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titulo: "CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO: no acudió a fuentes relativas a los pagos laborales y de seguridad social del personal contratado"
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fecha: "2024-05-16"
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# CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO: no acudió a fuentes relativas a los pagos laborales y de seguridad social del personal contratado

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2024-05-16
- **Número:** 202412061200560.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202412061200560.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Accion de controversias contractuales: Falta de planeación por la no disposición o desafectación de los predios relacionados con los parques Santander y la Esperanza
- Falta de planeacion: Nueva línea jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado la vulneración del principio de planeación no conlleva a la nulidad absoluta del contrato estatal por objeto ilícito
- Concepto del ministerio publico: El desconocimiento del principio de planeación no conlleva a la nulidad absoluta del contrato estatal sino al incumplimiento contractual
- “artículo 3.: Funciones de los Municipios. Modificado por el art. 6. Ley 1551 de 2012. Corresponde al municipio:

## Fundamentos jurídicos

- Decreto Ley 262 de 2000
- Ley 80 de 1993
- Constitución Política

## Extracto

CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-El desconocimiento del principio de planeación no conlleva a la nulidad absoluta del contrato estatal sino al incumplimiento contractual No acudió a fuentes relativas a los pagos laborales y de seguridad social del personal contratado, ni constancia proveniente de contador público respecto a los gastos acarreados por este concepto, y en cuanto al alquiler de maquinarias indicó el perito que se remitió a las comunicaciones del contratista en que indicaba la disponibilidad y las imputaciones de este rubro en el libro de terceros. Desde la celebración del contrato era evidente la imposibilidad de su ejecución, siendo claro para las partes, previamente a la suscripción, que se requeriría la intervención de los parques Santander y Esperanza que son bienes de uso público, lo que implicaba cambio de destinación de los terrenos; circunstancia advertida a las partes en la audiencia de adjudicación.

## Descriptores temáticos

CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO, El desconocimiento del principio de planeación no conlleva a la nulidad absoluta del contrato estatal sino al incumplimiento contractual

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## Texto del documento

ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Falta de planeación por la no disposición o desafectación de los predios relacionados con los parques Santander y la Esperanza
FALTA DE PLANEACION-Nueva línea jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado la vulneración del principio de planeación no conlleva a la nulidad absoluta del contrato estatal por objeto ilícito
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-El desconocimiento del principio de planeación no conlleva a la nulidad absoluta del contrato estatal sino al incumplimiento contractual
“(…) [L]o cierto es que el Tribunal de Instancia debió realizar un análisis de la realidad fáctica a la luz de las pruebas aportadas en el sentido de determinar claramente que quien estructuró los pliegos de la licitación y el contrato proyectado, fue la administración municipal licitante, a quien le correspondía en virtud del principio de planeación haber desafectado los predios que como parques públicos harán parte del trazado de la vía, lo cual no hizo previamente a la apertura del proceso licitatorio, involucrando con ello su responsabilidad precontractual, así como su responsabilidad en la imposibilidad en la ejecución del contrato de obra pública celebrado, lo que conllevaría a que se declarara su incumplimiento con las consecuencias patrimoniales que de ello se derivarían, conforme a las pretensiones de la demanda.”
CONCEPTO No. 037/2024
Bogotá D.C., 16 de mayo de 2024
Señores:
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Ref.: Proceso 15001-23-33-000-2015-00372-01 (67900)
Apelación contra sentencia primera instancia
Medio de control: Controversias contractuales
Demandante: Unión temporal sector 1 y Luis Fernando Mesa Ballesteros
Demandadas: Municipio de Tunja
Honorable Magistrado:
En mi condición de agente de la señora Procuradora General de La Nación para intervenir en el trámite de la referencia, con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000 y encontrándome dentro del término del traslado previsto en el inciso quinto del artículo 247-6 del Código Contencioso Administrativo, me dirijo a su H. Despacho en alusión a la acción de Controversias contractuales citada en epígrafe, encontrándose para su resolución el recurso de apelación interpuesto por la accionante contra el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sal a de decisión No. 1, el 8 de octubre de 2019, con ponencia del Magistrado [NOMBRE TACHADO]; para el efecto procedo a rendir concepto en los siguientes términos:
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Demanda: 1.1.1. Hechos de la demanda; 1.1.2. Antecedentes no descritos en la demanda; 1.1.3. Pretensiones del extremo actor; 1.2. Contestación a la demanda; 1.3. Actuación procesal; 1.4. Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación.
DEMANDA
1.1.1. HECHOS DE LA DEMANDA
Entre los extremos contractuales, a saber: el Municipio de Tunja como ente contratante, y la Unión temporal sector 1 conformada por Emiliano Vargas Mesa y Luis Fernando Mesa Ballesteros, se suscribió, previa licitación pública, contrato de obra No. 423 de 2010, cuyo objeto consistió en “la realización de estudios, diseños, construcción y mejoramiento plan vial sector 1 (tramo 1 Gran avenida – centro Mega vía)”.
Obra acta de inicio suscrita el 16 de noviembre de 2010, disponiéndose la suspensión de la ejecución del contrato el 17 de noviembre de 2010, reanudada mediante acta de reinicio del 13 de diciembre de 2010; se estableció nueva suspensión el 28 de diciembre de 2010, prorrogada el 3 de enero de 2011; el 30 de diciembre de 2011 se adicionó el convenio inicial. En motivación de las modificaciones se adujo fuerza mayor por condiciones climáticas.
Mediante sentencia del 24 de mayo de 2013 el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó al Municipio subsanar las falencias advertidas al celebrar este contrato, dentro del mecanismo de control de la acción popular; corolario de lo cual el 18 de octubre de 2013 expidió Resolución No. 1325, por cuya virtud declaró la terminación unilateral y anticipada del acto negocial.
Con Resolución No. 1580 el ente territorial dispuso la liquidación unilateral del contrato de obra, confirmado en reposición mediante Resolución No. 134 de 20 de enero de 2014, en la cual se reconoció el rubro de diseños en favor del contratista denegándose el reconocimiento de perjuicios y demás gastos.
