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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: AUTO DE ARCHIVO-Al no existir pruebas objetivas de sobrecostos y considerando las condiciones especiales de la pandemia

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Fecha
2025-03-12
Radicado
D 2021-1929710.
Sección / Sala
PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCION NEIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202509170917500.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: AUTO DE ARCHIVO-Al no existir pruebas objetivas de sobrecostos y considerando las condiciones especiales de la pandemia

En resumen

AUTO DE ARCHIVO-Al no existir pruebas objetivas de sobrecostos y considerando las condiciones especiales de la pandemia, no se configura ilicitud sustancial Las razones de justificación del otro sí en uno de sus acápite Que el supervisor del contrato solicita realizar otro Si al contrato en mención, por cuanto al momento de realizar la compra de cada producto, no se encontró la cantidad de huevos requeridos y/o estipulados en el ítem 11, el cual correspondía a 60 huevos por un valor de $26.400, por dicho motivo se cambió dicho producto por enlatados (atún y sardina) conservando el mismo valor total establecido en el ítem 11, de la siguiente manera: Si se hubiese realizado una verdadera planeación y estudio de mercado, no se habría realizado un otro Si, con eso demuestra que el contratista no era el idóneo para ejecutar dicho suministro y no contaba con la disponibilidad de inventario para lo requerido en el contrato.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 1952 de 2019
  • Decreto 262 de 2000
  • Decreto 1851 de 2021

Puntos que trata

  • Auto de archivo: Al no existir pruebas objetivas de sobrecostos y considerando las condiciones especiales de la pandemia, no se configura ilicitud sustancial
  • Contrato estatal: Irregularidad contractual en el contexto de emergencia sanitaria por: i) falta de estudios previos, ii) ausencia de cotizaciones, iii) sobrecostos, iv) contratación con persona no idónea
  • Contrato estastal: Urgencia manifiesta, no es obligatorio elaborar estudios previos; basta la resolución que declare la urgencia como justificación
  • Contratacion directa: Siempre que se motive la escogencia del contratista y se garantice idoneidad para la ejecución del objeto del contrato sin previa cotización por la emergencia es procedente directamente contratar

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Texto del documento 57.349 caracteres
AUTO DE ARCHIVO-Al no existir pruebas objetivas de sobrecostos y considerando las condiciones especiales de la pandemia, no se configura ilicitud sustancial CONTRATO ESTATAL-Irregularidad contractual en el contexto de emergencia sanitaria por: i) falta de estudios previos, ii) ausencia de cotizaciones, iii) sobrecostos, iv) contratación con persona no idónea CONTRATO ESTASTAL-Urgencia manifiesta, no es obligatorio elaborar estudios previos; basta la resolución que declare la urgencia como justificación CONTRATACION DIRECTA-Siempre que se motive la escogencia del contratista y se garantice idoneidad para la ejecución del objeto del contrato sin previa cotización por la emergencia es procedente directamente contratar CARGA DE LA PRUEBA-No hay evidencia concreta de sobrecosto no encontró estudios, peritajes o comparativos de mercado Dependencia: Radicación No.: Disciplinados: Cargo: Entidad: Quejoso: Fecha: Fecha hechos: Asunto: Decisión: PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN NEIVA. IUS-E-2021-275552 / IUC-D-2021-1929710. [NOMBRE TACHADO] E ISIDRO NIETO. ALCALDE Y SECRETARIO DE GOBIERNO. ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARAYA (HUILA). INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO. 8 DE JUNIO DE 2021. VIGENCIA FISCAL 2020. PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001 DE 2020. AUTO DE ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. (ARTÍCULO 90 DE LA LEY 1952 DE 2019). Neiva (Huila), 12 de marzo de 2025 1. ASUNTO A TRATAR. El Procurador Provincial de Instrucción Neiva, en uso de sus facultades legales, procede a decidir lo que en derecho corresponda dentro de las presentes diligencias con fundamento en los siguientes: HECHOS Y ANTECEDENTES. El día 8 de junio de 2020, se recepciona por correo electrónico denuncia por parte de los señores [NOMBRE TACHADO] y ROBINSON PUENTES ARAGONEZ, en sus condiciones de Concejales del municipio de Baraya, por medio de la cual se pone en conocimiento presunta irregularidad por incumplimiento de los principios de la contratación estatal en la protección del interés colectivos relacionados con la suscripción del contrato de suministros No. 001 de 2020; sin que se haya cumplido con los principios de planeación, estudios de mercado y focalización de la población beneficiaria más pobre y vulnerables; y algunos presuntos sobrecostos en algunos productos. Al parecer el referido contrato no cuenta con un análisis de las condiciones de mercado en la región, no se evidencia cotizaciones de otros supermercados, tampoco cuenta con un análisis comparativo de los precios de la tienda virtual u otras fuentes de precios como el DANE. Refieren los servidores públicos en su escrito lo siguiente: El día 31 de marzo del año 2020 , el municipio de Baraya adjudicó un contrato de Suministro por declaratoria de urgencia manifiesta No 001 de 2020 celebrado entre el Municipio y Milton Andrés Arias Perdomo, por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS(57.860.000), cuyo objeto es: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, MODALIDAD MONTO AGOTABLE, EL SUMINISTRO DE MERCADOS PRA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BARAYA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE RESPUESTA CON OCASIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19). De acuerdo con los Estudios previos que realizaron en este proceso, no se evidencia un real estudio de mercado, más cuando se trata de un contrato directo por declaratoria de urgencia manifiesta. En este caso el principio de planeación presuntamente se vulneró donde se nota que fue una improvisación, imprecisión y no obedeció a una real planeación. Si se hubiese proyectado con las condiciones debidas, como consultar cotizaciones, determinar con precisión las cantidades necesarias, el alcance, el plazo real para la ejecución y el valor. Se había escogido un oferente idóneo y que contará con las capacidades instaladas o disponibilidad de inventario en su establecimiento comercial y así se evitaría contratiempos, como el ocurrido que lo