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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: Resolución No 422 del 23 de agosto de 2017

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Fecha
2023-09-26
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202311220858010.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: Resolución No 422 del 23 de agosto de 2017

En resumen

CONTRATO ESTATAL-Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento Se adujo en el líbelo introductorio que Condor S.A., no fue vinculada al referido proceso en su calidad de garante del contrato incumplido. • Resolución 289 del 21 de junio de 2017 que liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 013 de 2011 celebrado entre Transmilenio S.A. y Egobus S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá y Resolución 422 del 23 de agosto de 2017 por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la primera. • Frente al contrato de concesión No. 013 de 2011: Diez mil doscientos ochenta y cuatro millones sesenta y nueve mil setecientos treinta y dos pesos ($10.284.069.732) por concepto de desincentivos, dispositivos SIRCI, facturas pendientes, cláusula penal y remuneración última semana.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Decreto Ley 262 de 2000
  • Decreto 2555 de 2010
  • Decreto 1082 de 2015

Puntos que trata

  • Nulidad y restablecimiento del derecho: Contra los actos administrativos proferidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. que liquidaron unilateralmente el contrato suscrito con celebrados entre Transmilenio S.A. y las sociedades COOBUS S.A.S (No. 05) y EGOBUS S.A.S.
  • Sentencia: Presupuestos procesales para proferirla
  • Acción de controversias contractuales: Caducidad
  • Contratos estatales: Régimen de garantías

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

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Texto del documento 57.545 caracteres
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra los actos administrativos proferidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. que liquidaron unilateralmente el contrato suscrito con celebrados entre Transmilenio S.A. y las sociedades COOBUS S.A.S (No. 05) y EGOBUS S.A.S. SENTENCIA-Presupuestos procesales para proferirla ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Caducidad CONTRATOS ESTATALES-Régimen de garantías CONTENIDO DE LA SENTENCIA-Marco legal CONTRATO ESTATAL-Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento PROCURADURÍA CON FUNCIONES MIXTAS 6: DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO N° 130/2023 Bogotá D. C., 26 de septiembre de 2023. Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente Doctor [NOMBRE TACHADO] E. S. D. Referencia: 70.218 (25000-0336-000-2018-00121-01) Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Actor: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuaria S.A. Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Honorable Magistrado: En mi condición de agente de la señora Procuradora General de la Nación, y con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000, dentro del término del traslado previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, procedo a rendir concepto en el proceso de controversias contractuales de la referencia 1. ANTECEDENTES 1.1. DEMANDA Por intermedio de apoderado judicial, la sociedad FIDUAGRARIA S.A., en posición propia y a su vez como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES Y CONTINGENCIAS DE CÓNDOR S.A., elevó el “medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho” en el que solicitó la nulidad de los actos administrativos proferidos en el marco del proceso sancionatorio adelantado por el incumplimiento de los contratos de concesión No. 05, No. 012 y No. 013 de 2010 celebrados entre Transmilenio S.A. y las sociedades COOBUS S.A.S (No. 05) . y EGOBUS S.A.S. (No. 012 y No. 013), que liquidaron de manera unilateral el contrato. Como pretensiones de la demanda, el apoderado elevó las siguientes: (…) PRIMERO: Que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones: Resolución No 228 del 19 de mayo de 2017, mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato de concesión No 05 de 2010 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y la sociedad Operador Solidario de propietarios Transportadores COOBUS S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá. Resolución No 385 del 31 de julio de 2017, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición contra la resolución No 228 del 19 de mayo de 2017, por la que se liquida unilateralmente el contrato de concesión No 05 de 2010 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y la sociedad Operador Solidario de propietarios Transportadores COOBUS S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá. Resolución 290 del 21 de junio de 2017, mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato de concesión No 012 de 2010 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y la sociedad Operador Solidario de propietarios Transportadores EGOBUS S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá. Resolución No 423 del 23 de agosto de 2017, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición contra la resolución No 290 del 21 de junio de 2017, por la que se liquida unilateralmente el contrato de concesión No 012 de 2010 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y la sociedad Operador Solidario de propietarios Transportadores EGOBUS S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá. Resolución 289 del 21 de junio de 2017, mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato de concesión No 013 de 2011 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y la sociedad Operador Solidario de propietarios Transportadores EGOBUS S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá. Resolución No 422 del 23 de agosto de 2017, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición contra la resolución No 289 del 21 de junio de 2017, por la que se liquida unilateralmente el contrato de concesión No 013 de 2011 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y la sociedad Operador Solidario de propietarios Transportadores EGOBUS S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá. SEGUNDO: Como consecuencia de la declaratoria de las pretensiones que anteceden y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. - dejar sin los efectos que hubieren surtido las siguientes resoluciones: Resolución No 228 del 19 de mayo de 2017, mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato de concesión No 05 de 2010 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y la sociedad Operador Solidario de propietarios Transportadores COOBUS S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá, por la suma de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VENITIDOS PESOS M.CTE ($27.839.907.322). Resolución No 385 del 31 de julio de 2017, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición presentado contra la resolución No 228 del 19 de mayo de 2017, por la que se liquida unilateralmente el contrato de concesión No 05 de 2010 