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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: la parte demandante siguió cumpliendo con el mismo, pues la entidad no había celebrado contrato con otra contratista

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Fecha
2023-09-08
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202402161509470.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: la parte demandante siguió cumpliendo con el mismo, pues la entidad no había celebrado contrato con otra contratista

En resumen

CONTRATO ESTATAL-Eventos o hipótesis excepcionales de interpretación restrictiva en los cuales se presenta enriquecimiento sin causa fuera del marco de un contrato estatal, según sentencia del Consejo de Estado DEMANDADO: Nación – Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla El iter precontractual, es indicativo de que el particular no participo activa y deliberadamente en la elusión normativa de las reglas que disciplinan el contrato estatal, pues como se acotó, actuó bajo la creencia de que debía continuar el suministro de alimentos preparados, en tanto ninguna objeción le fue planteada sobre el particular, razón por la cual cabe afirmar que las inequívocas ordenaciones de la entidad territorial frente a los requerimientos de los servicios necesitados, tuvieron la capacidad de comprometer la voluntad de quien aspiraba a continuar como contratista, al punto que se dispuso a cumplir el servicio que le fue solicitado.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Ley 1437 de 2011
  • Constitución Política

Puntos que trata

  • Reparación directa: Responsabilidad administrativa por perjuicios materiales y morales por falta de contratación del servicio de suministro de alimentación, ocasionando esto que el Distrito de Barranquilla no haya pagado lo que se adeuda por estos conceptos
  • Responsabilidad extracontractual del estado: Tiene su fundamento en el art. 90 de la Constitución Política
  • Responsabilidad del estado: Elementos para que se de esta según regulación legal
  • Daño: Para que sea indemnizable debe reunir ciertos requisitos

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Texto del documento 60.720 caracteres
REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad administrativa por perjuicios materiales y morales por falta de contratación del servicio de suministro de alimentación, ocasionando esto que el Distrito de Barranquilla no haya pagado lo que se adeuda por estos conceptos RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Tiene su fundamento en el art. 90 de la Constitución Política RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Elementos para que se de esta según regulación legal DAÑO-Para que sea indemnizable debe reunir ciertos requisitos El daño es considerado el elemento principal sobre el cual gira la responsabilidad civil en Colombia, pues su fundamento es la reparación de aquel y el límite a la reparación es el mismo daño, pues no se puede reparar ni más ni menos de su real entidad - Principio de Reparación Integral. El daño, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien, o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura. DAÑO ANTIJURÍDICO-Definición según jurisprudencia nacional NEXO CAUSAL-Definición Este elemento de la responsabilidad va ligado a la vinculación entre la causa y el efecto. De esta manera, “se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado”. Se trata entonces, de un puente entre la actuación o la omisión de la administración pública y el daño que se llega a cometer dentro de este ejercicio administrativo. La existencia de una relación de causalidad o nexo causal entre la actividad de un sujeto (activa u omisiva) y el resultado dañoso ha constituido tradicionalmente una exigencia ineludible para el nacimiento de la responsabilidad civil, es decir, un requisito imprescindible para la viabilidad de la pretensión indemnizatoria. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Imputación de esta según sentencia del Consejo de Estado CONTRATO ESTATAL-Ejecución de prestación sin este ACTIO IN REM VERSO-Eventos en los que procede PRUEBAS OBRANTES-No acreditaron el daño antijurídico Esta Delegada del Ministerio Público sugiere respetuosamente al Honorable Consejo de Estado REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 16 de octubre del 2020, pues con el material probatorio obrante se pudo determinar que no se acreditó el daño antijurídico alegado por la parte demandante, pues el hecho que la Sociedad demandante hubiera continuado prestando el servicio de alimentos fuera del contrato de suministro, no le genera ninguna responsabilidad a la administración y en ese orden, no se dan los elementos jurisprudenciales necesarios para la procedencia de la actio de in rem verso. CONTRATO ESTATAL-Eventos o hipótesis excepcionales de interpretación restrictiva en los cuales se presenta enriquecimiento sin causa fuera del marco de un contrato estatal, según sentencia del Consejo de Estado ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-No se dan presupuestos para la declaratoria del mismo en el sub lite En ese sentido, debemos afirmar que en el asunto en estudio no se configuró ninguno de los eventos excepcionales señalados por la jurisprudencia para la declaratoria del enriquecimiento sin causa, pues si bien la parte demandante hace referencia a unas peticiones verbales por parte de la administración, estas no fueron acreditadas, por lo que no puede afirmarse que se prestó el servicio porque la administración así lo haya direccionado, sino que por el contrario, al no existir solicitud hecha por parte de la administración debe señalarse que fue la sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S. la que a mutuo propio decidió continuar con el suministro de alimento, es decir, por su propia voluntad siguió ejecutando el contrato ya finalizado, por eso no puede ahora venir a reclamar un enriquecimiento sin causa por cuanto no existen dentro del plenario documentos probatorios en los cuales se pueda evidenciar la intención de la administración en continuar con la ejecución del contrato de suministro fuera del término de vencimiento, que era el 31 de diciembre de 2015. SENTENCIA-Se debe revocar al no haberse acreditado el daño antijurídico alegado por demandante/ACTIO IN REM VERSO-No procedió en el sub exámine Esta Delegada del Ministerio Público sugiere respetuosamente al Honorable Consejo de Estado REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 16 de octubre del 2020, pues con el material probatorio obrante se pudo determinar que no se acreditó el daño antijurídico alegado por la parte demandante, pues el hecho que la Sociedad demandante hubiera continuado prestando el servicio de alimentos fuera del contrato de suministro, no le genera ninguna responsabilidad a la administración y en ese orden, no se dan los elementos jurisprudenciales necesarios para la procedencia de la actio de in rem verso. CONCEPTO No. 093 / 2023 Bogotá, D.C. 8 de septiembre de 2023 SEÑORES CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera Ponente Doctora [NOMBRE TACHADO] E. S. D. EXPEDIENTE: 08001233300020160131201 (69696) ACCIÓN: Reparación Directa ACTOR: Estrada Navarro S.A.S. DEMANDADO: Nación – Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida // No se acreditó el daño antijurídico alegado por la parte demandante // No se configuró ninguno de los eventos excepcionales señalados por la jurisprudencia para la declaratoria de enriquecimiento sin causa//. Los servicios prestados por la parte demandante a la administración fuera del contrato no tuvieron ningún sustento válido //. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda. La sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S., a través de apoderado interpuso demanda en acción de reparación directa contra el DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, con el fin de que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: Primero: Declarar al DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA es administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales ocasionados a los accionantes, por la falta de contratación respecto del servicio de suministro de alimentación que se le proveyó, lo que ha ocasionado que el DISTRITO no haya pagado lo que se adeuda por esos conceptos. Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración condenar al DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA a pagar a favor de los actores la suma de $2.422.959.674, o lo que resulte probado. Tercera: La condena será actualizada de conformidad con lo previsto en el art. 178 del C.C.A. Teniendo en cuenta que a pesar de que desde el 1º de diciembre de 2015 hasta el 8 de marzo de 2016 no hubo contrato entre las partes, la parte demandante siguió cumpliendo con el mismo, pues la entidad no había celebrado contrato con otra contratista. Se basó en los siguientes hechos: 1. La Sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S., prestó servicios de suministro de raciones diarias de alimentos consistentes en desayunos, almuerzos y comidas a los internos de los diferentes Centros Penitenciarios de Barranquilla, habiendo celebrado contratos- de suministro de alimentación con EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, durante la vigencia del año 2015, así: Contrato No 012015-003245 de fecha 23 de junio del año 2015 cuyo objeto era el suministro de raciones de alimentos preparados consistentes en desayunos, almuerzos y comidas para el personal recluido en los Centros de Rehabilitación Masculino El Bosque y Centro de Rehabilitación Femenino El Buen Pastor internos e internas de los Centros Penitenciarios de Distrito de Barranquilla; por valor de (1.500.000.000.00) M/L. Documento de Otro SI No 1 de Adición al contrato de suministro No 012015-003245 de fecha 5 de noviembre del año 2015 el cual tenía como fecha de terminación el 30 de noviembre del 2015, o hasta el agotamiento de los recursos; por valor de (750.000.000.00) M/ Documento contentivo de Otro SI No 2 Aclaratorio al contrato de suministro No 012015-003245 del 09 de diciembre del año 2015. 2. Pese a lo anterior hubo un espacio de tiempo, esto fue a partir del 1° de diciembre del año 2015 hasta el 8 de marzo de 2016; en el cual no hubo contrato entre las partes, pero atendiendo que el objeto del contrato trata de necesidades de orden público, de carácter impostergables y de primer orden; como es el servicio de alimentación diaria, en sus tres horarios; es decir, desayuno, almuerzo y cena, por lo que la SOCIEDAD ESTRADA NAVARRO S.A.S. se vio avocada a suministrar esos alimentos aún sin contrato. 3. Durante el tiempo que la mencionada sociedad suministró alimentos sin contrato, el ente demandado no había celebrado contrato con ninguna otra entidad, tal y como lo demuestra el proceso de licitación llevado a cabo por EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, con el objeto de resolver lo concerniente a la contratación de suministro de alimentos a los internos de los establecimientos penitenciarios mencionados, a este proceso se le asignó el número LP-002-2015, fecha de apertura del proceso 16 de abril del año 2015, fecha de cierre del proceso 11 de mayo de 2015, entidad a la cual se le adjudicó el contrato a ESTRADA NAVARRO S.A.S., fecha de firma del contrato 23 de junio del año 2015, y la ejecución de este contrato se inició el 23 de junio del año 2015. 4. Además la Sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S. recibió peticiones verbales por parte del DISTRITO DE BARRANQUILLA; solicitando diferentes servicios alimentarios. 5. Que el valor de los servicios prestados entre el 1º de diciembre de 2015 hasta el 8 de marzo de 2016; fue por valor de (1.523.379.250.00) M/L. de lo cual se encuentran actas de entrega de Alimentos recibidas por la demandada. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del 16 de octubre del 2020 declaró que existió un enriquecimiento sin justa causa, en beneficio del patrimonio del DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y en detrimento de la Sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S., por lo que condenó al ente territorial a reconocer y pagar a la parte demandante, la suma de $1.522.929.250.00, a título de compensación por el servicio de suministro de alimentación a los internos de los centros de rehabilitación del Distrito de Barranquilla, durante los meses de diciembre de 2015 y enero, febrero hasta el 8 de marzo de 2016, suma de dinero que deberá indexarse, por último negó las demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Señaló que con los documentos aportados de puede afirmar que la obligación que se reclama esta llamada a prosperar, pues está demostrado a satisfacción la efectiva prestación del servicio por parte de la sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S., pese al vencimiento del contrato inicialmente pactado, dada la necesidad de continuar el servicio relativo a la preparación y suministro de alimentos a los internos de los 2 centros de reclusión en la ciudad de Barranquilla. Agrega que de haberse interrumpido la continuidad del servicio por la empresa, seguramente se hubiera generado un detrimento mayor a la entidad territorial, potenciándose un peligro en el desarrollo de sus cometidos, además de arriesgarse la salud y la vida de los reclusos, circunstancias que encuadran dentro de los excepcionales supuestos establecidos por el órgano máximo de lo contencioso administrativo, para el reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa, sumado a la solicitud expresa del director de los centros penitenciarios. Los eventos o las excepciones en los que se posibilita remunerar el enriquecimiento sin causa, pese a la falta de contrato con las formalidades legales, son: Cuando se acredite que fue la administración sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad constriñó o impuso al particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera de un marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal. En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del - legislador no - esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993. En estas eventualidades, pese a la ausencia de contrato escrito, si se prestó el servicio, entregó el bien o la obra, resulta posible reconocer el pago que corresponda a esas actividades, pues en tales supuestos devendría injustificado que una parte se enriquezca y la otra se empobrezca, teniendo en cuenta que en esos precisos supuestos se autoriza pagar a quien ha desconocido las exigencias legales; empero, por razones que implican ponderación de valores. Que en ese orden, la buena fe objetiva, a la cual alude la jurisprudencia, se advierte satisfecha, pues la administración consintió la continuidad del suministro por un periodo considerable de tiempo, cuando conocía el agotamiento de los recursos debido a la adición suscrita el 5 de noviembre de 2015, es decir, se prestó el servicio, porque la administración así lo direccionó, sin que se puede establecer que la sociedad a mutuo propio lo ejecutó, con el fin de eludir los mandatos imperativo de la ley, y en ese sentido el enriquecimiento de la entidad pública no deviene injustificado, sino que se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico. Por lo que afirma, que la Sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S. no actuó en contravía del ordenamiento jurídico, pues la administración permitió, sin ambages la prestación del servicio, y es claro que el contratista siguió las directrices de la entidad demandada. El iter precontractual, es indicativo de que el particular no participo activa y deliberadamente en la elusión normativa de las reglas que disciplinan el contrato estatal, pues como se acotó, actuó bajo la creencia de que debía continuar el suministro de alimentos preparados, en tanto ninguna objeción le fue planteada sobre el particular, razón por la cual cabe afirmar que las inequívocas ordenaciones de la entidad territorial frente a los requerimientos de los servicios necesitados, tuvieron la capacidad de comprometer la voluntad de quien aspiraba a continuar como contratista, al punto que se dispuso a cumplir el servicio que le fue solicitado. Por lo anterior, concluye la Sala que en el presente caso se demostró que la situación de la sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S., se adecúa al primer y segundo de los eventos excepcionales a la regla general que exige para el reconocimiento de prestaciones o gastos efectuados en favor de la administración, cuando no estén precedidos de un vínculo contractual, formalizado conforme a la Ley 80 de 1993. Cabe recordar que el enriquecimiento sin causa, en estos casos excepcionales, deberá ir acompañado de la regla, según la cual, el mismo es esencialmente compensatorio; por consiguiente, el demandante, de prosperarle sus prestaciones, sólo tendrá derecho al monto del enriquecimiento. En ese sentido, la prestación de reconocimiento compensatorio según se acreditó, equivale a $1.522.929.500, suma que deberá indexarse acorde con la fórmula establecida por la Sección 3ª del Consejo de Estado. En cuanto a los intereses moratorios solicitados, se pagarán solo en la forma prevista y en cuanto se reúnan los supuestos de hecho del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011. 1.3 Argumentos de la apelación - El apoderado de la entidad demandada Solicita al Ad Quem revocar la sentencia proferida por el Tribunal del Atlántico, el 16 de octubre del 2020 y en su lugar negar las pretensiones de la demanda. Para lo cual se basó en los siguientes argumentos: No comparte las apreciaciones hechas por el Tribunal de primera instancia, pues el fallador consideró que la buena fe objetiva se encuentra satisfecha en este asunto pues la administración consintió la continuidad del suministro por un periodo considerable de tiempo cuando conocía el agotamiento de los recursos debido a la adición suscrita el 5 de noviembre del 2015, es decir, que se prestó el servicio porque la administración así lo direccionó, sin que se haya acreditado que la sociedad a mutuo propio lo haya ejecutado por su propia voluntad. Además señala, que de las mismas pruebas se desprende que no existió ninguna actuación por parte de la entidad demandada que infiriera que la demandante debía continuar prestando dichos servicios, pues el oficio que se menciona en el expediente calendado 4 de diciembre de 2015 suscrito por el director del Centro de Rehabilitación Masculino El Bosque y el Centro de Rehabilitación Penitenciario Femenino Cárcel el Buen Pastor dirigido a la SOCIEDAD ESTRADA NAVARRO donde se le solicita a la demandante se siga suministrando los alimentos a los Centros de rehabilitación, no goza de validez ni debió servir de fundamento para que la sociedad demandante siguiera suministrando dichos alimentos sin el debido soporte contractual ya que en materia pública solo el ordenador del gasto y/o representante de la entidad territorial (alcalde) es quien tiene la potestad legal de ordenar los gastos de la entidad que representa siguiendo los procedimientos legales para tal fin. En ese orden de ideas el solo oficio de solicitud suscrito por los directores de los reclusorios ya mencionados no es motivo suficiente que demuestre la buena fe objetiva en la que se ampara el actor. Agregó que jurisprudencial y doctrinalmente la teoría del enriquecimiento sin causa parte de la concepción de justicia como el fundamento de las relaciones reguladas por el derecho, noción bajo la cual no se concibe un traslado patrimonial entre dos o más personas sin que exista una causa eficiente y justa para ello. Por lo tanto, el equilibrio patrimonial existente en una determinada relación jurídica debe afectarse - para que una persona se enriquezca, y otra se empobrezca - mediante una causa que se considere ajustada a derecho. Con base en lo anterior se advierte que, para la configuración del enriquecimiento sin causa resulta esencial no advertir una razón que justifique un traslado patrimonial, es decir, se debe percibir un enriquecimiento correlativo a un empobrecimiento sin que dicha situación tenga un sustento fáctico o jurídico que permita considerarla ajustada a derecho. Se advierte entonces que los elementos esenciales que configuran el enriquecimiento sin causa hacen referencia a: i) un aumento patrimonial a favor de una persona; ii) una disminución patrimonial en contra de otra persona, la cual es inversamente proporcional al incremento patrimonial del primero; y iii) la ausencia de una causa que justifique las dos primeras situaciones. No puede perderse de vista que en los casos de contratos celebrados con la administración pública, el ordenamiento jurídico ha previsto la misma protección que tiene cualquier negocio jurídico particular, más las normas específicas que buscan la satisfacción y protección del servicio y patrimonio públicos, razón por la cual en el presente caso carece de la acción de in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho y en ese sentido debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia. A manera de ejemplo, se citarán las normas de la Ley 80 de 1993 que establecen claramente algunos de los requisitos de existencia de un contrato estatal: “Artículo 39. De la Forma del Contrato Estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales. (…) ARTÍCULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto...” (…) Señala que las solemnidades requeridas para la existencia del contrato administrativo, son una garantía que cubre intereses públicos y particulares, pues con ellas se garantizan la transparencia en el manejo de los recursos públicos, pues se definen claramente las necesidades públicas por satisfacer, y, entre otras más, se garantiza a los prestadores de bienes y servicios de la administración, los deberes y derechos que nacen de dicha prestación; se advierte al comparar lo anterior con el fundamento del enriquecimiento sin causa, que el estado evolutivo de las relaciones jurídicamente relevantes entabladas con la administración pública, si bien prevé posibles injustos desequilibrios patrimoniales, ofrece diversas formas de evitar y remediar estas situaciones, sin acudir a la teoría del enriquecimiento sin causa. Que si bien en el presente asunto se demostró la prestación del suministro de alimentos, la misma no estuvo precedida de una causa eficiente (contrato estatal) dicha ausencia partió de un desconocimiento deliberado por las partes, de normas de derecho público, como las que hacen del contrato estatal un acto solemne. Se debe recordar que si bien la Ley 80 de 1993 permite la realización de contratos sin formalidades plenas (Art. 39), dicha posibilidad se encuentra sujeta a la ocurrencia de condiciones referentes al valor contratado y a que el representante legal de la entidad contratante así lo requiera, situaciones que no fueron demostradas en el proceso. Además, la ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento, la sociedad ESTRADA NAVARRO ya había celebrado un contrato con la demandada, en el cual se reconocieron muchas de las normas inherentes a la contratación administrativa, que fueron obviadas al momento de aceptar prestar un servicio sin que existiera un contrato administrativo de por medio o que se hubiera configurado algunas de las causales para realizar un contrato sin el lleno de las formalidades ordinarias. Si se invoca la buena fe para justificar la procedencia de la actio de in rem verso en los casos en que se han ejecutado obras o prestado servicios al margen de una relación contractual, como lo hace la tesis intermedia, tal justificación se derrumba con sólo percatarse de que la buena fe que debe guiar y que debe campear en todo el iter contractual, es decir antes, durante y después del contrato, es la buena fe objetiva y no la subjetiva. El principio de la buena fe objetiva implica la sujeción a todos los principios y valores propios del ordenamiento jurídico, el cual tiene sus fundamentos en un régimen jurídico que no es estrictamente positivo, principios y valores que persiguen preservar el interés general, los recursos públicos, el sistema democrático y participativo, la libertad de empresa y la iniciativa privada mediante la observancia de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, entre otros, de tal manera que todo se traduzca en seguridad jurídica para los asociados. (…) la creencia o convicción de estar actuando conforme lo dispone el ordenamiento jurídico en manera alguna enerva los mandatos imperativos de la ley para edificar una justificación para su elusión y mucho menos cuando la misma ley dispone que un error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que, no admite prueba en contrario. En ese sentido, señala que la actio de in rem verso no puede ser utilizada para reclamar el pago de obras o servicios que se hayan ejecutado en favor de la administración sin contrato alguno o al margen de éste, eludiendo así el mandato imperativo de la ley que prevé que el contrato estatal es solemne porque debe celebrarse por escrito, y por supuesto agotando previamente los procedimientos señalados por el legislador. Que en el caso bajo examen no se enmarcaría en ninguna de las tres causas excepcionales en los que procedería el enriquecimiento sin causa, teniendo en cuenta que el sustento de las pretensiones está precisamente en que se prestaron servicios sin contrato alguno o inobservando los mandatos imperativos de la ley razón por la cual la transgresión de ésta no puede traerse como causa para reclamar. Contrario a lo manifestado en el fallo referido no aparece probanza alguna que enseñe que la administración constriñó o impuso al contratista la ejecución de esas obras adicionales para que ahora con fundamento en esto pueda admitirse el enriquecimiento sin causa por quedar comprendida la situación dentro de ese caso excepcional. Tampoco aparece rastro probatorio alguno que indique que se trata de aquellos otros dos casos de excepción en los que está envuelta la protección al derecho a la salud o la urgencia manifiesta con las condiciones que esta providencia exige. 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos. ¿La ejecución de los suministros adicionales prestados por la sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S., al DISTRITO DE BARRANQUILLA, fuera del plazo establecido dentro del contrato de suministro No. 012015003245 celebrado el 23 de junio de 2015, encuadra dentro de alguno de los eventos o hipótesis señaladas por la jurisprudencia del Consejo de Estado como excepcionales para tramitar la actio in rem verso? ¿En caso de que la respuesta al interrogante anterior sea positiva, el DISTRITO DE BARRANQUILLA está obligado al pago de los servicios prestados por la sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S. fuera del término pactado dentro del contrato de suministro No. 012015003245? 2.2. Marco teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado 2.2.1.1. Conceptualización La responsabilidad extracontractual del Estado está determinada en la medida que se establezca que este es responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, los cuales deben ser causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, responsabilidad que encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado. Así mismo el Consejo de Estado, en pronunciamientos recientes ha explicado que “los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado”. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.1.2. Elementos de la Responsabilidad 2.2.1.2.1. El Daño El daño es considerado el elemento principal sobre el cual gira la responsabilidad civil en Colombia, pues su fundamento es la reparación de aquel y el límite a la reparación es el mismo daño, pues no se puede reparar ni más ni menos de su real entidad - Principio de Reparación Integral. El daño, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien, o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura. Ahora bien, a pesar de que el artículo 90 de la Constitución establece que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, no existe en la legislación definición alguna del daño antijurídico. No obstante, la jurisprudencia nacional ha definido tal concepto como, aquel que se produce a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación” 2.2.1.2.2. El Nexo causal Este elemento de la responsabilidad va ligado a la vinculación entre la causa y el efecto. De esta manera, “se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado”. Se trata entonces, de un puente entre la actuación o la omisión de la administración pública y el daño que se llega a cometer dentro de este ejercicio administrativo. La existencia de una relación de causalidad o nexo causal entre la actividad de un sujeto (activa u omisiva) y el resultado dañoso ha constituido tradicionalmente una exigencia ineludible para el nacimiento de la responsabilidad civil, es decir, un requisito imprescindible para la viabilidad de la pretensión indemnizatoria. 2.2.1.2.3. La imputación Este requisito de la responsabilidad extracontractual del Estado se establece una vez se confirma o prueba la existencia del nexo causal, como lo manifiesta García De Enterría (2003): “la imputación de responsabilidad, en cuanto fenómeno jurídico, se produce automáticamente una vez que se prueba la relación de causalidad existente entre la actividad del sujeto productor del daño y el perjuicio producido”. De esta forma, la imputación procede como esa forma de asignarle la responsabilidad a quien realizó la conducta generadora del daño. Ante lo cual el Consejo de Estado en sentencia No. 19976 del 2011, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, manifestó: (…) todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas…” 2.2.2. Consideraciones jurisprudenciales aplicables al caso Bajo esa premisa legal, debe señalarse que el Consejo de Estado en sentencia reciente estableció en un caso similar, los requisitos para la procedencia de la actio in rem verso. 2.2.2.1. CONTRATACIÓN ESTATAL / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FORMALIDADES PLENAS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESCRITO / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN SIN CONTRATO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / EVENTOS DE PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO [S]e debe recordar que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterativa en señalar que la solemnidad a la que están sometidos algunos contratos estatales, consistente en que deban constar por escrito, es un condicionamiento que impone deberes para ambas partes de la relación contractual, derivado, entre otros, de los mandatos de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. (…) Se debe retener, entonces, que, tanto en los contratos estatales sometidos al Estatuto Contractual como en aquellos exceptuados que estén sometidos a la solemnidad de constar por escrito, no se puede pretender desconocer este requisito so pretexto de que se reconozcan y paguen servicios con base en un soporte contractual inexistente, consideración que, en todo caso, no es óbice para que se pueda adelantar un juicio de cara al principio que prohíbe que se produzca un enriquecimiento sin causa (…). En la misma decisión se contempló lo relacionado a los elementos que deben configurarse para la procedencia de la actio in rem verso y el objeto de esta. EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN SIN CONTRATO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / COMPENSACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / EVENTOS DE PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACTIO IN REM VERSO / REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO / OBJETO DE LA ACTIO IN REM VERSO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA La mayor aplicación que ha tenido el principio relativo a la prohibición del enriquecimiento sin justa causa en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ha dado de la mano de ejecuciones materiales sin que exista un adecuado respaldo en un contrato estatal debidamente celebrado. Se ha concluido que, en algunos casos excepcionales, se puede perseguir una declaratoria de enriquecimiento sin causa, como ocurre en eventos en los cuales el afectado, a solicitud de la entidad, ejecutó prestaciones a su favor luego de que esta le adjudicara un contrato, pero antes de su celebración, o como cuando un contratista ha ejecutado obras por fuera o más allá del objeto contractual con el visto bueno de la entidad contratante, o por la ejecución de obras que han debido contar con un contrato adicional y éste no se perfeccionó. (…) Tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado ha establecido los requisitos para que tenga lugar este principio general del derecho. De esta manera, para que proceda la declaratoria de enriquecimiento sin causa es necesario que se presente: 1) un enriquecimiento, esto es, una ventaja patrimonial, 2) un correlativo empobrecimiento, 3) la ausencia de una causa que justifique el desequilibrio patrimonial, 4) que el afectado no cuente con otra acción, consideraciones a las que se suma el que con su configuración 5) no se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley. Señala además la jurisprudencia que debe estar claro que la parte actora no debe tener otra acción para encauzar su pretensión de rectificar este desequilibrio patrimonial injustificado, ya que la acción contractual no podía constituir un medio de control válido ante la inexistencia de un contrato que respaldara las ejecuciones materiales que excedieron el amparo contractual y presupuestal. MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD / CONTRATO DE SERVICIO DE SALUD / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / CAPRECOM / EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN SIN CONTRATO / / AUSENCIA DE FORMALIDADES PLENAS DEL CONTRATO ESTATAL / / CONTRATO ESCRITO / / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / COMPENSACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA En lo que toca a los servicios que habían sido prestados por fuera del amparo contractual, (…) esta Sala encuentra que están dadas las condiciones indispensables para la configuración del enriquecimiento sin causa, habida consideración de que, como primera medida, se acreditó que se prestaron servicios (…) que se derivaron de ejecuciones que excedieron lo presupuestado en el contrato (…), así como (…) originado en servicios que excedieron el amparo contractual del contrato (…). Para la Sala las respectivas certificaciones del subdirector de la EPS, en las que dejó constancia de los servicios suministrados fuera del respaldo contractual, así como la referida declaración juramentada sobre la prestación de dichos servicios por parte del mismo subdirector, permiten acreditar, suficientemente, la prestación efectiva de los servicios reclamados. Justamente, se debe tener presente que las certificaciones aludidas nunca fueron objetadas por la entidad demandada, quien, por el contrario, en cada una de las oportunidades procesales