describo a continuación: Mercados incompletos Algunos habitantes del municipio me comentaron de una presunta entrega de mercados incompletos de acuerdo a los ítems contratados, de inmediato en mi calidad de Concejal de Baraya, me di la tarea de presentar una Proposición a consideración de mis compañeros concejales, la que fue aprobada en plenaria el día 15 de mayo de 2020, para esta fecha ya los mercados se habían entregado en su totalidad y se había liquidado el contrato de suministro según Acta respectiva del 17/04/2020; se le realizó el siguiente cuestionario al Secretario General y de Gobierno [NOMBRE TACHADO] en calidad de supervisor del contrato de suministro 001 del 2020 celebrado entre el municipio y Milton Andrés Arias Perdomo: Factibilidad y prefactibilidad del contrato Recursos destinados y sus fuentes de financiación Cláusulas del contrato y su cumplimiento Modo de contratación y por qué la escogencia Minutas de las raciones por mercado y valor unitario en pesos Estudio para la escogencia de los beneficiarios más vulnerables Precio en pesos de cada mercado con sus facturas correspondientes. La respuesta recibida el día 28 de mayo de 2020, por parte del Secretario General y de Gobierno, a esa fecha ya el contrato se encontraba en fase liquidado. En el numeral e) del cuestionario relacionado con la minuta de las raciones por mercado y valor unitario en pesos, anexó la siguiente tabla: ITEM DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO 1 ARROZ KILO 4 $4.400 2 PANELA LIBRA 5 $1.650 3 FRIJOL KILO 1 $7.700 4 ALVERJA KILO 1 $3.300 5 LENTEJA KILO 1 $4.950 6 HARINA DE MAIZ KILO 2 $3.960 7 ACEITE LITRO 2 $6.600 8 CHOCOLATE KILO 1 $6.600 9 SAL LIBRA 1 $880 10 LECHE EN POLVO KILO 1 $18.920 11 HUEVOS UNIDAD 60 $440 Según la ración por cada mercado esos elementos se le entregarían a cada familia beneficiada. Algunas personas me manifestaron que en lo entregado no iba incluido los huevos y la leche en polvo. En el informe de respuesta de Proposición al Concejo Municipal con fecha de 28 de Mayo, el Secretario General y de Gobierno no hace referencia a ningún Otro Si ni ninguna modificación del mencionado contrato, en las preguntas realizadas, en la incógnita c) Cláusulas del contrato y su cumplimiento, la respuesta del servidor público fue que se cumplió a total cabalidad sin ningún contratiempo. Las inconformidades de algunos habitantes del municipio me seguían generando misterios, indagaciones y dudas, por tal motivo El 25 de agosto de 2020, el Secretario General y de Gobierno responde un cuestionario de la Proposición No 18 aprobada en plenaria por Concejo Municipal y en el punto cuarto manifestó “ La administración municipal, en aras de dar cumplimiento a las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, en especial el Ministerio de Salud y Protección Social, adoptando medidas sanitarias y acciones de mitigación y contención del riesgo con ocasión a la situación epidemiológica causada por el Coronavirus COVID 19, realizo gestiones con el gobierno Departamental, para apoyar a los hogares de la población del municipio, quienes, por orden del gobierno nacional, debieron estar en casa, salvaguardando la vida y la salud de su núcleo familiar, a través del suministro de mercados efectuados por la Gobernación y la Alcaldía Municipal de Baraya, de acuerdo con el siguiente detalle:” Teniendo en cuenta que la repartición de los mercados tanto del municipio y el departamento se dio el mismo día. En medio de la Sesión del Concejo Municipal le expresé las inconformidades de algunas personas por la presunta no entrega de algunos elementos de los ítems contratados, en especial la no entrega de las dos cubetas de huevos en cada mercado para cada familia beneficiada. En la respuesta a la Proposición No 18 relaciona en los anexos aportados por el secretario General y de Gobierno: *OTRO SI No 001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO POR LA DECLARATORIA DE LA URGENCIA MANIFIESTA No 001 de 2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA Y MILTON ANDRES ARIAS PERDOMO. Dos (2) folios. Firmado el 01 de abril de 2020. ¿Por qué solo hasta el día 28 de agosto se da a conocer un Otro Sí de ese contrato de suministro? ¿Por qué no relacionó el Otro Sí, en el cuestionario aprobado en el Concejo en el mes de mayo, cuando ya se encontraba en estado liquidado dicho contrato de suministro? ¿Por qué según el Acta de Liquidación no se evidencia alguna modificación por el otro sí? Las razones de justificación del otro sí en uno de sus acápite “Que el supervisor del contrato solicita realizar otro Si al contrato en mención, por cuanto al momento de realizar la compra de cada producto, no se encontró la cantidad de huevos requeridos y/o estipulados en el ítem 11, el cual correspondía a 60 huevos por un valor de $26.400, por dicho motivo se cambió dicho producto por enlatados (atún y sardina) conservando el mismo valor total establecido en el ítem 11, de la siguiente manera: CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 2 Atún de 170 gr 4.500 9000 2 Sardinas 8.700 17400 $26.400 Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se modifica el contrato en las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: Modificar el presupuesto establecido en la CLAUSULA SEGUNDA. - Se modifica el Ítem 11 y se adiciona el ítem 12 así: ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 11 Atún de 170 gr UNIDAD 2 4500 9000 12 Sardinas 425 gr UNIDAD 2 8700 17400 $26.400 Si se hubiese realizado una verdadera planeación y estudio de mercado, no se habría realizado un otro Si, con eso demuestra que el contratista no era el idóneo para ejecutar dicho suministro y no contaba con la disponibilidad de inventario para lo requerido en el contrato. EL SECOP. Publicaron los Estudio Previos el 15 de abril de 2020 hasta la póliza. El Acta de Liquidación la subieron al Secop el 23 de mayo de 2020. El Otro Sí del Contrato de Suministro solo lo subieron hasta el día 09 de diciembre. POSIBLES SOBRECOSTOS: al no haber hecho estudios de mercado o no haber consultado si quiera la página de la tienda virtual Colombia compra eficiente en que se pudo haber analizado la oferta y demanda de los productos a entregar en cada mercado, se pueden observar algunos posibles sobrecostos los que relaciono: La bolsa de leche en polvo de 1 kilogramo por un valor de $18.920. Haciendo una comparación con los precios en el momento que atravesaba la pandemia una bolsa de leche de 1 kilogramo no superaba los $14.000. Teniendo en cuenta además que las compras por cantidades de estos productos los precios unitarios pueden ser menores. Puesto que posiblemente no se entregó este producto a los beneficiarios según las quejas verbales de la comunidad y las fotos que se anexa en esta denuncia. El precio de una caja de sardina de 425 gr que se especifica en el contrato tiene un valor unitario de $ 8700, haciendo las consultas por diferentes supermercados el precio de esta sardinas no sobrepasa los $6.000 teniendo en cuenta que se entregó una marca no reconocida, tenido en cuenta además que las compra por cantidades los precios pueden ser menores. Por lo anterior, con mucho respeto solicito se adelante una investigación al alcalde de Baraya Huila [NOMBRE TACHADO] y Secretario General y de Gobierno [NOMBRE TACHADO] por lo posibles hechos antes descriptos. ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS PUBLICADAS EN LA PAGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARAYA En las fotos se puede evidenciar que a las familias beneficiadas no le entregaron las 2 cubetas de huevos, ni la leche en polvo, se observa es el suministro de leche líquida. Teniendo en cuenta que ese mismo día 12 de abril de 2021 se entregaron los mercados por parte de la Gobernación del Huila. COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN NEIVA. Este órgano de control debe destacar que los hechos descritos en la compulsa de copias son de competencia de este Despacho, al tenor de lo dispuesto en el literal a) del numeral 1º del artículo 76 del Decreto 262 de 2000; modificado por el artículo 22 del Decreto 1851 de 2021 y lo preceptuado en el numeral 18.2 del artículo 3 de la Resolución No. 213 del 6 de mayo de 2003 y la Resolución No. 414 del 12 de octubre de 2023. Del mismo modo, debe resaltar el Despacho que durante todo el trámite de la actuación disciplinaria se ha mantenido incólume la competencia de esta provincial para investigar los hechos expuestos y conexos; así mismo, para decretar y practicar pruebas con fundamento en el Principio de investigación integral. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN (LEY 1952 DE 2019). El Congreso de la República de Colombia emitió la Ley 1952 de 2019, “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”, según esta normativa, se derogaría la Ley 734 del 2002, algunos artículos de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto Ley 262 del 2000. Debe resaltar este operador disciplinario que la mencionada Ley estipuló un régimen de transición por cambio normativo: “ARTÍCULO 71. Modificase el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: ARTÍCULO 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.” Negrilla fuera de texto. A su vez, el artículo 73 de la citada Ley consagra: “ARTÍCULO 73. Modificase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: ARTÍCULO 265. Vigencia y Derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas. Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las palabras y la consulta que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley 1123 de 2007. Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las normas relacionadas con la Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia. PARÁGRAFO 1. El artículo 1 de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación. PARÁGRAFO 2. El artículo 7 de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011. Con fundamento en lo expuesto, y para un mejor entendimiento del sujeto procesal involucrado en el presente proceso disciplinario, debe puntualizarse que los hechos acaecieron en vigencia de la Ley 734 de 2002; no obstante, el 29 de marzo de 2022 entró en vigor la Ley 1952 de 2019, razón por la cual la presente actuación continuará tramitándose por el nuevo régimen disciplinario esto es, el Código General Disciplinario conocido por sus siglas C.G.D., por cuanto en este proceso disciplinario no se había surtido para esa fecha el pliego de cargos debidamente notificado o instalado la audiencia del proceso verbal; en cuyo caso debía continuarse el trámite procesal bajo el anterior Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002). IDENTIDAD DE LOS POSIBLES AUTORES DE LA FALTA DISCIPLINARIA La presente investigación disciplinaria se adelantará contra los señores [NOMBRE TACHADO] identificado con la cedula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Baraya en su calidad de alcalde municipal de Baraya vigencia 2020 e [NOMBRE TACHADO] identificado con la cedula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Secretario General y de Gobierno del municipio de Baraya – Huila, para la vigencia 2020. ACTUACIÓN PROCESAL. Mediante auto de fecha 30 de junio de 2021, la PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE NEIVA, ordenó dar inicio a indagación preliminar en AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLES del MUNICIPIO DE BARAYA (HUILA), ordenando la práctica de pruebas de oficio. El día 9 de agosto de 2022, la entonces Procuradora Provincial de Neiva dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores [NOMBRE TACHADO] identificado con la cedula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Baraya e [NOMBRE TACHADO] identificado con la cedula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Bogotá D.C., en sus condiciones de alcalde municipal y de Secretario General y de Gobierno del municipio de Baraya – Huila, respectivamente, para la vigencia 2020; por las presuntas irregularidades en las fases de planeación y ejecución del mencionado contrato. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. Es pertinente establecer, en forma previa y general, el real contenido y alcance del principio y derecho constitucional fundamental del debido proceso. El derecho al debido proceso se concreta en la protección constitucional que se otorga a todas las personas con el fin de garantizar durante todo el trámite, bien sea administrativo o judicial, la obtención de decisiones justas y adecuadas al derecho material, para lo cual es indispensable que se haya proporcionado al interesado la oportunidad de ser escuchado y de controvertir los elementos probatorios que sustentan la adopción de la respectiva decisión. De esta forma, la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos en los que pueda incurrir la autoridad en el trámite de un proceso sancionatorio o de condena. En tales condiciones, el derecho fundamental del debido proceso y del derecho de defensa atañe que, en todas las actuaciones administrativas y judiciales, debe garantizarse el completo y preciso acatamiento de las normas procesales que regulan las ritualidades de cada proceso en particular, así como la confianza de que las partes intervinientes en el mismo puedan tener la