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y la sociedad Operador Solidario de propietarios Transportadores COOBUS S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá. Resolución 290 del 21 de junio de 2017, mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato de concesión No 012 de 2010 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y la sociedad EGOBUS S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá, por la suma de DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.CTE ($18.117.745.946). Resolución No 423 del 23 de agosto de 2017, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición presentado contra la resolución No 290 del 21 de junio de 2017, por la que se liquida unilateralmente el contrato de concesión No 012 de 2010 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y la sociedad EGOBUS S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá. Resolución 289 del 21 de junio de 2017, mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato de concesión No 013 de 2011 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y la sociedad EGOBUS S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá, por la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETENCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.CTE ($10.284.069.732). Resolución No 422 del 23 de agosto de 2017, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición presentado contra la resolución No 289 del 21 de junio de 2017, por la que se liquida unilateralmente el contrato de concesión No 013 de 2011 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y la sociedad EGOBUS S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá. TERCERO: Que se conde en costas a los demandados. CUARTO: Que se dé estricto cumplimiento al fallo que llegase a ser proferido de conformidad con lo plasmado en los artículos 192 y siguientes de CPACA. (…) Como sustento fáctico de la demanda se relató que: Por Resolución 2211 del 5 de diciembre de 2013 la Superintendencia Financiera ordenó la liquidación forzosa Administrativa de Condor S.A. Compañía de Seguros Generales, proceso en el cual el liquidador hizo publicación de los avisos emplazatorios, de los que trata el artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 2010, entre el 12 y 27 de diciembre de 2013 y los acreedores (…) presentaron oportunamente las (Sic) reclamación dentro del proceso de liquidación (…). Se indicó en la demanda que la Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A. adelantaría proceso sancionatorio contra la Sociedad COOBUS S.A.S., en el marco del contrato de concesión No. 05 de 2010, que finalizaría con las Resoluciones No. 233 y 234 del 25 de abril de 2016 que declararon el incumplimiento del contrato. Se adujo en el líbelo introductorio que Condor S.A., no fue vinculada al referido proceso en su calidad de garante del contrato incumplido. Lo mismo se argumentaría respecto de los procesos sancionatorios adelantados contra EGOBUS S.A.S. en el marco de los contratos de concesión No. 12 y 13 de 2010, que finalizarían por las Resoluciones 235, 237 y 238 del 25 de abril de 2016 (contrato de concesión No. 012) y las Resoluciones 236, 239 y 240 del 25 de abril de 2016 (contrato de concesión No. 13) de los que se declararía el incumplimiento. La parte demandante adujo que las anteriores resoluciones se profirieron con posterioridad al termino otorgado para la presentación oportuna de reclamaciones previsto por el Decreto 2555 de 2010. Así, al no haberse presentado la referida reclamación de forma oportuna, dentro del proceso de liquidación de la aseguradora CONDOR S.A., ello implicó que al presentarse en el ante la Sociedad de Desarrollo Agropuecario Fiduagraria S.A. – sociedad administradora del patrimonio autónomo de remanente y contingencias de Condor S.A.- no fuera tenida en cuenta “(…) al no encontrarse dentro de las acreencias que fueron reconocidas dentro del proceso de liquidación y entregadas a la sociedad fiduciaria para su pago y administración (…)”. Pese a lo anterior, se proferirían las resoluciones 290 del 21 de junio de 2017, 228 del 19 de mayo de 2017, 289 del 21 de junio de 2017 y 422 del 23 de agosto de 2017, por las cuales se liquidaron unilateralmente los referidos contratos de concesión, en las que se declararían deudoras a favor de Transmilenio S.A., a las sociedades EGOBUS S.A.S. y COOBUS S.A.S. y a “(…) FIDUAGRARIA S.A. la vocera del PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES Y CONTINGENCIAS CONDOR S.A. (…)”. En la interpretación de hecha por la sociedad actora, las referidas decisiones (…) se encuentran vinculando y declarando deudora a una sociedad con patrimonio independiente, que no guarda relación alguna con las obligaciones que pudiesen ser impuestas a la extinta aseguradora (…) . Precisó que dichas obligaciones tampoco podían oponerse al patrimonio autónomo que administraba, en virtud de las condiciones contractuales plasmadas en el contrato de fiducia mercantil celebrado el 30 de diciembre de 2015, entre Condor S.A. y Fiduagraria. Por último, indicaría que por Resolución 269 del 4 de mayo de 2016 el liquidador de Condor S.A. Compañía de Seguros Generales en liquidación ordenó la terminación jurídica de la mencionada sociedad. 1.2. LA OPOSICION 1.2.1 Empresa de Transporte del tercer Milenio – Transmilenio S.A. Solicitó que se desestimaran las pretensiones de la demanda, para lo cual, adujo que los actos administrativos acusados fueron proferidos en respeto del debido proceso y con la motivación debida. Al respecto adujo que Seguros Condor S.A. fue citada a todas las audiencias de los procesos sancionatorios, y señaló que en audiencias del “(…) 25 y 28 de abril de 2016 la aseguradora conoció y fue notificada de los actos administrativos (…)”: De manera adicional, precisaría que con el memorando 2015EE196629 del 6de octubre de 2015 Transmilenio solicitó hacer las reservas correspondientes a los procesos sancionatorios. Adujo que hubo inexistencia de violación a los principios de responsabilidad, pues los actos administrativos que declararon los incumplimientos constituyen la reclamación ante la aseguradora, que teniendo en cuenta que se profirieron el 25 de abril de 2016, los mismos fueron oportunos. Negó que las pretensiones de la demanda fueran a trasladar cargas al patrimonio autónomo de forma injustificada, pues aseguró que los créditos de que trata la demanda corresponde a pasivos contingentes de la cláusula primera del contrato de fiducia mercantil. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 18 de mayo de 2023 se dispuso a: (…) PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial, únicamente en lo relativo a la decisión de vincular y declarar deudora a Fiduagraria como vocera del patrimonio autónomo de remanentes y contingencias Cóndor S.A., de las siguientes resoluciones: • Resolución 228 del 19 de mayo de 2017 que liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 05 de 2010 celebrado entre Transmilenio S.A. y Coobus S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá y Resolución 385 del 31 de julio de 2017 por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la primera. • Resolución 290 del 21 de junio de 2017 que liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 012 de 2010 celebrado entre Transmilenio S.A. y Egobus S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá y Resolución 423 del 23 de agosto de 2017 por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la primera. • Resolución 289 del 21 de junio de 2017 que liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 013 de 2011 celebrado entre Transmilenio S.A. y Egobus S.A.S. para la prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros en el marco del SITP de la ciudad de Bogotá y Resolución 422 del 23 de agosto de 2017 por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la primera. SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que Fiduagraria, como vocera del patrimonio autónomo de remanentes y contingencias Cóndor S.A., no está obligada a pagar las siguientes sumas: • Frente al contrato de concesión No. 05 de 2010: Veintisiete mil ochocientos treinta y nueve millones novecientos siete mil trescientos veintidós pesos ($27.839.907.322) por concepto de desincentivos, dispositivos SIRCI, facturas pendientes, cláusula penal, remuneración última semana, ajuste en remuneración troncal y rutas estratégicas. Frente al contrato de concesión No. 012 de 2010: Dieciocho mil ciento diecisiete millones setecientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos ($18.117.745.946) por concepto de desincentivos, dispositivos SIRCI, facturas pendientes, cláusula penal y remuneración última semana. • Frente al contrato de concesión No. 013 de 2011: Diez mil doscientos ochenta y cuatro millones sesenta y nueve mil setecientos treinta y dos pesos ($10.284.069.732) por concepto de desincentivos, dispositivos SIRCI, facturas pendientes, cláusula penal y remuneración última semana. TERCERO: CONDENAR a la parte demandada, a pagar por concepto de agencias en derecho en esta instancia, cinco (05) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la demandante. (…) Para arribar a la anterior conclusión la Sala del Tribunal consideró: (…) los actos que liquidaron unilateralmente los contratos y declararon deudora a Fiduagraria omitieron que los conceptos de débito no se reclamaron a tiempo en el proceso de liquidación de Cóndor S.A., por ello no se reconocieron y de ahí que la demandante no tuviera que asumir esas obligaciones con su patrimonio. (…). En efecto, la Sala del Tribunal señaló que los contratos de Concesión Nos. 05, 012 y 013 de 2010, en los que las sociedades COBUS S.A.S. y EGOBUS S.A.S fungían como contratistas serían objeto de decisiones administrativas que tendrían en común: declarar el incumplimiento total de las concesiones para explotar económicamente el servicio de transporte urbano en la ciudad de Bogotá; no declararon la caducidad del contrato, hicieron efectiva la cláusula penal; terminar anticipadamente los referidos contratos, ordenar su liquidación y adquirieron firmeza el 28 de abril de 2016. Para la Sala como quiera que, en las audiencias celebradas para la concretización de las referidas decisiones, concurrió la vocera del patrimonio autónomo de Cóndor S.A., la fecha de firmeza de los referidos actos constituiría la data de la constitución del siniestro, en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015. Continuó la Sala en el recuento de los hechos para indicar que en virtud de las anteriores decisiones administrativas se profirieron las Resoluciones No. 228 del 19 de mayo de 2017 y las números 290 y 289 del 21 de junio de 2017, que liquidaron las concesiones 05, 012 y 013. La Sala estimó que las referidas resoluciones declararon “(…) deudora a la sociedad Fiduagraria, vocera del patrimonio autónomo de remanentes y contingencias Cóndor S.A. (…)”. Las anteriores decisiones serían reiterada por las Resoluciones 385 del 31 de julio de 2017 y las números 423 y 422 del 23 de agosto de 2017, al desestimarse los argumentos de Fiduagraria pues se indicó que la aseguradora Seguros Condor S.A. participó en los procesos sancionatorios, así como los actos administrativos que concluyeron los respectivos procesos constituían las reclamaciones para la compañía de seguro, y por ende, se cumplieron los términos para reclamar previstos por el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010. Para la Sala, dentro del trámite de liquidación forzosa de Condor S.A., el término para reclamar acreencias se extendía hasta el 27 de enero de 2014 y la aseguradora dejaría de existir, por lo cual el reclamo del siniestro debería sujetarse a lo previsto en el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010, que a juicio del la Sala imponía que la reclamación del siniestro debía hacerse dentro de mes siguiente a su ocurrencia (del siniestro), ante el liquidador. En este sentido, la reclamación se podía efectuar hasta el 28 de mayo de 2016, agotado el mes a la firmeza de los actos que declararon el siniestro el 28 de abril de 2016. Previsto lo anterior, se estimaría que la solicitud formulada por Transmilenio el 7 de junio de 2016 a Fiduagraria, se efectuó cuando había fenecido la oportunidad de que trataba el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010, el cual a juicio del Tribunal- al ser un proceso de liquidación forzoso- tenía aplicación preferente a otros procedimientos según la jurisprudencia del Consejo de Estado. De manera adicional, la Sala concluyó que Fiduagraria como vocera del patrimonio autónomo de administración de remanentes de Condor S.A. no debía cancelar las acreencias, para lo cual adujo que el contrato de fiducia mercantil suscrito entre Fiduagraria en ningún momento tenía el alcance de subrogar las obligaciones de la aseguradora. Asimismo, aseguraría que en virtud de los artículos 1226 y 1227 del Código de Comercio se delimita la destinación de los bienes transferidos a la fiducia a garantizar las obligaciones reconocidas por el liquidador de Condor S.A. RECURSO DE APELACIÓN EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.- Dentro de la oportunidad procedente, el apoderado de Transmilenio S.A. impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que la misma fuera revocada y en su lugar se denegaran las pretensiones de la demanda. A juicio del recurrente la sentencia de primera instancia omitió realizar una interpretación armónica entre el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010, el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015. Para el recurrente, el régimen de garantías de la contratación estatal le es inherente un procedimiento estatal especial y de mayor jerarquía donde el acto administrativo que declara el incumplimiento funge a su vez como la reclamación ante la compañía aseguradora – art. 7 de la Ley 1150 de 2007-, con lo cual “(…) las entidades públicas NO se encuentran obligadas a presentar ninguna otra solicitud ante las aseguradoras (…)”. Así, para el recurrente el mes al que se refiere el Decreto 2555 de 2010, se refiere al plazo en que se debe efectuar la notificación del acto administrativo que declara el siniestro. En consecuencia, para el recurrente la reclamación ante Fiduagraria se realizó el en los días 25 y 28 de abril de 2016 que se notificaron en estrados las resoluciones que declararon el incumplimiento y terminaron unilateralmente los contratos de concesión suscritos con EGOBUS S.A.S. y COOBUS S.A.S, a la apoderada de Fiduagraria S.A., esto con anterioridad al 28 de mayo de 2016. Además, califica la conducta de Fiduagraria S.A. como negligente y arbitraria al negarse en forma reiterada a incluir las reclamaciones para el pago de remanentes con el argumento de la extemporaneidad. Aclaró que los actos administrativos demandados en ningún momento trasladan cargas a Fiduagraria S.A., sino que se reclamaron en debida forma y oportunidad al patrimonio de administración y pago de remanentes de la compañía Seguros Condor S.A., por lo cual Fiduagraria debió haber constituido las respectivas reservas en los remanentes, al ser pasivos contingentes. Sin embargo, al no haberse constituido las referidas reservas ni haberse atendido las reclamaciones, Fiduagraria actuó en forma negligente, por lo que en el presente caso invocaría a su favor su propia culpa. 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. PROBLEMA JURIDICO Visto el contenido del recurso de apelación propuesto por las parte demandada, a juicio de este Ministerio Público, le corresponde a la Sala de Subsección resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿El plazo para hacer reclamaciones en el artículo 9?1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010 tiene el alcance suficiente para hacer invalida la declaratoria de existencia de una obligación dineraria producto de las garantías de un contrato estatal, que se constituye con los Actos Administrativos que declaran el siniestro y liquidan el contrato asegurado? En caso afirmativo ¿El acto administrativo que declara el siniestro es constitutivo de las reclamaciones de que trata el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010 o resulta necesaria una reclamación independiente? ¿En el caso concreto, se configuró una reclamación extemporánea? Previo a examinar los problemas jurídicos planteados, se examinará si en el caso concreto se reúnen los presupuestos procesales para adoptar una decisión de fondo, para luego referirse al marco jurídico relacionado con el régimen de garantías del contrato estatal. 2.2SOBRE LA CONFIGUARACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES PARA PROFERIR SENTENCIA DE FONDO. 2.2.1 La caducidad de la controversia contractual. De conformidad con el numeral 2°, literal j) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales será de dos años contados “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. Ahora bien, en el presente asunto las pretensiones de la demanda se dirigen a obtener la nulidad de los actos administrativos proferidos en el marco del proceso sancionatorio adelantado por el incumplimiento de los contratos de concesión No. 05, No. 012 y No. 013 de 2010 celebrados entre Transmilenio S.A. y las sociedades COOBUS S.A.S (No. 05). y EGOBUS S.A.S. (No. 012 y No. 013), que liquidaron de forma unilateral el contrato: las Resoluciones No. 228 del 19 de mayo de 2017, No. 385 del 31 de julio de 2017, No. 290 del 21 de junio de 2017, No. 423 del 23 de agosto de 2017, No. 2889 del 21 de junio de 2017 y No. 422 del 23 de agosto de 2017. Previsto que la demanda se radicó el 9 de febrero de 2018, resulta evidente que se presentó en forma oportuna el medio de control, sin necesidad de computar el tiempo que estuvo suspendido el término de caducidad, en virtud del agotamiento de la conciliación prejudicial en la Procuraduría 12 Judicial II para Asuntos Administrativos. 2.3. SOBRE EL RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Previsto que la satisfacción del interés público puede verse expuestos a riesgo propios de la celebración y ejecución del contrato, entre los que se encuentra el incumplimiento del contratista, la imposición del deber de constituir garantías en favor de la administración se constituye en “(…) una facultad concebida para salvaguardar el interés público implícito en la contratación, y para proteger el patrimonio de la Administración, frente a eventuales incumplimientos del contratista. (…)” Así “con el ánimo de consolidar el compromiso irrevocable de cumplimiento de quien participa en el proceso de selección y más tarde con la celebración y ejecución de los contratos administrativos (…), el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 dispondría sobre el contratista el deber de establecer en favor de las entidades públicas garantías, o terceros para garantizar riesgos como i) la seriedad de la oferta; ii) el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato y su liquidación; iii) la responsabilidad civil extracontractual; entre otros. Para cubrir dichos riesgos la Ley 1150 de 2015 así como el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, señalarían como garantías que se podían establecer: a) la póliza de seguro, b) el patrimonio autónomo, y c) la garantía bancaria. Tratándose de estas garantías, a diferencia de lo que ocurre con los particulares, la administración puede acudir al cobro coactivo, facultad que constituye una “modalidad de proceso ejecutivo”, “un privilegio exorbitante de la administración” que persigue el cobro de obligaciones ciertas y exigibles a favor del Estado o de las entidades públicas, sin que medie la intervención de un juez. Para este efecto, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A. habilitaron a la administración para perseguir el cobro de deudas contractuales que consten en el contrato, las garantías, la liquidación “(…) o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual (…)”. Así, el artículo 2.2.1.2.3.1.19. del Decreto 1082 de 2015, previó que los actos administrativos por los cuales se declarara la caducidad, el incumplimiento, se ordene el pago de la cláusula penal o se impongan multas, son constitutivos del siniestro, tratándose de las pólizas de seguro. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, a la administración no le resulta vedado acudir ante el juez de lo contencioso administrativo, para ejecutar el pago de las garantías, en caso de no querer acudir al procedimiento de cobro coactivo. 2.3.1. SOBRE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO. Tratándose de la póliza de seguro de cumplimiento, la Corporación ha calificado de un “negocio jurídico autónomo” a pesar de estar coligado al contrato garantizado. De igual forma, el contrato de seguro, cuyo objeto sea respaldar el cumplimiento de contrato estatal tiene un carácter especial lo que hace que su régimen jurídico sea así mismo especial frente a los contratos de seguro del régimen ordinario, a saber: (…)i) la prohibición de establecer la terminación del contrato por pago de la prima o por revocatoria unilateral, (…); ii) la presunción de legalidad y la fuerza ejecutoria de los actos administrativos a través de los cuales se declara el siniestro o se hace efectiva una garantía, (…); iii) en el caso del acto administrativo mediante el cual se decreta la caducidad del contrato estatal, de acuerdo con el inciso final del artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la ley dispone que el mismo será constitutivo del siniestro, (…) ; iv) la facultad especial de decretar unilateralmente la liquidación del contrato estatal prevista en el artículo 61 de la Ley 80 de 1993, dentro de los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, (…); iv) La aplicación del procedimiento para la actuación administrativa, que debe observarse para la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se dispone la declaratoria del siniestro o la efectividad de las garantías contractuales, por lo cual se concluye igualmente que en este procedimiento no tiene lugar la aplicación del artículo 1053 del Código de Comercio en cuanto a los trámites de reclamación y de objeciones en relación con las pólizas de seguro de cumplimiento contractual a favor de entidades estatales, sin perjuicio de advertir que para la expedición de los respectivos actos administrativos se debe respetar el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y las normas que rigen la actuación administrativa; iv) la jurisdicción competente y los presupuestos procesales para el ejercicio de las acciones o medios de control correspondientes a las controversias y cobranzas relacionadas con el seguro de cumplimiento del contrato estatal, cual es la de lo Contencioso Administrativo, en los términos del artículo 75 de la ley 80’. (Negrillas añadidas)”(…) Así, a diferencia de lo que ocurre con los particulares, la administración no tiene que acudir directamente a la aseguradora, pues le basta proferir un acto administrativo que declare el incumplimiento contractual, el cual será constitutivo del siniestro, y hacer efectivas las consecuencias jurídicas del mismo. Para ser amparado dicho siniestro debió acaecer en la vigencia del amparo de la póliza, y su posterior declaración debe realizarse por la entidad dentro de los dos años de que trata el artículo1081 del C.Co., esto es, computados desde la ocurrencia del siniestro (incumplimiento o caducidad) de los cuales los actos administrativos que los declaran son constitutivos del siniestro, de este modo, la entidad estatal deberá hacer efectiva la póliza de cumplimiento en el término de 2 años de notificados los anteriores actos administrativos, con independencia que se haya agotado el plazo de ejecución del contrato . De manera adicional, el precedente de la Corporación reconoce: que la administración está exceptuada de aplicar el artículo 1055 del Código de Comercio “riesgos inasegurables”, en el sentido que no es necesario probar la culpa del contratista (deber reiterado por el artículo 2.2.1.1.3.2.6. del Decreto 1082 de 2015); ni necesario agotar el requisito del art. 1053 para que la póliza preste mérito ejecutivo, “(…) en la medida que se convoque a la aseguradora al procedimiento previo a la expedición del acto en que se declara la caducidad o el incumplimiento del contrato(…), y el artículo el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015 – compilado del artículo 131 del Decreto 1510 de 2013-, limita los eventos en que la entidad estatal puede admitir exclusiones sobre la póliza de cumplimiento. Constituida dicha garantía, para mantener vigente el contrato de seguro las entidades estatales, están obligadas: i) a mantener el estado del riesgo (art. 1060 del C. de Comercio): lo que implica mantener informada a la compañía de seguro de cualesquiera circunstancias “(…) no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso lo del artículo 1058, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local.(…)”, como lo son los son las modificaciones al contrato ( frente al plazo, objeto o monto –lo que puede dar lugar al restablecimiento o ampliación de la garantía en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015); ii) Cumplir los deberes de conducta como asegurado derivados de la buena fe, lo que se traduce en que, pese a que la norma contenida en el artículo 1055 del C.Código de Comercio no resulta imputable a la conducta del tomador, sí lo es respecto al asegurado -la entidad estatal-, de acuerdo a lo precisado en la jurisprudencia de la Corporación. En lo que se refiere a la garantía de cumplimiento el Decreto 1082 de 2015, establece que el amparo de esta debía ser el siguiente: “(…) Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe cubrir: (…) 1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 2. Devolución del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar. 3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 2.4 CASO CONCRETO: 2.4.1 SOBRE LA AUTONOMÍA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE SU CAUSA EN EL CONTRATO ESTATAL FRENTE AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA DEL ASEGURADOR DEL CONTRATO. Examinados los razonamientos de la sentencia de primera instancia y del recurso de apelación, a juicio del suscrito la decisión que debe adoptarse por la Sala deberá dirigirse a clarificar el alcance que puede tener un proceso de liquidación forzada del asegurador, frente a la validez de las decisiones administrativas que declaran obligaciones que se desprenden del régimen de garantías del contrato estatal. A este propósito vale resaltar, en primer lugar, que en la doctrina se ha distinguido entre los conceptos de disolución, liquidación y extinción de las sociedades. Mientras que el primero, “significa el final de la plenitud jurídica de la compañía”, la liquidación corresponde a un estado legal con el objeto de reducir sus bienes a dinero, pagar sus deudas y distribuir su remanente entre a los asociados, para finalmente dar lugar a la extinción de la persona jurídica “(…) la conclusión de todas las operaciones jurídicas y económicas atenientes a la compañía y al cumplimiento de la plenitud de las formalidades que la ley establece para que el ente jurídico desaparezca (…)”. En segundo lugar, al referirse a la naturaleza del proceso de liquidación forzosa administrativa, el Estatuto Orgánico Financiero -Decreto 663 de 1993- establece sobre su naturaleza que- (…) es un proceso concursal y universal, tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos (…) y la Corte Constitucional indicóque (…) se funda en un principio básico de justicia conforme al cual se debe garantizar la igualdad de los acreedores sin perjuicio de las disposiciones que confieren privilegios de exclusión y preferencia respecto a determinada clase de créditos (…). Ahora en el presente caso, la sociedad Condor S.A. Compañía de Seguros Generales en Liquidación fue objeto de una toma de posesión mediante la Resolución 1482 del 5 de agosto de 2013, y posteriormente, se ordenó su liquidación forzosa por Resolución 2211 del 5 de diciembre de 2013. El proceso de liquidación finalizó con la expedición de la Resolución N°269 del 4 de mayo de 2016, por medio de la cual se ordenó declarar terminada la existencia legal de Condor S.A., -allegada al plenario- donde se precisó que los procesos judiciales y administrativos que se encontraban pendientes de una decisión final fueron subrogados al patrimonio autónomo de remanentes administrado por Fiduagraria S.A., en virtud del contrato de fiducia suscrito entre Fiduagraria S.A. con Condor S.A. -en