respectivas (…), siempre reconoció, durante el desarrollo de todo el proceso, que se habían prestado servicios sin el respaldo contractual ni presupuestal, al tiempo que entendía que no existía un fundamento legal que le permitiera realizar los pagos reclamados. (…) Una vez acreditada la materialización de los servicios suministrados, se observa que con su prestación el patrimonio de CAPRECOM se enriqueció, al tiempo que el patrimonio del Consorcio demandante sufrió un correlativo empobrecimiento, sin una causa que justificara este desequilibrio patrimonial. Se observa, además, que la parte actora no tenía otra acción para encauzar su pretensión de rectificar este desequilibrio patrimonial injustificado, ya que la acción contractual no podía constituir un medio de control válido ante la inexistencia de un contrato que respaldara las ejecuciones materiales que excedieron el amparo contractual y presupuestal respectivo. (…) Finalmente, en lo (…) relativo a la prohibición de soslayar una norma imperativa con la configuración del enriquecimiento sin causa, se observa que, en este caso particular, a pesar del requisito de que los contratos de la entidad demandada constaran por escrito, como resultado de la autolimitación a la autonomía negocial impuesta por la propia entidad, las ejecuciones materiales del contrato, que excedieron el respaldo contractual y el amparo presupuestal, deberán ser reconocidos para corregir el enriquecimiento injustificado en el patrimonio de la entidad demandada, en especial cuando dichas ejecuciones materiales tuvieron como objeto evitar la parálisis en la prestación de un servicio asociado a un derecho fundamental como es la salud. (…) Sobre el valor que será reconocido se deberá realizar la respectiva actualización monetaria, la cual se efectuará en consideración al mes respectivo en el que se prestaron los servicios que generaron el correlativo empobrecimiento (…). Por último, el Consejo de Estado en sentencia de mayo del 2019 señaló los eventos en los que excepcionalmente procede la actio in rem verso en asuntos en los que se presenta un enriquecimiento sin causa fuera de un contrato estatal. 2.2.2.2. ACTIO IN REM VERSO - Pronunciamiento jurisprudencial / ACTIO IN REM VERSO - Eventos en los que procede / EXCEPCIONES DE LA ACTIO IN REM VERSO EN ASUNTOS EN LOS QUE SE PRESENTA UN ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA FUERA DEL MARCO DE UN CONTRATO ESTATAL - Hipótesis. Supuestos En sentencia de unificación, esta Corporación recalcó que la buena fe objetiva debe guiar a las partes antes, durante y después del contrato. Los contratantes tienen así el deber jurídico de acatar la exigencia legal del acuerdo previo y escrito sobre el objeto y la contraprestación, para el perfeccionamiento de un contrato estatal, sin que la ignorancia de la norma sea admisible como excusa para su inobservancia. No puede así utilizarse la actio in rem verso, para reclamar el pago de obras ejecutadas a favor de la Administración, sin contrato alguno o al margen de éste. (…) esta Sección admite la actio in rem verso, de forma excepcional, en asuntos en los que se presenta un enriquecimiento sin causa fuera del marco de un contrato estatal, siempre que se configure alguna de las siguientes hipótesis de interpretación restrictiva: “a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993”. 2.3. Las pruebas obrantes Dentro del material probatorio que obra en el expediente, destacamos las siguientes foliaturas, consideradas como pertinentes para el análisis del presente caso. Contrato de suministro No. 012015003245 del 23 de junio de 2015 celebrado entre el Distrito de Barranquilla y la Sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S. cuyo objeto fue “el suministro de alimentación para el personal recluido en los centros de Rehabilitación masculino El Bosque y Centro de Rehabilitación Femenino El Buen Pastor, por el valor de $1.500.000.00, según se lee en la cláusula 3ª, que los pagos se harán mensualmente de acuerdo a lo facturado, el plazo de ejecución será el 31 de diciembre de 2015 o hasta agotar los recursos según se lee en la Cláusula 6ª. En la Cláusula 22 se lee sobre la supervisión o Interventoría que la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, la cual será ejercida por el Distrito cuando no requiera conocimientos especializaos, supervisión será ejercida por el Secretario de Gobierno Distrital, quien deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y cumplir entre otras funciones ….” Adición No.1 al contrato de suministro No. 012015003245 suscrita el 5 de noviembre de 2015, a través de la cual se adicionó el valor del contrato en $750.000.000. Adición No. 2 al contrato de suministro No. 012015003245 suscrita el 9 de diciembre de 2015, a través de la cual se aclaró lo relativo a la inclusión del impuesto del IVA, por cuanto dicho impuesto no es aplicable a este tipo de contratos. Certificaciones expedidas por el director del Centro de Rehabilitación Masculino “cárcel el Bosque en las cuales se hizo constar que la sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S. suministró desayunos, almuerzos y cenas a los internos, durante los meses de diciembre de 2015; enero, febrero de 2016 hasta el 8 de marzo de 2016, por valores de $354.468.500, $354.836.500, $338.153.500 y $70.800.000, respectivamente. Remisiones de alimentos emanadas de la sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S. correspondiente a los meses de diciembre de 2015, enero, febrero y marzo de 2016, con destino al Centro de Rehabilitación Masculino “Cárcel del Bosque” las cuales cuentan con sello de recibido y firma del Comandante de Guardia de dicho centro. Remisiones de alimentos emanadas de la sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S. correspondiente a los meses de diciembre de 2015, enero, febrero y marzo de 2016, con destino al Centro de Rehabilitación Penitenciario Femenino “Cárcel del Buen Pastor” las cuales cuentan con sello de recibido y firma del Comandante de Guardia de dicho centro. Caso concreto. Antes de entrar en el estudio motivo de debate, esto es, si se configuró el daño alegado por la parte demandante por el no pago de los servicios prestados por la Sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S al MUNICIPIO DE BARRANQUILLA fuera del contrato de suministro, es necesario detenernos sobre los antecedentes que se presentaron previos a la prestación de dichos servicios. En ese orden tenemos que el 23 de junio de 2015 el MUNICIPIO DE BARRANQUILLA suscribió contrato de suministro con la Sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S, cuyo objeto era el suministro de alimentación para el personal recluido en los centros de Rehabilitación masculino El Bosque y Centro de Rehabilitación Femenino El Buen Pastor, por el valor de $1.500.000.00, el plazo establecido fue el 31 de diciembre de 2015 o hasta agotar los recursos. El 5 de noviembre del 2015 se suscribió la adición No.1 al contrato de suministro No. 012015003245, a través de la cual se adicionó el valor del contrato en $750.000.000, es decir por el 50% de su valor. Agotado el término del contrato de suministro, 31 de diciembre de 2015, la sociedad contratista continúo prestando el servicio de suministro de alimentos, a la entidad demandada hasta el 8 de marzo de 2016. Así mismo, debe tenerse de presente que en el presente caso se pretende la declaratoria de enriquecimiento sin causa, respecto del suministro de alimentos prestados por la sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S. a los internos de los Centros de Rehabilitación de Barranquilla, El Bosque y el Buen Pastor, durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2015 al 8 de marzo de 2016. Al respecto, considera procedente este despacho aclarar que de conformidad con las cláusulas establecidas en el contrato de suministro No. 012015003245 tenía como plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2015 o hasta agotar los recursos y que de acuerdo con la adición realizada el 5 de noviembre de 2015, mediante la cual se adicionó el valor del contrato en $750.000.000, quedando el valor del contrato en $2.250.000.000, documento en el cual en ninguna de las cláusulas allí establecidas, hacen referencia a la modificación en el plazo inicialmente pactado, es decir, se adicionó por el 50% de su valor original, sin embargo, y de manera inexplicable para el Ministerio Público, no se adicionó en tiempo. Razón por la cual no se entiende como la solicitud que se hace en el escrito de la demanda de los suministros de alimentos prestados y no remunerados, hacen referencia al periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2015 al 8 de marzo de 2016, pues el contrato de prestación de servicios, como ya se dijo, en su cláusula 6ª menciona que el plazo de ejecución del mismo va hasta el 31 de diciembre de 2015 o hasta agotar los recursos, recursos que fueron adicionados el 5 de noviembre de 2015, pero respecto el periodo de ejecución, al no existir cláusula que lo modifique, debe entenderse que seguía siendo hasta el 31 de diciembre de 2015, o hasta agotar los recursos, en cuyo caso, se entendería que los recursos adicionados se agotaron entre el 5 de noviembre fecha de la adición y el 30 de noviembre del 2015, pues desde el 1º de diciembre se está reclamando por enriquecimiento sin causa, pero el Ministerio Público no encuentra justificado el hecho de que si el presupuesto se adicionó en un 50% del valor del contrato inicialmente pactado para 6 meses, 7 días; esta adición solo hubiera alcanzado para 25 días, pues dentro del expediente no se encuentra acta o informe de la supervisión, en el que se aclaré dicha situación o a que se debió el agotamiento en tan corto tiempo del presupuesto adicionado. Análisis de los aspectos controversiales Ahora, en relación con los problemas jurídicos planteados, debemos señalar que el Consejo de Estado en sentencia del 3 de agosto del 2020, ya referenciada, estableció los requisitos para que tenga lugar el principio relativo a la prohibición del enriquecimiento sin justa causa en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De esta manera, para que proceda la declaratoria de enriquecimiento sin causa es necesario que se presente: 1) un enriquecimiento, esto es, una ventaja patrimonial, 2) un correlativo empobrecimiento, 3) la ausencia de una causa que justifique el desequilibrio patrimonial, 4) que el afectado no cuente con otra acción, y 5) el que con su configuración no se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley. Sobre el particular debe decirse, que respecto de los 4 primeros requisitos no hay problema alguno, pues se encuentran configurados, pero en relación con el 5º requisito, que con la figura del enriquecimiento sin causa no se pretenda eludir una disposición legal, como es la solemnidad del contrato estatal escrito así como sus prorrogas o adiciones, esta exigencia no quedó acreditada dentro del material probatorio allegado, pues no están claras las razones por las cuales la parte demandante continúo prestando dicho servicio, a pesar de que no existió un documento entre las partes que así lo acordaran. Así mismo, el Consejo de Estado en sentencia del 31 de mayo de 2019, ya referenciada, reiteró lo establecido en sentencia del 19 de noviembre del 2012, respecto de los eventos o hipótesis excepcionales de interpretación restrictiva, en los cuales se presenta un enriquecimiento sin causa fuera del marco de un contrato estatal, así: Cuando ha habido constreñimiento al contratista, lo cual lo coloca en una situación de indefensión o inferioridad frente al Estado. Cuando puede verse afectado el derecho a la salud, con lo cual puede colocarse en riesgo el derecho a la vida, evento en el que debe acreditarse la necesidad, la urgencia. Cuando existan circunstancias para declarar una urgencia manifiesta, por la necesidad apremiante de evitar un daño mayor o para atender el que se causó o está generando. Eventos en los que se aclara que necesariamente debe estar acreditada la iniciativa o actuar de la administración con miras a lograr la ejecución de obras, la prestación de los servicios o suministro de bienes, por parte del particular; por lo que se justifica la ausencia de la celebración de un contrato escrito. En ese sentido, debemos señalar que a pesar de que en el Num. 9 del Acápite de “Hechos, Omisiones y Consideraciones” del escrito de la demanda se señaló que la sociedad demandante recibió peticiones verbales por parte del DISTRITO DE BARRANQUILLA, solicitando diferentes servicios alimentarios; dentro del mismo escrito de demanda, y sus anexos, no se encuentra información relacionada sobre quién hizo dichas peticiones y cuándo, o que hubiere existido algún tipo de constreñimiento por parte de la administración sobre el contratista. Con lo cual puede afirmarse que con los medios probatorios no quedó establecido que efectivamente el MUNICIPIO DE BARRANQUILLA haya realizado acciones tendientes a prorrogar o dar a entender a la sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S., como contratista, su intención de continuar con dicho contrato de suministro de alimentos para los internos de los Establecimientos de Rehabilitación El Bosque y el Buen Pastor de Barranquilla. Por todo lo anterior, este Despacho considera que a diferencia de lo establecido por la primera instancia, en el asunto en estudio, no se configuró ninguno de los eventos señalados por la jurisprudencia del Consejo de Estado como excepcionales para la declaratoria del enriquecimiento sin causa; pues descartando el evento o la hipótesis de la declaratoria de urgencia manifiesta, que claramente no sucedió, tampoco existen elementos para afirmar que existió un constreñimiento de la administración sobre la sociedad contratista, para continuar con la ejecución del contrato, pues solo se habló de unas peticiones informal que ni siquiera fueron acreditadas; ni tampoco se configuró el segundo evento, esto es, que se hubiera puesto en riesgo el derecho a la salud de las personas que se encontraban en dichos Centros de Rehabilitación, pues si bien, el hecho de no contar con sus alimentos podía poner en riesgo su salud, esta situación o amenaza, no era inminente e irreversible y segundo no implicaba que la administración no tuviera otras opciones o incluso que estuviera adelantando un proceso de selección de contratistas, por cuanto, era claro que desde el mismo momento en que se suscribió el contrato No. No. 012015003245, el 23 de junio de 2015, la administración sabía que el plazo vencía el 31 de diciembre de ese año, lo cual significaba que en cabeza del supervisor, que era el Secretario de Gobierno, tal y como quedó establecido en la Cláusula 22 del contrato de suministro; estaba la obligación de informar sobre dicha situación para que se tomaran las medidas necesarias, toda vez que en cabeza de él estaba la presentación de informes sobre la ejecución del contrato y así evitar que dichos internos quedarán sin el suministro del servicio de alimentos; en ese sentido, no puede afirmarse que la situación que se presentó al quedarse sin contrato, generaría una amenaza o riesgo irreversible a la salud, amén de que un contrato de suministro de alimentación no es un contrato directamente relacionado con la prestación de “servicios de salud” que es a lo que hace referencia la jurisprudencia invocada. Así mismo, debe señalarse que este Despacho echa de menos los respectivos informes de ejecución presupuestal, técnica y jurídica del contrato, que debieron ser allegados por parte del DISTRITO DE BARRANQUILLA como obligaciones a cargo del supervisor de dicho contrato de prestación de servicios, en los que se reflejara la necesidad de continuar o adicionar el contrato y la forma como los recursos se agotaron, si es que fue así, antes de la fecha pactada en el contrato. En ese sentido, debemos afirmar que en el asunto en estudio no se configuró ninguno de los eventos excepcionales señalados por la jurisprudencia para la declaratoria del enriquecimiento sin causa, pues si bien la parte demandante hace referencia a unas peticiones verbales por parte de la administración, estas no fueron acreditadas, por lo que no puede afirmarse que se prestó el servicio porque la administración así lo haya direccionado, sino que por el contrario, al no existir solicitud hecha por parte de la administración debe señalarse que fue la sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S. la que a mutuo propio decidió continuar con el suministro de alimento, es decir, por su propia voluntad siguió ejecutando el contrato ya finalizado, por eso no puede ahora venir a reclamar un enriquecimiento sin causa por cuanto no existen dentro del plenario documentos probatorios en los cuales se pueda evidenciar la intención de la administración en continuar con la ejecución del contrato de suministro fuera del término de vencimiento, que era el 31 de diciembre de 2015. Por otro lado, advierte este Despacho que si bien dentro de la sentencia proferida por el Tribunal del Atlántico, el 16 de octubre del 2020, se hace referencia al oficio del 4 de diciembre de 2015, mediante el cual el director de los centros de rehabilitación El Bosque y El Buen Pastor, el señor [NOMBRE TACHADO], había solicitado a la Sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S, continuar con la prestación del servicio de suministro de alimentos, “…por cuanto para los meses venideros aún no se ha suscrito contrato de suministro como tampoco adiciones entre esa compañía,” debe señalarse que dentro del expediente digital, al que tuvo acceso el Ministerio Público no se encuentra dicho documento, el cual además, no fue enunciado en el acápite de las pruebas, ni en los anexos del escrito de la demanda, pero igualmente tampoco es elemento que permita por sí solo la configuración del enriquecimiento sin causa. Por ello considera el Ministerio Publico, y en ese sentido se comparte los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por la entidad territorial demandada, que la existencia de ese documento, suscrito por el Director de los Centros de Rehabilitación, no es válido para entenderse la continuidad de la prestación del servicio de alimentos por parte de la SOCIEDAD demandante, por cuanto quien lo suscribió no era la persona facultada para ello ya que en materia pública solo el ordenador del gasto y/o representante de la entidad territorial (alcalde) es quien tiene la potestad legal de ordenar los gastos de la entidad. Tal y como se puede establecer de la lectura del Num. 5º del art. 26 de la Ley 80 de 1993, sobre el Principio de responsabilidad: No. 5 “La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma. Para lo cual debe basarse en los informes que presente el supervisor del contrato, en este caso el Secretario de Gobierno, quien era la persona encargada del seguimiento del estado de la ejecución de contrato No. 012015003245 del 23 de junio de 2015, por lo que hubiera solicitado su prolongación. Bajo esas condiciones, debe señalarse que si bien se presentó un daño para la Sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S. este daño no es antijuridico, pues como lo ha establecido la jurisprudencia, la antijuridicidad se predica de la lesión a un derecho o bien jurídico o interés legítimo que los demandantes no están obligados a soportar, y en el asunto en estudio, lo que se presentó fue una culpa exclusiva de la víctima, la cual exonera de responsabilidad a la administración. En ese orden, se considera que no le asiste razón a la primera instancia al conceder de manera parcial las súplicas de la demanda y condenar al DISTRITO DE BARRANQUILLA a reconocer y pagar a la Sociedad ESTRADA NAVARRO S.A.S. la suma de $1.522.929.250 a título de compensación por el servicio de alimentación prestado entre el 1º de diciembre de 2015 al 8 de marzo de 2016. Por lo que se solicitará al Consejo de Estado se REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal del Atlántico del 16 de octubre del 2020, por haberse establecido que no se configuró daño antijurídico, por el cual la entidad demandada deba responder administrativamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado. CONCLUSIÓN Esta Delegada del Ministerio Público sugiere respetuosamente al Honorable Consejo de Estado REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 16 de octubre del 2020, pues con el material probatorio obrante se pudo determinar que no se acreditó el daño antijurídico alegado por la parte demandante, pues el hecho que la Sociedad demandante hubiera continuado prestando el servicio de alimentos fuera del contrato de suministro, no le genera ninguna responsabilidad a la administración y en ese orden, no se dan los elementos jurisprudenciales necesarios para la procedencia de la actio de in rem verso. Del Honorable Magistrado, CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA Procurador Delegado de Intervención 9: Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

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https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory