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ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Se adjudicó la oferta pública , por desconocer los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad requeridos por el estatuto de contratación pública
CONTRATO ESTATAL-Cuando se pretenda impugnar la legalidad de los actos proferidos antes de la celebración del contrato el medio procedente es el de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho
DEBIDO PROCESO-La nueva exigencia sobre el formulario impreso se alteró el pliego de condiciones inicial
DEBIDO PROCESO-Modificación de los pliegos de condiciones realizada de manera extemporánea
“[F]ue desproporcionada, por cuanto, se fundamentó en una modificación de los pliegos de condiciones realizada de manera extemporánea y por tanto ilegal, al convertir un requisito de forma en un requisito sustancial, sin que previamente se hubiera informado a todos los oferentes, para que tuvieran conocimiento de la modificación producida y que por lo tanto tuvieran claridad de las condiciones de la oferta”
TERMINOS DE REFERENCIA-Propuesta económica
“Por lo que se concluye que la propuesta económica presentada por la parte demandante era la más favorable para EMCALI y que por tal razón merecía ser adjudicataria de la Oferta Pública.”
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-Se configuró el vicio de nulidad alegado respecto del Acta de Adjudicación del contrato, suscrita por el gerente general de EMCALI
CONCEPTO No. 091 / 2024
Bogotá D.C, 21 de agosto de 2024
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente Doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Radicado: 76001233300420160018301 (71375)
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Ley 1437 de 2011
Actor: Ingeniería y Líneas Linci S.A.S. y otros
Demandado: Gerente de Emcali EICE E.S.P y otros
Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia impugnada // Se configuró el vicio de nulidad de infracción a las normas en las que debía fundarse// El Acta de Adjudicación del 4 de agosto del 2015 infringió los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad que gozan los procesos licitatorios.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público.
ANTECEDENTES
Demanda
La sociedad INGENIERÍA Y LÍNEAS LINCI S.A.S. y otros presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter contractual, contra EMCALI EICE E.S.P Y OTROS, por la adjudicación del contrato a la UT M&S 45 dentro de la solicitud pública de ofertas de cuantía superior No. 500-GE-SPOS-0045-2014.
Las pretensiones en las que se basó fueron las siguientes:
Pretensiones
Primero. Que se declare la nulidad del Acta del 4 de agosto de 2015, proferida por EMCALI, por medio de la cual se adjudicó la oferta pública No. 500-GE-SPOS-0045-2014, a la firma UNIÓN TEMPORAL M&S45 (UTM&S45).
Segundo. Que a título de restablecimiento del derecho se condene a EMCALI EICE a reconocer todos los perjuicios, derivados de la responsabilidad precontractual en la que incurrió, por los siguientes conceptos:
Daño emergente:
Pagar todos los gastos derivados de la presente acción, incluido el pago de honorarios de abogados.
Lucro cesante:
- Por la suma de $ 238.847.880, por concepto de la utilidad esperada a favor de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A SISPRO S.A, quien representa un porcentaje de participación del 73% en el consorcio PRO&TEL.
- Por la suma de $ 39.262.665, por concepto de utilidad esperada a favor de la empresa INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A, quien representa un porcentaje de participación en el consorcio PRO&TEL equivalente al 12%.
- Que EMCALI EICE reconozca a título de lucro cesante, la experiencia dejada de adquirir por las firmas SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A SISPRO S.A e INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A, atendiendo a los porcentajes de participación en el consorcio PRO&TEL.
Tercero. Que se ordene la actualización monetaria de los valores reclamados a la fecha en que se produzca la decisión definitiva.
Cuarto. Que se cumpla la sentencia de conformidad con los artículos 192 y siguientes del CPACA.
Fundamentos de Hecho de la Demanda
-. Como fundamento de las pretensiones se indicó que EMCALI, abrió solicitud pública de ofertas de cuantía superior No. 500-GE-SPOS-0045-2014 cuyo objeto era “la construcción y/o adecuación de las redes de energía en media y baja tensión para normalizar y legalizar los usuarios del servicio de energía de EMCALI EICE ESP, incluido el diseño y construcción de la red de comunicación para el sistema de media electricidad, en los sectores Vista Hermosa, Alto Jordán, Alto Menga y Bonilla Aragón de Cali.”
-. Que las sociedades SISPRO S.A, UNCI S.A y CME S.A, conformaron el CONSORCIO PRO & TEL, con el fin de participar en dicha solicitud pública, aunque la firma CME S.A manifestó su interés en no participar en este proceso.
-. Que el comité de evaluación y calificación de ofertas de EMCALI, el 22 de julio de 2015 realizó la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes, en la cual se estableció que PRO&TEL cumplió con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos del proceso de selección, quedando habilitada su oferta.
-. Que la oferta económica presentada por la UNIÓN TEMPORAL M&S 45 no cumplió los requisitos exigidos, pues omitió en su propuesta económica el análisis con el valor numérico del porcentaje desglosado de cada uno de los elementos constitutivos de los costos de AIU, exigido en el numeral 2º del punto 15.4 del pliego de condiciones.
-. Que pese a que dicho requisito no podía suplirse o subsanarse, al encontrarse relacionado con los factores de ponderación, cotejo o evaluación para asignación de puntaje, EMCALI a través de un nuevo comité de avaluación denominado "alcance acta de comité de evaluación y calificación de ofertas proceso No. 500-GE-SPOS-0045-2014" presentó una nueva evaluación inverosímil y contraria a las reglas del proceso de selección, violatoria del estatuto interno de contratación y del principio de confianza legítima, puesto que sin razón alguna habilitó la oferta de la UNIÓN TEMPORAL M&S 45, quien no cumplió con la obligación de registrar los valores numéricos de los porcentajes del AIU.
-. Que, pese a que en la etapa de observaciones PRO&TEL puso en conocimiento de EMCALI que la UNIÓN TEMPORAL había realizado un cálculo erróneo del AIU, la entidad demandada omitió pronunciarse y ello impidió determinar el valor real de la oferta.
-. Que en la nueva evaluación EMCALI rechazó la oferta de PRO&TEL, al considerar que no aportó en papel o medio impreso los análisis de precios unitarios "APU-C2 A APU-C12", situación que daba lugar a su descalificación, olvidando que, en el acta inicial de evaluación de ofertas, se había establecido que tal circunstancia no impedía la ponderación de su oferta, en razón a que los análisis de precios unitarios constaban en el proceso en medio magnético.
-. Que la exclusión del proceso fue abiertamente contraria al principio de legalidad, igualdad, moralidad e imparcialidad, pues sólo es causal de rechazo de la oferta la carencia de documentos que imposibiliten hacer estudios, cotejos y análisis de los factores ponderables que asignan puntaje.
-. Que en ese sentido la adjudicación del contrato a la UT M&S 45, es irregular en la medida que EMCALI otorgó una ventaja competitiva y desleal a la UNIÓN TEMPORAL, desconociendo que ésta no cumplía con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.
Concepto de violación
En la demanda se señaló que EMCALI, dejó de lado los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad, cuando descalificó la oferta de PRO&TEL, pues no existían razones objetivas para ello, ya que los artículos 228 de la Constitución y los artículos 5º, 7º literales f-g-h-i y k, 14 y 15 del Manual de Contratación de EMCALI, el Num. 1º de los términos de referencia proceso No. 500-GE-SPOS-2014 y el artículo 6º de la Ley 527 de 1999 obligaban a valorar la información que se aportó de manera magnética.
Por lo tanto, la solicitud pública se adjudicó irregularmente, atendiendo que la Unión Temporal no cumplió con las exigencias establecidas en los términos de condiciones como era la obligación de registrar los valores numéricos de los porcentajes del AIU de su oferta y realizó un cálculo errado al aplicar el porcentaje de las garantías-pólizas y los impuestos exigidos en la solicitud de referencia, sobre el valor de los costos directos de la oferta y no sobre el valor total de la misma, situación que modifica el precio de su oferta.
Contestación de la Demanda}
EMCALI
Se opuso a la totalidad de las pretensiones. Señaló que el acto administrativo de adjudicación se expidió con apego a la Constitución Política y a la ley, por lo que goza de presunción de legalidad, como quiera que en el proceso precontractual se garantizó el principio de transparencia al realizar las revisiones necesarias de los requisitos habilitantes para cada oferente, así como el saneamiento del proceso, situación que no puede ser interpretada como irregular.
Agregó que el Comité de Evaluación y Calificación de Ofertas concluyó que los oferentes debían presentar en medio impreso el análisis de precios unitarios de acuerdo con el Anexo No. 8 de los pliegos de condiciones, lo cual constituía un aspecto sustancial para el proceso y un requisito claro expreso y exigible, el cual no fue observado por el consorcio PRO&TEL.
UNIÓN TEMPORAL M&S45
No presentó escrito de contestación de la demanda
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle de Cauca en sentencia del 12 de abril de 2024 declaró la nulidad del acta del 4 de agosto de 2015, proferida por las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE, por medio de la cual se adjudicó la oferta pública No. 500-GE-SPOS-0045-2014 a la UNIÓN TEMPORAL M&S45, condenó a EMCALI EICE a pagar a favor de las firmas demandantes, las siguientes sumas de dinero:
-. Para INGENIERÍA Y LÍNEAS LINCI S.A. la suma de $ 59.936.144.
-. Para SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A-SISPRO S.A. la suma de $ 364.611.545.
Además, condenó en costas a la entidad demandada, para lo cual se fijó como agencias en derecho la suma de $4.245.476 y negó las demás pretensiones de la demanda.
Para lo cual la Sala analizó los siguientes aspectos:
De la legalidad del acta del 4 de agosto de 2015, por medio de la cual se adjudicó la oferta pública No. 500-GE-SPOS-0045-2014 A LA UT M&S45.
En el documento denominado “Alcance al acta de comité de evaluación y calificación de ofertas”, de fecha 9 de julio de 2015, se definió que el consorcio no cumplía con los requisitos económicos exigidos en los términos de referencia, al no aceptar la subsanación del requisito echado de menos, es decir, la presentación de forma impresa de los APU C2 al APU-C12, por cuanto, según la demandada conformaba un solo documento de presentación, junto con la oferta económica, lo que en otras palabras quería significar que se consideraba el documento “impreso” como uno adicional a los previstos en el ítem 15.4 de los pliegos.
Por lo anterior, considera la Sala que, con la decisión adoptada en el mencionado documento, se produjo una indebida y extemporánea modificación de los términos de referencia contenidos en los pliegos de condiciones, lo que es claro, sólo podía hacerse hasta antes de la presentación de las ofertas por parte de los participantes en el proceso licitatorio.
En este caso, la variación constituyó en mutar un requisito formal a uno sustancial, y como si fuera poco, se elevó a la categoría de documento de la oferta, la mera impresión de unos documentos que si hacían parte de la oferta económica.
En ese sentido señala la primera instancia que la decisión adoptada por la demandada, de rechazo de la oferta presentada por el consorcio PRO & TEL, fue desproporcionada, por cuanto, se fundamentó en una modificación de los pliegos realizada de manera extemporánea y, por tanto ilegal, al convertir un requisito de forma en un requisito sustancial, sin que previamente se hubiera informado a todos los oferentes para que tuvieran conocimiento de la modificación producida y que se les permitiera obrar de conformidad.
De la redacción inicial de los términos de referencia, se podía inferir que, aunque ciertamente la presentación de la oferta económica debía hacerse de manera impresa por regla general, y su presentación en medio magnético era opcional, sin embargo, no permitía concluir que, al no hacerse la presentación en ese orden, no era posible su subsanación en forma posterior, como si se previó para la presentación opcional. En otras palabras, si la presentación en medio magnético podía ser requerida por EMCALI si se encontrara alguna inconsistencia en el medio físico, con mayor razón podía hacerse la presentación impresa si por cualquier razón se encontrara inconsistencia en los datos presentados en los documentos obrantes en un medio magnético.
Además, si el deseo de la administración hubiera sido el de que la no presentación en forma impresa de los documentos de la oferta económica era un requisito sustancial, principal y prevalente, y que su falta, daba lugar al rechazo de la misma, ha debido plasmarlo con claridad desde el principio, o proceder a su modificación o aclaración, previo a la presentación de las ofertas de los participantes al proceso licitatorio.
De la propuesta económica
En efecto, al confrontar la oferta ganadora con la del consorcio PRO&TEL se estableció que ésta cumplió con los requisitos habilitantes (jurídicos, técnicos y financieros) determinados en el numeral 15.2-3 de los Términos de Referencia, conforme se estableció en las actas de evaluación del 22 de junio y 9 de julio de 2015.
Para la Sala la oferta ganadora no era la más favorable para EMCALI, por incurrir en un error de cálculo en los impuestos del componente de administración, lo cual condujo a que fuera presentada por un valor mucho menor a su valor real, situación que le permitió obtener una ventaja en el proceso de selección, cuyos términos de referencia establecieron que el único factor de evaluación económica en el proceso de contratación sería el menor precio ofrecido.
En efecto, la propuesta fue presentada por el valor de $ 10.285.609. 520, pero su valor real, según el recálculo efectuado en el dictamen pericial, ascendía a la suma de $10.523.995.947, sin embargo, EMCALI no tuvo en cuenta esa situación al efectuar la evaluación económica de la oferta y tampoco aplicó lo dispuesto en numeral 15.4-2 de los términos de referencia, en el que se estableció la facultad de efectuar el cálculo aritmético de las propuestas con la finalidad de subsanar inconsistencias, mecanismo que seguramente le hubiera permitido establecer el valor real de la oferta adjudicataria y elegir de manera objetiva la mejor propuesta.
Para la Sala dicha omisión resulta contraria al principio de transparencia, según el cual, el proceso contractual se definirá mediante reglas objetivas, claras y completas que no induzcan a error a los interesados, permitiendo una escogencia objetiva de los proponentes conforme lo dispone el artículo 7º del Manual de Contratación de EMCALI.
Por su parte, el valor de la oferta del consorcio PRO&TEL fue de $ 10.389.680.254, es decir que su precio era menor al de la oferta ganadora, con una diferencia de $238.386.427, conforme lo reveló el dictamen pericial. Por tanto, al ser la oferta con el menor precio y cumplir con todos los requisitos de los términos de referencia, era la más ventajosa para la entidad.
Por lo que concluye que está acreditado que la oferta presentada por el consorcio PRO&TEL era la más favorable para EMCALI y que por tal razón merecía ser adjudicataria de la Oferta Pública No. 500-GE-SPOS-0045-2014.
