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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos

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Fecha
2025-03-06
Radicado
D 2020-15148604.
Sección / Sala
PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCION NEIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202509161053330.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos

En resumen

CONTRATO ESTATAL- Fraccionamiento del contrato implícitamente contrario a los principios de transparencia y selección objetiva para evitar la licitación pública De esta forma, la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos en los que pueda incurrir la autoridad en el trámite de un proceso sancionatorio o de condena. Por consiguiente, cualquiera que sea la naturaleza del proceso o procedimiento que se adelanta, las partes que en él intervengan tienen el pleno derecho de conocer todos los pronunciamientos que hace la autoridad que dirige el mismo, esto es, desde el inicio de la correspondiente investigación o proceso, según sea el caso, hasta la decisión final o sentencia, lo que incluye, por obvias razones, cada una de las etapas que se surtan dentro de éste, es decir, la correspondiente a las pruebas, traslados, alegatos y demás.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 1952 de 2019
  • Resolución 111 de 2020
  • Decreto 262 de 2000

Puntos que trata

  • Auto de archivo: La conducta de fraccionamiento del contrato no se configuró, pues la suma de los contratos estaba dentro de la categoría de menor cuantía y atendieron a la urgencia de la flota de transportes
  • Conducta disciplinable: Fraccionamiento de contratos con el mismo objeto de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular municipal
  • Contrato estatal: Fraccionamiento del contrato implícitamente contrario a los principios de transparencia y selección objetiva para evitar la licitación pública

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Texto del documento 31.283 caracteres
AUTO DE ARCHIVO-La conducta de fraccionamiento del contrato no se configuró, pues la suma de los contratos estaba dentro de la categoría de menor cuantía y atendieron a la urgencia de la flota de transportes “En conclusión, el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la alcaldía de Campoalegre es una inversión fundamental para garantizar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de los servicios públicos; por tanto, el proceso de mínima cuantía se celebró con la finalidad de solucionar con celeridad la problemática que aquejaba a la entidad, sin que pueda afirmarse la existencia de un fraccionamiento de contratos.” CONDUCTA DISCIPLINABLE-Fraccionamiento de contratos con el mismo objeto de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular municipal CONTRATO ESTATAL- Fraccionamiento del contrato implícitamente contrario a los principios de transparencia y selección objetiva para evitar la licitación pública Dependencia: Radicación No.: Disciplinados: Cargo y Entidad: Quejoso: Fecha: Fecha hechos: Asunto: Decisión: PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN NEIVA. IUS-E-2020-244647 / IUC-D-2020-15148604. [NOMBRE TACHADO]. ALCALDESA MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE (HUILA). DEYCY YULIANA LOAIZA. 13 DE MAYO DE 2020. VIGENCIA FISCAL 2020. PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROCESOS CONTRACTUALES (FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS). AUTO DE ARCHIVO DE LA INDAGACIÓN PREVIA. (ARTÍCULO 90 DE LA LEY 1952 DE 2019). Neiva (Huila), 6 de marzo de 2025 1. ASUNTO A TRATAR. El Procurador Provincial de Instrucción Neiva, en uso de sus facultades legales, procede a decidir lo que en derecho corresponda dentro de las presentes diligencias con fundamento en los siguientes: HECHOS Y ANTECEDENTES. El día 12 de mayo de 2020, la señora [NOMBRE TACHADO] la página web de la Procuraduría General de la Nación, queja relacionada con hechos que involucran a funcionarios de la Administración Municipal de Campoalegre (Huila), en el que expone presuntas irregularidades en los procesos contractuales, i) selección abreviada No. 002/2020, y ii) contrato mínima Cuantía No. 007/2020 por aparente fraccionamiento. La citada queja refiere: “…entes de control y especial atención concejales de Campoalegre, la administración municipal en cabeza de la Alcaldesa, ha venido desarrollado como se mencionó anteriormente un proceso para la adquisición de repuestos para los vehículos y la maquinaria amarilla, en el mismo proceso realizamos las respectivas observaciones, cuales no fueron atendidas y sencillamente, la administración se dedicó a rechazar las los requerimientos, sin ningún sustento técnico, jurídico o financiero las observaciones presentadas al mismo. El día de hoy escribo para complementar la información y se enteren que se realizaron dos procesos simultáneos: Proceso Selección Abreviada N° 002 de 2020. Mínima cuantía No. 007 de 2020 $ 168.450.000 $ 23.000.000 servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para la maquinaria pesada, volquetas y buses pertenecientes al municipio de Campoalegre servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para la maquinaria pesada, volquetas y buses pertenecientes al municipio de Campoalegre 14/04/2020 mediante Resolución N° 111 de 2020 Invitación del 06/04/2020 Único proponente Ingeniería y gestión de mantenimiento Colombia S.A.S/Harold Sneider Leon Claros Único proponente Ingeniería y gestión de mantenimiento Colombia S.A.S/Harold Sneider Leon Claros 28/04/2020 mediante Resolución No. 138 de 2020 13/04/2020 mediante carta de aceptación de la oferta Se denuncia como se había mencionado: la presunta (falta de planeación en el proceso, la celebración de contratos con el establecimiento de requisitos ilegales, el interés indebido en la celebración del contrato, ya que con las condiciones restrictivas e ilegales, no permitieron la concurrencia y pluralidad de oferentes y denota el favorecimiento particular a un solo proponente) y finalmente Fraccionamiento del contrato. Anexos: al presente correo, actas de cierre de los dos procesos, adjudicación selección abreviada 002/2020 y cierre de mínima cuantía y carta de aceptación 007/2020, publicadas en el secop 1, en consecuencia solicitamos, se realice la respectiva investigación a cada uno de los entes que estoy remitiendo la denuncia…” COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN NEIVA. Este órgano de control debe destacar que los hechos descritos en la compulsa de copias son de competencia de este Despacho, al tenor de lo dispuesto en el literal a) del numeral 1º del artículo 76 del Decreto 262 de 2000; modificado por el artículo 22 del Decreto 1851 de 2021 y lo preceptuado en el numeral 18.2 del artículo 3 de la Resolución No. 213 del 6 de mayo de 2003 y la Resolución No. 414 del 12 de octubre de 2023. Del mismo modo, debe resaltar el Despacho que durante todo el trámite de la actuación disciplinaria se ha mantenido incólume la competencia de esta provincial para investigar los hechos expuestos y conexos; así mismo, para decretar y practicar pruebas con fundamento en el Principio de investigación integral. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN (LEY 1952 DE 2019). El Congreso de la República de Colombia emitió la Ley 1952 de 2019, “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”, según esta normativa, se derogaría la Ley 734 del 2002, algunos artículos de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto Ley 262 del 2000. Debe resaltar este operador disciplinario que la mencionada Ley estipuló un régimen de transición por cambio normativo: “ARTÍCULO 71. Modificase el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: ARTÍCULO 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.” Negrilla fuera de texto. A su vez, el artículo 73 de la citada Ley consagra: “ARTÍCULO 73. Modificase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: ARTÍCULO 265. Vigencia y Derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas. Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las palabras y la consulta que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley 1123 de 2007. Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las normas relacionadas con la Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia. PARÁGRAFO 1. El artículo 1 de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación. PARÁGRAFO 2. El artículo 7 de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011. Con fundamento en lo expuesto, y para un mejor entendimiento del sujeto procesal involucrado en el presente proceso disciplinario, debe puntualizarse que los hechos acaecieron en vigencia de la Ley 734 de 2002; no obstante, el 29 de marzo de 2022 entró en vigor la Ley 1952 de 2019, razón por la cual la presente actuación continuará tramitándose por el nuevo régimen disciplinario esto es, el Código General Disciplinario conocido por sus siglas C.G.D., por cuanto en este proceso disciplinario no se había surtido para esa fecha el pliego de cargos debidamente notificado o instalado la audiencia del proceso verbal; en cuyo caso debía continuarse el trámite procesal bajo el anterior Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002). ACTUACIÓN PROCESAL. Mediante auto de fecha 8 de junio de 2020, la Procuraduría Provincial de Neiva, ordenó dar inicio a indagación preliminar en AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLES del MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (HUILA), ordenando la práctica de pruebas de oficio. El día 30 de diciembre de 2021, este ente de control ordenó abrir investigación disciplinaria en contra de la señora [NOMBRE TACHADO], , en su condición de Alcaldesa del Municipio de Campoalegre (Huila), para el periodo 2020-2023; con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. Es pertinente establecer, en forma previa y general, el real contenido y alcance del principio y derecho constitucional fundamental del debido proceso. El derecho al debido proceso se concreta en la protección constitucional que se otorga a todas las personas con el fin de garantizar durante todo el trámite, bien sea administrativo o judicial, la obtención de decisiones justas y adecuadas al derecho material, para lo cual es indispensable que se haya proporcionado al interesado la oportunidad de ser escuchado y de controvertir los elementos probatorios que sustentan la adopción de la respectiva decisión. De esta forma, la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos en los que pueda incurrir la autoridad en el trámite de un proceso sancionatorio o de condena. En tales condiciones, el derecho fundamental del debido proceso y del derecho de defensa atañe que, en todas las actuaciones administrativas y judiciales, debe garantizarse el completo y preciso acatamiento de las normas procesales que regulan las ritualidades de cada proceso en particular, así como la confianza de que las partes intervinientes en el mismo puedan tener la plena confianza de una igualdad no sólo formal, sino, material, en el sentido de que todas las actuaciones que se surtan en el trámite de dicho proceso serán conocidas a fin de que se ejerza el derecho de contradicción. Por consiguiente, cualquiera que sea la naturaleza del proceso o procedimiento que se adelanta, las partes que en él intervengan tienen el pleno derecho de conocer todos los pronunciamientos que hace la autoridad que dirige el mismo, esto es, desde el inicio de la correspondiente investigación o proceso, según sea el caso, hasta la decisión final o sentencia, lo que incluye, por obvias razones, cada una de las etapas que se surtan dentro de éste, es decir, la correspondiente a las pruebas, traslados, alegatos y demás. Corolario de lo anterior, le corresponde a este Despacho ¿determinar si se puede endilgar responsabilidad a la señora [NOMBRE TACHADO], , en su condición de Alcaldesa del Municipio de Campoalegre (Huila), para el periodo 2020-2023; por los hechos aquí denunciados? El Despacho considera que, con el fin de adoptar una decisión suficientemente ilustrativa, debe referirse previamente respecto al fraccionamiento en los contratos estatales; y en segundo lugar, al origen de la controversia e irregularidades en la que pudio haber incurrido la investigada [NOMBRE TACHADO] procesos contractuales (selección abreviada No. 002 de 2020 y contratación de mínima cuantía No. 007 de 2020), con fundamento en los elementos de juicio que se extraen de la valoración probatoria y que nos brindan claridad meridiana para la toma de decisiones conclusivas que en derecho correspondan, los cuales se exponen en la siguiente forma: 6.1 FRACCIONAMIENTO EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Sobre el fraccionamiento del contrato se hace necesario traer a colación lo expuesto por el Consejo de Estado en Sentencia del 29 de abril de 2015, quien precisó: “Cuando la contratación directa se realiza burlando el proceso licitatorio a través del fraccionamiento del contrato, es decir, buscando que ninguno de los contratos resultantes de dividir un mismo objeto supere el monto de la cuantía requerida para la licitación, se están desconociendo los principios que inspiran la contratación pública. Al respecto, aunque la conducta de fraccionar los contratos no está prohibida expresamente en la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en que la prohibición está implícita si tenemos en cuenta los aspectos esenciales de los principios y reglas que informan el estatuto contractual. En efecto, se ha considerado que “Si bien dicha figura no aparece dentro del estatuto actual en los mismos términos de los estatutos anteriores, ello obedece a la estructura misma de la ley 80, puesto que se pretendió terminar con la exagerada reglamentación y rigorismo y en cambio se determinaron pautas, reglas y principios, de los que se infiere la prohibición del fraccionamiento, y que se traduce en distintas disposiciones como la regla contenida en el numeral 8º del artículo 24, según la cual las autoridades no actuarán con desviación o abuso del poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley, y al propio tiempo les prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en dicho estatuto”. (Negrilla fuera de texto) En esa misma línea fue reiterada por la Sala el 28 de octubre de 2019, expediente 47.919 con ponencia de Jaime Enrique Rodríguez Navas se señaló: “La Corte Suprema de Justicia ha precisado que el fraccionamiento indebido de contratos tiene lugar, en los eventos en los cuales la administración para eludir el procedimiento de licitación pública divide disimuladamente el objeto del contrato con el ánimo de favorecer a los contratistas. En su demostración, deben confluir las circunstancias siguientes: i) Que sea posible pregonar la unidad de objeto en relación con el contrato cuya legalidad se cuestiona y, de ser así, ii) determinar cuáles fueron las circunstancias que condujeron a la administración a celebrar varios contratos, pues solo de esta manera se puede inferir si el actuar se cimentó en criterios razonables de interés público, o si por contraste, los motivos fueron simulados y orientados a soslayar las normas de la contratación pública». (Negrilla fuera de texto) La jurisprudencia del Consejo de Estado ya citada ha precisado también que «otra forma de fraccionar el contrato y que constituye una conducta contraria al principio de transparencia, es cuando frente a un único contrato la entidad pública lo fracciona; en contrato principal y sus adicionales, subestimando el valor del contrato inicial con el fin de que la cuantía no supere los montos señalados en el literal a) del artículo 24 de la Ley 80 del 93 para así contratar directamente. Es decir, esta conducta se presenta cuando la administración sabiendo, ex ante, que el valor del contrato supera la menor cuantía- lo que implica iniciar licitación pública-, celebra un contrato principal e inicial por un monto menor con el fin de contratar directamente para posteriormente mediante adiciones al contrato principal ajustar el valor del contrato». 6.2 ORIGEN DE LA CONTROVERSIA E IRREGULARIDADES EN LA QUE PUDIO HABER INCURRIDO LA INVESTIGADA [NOMBRE TACHADO] PROCESOS CONTRACTUALES (SELECCIÓN ABREVIADA No. 002 DE 2020 Y CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 007 DE 2020). La PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE NEIVA, con fundamento en el Principio de investigación integral, según el cual, la investigación que se efectúe dentro del proceso disciplinario no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino además, a encontrar las pruebas que desvirtúen o eximan de responsabilidad al mismo, consideró necesario oficiar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE (HUILA) en aras de esclarecer los hechos. Del análisis de la queja se puede extraer que se cuestiona un presunto fraccionamiento de contratos, al suscribir la entidad territorial, los siguientes negocios jurídicos: Modalidad de contratación Proceso Selección Abreviada N° 002 de 2020. Mínima cuantía No. 007 de 2020 Monto $ 168.450.000 $ 23.000.000 Objeto contractual servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para la maquinaria pesada, volquetas y buses pertenecientes al municipio de Campoalegre servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para la maquinaria pesada, volquetas y buses pertenecientes al municipio de Campoalegre Apertura del proceso 14/04/2020 mediante Resolución N° 111 de 2020 Invitación del 06/04/2020 Proponentes Único proponente Ingeniería y gestión de mantenimiento Colombia S.A.S/Harold Sneider Leon Claros Único proponente Ingeniería y gestión de mantenimiento Colombia S.A.S/Harold Sneider Leon Claros Adjudicación 28/04/2020 mediante Resolución No. 138 de 2020 13/04/2020 mediante carta de aceptación de la oferta Ahora bien, la Ley 1150 de 2007, en su artículo 2º indica: ARTÍCULO 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Serán causales de selección abreviada las siguientes: a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos; b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; Para resolver este problema jurídico, debe el Despacho señalar en primer lugar, que el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020, era de $877.000 y el presupuesto general de rentas, gastos o apropiaciones e inversión del Municipio de Campoalegre (Huila) para la vigencia comprendida entre el Primero (01) de Enero al Treinta y Uno (31) de Diciembre del 2020, era de $33.309.348.665.00; por ende, su presupuesto traducido a salarios mínimos legales vigentes es de 37.981, ubicando a la entidad territorial, en la última categoría establecida en el literal b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, así: Presupuesto Municipio Licitación Pública Selección Abreviada Menor Cuantía Contratación de Mínima Cuantía Para las entidades que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales. Mayor a 280 SMMLV Se debe realizar Licitación Pública cuando el proceso de selección tenga una cuantía superior a: $245.784.840 De 28 SMMLV hasta 280 SMMLV. Se debe realizar el procedimiento de Selección Abreviada de menor cuantía, cundo el valor de la contratación se encuentre en el siguiente rango: Desde: $24.578.484 Hasta: $245.784.840 Hasta 28 SMM.V Hasta $24.578.484 Así las cosas, si sumamos el monto del proceso de Selección Abreviada N° 002 de 2020, esto es, $ 168.450.000, con el presupuesto oficial del contrato de Mínima Cuantía No. 007 de 2020, el cual asciende a $ 23.000.000, obtendríamos como resultado $191.450.000; valor que no sobrepasa la suma $245.784.840, establecida por Ley como menor cuantía para el municipio de Campoalegre (Huila), en razón a su presupuesto anual. Es decir, que en este caso no se configurarían los elementos estructurales para endilgar un fraccionamiento de contrato, ya que la entidad territorial al suscribir los dos procesos contractuales no tuvo la intención de evadir un proceso contractual de mayor cuantía, específicamente una modalidad de selección (licitación pública). En el caso objeto de estudio, el operador disciplinario sostiene que no se desconocieron los principios que rigen la contratación estatal. Fundamenta su posición en que la configuración del fraccionamiento contractual exige la celebración de “varios contratos, cada uno de menor cuantía y todos con el mismo objeto, si sumadas sus cuantías resulta ser que se contrató un objeto único, por cuantía superior, que por lo mismo debió ser materia de licitación o concurso (…) En lo que respecta al argumento de falta de planeación de la entidad territorial, es necesario indicar que la administración municipal al rendir un informe pormenorizado de las circunstancias fácticas y jurídicas que dieron origen a los contratos sinalagmáticos antes referidos, indicó: “…Iniciada la vigencia 2020 se identificó que el parque automotor no cuenta con los mantenimientos preventivos y correctivos para su optima operación y su puesta en funcionamiento se corría el riesgo que los daños se aumentaran generando una posible inversión mayor, razón por la cual se opta por iniciar con un proceso de mínima cuantía el cual priorizaba la maquinaria que se encontraba en operación y de esta forma optimizar y minimizar la posibilidad de que los daños aumentaran por su operatividad y temiendo en cuenta los requerimiento de la comunidad por los constantes derrumbes en las diferentes vías del sector rural las cuales permiten el abastecimiento al sector urbano del Municipio de diferentes productos, razones suficientes que tuvo la administración para brindar una solución de manera inmediata la cual se satisfizo a través de la modalidad de mínima cuantía; una vez en ejecución dicho contrato se identifica que la maquinaria necesita una mayor inversión para que el parque automotor cuente con los repuestos y mantenimiento necesario para tratar de cubrir el resto de la anualidad, por tal razón se procede a identificar si se cuenta con el presupuesto necesario para realizar la contratación para el año 2020 y de esta forma se da inicio a la etapa precontractual, contractual y ejecución de la selección abreviada que se encuentra en curso. Por lo anterior, la administración Municipal tuvo en cuenta para la apertura de los siguientes contratos la necesidad de la sostenibilidad funcional y operativa de la vida útil del parque automotor del municipio de Campoalegre, ya que cuando se recibió dichos vehículos todos necesitaban un mantenimiento correctivo que garantice su Estado Funcional y Operativo, es del conocimiento que todos los vehículos de maquinaria pesada y volquetas por su amplio trabajo diario y pesado están expuestos a daños mecánicos inmedibles, lo que genera que se busque las alternativas contractuales que permitan garantizar la operatividad de ellos Se debe de entender, que los municipios requieren atender todas las necesidades del pueblo, siendo la de mayor demanda las solicitudes del mantenimiento periódico de las vías del Municipio de Campoalegre, por lo anterior el parque automotor debe gozar de un mantenimiento preventivo y correctivo y cuente con la disponibilidad de repuestos de buena calidad, que nos garantice el estado funcional y operativo de la maquinaria, volquetas, buses, autos de propiedad de la Alcaldía, para lograr el objeto de realizar las obligaciones de conformación de la vías, el cajeo, alistamiento de base y sub base, extracción transporte y aplicación de material de recebo y playa necesario para estas actividades, recolección de escombros y derrumbes en las vías por el alto deterioro registrado debido a las continuas lluvias que se presentan en esta zona. Todo con el propósito de dar un apoyo oportuno a las diferentes comunidades del Municipio de Campoalegre, garantizando el buen funcionamiento del sector comercial que nos de la sostenibilidad de mejorar la calidad de vida de las familias y poder empezar a dar cumplimiento con lo propuesto en el plan de desarrollo de esta nueva administración”. Debe resaltar esta instancia que la eficiente gestión de una alcaldía depende en gran medida de la operatividad de sus recursos, y en el caso de Campoalegre (Huila), los vehículos de la alcaldía juegan un papel fundamental en la prestación de servicios a la comunidad. Desde el transporte de funcionarios y materiales hasta la atención de emergencias y la realización de obras públicas, la flota vehicular es un pilar esencial para el funcionamiento diario de la administración municipal. Por ello, es imperativo garantizar que estos vehículos se encuentren en óptimas condiciones preventivas y de funcionamiento. El mantenimiento preventivo es una estrategia proactiva que busca anticiparse a posibles fallas y averías en los vehículos. Consiste en realizar revisiones periódicas, cambios de aceite, filtros, neumáticos y otros componentes, así como ajustes y lubricaciones necesarios para mantener el vehículo en perfectas condiciones. Esta práctica no solo prolonga la vida útil de los vehículos, sino que también garantiza la seguridad de los conductores y pasajeros, reduce el riesgo de accidentes y minimiza los costos de reparación a largo pa En el contexto de la alcaldía de Campoalegre, el mantenimiento preventivo adquiere una relevancia aún mayor debido a las condiciones geográficas y climáticas de la región. Las carreteras rurales, las altas temperaturas y la topografía irregular pueden someter a los vehículos a un mayor desgaste, lo que hace indispensable un mantenimiento riguroso y constante. A pesar de los esfuerzos en mantenimiento preventivo, es inevitable que los vehículos sufran averías en algún momento. El mantenimiento correctivo se encarga de solucionar estos problemas de manera rápida y eficaz, minimizando el tiempo de inactividad de los vehículos y garantizando la continuidad de los servicios públicos. En conclusión, el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la alcaldía de Campoalegre era imprescindible y debía hacerse de manera inmediata en aras de garantizar la prestación eficiente de los servicios a su cargo. En conclusión, el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la alcaldía de Campoalegre es una inversión fundamental para garantizar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de los servicios públicos; por tanto, el proceso de mínima cuantía se celebró con la finalidad de solucionar con celeridad la problemática que aquejaba a la entidad, sin que pueda afirmarse la existencia de un fraccionamiento de contratos. Finalmente, lo que atañe al presunto interés indebido en la celebración de contratos, este Despacho considera que existe una falta de concreción de la queja, toda vez que se hace una serie de señalamientos y conjeturas carentes de fuerza, contundencia probatoria, producto de un juicio de valor subjetivo. Es así que al verificarse la información suministrada por la quejosa se tiene que es una simple afirmación subjetiva presentada sin ningún contexto factico, sin concretar ningún elemento determinante de tiempo, de modo concreto ni de lugar en que los mismos ocurrieron, y no resulta fácil establecerlos ante la generalidad, vaguedad, imprecisión y ambigüedad de la queja, pues solo se limita a indicar que existe un “interés indebido en la celebración de contratos” De acuerdo con lo expuesto, considera esta instancia que los hechos analizados no alcanzan la connotación de responsabilidad disciplinaria, derivada del quebrantamiento formal de la cobertura jurídica de los deberes y prohibiciones disciplinarias, como tampoco soportan la comprobación de la trasgresión de ninguno de presupuestos en comento, lo que debe redundar en una efectiva aplicación de la justicia, porque admitir lo contrario conlleva a la aplicación de una responsabilidad objetiva, la cual se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. Así las cosas, en estos términos este Despacho considera que no existe mérito para continuar con la presente actuación disciplinaria y procede a ordenar el archivo definitivo de la presente actuación por los hechos investigados, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019, por cuanto la conducta atribuida no existió. En mérito de lo expuesto, el Procurador Provincial de Instrucción Neiva, en uso de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO: Ordenar la TERMINACIÓN de la presente actuación disciplinaria radicada bajo el No IUS-E-2020-244647 / IUC-D-2020-15148604, seguida en contra de la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Alcaldesa del Municipio de Campoalegre (Huila), para el periodo 2020-2023, y en consecuencia disponer el ARCHIVO DEFINITIVO de la misma de conformidad con lo expuesto en la parte motiva esta providencia. SEGUNDO: Por Secretaría de esta Procuraduría Provincial, NOTIFICAR la decisión a la investigada, indicándole que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto líbrese la correspondiente comunicación señalando la fecha de la Providencia y decisión adoptada. TERCERO: Por Secretaría de esta Procuraduría Provincial, COMUNICAR la decisión a la quejosa, advirtiéndole que contra esta procede el recurso de apelación ante la PROCURADURÍA REGIONAL DE INSTRUCCIÓN HUILA, de conformidad con lo reglado en la Ley 1952 de 2019 y los Decretos Ley 262 de 2000 y 1851 de 2021. NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE JUAN JACOBO VARGAS FERNÁNDEZ PROCURADOR PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN NEIVA

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