Texto del documento 64.624 caracteres
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA EN MATERIA DE REGALIAS-Conductas según informe de revisión a proyectos financiados con regalías en Alcaldía de Muzo (Boyacá) no causaron infracción sustancial
INFORME CON NOTICIA DISCIPLINARIA-Coordinador del Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral de SGR remite revisión a proyectos financiados con regalías en Alcaldía de Muzo (Boyacá)
PUBLICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL-Aquellos comportamientos que no trasciendan la esfera de lo formal carecerán de dimensión disciplinaria
Esta Instancia Disciplinaria considera que esta conducta reportada como irregular, no alcanzan a tomar los matices de antijurídicas, puesto que no existió una infracción sustancial a un deber, además de advertir que la acción de publicación en el SECOP por regla general está asignada a la Administración Municipal, sin embargo, por regla general se delega a un particular mediante contrato de prestación de servicios
En este sentido, para que la conducta constituya falta disciplinaria, es necesario que ella conlleve la afectación funcional, sin justa causa, de los deberes exigibles a los disciplinados. Pero debe aclararse que no toda afectación del deber reviste mérito disciplinario. Sólo aquellas que cobren cierta dimensión o trascendencia tendrán relevancia disciplinaria. Ese es el sentido natural y obvio de las cosas. Aquellos comportamientos que no trasciendan la esfera de lo formal carecerán de dimensión disciplinaria y, en consecuencia, serán indiferentes para el Derecho sancionador
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCESO CONTRATUAL-Contratista cumplió con obligación de efectuar los aportes al sistema de seguridad social integral de los empleados para ejecución de contratos de obra
Este Despacho advierte que, en los dos procesos contractuales, el contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de Muzo, por motivos que le sean imputables al contratista, según lo establecido en los contratos LP-2019-07 y CMA-2019-08
La expuesta relación Probatoria, impide al Despacho de esta Procuraduría Provincial de Instrucción, edificar un reproche disciplinario por las irregularidades de: i) error en el factor multiplicador de los aportes SGSS; ii) la no validación de los aportes SSSI; iii) y las posibles falencias de planeación para la ejecución del proyecto. Pues las pruebas documentales exhiben la ejecución y liquidación del 16 de Diciembre del año 2020 de los objetos contratados en la Licitación pública LP-2019-07 y Concurso de méritos CMA-2019-08. Circunstancias que cuestionan la veracidad de las acusaciones hechas en el escrito que dio vida a este averiguatorio, y condiciona de manera negativa la credibilidad de los hechos que allí se narraron
CONDUCTA-Elementos y requisitos para que constituya falta disciplinaria
Para que la conducta constituya falta disciplinaria, es necesario que ella conlleve la afectación funcional, sin justa causa, de los deberes exigibles a los disciplinados. Pero debe aclararse que no toda afectación del deber reviste mérito disciplinario. Sólo aquellas que cobren cierta dimensión o trascendencia tendrán relevancia disciplinaria. Ese es el sentido natural y obvio de las cosas. Aquellos comportamientos que no trasciendan la esfera de lo formal carecerán de dimensión disciplinaria y, en consecuencia, serán indiferentes para el Derecho sancionador
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DISCIPLINARIA-Prohibición y presupuestos consagrados en la norma/ILICITUD SUSTANCIAL DE LA CONDUCTA-Quebrantamiento formal que origina el ilícito disciplinario y quebrantamiento sustancial
Adicionalmente al tenor de lo establecido en el artículo 4 del Código General Disciplinario modificado por la Ley 2094 de 2021, los servidores públicos solo serán juzgados y sancionados disciplinariamente cuando por acción u omisión de funciones incurran en las faltas establecidas en la ley, para la existencia de una falta se requiere de una perfecta adecuación típica entre el deber incumplido y la conducta irregular endilgada. Es decir, para que un hecho irregular en el que incurre el servidor público sea sancionable debe violar el deber, la prohibición consagrada en la norma, además la conducta debe ser antijurídica y culpable
Así pues, para que un comportamiento sea reprochable disciplinariamente debe ser típicamente antijurídico, es decir que además de adecuarse a un tipo disciplinario consagrado en la ley, debe afectar sustancialmente el deber funcional que se protege. El Art. 9 del CGD consagra: “La conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna”. Esta categoría dogmática propia del derecho Disciplinario establece que una vez verificada que una conducta se adecua a una descripción típica, se debe entrar a valorar, si esta afecto el deber funcional que estaba obligado a cumplir el funcionario público en desarrollo de las relaciones especiales de sujeción que lo vinculan con la administración pública
Significa esto que se debe demostrar que el comportamiento irregular del funcionario alteró el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines. El ilícito disciplinario comporta un quebrantamiento del deber. Empero, no es el mero quebrantamiento formal el que origina el ilícito disciplinario, sino que se requiere un quebrantamiento sustancial
FALTA DISCIPLINARIA-Investigados con sus conductas no causaron infracción sustancial al deber funcional
En aplicación de los principios que inspiran la actividad disciplinaria, como es el debido proceso que es de arraigo constitucional. Para el caso que nos ocupa, se pudo dilucidar que los investigados, con sus conductas no causaron una infracción sustancial a un deber funcional, de donde se infiere que no se configuraron los requisitos del artículo 26 de la Ley 1952 modificado por la Ley 2094 de 2021
Así las cosas, esta Instancia Disciplinaria se abstendrá de continuar con la presente actuación, toda vez que no es posible estructurar irregularidad alguna atribuible a servidores públicos…, como interventor según el contrato No. CMA-2019-08, dando lugar al archivo de la actuación al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 del Código General Disciplinario modificado por la Ley 2094 de 2021
DEPENDENCIA:
PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN CHIQUINQUIRÁ
RADICACIÓN NO.
E-2020 – 514393 / D - 2020 – 1634917
IMPLICADOS
ELIN JOSE BOHORQUEZ ARIZA
ANDRES CAMILO PEÑA SANCHEZ
JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
CARGO:
ENTIDAD
Alcade Municipal
Secretario de Planeacion
Alcaldia Municipal de Muzo - Boyacá
Intervento Contrato No. CMA-2019-08
INFORME:
Servidor Publico
FECHA INFORME
Noviembre 04 del 2020
FECHA HECHOS
Vigencia del 2.019
ASUNTO
EVALUACIÓN DE INDAGACIÓN PRELIMINAR
Auto que dispone el archivo de la actuación
(Art. 90 del (CGD) modificado por la Ley 2094 de 2021).
Chiquinquirá, Abril 27 del 2.023.
ASUNTO
Atendiendo la competencia disciplinaria en primera instancia asignada a las Procuradurías Provinciales, se procede a valorar la presente indagación preliminar, con la finalidad de verificar si se cumplen las exigencias legales para abrir investigación disciplinaria o si, por el contrario, se procede a ordenar la terminación de la actuación y el consecuente archivo de las diligencias.