plena confianza de una igualdad no sólo formal, sino, material, en el sentido de que todas las actuaciones que se surtan en el trámite de dicho proceso serán conocidas a fin de que se ejerza el derecho de contradicción. Por consiguiente, cualquiera que sea la naturaleza del proceso o procedimiento que se adelanta, las partes que en él intervengan tienen el pleno derecho de conocer todos los pronunciamientos que hace la autoridad que dirige el mismo, esto es, desde el inicio de la correspondiente investigación o proceso, según sea el caso, hasta la decisión final o sentencia, lo que incluye, por obvias razones, cada una de las etapas que se surtan dentro de éste, es decir, la correspondiente a las pruebas, traslados, alegatos y demás. Corolario de lo anterior, le corresponde a este Despacho ¿determinar si se puede endilgar responsabilidad disciplinaria a los señores [NOMBRE TACHADO] e [NOMBRE TACHADO], en sus condiciones de alcalde municipal y de Secretario General y de Gobierno del municipio de Baraya – Huila, respectivamente, para la vigencia 2020, por los hechos aquí denunciados? El Despacho considera que, con el fin de adoptar una decisión suficientemente ilustrativa, debe referirse previamente con relación al origen general de la pandemia surgida por la enfermedad denominada SARS-CoV-2 o COVID 19 y la normatividad expedida por el Gobierno Nacional, Regional y Local para conjurarla; y en segundo lugar, una breve conceptualización sobre el detrimento patrimonial y la responsabilidad fiscal; y finalmente, al origen de la controversia y solución al problema jurídico propuesto, con fundamento en los elementos de juicio que se extraen de la valoración probatoria y que nos brindan claridad meridiana para la toma de decisiones conclusivas que en derecho correspondan, los cuales se exponen en la siguiente forma: 7.1 ORIGEN GENERAL DE LA PANDEMIA SURGIDA POR LA ENFERMEDAD DENOMINADA SARS-COV-2 O COVID 19; Y LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL PARA CONJURARLA. El día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el brote de enfermedad denominada SARS-CoV-2 o COVID 19, como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos confirmados. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró el estado emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo 2020 y, en consecuencia, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir, controlar su propagación y mitigar sus efectos. El Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, por el término de 30 días, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación del COVID-19, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994. A su vez, el ejecutivo nacional a través del Decreto No. 457 del 22 de marzo 2020, impartió instrucciones para combatir la emergencia sanitaria generada por la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID 19, y el mantenimiento del orden público y en el artículo 1º ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, de conformidad con el numeral 4º del artículo 189 y los artículos 303 y 315 de la Constitución Política de Colombia, en consonancia con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo No. 539 de 2020, dispuso que el Ministerio de Salud y Protección Social era la entidad encargada de expedir los protocolos sobre bioseguridad necesarias en todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Subsiguientemente, el Gobierno Nacional emitió distintos Decretos prolongado las medidas de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del territorio nacional, entre ellos los siguientes: Decreto No. 531 del 8 de abril de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020. Decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020. Decreto No. 636 del 6 de mayo de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, prorrogado por el No. Decreto No. 689 del 22 de mayo de 2020 hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 31 de mayo de 2020. Decreto No. 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por los Decretos No. 847 del 14 de junio de 2020 y No. 878 del 25 de junio de 2020, respectivamente, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 15 de julio de 2020. Decreto No. 990 del 9 de julio de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020. Decreto No. 1076 del 28 de julio de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2020. Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020, prorrogado y modificado por los Decretos No. 1297 del 29 de septiembre, No. 1408 del 30 de octubre de 2020 y No. 1550 del 28 de noviembre de 2020, se reguló la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de noviembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de enero de 2021. Decreto No. 039 de 14 de enero de 2021, reguló la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de marzo de 2021. Decreto No. 206 de 26 de febrero de 2021, se reguló la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de marzo de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2021. En el ámbito Regional, el Departamento del Huila, en cabeza del Gobernador, emitió el Decreto No. 091 del 16 de marzo de 2020 “por el cual se declara una situación de calamidad pública como consecuencia de la presencia del Coranovirus (COVID-19) en el departamento del Huila, y se dictan otras disposiciones”, de conformidad con la Circular 00005 del 11 de febrero de 2020, impartida por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la cual se dan directrices para la detención temprana, ante la posible introducción del virus. Esta decisión se adoptó en reunión de Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento del Huila, efectuada el día 16 de marzo de 2020, en la que se emite concepto favorable para la declaratoria de la calamidad pública. 