liquidación-. Previsto lo anterior, resulta evidente que el régimen de liquidación forzosa administrativa de una sociedad como lo era Condor S.A. no suponía, en sí mismo, un modo de extinción de las obligaciones de la sociedad, como lo hace ver el Tribunal, sino que simplemente es un proceso concursal para la satisfacción de créditos con los activos de la sociedad en liquidación, donde se establece la prelación para su pago según las disposiciones legales y reglamentarias del caso, es en el contexto de los procedimientos para la ejecución de créditos – ej: procesos ejecutivos y/o procesos de cobro coactivo- que los procesos concursales tienen el carácter de preferencial-. De este modo, el proceso de liquidación forzosa -por sí solo- no tiene el alcance para impedir que se causen o declaren obligaciones sobre la sociedad en liquidación, aún cuando no se cumplan las cargas asignadas a los acreedores en el proceso concursal, por ejemplo: la oportuna presentación de reclamación. Sin embargo, lo anterior no obsta para que dichas omisiones tengan impacto sobre la posibilidad de ejecutar dichos créditos -impago-, cuando el activo no sea suficiente para pagar los pasivos externos, circunstancia que en forma aislada no afectan la validez de los actos administrativos que constituyen el siniestro y crean obligaciones en el caso concreto. De este modo, para el suscrito agente del Ministerio Público el constatar si los actos administrativos que liquidaron de manera unilateral los contratos de concesión Nos. 05, 012 y 013 de 2010 cuya nulidad se pretende, constituyeron una reclamación oportuna o no, al interior del proceso de liquidación forzosa ordenada por Resolución 2211 del 5 de diciembre de 2013, resulta inane a efectos de verificar su validez, pues constituye un elemento externo a su legalidad. No obstante, ello no impide que la validez de dichos actos sea examinada por otros motivos, como lo podría ser la violación al debido proceso, si así fue planteado en la demanda. 2.4.2 SOBRE LA SUJECIÓN DE LA VALIDEZ Y LA CONSTITUCIÓN DEL RECLAMO DEL SINIESTRO AL RESPETO DEL DEBIDO PROCESO DE LA ENTIDAD ASEGURADORA. Ahora bien, pese haberse expuesto un criterio jurídico que desvirtúa las consideraciones jurídicas acogidas por el a quo para acceder a las pretensiones de la demanda, frente al fondo del asunto, por disposición del artículo 187 del C.P.A.CA. resulta necesario referirse a los cargos de la demanda sobre la presunta violación al debido proceso por no haberse vinculado a Condor S.A. al proceso sancionatorio que concluyó con las decisiones que declararon el incumplimiento de los contratos de concesión No. 05, 012 y 013 de 2010, al constatarse que el a quo no se pronunció sobre dicho cargo. Pese a que los argumentos del recurrente resultaban razonables, sobre la necesidad de realizar una interpretación armónica de las disposiciones previstas el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010, el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, se resalta que esta lectura armónica ya se abordó por la jurisprudencia de la alta Corporación (ver punto 2.3.1.). En efecto desde 2014, la jurisprudencia de la alta Corporación ha precisado la importancia del debido proceso para sostener, que los actos mediante los cuales se declara el siniestro deben expedirse con garantía del debido proceso, para tenerse por reclamaciones del siniestro sin necesidad de aplicar el artículo 1053 de C. Co: (…) El acto administrativo de liquidación unilateral puede contener la orden de pago a cargo del contratista y de su garante, caso en el cual constituye la reclamación de la póliza, sin que tenga lugar el trámite de reclamación y acreditación de soportes en la forma prevista en el numeral 3 del artículo 1053 del Código de Comercio, ni la posibilidad de enervar el título ejecutivo mediante la presentación de objeciones de la compañía aseguradora, referido en la misma norma; iv) La aplicación del procedimiento para la actuación administrativa, que debe observarse para la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se dispone la declaratoria del siniestro o la efectividad de las garantías contractuales, por lo cual se concluye igualmente que en este procedimiento no tiene lugar la aplicación del artículo 1053 del Código de Comercio en cuanto a los trámites de reclamación y de objeciones en relación con las pólizas de seguro de cumplimiento contractual a favor de entidades estatales, sin perjuicio de advertir que para la expedición de los respectivos actos administrativos se debe respetar el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y las normas que rigen la actuación administrativa.(…) A juicio del suscrito, el alcance del anterior criterio jurisprudencial fue aclarado posteriormente, en el sentido que la falta de vinculación la aseguradora no conlleva la invalidez automática del acto, sino a la pérdida del mérito ejecutivo reconocido por el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015 – compilatorio del artículo 128 del Decreto 1510 de 2013- (ver cita 27 del numeral 2.3.1). Lo anterior sin desconocer que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 obliga a la entidad pública a convocar a la aseguradora al procedimiento por el cual se declaró el siniestro y, a su vez el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 dispone que el acaecimiento del siniestro debe ser comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador. En el caso del alcance del oficio del juez administrativo contractual, la doctrina comparada ha identificado en las políticas jurisprudenciales de órganos jurisdiccionales que tienden hacia su estabilización y romper con la consideración binaria según la cual “un actos es legal o ilegal”: en el sentido de reconocer que pese a que toda “contrariedad a una norma jurídica es una violación al principio de juridicidad” no toda violación a dicho principio compromete la regularidad jurídica del acto, de tal manera que se diferencia entre: i) las faltas o defectos de conformidad - contratos objetivamente imperfectos-; y ii) los vicios, los cuales pueden comprometer la regularidad del contrato. En este sentido, tratándose de los contratos irregulares, serán objeto de sanciones negativas (terminación unilateral, anulabilidad total o parcial, inmediata o a efectos diferidos) o también pueden seguir teniendo efectos de estimarse por el juez que deben ser objeto de saneamiento o simplemente renuncie a sancionar su invalidez En este sentido, una respuesta proporcional del juez del contrato en el supuesto que de proferirse el acto que declara el incumplimiento o la caducidad del contrato sin citación del asegurador, no se produce la invalidez inmediata del referido acto, sino que dependiendo de las circunstancias del caso, el mismo resulta privado de mérito ejecutivo hasta tanto se agote el procedimiento previsto en el art. 1053 del Código de Comercio – de considerarse que se profirió en violación del debido proceso-, o en un caso más grave podría tenerse el acto por inválido. La anterior lectura del alcance jurisprudencial sostenido desde 2014, guarda coherencia con la consideración de la Sala de hacer del régimen de nulidades la última ratio, un régimen excepcional y estimar que el mismo se puede declarar en relación con determinadas irregularidades graves, pues en últimas debe prevalecer el interés público perseguido por el contrato. En efecto, en reciente decisión de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se precisó lo anterior así: “(…) 147.- Pero a este principio se agrega en derecho público el carácter de interés público del objeto del contrato. Gaspar Ariño explica que permitir que los particulares, mediante la figura del contrato administrativo, se incorporen a la misión pública encomendada al Estado, genera el riesgo de que el contratista “movido por su particular interés se desentienda en mayor o menor medida de la finalidad pública que le ha sido encomendada”. Y en tales casos, “ al no haber sido satisfecha la finalidad pública que con el contrato se pretendía atender, en última instancia será la administración la que, como titular de la función habrá de responder del referido incumplimiento ante la sociedad (…)” ; la doctrina también se refiere a la nulidad del contrato como la última ratio y agrega que “teniendo como propósito el servicios público, el imperativo supremo parece ser asegurar la continuidad sobre los intereses particulares y porque toda la teoría de la ejecución del contrato administrativo la que está profundamente dominada por el deseo de estabilidad” (…)” . En atención al mantenimiento del interés público entonces, no cualquier vulneración al debido proceso tendría el alcance para invalidar los actos proferidos en el iter contractual que persiguen la materialización del interés público. A título de ilustración en el derecho francés, desde que el Consejo de Estado francés profirió el 23 de diciembre de 2011 la decisión de Asamblea “Danthony”, un vicio de procedimiento puede acarrear una ilegalidad únicamente en dos escenarios: i) Cuando el vicio de procedimiento fuera susceptible de ejercer una influencia en el sentido de la decisión; y ii) cuando se priva al interesado de una garantía. En la jurisprudencia nacional, dicho principio tendría sus equivalencias en la primacía del derecho sustancial sobre el formal art. 228, que, de acuerdo con lo precisado por la Corte Constitucional, el derecho procesal se constituye como un medio para “(…) la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo (…)” . En el caso de la referencia, se observa que pese a que en el plenario no se allegaron los antecedentes de los contratos de concesión, sí se allegaron en copia las resoluciones que declararon el incumplimiento de los Contratos de Concesión No. 05, 12 y 2010 y los liquidaron en forma unilateral, a saber: Contrato de concesión No. 05: Objeto: “(…) Otorgar en concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios la explotación del servicio público de transporte terrestre automotor urbano masivo de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá – SITP, al CONCESIONARIO, en la zona 3) Fontibón, bajo los términos condiciones y limitaciones previstas en el presente contrato y en el pliego de condiciones de la licitación (…) Actos administrativos que declaran el incumplimiento Actos que liquidaron unilateralmente el contrato Resolución No. 233 del 25 de abril de 2016. Declara incumplimiento de COOBUS S.A.S., termina anticipadamente el contrato y ordena su liquidación. Confirmada y corregida por Resolución 253 del 28 de abril de 2016. Resolución No. 234 del 25 de abril de 2016, que encuentra probado el incumplimiento grave del contrato de concesión por parte de COOBUS S.A.S. y se abstiene de declarar la caducidad. Aclarada por la Resolución 241 del 26 de abril de 2016. Resolución 228 del 19 de mayo de 2017, por medio de la cual se liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 012 de 2010 en la cual se declaró deudoras solidariamente a COOBUS S.A.S. y a la sociedad Fiduagraria S.A. la vocera del patrimonio autónomo de remanentes y contingencias Condor S.A. por la suma de $ 27’839.907,322. Contrato de Concesión No. 012 Objeto: “(…) Otorgar en concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios la explotación del servicio público de transporte terrestre automotor urbano masivo de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá – SITP, (…) Actos administrativos que declaran el --incumplimiento Actos que liquidaron unilateralmente el contrato Resolución No. 235 del 25 de abril de 2016, que encuentra probado el incumplimiento grave del contrato de concesión por parte de EGOBUS S.A.S. . y y como consecuencia de llos decretó de forma unilateral la terminación del contrato de concesión . Aclarada por la Resolución 241 del 26 de abril de 2016. Confirmada por la Resolución 247 del 28 de abril de 2016. Resolución No. 237 del 25 de abril de 2016, encontrar probado el incumplimiento grave del contrato de la concesión CTO 12 de 2010 suscrito con la Empresa gestora Operadora de Buses S.A.S. – EGOBUS S.A.S.- y se abstiene declarar la caducidad. Confirmada por la Resolución 249 del 28 de abril de 2016. Resolución 238 del 25 de abril de 2016, por la c cual se encontró probado el incumplimiento y se abstuvo de declararse la caducidad al haberse “declarado el incumplimiento total del contrato de concesión No. 12 de 2010 mediante Resolución No. 235 de abril de 2016. Confirmada por la Resolución 250 del 28 de abril de 2016. Resolución 290 del 21 de junio de 2017, por medio de la cual se liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 012 de 2010 en la cual se declaró deudoras solidariamente a EGOBUS S.A.S. y a la sociedad Fiduagraria S.A. la vocera del patrimonio autónomo de remanentes y contingencias Condor S.A. por la suma de $ 18’117.745.946. Contrato de Concesión No. 013 Objeto: “(…) Otorgar en concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios la explotación del servicio público de transporte terrestre automotor urbano masivo de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá – SITP, (…) Actos administrativos que declaran el incumplimiento Actos que liquidaron unilateralmente el contrato Resolución No. 236 del 25 de abril de 2016. Declara incumplimiento de EGOBUS S.A.S., lo termina anticipadamente el contrato, hacer efectiva la cláusula penal y ordena la liquidación del contrato. Confirmada en la Resolución No. 248 del 28 de abril de 2016. Resolución No. 239 del 25 de abril de 2016, por medio de la cual se encontró probado el incumplimiento del contrato de concesión y se abstuvo de declarar la caducidad, con observación al decidido en Res. 236 del 25 de abril de 2016. Confirmada por Resolución No. 251 del 28 de abril de 2016. Resolución No. 240 del 25 de abril de 2016, que encontró probado el incumplimiento grave del contrato de concesión Cto. 13 del 2010 por parte de la sociedad EGOBUS S.A.S. y se abstiene de declarar la caducidad. Confirmada, por la Resolución 252 del 28 de abril de 2016. Resolución No. 289 del 21 de junio de 2017, por medio de la cual se liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 013 de 2011 en la cual se declaró deudoras solidariamente a EGOBUS S.A.S. y a la sociedad Fiduagraria S.A. la vocera del patrimonio autónomo de remanentes y contingencias Condor S.A. por la suma de $ 10’284.069.732. Examinado el contenido de los anteriores actos administrativos y las grabaciones de las audiencias, se evidencia por el suscrito que en los videos de las audiencias de: “cierre de proceso sancionatorio por incumplimiento del contrato de concesión 05 de 2010”, se evidenció presencia de la señora [NOMBRE TACHADO] quien se identificó como apoderada de Condor S.A. (minuto 1:00 y sigs. – Sesión 14 incumplimiento /26 de abril de 2016) parte 2)., por lo que resulta evidente la participación de la aseguradora Condor S.A. en el proceso sancionatorio adelantado por el Contrato de Concesión No. 05 de 2010. Ahora, en relación con la declaratoria del incumplimiento de los otros contratos de concesión no se encontró en las piezas procesales -en poder del Ministerio Público- videos de otras audiencias o copia de los Oficios por los cuales Transmilenio, hubiera convocado a los representantes de la sociedad Condor S.A. al proceso sancionatorio seguido contra EGOBUS en los contratos de concesión N. 012 y 013 de 2010. Cabe recalcar que la argumentación del apoderado de Transmilenio hacia parecer que el video de la audiencia recaía sobre todos los contratos, pero observado el mismo su contenido se limitó al contrato de concesión No.05 de 2010. Tampoco se encontró en las piezas procesales examinadas, documentos que acreditaran que las resoluciones que declararon el incumplimiento de los contratos de concesión fueran notificadas a la sociedad Condor S.A. Sin embargo, en el expediente obra copia del Oficio 2015EE195829 del 6 de octubre de 2015 de la señora Carolina Sarmiento Galindo en calidad de Subgerente Jurídico (E) de Transmilenio S.A. dirigido al Mauricio Castro Forero en ese entonces Liquidador de la Compañía de Seguros Condor S.A., donde se indicó que como consecuencia de los procesos sancionatorios que cursaban contra EGOBUS S.A.S. por los contratos No. 12 y 13 de 2010 (…) por hechos sucedidos en vigencia de las garantías expedidas por Condor S.A. (…) en lo que comedidamente se solicitó al agente liquidador (…) realizar las gestiones tendientes a hacer las reservas correspondientes, en el evento que una vez se reactiven los procesos los mismos terminen en sanción (…) y le informó que el proceso sancionatorio había sido suspendido por 3 meses. Examinado el expediente, se encontró así mismo notificación por aviso de la Resolución 289 del 21 de junio de 2017 dirigido a Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. -Fiduagraria S.A. vocera del PATRIMONIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – Fiduagraria S.A. vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes y Contingencias Condor S.A. – con sello de recibido de Fiduagraria S.A. del 11 de julio de 2017-. Se evidenció el acta de notificación personal suscrita por la señora [NOMBRE TACHADO], en calidad de apoderada especial de la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. del 2 de junio de 2017 quien se notificó de la Resolución 228 del 19 de mayo de 2017; y la citación para notificación personal remitida a esta apoderada del 29 de junio de 2017- con recibido de Fiduagraria del 27 de junio de 2017-. También obra copia de las actas de notificación personal por las cuales la señora [NOMBRE TACHADO], en calidad de apoderada especial de la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. -Fiduagraria S.A. vocera del PATRIMONIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – Fiduagraria S.A. vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes y Contingencias Condor S.A. conoció el 5 de septiembre de 2017, las Resoluciones 422 del 23 de agosto de 2017, 423 del 23 de agosto de 2017. Por último, en respuesta al radicado 2016EE13681 del 22 de agosto de 2016, suscrita por la apoderada de Fiduagraria S.A. la doctora [NOMBRE TACHADO], se afirmó lo siguiente: “(…) En atención a lo manifestado en la comunicación de la referencia, efectivamente la compañía aseguradora hoy liquidada tenía pleno conocimiento de las actuaciones administrativas adelantadas por TRANSMILENIO S.A. contra los operadores COOBUS Y EGOBUS , tanto es así que asistió y participó de manera activa a las múltiples audiencias citadas tendientes a la declaratoria de incumplimiento de cada uno de los operadores. Por consiguiente, este aspecto en ningún momento fue desconocido por la extinta compañía al momento de constituir el Patrimonio Autónomo de Remanentes y contingencias y de celebrar el contrato de fiducia mercantil con la sociedad FIDUAGRARIA S.A. (…)” Revisadas conjuntamente las anteriores piezas probatorias, el suscrito agente del Ministerio Público encuentra, que pese no acreditarse la vinculación de la aseguradora Condor S.A., no se configuró una vulneración al debido proceso con el mérito suficiente para afectar la validez de los actos administrativos acusados, ni para impedir que los mismos puedan tenerse como reclamación de siniestro en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, pues esta sociedad en ningún momento fue privada de garantía alguna, al tener pleno conocimiento del proceso sancionatorio que se adelantaba por los contratos de concesión No. 05,012 y 013 de 2010 pese a no ser formalmente vinculada. En efecto, para el suscrito que la aseguradora, su liquidador y/o la vocera del patrimonio autónomo a pesar de no ser formalmente vinculados al proceso sancionatorio seguido contra las sociedades EGOBUS SAS y COOBUS SAS, hayan guardado silencio en el proceso administrativo sobre dichas circunstancia – del cual se acreditó que tenían conocimiento-, para invocar judicialmente la nulidad de las resoluciones con apego del cargo del debido proceso constituye un conducta oportunista y constitutiva de una violación del deber de colaboración y lealtad en la consecución de los fines estatales – art. 3 de la Ley 80 de 1993- que no debería ser amparada por el ordenamiento jurídico. En los anteriores términos, con respeto por la autonomía judicial, se considera por esta agencia del Ministerio Público que la Sala debe revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A del 18 de mayo de 2023, pues se precisó que: i) las disposiciones del Decreto 2555 de 2010 para la liquidación forzosa de sociedades aseguradoras no constituyen elementos de validez de las resoluciones que en el marco de un contrato estatal configuran el siniestro y, que ii) no se configuró una violación al debido proceso susceptible de afectar la validez de los actos administrativos enjuiciados. CONCLUSION De conformidad con la argumentación expuesta, y las pruebas que pudieron ser valoradas por el suscrito agente del Ministerio Público, de manera respetuosa se considera que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A el 18 de mayo de 2023 debería ser REVOCADA y en su lugar proferir sentencia de segunda instancia en la que se denieguen las pretensiones de la demanda elevada por Fiduagraria S.A. Del H. Magistrado, LUIS RAMIRO ESCANDÓN HERNÁNDEZ Procuradora Delegada con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa Proyectó: JEQJ.

Fuente original

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