ANTECEDENTES
2.1. Del Informe.
Las presentes diligencias se inician con fundamento en oficio OPLA 3023 suscrito por el Doctor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Planeación (E), Coordinador del Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral de SGR, el cual remite el informe de revisión técnica a proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías (SGR), que textualmente refiere los siguientes términos, entre otros:
“(...)
a). CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (*condiciones iniciales)
Modalidad
No. y Fecha Contrato
Objeto
Nombre del contratista
[NOMBRE TACHADO] inicio
Estado
Pagos
Licitación pública (Ley 1150 de 2007)
LP-2019-07 del 27/12/2019
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA URBANIZACIÓN ORQUIDEA MUNICIPIO DE MUZO DEPARTAMENTO DE BOYACA”
MARA LTDA
Inicial:
$845.343.059,17
03 meses
SIN
Terminado
$
Concurso de méritos (ley 1150 de 2007)
CMA-2019-08 del 26/12/2019
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA URBANIZACION LA ORQUIDEA MUNICIPIO DE MUZO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
J & P CONSULTORES S.A.A
Inicial:
$60.345.703,73
03 meses
SIN
Terminado
$
(...)
VIII. [NOMBRE TACHADO] IDENTIFICADO CON BPIN No. 2019154800001 “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA URBANIZACIÓN LA ORQUÍDEA MUNICIPIO DE MUZO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
Tabla de Contenido
ASPECTOS GENERALES
Ejecución Financiera
Ejecución Contractual
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE NORMAS CONTRACTUALES
Información incompleta en SECOP
Presunto Incumplimiento Contractual: Factor Multiplicador: Aportes al Sistema General de Seguridad Social – SGSS, Aportes Parafiscales y Prestaciones Sociales de los Empleados Contratados para Ejecutar la Interventoría.
Verificación de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI y Aportes Parafiscales.
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL SGR
Información Incompleta en Aplicativo Gesproy
Incumplimiento del Objetivo del Proyecto
Presunta Vulneración del Principio de Economía y Planeación
Reportes Departamento Nacional de Planeación – DNP
CONCLUSIONES
ASPECTOS GENERALES
EJECUCIÓN FINANCIERA
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Fuente
Entidad aportante
Valor de aporte
Porcentaje frente al proyecto
Compromiso
Valor pagos
Saldo
FDR
Fondo de Desarrollo Regional
Muz
$707.375.610
76,67%
$707.375.610
$0
$707.375.610
DIR
Directas
Muz
$215.204.432
23,33%
$215.204.432
$0
$215.204.432
TOTAL SGR
$922.580.042
100%
$922.580.042
$0
$922.580.042
TOTAL FUENTES APROBADAS
$922.580.042
100%
$922.580.042
$0
$922.580.042
Fuente: FICHA DE INFORMACION DE PROYECTO SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN aplicativo WEB GESPROY – SGR / 18 de agosto de 2020- Departamento Nacional de Planeación.
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Contrato de Obra
Contrato No. LP-2019-07 del 27 de diciembre de 2019, suscrito entre el municipio de Muzo y MARA LTDA, cuyo objeto es la “Construcción de pavimento rígido en la urbanización Orquídea municipio de Muzo departamento de Boyacá”, por valor de $845.343.059, sin acta de inicio reportada y plazo de ejecución inicial de 03 meses.
Contrato de Interventoría
Contrato No. CMA-2019-08 del 26 de diciembre de 2019, suscrito entre el municipio de Muzo con y J & P CONSULTORES S.A.A, cuyo objeto es la “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra que tiene como objeto la -Construcción de pavimento rígido en la urbanización la Orquídea municipio de Muzo departamento de Boyacá-”, por valor de $60.345.703, sin acta de inicio reportada y plazo de ejecución inicial de 03 meses.
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE NORMAS CONTRACTUALES
Información incompleta en SECOP
La ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 establecen la obligación que tienen las Entidades Estatales de publicar en el SECOP todos los documentos y actos administrativos de los procesos contractuales que adelanten, dentro de los tres (3) dais siguientes a su expedición.
“La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.”
Dentro del Proceso Número LP-2019-07 cuyo objeto es “Construcción de pavimento rígido en la urbanización Orquídea municipio de Muzo departamento de Boyacá”; y dentro del proceso Número CMA-2019-08 cuyo objeto es “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra que tiene como objeto la -Construcción de pavimento rígido en la urbanización la Orquídea municipio de Muzo departamento de Boyacá-”; se encuentran publicados en el SECOP los siguientes documentos y actos administrativos:
Proceso Contractual No LP-2019-07 (Obra)
Proceso No. CMA-2019-08 (Interventoría)
Estudios Previos
Estudios Previos
Pliego de Condiciones
Pliego de Condiciones
Informe de Evaluación
Informe de Evaluación
Contrato
Contrato
A pesar de lo anterior, dentro de los procesos contractuales referidos, no se encuentran publicados documentos como el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, Registro Presupuestal – RP, las ofertas recibidas, la oferta ganadora, aprobación de pólizas, informes de supervisión, entre otros. Lo anterior vulnerando lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, producto de una falta de supervisión y seguimiento por parte de los encargados de dicha función en la entidad ejecutora. Para la época de los hechos, dicha función recaía en Camilo Andrés Peña Sánchez –secretario de planeación e infraestructura del municipio de Muzo y demás funcionarios encargados de la supervisión del contrato y del proyecto.
Presunto Incumplimiento Contractual: Factor Multiplicador: Aportes al Sistema General de Seguridad Social – SGSS, Aportes Parafiscales y Prestaciones Sociales de los Empleados Contratados para Ejecutar la Interventoría
El municipio de Muzo como ejecutor del proyecto identificado con BPIN No. 2019154800001, suscribió el contrato No. CMA-2019-08 del 26 de diciembre de 2019, suscrito entre el municipio de Muzo con y J & P CONSULTORES S.A.A, cuyo objeto es la “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra que tiene como objeto la -Construcción de pavimento rígido en la urbanización la Orquídea municipio de Muzo departamento de Boyacá-”, por valor de $60.345.703 y plazo de ejecución inicial de 03 meses.
Dentro del presupuesto del contrato inicial incorporado en los estudios previos y en la minuta del contrato, establecieron los Costos Directos de Personal y servicios. Respecto a lo primero, incluyeron profesionales quienes ejecutarían el objeto contractual. El cálculo del costo del personal se hizo bajo varios supuestos: la dedicación, el número de profesionales, los perfiles, el salario, el tiempo de dedicación y el factor multiplicador, veamos:
Nótese, que dentro del cálculo del presupuesto de personal se incluye la casilla F.M., correspondiente al cálculo del Factor Multiplicador que afecta el costo de cada profesional y con ello el costo total del personal que se suministraría para el desarrollo del objeto contractual. Este factor multiplicador, calculado en 2,3 responde a los siguientes componentes:
No obstante lo anterior, y una vez revisada la documentación y los soportes cargados en la plataforma Secop, se pudo comprobar que el personal indicado en el presupuesto, no se encuentra vinculado por medio de contrato laboral, esto es, se pudo establecer que el Contratista-Interventor, no generó los pagos al Sistema General de Seguridad Social, ni los pagos referentes a los Aportes Parafiscales, como empleador de los profesionales que incluyó dentro de la propuesta para desarrollar y ejecutar el objeto contractual, incumpliendo con ello, el alcance de su propuesta y las características y condiciones en que se contrató el desarrollo de la Interventoría.