7.2 DETRIMENTO PATRIMONIAL Y RESPONSABILIDAD FISCAL. Los hechos objeto de investigación se adecuan a la presunta ocurrencia de una falta gravísima establecida en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002 “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público” (norma vigente al momento de los hechos), para luego valorar en conjunto la prueba recaudada y finalmente efectuar el pronunciamiento de fondo en esta actuación. Con relación al Control Fiscal la Honorable Corte Constitucional expresó: “…El control fiscal, en cuanto instrumento adecuado para garantizar la correspondencia entre gasto público y cumplimiento de los fines legítimos del Estado, tiene un reconocimiento constitucional de amplio espectro. En este sentido, es la utilización de los recursos públicos la premisa que justifica, por sí sola, la obligatoriedad de la vigilancia estatal. Por lo tanto, aspectos tales como la naturaleza jurídica de la entidad de que se trate, sus objetivos o la índole de sus actividades, carecen de un alcance tal que pueda cuestionar el ejercicio de la función pública de control fiscal. Adicionalmente, debe advertirse que el cumplimiento del principio de eficiencia del control fiscal lleva a concluir que toda medida legislativa que a partir de restricciones injustificadas e irrazonables, impida el ejercicio integral de la vigilancia estatal de los recursos, esto es, los controles financiero, legal, de gestión y de resultados, es contraria a los postulados constitucionales. En efecto, los argumentos precedentes demuestran que las disposiciones de la Carta Política que regulan el control fiscal pretenden asegurar el nivel más amplio de vigilancia del uso de los fondos y bienes de la Nación. Esta concepción, además, es consecuente con un modelo de Estado constitucional que, como sucede en el caso colombiano, está interesado en la protección del interés general y el cumplimiento cierto de los deberes del aparato estatal”. De otra parte, en sus artículos 6°, 124 y 209, la Constitución Política establece: “ARTICULO 6: “Los particulares sólo son responsables ante las Autoridades por infringir la Constitución y las Leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.” ARTÍCULO 124: “la Ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva”. ARTICULO 209. "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” Ahora bien, en la Ley 610 de 2000, encontramos la definición del proceso de responsabilidad fiscal, de la gestión fiscal, del daño patrimonial y los presupuestos que deben tenerse en cuenta en el trámite de los procesos de responsabilidad. En su artículo primero prevé que: ARTICULO 1°: “El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”. Con relación a la gestión fiscal la Ley 610 de 2000, en su artículo 3° señala: “Para efectos de la presente Ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.” El artículo 4º, indica claramente que el objeto de la Responsabilidad Fiscal es el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público; en este sentido la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-059 de 1997, así: “Dicha responsabilidad no tiene carácter sancionatorio, ni penal, ni administrativo. En efecto, la declaración de Responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal. Es por lo tanto una responsabilidad independiente y autónoma, distinta de la disciplinaria o de la penal que puede corresponder por la comisión de los mismos hechos. En tal virtud puede existir una acumulación de responsabilidades con las disciplinarias y penales, aunque se advierte que si se percibe la indemnización de los perjuicios dentro del proceso penal, no es procedente al mismo tiempo obtener un nuevo reconocimiento de ellos a través de dicho proceso, como lo sostuvo la Corte en Sentencia C-046/94”. Dice el artículo 5° ibídem, que la responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los elementos anteriores. La misma Ley en su artículo 53 indica los presupuestos que deben cumplirse para proferir fallo con responsabilidad fiscal: “Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable. (...)” De acuerdo con lo anterior la responsabilidad fiscal se estructura sobre tres elementos: a) un daño patrimonial al Estado; b) una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal y; c) un nexo causal entre el daño fiscal y la conducta. El daño puede causarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o gravemente culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento del patrimonio público. El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 define el daño patrimonial al Estado en los siguientes términos: “DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta Ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.” La conducta es uno de los elementos que exige la Ley para atribuir responsabilidad fiscal a un implicado, pues ésta - la conducta- se debe desplegar a título de dolo o culpa grave. Así lo dispuso el artículo 5° de la Ley 610 de 2000. La Corte Constitucional mediante sentencia C-840 del 2001 indicó que: “…la responsabilidad que se declara a través del proceso fiscal es eminentemente administrativa, dado que recae sobre la gestión y manejo de los bienes públicos; es de carácter subjetivo, porque busca determinar si el imputado obró con dolo o con culpa; es patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; es autónoma e independiente, porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y, finalmente, en su trámite deben acatarse las garantías del debido proceso según voces del artículo 29 Superior.” La sentencia C-619 de 2002, precisó que la conducta que da lugar a la imputación de responsabilidad es aquella considerada como gravemente culposa, descartando del contexto de la responsabilidad la culpa leve en que pueda incurrir algún agente del Estado o particular que maneje o administre bienes o fondos del Estado. En el mismo sentido la Corte Constitucional en sentencia C-619 de 2002 señala que los gestores fiscales son: “... quienes cumplen gestión fiscal manejan directamente recursos estatales, que por ello les asiste el deber de orientar esos recursos a la realización de las finalidades que le incumben al Estado y que el incumplimiento de ese deber los hace responsables penal, disciplinaria y fiscalmente. No obstante, los agentes estatales que no cumplen gestión fiscal, si bien no manejan directamente recursos estatales, también se hallan en el deber de proceder con estricto apego al principio de legalidad que rige sus actos y por ello, al apartarse de esa directriz, pueden también incurrir en responsabilidad penal, disciplinaria y patrimonial. Si ello es así, no hay motivos para que la Ley establezca un régimen de responsabilidad fiscal y patrimonial con distintos fundamentos de imputación (...)” Una vez analizados los elementos estructurales del proceso de responsabilidad fiscal, este operador disciplinario quiere enfatizar en segundo lugar, que la Honorable Corte Constitucional ha reiterado el criterio según el cual la responsabilidad fiscal “no tiene un carácter sancionatorio ni penal”. al respecto ha sostenido la corte que “la declaración de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal. es, por lo tanto, una responsabilidad independiente y autónoma, distinta de la disciplinaria o de la penal que pueda corresponder por la comisión de los mismos hechos.”