Recurso de Apelación
Parte Demandante
Solicitó se revoque el numeral 4º del fallo proferido el 12 de abril de 2024 en primera instancia, el cual negó las demás pretensiones de la demanda y como consecuencia se condene a EMCALI al reconocimiento y pago de $128.637.949 por conceptos de daño emergente a raíz de la experiencia dejada de adquirir por el consorcio PRO&TEL y los gastos acaecidos por estos por concepto de honorarios del apoderado judicial.
Para lo cual señala que, dentro del proceso de licitación pública, cuando habiendo presentado una sociedad la mejor oferta y se le niega la adjudicación de un contrato se le genera un daño, del cual se derivan varios perjuicios, como el lucro cesante, la utilidad esperada, daño emergente, pero poco se habla de la experiencia dejada de adquirir.
En ese sentido es claro que el hecho de que la empresa EMCALI EICE no le adjudicara el contrato al consorcio PRO&TEL priva a la misma de obtener la experiencia de haber ejecutado la prestación de este, lo cual constituye un claro perjuicio causado a la firma, el cual no tenían la obligación de soportar.
Así las cosas, teniendo clara la existencia de un daño antijurídico, el cual se confirmó a través de la decisión proferida por el ad quo, es menester buscar la reparación de este.
Tradicionalmente se conocen dos formas de reparación del daño, las cuales son: Ejecución inmatura y ejecución por equivalente pecuniario, como el contrato ya fue ejecutado, debe acudirse a la opción de tasar el daño en la cantidad de dinero proporcional al daño sufrido.
Ahora respecto a la negación de la pretensión relacionada con el pago a título de daño emergente de todos los gastos derivados de la presente acción, incluido el pago de honorarios de abogado, para lo cual señaló que los honorarios pactados entre el demandante y su apoderado que según lo establecido en la tabla de precios de CONALBOS corresponden al 30% de los valores que le sean reconocidos a la parte demandante, conservan una estrecha relación con el hecho generador del perjuicio en este caso, la no adjudicación del contrato.
Lo cual conlleva a que las firmas demandantes deben incurrir en el pago de los honorarios de los apoderados a los que contrataron para adelantar el presente medio de control, dicho pago de honorarios claramente es un daño patrimonial, así el valor total reconocido es de $428.793.165 de los cuales $128.637.949 corresponden al porcentaje pactado por concepto de honorarios del apoderado judicial, lo cual genera un menoscabo o detrimento en las utilidades que debió percibir el consorcio PRO&TEL.
Parte Demandada – Emcali
Solicita no acceder al restablecimiento del derecho, pues el riesgo de los participantes en los procesos contractuales es idéntico para todos quienes participan en ellos, sin que esto signifique pérdida de oportunidad más aún al no cumplir los requisitos estatutarios y de ley que garanticen las mejores condiciones para el desarrollo de actividades con cargo al erario público.
Agrega que EMCALI no debe ser condenada al pago de perjuicios por haber actuado conforme a derecho y al principio de transparencia, pues EMCALI no vulneró norma alguna, se trata de la interpretación a su beneficio de las propias, lo cual podrían predicar sus competidores en el tema si al demandante se le confirma la nulidad del acta de adjudicación de la oferta. Actuó en cumplimiento del Manual de Contratación vigente en EMCALI para la fecha de los hechos.
Además, no es posible establecer los hechos de forma clara que permita deducir o confirmar las razones de las aseveraciones presentadas en la demanda, es decir son argumentos de mera interpretación sobre lo realmente acaecido, en la etapa precontractual.
Por esas razones se espera la aplicación de juicio justo, conforme los argumentos presentados o en su defecto la aceptación de las excepciones sustentadas para lograr la exoneración en el presente caso.
Sobre la escogencia del medio de control por el demandante, señaló que se incurrió en indebida escogencia del medio de control, puesto que la presente demanda se ha iniciado bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en al artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, cuando ha debido ser el de controversias contractuales, por cuanto ya se había suscrito el contrato.
Respecto de los actos previos al contrato –acto de adjudicación resulta pertinente citar el artículo 141 del CPACA, (controversias contractuales) el cual dispone que los actos precontractuales, pueden ser objeto de control judicial en ejercicio de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales podrán demandarse en el término de 4 meses siguientes a su notificación, publicación o comunicación acorde con el artículo 138 del CPACA.
Situación diferente sucede si dicho término no ha concluido y las partes contratantes firman el contrato, caso en el cual señala jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se ha decantado los presupuestos procesales relacionados con los parámetros que se deben respetar cuando se pretenda controvertir los actos precontractuales, específicamente el acto de adjudicación del contrato, con la finalidad que la relación jurídica nazca válidamente y sea procedente decidir de fondo el litigio, en aras de evitar pronunciamientos inhibitorios.
Aclarando “que el término que se tiene para demandar los actos precontractuales, mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, está condicionado a que el contrato adjudicado no se hubieses celebrado, pues, si ello es así, el licitante vencido deberá alegar la ilegalidad de los actos precontractuales, como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. Lo anterior resulta lógico, como quiera que, en el evento de que el juez declare la nulidad del acto mediante el cual fue adjudicado el contrato, éste quedará viciado de nulidad absoluta, por disposición del inciso del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, según el cual, los contratos del Estado son absolutamente nulos “cuando se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten.”
Posición que ha sido confirmada por la Corte Constitucional, relativa a que los actos pre-contractuales, una vez celebrado el contrato, solo pueden ser enjuiciados mediante el ejercicio del medio de control de controversias contractuales así, dentro de la sentencia C-712 de 2005, en la que se señaló que “…una vez expirado este término o suscrito el contrato, desaparece la posibilidad de incoar tales acciones respecto de esta categoría de actos previos. A partir de ese momento, los referidos actos previos sólo podrán ser impugnados a través de la acción de nulidad absoluta...”
En el presente caso el Acta de Adjudicación es del 4 de agosto de 2015 y el contrato se suscribió el 26 de agosto de 2015, por lo que de acuerdo con los postulados jurisprudenciales señalados, se tiene que la parte demandante podría haber demandado el acto de adjudicación, como acto precontractual, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho hasta antes de que se suscribiera el contrato y teniendo en cuenta el término de que trata el literal C del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, sin embargo, el contrato se suscribió el 26 de agosto de 2015, por tanto advirtiendo que tal suscripción ocurrió con anterioridad al fenecimiento de los términos legales antes señalados, el interesado solo podía ejercer la nulidad absoluta del contrato incluyendo la nulidad de los actos pre-contractuales, como es el Acta de Adjudicación, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales con fundamento jurídico en consideración del numeral 4º del artículo 44º de la Ley 80 de 1993.
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. Problema jurídico
¿La acción invocada es procedente, teniendo en cuenta que en la demanda solo se pretende la nulidad del acta de adjudicación y esta fue celebrada el 4 de agosto del 2015 y el contrato se suscribió el 26 de agosto de ese mismo año?
¿En caso negativo a la respuesta anterior, el Acta de Adjudicación del contrato del 4 de agosto del 2015 mediante la cual el gerente general de Emcali, procedió a la selección del oferente UNION TEMPORAL M&S45 (UTM&S45) están incurso de causal de nulidad de violación de las normas constitucionales y legales, en que debía fundarse, por desconocer los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad requeridos por el estatuto de contratación pública, así como las ordenanzas y acuerdos relacionadas con los impuestos municipales?
2.2. Marco teórico.
Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público.
2.2.1. Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
De acuerdo con el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, entre otras, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
Dicha disposición guarda relación con los artículos 137 y 138 ibídem, que consagran los medios de control de Nulidad y de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Ambos medios de control tienen una finalidad y un objeto distintos, lo cual ha sido centro de análisis en múltiples decisiones de la jurisprudencia, en las cuales se ha concluido que el primero busca la legalidad abstracta o control del ordenamiento jurídico (salvaguarda del principio de legalidad), mientras que con el segundo se persigue además de lo anterior, la defensa de un interés particular que ha sido vulnerado por la expedición del acto administrativo, específicamente para que opere el restablecimiento del derecho conculcado con el acto, así como la consecuente indemnización de perjuicios, de ser el caso.
Igualmente, se ha concluido que por regla general el primero procede contra actos de carácter general y el segundo contra actos de carácter particular y concreto, con las excepciones legales y jurisprudenciales que no son del caso traer a colación, así como que el demandante no puede escoger el medio por el cual pretende acudir a la jurisdicción, sino que éste debe adecuarse a los móviles y finalidades por los cuales se acude a la administración de justicia.
2.2.2. Principio de legalidad de los actos administrativos.
Respecto al tema el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, manifestó que los actos administrativos están dotados de presunción de legalidad, legitimidad, validez, ejecutividad y de justicia, por lo cual se le da plena eficacia y obligatoriedad a la actividad de la Administración, suponiendo que todo acto administrativo se elabora conforme al ordenamiento jurídico superior, tratándose de una presunción legal o iuris tantum y no iuris et de iure, vale decir, que admite prueba en contrario y por lo mismo es desvirtuable ante los jueces competentes.
El fundamento Constitucional del principio de legalidad de los actos administrativos, se estipulado en el inciso 1º del artículo 29 de la Carta Magna, que dispone “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”
2.2.3. Requisitos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Para que haya lugar a demandar un acto administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, independientemente de que se quiera que se declare la simple nulidad o que además se restablezcan el derecho o se indemnicen perjuicios, es necesario que dicho acto incurra en cualquiera de las causales de nulidad señaladas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
“ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.” (Subrayado fuera del texto)
2.2.4. Referentes Jurisprudenciales
2.2.4.1. Los pliegos de condiciones
Los pliegos de condiciones son clara manifestación de los principios de planeación, transparencia, selección objetiva y de igualdad, ya que en ellos es obligación de la administración establecer reglas y procedimientos claros y justos, que permitan la mejor escogencia del contratista con arreglo a las necesidades públicas y el interés general.
(…)
Respecto de la naturaleza de los Pliego de Condiciones se dijo que es la ley en la que se basa la ejecución del contrato.
En esa perspectiva, el pliego de condiciones es el acto jurídico fundamental sobre el cual gira toda la etapa de selección del contratista, es decir, la precontractual, por cuanto en el mismo se fija el objeto del contrato a suscribir, se identifica la causa del negocio jurídico, se determina el procedimiento o cauce a surtirse para la evaluación objetiva y técnica de las ofertas, y se indican los plazos y términos en que se ejecutará todo el proceso que culminará con la adjudicación del contrato o con la declaratoria de desierta. Por lo tanto, el pliego de condiciones concreta o materializa los principios de planeación contractual y de trasparencia, comoquiera que su adecuada formulación permite o garantiza la selección objetiva del contratista de acuerdo con los parámetros de calificación correspondientes para cada tipo de procedimiento (v.gr. licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, etc.), de acuerdo con el marco establecido en la ley (art. 29 de la ley 80 de 1993, derogado por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007, y este último, modificado por el artículo 88 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). En esa perspectiva, el pliego de condiciones constituye la ley tanto del procedimiento administrativo de selección del contratista, como del contrato a celebrar, razón por la que se traduce en un conjunto de disposiciones y cláusulas elaboradas unilateralmente por la administración, con efectos obligatorios para ésta como para los proponentes u oferentes, en aras de disciplinar el desarrollo y las etapas del trámite de selección, como el contrato ofrecido a los interesados en participar en la convocatoria a través de la aspiración legítima de que éste les sea adjudicado para colaborar con aquélla en la realización de un fin general, todo lo cual ha de hacerse con plenas garantías y en igualdad de condiciones para los oferentes.
(…)
el pliego, según la jurisprudencia, contiene derechos y obligaciones de los futuros contratantes, quienes no pueden modificar libremente sus disposiciones del pliego en el contrato que han de celebrar. Ahora bien, para precisar el alcance de esta orientación jurisprudencial, conviene tener en cuenta que, en el pliego de condiciones, se distinguen dos grupos normativos: los que rigen el procedimiento de selección del contratista y los que fijan el contenido del contrato que habrá de suscribirse. Respecto del primero la intangibilidad del pliego se impone en desarrollo de los principios que rigen la licitación, tales como el de igualdad, transparencia y de selección objetiva del contratista, bajo el entendido de que sería abiertamente violatorio de los mismos, que la entidad modificara, a su arbitrio, las reglas de la selección. En relación con el segundo grupo, es decir con las normas que establecen las disposiciones jurídico negociales del contrato a celebrarse, la intangibilidad del pliego garantiza la efectividad de los derechos y obligaciones previstos para los futuros co-contratantes. Por tanto, no es procedente modificar ilimitadamente el pliego, mediante la celebración de un contrato que contenga cláusulas ajenas a las previstas en aquél, porque ello comporta una vulneración de las facultades y derechos generados en favor de los sujetos que participan en el procedimiento de selección del contratista: oferentes y entidad. Dicho en otras palabras, la regla general es que adjudicatario y entidad se sometan a lo dispuesto en el pliego de condiciones, incluso respecto del contenido del contrato que han de celebrar, porque el mismo rige no sólo el procedimiento de selección del contratista, sino también los elementos del contrato que ha de celebrarse. Sin embargo, es posible que, con posterioridad a la adjudicación del contrato, se presenten situaciones sobrevinientes, que hagan necesaria la modificación de las cláusulas del contrato, definidas en el pliego. En estos eventos las partes podrían modificar el contenido del contrato, predeterminado en el pliego, siempre que se pruebe la existencia del hecho o acto sobreviniente, que el mismo no sea imputable a las partes y que la modificación no resulte violatoria de los principios que rigen la licitación, ni los derechos generados en favor de la entidad y el adjudicatario.” (Subrayado nuestro)
De igual manera en sentencia del 10 de marzo del 2011 el Consejo de Estado se refirió a las consecuencias que derivan para la administración en caso de que los pliegos de condiciones no sean lo suficientemente claros, concluyendo que “de manera que los pasajes oscuros, confusos, incompletos y ambiguos que se encuentren en ellos, deben ser interpretados en su contra,” indicando la responsabilidad a cargo de la entidad estatal como consecuencia de ello.
Para la Sala, esa ambigüedad manejada por la entidad en la elaboración de los pliegos de condiciones y del contrato….es un defecto que, sin lugar a dudas, no puede ser esgrimido ni utilizado en contra de sus derechos, como reiteradamente lo ha sostenido la Sección, toda vez que la Administración es la encargada de efectuar la planeación que precede a la apertura de los procesos de contratación y en consecuencia, no sólo le corresponde realizar los estudios, análisis y cálculos previos que se requieran, sino también la elaboración del respectivo pliego de condiciones y del futuro contrato. Sobre ella pesa una carga de corrección, claridad y precisión en la elaboración y redacción de tales documentos de contratación, que se traduce en el deber de soportar las consecuencias que se deriven de la buena o mala confección de los mismos, de manera que los pasajes oscuros, confusos, incompletos y ambiguos que se encuentren en ellos, deben ser interpretados en su contra, precisamente por haber sido quien los elaboró y quien falló en esa tarea. (subrayado nuestro)
Por otro lado, respecto de la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho cuando se pretenda la nulidad de los actos previos al contrato, es necesario tener de presente sentencia del Consejo de Estado del 2015.
En el Código Contencioso Administrativo, el término otorgado para formular oportunamente la pretensión de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos precontractuales era de treinta (30) días contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación o publicación, oportunidad que estaba sometida en todo caso, a que el contrato no se hubiera celebrado. (…) Cuando se hubiera celebrado el contrato, el artículo 87 del Decreto 01 de 1984 señalaba que la ilegalidad de los actos previos sólo podía invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato, la misma que se encuentra sometida al término de caducidad que consagró el artículo 136 ibídem: (…) a partir del cambio de legislación producto de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -2 de julio de 2012-, particularmente en lo dispuesto sobre el medio de control de control de controversias contractuales, se limitó la posibilidad, cuando el contrato estatal se hubiera celebrado, de demandar la ilegalidad de los actos precontractuales dentro del término establecido para invocar la nulidad absoluta o relativa del contrato, actuación que si era posible adelantar en vigencia del Código Contencioso Administrativo. (…) En efecto, se estableció en el artículo 164, literal c) y j) del C.P.A.C.A., que cuando se pretenda impugnar la legalidad de los actos proferidos antes de la celebración del contrato, estos pueden demandarse dentro del término estipulado para los medios de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho -4 meses- y, a su vez, que cuando lo demandado sea la declaratoria de nulidad absoluta o relativa del contrato, el término de caducidad será el correspondiente para el medio de control de controversias contractuales, es decir, dos años. (…) el medio de control de controversias contractuales tal y como fue incoado en el presente asunto, en virtud de la aplicación del C.P.A.C.A, no es viable, comoquiera que el actor pretende la nulidad absoluta del contrato n.º 175 del 7 de junio de 2011 con base en la ilegalidad del acto precontractual del 4 de mayo de 2011, lo que implica que el término de caducidad para demandar este último –el acto precontractual- era de 4 meses y, en consecuencia, este ya venció, máxime cuando la demanda se presentó hasta el 30 de agosto de 2013. (…) la Sala considera que el hecho de que la demanda se haya incoado en vigencia de la Ley 1437 de 2011, no implica que no pueda dársele el tratamiento concebido en el Código Contencioso Administrativo, el cual permitía accionar en contra de los actos precontractuales dentro del término de caducidad previsto para impugnar el contrato estatal celebrado, es decir, dos años.”
2.3. Las pruebas obrantes
Pliego de Condiciones Punto (15.4):
Documentos Económicos y Aceptación del plazo (sobre No. 2 Oferta Económica)
La Oferta Económica debe cumplir con la presentación de los siguientes documentos:
La carta de presentación de la oferta económica y aceptación del plazo, diligenciada de Acuerdo al Anexo No.2
Diligenciar el Formulario de cantidades y precios, presentar este formulario de acuerdo con el Anexo No. 5 suministrando en los términos de referencia. Incluyendo el análisis desglosado de los valores de AIU (Administración (A) Imprevistos (I) y Utilidades (U).
El proponente debe presentar los análisis con el valor numérico del porcentaje (%) desglosado de cada uno de los elementos constitutivos de los costos indirectos, tales como administración, imprevistos y Utilidades, además de la explicación detallada del porcentaje de administración, el cual deberá sustentarse con los cálculos matemáticos pertinentes, pudiendo EMCALI en la evaluación económico, realizar las correcciones aritméticas a que haya lugar, los nuevos valores serán redondeados por EMCALI el número entero correspondiente conforme a la tabla de Excel y de resultar con el nuevo cálculo, el valor de la oferta mayor al presupuesto de EMCALI, esta será rechazada.
(…)
Diligenciar el formulario de Análisis de Precios Unitarios. Deberá incluir el Análisis de precios Unitario (APU) para todos y cada una de las Unidades constructivas que consta el Anexo de cantidades y precios, en el orden estricto del formulario de acuerdo con el Anexo No. 3 Formulario de Análisis de Precios Unitarios suministrado en los términos de referencia. La descripción de la unidad constructiva y de los componentes del APU no podrá ser alterada y deberá indicar el valor de todos los ítems que conforman el APU.
El plazo de ejecución. El plazo de ejecución no puede ser superior ni inferior al establecido en los términos de referencia.
El formulario de Cantidades y Precios y el de Análisis de Precios Unitarios, para cada ítem además de impresión en la oferta, se podrá entregar en medio magnético en formato Excel versión 2003 o posterior, para facilitar la comparación. En caso de que el oferente no presente el medio magnético. EMCALI lo solicitará en la etapa de revisión de la oferta económica.
En caso de existir diferencias entre los datos presentados en el anexo en medio magnético y los datos del medio impresión prevalecerá el medio impresión sin excepción alguna.
Los valores consignados en el Formulario de cantidades y Precios que consolidan el precio de la oferta, obtenidos al multiplicar la cantidad de obra por el precio unitario de cada ítem, deberán darse en número entero, es decir, aproximarse al peso, bien sea por defecto por exceso. El valor se aproximará al peso anterior si la parte fraccionaria es igual o menos a 49 centavos y al superior en caso contrario.
Las ofertas que no cumplan estas condiciones no cumplen económicamente.”
Acta de Evaluación y Calificación del 22 de junio de 2015, en dicho documento, se consignó que, el consorcio PRO&TEL era el único oferente que cumplía con las condiciones establecidas en el Formulario de Cantidades y Precios (Anexo 5) y en el de Análisis de Precios Unitarios APU (Anexo No. 8), pues si bien, no había presentado, de manera impresa este último formulario conforme lo exigían los Términos de Referencia, si lo había allegado en medio magnético, lo cual permitía “verificar y validar la información”. Además, se consignó que “los valores del anexo No. 5 correspondían a los valores del Anexo No. 8”, que contenía el Análisis de Precios Unitarios. Además, se dispuso el rechazo de la oferta de la UT M&S 45, se indicó que pese a cumplir con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos (habilitantes), no había cumplido con los requisitos de la oferta económica, ya que no presentó el análisis del AIU con el valor numérico del porcentaje (%) desglosado de cada uno de los elementos constitutivos de los costos indirectos.
Observaciones presentadas el 24 de junio de 2015 respecto de la evaluación, la UNION TEMPORAL M&S45 y la firma DISICO S.A, señalaron en contra de la oferta del consorcio PRO&TEL, se refieren al “sobre No. 2, en su componente de oferta económica” relacionado con el Análisis de Precios Unitarios, el que, fue presentado de manera incompleta ya que no se encontraba impreso para efectos de comprobación con las otras ofertas.
Acta denominada “Alcance al acta de comité evaluación y calificación de ofertas” de fecha 9 de julio de 2015, mediante la cual, se dispuso el rechazo de la oferta del consorcio PRO&TEL, al considerar que no había cumplido con la exigencia de presentar el formulario de Análisis de Precios Unitarios-APU de manera impresa. Y el Comité evaluador decidió habilitar la propuesta económica de la UT M&S45 en el proceso de selección de contratistas.
Observaciones del 9 y 13 de julio de 2015 presentadas por parte de las firmas Disco S.A, la UT Proser y el consorcio PRO&TEL, este último aportó de manera impresa el formulario de Análisis de Precios Unitarios APU, advirtiendo que contenía la misma información que reposaba en el medio magnético presentado con su oferta económica,
Oficio del 23 de julio de 2015 mediante el cual EMCALI le señaló al Consorcio PRO&TEL que no era esa la oportunidad para subsanar los requisitos de la oferta económica, sobre el documento impreso.
Acta de adjudicación del contrato suscrita el 4 de agosto del 2015 por el gerente general de EMCALI, mediante la cual se procedió a la selección del oferente UNION TEMPORAL M&S45 (UTM&S45) por cumplir con la totalidad de los requisitos de los términos de referencia de la solicitud pública de Ofertas, de conformidad con el acta del Comité de Evaluación y Calificación de Ofertas del 9 de julio de 2015.
Dictamen pericial allegado por la parte actora el cual arrojo como conclusiones:
-. Existió un error en el cálculo de los costos indirectos, en el componente de Administración de la oferta ganadora, específicamente en el renglón impuestos, ya que la UT M&S 45 tomó como base el costo directo del contrato ($ 8.098.905.134), y no su valor total ($ 10.285.609.520) conforme lo exigía la normatividad tributaria del Municipio de Cali para la liquidación de los impuestos de industria y comercio, estampilla pro desarrollo urbano, estampilla pro hospital, estampilla pro cultura y pro universidad nacional, lo cual generó que la propuesta se presentara por un menor valor.
-. Que conforme la Ley Tributaria el costo total de un contrato es la suma de su costo directo más la administración, más los imprevistos, más la utilidad y el cálculo del impuesto está implícito dentro de la parte de administración, de manera que la UT M&S45 no tenía autonomía de estipulación en consideración a que la base sobre la cual se debe calcular los impuestos que gravarán el contrato, está definida por la ley y no es dable a los particulares, estipulación distinta.
-. Que la inconsistencia del cálculo de los impuestos en el componente administración, implicó que la propuesta de la UT M&S45 se presentara por un menor valor, esto es por la suma de $ 10.285.609. 520, el cual, al ser recalculado en debida forma sobre el costo total del contrato generó un valor de $ 10.523.995.947, existiendo por tanto una diferencia de $ 238.386.427.
-. Que el comité de evaluación de EMCALI debía realizar la corrección aritmética de las partidas relacionadas con los porcentajes de costos de impuestos presentados en la oferta ganadora, teniendo en cuenta el costo total del contrato, pues al hacerlo con base en el total de costos directos, el valor en pesos era menor al valor real para cubrir dichos valores.
2.4. Caso concreto.
Antes de determinar si el acta de adjudicación del 4 de agosto del 2015 se encuentra viciada de nulidad, por infracción a las normas constitucionales y legales, en que debía fundarse, por desconocer los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad requeridos por el estatuto de contratación pública, así como las ordenanzas y acuerdos relacionadas con los impuestos municipales, es necesario detenernos en el estudio de un tema netamente procedimental.
Cuestión previa
Debe analizarse si operó el fenómeno de la caducidad, para lo cual la Ley 1437 de 2011 en su art. 138 señala que cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento del derecho directamente violado al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, deberá hacerse dentro de los de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
En ese sentido tenemos que el acto que se pretende su nulidad es el acta de adjudicación del contrato que tiene fecha 4 de agosto de 2015, por lo que el término de caducidad vencía hasta el 5 de diciembre de 2015, pero atendiendo que la solicitud de conciliación fue presentada el 10 de noviembre de 2015 y la constancia de conciliación fue expedida el 21 de enero del 2016, lo que significa que el término de caducidad estuvo suspendido 2 meses 11 días, es decir que aún faltaba 25 días para que caducara la acción, pero como la demanda fue presentada el 12 de febrero de 2016, se tiene que la demanda fue presentada en término.
Análisis del vicio de nulidad alegado “infracción a las normas superiores en las que debía fundarse” por violación a los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad.
Para comenzar es necesario señalar que los actos administrativos son decisiones unilaterales de la Administración encaminadas a producir efectos jurídicos, por lo cual se encuentran amparados por la presunción de legalidad derivada del sometimiento coercitivo de la actividad administrativa al ordenamiento jurídico propio de los Estados Sociales de Derecho y, por lo mismo, su control judicial se encuentra sujeto a una carga procesal de alegación por parte de quien pretenda desvirtuar la presunción, demarcando de esa forma, tanto el terreno de defensa para el demandado como el ámbito de análisis para el juez y el alcance de su decisión.
En ese sentido, debe precisarse que el acto administrativo cuestionado es el Acta de adjudicación suscrita por el gerente general de EMCALI el 4 de agosto del 2015 por medio de la cual se seleccionó al oferente UNION TEMPORAL M&S45 (UTM&S45) por cumplir con la totalidad de los requisitos de los términos de referencia de la solicitud pública de Ofertas, para suscribir el contrato.
Seguidamente debe señalarse que el numeral 15.4, relacionado con los requisitos de la oferta económica se puede advertir que eran 3 los documentos que debían allegarse:
1. La carta de presentación de la oferta económica y aceptación del plazo, diligenciada de Acuerdo al Anexo No.2
2. El Formulario de cantidades y precios, de acuerdo con el Anexo No. 5. Incluyendo el análisis desglosado de los valores de AIU (Administración (A) Imprevistos (I) y Utilidades (U). El proponente debe presentar los análisis con el valor numérico del porcentaje (%) desglosado de cada uno de los elementos constitutivos de los costos indirectos, tales como administración, imprevistos y utilidades, además de la explicación detallada del porcentaje de administración, el cual deberá sustentarse con los cálculos matemáticos pertinentes.
3. El formulario de Análisis de Precios Unitarios. El deberá incluir el Análisis de precios Unitario (APU) para todos y cada una de las unidades constructivas que consta el Anexo de cantidades y precios, en el orden estricto del formulario de acuerdo con el Anexo No. 3.
Así mismo se señaló que los Formularios de Cantidades y Precios y el de Análisis de Precios Unitarios, de estar impresos, se podrá entregar en medio magnético. Y en caso de que el oferente no presente el medio magnético, la entidad contratante lo podrá solicitar en la etapa de revisión de la oferta económica, y que en caso de existir diferencias entre los datos presentados en el anexo en medio magnético y los datos del medio impreso, prevalecerá el medio impreso, y se puntualizó que las ofertas que no cumplan estas condiciones no cumplen con el requisito económico.
A pesar de que el Consorcio PRO&TEL no allegó el formulario de Análisis de Precios Unitarios APU en forma impresa, sino solo por medio magnético, el Comité de Evaluación y Calificación del 22 de junio de 2015, señaló que el consorcio PRO&TEL era el único oferente que cumplía con las condiciones establecidas en el Formulario de Cantidades y Precios (Anexo 5) y en el de Análisis de Precios Unitarios APU (Anexo No. 8), pues si bien, no había presentado de manera impresa este último formulario conforme lo exigían los Términos de Referencia, si lo había allegado en medio magnético, lo cual permitía “verificar y validar la información. Además, se dispuso el rechazo de la oferta de la UT M&S 45, pues pese a cumplir con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos (habilitantes), no había cumplido con los requisitos de la oferta económica, ya que no presentó el análisis del AIU con el valor numérico del porcentaje (%) desglosado de cada uno de los elementos constitutivos de los costos indirectos.
Momento en el cual claramente se creó en el Consorcio PRO&TEL una expectativa, sobre ser la empresa a la que se le adjudicaría el contrato de la oferta pública No. 500-GE-SPOS-0045-2014, pues de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia cuando acontece la valoración de las propuestas y se expide el informe de evaluación final, se genera una expectativa legítima a favor de quien fue estimado como mejor proponente -el ubicado en el primer orden de elegibilidad-, por cuanto, a partir de la ponderación hecha por la misma Administración, el participante cuenta con un grado de certidumbre de que será el adjudicatario y suscribirá el contrato, conforme a una real y completa valoración que así lo revela; desde esta perspectiva goza de una expectativa válida basada en acciones u omisiones estatales, en este caso, la propia valoración hecha por la propia entidad estatal.
Pero en atención a las observaciones presentadas por 2 de las sociedades participantes respecto de la evaluación sobre la oferta económica del consorcio PRO&TEL, en las que se señaló que fue presentada de manera incompleta, pues no se había allegado de forma impresa; el 9 de julio de 2015, el Comité evaluador de EMCALI mediante acta denominada “Alcance al acta de comité evaluación y calificación de ofertas”, dispuso el rechazo de la oferta del consorcio PRO&TEL, por considerar que no había cumplido con la exigencia de presentar el formulario de Análisis de Precios Unitarios-APU de manera impresa. Y decidió habilitar la propuesta económica de la UT M&S45.
Al respecto debe señalarse que si bien en el Num. 15.4 del pliego de condiciones se estableció la exigencia de los formularios impresos y se dispuso que era opcional la entrega de los documentos de la oferta económica en medio magnético, no se hizo claridad respecto a que dicha exigencia no era una formalidad sino un aspecto sustancial y menos que tuviera el carácter de principal y prevalente, y que, por ello, fuera el único medio válido y de obligatorio cumplimiento, tal como así se precisó en el documento denominado “alcance al acta de comité de evaluación y calificación de ofertas”, de fecha 9 de julio de 2015.
Si bien allí se dispuso que era opcional la entrega de los documentos de la oferta económica en medio magnético, lo que permitía inferir que su presentación impresa era obligatoria, no obstante, no hubo mención alguna respecto a que dicha exigencia no era una mera formalidad sino que resultó un aspecto sustancial, al punto de que terminó por descalificar al mejor oferente, dándole con ello una implicación y una importancia sustancial al hecho de presentar la oferta económica en medio magnético y no físico, lo cual en ningún momento tuvo ese carácter en los pliegos de condiciones.
Por lo que se puede afirmar que, en ninguna parte se señaló que el requisito de la presentación impresa constituía un aspecto sustancial, y menos que tuviera el carácter de principal y prevalente, y que, por ello, fuera el único medio válido y de obligatorio cumplimiento, tal como se precisó en el documento denominado “Alcance al Acta de Comité de Evaluación y Calificación de Ofertas”, de fecha 9 de julio de 2015.
Además, en el Acta del 22 de junio de 2015, el Comité de Evaluación y Calificación de EMCALI EICE, había aceptado la oferta de la actora, al considerar que si cumplía con las condiciones establecidas conforme a los anexos Nos. 5 y 8, formulario de cantidades y precios y APU de acuerdo con los términos de referencia, y que, aunque no se habían presentado de manera impresa, los APU C2 al APU-C12, como los había allegado en medio magnético, no era obstáculo para verificar y validar la información.
Por su parte en el documento “Alcance al acta de comité de evaluación y calificación de Ofertas”, del 9 de julio de 2015, se definió que la parte demandante no cumplía con los requisitos económicos exigidos en los términos de referencia, por no habérsele aceptado la subsanación del requisito relacionado con la presentación de forma impresa de los APU C2 al APU-C12, por cuanto, según la demandada conformaba un solo documento de presentación, junto con la oferta económica, lo que significaba que el documento “impreso” se consideraba como adicional a los previstos en el ítem 15.4 de los pliegos.
En otras palabras, se le otorgó la categoría de requisito sustancial a una simple exigencia formal, pues el hecho de la no impresión de un documento que se encontraba en medio digital, terminó siendo un elemento esencial para poder validar la oferta económica, contradiciendo lo que ya al respecto había definido el Comité de Evaluación.
Por lo que se considera que en la decisión adoptada en el documento “Alcance al acta de comité de evaluación y calificación de Ofertas”, se produjo una indebida y extemporánea modificación de los términos de referencia contenidos en los pliegos de condiciones, la cual, en atención a los parámetros jurisprudenciales ya señalados, sólo podía hacerse hasta antes de que los oferentes presentaran las ofertas.
En ese sentido, la decisión adoptada por la entidad demandada, al rechazar la oferta presentada por el consorcio PRO & TEL, fue desproporcionada, por cuanto, se fundamentó en una modificación de los pliegos de condiciones realizada de manera extemporánea y por tanto ilegal, al convertir un requisito de forma en un requisito sustancial, sin que previamente se hubiera informado a todos los oferentes, para que tuvieran conocimiento de la modificación producida y que por lo tanto tuvieran claridad de las condiciones de la oferta.
Por otro lado, debe decirse que la modificación introducida por la administración en el documento denominado “Alcance al acta de comité de evaluación y calificación de ofertas”, no puede tener ningún efecto modificatorio de los términos de referencia iniciales, por cuanto no se hizo, se repite dentro de la oportunidad legal respectiva y, además, porque no se dio a conocer a los participantes, lo que sin duda alguna, desconoce el principio de buena fe de la actora, a quien se le cambiaron las reglas del juego cuando ya el procedimiento se encontraba en la fase de valoración de las ofertas.
En ese orden, bajo los términos iniciales de los pliegos, si se consideraba necesaria por parte de la entidad contratante la presentación impresa de los documentos de la oferta económica, ello podía ser subsanado, y bajo esa óptica acorde con la decisión adoptada en el acta inicial de evaluación del 22 de junio de 2015, podía el Comité realizar la valoración y calificación de la oferta económica del consorcio PRO & TEL.
En ese sentido, el rechazo de la oferta constituyó una decisión arbitraria y caprichosa por parte de la entidad demandada, por lo que se constituye uno de los requisitos para la declaratoria de nulidad del acta del 4 de agosto de 2015, suscrita por el gerente general de EMCALI, por medio de la cual se adjudicó la oferta pública.
De la propuesta Económica
Al confrontar la oferta ganadora con la del consorcio PRO&TEL se estableció que ésta cumplió con los requisitos habilitantes (jurídicos, técnicos y financieros) determinados en el numeral 15.2-3 de los Términos de Referencia, conforme se estableció en las actas de evaluación del 22 de junio y 9 de julio de 2015.
Respecto del valor de la oferta económica se estableció que se fijó en la suma de $10.285.609.520, la cual integró el costo directo del proyecto por valor de $8.098.905.134 y el costo indirecto por $2.186.704.386.
Ahora bien, respecto del requisito relacionado con el desglose de los elementos constitutivos de los costos indirectos AIU, específicamente en el componente de Administración, se considera que dicho requisito no fue presentado por la UT M&S45, conforme lo indicado en el pliego de condiciones dicha normatividad, pues el componente de administración, se conformó por los costos administrativos, más impuestos (IMP) y seguros (SEG), según se registra en el documento denominado “análisis de costos administrativos indirectos” adjunto a la propuesta presentada al expediente, no obstante, en éste solo se consignó el valor de los costos administrativos ($ 792.065.260), sin que los demás componentes, esto es los impuestos y seguros, establecieran los valores con los cálculos matemáticos correspondientes, conforme lo exigían los Términos de Referencia en el inciso segundo del numeral 15.4-2, sino únicamente su porcentaje.
Por otro lado, se estableció que frente al componente “Administración” se presentó un error en el cálculo de los impuestos, lo cual condujo a que la propuesta ganadora fuera presentada con valor inferior al real, tal como se estableció en el dictamen pericial aportado por la parte actora el proceso, y que, no fuera objetado por ninguna de las partes, incluso no se solicitó aclaración o complementación, cuyo objeto fue precisamente el cálculo del componente “impuestos”, dentro del costo indirecto de administración (A) de la oferta ganadora.
Sobre la valoración de la prueba pericial la jurisprudencia determina que en aplicación de la sana critica, el juez es autónomo para acoger íntegramente los resultados del dictamen pericial cuando sea coherente con los demás medios de prueba y transmita una real convicción de los hechos que se pretende probar, o por el contrario, también puede desecharlo cuando “no sea claro, preciso y detallado y no reúna las condiciones para adquirir eficacia probatoria, como son la conducencia en relación con el hecho por probar.
En ese sentido se considera que el resultado del dictamen pericial aportado es claro, preciso y detallado; por tanto, conducente respecto del hecho que se pretendía probar, esto es el error de cálculo de los impuestos en el componente de administración de la oferta ganadora.
Por lo anterior, debe señalarse que la oferta ganadora no era la más favorable para EMCALI, por incurrir en un error de cálculo en los impuestos del componente de administración, lo cual condujo a que fuera presentada por un valor mucho menor a su valor real, situación que le permitió obtener una ventaja en el proceso de selección, cuyos Términos de Referencia establecieron que el único factor de evaluación económica en el proceso de contratación sería el menor precio ofrecido.
En ese sentido se tiene que la propuesta de la UT M&S45 fue presentada por el valor de $10.285.609.520, pero su valor real, según el recálculo efectuado por el perito, ascendía a la suma de $10.523.995.947, sin embargo, EMCALI no tuvo en cuenta esa situación al efectuar la evaluación económica de la oferta y tampoco aplicó lo dispuesto en numeral 15.4-2 de los Términos de Referencia, en el que se estableció la facultad de efectuar el cálculo aritmético de las propuestas con la finalidad de subsanar inconsistencias, mecanismo que seguramente le hubiera permitido establecer el valor real de la oferta adjudicataria y elegir de manera objetiva la mejor propuesta.
Por lo anterior, dicha omisión resulta contraria al principio de transparencia que rige la contratación estatal, según el cual, el proceso contractual se definirá mediante reglas objetivas, claras y completas que no induzcan a error a los interesados, permitiendo una escogencia objetiva de los proponentes.
Por su parte, el valor de la oferta del consorcio PRO&TEL fue de $10.389.680.254, es decir que su precio era menor al de la oferta ganadora, con una diferencia de $238.386.427, conforme lo reveló el dictamen pericial. Por tanto, al ser la oferta con el menor precio y cumplir con todos los requisitos de los Términos de Referencia, era la más ventajosa para la entidad.
Por lo que se concluye que la propuesta económica presentada por la parte demandante era la más favorable para EMCALI y que por tal razón merecía ser adjudicataria de la Oferta Pública.
Finalmente, EMCALI señaló en su recurso de apelación que su actuar estuvo dirigido a garantizar la transparencia del proceso precontractual realizando las revisiones necesarias, las cuales no pueden ser interpretadas como si se tratara de esconder alguna actuación incorrecta, pues se cumplió con el Manual de Contratación de EMCALI.
A lo que debe señalarse, como ya se dijo, que con la nueva exigencia sobre el formulario impreso se alteró el pliego de condiciones inicial, pues en ninguna parte del punto 15.4 de los pliegos sobre los Documentos Económicos había quedo expresamente señalado que dicha impresión era un requisito sustancial, el cual no podía ser subsanado, y bajo ese entendido, no podía el Comité realizar la valoración y calificación de la oferta económica del consorcio PRO&TEL, con lo cual hubo una infracción a los principios de transparencia, igualdad y moralidad que deben regir en la contratación pública.
Además, señaló que la parte actora incurrió en indebida escogencia del medio de control, puesto que la presente demanda se debió haber presentado bajo el medio de control de controversias contractuales, toda vez que si bien el acto de adjudicación es del 4 de agosto del 2015, como acto precontractual, sin embargo, el contrato se suscribió el 26 de agosto de ese mismo año, el interesado solo podía ejercer la nulidad absoluta del contrato incluyendo la nulidad de los actos pre-contractuales, como es el Acta de Adjudicación, en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 141 del CPACA –Controversias contractuales con fundamento jurídico en consideración del numeral 4º del artículo 44º de la Ley 80 de 1993.
Al respecto se considera por esta vista fiscal que, atendiendo que solo se solicitó la nulidad del acto de adjudicación, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente, tal y como lo señaló la sentencia del 5 de marzo del 2015, ya referenciada, cuando se pretenda impugnar la legalidad de los actos proferidos antes de la celebración del contrato, estos pueden demandarse dentro del término estipulado para los medios de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho -de 4 meses, como sucedió en este caso que se hizo dentro de dicho término, tal y como ya se analizó al inició de este concepto.
Recurso de apelación de la parte demandante
El consorcio PRO&TEL, por su parte solicitó se revoque la sentencia respecto del Num. 4 de la sentencia que negó las demás pretensiones, relacionadas con el daño emergente a raíz de la experiencia dejada de adquirir por el consorcio PRO&TEL y los gastos acaecidos por estos por concepto de honorarios del apoderado judicial.
Para lo cual debe señalarse que como bien lo estableció la primera instancia dichas pretensiones deberán negarse, puesto que no tienen origen en el daño antijurídico causado a las firmas demandantes.
Además, debe precisarse que sobre la experiencia dejada de adquirir, al momento de participar en un proceso de licitación los oferentes solo tiene una mera expectativa de ser elegidos o no para la suscripción del contrato, por lo que el hecho de no haber sido elegidos no significa que se cause de manera automática un daño por la experiencia dejada de adquirir al no haberse suscrito el contrato, pues la suscripción del contrato y el desarrollo del mismo son hechos inciertos sobre cuál sería la experiencia real que se adquiriría y, más incierto, es el hecho de como valorar esa experiencia, pues el daño además de ser cierto debe estar cuantificado o ser cuantificable de una manera clara y cierta, el daño no puede ser meramente hipotético.
Respecto de los honorarios debe señalarse que el reconocimiento de los honorarios de abogado por la representación de su cliente en el proceso está garantizado por las agencias en derecho, las cuales se decretan en favor de la parte del proceso y no del abogado como tal, y en este caso, se condenó en costas a la entidad demandada, para lo cual se fijó como agencias en derecho la suma de $4.245.476.
Por lo anterior, se solicitará al H. Consejo de Estado CONFIRMAR la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 12 de abril de 2024, por cuanto con el material probatorio allegado se configuró el vicio de nulidad alegado respecto del Acta de Adjudicación del contrato del 4 de agosto de 2015, suscrita por el gerente general de EMCALI, como es “la infracción de normas en las que debía fundarse” por violación a los principios de igualdad, transparencia y moralidad.
3. CONCLUSIÓN
Esta Delegada del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado, CONFIRMAR la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 12 de abril de 2024, por cuanto se configuró el vicio de nulidad alegado respecto de la Acto de adjudicación del 4 de agosto del 2015.
Del H. Magistrado,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Delegado de Intervención 9:
Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado