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CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-En contra de INVIAS para que se declare liquidación judicial del Contrato Estatal Nro. 2275 de 2008 a fin de que se declare incumplimiento a favor del contratista como también costos indirectos pactados en el mismo
CONTRATO ESTATAL-Características en tratándose de modalidad de precios unitarios, según sentencia del Consejo de Estado/CONTRATO ESTATAL-La finalidad que persiguen es lograr el cumplimiento de los cometidos estatales y la prestación de servicios a su cargo
…..no se puede perder de vista que una característica evidente del Contrato Estatal No. 2275 de 2008 es que aquel fue suscrito bajo la modalidad de sistema de precios unitarios sin ajustes, por lo cual resulta oportuno señalar que la finalidad que persiguen los contratos suscritos por el Estado es lograr el cumplimiento de los cometidos estatales y la efectiva prestación de los servicios a su cargo, en procura de lograr la satisfacción de los derechos de todos los administrados, para lo cual el Estado se vale de los particulares para que ejecuten aquellas actividades o proyectos que no pueden ser desarrollados por ella, en virtud de lo cual se crea la relación contractual entre el Estado y los particulares quienes con ésta persiguen obtener un provecho económico en su favor.De tal suerte que ha sido una constante del régimen jurídico de los contratos celebrados por la Administración Pública, el reconocimiento de derechos al contratista, y el mantenimiento de la equivalencia de las prestaciones recíprocas, el reconocimiento y respecto de las condiciones pactadas por las partes en las cláusulas del contrato, de tal suerte que la ganancia a que aspira legítimamente el contratista, constituye una de las partes esenciales de la relación que se solemnizó con el Estado a través del contrato.
BUENA FE CONTRACTUAL-Definición según jurisprudencia del Consejo de Estado
Conforme con la jurisprudencia sobre la materia, debemos recordar que dichas salvedades esgrimidas de manera oportuna, hacen parte del principio de la buena fe, toda vez que como se sabe, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia” (Subrayado fuera de texto).
CONTRATO-No se atendieron presupuestos del factor de oportunidad respecto de la solicitud de restablecimiento, reconocimiento o pago de prestaciones adicionales a las pactadas en este
De acuerdo a lo planteado, se debe destacar que el no pago de los 8.824 m3 ejecutados por volumen adicionales dragados por escurrimiento de talud sector A, K0+300 a K0+720, fue un hecho que el actor pudo constatar a instancias de la pre-acta de recibo final de la obra número 15 el 16 de diciembre de 2011, sin que se pronunciara al respecto o realizara un reproche en tal sentido, reclamación que solo realizó hasta el 4 de febrero de 2013 mediante oficio DH.EM.1296-13, lo cual a juicio del Ministerio Público no atendió los presupuestos del factor de oportunidad según los criterios expuesto por la jurisprudencia antes transcrita, y que exigen que la solicitud de restablecimiento, reconocimiento o pago de prestaciones efectuadas adicionales a las pactadas en el contrato se efectuara al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales u otrosíes, lo cual no se advierte de la pre-acta de recibo final de la obra número 15, además que el plenario carece de pruebas que acrediten posteriores actor contractuales en los cuales se dejaran las salvedades. En consecuencia estima el Ministerio Público que la pretensión dirigida al pago del volumen adicional dragado por escurrimiento de talud en el sector K0+300 a K0+720 y que corresponde a 8.824 m3, no debe prosperar, pero no por la razón aducida por el Tribunal “que la información consignada en la pre acta no puede servir como fundamento (…), toda vez que, la pre acta no cuenta con la firma del supervisor del contrato, ni del ordenador del pago.”, como lo señala de manera equivocada en el fallo impugnado, pues con fundamento en lo estipulado en la pre-acta de recibo final de la obra número 15 fue que se le reconocieron al contratista 10.524 m3 por concepto de volumen adicionales dragados, lo cual, es reconocido por el propio interventor quien efectivamente suscribe el acta, sino por no satisfacer el factor de oportunidad, de acuerdo las consideraciones antes expuestas.
PRUEBAS-De la revisión del recaudo de estas se concluyó que en el plenario hacen falta elementos que acrediten valores que perito refiere en su experticia
Ahora, si bien la anterior carencia probatoria fue advertida por el Ministerio Público, se extraña del plenario un pronunciamiento en tal sentido realizado por la defensa del INVIAS en instancias de contradicción del dictamen pericial; pese a lo cual, si bien dentro del Contrato Estatal No. 2275 de 2008 se pactó un pago por AIU, contrario a lo señalado por el apelante, a instancias de lo probado en el proceso, se hace necesario que en éste se acredite o se demuestre su causación efectiva, en la medida que se está reclamando un pago por una actividad ejecutada que en consecuencia se debe demostrar como ejecutada y pagada por el contratista; probanza de la que se carece en esta instancia procesal, pues a más del decir del apelante y del informe pericial referido en el escrito de alzada, no se refieren o aportan facturas u otros elementos probatorio que permita advertir el pago que efectuó el actor por las sumas que reclama al INVIAS como AIU en el oficio referido, y si bien, el concepto está en el clausulado del contrato, se hace necesario el aporte de los documentos que prueban dichas erogaciones. De acuerdo a lo antes transcrito resulta evidente que esta valoración pericial pretende acreditar en el proceso los costos indirectos pactados en el Contrato Estatal No. 2275 de 2008, y el valor por AIU de los gastos indirectos no cancelados por el INVIAS al contratista, sin embargo, aquel documento refiere que la valoración económica que contiene no cuenta con facturas, elementos que impide la constatación real de los valores en los cuales incurrió el actor por concepto de AIU dentro del contrato en cometo, es evidente que el debate al respecto no se cierne en el derecho al pago de los mismo por dicho concepto , sino la ausencia de pruebas que acrediten tal cuantificación
CARGA DE LA PRUEBA-Según sentencia del Consejo de Estado
PRUEBA TÉCNICA-Traída al proceso para demostrar gastos incurridos por AIU son insuficientes para acreditar el derecho de donde nacen sumas que perito pretende exponer
DEMANDA-Negación de pretensiones por falta de elementos probatorios que permitan inferir la causación efectiva del AIU por costos indirectos derivados de contrato estatal
CONCEPTO No. 080 / 2024
Bogotá D.C., 25 de julio de 2024.
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
E. S. D.
EXPEDIENTE:
13001-23-33-000-2014-00146-01 (71.272)
MEDIO DE CONTROL:
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
DEMANDANTE:
DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A.
DEMANDADO:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.
Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMADA de la sentencia recurrida / La pre-acta de recibo final de la obra número 15 si reconoció el volumen dragado por 19.348 m3. / No se debe pagar al actor el volumen de 8.824 m3 por concepto de adicionales dragados por escurrimiento de talud en el sector K0+300 a K0+720. / Es procedente exigir el cumplimiento del factor de oportunidad para el pago de las pretensiones pretendidas en cuanto volumen adicionales dragados de 8.824 m3. / Inexistencia de pruebas que sustenten la valoración pericial allegada para acreditar AIU. / Exigencia da carga dinámica de la prueba.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos:
1. ANTECEDENTES
Objeto del litigio:
A través de apoderado judicial la Sociedad DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A. el día 25 de marzo de 2014 presento demanda de controversias contractuales en contra del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, en adelante INVIAS, con el objetivo que se declare la liquidación judicial del Contrato Estatal No. 2275 de 2008 celebrado el 18 de noviembre de 2008 por los extremo antes referidos, y se declare que el INVIAS incumplió el contrato como quiera que no pagó a favor del contratista las sumas correspondientes al saldo del volumen dragado en los taludes del Sector A K0+300 a K0+720 (8.824 m3), así como los costos indirectos pactados en el contrato, aplicables al pago de los reembolsables.
1.2 Hechos.
La Sociedad DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A. y el INVIAS el 18 de noviembre de 2008 celebraron el Contrato Estatal No. 2275 de 2008 cuyo objeto correspondía a ejecutar por el sistema de precios unitarios sin ajustes, dragado de ampliación del canal de acceso a la bahía de Cartagena, sector Bocachica – Cartagena, de acuerdo con los pliegos de condiciones de la licitación, y bajo las condiciones estipuladas en el contrato de la referencia; el plazo inicial de ejecución del acuerdo contractual era de 09 meses contados a partir del 04 de mayo de 2009, fecha en la cual el INVIAS impartió orden de iniciación del contrato, plazo que se extendió hasta el 3 de febrero de 2010, pese a lo cual en curso de la ejecución del negocio jurídico se suscribieron cuatro actas de suspensión y cuatro actas adicionales, mediante las cuales, se suspendieron temporalmente las actividades y, además, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 16 de diciembre de 2011.
El valor inicial pactado en el contrato, se estipulo en la suma de $13.067.449.840, correspondiendo a costo básico de la obra por valor de $12.984.350.000, relacionados con los 310.000 m3 de dragado a $41.885 por cada m3; e impuesto al valor agregado (IVA) de las obras por valor de $83.099.840.
Durante la ejecución del contrato, la Sociedad DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A le informó a la interventora del contrato, Ingeniería de Proyectos Ltda., sobre los inconvenientes que presentaba el sector K0+300 al K0+720, respecto a la arena fina y a la inestabilidad de los taludes; por lo cual la sociedad demandante informó que procedió a dragar el volumen adicional del material escurrido para lograr la profundidad del diseño en la base del canal, volumen de 19.284 m3, el cual el extremo actor solicitó ser incluido en el acta de recibo parcial de obra No. 14.
A pesar de las consideraciones expuestas por la Sociedad DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A, la interventora Ingeniería de Proyectos Ltda., se abstuvo de dar trámite en el Acta de Modificación No. 7 al pedimento realizado por la sociedad actora en cuanto al dragado en el sector K0+300 al K0+720, por cuanto considero que lo ocurrido en el sector obedeció a procesos constructivos. Atendido los anteriores argumentos, el INVIAS se abstuvo de pagar a DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A., el saldo del volumen de dragado (8.824 m3) en los taludes del sector A K0+300 al K0+720, el cual asciende a la suma de $369.593.240.
Conforme a las obligaciones ambientales derivadas del Contrato Estatal No. 2275 de 2008, INVIAS y la Sociedad DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A el día 02 de diciembre de 2009 celebraron Adicional No. 02 al contrato ya referido por valor de $3.500.000.000, para llevar a cabo las obras de protección de los fuertes de San Fernando y San José ubicadas en el sector objeto de intervención del Contrato Estatal No. 2275 de 2008.
En atención a la obligación acordada en el adicional No. 2, la sociedad DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A contrató a Noarco S.A., para que procediera a realizar la señalización del desarrollo del proyecto, la señalización permanente después del proyecto y la señalización durante el desarrollo del proyecto según PMA. El valor de estos ítems, correspondió a la suma de $369.465.318; sin embargo, este pago no fue devuelto por el INVIAS, en la medida que estos costos debieron ser tenidos en cuenta por el contratista, pues aceptó las condiciones contractuales de las adiciones al Contrato No. 2275 de 2008.
La postura de la parte actora es que los inconvenientes que presentaba el sector K0+300 al K0+720, respecto a la arena fina y a la inestabilidad de los taludes que provoco que la Sociedad DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A dragara un volumen adicional del material escurrido para lograr la profundidad del diseño en la base del canal, se generó como consecuencia de un error en los diseños entregados por el INVIAS, toda vez que, no incluyó el escurrimiento del material del talud.
Además señalo que el 16 de diciembre de 2011, DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A. e INGENIERÍA DE PROYECTOS LTDA, interventor del Contrato Estatal No. 2275 de 2008, suscribieron la "PREACTA DE RECIBO DE OBRA No. 15”, soporte del "Acta de entrega y recibo definitivo de obra", en la cual consta, ITEM 1 - DRAGADO HIDRÁULICO, que de los 19.348 m3 correspondientes al "Volumen Adicional Dragado por Escurrimiento Talu”, "Se reconocerá al contratista el volumen de 10.524 m3 dragados en el mes de noviembre de 2010, debido a las cantidades máximas vigentes del contrato". Que en consecuencia, quedó y sigue pendiente el pago de 8.824 m3, la cuales corresponden "al saldo del volumen dragado en los taludes del sector A KO+300 a KO+720”
Que la razón de fondo que aduce Ingeniería de Proyectos, firma interventora, para oponerse al pago del saldo del volumen dragado, 8.824 m3 en los taludes del Sector A KO+300 a KO+720, consistente en las supuestas "limitaciones presupuéstales que tiene el proyecto" y en las supuestas "cantidades máximas vigentes del contrato", argumento que señala carece de soporte fáctico.
En cuanto al pago de AIU sobre los costos reembolsables del adicional No. 2 al Contrato Estatal No. 2275 de 2008 estimo que este acuerdo corresponde a obras complementarias, por ende, la contratista tiene derecho a cobrar los costos indirectos pactados con el INVIAS, los cuales, se encuentran en el parágrafo primero de la cláusula segunda del contrato principal, así: "PARÁGRAFO PRIMERO" de la "CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO": "El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AlU del Veinticinco por ciento (25%), discriminado así: Administración del Quince (15%), imprevistos del Cinco (5%) y utilidad del Cinco (5%)".
Que además, los costos indirectos del Contrato Estatal No. 2275 de 2008 aplican directamente a los contratos adicionales, sea por obras adicionales o por obras complementarias, pues esas obras son accesorias al contrato principal, por lo tanto, no era necesario establecer para dichas obras un AlU diferente al pactado en el Contrato Estatal No. 2275 de 2008.
El INVIAS se opuso a las pretensiones de la demanda y para tal efecto señalo que el diseño presentado por el INVIAS no tenía fallas en su elaboración y, el escurrimiento del talud, solo se presentó en el sector indicado por la demandante. Además, la contratista debió haber alegado las inconsistencias sobre el diseño antes de ejecutar la obra y, en el pliego de condiciones, se advirtió a los proponentes que debían inspeccionar y examinar el sitio, los alrededores de la obra, así como informarse por su propia cuenta sobre la naturaleza del terreno y subsuelo.
Señalo que, es incierto dentro del plenario las causas del escurrimiento del talud, toda vez que no existe ninguna prueba técnica que certifique lo afirmado por la demandante. Que no es cierto, como lo plantea la parte actora, que la interventoría del contrato se haya opuesto al pago de un alegado saldo del volumen de dragado en los taludes del sector KO+300 a KO+720, argumentando supuestas "limitaciones presupuestales del proyecto" o supuestas "cantidades máximas vigentes del contrato”.
Que frente al volumen del dragado del material por fuera del diseño, señaló que la interventoría mediante Oficio CINP-228-028-0132 del 11 de febrero de 2011 no reconoció la totalidad del volumen dragado, ya que el área por detrás del talud era muy inferior al área que faltaba por dragar para completar la sección de diseño. Que así mismo, el contratista debía manejar el dragado con el diseño, en vez de excavar en el mismo punto de manera reiterada. Recordó que, el INVIAS no paga por simples excavaciones a mar abierto sino por la construcción de un canal navegable, el cual, se guía por un diseño conocido y estudiado por el contratista.
Que al participar en la primera y segunda fase del dragado de profundización del canal de acceso al puerto de Cartagena, debió tener un amplio conocimiento sobre las condiciones del subsuelo a remover con antelación a la ejecución del contrato número 2275 de 2008. Igualmente, señaló que el valor consignado en la pre acta número 15 no tiene un carácter vinculante, por cuanto, no está suscrita por el interventor de la obra.
Señaló que, DRAGADOS HIDRÁULICOS no ejecutó directamente las obras de protección a los fuertes de San José y San Fernando, por lo tanto, al subcontratar esta obra por su cuenta y riesgo, no procede la devolución de los costos indirectos acaecidos en el subcontrato. Que las obras de compensación o mitigación, hacen parte integral del contrato estatal, y su objetivo es dar cumplimiento a lo indicado por la licencia ambiental de obra. Destacó que las actas de modificación suscritas en este sentido, se firmaron de mutuo acuerdo y, en todo caso, representaron utilidades mayores para el contratista pues los recursos del contrato se aumentaron en un 50%; precisó que, no resulta procedente el reconocimiento de los costos indirectos administración utilidad e imprevistos (AIU) pactados en el contrato sobre los ítems reembolsables.
1.5. El Ministerio Público en el trámite de primera instancia no realizó ninguna intervención.
1.6. Sentencia de primera instancia:
Correspondió el conocimiento del asunto al Tribunal Administrativo de Bolívar, Despacho que mediante sentencia de primera instancia No. 005 de fecha 30 de mayo de 2023 declaró liquidado el contrato de obra No. 2275 de 2008, suscrito entre DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A. e INVIAS, estableciendo que no existe saldo pendiente entre las partes y negó las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Sobre los valores reclamados por concepto del volumen adicional de dragado en los taludes del sector K0+300 a K0+720, señalo que a pesar de que el INVIAS hubiese suministrado un estudio sobre la zona donde se debía realizar el dragado, dicho estudio no releva al contratista de constatar que la información consignada en el informe cumpla con los estándares requeridos para la realización de obra, pues el anexo técnico del pliego de condiciones estipuló que los diseños del proyecto debían ser entregados por el interventor al contratista para su replanteo y materialización, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.
Destaca el Tribunal que, de la valoración probatoria, no se advierte elemento que permita comprobar ninguna solicitud formulada por el contratista al interventor de la obra sobre este aspecto. Que únicamente se aportó con tal propósito la declaración de la ingeniera Paola Rodríguez Flórez, quien afirmó que la interventoría dio la orden de dragar dos (2) veces la misma sección ante el deslizamiento del talud, pese a lo cual considero el Tribunal que su testimonio no puede servir como único fundamento para acreditar este hecho, pues no existe otro medio de prueba que permita corroborar lo afirmado por la testigo.
Que la parte actora indicó que la interventoría reconoció haber autorizado la realización de esta excavación, conforme a lo señalado en el oficio CINP-228-028-0132 del 11 de febrero de 2011, no obstante, el Tribunal estimo que al revisar el contenido de este documento, no se observa ninguna autorización expresa por parte de la sociedad interventora; que de aquél documento se aprecia que se señaló que lo ocurrido en el sector según lo observado por la interventoría obedece más a procesos constructivos, toda vez que el cortador se mantuvo por debajo de la sección de diseño en la pata del talud y por detrás del talud, que por ello no se puede dar por probada la autorización de la interventoría en la excavación realizada por la sociedad demandante, por ende, no resulta exigible el pago de la cantidad dragada en exceso en el sector K0+300 a K0+720.
Que frente a la valoración de los dictámenes periciales, el Tribunal estimo que sus conclusiones no tienen un carácter obligatorio para el operador judicial al momento de valorar este medio de convicción; en línea con aquel presupuesto, considero que las conclusiones del peritazgo rendido por el ingeniero Jairo Manuel Balseiro Arrieta no cuentan con suficiente solidez, pues en la audiencia de pruebas el perito manifestó que no tuvo en cuenta los informes presentados por la interventoría siendo que estos documentos eran relevantes y necesarios para contrastar los documentos presentados con la demanda; porque en esta misma diligencia el perito informó que fundamentó su dictamen con base en diferentes conceptos de otros profesionales de la ingeniería, no obstante, no fueron reseñados los profesionales que suministraron esta información; porque en la respuesta brindada por el experto, respecto a la obligación que asumió el contratista frente al diseño de los taludes, no tuvo ningún sustento documental y, en todo caso, no se asemeja con la conclusión alcanzada por el Tribunal; y porque el dictamen tuvo en cuenta una pre acta firmada por los ingenieros residentes de la contratista e interventoría, con el fin de constatar la facturación de la agradación del sector K0+300 a K0+720, pese a lo cual, este documento no puede ser tenido en cuenta, pues conforme con la cláusula octava del contrato de obra, solamente se tendrán en cuenta para el pago de la obligación las actas de obra refrendadas por el Contratista, interventor, los Supervisores de Contrato y de Proyecto y el Ordenador del pago respectivo. Que por lo anterior estimo el Tribunal no procede pago por los trabajos de dragados realizados en exceso en el sector K0+300 a K0+720 de la obra contratada por el INVIAS.
Que en lo referente a los valores exigidos por concepto de costos indirectos estimo el Tribunal, que para que estos sean procedentes, le corresponde a la parte actora demostrar su causación efectiva, pues no basta con afirmar su cuantía para que se ordene su pago; que en ese sentido el Tribunal considero que no se comprobó la causación del costo indirecto alegado en la demanda, pues si bien, obra un oficio radicado por DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A., con destino a la interventoría del proyecto, no se aportaron las facturas que sustentaran estos valores. Destaca el Tribunal que el INVIAS no adquirirá relación alguna con los subcontratistas, ni responsabilidad sobre los trabajos que ejecuten, por lo anterior, resulta improcedente el pago de los costos indirectos pretendidos en la demanda.
Sobre la liquidación judicial del contrato de obra, señalo el Tribunal que la sociedad actora intentó presentar propuestas de liquidación del contrato, pero lo cierto es que el INVIAS nunca expidió el acto de liquidación bilateral o unilateral del contrato, lo cual implica que no existe prueba de un balance de cuentas del acuerdo; en virtud de lo cual estimo el Tribunal ordenar la liquidación del contrato de obra número 2275 de 2008, estableciendo que no existe saldo pendiente entre ellos, determinación que obedece a que no existe prueba de que haya saldos a favor de la sociedad demandante, ni tampoco a favor del INVIAS.
1.7. Del recurso de apelación interpuesto:
Inconforme con la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, la parte actora presentó escrito de alzada en el cual expuso:
Señala la parte actora sobre los valores reclamados por concepto del volumen adicional de dragado en los taludes del sector K0+300 a K0+720, que la totalidad de las consideraciones expuestas por el Tribunal en su fallo, resultan impertinentes, en la medida que el 16 de diciembre de 2011, DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A. y la Interventoría suscribieron la PREACTA DE RECIBO DE OBRA No. 15, soporte del Acta de entrega y recibo definitivo de obra, en la cual consta que de los 19.348 m3 correspondientes al Volumen Adicional Dragado por Escurrimiento Talud, se reconocieron al contratista el volumen de 10.524 m3 dragados en el mes de noviembre de 2010, debido a las cantidades máximas vigentes del contrato, volumen que, efectivamente, fue pagado a DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A. Que con el anterior hecho prueba qué el volumen de material dragado se aceptó para pago y qué volumen de material dragado quedó pendiente de pago.
Que las pruebas dan cuanta que, a partir, o con fundamento en la pre-acta la Interventoría No. 15, los extremos contractuales dispusieron el pago de 10.524 m3 de los 19.348 m3 dragados en el sector K0+300 a K0+72052, lo cual pone de presente el inmenso error del Tribunal cuando consideró que, en oficios posteriores, la interventoría negó cualquier pago por sobre-excavaciones efectuadas en el sector K0+300 a K0+720.
Que en relación con los valores exigidos por concepto de costos indirectos (AIU), el apelante expreso que ninguna de las consideraciones expuestas por el Tribunal son de recibo, en la medida que los costos indirectos (AIU) reclamados en la demanda devienen directamente del Contrato Estatal No. 2275 de 2008; por lo cual si el AIU y sus correspondientes porcentajes está pactado en el contrato, no hay razón valedera para ahora exigirle al demandante demostrar su causación efectiva, ni la condición de que el monto solicitado no exceda el porcentaje fijado a título de imprevistos en la respectiva cláusula contractual. Que en consecuencia el simple hecho de que el INVIAS hubiese reconocido y pagado el costo directo del subcontrato implica, por sí mismo, que tenía autorizada esa subcontratación, y en consecuencia el argumento del Tribunal es totalmente inaplicable en la medida que la responsabilidad se estableció directamente entre DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A. y el INVIAS, no con el subcontratista.
Que si al contrato adicional No. 2 aplican todas las estipulaciones del CONTRATO, no existe razón válida para excluir o negar la aplicación de los costos indirectos, por ello si el INVIAS no admitía la aplicación de costos indirectos a los contratos adicionales debió dejar constancia expresa de ello en el CONTRATO, o debió dejar constancia expresa de ello en el contrato adicional, en el sentido de que a ese contrato adicional no aplicaban los costos indirectos (AIU).
1.8. Admisión del recurso de apelación
Mediante Auto de fecha 08 de julio de 2024, el Consejo de Estado dispuso admitir el recurso de apelación interpuestos por la parte actora contra la sentencia de primera instancia No. 05 de 2023 de fecha 30 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por cumplir lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. Problemas jurídicos.
De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en el recurso de apelación, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto, se puede formular de la siguiente manera:
¿Es procedente el reconocimiento y pago a favor del actor de 8.824 m3 que por concepto de volumen adicional de dragado en los taludes del sector K0+300 a K0+720 que fueron ejecutados en el Contrato Estatal No. 2275 de 2008 bajo la modalidad de sistema de precios unitarios, en la medida que en la pre-acta de recibo de obra No. 15 en el ITEM 1 denominado como “Dragado Hidráulico”, se reconoció en el sector K0+300 a K0+720 un “Volumen Adicional Dragado por Escurrimiento Talud” de 19.348 m3 de los cuales solo fueron pagados solo 10.524 m3?
¿Se encuentra probado en el plenario la causación efectiva o las sumas de dinero pagadas por el extremo actor por concepto de costos indirectos (AIU) que fueran erogados en el marco de la ejecución del Contrato Adicional No. 2 en la medida que aquél deviene directamente del Contrato Estatal No. 2275 de 2008?
2.2. Análisis fáctico y probatorio.
Una vez revisado este material, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo sobre el asunto:
2.2.1. Pliego de condiciones de la licitación pública número LP-SGT-SMF-008-2008, cuyo objeto es el dragado de ampliación del canal de acceso a la bahía de Cartagena, sector Bocachica – Cartagena (Bolívar)
2.2.2. Contrato de obra número 2275 de 2008 de fecha 18 de noviembre de 2008 suscrito por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la sociedad Dragados Hidráulicos S.A., cuyo objeto era ejecutar por el sistema de precios unitarios sin ajustes, dragado de ampliación del canal de acceso a la bahía de Cartagena, sector Bocachica – Cartagena, de acuerdo con los pliegos de condiciones de la licitación y bajo las condiciones estipuladas en el contrato.
2.2.3. Adiciones y prórrogas al contrato de obra número 2275 de 2008:
Adición No
Fecha de suscripción
Modificación
1
4 de noviembre de 2009
Se adicionó la suma de $800.000.000 al valor del contrato de obra.
2
2 de diciembre de 2009
Se adicionó la suma de $3.500.000.000 al valor del contrato de obra.
3
12 de marzo de 2010
Se prorroga el plazo del contrato hasta el 12 de septiembre de 2010. No implica adición en el valor, ni sobrecostos para el INVIAS.
4
18 de junio de 2010
Se prorroga el plazo del contrato hasta el 19 de diciembre de 2010. No conlleva adición en el valor, ni sobrecostos para el INVIAS.
5
15 de diciembre de 2010
Se prorroga el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2010. Además, se adiciona al valor del contrato, la suma de $2.810.636.182.
6
31 de diciembre de 2010
Se prorroga el plazo del contrato hasta el 31 de enero de 2011. No conlleva adición en el valor, ni sobrecostos para el INVIAS.
7
1° de abril de 2011
Se prorroga el plazo del contrato desde el 1° de abril hasta el 20 de abril de 2011. No conlleva la adición en el valor, ni sobrecostos.
2.2.4. Contrato de interventoría de fecha 21 de diciembre de 2010 al dragado de ampliación del canal de acceso a la bahía de Cartagena y obras derivadas, suscrito por INVIAS y la sociedad Ingeniería de Proyectos S.A.S.
2.2.5. Oficio No. CINP-228-028-0132 de fecha 11 de febrero de 2011, suscrito por la firma interventora Ingeniería de Proyectos Ltda., dirigido a la empresa Dragados Hidráulicos, donde le informó que en el trayecto K0+300 a K0-720, la contratista no había alcanzado la sección de diseño.
2.2.6. Pre acta de recibo final de la obra número 15 de fecha 16 de diciembre de 2011 mediante la cual el director técnico del contratista y el ingeniero residente de la interventoría, liquidaron las cantidades finales ejecutadas en el contrato de obra. En la reunión, se facturaron las cantidades de dragado, roca tipo 5 y roca tipo 1 que fueron ejecutadas por el contratista.
2.2.7. Oficio DH.EM.1296-13 de solicitud de liquidación definitiva del contrato número 2275 de 2008 ante el INVIAS presentada el día 4 de febrero de 2013, por DRAGADOS HIDRÁULICOS.
2.2.8. Oficio No. CINP-228-064-1601 de fecha 29 de agosto de 2013 suscrito por la sociedad Ingeniería de Proyectos S.A.S. con destino al INVIAS, donde manifestó que no era procedente el pago del saldo del volumen del dragado en los taludes del sector K0+300 al K0+720.
2.3. Análisis jurídico – Caso concreto.
Procede esta Delegada, a emitir concepto dentro del presente radicado, tendiente a solicitar que se CONFIRME la decisión contenida en la Sentencia No. 05/2023 de fecha 30 de mayo de 2023 emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar de acuerdo con las siguientes consideraciones.
De acuerdo con el material probatoria allegado al plenario se debe señalar que el día 18 de noviembre de 2008 el INVIAS y DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A., suscribieron el Contrato Estatal No. 2275 de 2008 bajo la modalidad de sistema de precios unitarios sin ajustes y cuyo objeto era el dragado para la ampliación del canal de acceso a la bahía de Cartagena, sector Bocachica – Cartagena; el acuerdo pactó como valor a ejecutar la suma de $13.067.449.840 y durante el curso de la ejecución del contrato se suscribieron cuatro actas de suspensión y cuatro actas adicionales, que prorrogaron la ejecución del contrato hasta el 16 de diciembre de 2011.
En curso de la ejecución del contrato y mediante oficio No. CINP-228-028-0132 de fecha 11 de febrero de 2011, la firma interventora, Ingeniería de Proyectos Ltda., informo a la empresa DRAGADOS HIDRÁULICOS, que en el trayecto K0+300 a K0-720, la contratista no había alcanzado la sección de diseño, ya que, “el área por detrás del talud era muy inferior al área que faltaba por dragar para completar la sección de diseño, por lo que se requería completar el dragado en las respectiva secciones para poder determinar el volumen por el escurrimiento del talud”, que una vez recibida la sección de diseño completamente dragada, la interventoría determinó que “no se ha tenido agradación del fondo por escurrimiento del talud en ningún sector”, por ende, concluyó que lo ocurrido en el sector obedece a “procesos constructivos, toda vez que el cortador se mantuvo por debajo de la sección de diseño en la pata del talud y por detrás del talud”. En virtud de lo anterior, la interventoría se abstuvo de dar trámite a la modificación número 7.
La anterior comunicación tuvo su origen en que la firma DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A. remito comunicación de fecha 13 de enero de 2011 identificada con el DH. C2275-135-11 a la firma interventora Ingeniería de Proyectos Ltda., en la cual solicitó incluir en el acta de recibo parcial de obra N. 14 el volumen de 19.348 m3 que se dragaron en el sector A K0+300 a K0+720, para lo cual la firma contratista mediante comunicación DH.C2275-149-11 del 4 de febrero de 2011 entregó a la Interventoría el Acta de modificación de cantidades No. 7 correspondiente al volumen dragado en el canal de acceso, con la agradación del fondo por escurrimiento de materiales entre el K0+300 y el K0+720.
En el marco de la ejecución del Contrato Estatal No. 2275 de 2008, el día 16 de diciembre de 2011 se suscribió pre-acta de recibo final de la obra número 15, por parte del director técnico del contratista y el ingeniero residente de la interventoría, y con el objetivo de liquidar las cantidades finales ejecutadas en el contrato de obra, facturarlas cantidades de dragado, roca tipo 5 y roca tipo 1 que fueron ejecutadas por el contratista. En el documento respecto a el “ITEM 1 - dragado hidráulico” se consignó:
Posteriormente en oficio DH.EM.1296-13 de fecha 4 de febrero de 2013, suscrito por DRAGADOS HIDRÁULICOS y dirigido a INVIAS, se solicitó la liquidación definitiva del contrato No. 2275 de 2008, para lo cual pidió se incluyera en el acta de liquidación de pago la suma de $369.593.240 por concepto del saldo de volumen dragado en los taludes del sector A, K0+300 a K0+720, los 8.824 m3; y la suma de $92.366.329 por concepto del AIU contractual, el valor facturado corresponde directamente a lo pagado a la subcontratista Noarco, a quien le correspondió asumir los costos de administración, gastos bancarios, pólizas y demás sobre estos gastos.
Ante la liquidación sugerida por DRAGADOS HIDRÁULICOS, la firma interventora, Ingeniería de Proyectos S.A.S., mediante Oficio No. CINP-228-064-1601 de fecha 29 de agosto de 2013 con destino al INVIAS, manifestó que no era procedente el pago del saldo del volumen del dragado en los taludes del sector K0+300 al K0+720, por cuanto, la agradación presentada obedeció a procesos constructivos, asumidos por cuenta y riesgo del contratista según el numeral 2.2.2 del anexo técnico y frente al tema de AIU sobre los costos reembolsables, consideró que no hay lugar a su reconocimiento y pago, debido a que estos costos debieron haber sido teniendo en cuenta por el contratista al momento de suscribir las adiciones al contrato de obra.
2.3.1. Del valor reclamado por volumen adicional de dragado en los taludes del sector K0+300 al K0+720.
Se debe decir que el inconformismo del extremo actor que expresa en el escrito de alzada, se cierne en el no pago del volumen adicionales dragados por escurrimiento de talud en el sector K0+300 a K0+720 y que corresponde al volumen de 8.824 m3, habida cuenta que aquél volumen fue reconocido dentro de los 19.348 m3 señalados en el pre-acta de recibo final de la obra número 15 y de la cual solo le fueron pagados 10.524 m3, al respecto señalo que aquél reconocimiento se debe efectuar en la medida que el volumen da dragado adicional no pagado está dentro del volumen reconocido en el acta en cita la cual fue suscrita por el director técnico de la firma contratista y el ingeniero residente de interventoría contratada.
De tal suerte que lo convenido o acordado en la pre-acta de recibo final de la obra número 15, se deriva de la facultad otorgada al contratista e interventor en la cláusula octava del Contrato Estatal No. 2275 de 2008, la cual de forma expresa señala que las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas actas de obra, como lo es la pre-acta de recibo final de la obra número 15 son de responsabilidad del Interventor y del Contratista, lo cual implica que los valores reconocidos en aquellas tiene valides para efectos del reconocimiento de las prestaciones reciprocas; el clausulado señala:
“CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO,- EI INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mensualmente, previa presentación de las respectivas actas de obra refrendadas por el Contratista, interventor, los Supervisores de Contrato y de Proyecto y el Ordenador del pago respectivo, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes, aprobado por el Subdirector de Marítima y Fluvial del INSTITUTO y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. No obstante lo anterior, las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes; Contratista, Interventor, Supervisores.”. (Subrayado fuera de texto)
De lo anterior no se puede perder de vista que una característica evidente del Contrato Estatal No. 2275 de 2008 es que aquel fue suscrito bajo la modalidad de sistema de precios unitarios sin ajustes, por lo cual resulta oportuno señalar que la finalidad que persiguen los contratos suscritos por el Estado es lograr el cumplimiento de los cometidos estatales y la efectiva prestación de los servicios a su cargo, en procura de lograr la satisfacción de los derechos de todos los administrados, para lo cual el Estado se vale de los particulares para que ejecuten aquellas actividades o proyectos que no pueden ser desarrollados por ella, en virtud de lo cual se crea la relación contractual entre el Estado y los particulares quienes con ésta persiguen obtener un provecho económico en su favor.
De tal suerte que ha sido una constante del régimen jurídico de los contratos celebrados por la Administración Pública, el reconocimiento de derechos al contratista, y el mantenimiento de la equivalencia de las prestaciones recíprocas, el reconocimiento y respecto de las condiciones pactadas por las partes en las cláusulas del contrato, de tal suerte que la ganancia a que aspira legítimamente el contratista, constituye una de las partes esenciales de la relación que se solemnizó con el Estado a través del contrato.
En el presente caso surge el reproche del contratista, DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A., por el no reconocimiento y pago del volumen adicionales dragados por escurrimiento de talud en el sector K0+300 a K0+720 y que corresponde al volumen de 8.824 m3. En este punto resulta oportuno señalar que el artículo 16 como el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 prevén que en los casos de alteración en el reconocimiento y pago de las prestaciones reciprocas en el contrato las partes pueden convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo; “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”
Lo anterior significa que en situaciones o circunstancias que alteren o puedan alterar las prestaciones económicas en los contratos, y sobre las que lleguen a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir estos acuerdos, se deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.
Ahora, si bien en el presente caso no se reclama un desequilibrio contractual propiamente dicho, sino el reconocimiento del pago de un volumen adicional dragado, que fue reconocido y no pagado en la pre-acta de recibo final de la obra número 15, sin que al respeto en dicho documento efectuara una salvedad el contratista en el sentido de dejar expreso que, si bien se estaba reconociendo una cantidad adicional dragada solo se estaba efectuando el pago de una parte de ella y, no de la totalidad, y que por tanto, quedaba pendiente el pago restante, y no esperar al momento de la liquidación del contrato para reclamar dicho valor.
Conforme con la jurisprudencia sobre la materia, debemos recordar que dichas salvedades esgrimidas de manera oportuna, hacen parte del principio de la buena fe, toda vez que como se sabe, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia” (Subrayado fuera de texto).
Sobre este aspecto, el Consejo de Estado señaló:
“(…)
En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual. Subrayado fuera de texto.
Dicha postura fue retomada posteriormente por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado al señalar que:
“Así las cosas, es menester puntualizar los efectos jurídicos que en relación con reclamaciones pendientes tienen los negocios jurídicos bilaterales de modificación, adición, prórroga y suspensiones suscritos por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad para adaptar el contrato a las exigencias que sobrevengan o sobre el reconocimiento debido de las prestaciones cumplidas, en el sentido de que no proceden reclamaciones posteriores para obtener reconocimientos de prestaciones emanadas del contrato, cuando no aparecen o no se hicieron en dichos actos.
(…)
(…) Por eso, durante el desarrollo de un contrato como el de obra, en el que pueden sobrevenir una serie de situaciones, hechos y circunstancias que impliquen adecuarlo a las nuevas exigencias y necesidades en interés público que se presenten y que inciden en las condiciones iniciales o en su precio, originados en cambios en las especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras adicionales o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que deban ser reconocidos y revisión o reajuste de precios no previstos, entre otros, la oportunidad para presentar reclamaciones económicas con ocasión de las mismas y para ser reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato modificatorio o adicional. Igualmente, cuando las partes determinen suspender el contrato deben definir las contraprestaciones económicas que para ellas represente esa situación, con el fin de precaver reclamaciones y la negativa al reconocimiento por parte de la entidad contratante, dado que en silencio de las partes ha de entenderse que las mismas no existen o no se presentan en caso de que éstas no las manifiesten en esa oportunidad.
(…)
Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea “venire contra factum propium non valet”, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.” (Subrayado fuera de texto)
Al respecto el plenario da cuenta que el reconocimiento del volumen adicionales dragados por escurrimiento de talud en el sector K0+300 a K0+720, se efectuó de manera formal en el contrato a instancias de la pre-acta de recibo final de la obra número 15, documento que que respecto a este ítem, no señala ninguna salvedad hecha por el contratista dirigida a exigir o dejar constancia sobre saldos no reconocidos por concepto de volumen adicionales dragados por escurrimiento de talud, ello, pues de los 19.348 m3 determinados en el ítem solo se reconocieron al contratista un volumen de 10.524 m3 ya que, según el acta, son las cantidades máximas vigentes del contrato, pese a lo cual nada se depuso, resaltó o requirió el contratista en cuanto a los 8.824 m3 que corresponden al excedente que sumaría el valor inicialmente identificado en el acta del 16 de diciembre de 2011 a su favor, por lo que puede entenderse que ante la ausencia de salvedad o aclaración alguna, el contratista estaba aceptando solo el pago por los 10.524 m3 y asumiendo por cuenta propia los 8.824 m3 cuyo pagó no fue reconocido en la pre acta No15.
Pese a lo anterior, fue hasta el día 4 de febrero de 2013 que DRAGADOS HIDRÁULICOS mediante oficio DH.EM.1296-13 solicito el pago de $369.593.240 por concepto del saldo de volumen dragado en los taludes del sector A, K0+300 a K0+720, los 8.824 m3 y la suma de $92.366.329 por concepto del AIU contractual. Comunicación que el INVIAS traslado a la firma interventora, Ingeniería de Proyectos S.A.S., quien mediante Oficio No. CINP-228-064-1601 de fecha 29 de agosto de 2013, respondió que no era procedente el pago de los 8.824 m3 en la medid a que la agradación presentada obedeció a procesos constructivos, asumidos por cuenta y riesgo del contratista según el numeral 2.2.2 del anexo técnico.
De acuerdo a lo planteado, se debe destacar que el no pago de los 8.824 m3 ejecutados por volumen adicionales dragados por escurrimiento de talud sector A, K0+300 a K0+720, fue un hecho que el actor pudo constatar a instancias de la pre-acta de recibo final de la obra número 15 el 16 de diciembre de 2011, sin que se pronunciara al respecto o realizara un reproche en tal sentido, reclamación que solo realizó hasta el 4 de febrero de 2013 mediante oficio DH.EM.1296-13, lo cual a juicio del Ministerio Público no atendió los presupuestos del factor de oportunidad según los criterios expuesto por la jurisprudencia antes transcrita, y que exigen que la solicitud de restablecimiento, reconocimiento o pago de prestaciones efectuadas adicionales a las pactadas en el contrato se efectuara al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales u otrosíes, lo cual no se advierte de la pre-acta de recibo final de la obra número 15, además que el plenario carece de pruebas que acrediten posteriores actor contractuales en los cuales se dejaran las salvedades.
En consecuencia estima el Ministerio Público que la pretensión dirigida al pago del volumen adicional dragado por escurrimiento de talud en el sector K0+300 a K0+720 y que corresponde a 8.824 m3, no debe prosperar, pero no por la razón aducida por el Tribunal “que la información consignada en la pre acta no puede servir como fundamento (…), toda vez que, la pre acta no cuenta con la firma del supervisor del contrato, ni del ordenador del pago.”, como lo señala de manera equivocada en el fallo impugnado, pues con fundamento en lo estipulado en la pre-acta de recibo final de la obra número 15 fue que se le reconocieron al contratista 10.524 m3 por concepto de volumen adicionales dragados, lo cual, es reconocido por el propio interventor quien efectivamente suscribe el acta, sino por no satisfacer el factor de oportunidad, de acuerdo las consideraciones antes expuestas.
2.3.2. De los valores exigidos por concepto de costos indirectos (AIU).
Destaca el actor en su escrito de apelación que, los costos indirectos (AIU) reclamados en la demanda devienen directamente del Contrato Estatal No. 2275 de 2008 y, en consecuencia, no hay necesidad de exigir o demostrar su causación efectiva, ello por cuanto al contrato adicional No. 2 aplican todas las estipulaciones del contrato original, por ello no existe razón válida para excluir o negar la aplicación de los costos indirectos.
Al respecto el apelante refiere en su escrito de alzada la valoración que realizó el perito traído al proceso, la cual señala:
“16 Con base en los comprobantes de pago y las facturas de obra determinará si los costos reembolsables fueron reembolsados en su totalidad por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) al “CONTRATISTA”. En caso contrario, que monto dejo de reembolsar de los mismos.
Según oficio DH. C2275-184-11 suministrado por DRAGADOS HIDRAULICOS, radicado el 26 de octubre del 2011 a la interventoría, encontramos la relación de pagos (no facturas) realizadas por el CONTRATISTA a los proveedores de servicios contratados como reembolsables En lo que concierne a los reembolsables relacionados en la demanda, estos valores son los siguientes, los cuales solo corresponden a los costos directos por un valor total de $369.465.318:
ACTIVIDAD
UND
VALOR
Señalización durante desarrollo del proyecto
Reembolsable
$184.867.587
Señalización permanente después del proyecto
Reembolsable
$55.037.217
Señalización durante el desarrollo del proyecto según PMA
Reembolsable
$129.560.514
Al revisar la columna de acumulados del Acta N°15, encontramos que son los mismos valores por reembolsables que DRAGADOS HIDRAULICOS pasó en su relación de pagos en el oficio DH. C2275-184-11. Por lo anterior se concluye que EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) solo pagó la totalidad de los costos directos de los gastos relacionados por DRAGADOS HIDRAULICOS en el tema de los reembolsables considerados en la demanda. Además, se observa en el Acta N°15 que los valores de los ítems contemplados como REEMBOLSABLES están afectados en el cálculo del IVA por el valor de A.I.U (25%), siendo que el pago total en Acta N°15 solo corresponde a los pagos de los costos directos que realizó el contratista a sus contratistas de reembolsables, por lo cual tenemos que este valor del AIU (25%) de los gastos REEMBOLSABLES, es decir, el porcentaje de los costos indirectos de los reembolsables, no está incluido en el valor pagado por el INVIAS. Esa suma dejada de pagar por el INVIAS al contratista, conforme al porcentaje establecido en el contrato 2275 de 2008, correspondiente al 25%, equivalente a la suma de $92.366.329”. (Subrayado fuera de texto)
De la anterior prueba pericial se extrae, que en ella se efectúa una valoración al contenido del oficio DH. C2275-184-11 elaborado por la firma contratista y radicado a la interventoría con el objetivo de exponer la relación de pagos en la cual incurrió con sus proveedores por servicios prestados en el marco del Contrato Estatal No. 2275 de 2008, y que deviene de los dineros adicionados con el contrato adicional No. 02, que en su criterio son valores reembolsables que deben ser reconocidos al contratista como AIU; sin embargo, el Ministerio Público al realizar la revisión del material probatorio acopiado al proceso echa de menos elementos probatorio que acrediten los valores que el peritos refiere en su experticia. Al respecto el oficio de marras señala:
Documento que no fue acompañado, al momento de su radicación ante la interventoría así como a instancias de este proceso, de los soportes contables que justifiquen su pago, elemento que se hace necesario para su reconocimiento, pues se hace necesario demostrar su causación o pago efectivo, ello en la medida que si bien el actor goza del reconocimiento de AIU según el clausulado del Contrato Estatal No. 2275 de 2008, ello no lo exime de la carga probatoria de acreditar su efectiva causación o pago.
Ahora, si bien la anterior carencia probatoria fue advertida por el Ministerio Público, se extraña del plenario un pronunciamiento en tal sentido realizado por la defensa del INVIAS en instancias de contradicción del dictamen pericial; pese a lo cual, si bien dentro del Contrato Estatal No. 2275 de 2008 se pactó un pago por AIU, contrario a lo señalado por el apelante, a instancias de lo probado en el proceso, se hace necesario que en éste se acredite o se demuestre su causación efectiva, en la medida que se está reclamando un pago por una actividad ejecutada que en consecuencia se debe demostrar como ejecutada y pagada por el contratista; probanza de la que se carece en esta instancia procesal, pues a más del decir del apelante y del informe pericial referido en el escrito de alzada, no se refieren o aportan facturas u otros elementos probatorio que permita advertir el pago que efectuó el actor por las sumas que reclama al INVIAS como AIU en el oficio referido, y si bien, el concepto está en el clausulado del contrato, se hace necesario el aporte de los documentos que prueban dichas erogaciones.
De acuerdo a lo antes transcrito resulta evidente que esta valoración pericial pretende acreditar en el proceso los costos indirectos pactados en el Contrato Estatal No. 2275 de 2008, y el valor por AIU de los gastos indirectos no cancelados por el INVIAS al contratista, sin embargo, aquel documento refiere que la valoración económica que contiene no cuenta con facturas, elementos que impide la constatación real de los valores en los cuales incurrió el actor por concepto de AIU dentro del contrato en cometo, es evidente que el debate al respecto no se cierne en el derecho al pago de los mismo por dicho concepto , sino la ausencia de pruebas que acrediten tal cuantificación.
A dicho el Consejo de Estado sobre la carga de la prueba que:
“(…) en materia de la carga de la prueba, para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación; pues ninguna de las partes goza de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones.
Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes, la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa, resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la demandante, debe anotarse que quien presenta el libelo demandatorio sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, conoce de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos. (…)”
De tal suerte que para que el instructor procesal dirima una controversia a favor de las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar de forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde proviene su derechos o nace la obligación, en tal sentido es evidente que la prueba técnica traída al proceso para demostrar los gastos incurridos por AIU son insuficientes para acreditar el derechos o de donde nacen las sumas que el perito pretende exponer, pues como lo señalo el Tribunal en el fallo impugnado, el plenario adolece de facturas o cualquier otro elemento idóneo que acredite que el actor incurrió en gastos por dicho concepto, por lo cual en líneas análogas a las plasmados en el fallo impugnado, considera el Ministerio Público que no se aportaron al plenario facturas o soportes contables que justificaran el quantum fijado por el perito y que sustentaran los valores estimados.
En consecuencia, respecto a este acápite el Ministerio Público estima que se deben negar las pretensiones de la demanda como quiera que dentro del expediente no sea copiaron elementos probatorios que permitan inferir la causación efectiva del AIU por los costos indirectos derivados del Contrato Estatal No. 2275 de 2008 y pretendido en el escrito petitorio.
3. CONCEPTO
Con base en todo lo anterior, la Procuraduria Delegada de Intervencion 9: Cuarta ante el Consejo de Estado, solicita que la Sentencia de primera instancia No. 05 de 2023 de fecha 30 de mayo de 2023, del Tribunal Administrativo de Bolívar, debe CONFIRMAR de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente concepto.
De la Honorable Magistrado,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Delegado de Intervencion 9:
Cuarto ante el Consejo de Estado