. En el mismo sentido, el Honorable Consejo de Estado, ha indicado que la responsabilidad fiscal “no tiene un carácter sancionatorio, ni penal ni administrativo (parágrafo art. 81, Ley 42 de 1993). En efecto, la declaración de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal. Es, por lo tanto, una responsabilidad independiente y autónoma, distinta de la disciplinaria o de la penal que pueda corresponder por la comisión de los mismos hechos”. La Honorable Corte Constitucional trae a colación un ejemplo muy ilustrativo en los siguientes términos: “…Tal sería el caso cuando se destinan recursos del Estado a fines oficiales distintos de aquel para el que estaban presupuestados, o cuando el uso indebido consiste en una mera infracción de reglamentos, órdenes o directivas, pero sin lesión ni aprovechamiento privado de los recursos públicos. En estos casos, puede existir responsabilidad penal o disciplinaria, pero no responsabilidad fiscal, por ausencia de daño…”. 7.3 ORIGEN DE LA CONTROVERSIA Y SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PROPUESTO. Como se dijo al inicio de este proveído, los cabildantes del municipio de Baraya, cuestionan que el contrato de suministro No. 001 de 2020, presenta irregularidades relacionadas con la falta de i) estudios previos, ii) cotizaciones previas, iii) sobrecostos, y iv) suscribir el referido contrato con persona no idónea y carente de capacidad para cumplir con el objeto contractual. Con relación a estos argumentos, es necesario indicar que la SALA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR, a través de fallo de segunda instancia proferido el día 17 de agosto de 2023, dentro del expediente E-2020-200936 / IUC D-2020-1496374, señaló respecto de los contratos suscritos en urgencia manifiesta lo siguiente: “…El comportamiento desplegado por el inquirido, en términos del fallo apelado, está referido a la violación de la planeación como desarrollo del principio de economía y del principio de selección objetiva, porque el contratista del contrato No. 681 de 2020 no tenía la idoneidad necesaria para la ejecución del mismo. Un aspecto de especial relevancia en este asunto y que resulta insoslayable para efecto de la imputación fáctica, es que el contrato No. 681 de 2020 fue celebrado en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional en marzo de 2020, a la que la administración local de Neiva dio alcance por medio de los Decretos Municipales Nos. 305 de 2020 de emergencia Sanitaria en esa comprensión territorial, No. 306 de 2020 sobre la calamidad pública local y No. 308 de urgencia manifiesta En virtud de ello, autorizado por las reglas establecidas en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, el 26 de marzo de 2020, GORKY MUÑOZ CALDERON, como alcalde de Neiva, suscribió el contrato No. 68154, con John Frederick Cruz Motta, para el suministro de alimentación, hidratación, kit de aseo, kit habitacional, insumos de protección y servicio de lavandería, para 350 habitantes de calle, por valor de $425.596.159, con un plazo de 31 días. Posteriormente, el 28 de marzo del mismo año, se formalizó la contratación con todas las exigencias legales que el contrato de suministro exige, tales como estudios previos y certificado de disponibilidad presupuestal. Una conclusión evidente y apenas lógica, es que tales documentos fueron posteriores al contrato, actuación autorizada por el artículo 41 del estatuto de contratación administrativa, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que, en lo pertinente, dispone: En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta Ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante. A falta de acuerdo previo sobre la remuneración da que trata el inciso anterior, la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el justo precio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de date por un perito designado por las partes. Concordante con ello, el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015, dispone: Declaración de urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos. Negrilla y subraya fuera de texto.” Es de resaltar que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA, quien trasladó por competencia la denuncia a la GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL HUILA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para que investigara la existencia de las presuntas irregularidades. Por tal motivo, resalta esta instancia que la Ley 1952 de 2019, en su artículo 2°, precisó que la acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta; dicho en otras palabras, la finalidad es distinta a la de la acción penal y a la que ejerce directamente la Contraloría General de la República, en la medida en que los bienes que se protegen y el interés jurídico que se tutela es diferente. Así las cosas, mientras que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA es el máximo órgano de control fiscal del Estado, cuya misión es procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN tiene como finalidad juzgar el comportamiento de los funcionarios públicos frente a normas administrativas de carácter ético, destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública. Descendiendo al caso objeto de estudio, debe destacar el Despacho que esta investigación tenía como objetivo primordial investigar si funcionarios de la Alcaldía de Baraya (Huila), cometieron una presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes y funciones en la fase de planeación contrato de suministro No. 001 de 2020. En efecto, uno de los principios rectores de la administración pública que deben observar con celo riguroso los servidores del Estado, es el de la moralidad administrativa y defensa del patrimonio público, los cuales persiguen, entre otros objetivos, el manejo adecuado del erario público y en general que los funcionarios asuman un comportamiento ético frente al mismo; la incursión por parte de aquellos en conductas que trasgredan las máximas citadas acarrean sanciones disciplinarias y/o penales. En tratándose del manejo debido de los recursos públicos, el legislador estableció normas de carácter contractual y presupuestal de obligado acatamiento, que contienen numerosas herramientas dirigidas a la correcta inversión y utilización de tales recursos por parte de quienes tienen a su cargo su manejo y ejecución. Lo anterior, si se tiene en cuenta que su adecuada utilización incide en la consecución de los fines trazados por el Estado, contribuyendo en el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población. La salvaguarda de tales principios involucra sin duda ninguna la responsabilidad patrimonial del Estado y por ende la de los servidores públicos, que por mandato de la Ley 80 de 1993, en su artículo 26 numerales 1, 4 y 5, están obligados entre otros, a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y a proteger los intereses de la entidad. Para ello, sus actuaciones deberán ceñirse a las reglas sobre administración de bienes ajenos y a los postulados que gobiernan un comportamiento ajustado a la ética y a la justicia. En orden a lo expuesto, es claro que los principios arriba citados se quebrantan no solo cuando al contratista no se le cancela el valor justo correspondiente al servicio prestado, cuando no se busca el equilibrio financiero, o no se cancela intereses en caso de mora, sino también cuando el Estado por razón de un contrato sinalagmático, cancela al contratista un valor superior al que por razón de la obra, el servicio o el bien debía sufragar. Ahora bien, en lo que toca con la demostración del sobrecosto, debe tenerse en cuenta que para ello se requiere la práctica de medios técnicos, periciales o conceptuales, precedidos de un análisis real y apoyado en bases ciertas y científicas. Esa labor, precisa de una coincidencia total entre los bienes materia de confrontación, pues solo la identidad entre los objetos materia de negociación permite arribar a una conclusión acertada. Indica lo expuesto, que al momento de efectuar la estimación tendiente a verificar un sobreprecio, se deben valorar todas las circunstancias que rodearon la contratación, como el lugar donde se adquirieron los bienes, uso de los mismos, garantías, transporte, la demanda y oferta del bien en el comercio local, etc. También se deben constatar aspectos tales como especificaciones, tamaño, material, etc., a fin de garantizar que los elementos a comparar sean de la misma clase y naturaleza. En virtud de lo anterior, reposa en el cartulario como prueba documental el auto de archivo de la indagación preliminar No. IP-80412-2021-38630 proferido por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL HUILA, el día 25 de noviembre de 2021, cual fue aperturado por el ente de control fiscal con base en estos mismos hechos; pues, este archivo es producto del traslado del pluricitado informe de servidor público signado por los cabildantes de Baraya (Huila). La señalada decisión indica: “...DEL CASO CONCRETO Una vez revisada la documentación que reposa en el expediente y analizada la descripción de los hechos que hace el grupo auditor de la CGR en el formato de traslado de hallazgo fiscal, es necesario realizar las siguientes precisiones: -. El Municipio de Baraya (H) celebro con Milton Andres Arias Perdomo el Contrato de Suministro por declaratoria de urgencia manifiesta No.001 de 2020, para contratar por el sistema de precios unitarios, modalidad monto agotable, el suministro de mercados para la atención de la población vulnerable del Municipio de Baraya en el desarrollo de las actividades y medidas preventivas y de respuesta con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (Covid-19). Dentro de la ejecución del Contrato de urgencia manifiesta No. 001-2020, la Alcaldía Municipal de Baraya, realizó la entrega de quinientos (500) mercados a población vulnerable, encontrando que las unidades de medidas del ARROZ en el Contrato de suministro, están relacionadas en "KILOS", pero tanto en la entrada y la salida de almacén y en la orden de suministro se discrimina en "LIBRAS" (LBR), lo que evidencia que al almacén entraron y salieron 2.000 libras y lo contratado era 2.000 kilos (que equivale a 4.000 libras), resultando una diferencia de 2.000 libras lo cual equivale a un valor de $4.400.000, así: De igual manera en el Contrato de suministro por declaratoria de urgencia manifiesta No. 001-2020, se relaciona 1 kilo de alverja, 1 kilo de frijol y 1 kilo de lenteja y la entrada del almacén estos alimentos se entregaron en libras lo que equivale a un valor de $3.987.500. En el Contrato de suministro por declaratoria de urgencia manifiesta No. 001-2020, se relacionan 1 kilo, de chocolate y en la entrada de almacén está relacionado 1 libra esta diferencia equivale a un valor de $1.650.000 En el Contrato de suministro por declaratoria de urgencia manifiesta No. 001-2020, se relaciona 1 kilo de harina y se entregó 1 libra esto equivale a un valor de $1.980.000. Se suscribió Acta de Inicio el 31 de marzo de 2020 entre el contratista y el supervisor/interventor [NOMBRE TACHADO] en su condición de Secretario General y de Gobierno del municipio de Baraya. El 01 de abril de 2020 suscribieron Acta de Justificación Otro Si No.001 de 2020 en donde cambian el item de Huevos por entregar atún y sardinas Requisición orden de suministro No. 202000001 del 01 de abril de 2020 que corresponde a la entrada del almacén del municipio de Baraya. El contrato fue liquidado el 17 de abril de 2020- No obstante, lo anterior se hace necesaria la identificación y argumentación adecuada, acerca de la existencia del daño en materia fiscal, a efectos de continuar con la revisión de los demás elementos establecidos en la normatividad, con miras a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal de ser el caso, de manera que relacionamos las siguientes consideraciones: Atendiendo lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, "Estatuto Anticorrupción", la cual incorporó en su articulo 117 los informes técnicos o especializados gratuitos, cuyo alcance como prueba es el de estar destinados a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso, dicha norma, establece como limitación que respecto a las entidades públicas o particulares serán exigibles: "los informes técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto y que "Estas pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso"; teniendo en cuenta lo anterior mediante oficio No. 20211E0078212 del 17 de septiembre de 2021, se asignó el apoyo técnico de la profesional universitaria G.2 Ana Isabel Mayorga Rodríguez, con formación en Contaduría Pública, para que verificara las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Suministro No.001 del 31 de marzo de 2020, en especial las relacionadas con las cantidades contratadas y las cantidades entregadas a la población beneficiada, esto con el fin de determinar la existencia o no del daño fiscal, establecer su respectiva cuantia y así determinar los presuntos responsables del mismo de ser el caso. Para dar cumplimiento a la prueba decretada, la profesional universitaria de apoyo técnico Ana Isabel Mayorga Rodriguez, rindió el Informe Técnico mediante el oficio 20211E0099792 de fecha 19 de noviembre de 2021 en el que concluyó lo siguiente: "Del análisis anterior se establece que los artículos alimenticios adquiridos por el municipio de Baraya, mediante contrato 001 de 2020, Otrosí 001 y factura 709, cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios, modalidad monto agotable, el suministro de mercados para la atención de la población vulnerable del municipio de Baraya, en el desarrollo de las actividades y medidas preventivas y de respuesta con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (Covid-19)* y evaluada la información documental aportada en la IP-80412-2021-38630 y la suministrada por el municipio de Baraya, coinciden con los kits alimentarios entregados a los beneficiarios en cantidad y especificaciones, según certificación expedida por el supervisor del contrato y por los presidentes de las Juntas de Acción Comunal Urbanas y Rurales del Municipio de Baraya, Huila, por tal motivo se concluye que no existe detrimento al patrimonio del estado. Se realiza comparativo de las cantidades de los articulos adquiridos según contrato No 001/2020, celebrado entre el municipio de Baraya y Milton Andres Arias Perdomo, factura No 0709 Sin Fecha, certificación expedida por el Supervisor del Contrato y certificación de los Presidentes Juntas de Acción Comunal del municipio de Baraya Huila, conforme se evidencia en la siguiente tabla: (…) Atendiendo lo anterior, la prueba practicada por el apoyo técnico Ana Isabel Mayorga Rodriguez; funcionaria de la Contraloría General de la República (folios 47-49), el cual conto con el análisis de los documentos y pruebas que hacen parte integral de la presente indagación preliminar, arrojo como resultado que los artículos alimenticios adquiridos por el municipio de Baraya, mediante contrato 001 de 2020, Otrosi 001 y factura 709, coinciden con los entregados a los beneficiarios en cantidad y especificaciones del contrato. Asi las cosas, de las pruebas recaudadas en la presente actuación, permiten colegir que el objeto del Contrato de Suministro No.001 del 31 de marzo de 2020 para el suministro de mercados para la atención de la población vulnerable del Municipio de Baraya en el desarrollo de las actividades y medidas preventivas y de respuesta con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (Covid-19), se cumplió a cabalidad conforme a las especificaciones, cantidades y medidas descritos en el contrato, por lo que entonces se establece que no existe un daño fiscal, desvirtuándose de esta manera lo que en un principio hacía llegar a la inefable conclusión de la ocurrencia de un detrimento al erario. En este orden de ideas, teniendo como base las pruebas legalmente arrimadas a la presente investigación y que reposan en el acervo probatorio, resulta claro que lo anterior tiene soporte por las mismas características del daño, entre ellas que debe ser cierto, real, determinable y cuantificable, que para el caso bajo reparo fiscal, las pruebas permiten concluir que la acción lesiva descrita como hecho irregular en el hallazgo fiscal, no produjo daño al patrimonio público, razón por la cual se desvirtúa el hecho irregular evidenciado por el grupo auditor en el formato de hallazgo fiscal que dio origen a la presente preliminar, al comprobarse que no existió pérdida o detrimento de recursos públicos. Así las cosas, habrá lugar a proferir Auto de Archivo, como quiera que no se presentó en este asunto lesión a los intereses patrimoniales del Estado, lo que por ende implica que, mal puede afirmarse que a la fecha confluyan los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley 610 de 2000, para la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Conforme las consideraciones precedentes, la Gerencia Departamental Colegiada del Huila de la Contraloría General de la República, en uso de sus facultades legales y reglamentarias; RESUELVE PRIMERO: ARCHIVAR LA INDAGACIÓN PRELIMINAR N°IP-80412-2021-38630, que se adelantó por presuntas irregularidades por la ejecución del contrato de Suministro No.001 del 31 de marzo de 2020, para el suministro de mercados para la atención de la población vulnerable del Municipio de Baraya en el desarrollo de las actividades y medidas preventivas y de respuesta con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus. (Covid-19), de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente Auto.” Negrilla y subraya fuera de texto. De acuerdo con lo expuesto, considera esta instancia que los hechos analizados no alcanzan la connotación de responsabilidad disciplinaria, derivada del quebrantamiento formal de la cobertura jurídica de los deberes y prohibiciones disciplinarias, como tampoco soportan la comprobación de la trasgresión de ninguno de presupuestos en comento, lo que debe redundar en una efectiva aplicación de la justicia, porque admitir lo contrario conlleva a la aplicación de una responsabilidad objetiva, la cual se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. Así las cosas, en estos términos este Despacho considera que no existe mérito para continuar con la presente actuación disciplinaria y procede a ordenar el archivo definitivo de la presente actuación por los hechos investigados, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019, por cuanto la conducta atribuida no existió. En mérito de lo expuesto, el Procurador Provincial de Instrucción Neiva, en uso de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO: Ordenar la TERMINACIÓN de la presente actuación disciplinaria radicada bajo el No IUS-E-2021-275552 / IUC-D-2021-1929710, seguida en contra de los señores [NOMBRE TACHADO] identificado con la cedula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Baraya en su calidad de alcalde municipal de Baraya vigencia 2020 e [NOMBRE TACHADO] identificado con la cedula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Secretario General y de Gobierno del municipio de Baraya – Huila, para la vigencia 2020, y en consecuencia disponer el ARCHIVO DEFINITIVO de la misma de conformidad con lo expuesto en la parte motiva esta providencia. SEGUNDO: Por Secretaría de esta Procuraduría Provincial, NOTIFICAR la decisión a los investigados, indicándoles que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto líbrese la correspondiente comunicación señalando la fecha de la Providencia y decisión adoptada. TERCERO: ABSTENERSE DE COMUNICAR esta decisión por cuanto se inició a través DE INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JUAN JACOBO VARGAS FERNÁNDEZ PROCURADOR PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN NEIVA

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https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory