Para ello se exponen los siguientes argumentos.
1. ANTECEDENTES
1.1 DEMANDA. Por intermedio de apoderado judicial, el 7 de marzo de 2019 la sociedad CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S. formuló demanda de controversias contractuales contra la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES – UNGRD. Pretende que se declare: i) La existencia del contrato de suministro. La hace derivar de las órdenes de proveeduría GS-SMD-667-2021 y GS-SMD-667-A-2021 del 12 y 17 de octubre de 2021 cuyo objeto fue que la citada sociedad facilitara maquinaria amarilla para atender y responder a la emergencia generada por la temporada de lluvias en el municipio de Florida, Valle, de acuerdo con la situación de calamidad pública municipal declarada mediante Decreto 26 del 15 de marzo del 2021, cuyo valor ascendió a $1.421.696.158,48; ii) El cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la demandante; iii) El incumplimiento de la obligación de pago total del contrato por parte de la demandada y, en consecuencia, se la condene a realizar su cancelación, adicional a la de los intereses y de los perjuicios materiales equivalentes a $211.000.000 e inmateriales equivalentes a 100 SMLMV, que dicha omisión le causó a la sociedad demandante.
Manifestó que, en el presente caso, las partes suscribieron un contrato. Este no se identificó como tal dado el contexto en el que se realizó (urgencia manifiesta) y frente al cual el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 autoriza cierta informalidad en su configuración. Pese a que tal formalidad no determina la existencia del vínculo contractual, la documentación da cuenta de una situación diferente, pues, las actas de proveeduría para aceptar la oferta el proveedor, así como los documentos firmados por el director de la entidad y por el representante legal de la empresa contratista, permitían configurar la existencia de los elementos esenciales de un negocio jurídico, esto es, de un contrato de suministro para el caso.
Señaló que, para el 5 de febrero de 2022, la sociedad demandante cumplió a satisfacción con el objeto de la orden de proveeduría. Debido a ello expidió el acta de entrega y recibido a satisfacción por el alcalde del municipio de Florida como coordinador del comité de gestión del riesgo de desastres departamental y por el interventor contratado por la UNRGR, CARMABI Constructores SAS. Este certificó que la información presentada el contratista, para obtener el pago de la orden de proveeduría GS-SMD-667-2021 que cubre el periodo del 17 de octubre de 2021 al 5 de febrero de 2022, estaba verificada y aprobada y con ocasión de ello, informó el cumplimiento a satisfacción. Lo que debía haber llevado al cumplimiento de la obligación de pago por parte de la entidad contratante, sin embargo, no se realizó, lo que generó una afectación económica evidente a la accionante.
Invocó como normas violadas los artículos 3, 4 y 66 de la ley 1523 de 2012 y 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Refirió que en el presente caso existió un contrato estatal que la accionada incumplió ya que es de aquellos que no se encuentran sometidos a la solemnidad de que tratan los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, por ser de los amparados por una declaratoria de desastre o de calamidad pública.
1.2 CONTESTACIÓN, EXCEPCIONES Y ALEGATOS
La UNGRD se opuso a las pretensiones. Alegó que la demandante no ostentó la condición de contratista, por cuanto, no aprobó contrato u orden de proveeduría alguna, no suscribió acta de inicio, tampoco otro documento del cual se pudiera derivar la materialización de un negocio jurídico entre las partes, por lo que no existió una relación contractual con dicha sociedad, mucho menos la obligación de pago relacionado con el mismo. En esa medida, resultan improcedentes los perjuicios inmateriales reclamados a título de daño moral. Adicionalmente, no obra prueba de que el presunto daño alegado lo haya ocasionado una acción u omisión de la demandada.
Formuló como excepciones previas: i) no comprender todos los litisconsortes necesarios, por cuanto también debió haberse vinculado al proceso al Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, como responsable del pago; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto si bien la UNGRD interviene en temas de gasto y de ordenación del mismo, lo hace en nombre del FNGRD, mas no como su vocero ni representante legal; y iii) indebida selección y puesta en práctica del medio de control, pues, ante la inexistencia de contrato, mal puede hacerse uso de la acción contractual. Dichas excepciones se declararon no probadas mediante auto No. 275 del 31 de julio de 2024. También propuso como excepciones de mérito: inexistencia de la obligación de pago e inexistencia de perjuicios.
Se abstuvo de presentar alegatos de conclusión.
1.3 La sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia No. 388 de 29 de noviembre de 2024, declaró la existencia del contrato y el incumplimiento de la obligación de pago por parte de la UNGRD. En consecuencia, ordenó cancelar el valor pactado a favor de la accionante, junto con su correspondiente actualización, sin acceder a reconocer los perjuicios alegados.
En primer lugar, relacionó los requisitos necesaria para la existencia de contratos estatales. Precisó que “para determinar si nació a la vida jurídica un contrato, aquello que debe encontrarse debidamente acreditado es la existencia de un acuerdo entre las partes del negocio jurídico entorno al objeto de este y a las prestaciones mutuas que tendrán lugar con ocasión de su ejecución, más que este repose en un único documento identificado como «contrato»”.
En lo que atañe al incumplimiento contractual, señaló que tal declaratoria procede cuando la parte que ejerce el medio de control de controversias contractuales acredita haber cumplido las obligaciones derivadas del contrato celebrado. Solo agotar esta carga probatoria la faculta, según la jurisprudencia administrativa, para reclamar a su contraparte, el incumplimiento enrostrado en la acción judicial.
Aseveró estar acreditado que entre la parte demandante y la entidad demandada existió un contrato de suministro. Este inició cuando la UNGRD remitió la orden de proveeduría GS-SMD-667-2021 al correo electrónico de la sociedad accionante. El representante legal analizó los requisitos -objeto y obligaciones mutuas entre las partes- además lo relacionado con el pago o contraprestación por el cumplimiento de dicho objeto, y la aceptó dando respuesta vía electrónica al ofrecimiento realizado.
Adujo que tanto la orden de proveeduría GS-SMD-667-2021 del 12 de octubre de 2021, su modificatoria GS-SMD-667-A- 2021del 17 de octubre de 2021 y la correspondiente aceptación por la demandante conformaron el contrato, en este caso, de «suministro de horas maquinaria amarilla para la respuesta y recuperación de la emergencia generada por la ocurrencia de la temporada de lluvias en el municipio de florida». El contrato, además, constó por escrito, lo aceptó el destinatario, y ambas partes confirmaron su intención de materializarlo al suscribir el acta de inicio el 17 de octubre de 2021, en compañía del representante legal de la firma supervisora del contrato, es decir, CARMABI Construcciones SAS y todo ello en documentación propia de la UNGRD, lo que confirmar la existencia del negocio jurídico analizado.
También encontró demostrado el incumplimiento de la obligación de pago del «valor del apoyo autorizado» aceptada por las partes en la orden de proveeduría GS-SMD-667-2021 del 12 de octubre de 2021, presente en el numeral 10 de las «condiciones del servicio» y que era equivalente a $1.421.696.156,48 y pagadera al finalizar la ejecución del objeto de la referida orden, esto es, el suministro de las horas maquinaria, que tuvo lugar el 5 de febrero de 2022, fecha en que se dio el recibido a satisfacción por la entidad contratante y el supervisor del contrato. Motivo por el cual, ordenó a la UNGRD cancelar a la parte demandante la suma referida traída a valor presente, de acuerdo con los índices de precios al consumidor certificados por el DANE. Por no encontrar probados los perjuicios materiales e inmateriales alegados, negó su reconocimiento.
1.4 LA IMPUGNACIÓN. La UNGRD solicitó revocar la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta los siguientes argumentos: En primer lugar, refirió el principio de legalidad. Planteó que conforme al numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en relación con el principio de economía, corresponde a las entidades estatales abrir licitaciones o iniciar procesos para suscribir contratos, cuando existan disponibilidades presupuestales que garanticen la apropiación para atender el gasto.
En ese sentido, el propósito del certificado de disponibilidad presupuestal es armonizar el régimen de contratación estatal y el régimen presupuestal, de modo que las entidades públicas estén impedidas para iniciar un proceso de contratación sin la seguridad de contar con los recursos presupuestales suficientes y disponibles para adquirir determinado bien o servicio. Y será con posterioridad al perfeccionamiento del contrato estatal que debe expedirse el Registro Presupuestal – RP, el cual, con sustento en el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, Decreto Nacional 111 de 1996, y la jurisprudencia del Consejo de Estado, garantiza que los recursos destinados a un gasto concreto, no se desvíen a otro fin. Por lo tanto, cualquier acuerdo o contrato celebrado, sin este requisito es nulo de pleno derecho. En el sub examine, la sentencia apelada no consideró adecuadamente la falta de CDP como un elemento esencial para la validez del contrato.
Reiteró sus argumentos respecto a la inexistencia del contrato. Insistió en que en el presente asunto no es jurídicamente viable la declaración de incumplimiento por parte de la UNGRD, por no existir contrato estatal alguno suscrito entre la parte demandante y esa entidad pública, como quiera que ninguno de los documentos aportados, es decir, la Orden de Proveeduría N° GS-SMD-667-2021, el acta de inicio como el acta de entrega a satisfacción, están suscritos por el ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Señaló lo que dispone el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, respecto del perfeccionamiento de los contratos estatales y los requisitos para su ejecución, dentro de los cuales se encuentra la disponibilidad presupuestal. Reiteró que en el presente asunto no existió certificado de disponibilidad presupuestal, tampoco acta de inicio, ni registro presupuestal, por tanto, no están configurados los requisitos indispensables para el perfeccionamiento y ejecución del contrato estatal. En ese orden, no existe fundamento legal, jurídico o acto administrativo que sirva como fuente generadora o título que obligue a reconocer y pagar de las pretensiones de la demanda. Agregó que el acta de entrega y recibo a satisfacción no está firmada por la UNGRD, sino por el contratista, el interventor y el alcalde municipal de Florida, motivo adicional para aducir la inexistencia de la obligación a cargo de esta entidad pública.
2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. PROBLEMA JURÍDICO
Para el Ministerio Público, los problemas jurídicos se centran en determinar: i) Si existió el contrato de suministro derivado de las órdenes de prov

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

Esto es, sobre este recae la carga de la prueba y en especial, cuando se trata de contratos bilaterales y conmutativos, ya que frente a estos adquiere “una doble dimensión” puesto que al tratarse de contratos con prestaciones correlativas “se configura una relación de interdependencia de las obligaciones recíprocas y, al tenor de los dictados del artículo 1609 del Código Civil, esa regla impone la inadmisibilidad de que una de las partes del contrato exija a la otra que satisfaga sus obligaciones, mientras ella misma se encuentre en mora de cumplir lo pactado”.
El análisis de pruebas realizado permite advertir que la sociedad demandante cumplió con las obligaciones a su cargo fijadas en el contrato y que fue la UNGRD quien incumplió la obligación de pagar, conforme lo establecía la orden de proveeduría y los compromisos que previamente había adquirido con la alcaldía de Florida.
Como se señaló en precedencia, posterior a las declaratorias de calamidad pública y urgencia manifiesta, el alcalde del municipio de Florencia, a través de SGCS.7.2.008-2021 de 27 de agosto de 2021, solicitó el apoyo a la UNGRD para conjurar la situación de emergencia que se estaba presentando en ese ente territorial para el año 2021. En virtud de lo cual, suscribieron el “Acta de intención y compromiso”, en la que se consignó la obligación a cargo de dicha Unidad, de garantizar no solo los recursos para tal fin, sino que los mismos se utilizaran para el fin propuesto.
Recordemos que fue la misma UNGRD quien realizó la oferta de contrato a CAT CONSTRUCCIONES SAS. De contera, era su deber apropiar los recursos para respaldar la obligación de pago a la que se estaba comprometiendo con su suscripción, para lo cual debió realizar los trámites de legalización ante el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, según lo previsto en el literal b) de las condiciones del servicio.
Sin embargo, conforme el material probatorio que obra en esta actuación, está demostrado que ello no fue así, por cuanto la contratista no recibió el único pago que se pactó en el contrato (literal de las condiciones de servicio), a pesar de que lo ejecutó en debida forma, como consta en los cuadros de control de operadores, las planillas diarias y semanales de operación, el registro fotográfico, los diferentes informes de seguimiento, en el “Acta de recibo a satisfacción” y en la certificación suscrita por el interventor del contrato que designó la misma UNGRD para su vigilancia y control.
Así se refirió al tema Carlos Alberto Torres en su declaración:
(…) procedimos a hacer el cobro y ahí es donde ya se vinieron a presentar los inconvenientes, porque no nos respondieron (…). Inicialmente no respondían, y, en consecuencia, se enviaron derechos de petición; bueno, ya con eso ya respondieron que no había CDP, que estaban en eso y que la parte técnica no estaba, que faltaban hacer unas correcciones. Entonces se realizaron las correcciones fijadas y luego mediante correo (…) ya nos dijeron que todo estaba bien y que procedían a gestionar el CDP; y ya luego nuevamente dijeron mediante correo electrónico que no había CDP, y que entonces no pagaban y ya proseguimos con la demanda…”.
Lo anterior fue corroborado por la nueva representante legal de CAT CONSTRUCCIONES SAS, Mónica Montezuma Rojas, quien en su declaración de 25 de octubre de 2024 ante el Tribunal Administrativo del Valle señaló que dicha sociedad, el 7 de febrero de 2022, radicó ante la demandada “todo el paquete” para que ellos revisaran, con el fin de obtener el pago de la ejecución de ese contrato, luego de lo cual la ingeniera Paola Luna, que estuvo vinculada con la UNGRD y fue la encargada de revisar la cuenta de cobro, hizo observaciones que se subsanaron, por lo que la cuenta quedó lista para pagar. Refirió que, pese a que muchas veces enviaron correos electrónicos y solicitudes para que les pagaran, la Unidad no respondía, por lo que se vieron en la obligación de tutelar y así lograron que la UNGRD contestara que sí estaban las cuentas de cobro, que todo estaba aprobado, pero que contaban con CDP, por lo que no podían pagar.
Si bien la demandante no aportó los documentos de exigencia del pago a la entidad, ni las respuestas negativas que dio la UNGRD, tampoco el fallo de tutela, lo cierto es que, desde la misma contestación de la demanda, dicha Unidad aceptó no haber realizado el pago, porque, según lo sostuvo a lo largo del proceso, ante la inexistencia de contrato o de ningún otro documento suscrito por esa entidad, mal podría responder por una obligación que no está a su cargo. Por el contrario, afirmó que, en caso tal, quien debía realizar el pago era el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, como administrador fiduciario de los recursos destinados a los fines de emergencias por calamidad pública, por lo que alegó falta de legitimación en la causa dentro de la actuación. Adicionalmente, en el recurso de apelación se reafirmó el argumento de la inexistencia del contrato, bajo la premisa de la falta de presupuesto como requisito de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Ahora, llama la atención que no fue esa la razón que adujo el Comité de Conciliación de la UNGRD para no acceder a la conciliación judicial, pues obra en la constancia de 20 de mayo de 2024, que la negativa obedeció a que “no se acreditó con suficiencia, desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico, el cumplimiento y ejecución de las órdenes de proveeduría GS-SMD-667-2021 y GS-SMD-667A-2021”, lo cual concuerda, en parte, con lo mencionado por el representante de CAT CONSTRUCCIONES SAS en su testimonio, en el que indicó que uno de los motivos que alegó la entidad para no cancelar había sido de índole técnico, pero también afirmó que dicho aspecto había sido corregido por ellos y aprobado por la Unidad, quien posteriormente se refirió a la falta de presupuesto.
Para el Ministerio Público lo anotado es suficiente para concluir que la UNGRD incumplió la obligación de pago que le correspondía conforme a lo estipulado en el aludido acuerdo negocial, por lo tanto, debe cancelar la suma a la que fue condenada en primera instancia, es decir, $2.346.352.554,41, de los cuales $1.776.410.026,81 corresponden al capital actualizado y $569.942.527,60 a los intereses moratorios, conforme con la liquidación efectuada por el a quo.
CONCLUSIONES
Conforme a lo expuesto, el Ministerio Público considera procedente CONFIRMAR la sentencia de 29 de noviembre enero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca al estar demostrada la existencia del contrato de suministro suscrito entre las partes, así como el incumplimiento de la obligación de pago en él establecida por parte de la UNGRD, por lo tanto, debe proceder a cancelar la suma de $1.421.696.156,48 producto de su ejecución, junto con su actualización a valor presente.
Atentamente,
JULIÁN FERNÁNDEZ
Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa
JAF/LGM

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO. 2025-10-06. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202512190848550.DOCX).