1.1.2. ANTECEDENTES NO DESCRITOS EN LA DEMANDA
Como circunstancias que no fueron informadas en el petitum, se evidenció previo agotamiento de acción popular, que el proceso de licitación adoleció de irregularidades en cuanto a los requisitos previos de carácter técnico y financiero para adelantar la obra.
Los cargos radicaron fundamentalmente: i) en el hecho de que los predios destinados para la construcción de infraestructura no habían sido declarados de utilidad pública; ii) la necesidad de modificación del POT para cambiar la destinación del parque Santander y el parque La Esperanza, donde recaería la obra; iii) la inexistencia de estudios previos para establecer la afectación colateral a los parques; iv) ausencia de permiso por parte del Ministerio de Cultura para intervenir el parque Santander; v) afectación al derecho a la recreación por recaer la construcción sobre parques públicos; y vi) falta de estudios para establecer la idoneidad del suelo.
Dentro de la acción popular se estableció que la autoridad municipal y la contratista conocían de estas falencias, hechas manifiestas por la comunidad en la audiencia de adjudicación, sobre las cuales hicieron caso omiso.
Corolario del amparo constitucional deprecado, se dispuso en primera medida la suspensión de la ejecución como cautela previa a resolver de fondo, y mediante sentencia de primera instancia proferida el 7 de septiembre de 2012 se accedió a lo pretendido por el actor popular, considerando que al modificarse la destinación de los predios que se verían afectados sin contar con el Acuerdo municipal que autorizara este cambio, se transgredieron los derechos colectivos el patrimonio y uso del espacio público; en tal consideración se ordenó dejar sin efectos el contrato mismo y los actos precontractuales.
El Tribunal Administrativo de Boyacá en segunda instancia precisó que el juez constitucional no ostenta facultad para anular el negocio jurídico, pero confirmó en mayor parte la decisión el a quo, modificando las órdenes impartidas para, en su lugar, disponer la suspensión del contrato y sus adiciones para que la administración municipal agotara el trámite ante el Concejo Municipal de Tunja en aras de obtener su autorización para modificar el uso de los parques que se verían afectados con la obra; en caso de no acogerse la petición del municipio, se dispuso que debería liquidar el acto negocial.
El proyecto de acuerdo promovido por la Alcaldía de Tunja fue archivado por el Concejo Municipal el 13 de julio de 2013 por voto mayoritario en contra, decisión adversa que habría motivado la expedición de los actos mediante los cuales el ente territorial impartió terminación anticipada y liquidó unilateralmente el convenio.
1.1.3. PRETENSIONES DEL EXTREMO ACTOR
Conforme quedaron plasmadas en la subsanación, las peticiones de la parte actora radican en la declaratoria de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se dispuso la terminación unilateral y anticipada del contrato, así como la resolución de liquidación unilateral; en consecuencia, se solicitó a título de restablecimiento la liquidación judicial del contrato, como base para ordenar al Municipio el pago de las erogaciones no reconocidas en el acto de liquidación administrativa: i) gastos de publicación del convenio, ii) póliza de garantía, iii) costos de personal y arrendamientos, iv) utilidad dejada de percibir, v) stand bye de equipos y maquinaria, vi) costo por capacidad de contratación disponible y no utilizada.
En forma independiente se solicitó el reconocimiento y pago de perjuicios causados a la contratista, los cuales sin embargo no fueron individualizados ni discriminados en sus conceptos ni cuantías.
1.2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
El ente territorial rindió contestación ante el petitum, oponiéndose en su integridad a lo solicitado, sustentando su defensa primordialmente en la fuerza vinculante de la sentencia expedida por el Juzgado Segundo Administrativo de Tunja, confirmada por el Tribunal Administrativo de Tunja el 24 de mayo de 2013, dentro de la acción popular 2011-009.