Con todo, es preciso manifestar que el cálculo del presupuesto de personal se ve afectado por la modalidad de contratación del mismo, pues al no existir vinculación laboral, y al no existir soportes sobre los pagos al Sistema General de Seguridad Social, ni los pagos referentes a los Aportes Parafiscales, habrá de recalcularse el Factor Multiplicador que se incluyó en las condiciones económicas del contrato, y adaptarlo a la realidad de las erogaciones que se han soportado, desde luego, sin perjuicio de las demás responsabilidades que sobre tal incumplimiento recae.
A continuación, se indica el cálculo del Factor Multiplicador sin los aportes al Sistema General de Seguridad Social -SGSS, sin los aportes Parafiscales y sin las Prestaciones Sociales; factores que no se han pagado a los empleados en la ejecución del contrato No. 1653 del 14 de julio de 2017:
Sea como fuere, el recalcular el factor Multiplicador incide directamente en el valor unitario y total del presupuesto del contrato, y con ello, los costos referentes al mismo, pues como se dijo, el factor multiplicador es una variable que, junto con la dedicación del personal, el número de profesionales, los perfiles, el salario y el tiempo de dedicación, afecta el valor final que el Estado habrá de reconocer al contratista por unas características y condiciones que en la ejecución contractual varió.
A continuación, se recalcula el presupuesto de personal del contrato inicial, teniendo en cuenta la inexistencia de pagos al Sistema General de Seguridad Social, de Aportes Parafiscales y de Prestaciones Sociales, que inciden en el Factor multiplicador:
Coligese, que los valores recalculados, difieren del valor presupuestado y reconocido al contratista en ejecución del contrato No. . CMA-2019-08 del 26 de diciembre de 2019. Como se expresó, esta diferencia está relacionada con el Factor Multiplicador, que afecta el valor unitario y total de cada profesional o persona, que no fueron contratados mediante vinculación laboral, y sobre quienes no se realizaron pagos al Sistema General de Seguridad Social, ni los referentes a los Aportes Parafiscales, ni los referentes a las Prestaciones Sociales por parte del contratista en su calidad de empleador.
A continuación, se expresan las diferencias contentivas entre lo presupuestado y reconocido en el contrato No. . CMA-2019-08 del 26 de diciembre de 2019 y el cálculo efectuado:
Valga aclarar que este resultado contiene además, la diferencia en meses que se presenta entre el presupuesto incorporado en el contrato y el plazo de ejecución de este; pues en el primero se incluyó una dedicación de cada profesional de seis (6) meses mientras que el plazo de ejecución del contrato establecido en la cláusula segunda es de tres (3) meses. Se sugiere al operador disciplinario que además de la vinculación del personal, revise el mayor costo del contrato por haberse tenido en cuenta en el cálculo un término superior al de ejecución.
Nótese que la inclusión del factor multiplicador dentro del presupuesto del contrato supone la disposición y obligación por parte del contratista de pagar los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales de los empleados que contrata para la ejecución del objeto de la interventoría. Por supuesto, y en plena armonía con la normatividad vigente, el estado a través del ente ejecutor acepta y reconoce esas condiciones y asigna un presupuesto para asumir estas cargas. Pues bien, la irregularidad emerge cuando el contratista o interventor, efectivamente contrata a cierto personal para el cumplimiento del objeto contractual, pero no cancela alguno(s) de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales de los empleados que contrató, o bien, lo hace por un valor inferior al establecido en el presupuesto y/o al establecido en el contrato con el empleado.
Siendo esto así, y teniendo claro que el contratista, se comprometió a pagarle al personal contratado los valores correspondientes a los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales, se traduce en que el incumplimiento de esta obligación no solo va en contravía de lo acordado en el contrato de interventoría con su correspondiente presupuesto, sino que vulnera las siguientes normas:
Sistema General de Seguridad Social - SGSS
Aportes a Salud, Pensión y Riesgos Laborales
Elemento del Aporte
Norma Vulnerada
Hecho Generador
Ley 100 de 1993, artículos 3º y 204.
Decreto 806 de 1998, artículo 261
Decreto 2353 de 2015, artículo 34
Ley 797 de 2003, artículo 2º que modifica parcialmente el artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
Sujeto activo
Ley 100 de 1993, artículos 52 y 90.
Ley 100 de 1993, artículo 177.
Sujeto pasivo
Decreto 1406, literal c) del artículo 16; compilado en el Decreto 780 de 2016, artículo 2.2.1.1.1.3.
Ley 100 de 1993, numeral 1º del literal A) del artículo 157.
Ley 797 de 2003, artículos 3º y 4º que modifican parcialmente los artículos 15 y 17 de la Ley 100 de 1993.
Base gravable
Ley 797 de 2003, artículos 5º y 6º que modifican los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993.
Decreto 510 de 2003, artículos 1° y 3º, compilados en el Decreto 1833 de 2016, artículos 2.2.2.1.5 y 2.2.3.1.7, respectivamente.
Ley 1753 de 2015, artículo 135.
Tarifas
Ley 100 de 1993, artículo 20, modificado por el artículo 7º de la Ley 797 de 2013, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 4982 de 2007.
Ley 100 de 1993, artículo 204, modificado por el artículo 10° de la Ley 1122 de 2007.
Decreto 510 de 2003, artículo 5º, compilado en el Decreto 1833 de 2016, artículo 2.2.3.1.9.
Aportes Parafiscales
SENA, ICBF, Caja de compensación
Norma Vulnerada
Descripción
Ley 58 de 1963
Hace extensivo el derecho al subsidio familiar a los trabajadores oficiales y dicta otras disposiciones.
Ley 7 de 1961
Dicta normas para la protección de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dicta otras disposiciones.
Ley 21 de 1982
Modifica el régimen del Subsidio familiar y dicta otras disposiciones.
Ley 89 de 1988
Asigna recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y dictan otras disposiciones.
Ley 50 de 1990
Introduce reformas al Código Sustantivo del Trabajo y dicta otras disposiciones.
Ley 100 de 1993
Crea el sistema de seguridad social integral y dicta otras disposiciones.
Ley 119 de 1994
Reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y dicta otras disposiciones.
Ley 789 de 2002
Dicta normas para apoyar el empleo, amplía la protección social y se modifica algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
Ley 828 de 2003
Expide normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social.
Ley 1066 de 2006
Dicta normas para la normalización de la cartera pública y otras disposiciones.
Ley 1014 de 2006
Fomento a la cultura del emprendimiento.
Ley 1233 de 2008
Precisa los elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social, contribuciones especiales con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y a las cajas de compensación familiar
Ley 1438 de 2011
Reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y dicta otras disposiciones.
Ley 1429 de 2010
Expide la Ley de formalización y generación de empleo.
Ley 1393 de 2010
Para evitar la evasión y la elusión de aportes
Prestaciones Sociales
Vacaciones, Prima de Servicios, Cesantías, Intereses
Concepto
Norma Vulnerada
Prima de Servicios
Artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo.
Cesantías
Ley 50 de 1990
Intereses Cesantías
Ley 50 de 1990
Vacaciones
Artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo.
De lo anterior se puede concluir que se el ente ejecutor (municipio de Muzo), no solo se obligó a cancelar sumas que no redundaron en afiliaciones y garantías para los empleados que el contratista vinculó para el desarrollo de la interventoría, sino que estableció un mayor valor en el presupuesto dada la diferencia del tiempo de dedicación de los profesionales con el plazo de ejecución del contrato; por lo que con ello se vulneraron todos los principios y disposiciones de las normas relativas al Sistema General de Seguridad Social - SGSS, a las de Aportes Parafiscales y a las de Prestaciones Sociales; contenidas en la ley 100 de 1993, en la ley 742 de 2002, en el Código Sustantivo del Trabajo, en la ley 1753 de 2012, entre otras. Lo anterior refleja una falta de supervisión y seguimiento de los encargados del proceso contractual que para la fecha de los hechos recaía en Camilo Andrés Peña Sánchez –secretario de planeación e infraestructura del municipio de Muzo y demás funcionarios encargados de la supervisión del contrato y del proyecto.
Verificación de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI y Aportes Parafiscales
De conformidad con lo señalado en el inciso segundo y en el parágrafo 1o del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Lee 1150 de 2007, el servidor público encargado de adelantar el proceso de selección de los contratistas deberá verificar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI y Aportes Parafiscales por parte del proponente y del contratista, al respecto señala:
Artículo 23. De los Aportes al Sistema de Seguridad Social. El inciso segundo y el parágrafo 1o del artículo 41 de la Ley 80 quedarán así:
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal.
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo,
incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.
Una vez verificado el pliego de condiciones y el informe de evaluación de proceso de selección No. LP-2019-07 (Contrato de Obra) se pudo determinar que presuntamente, para la ejecución del contrato, no se validó el pago y paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral - SSSI, pues ni la minuta del contrato ni los otros documentos dan cuenta que la entidad ejecutora realizara la verificación «Comprobar o examinar la verdad de algo» por medio de los documentos idóneos para tal fin como lo exige la norma. Lo anterior refleja una falta de supervisión y seguimiento de los encargados del proceso contractual que redunda en desconocimiento y consecuente vulneración de las normas aplicables, para la fecha de los hechos dicha función recaía en Camilo Andrés Peña Sánchez –secretario de planeación e infraestructura del municipio de Muzo y demás funcionarios encargados de la supervisión del contrato y del proyecto.
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL SGR
Información Incompleta en Aplicativo Gesproy
De conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, los órganos y actores del SMSCE son responsables del reporte de la información que demande este Sistema en el marco de sus funciones, dentro de los 15 primeros días de cada mes y en las condiciones que defina el Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de administrador del SMSCE, conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Ley 1530 de 2012. A su turno, El literal a) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, dispuso como causal para adelantar procedimiento preventivo, “(…) el no enviar, ni registrar información o hacerlo de manera incompleta, errónea o inconsistente, en los términos y plazos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación”.
Pues bien, como Ejecutor del proyecto, el municipio de Muzo debe reportar la información correspondiente a programación, contratación y ejecución de las actividades del proyecto, en la herramienta de Gestión y Monitoreo a la Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías – GESPROY. Sin embargo, consultada esta herramienta a 18 de agosto de 2020, se determinó que la entidad no ha reportado, entre otras cosas, la información relacionada los detalles de ejecución y recibo de las actividades contempladas en el contrato de obra, tampoco se encuentra actualizada la información de los contratos, ni se han actualizado las metas del servicio, tal y como se evidencia por ejemplo en la siguiente información que arroja el sistema:
Coligese que el ejecutor no está reportando la información en el aplicativo Gesproy en los términos y con las características que exigen las normas anteriormente señaladas. Esta situación no solo genera la desatención de la normatividad aplicable, sino que además lo pone en riesgo de una eventual suspensión de giros como medida preventiva del Departamento Nacional de Planeación, que puede poner en riesgo y afectar notoriamente la ejecución del proyecto de inversión. Lo anterior vulnerando lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, producto de una falta de supervisión y seguimiento por parte de los encargados de dicha función en la entidad ejecutora. Para la época de los hechos, dicha función recaía en Camilo Andrés Peña Sánchez –secretario de planeación e infraestructura del municipio de Muzo y demás funcionarios encargados de la supervisión del contrato y del proyecto.
Incumplimiento del Objetivo del Proyecto
El proyecto en su ficha MGA tiene establecido como objetivo principal “Mejorar la movilidad vehicular de la zona urbana del municipio de Muzo Boyacá”; sin embargo, producto de la revisión realizada en el sistema GESPROY - SGR, como sistema dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación para que las entidades ejecutoras hagan el cargue de la información respectiva relacionada con el estado actual de la ejecución del proyecto, se pudo determinar que la entidad ejecutora no ha cumplido con el objetivo y meta del proyecto a pesar de haberse suscrito el contrato desde el 27 de diciembre de 2019 y a pesar de haberse hecho un importante esfuerzo en términos de compromisos con los recursos del Sistema General de Regalías, registrando un avance físico del 0,00%, tal y como se evidencia por ejemplo en la siguiente información que arroja el sistema:
Siendo esto así, son varias las normas que regulan los fines de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías y responsabilidad de los entes ejecutores, entre otras las siguientes:
Numeral 1 del artículo 2.2.4.2.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015: “(…) relación entre los recursos utilizados en el proyecto y los logros obtenidos, en términos del cumplimiento de las metas en los plazos programados en el cronograma establecido en la formulación y en los estándares técnicos de los bienes o servicios alcanzados en el desarrollo del mismo (…)”
Artículo 2.2.4.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el artículo 14 de la Ley 1744 de 2014 y el artículo 19 de la Ley 1942 de 2018.: “Aprobado un proyecto de inversión por parte del órgano colegiado de administración y decisión y designado el ejecutor del mismo, corresponderá al designado aceptar la ejecución de la respectiva iniciativa en los términos del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías.”
Artículo 26 de la Ley 80 de 1993: “(…) Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (…)”
En atención a lo anterior, es claro el incumplimiento de los propósitos del proyecto, del objeto de los contratos que lo desarrollan y de las metas y objetivos aprobadas, vulnerando con ello los principios de la contratación estatal y la filosofía de los proyectos de inversión del Sistema General de Regalías. Lo anterior refleja una falta de supervisión y seguimiento de los encargados del proceso contractual que para la fecha de los hechos recaía en Camilo Andrés Peña Sánchez –secretario de planeación e infraestructura del municipio de Muzo y demás funcionarios encargados de la supervisión del contrato y del proyecto.
Presunta Vulneración del Principio de Economía y Planeación
De conformidad con artículo 2.2.4.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, la etapa de viabilización de los proyectos de inversión con recursos del SGR comprende el cumplimiento de ciertas etapas como las de verificación de requisitos, concepto de oportunidad, conveniencia o solidez técnica, financiera y ambiental, lo anterior como desarrollo del principio de planeación en la inversión de los recursos públicos. Al respecto señala la norma:
Artículo 2.2.4.1.1.4.1. Etapa de viabilización y registro de proyectos de inversión pública. La etapa de viabilización y registro de proyectos de inversión pública se surte a través de la formulación de proyectos de inversión; presentación; verificación de requisitos; concepto de oportunidad, conveniencia o solidez técnica, financiera y ambiental; viabilización; y registro en el Banco de Programas y Proyectos de inversión respectivo.
En igual sentido, el artículo 25 de la ley 80 de 1993 consagra el principio de economía y con él, una de sus principales manifestaciones: el principio de planeación, el cual debe validarse en todo proceso contractual y según el cual todo proyecto de inversión de recursos públicos debe estar precedido de estudios de orden técnico, financiero y jurídico que se convierten en la hoja de ruta para la correcta ejecución de los recursos públicos, al respecto el Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente:
“Según lo tiene ya establecido la jurisprudencia5, dentro de los principios capitales que de antaño han informado la actividad contractual del Estado6, ocupa especial lugar el de economía, una de cuyas manifestaciones es la planeación7. Por virtud de ésta la entidad estatal contratante está en el deber legal (Ley 80 de 1993 numerales 7, 12, 25 y 26 del artículo 25, e inciso segundo del numeral 1º del artículo 30) de elaborar, antes de emprender el proceso de selección del contratista, los estudios completos y análisis serios que el proyecto demande, los cuales inciden en la etapa de formación del contrato.
(…)
En tal virtud, el deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión”.
Con todo, y una vez analizados los documentos soporte del proceso contractual y los reportes emanados de la función de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del Departamento Nacional de Planeación, se pudo determinar que la ejecución del contrato ha tenido serias falencias de planeación que pusieron en riesgo la ejecución del proyecto, veamos:
Incumplimiento de las metas propuestas en el alcance del proyecto, teniendo en cuenta que hace más de 9 meses se suscribió el contrato y el avance físico reportado es del 0,0%.
Se adelantó todo el proceso viabilización, priorización y demás etapas del Sistema General de Regalías, se adelantó todo el proceso contractual y ha transcurrido un tiempo considerable y no se han iniciado las obras, lo que pone en tela de juicio la necesidad de adelantar ese objeto contractual y con ello una presunta indebida planeación.
Una vez contratada la obra pública, surgió la necesidad de realizar un ajuste técnico al proyecto para incorporar nuevas actividades relacionadas especialmente con la adecuación de redes de acueducto y alcantarillado, las cuales ascienden a un valor de $ 97.671.813,65, siendo esto algo considerable y que pudo haber sido previsto durante la estructuración del proyecto para su aprobación, más aún cuando la jefe de la unidad de servicios públicos de Muzo Boyacá, CONSTANZA MIREYA DIAZ FRANCO, mediante certificación emitida con fecha 6 de Mayo de 2019, indicó que “No se requieren redes de servicios de acueducto y alcantarillado para las vías a intervenir ya que las existentes se encuentran en buen estado y funcionando de manera eficiente”, siendo este un soporte fundamental para la aprobación de los recursos del proyecto por parte del OCAD.
Como se observa, existió una vulneración al principio de economía en su manifestación del principio de planeación, pues las situaciones anteriormente descritas debieron ser observadas en la etapa precontractual, específicamente en la elaboración de los estudios previos y en general en el establecimiento de las condiciones y características propias del proyecto. Lo anterior refleja una falta de supervisión y seguimiento de los encargados del proceso contractual que para la fecha de los hechos recaía en Camilo Andrés Peña Sánchez –secretario de planeación e infraestructura del municipio de Muzo y demás funcionarios encargados de la supervisión del contrato y del proyecto.
Reportes Departamento Nacional de Planeación - DNP
Una vez consultado el módulo de reportes a los organismos de control cargado en el aplicativo Gesproy del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE del Sistema General de Regalías, no se encontraron reportes o información cargada para el proyecto identificado con el BPIN No. 2019154800001 “Construcción de pavimento rígido en la urbanización la Orquídea municipio de Muzo departamento de Boyacá́”.
CONCLUSIONES
Existen graves y diversas situaciones que han puesto en riesgo la correcta, oportuna y eficiente inversión de los recursos del Sistema General de Regalías, donde resalta la vulneración de las normas del Estatuto de Contratación Publico, de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, y de las normas que regulan el alcance, características y todo lo relacionado con los recursos de Regalías. Por lo anterior, se sugiere al operador disciplinario, si lo considera pertinente, iniciar las actuaciones en el marco de sus competencias principalmente preventivas y disciplinarias, según el caso, para advertir y sancionar a los presuntos responsables conforme a las situaciones identificadas.
Debe destacarse que existe una grave falta de información y actualización de los aplicativos con lo referente al estado, avance y documentación del proyecto, lo que impidió realizar un estudio adicional sobre algunos factores relacionados con el cumplimiento de las normas contractuales y del Sistema General de Regalías.
“(…)”
ACTUACIÓNES SURTIDAS Y SÍNTESIS DE LAS PRUEBAS RECAUDADAS
3.1. Indagación Preliminar.
Atendiendo la anterior información, con auto del 10 de diciembre del 2.020 (folios 38 a 45), se dispuso adelantar indagación preliminar en contra de ELIN JOSE BOHORQUEZ ARIZA, en su condición de Alcalde Municipal de Muzo – Boyacá, ANDRES CAMILO PEÑA SANCHEZ, en su calidad de Secretario de Planeación de Muzo – Boyacá, y JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO, como interventor según el contrato No. CMA-2019-08 celebrado con el municipio de Muzo Boyacá, para el momento de los hechos objeto de estudio, en los términos del artículo 150 de la ley 734 de 2.002.
Para el perfeccionamiento de esta etapa procesal se allegó el siguiente material probatorio:
Copia autentica de las actas de elección y posesión de ELIN JOSE BOHOR-QUEZ ARIZA como alcalde, junto con copia de la credencial de alcalde, certificación laboral donde consten nombres completos, documentos de identidad, relación de cargos desempeñados, tiempo total de servicio, último cargo desempeñado, salario devengado, ultima dirección y teléfonos registrados, y copia del formato único de hoja de vida con todos sus anexos.
Respuesta:
Se remite la información como anexo 1. CDS Folio 68.
Copia autentica de las actas de elección y posesión de ANDRES CAMILO PEÑA SANCHEZ SANCHEZ como secretario de planeación, junto con copia de la credencial de alcalde, certificación laboral donde consten nombres completos, documentos de identidad, relación de cargos desempeñados, tiempo total de servicio, último cargo desempeñado, sala-rio devengado, ultima dirección y teléfonos registrados, y copia del formato único de hoja de vida con todos sus anexos.
Respuesta:
Se remite la información como anexo 2. CDS Folio 68.
Copia magnética de todos los documentos que hacen parte de las etapas pre-contractual, contractual y postcontractual del contrato de interventoría No. CMA-2019-08 celebrado el 26 de diciembre del 2019 y del contrato de obra LP-2019-7 celebrado el día 27 de diciembre del 2019 (FORMATO CD).
Respuesta:
Se remite la información como anexo 3. CDS Folio 68.
Expida una certificación en la cual conste el estado legal actual de los procesos de contratación No. CMA-2019-08 celebrado el 26 de diciembre de 2019 y del contrato de obra LP-2019-07 celebrado el día 27 de diciembre del 2019- Especificando las actuaciones judiciales o administrativas desplegadas por la administración Municipal de Muzo, en la vigencia 2020- En caso de no existir, así deberá certificarse.
Respuesta:
Se remite la información como anexo 4. CDS Folio 68.
Copia autentica de los comprobantes de egresos y documentos que soporten los pagos efectuados a los contratistas de los procesos de contratación No. CMA-2019-08 celebrado el 26 de diciembre del 2019 y del contrato de obra LP-2019-07 celebrado el día 27 de diciembre del 2019. Especificando si existen valores pendientes por pagar.
Respuesta:
Se remite la información como anexo 5. CDS Folio 68.
Por lo anterior, la entidad no ha adelantado procesos administrativos sancionatorios.
Copia magnética de los documentos de designación e identificación del funcionario que ejerció la supervisión del contrato de obra LP-2019-07 celebrado el día 27 de diciembre de 2019 y del contrato de interventoría No. CMA-2019-08 celebrado el 26 de diciembre del 2019. (FORMATO CD)
Respuesta:
Se remite la información como anexo 6. CDS Folio 68.
copia magnética (FORMATO CD) de los siguientes documentos que el Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral de SGR, consideran pertinentes, para el establecimiento de los hechos:
A. Contratos laborales de los empleados en ejecución de los contratos de obra e interventoría, los reportes y planillas de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral - SSSI y de los aportes parafiscales, con el propósito de validar y confirmar que los oferentes seleccionado cumplían con los requisitos de experiencia establecidos en los pliegos de condiciones y verificar las condiciones de calidad y ejecución que dieron valor agregado a los contratistas para haber ganado las convocatorias, pues lo contrario supondrían una vulneración adicional al estatuto de contratación estatal.
Respuesta:
Se remite la información como anexo 7 carpeta A. CDS Folio 68.
B. Informes de interventoría, supervisión, ajustes y manejo de los recursos con el propósito de verificar las funciones de vigilancia y control ejercidas por esas figuras en armonía con la ley 1474 de 2011.
Respuesta:
Se remite la información como anexo 7 carpeta B. CDS Folio 68.
C. Solicitar todas las propuestas, incluyendo la ganadora, y los respectivos informes de evaluación para poder establecer la validez y certeza de la información que condujo a seleccionar a los contratistas.
Respuesta:
Se remite la información como anexo 7 carpeta C. CDS Folio 68.
D. Informes de interventoría y supervisión con el propósito de conocer el estado actual de la ejecución de los contratos y con ello el del proyecto, determinando así el grado de cumplimiento de las funciones de control y vigilancia por parte de los encargados.
Respuesta:
Se remite la información como anexo 7 carpeta D. CDS Folio 68.
Razones por las cuales el plazo de ejecución tomado para la elaboración
del contrato de interventoría es diferente al plazo de ejecución contenido en la cláusula segunda del instrumento jurídico.
Respuesta:
El contrato estatal junto con su etapa precontractual fue celebrado por la administración anterior el día 27 de diciembre de 2019, no obstante la administración actual con el fin de evitar un detrimento patrimonial y respetar los documentos que sirvieron de insumo para la planeación del contrato, optó por realizar los pagos, teniendo en cuenta el valor calculado en el presupuesto oficial establecido.
Verificar que el lapso de elaboración de este documento y el análisis de su
contenido, la entidad ejecutora no hubiere incurrido en adiciones que puedan relacionarse con la presunta indebida planeación señalada.
Respuesta:
Los contratos LP-2019-07 y CMA-2019-08 no sufrieron adiciones que modificaran el valor inicialmente presupuestado.
Propuestas recibidas, tanto el de obra como el de interventoría, para poder
determinar si se cumplían con todos los requisitos habilitantes y de experiencia exigidos en el pliego de condiciones. Respuesta: Se remite la información como anexo 7 carpeta C. CDS Folio 68.
IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
En el proceso disciplinario se juzga el comportamiento de los servidores públicos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública, ya que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo.
4.1. De los hechos posiblemente irregulares objeto de indagación preliminar.
Como se indicó líneas atrás, esta actuación se inició con fundamento en informe suscrito por el Doctor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Jefe de la Oficina de Planeación (E), Coordinador del Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral de SGR, el cual remite el informe de revisión técnica a proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías (SGR), el cual señala la ocurrencia de presuntas irregularidades dentro del Proceso Número LP-2019-07 cuyo objeto es “Construcción de pavimento rígido en la urbanización Orquídea municipio de Muzo departamento de Boyacá”; y dentro del proceso Número CMA-2019-08 cuyo objeto es “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra que tiene como objeto la -Construcción de pavimento rígido en la urbanización la Orquídea municipio de Muzo departamento de Boyacá-”.
De las diligencias preliminares se encuentra establecido que para el momento de los hechos, ELIN JOSE BOHORQUEZ ARIZA, era el Alcalde Municipal de Muzo – Boyacá, y ANDRES CAMILO PEÑA SANCHEZ, era el Secretario de Planeación de Muzo – Boyacá, y JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO, el interventor del contrato No. CMA-2019-08 celebrado con el municipio de Muzo Boyacá, por lo que a la luz de los artículos 25 y 70 de la Ley 1952 de 2019, era sujeto disciplinable. Igualmente precisan que para entonces, es decir para el año 2019, se encontraban en ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, del informe de revisión técnica a proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías (SGR), se indican como irregulares los siguientes hechos:
A). Se cuestiona que dentro de los procesos contractuales LP-2019-07 y CMA-2019-08, no se encuentran publicados en SECOP los documentos como el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, Registro Presupuestal – RP, las ofertas recibidas, la oferta ganadora, aprobación de pólizas, informes de supervisión, entre otros. Lo anterior vulnerando lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.
Sobre el particular la revisión del Grupo de Apoyo Técnico lo establece como una publicación incompleta, en este orden esta Instancia Disciplinaria considera que esta conducta reportada como irregular, no alcanzan a tomar los matices de antijurídicas, puesto que no existió una infracción sustancial a un deber, además de advertir que la acción de publicación en el SECOP por regla general esta asignada a la Administración Municipal, sin embargo por regla general se delega a un particular mediante contrato de prestación de servicios.
En este sentido, para que la conducta constituya falta disciplinaria, es necesario que ella conlleve la afectación funcional, sin justa causa, de los deberes exigibles a los disciplinados. Pero debe aclararse que no toda afectación del deber reviste mérito disciplinario. Sólo aquellas que cobren cierta dimensión o trascendencia tendrán relevancia disciplinaria. Ese es el sentido natural y obvio de las cosas. Aquellos comportamientos que no trasciendan la esfera de lo formal carecerán de dimensión disciplinaria y, en consecuencia, serán indiferentes para el Derecho sancionador
B). Se debate un presunto Incumplimiento Contractual: Factor Multiplicador: Aportes al Sistema General de Seguridad Social – SGSS, Aportes Parafiscales y Prestaciones Sociales de los Empleados Contratados para Ejecutar la Interventoría, pues el Mmunicipio de Muzo, como ejecutor del proyecto identificado con BPIN No. 2019154800001, suscribió el contrato No. CMA-2019-08 del 26 de diciembre de 2019, suscrito entre el municipio de Muzo con y J & P CONSULTORES S.A.A, cuyo objeto es la “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra que tiene como objeto la -Construcción de pavimento rígido en la urbanización la Orquídea municipio de Muzo departamento de Boyacá-”, por valor de $60.345.703 y plazo de ejecución inicial de 03 meses.
Así como una falta de verificación del Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI y Aportes Parafiscales, Una vez verificado el pliego de condiciones y el informe de evaluación de proceso de selección No. LP-2019-07 (Contrato de Obra) se pudo determinar que presuntamente, para la ejecución del contrato, no se validó el pago y paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral - SSSI, pues ni la minuta del contrato ni los otros documentos dan cuenta que la entidad ejecutora realizara la verificación «Comprobar o examinar la verdad de algo» por medio de los documentos idóneos para tal fin como lo exige la norma.
No obstante, La administración Municipal de Muzo con oficio DA-051-2021 del 02 de febrero del 2021, informa que los Contratos laborales de los empleados en ejecución de los contratos de obra e interventoría, los reportes y planillas de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral - SSSI y de los aportes parafiscales, con el propósito de validar y confirmar que los oferentes seleccionado cumplían con los requisitos de experiencia establecidos en los pliegos de condiciones y verificar las condiciones de calidad y ejecución que dieron valor agregado a los contratistas para haber ganado las convocatorias, pues lo contrario supondrían una vulneración adicional al estatuto de contratación estatal.
Igualmente que el Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral de SGR, establece que los reportes emanados de la función de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del Departamento Nacional de Planeación, se pudo determinar que la ejecución del contrato ha tenido serias falencias de planeación que pusieron en riesgo la ejecución del proyecto, veamos:
Incumplimiento de las metas propuestas en el alcance del proyecto, teniendo en cuenta que hace más de 9 meses se suscribió el contrato y el avance físico reportado es del 0,0%.
Se adelantó todo el proceso viabilización, priorización y demás etapas del Sistema General de Regalías, se adelantó todo el proceso contractual y ha transcurrido un tiempo considerable y no se han iniciado las obras, lo que pone en tela de juicio la necesidad de adelantar ese objeto contractual y con ello una presunta indebida planeación.
Una vez contratada la obra pública, surgió la necesidad de realizar un ajuste técnico al proyecto para incorporar nuevas actividades relacionadas especialmente con la adecuación de redes de acueducto y alcantarillado, las cuales ascienden a un valor de $ 97.671.813,65, siendo esto algo considerable y que pudo haber sido previsto durante la estructuración del proyecto para su aprobación, más aún cuando la jefe de la unidad de servicios públicos de Muzo Boyacá, CONSTANZA MIREYA DIAZ FRANCO, mediante certificación emitida con fecha 6 de Mayo de 2019, indicó que “No se requieren redes de servicios de acueducto y alcantarillado para las vías a intervenir ya que las existentes se encuentran en buen estado y funcionando de manera eficiente”, siendo este un soporte fundamental para la aprobación de los recursos del proyecto por parte del OCAD.
Lo anterior refleja según el Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral de SGR una falta de supervisión y seguimiento de los encargados del proceso contractual que para la fecha de los hechos recaía en CAMILO ANDRÉS PEÑA SÁNCHEZ, secretario de planeación e infraestructura del municipio de Muzo y demás funcionarios encargados de la supervisión del contrato y del proyecto
Sin embargo, la Administración de Muzo certifica que el contrato de obra No. CLP-2019-07 celebrado el 27 de diciembre de 2019, cuyo objeto es "LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA URBANIZACION LA ORQUIDEA DEL MUNICIPIO DE MUZO DEPARTAMENTO DE BOYACA, se encuentra Liquidado y no tiene actuaciones judiciales o administrativas desplegadas por parte de la Administración Municipal de Muzo.
Acreditando con Acta de Liquidación del dieciséis (16) de Diciembre del año 2020, se reunieron: El doctor [NOMBRE TACHADO], en su calidad de Alcalde Municipal de Muzo, el ING. ANDRÉS CAMILO PEÑA SANCHEZ Secretario de Planeación Municipal en su calidad de SUPERVISOR y la señora CLARA INES HERNANDEZ DIAZ con cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] de la Uvita, en calidad de representante legal de MARA LIMITADA, Nit de Persona Jurídica Nit. No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en su calidad de CONTRATISTA, y el señor JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO identificado con CC. No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] de Bogotá, en calidad de representante legal de J & P CONSULTORES S.A.S. con NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA],230-2 en calidad de INTERVENTOR, con el fin de proceder a suscribir el ACTA DE TERMINACION al Contrato No. LP-2019-07.
Atendiendo el siguiente cronograma:
Plazo de Ejecución Inicial
TRES (03) meses
Prorroga No. 1
DOS (02) Meses
Prorroga No. 2
UN (01) Mes
Adiciones
N/A
Plazo de Ejecución Final
Seis (06) meses
Fecha inicial de terminación:
16/09/2020
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio
16/12/2020
Suspensión
N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)
N/A
Fecha De reinicio
N/A
Cestón / Terminación Anticipada
N/A
Aseguradora
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Garantía de Cumplimiento
SI
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
SI
El acta informa que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 7S0 de 2016, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes. Numero de PIN: 19144278-19330221 Periodo cotizado: NOVIEMBRE-DICIEMBRE.
El interventor (Supervisor), manifiesto que el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se recibió, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demás normas complementarias y anexo para el pago final el pago de los parafiscales inherentes al contrato, paz y salvo personal a su cargo para la ejecución propia del contrato.
En cuanto al contrato No. CMA-2019-08 celebrado el 26 de diciembre de 2019, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA URBANIZACION LA ORQUIDEA DEL MUNICIPIO DE MUZO DEPARTAMENTO DE BOYACA, la Administración de Muzo certifica que se encuentra Liquidado y no tiene actuaciones judiciales o administrativas desplegadas por parte de la Administración Municipal de Muzo.
Y adjunta el Acta de terminación del dieciséis (16) días del mes de Diciembre del año 2020 se reunieron: El doctor [NOMBRE TACHADO], en su calidad de Alcalde Municipal de Muzo, el ING. ANDRÉS CAMILO PEÑA SANCHEZ Secretario de Planeación Municipal en su calidad de SUPERVISOR y JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO identificado con CC. No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] de Bogotá, en calidad de representante legal de J & P CONSULTORES S.A.S. con NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA] en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de proceder a suscribir el ACTA DE TERMINACION al Contrato No. CMA-2019-08.
Además que acredita según la administración que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes. Numero de PIN: 47180472 Periodo cotizado: NOVIEMBRE
Plazo de Ejecución Inicial
TRES (03) MESES
Prorroga No. 1
DOS (02) MESES
Prorroga No. 2
UN (01) MES
Adiciones
N/A
Plazo de Ejecución Final
SEIS (06) MESES
Fecha inicial de terminación:
16/09/2020
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio
16/12/2020
Suspensión
N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)
N/A
Fecha De reinicio
N/A
Cesión / Terminación Anticipada
N/A
Aseguradora
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Garantía de Cumplimiento
Si
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
NO
Igualmente el interventor (Supervisor), manifiesta que el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se recibe acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demás normas complementarias y anexo para el pago final el pago de los parafiscales inherentes al contrato, paz y salvo personal a su cargo para la ejecución propia del contrato.
Este Despacho advierte que en los dos procesos contractuales, el contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de Muzo, por motivos que le sean imputables al contratista, según lo establecido en los contratos LP-2019-07 y CMA-2019-08.
La expuesta relación Probatoria, impide al Despacho de esta Procuraduría Provincial de Instrucción, edificar un reproche disciplinario por las irregularidades de: i) error en el factor multiplicador de los aportes SGSS; ii) la no validación de los aportes SSSI; iii) y las posibles falencias de planeación para la ejecución del proyecto. Pues las pruebas documentales exhiben la ejecución y liquidación del 16 de Diciembre del año 2020 de los objetos contratados en la Licitación pública LP-2019-07 y Concurso de méritos CMA-2019-08. Circunstancias que cuestionan la veracidad de las acusaciones hechas en el escrito que dio vida a este averiguatorio, y condiciona de manera negativa la credibilidad de los hechos que allí se narraron.
Añádase que de imputar en forma genérica una violación a los principios de la contratación administrativa, es una opción tentadora pero improcedente, pues a raíz de las acusaciones inconcretas y genéricas que se producirían al construir un cargo bajo la simple premisa de una violación a los mismos, sin contar con el respaldo probatorio y de una norma jurídica determinada, la Corte Constitucional tuvo que sentar jurisprudencia al respecto y ordenar que, toda infracción disciplinaria por violación a los principios de la contratación estatal, debe tener una disposición de rango legal de aplicación directa que le sirva de complemento. (Sentencia C-818 del 9 de Agosto de 2005)
En este sentido, para que la conducta constituya falta disciplinaria, es necesario que ella conlleve la afectación funcional, sin justa causa, de los deberes exigibles a los disciplinados. Pero debe aclararse que no toda afectación del deber reviste mérito disciplinario. Sólo aquellas que cobren cierta dimensión o trascendencia tendrán relevancia disciplinaria. Ese es el sentido natural y obvio de las cosas. Aquellos comportamientos que no trasciendan la esfera de lo formal carecerán de dimensión disciplinaria y, en consecuencia, serán indiferentes para el Derecho sancionador.
Adicionalmente al tenor de lo establecido en el artículo 4 del Código General Disciplinario modificado por la Ley 2094 de 2021, los servidores públicos solo serán juzgados y sancionados disciplinariamente cuando por acción u omisión de funciones incurran en las faltas establecidas en la ley, para la existencia de una falta se requiere de una perfecta adecuación típica entre el deber incumplido y la conducta irregular endilgada. Es decir, para que un hecho irregular en el que incurre el servidor público sea sancionable debe violar el deber, la prohibición consagrada en la norma, además la conducta debe ser antijurídica y culpable.
Así pues, para que un comportamiento sea reprochable disciplinariamente debe ser típicamente antijurídico, es decir que además de adecuarse a un tipo disciplinario consagrado en la ley, debe afectar sustancialmente el deber funcional que se protege. El Art. 9 del CGD consagra: “La conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna”. Esta categoría dogmática propia del derecho Disciplinario establece que una vez verificada que una conducta se adecua a una descripción típica, se debe entrar a valorar, si esta afecto el deber funcional que estaba obligado a cumplir el funcionario público en desarrollo de las relaciones especiales de sujeción que lo vinculan con la administración pública.
Significa esto que se debe demostrar que el comportamiento irregular del funcionario alteró el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines. El ilícito disciplinario comporta un quebrantamiento del deber. Empero, no es el mero quebrantamiento formal el que origina el ilícito disciplinario, sino que se requiere un quebrantamiento sustancial.
En aplicación de los principios que inspiran la actividad disciplinaria, como es el debido proceso que es de arraigo constitucional. Para el caso que nos ocupa, se pudo dilucidar que los investigados, con sus conductas no causaron una infracción sustancial a un deber funcional, de donde se infiere que no se configuraron los requisitos del artículo 26 de la Ley 1952 modificado por la Ley 2094 de 2021.
Así las cosas, esta Instancia Disciplinaria se abstendrá de continuar con la presente actuación, toda vez que no es posible estructurar irregularidad alguna atribuible a servidores públicos ELIN JOSE BOHORQUEZ ARIZA, ANDRES CAMILO PEÑA SANCHEZ y JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO, como interventor según el contrato No. CMA-2019-08, dando lugar al archivo de la actuación al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 del Código General Disciplinario modificado por la Ley 2094 de 2021.
Finalmente, y como quiera que en el presente evento, no hubo quejoso, no es aplicable la comunicación que trata el artículo 129 del (CGD) modificado por el artículo 36 de la Ley 2094 de 2021, para que ejerza su derecho a la impugnación frente a la presente decisión.
En mérito de lo expuesto, la Procuradora Provincial de Instrucción en Chiquinquirá, en uso de sus atribuciones legales,
R E S U E L V E:
PRIMERO: Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del proceso adelantado contra ELIN JOSE BOHORQUEZ ARIZA, en su condición de Alcalde Municipal de Muzo – Boyacá, ANDRES CAMILO PEÑA SANCHEZ, en su calidad de Secretario de Planeación de Muzo – Boyacá, y JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO, como interventor según el contrato No. CMA-2019-08 celebrado con el municipio de Muzo Boyacá, para el momento de los hechos objeto de estudio, con fundamento en la parte motiva del presente proveído.
SEGUNDO: Notificar la presente decisión a los implicados y/o a sus apoderados. Para tal efecto, líbrese la correspondiente comunicación, indicando la fecha de la providencia y la decisión tomada. En caso de no ser posible notificar personalmente, notifíquese por estado.
TERCERO: La presente decisión no se comunicará a quejoso alguno, por haberse iniciado por informe de Servidor Público.
CUARTO: A través de la Secretaría de esta Provincial, súrtanse los trámites pertinentes para efectos de las respectivas notificaciones. Déjense las constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FABIO ENRIQUE PEDREROS PERILLA
Procurador Provincial de Instrucción en Chiquinquirá
FEPP / MAAG