Precisó que estos fallos, amén de la declaratoria de vulneración a los derechos colectivos al patrimonio y espacio público, dispusieron suspender el contrato de obra No. 423 de 2010 y sus adiciones, en orden al agotamiento del procedimiento pertinente para que el Concejo Municipal de Tunja resolviera sobre la requerida modificación en la destinación de los suelos a afectar (parques), y que de no autorizarse, debería proceder con la terminación y liquidación del contrato.
Como medios exceptivos esgrimió la legalidad de los actos administrativos, fundados en la orden legítima de autoridad judicial; cobro de lo no debido, habida cuenta que el contrato estuvo suspendido durante casi toda su vigencia por imposibilidad material de su ejecución, y por tanto los sobrecostos por mayor permanencia y mano de obra quedaron bajo cuenta y riesgo del contratista; inexistencia del daño antijurídico, por inexistencia de prueba sobre el perjuicio reclamado.
1.3. ACTUACIÓN PROCESAL
En audiencia de pruebas efectuada el 7 de septiembre de 2017 se citó para sustentación al perito que rindió el dictamen técnico aportado por la demandante, en orden a probar el presunto daño reclamado; interrogado el experto por el Magistrado ponente sobre los soportes que sustentarían su concepto, se estableció lo siguiente:
No acudió a fuentes relativas a los pagos laborales y de seguridad social del personal contratado, ni constancia proveniente de contador público respecto a los gastos acarreados por este concepto, y en cuanto al alquiler de maquinarias indicó el perito que se remitió a las comunicaciones del contratista en que indicaba la disponibilidad y las imputaciones de este rubro en el libro de terceros.
La trascendencia de la valoración impartida a este insumo probatorio, radica en que fueron las conclusiones obtenidas de la ratificación del peritaje las que motivaron el rechazo de las pretensiones pecuniarias.
1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal fijó el litigio en la resolución de los siguientes problemas jurídicos:
“- Le corresponde a la Sala previo a resolver el fondo del asunto, determinar de oficio si el Contrato de Obra Pública No. 423 de 2010, celebrado entre el Municipio de Tunja y la Unión Temporal Sector 1, se encuentra viciado de nulidad absoluta por una posible violación a los principios que informan la actividad contractual del Estado, esto es, si la etapa previa a su celebración se adelantó con graves falencias; en caso de encontrarse que dicha nulidad resulta procedente, se examinará lo que corresponde a las restituciones mutuas. En caso de que no se advierta su causación, se determinará si los actos administrativos se encuentran viciados de ilegalidad.
- Determinar cuáles fueron las causas reales que llevaron a las partes a suspender temporalmente el contrato de obra No. 423 a través del Acta No. 2 de fecha 28 de diciembre de 2010.
- Establecer si ante la existencia de la orden judicial contenida en el fallo de la acción popular No.2011-009 que le ordenaba a la Administración como contratante adelantar el trámite para que el Concejo municipal de Tunja acogiera o no el cambio de destinación de bienes de uso público, esta se encontraba en la facultad de dar por terminado de manera anticipada dicho negocio jurídico, procediendo en consecuencia a su liquidación unilateral.
- Finalmente, se deberá establecer si como consecuencia de la terminación anticipada y posterior liquidación unilateral del contrato de obra No. 423 de 2010 por parte del municipio de Tunja, se le pudo ocasionar al contratista los perjuicios que este alega en la demanda, determinando con precisión la verdadera causa de los mismos”.
En sentencia del 8 de octubre de 2019 la Magistratura denegó lo peticionado por la unión temporal contratista, y en su lugar declaró de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra No. 423 de 2010 y sus adiciones, al concluir que el negocio jurídico se celebró con violación al principio de planeación.
Estimando que las falencias por parte de la administración municipal, en torno a la valoración previa y gestión de autorizaciones por parte de las autoridades del ente territorial para la modificación de destinación de los predios afectados por el trazo de la obra, implica incursión del acto negocial en objeto ilícito, causal de nulidad absoluta por inobservancia del derecho público, al tenor de lo estatuido en el artículo

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ó de sustento para que una providencia del Consejo de Estado afirmara que “la elusión de este mandato comporta[ba] una transgresión al orden legal que conducía a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto”. Esto es, en esa ocasión se concluyó que el incumplimiento de la planeación contractual configuraba la causal de nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito. No obstante, debe tenerse en cuenta que la posición enarbolada en la referida providencia (que sirvió de fundamento a la Sentencia de primera instancia) fue pronto morigerada y abandonada, resultado de una sentencia de tutela en la cual, esta misma Corporación concluyó que existía una “interpretación errónea del principio […] cuando se dice que su inobservancia es, indefectiblemente, causal de nulidad absoluta del contrato, por objeto ilícito”. La tutela, tras retomar la importancia capital del principio de planeación y de reafirmar que es un mandato “inherente a la actividad administrativa contractual y de ineludible acatamiento”, dejó sin efectos una providencia en la que se habían retomado los argumentos expuestos en la Sentencia de 24 de abril 2013, y ordenó a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado decidir nuevamente el caso, bajo el entendido de que el desconocimiento del principio de planeación no genera nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito.
(…).
[E]l demandante pretendió, precisamente, que se declarara la nulidad absoluta del contrato por la inobservancia del principio de planeación; pretensión principal frente a la que se advierte que la ilicitud del objeto contractual no se configura por la no atención de este principio, tal y como lo resolvió el Consejo de Estado en la referida Sentencia de 21 de agosto de 2014. En ese sentido, la inobservancia del principio de planeación no es una causal de nulidad de los contratos estatales porque la ley no lo estableció, comoquiera que es al legislador a quien le corresponde definir las causas que hacen nulo un negocio jurídico
En efecto, si se revisan los antecedentes que como realidad fáctica constituyen el objeto de la litis junto con las pruebas allegadas y decretadas, análisis éste que realizó el Tribunal Administrativo de Boyacá, se puede inferir que si bien es cierto en la celebración del contrato de obra pública No. No. 423 de 2010 celebrado entre el municipio de Tunja, y la Unión Temporal Sector 1 se pudo desconocer, prima facie, el principio de planeación, como quiera que parte de los predios por donde pasaría el trazado geométrico de la vía objeto del contrato de obra pública correspondían a parques públicos y que previamente a la apertura del proceso licitatorio debieron realizarse los trámites ante el consejo municipal para el cambio de su uso o su desafectación, lo cierto es que el Tribunal de Instancia debió realizar un análisis de la realidad fáctica a la luz de las pruebas aportadas en el sentido de determinar claramente que quien estructuró los pliegos de la licitación y el contrato proyectado, fue la administración municipal licitante, a quien le correspondía en virtud del principio de planeación haber desafectado los predios que como parques públicos harán parte del trazado de la vía, lo cual no hizo previamente a la apertura del proceso licitatorio, involucrando con ello su responsabilidad precontractual, así como su responsabilidad en la imposibilidad en la ejecución del contrato de obra pública celebrado, lo que conllevaría a que se declarara su incumplimiento con las consecuencias patrimoniales que de ello se derivarían, conforme a las pretensiones de la demanda.
Lo anterior conlleva a que el Tribunal Administrativo Boyacá a través de la sentencia del 08 de octubre de 2019 apelada, debió con fundamento en la nueva línea jurisprudencial de la Sección Tercera de Consejo de Estado -“Ratio Decidendi”- iniciada con la Sentencia del ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), abstenerse de declarar la nulidad del contrato de obra pública, y proceder a conocer a fondo y pronunciarse, a la luz de las pruebas obrantes en el proceso, sobre las pretensiones declarativas e indemnizatorias que se configuraron por los daños y perjuicios que por incumplimiento contractual y desequilibrio económico alegó el demandante Unión Temporal Sector 1 se le ocasionaron durante la ejecución del contrato de obra pública No. No. 423 de 2010, y determinar en tal sentido si accedía o negaba las pretensiones de la demanda, así como si prosperaban o no las excepciones de mérito propuestas por la entidad pública demandada Municipio de Tunja.
Es claro entonces para esta Agencia del Ministerio Público que el Tribunal Administrativo Boyacá en su Sentencia del 08 de Octubre de 2019, debió aplicar la “Ratio Decidendi” de las Sentencias constitutivas de la nueva línea jurisprudencial la Sección Tercera del Consejo de Estado iniciada a partir del 08 de septiembre de 2021, lo cual omitió, por lo que el fallo apelado incurrió en la modalidad de defectos fáctico y sustantivo, no sólo por la no aplicación del precedente judicial obligatorio sino por la ausencia o indebida valoración probatoria conforme a las pretensiones de la demanda
RESPUESTA AL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO
La respuesta al problema jurídico planteado en el punto 2.2. de este concepto se resuelve de la siguiente manera:
La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá del 08 de octubre de 2019, por medio de la cual se declaró la nulidad absoluta del Contrato de Obra Pública No. 423 de 2010, desconoció la ratio decidendi del precedente jurisprudencial establecido por la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante Sentencia de ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que estableció la regla según la cual el desconocimiento del principio de planeación no genera la nulidad absoluta del contrato estatal.
5. CONCLUSIÓN
En virtud de lo expuesto, y salvo mejor consideración del Honorable Consejo de Estado, esta agente del Ministerio Público considera que la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo Boyacá del 08 de Octubre de 2019, por medio de la cual se declaró la nulidad absoluta del Contrato de Obra Pública No. 423 de 2010 y se negaron las pretensiones de la demanda, debe ser revocada por desconocimiento del precedente judicial – ratio decidendi- establecido en la Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), que estableció la regla según la cual el desconocimiento del principio de planeación no genera la nulidad absoluta del contrato estatal; y en su lugar se debe proceder, con fundamento a las pruebas allegadas al proceso, a estudiar de fondo las pretensiones de la demanda por desequilibrio económico para efectos de determinar si se acogen o desestiman.
Del H. Magistrado,
PAOLA GARCÍA ARISTIZÁBAL
Procuradora Delegada con Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa (con asignación temporal de funciones)
FPinzón

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO. 2024-05-16. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202412061200560.DOCX).
