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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: indicó que la adenda 2 creó una confusión entre todos los proponentes

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Fecha
2023-08-30
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202311170952390.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: indicó que la adenda 2 creó una confusión entre todos los proponentes

En resumen

CONTRATO ESTATAL-Oportunidad legal para la audiencia de aclaración NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-La carga de la prueba corresponde al demandante cuando se pretende la nulidad del acto de adjudicación de un contrato estatal Ref.: Proceso 05001-23-33-000-2015-00296-01 (69683) Aseguró que si se hubiesen acogido las observaciones presentadas por [NOMBRE TACHADO] esta hubiese sido la adjudicataria del contrato licitado toda vez que las propuestas que ocuparon los primeros lugares excedieron notablemente el porcentaje de administración y utilidad propuesto por la entidad, lo cual, de conformidad con las reglas del pliego de condiciones, es una causal de rechazo de la oferta económica. Arguyó que el informe preliminar de evaluación fue puesto a consideración de los proponentes entre el 7 y 11 de abril de 2014, término durante el cual, como la misma demandante confiesa, ésta presentó observaciones a las evaluaciones de las propuestas.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011
  • Ley 2080 de 2021
  • Ley 80 de 1993

Puntos que trata

  • Nulidad y restablecimiento del derecho: Contra la resolución por la cual el municipio de Medellín adjudicó la licitación pública no. 0070005232 de 2014 a Marketing de ideas S.A.S.
  • Contrato estatal: Oportunidad legal para la audiencia de aclaración
  • Nulidad y restablecimiento del derecho: La carga de la prueba corresponde al demandante cuando se pretende la nulidad del acto de adjudicación de un contrato estatal

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

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Texto del documento 63.700 caracteres
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra la resolución por la cual el municipio de Medellín adjudicó la licitación pública no. 0070005232 de 2014 a Marketing de ideas S.A.S. CONTRATO ESTATAL-Oportunidad legal para la audiencia de aclaración NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-La carga de la prueba corresponde al demandante cuando se pretende la nulidad del acto de adjudicación de un contrato estatal PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO N° 123/2023 Bogotá, D.C., 30 de agosto de 2023. Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente: Dr. [NOMBRE TACHADO] (E) E. S. D. Ref.: Proceso 05001-23-33-000-2015-00296-01 (69683) Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011) Actor: [NOMBRE TACHADO]. Demandado: Municipio de Medellín. Apelación de sentencia. Honorable señor Consejero: En mi condición de agente de la Procuradora General de la Nación para intervenir en el trámite de la referencia, y dentro del término previsto en el numeral 6 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, procedo a rendir concepto en el proceso de la referencia. Síntesis: La señora [NOMBRE TACHADO] pretende la revocación del fallo de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022), emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera, para que en su lugar se declare la nulidad de la Resolución No. 05672 del veintiocho (28) de abril de dos mil catorce (2014), a través de la cual el Municipio de Medellín adjudicó el contrato objeto de la licitación pública No. 0070005232. El demandante considera que el acto administrativo demandado se expidió con violación de la normatividad de rango legal y reglamentario que regía el trámite precontractual. Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones del Ministerio Público. 3. Conclusión. 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. La demanda. 1.1.1. Pretensiones 1.1.2. Hechos. 1.1.3. Fundamento de la violación. 1.2. La defensa. 1.3. Pruebas. 1.4. La sentencia. 1.5. Apelación. 1.1. La demanda Se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto el veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) radicado el once (11) de febrero de dos mil quince (2015) , por la señora [NOMBRE TACHADO] contra el Municipio de Medellín. 1.1.1. Pretensiones El presente análisis gira en torno a las pretensiones de nulidad dirigidas contra la Resolución No. 05672 del veintiocho (28) de abril de dos mil catorce (2014), acto administrativo por medio del cual se adjudicó la licitación pública No. 0070005232 de 2014 al proponente Marketing de Ideas S.A.S. Como consecuencia de la nulidad deprecada, la actora solicitó el restablecimiento del derecho que le correspondería a la demandante [NOMBRE TACHADO], como proponente de la oferta vencedora y por consiguiente verdadera adjudicataria del contrato que tenía por objeto la “operación de logística de eventos académicos, culturales e institucionales a nivel local, nacional e internacional con participación de docentes, directivos, estudiantes y funcionarios de la secretaría de educación”. El restablecimiento del derecho pretendido consiste en el pago de doscientos doce millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos ($212,744.137), valor correspondiente a la utilidad dejada de percibir por la ahora demandante. A partir de lo anterior, solicitó la actualización de la cifra señalada como pretensión económica, desde la fecha de la adjudicación objeto de reclamo hasta la fecha efectiva del reconocimiento y pago efectivo. 1.1.2. Hechos A continuación, se resume el sustento fáctico formulado en la demanda: Indicó la actora que el municipio de Medellín, a través de la Secretaría de Educación, en cumplimiento del Plan de Desarrollo, mediante la Resolución No. 03504 del 17 de marzo de 2014, dio apertura a la licitación pública No. 70005232 de 2014, cuyo objeto consistía en la “operación de logística de eventos académicos, culturales e institucionales a nivel local, nacional e internacional con participación de docentes, directivos, estudiantes y funcionarios de la secretaría de educación”. Relató que las condiciones generales del contrato consistieron en un plazo de ocho (8) meses o hasta agotar los recursos y un valor de tres mil doscientos setenta y dos millones novecientos ochenta y seis mil setecientos veintidós pesos M/L ($3.272.986.722) incluido IVA. Narró que, en los pliegos de condiciones, se establecieron requisitos habilitantes, tales como la experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad de organización, y, que, respecto a los criterios de evaluación, la entidad estableció en el pliego de condiciones lo siguiente: “4. CRITERIOS DE EVALUACION […] El puntaje se asignará de la siguiente manera: […] Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta más favorable para el Municipio de Medellín y para tales fines que se pretenda satisfacer con la contratación, se tendrá en cuenta los siguientes factores que serán evaluados siempre y cuando la propuesta cumpla con los requisitos habilitantes y las especificaciones técnicas requeridas”. CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO Precio 90 Estímulo a la Industria Nacional 10 TOTAL 100 Señaló que, en el desarrollo del proceso licitatorio, la entidad realizó actividades en contravención con lo dispuesto en las leyes que regulan la materia de la contratación estatal, y violentó los principios de legalidad en las actuaciones administrativas, selección objetiva y responsabilidad. Sostuvo que en el trámite objeto de reproche, se presentó una vulneración del proceso de selección porque tanto la audiencia de aclaraciones como la de asignación de riesgos, no se realizaron en el término establecido en la Ley 80 de 1993, ni tampoco cumplieron con lo correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012. Agregó sobre lo anterior que, las audiencias en mención, debieron realizarse el día veintiuno (21) de marzo y no el veinte (20), porque los pliegos de condiciones definitivos solo estuvieron disponibles a partir del diecisiete (17) de marzo a las cinco y cuatro minutos de la tarde (5:04 p.m.). Precisó que el veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014) se publicó la adenda No. 1 y el treinta y uno (31) del mismo mes la adenda No. 2, la cual, a su juicio, no dejaba claras las reglas de juego establecidas al inicio en el pliego de condiciones, en especial en lo relativo a la forma de evaluar el precio, porque las condiciones fijadas al inicio fueron modificadas a través de la adenda. Consideró que la entidad no realizó un estudio del sector serio y responsable como parte integral de los estudios previos, los cuales, afirmó, son indispensables para identificar los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación. Indicó que la adenda 2 creó una confusión entre todos los proponentes, ya que se indicó que se evaluaría la propuesta con menor valor, el cual estaría depositado por los proponentes en la casilla 5, pero en el mismo cuadro se expresó que dicho valor se extraería de restar la casilla 4 (administración y utilidad 8%) de la 5, situación que a su parecer fue ambigua e imposible de entender para los proponentes. Aseveró que el trámite precontractual se cometieron otros errores, que vician de nulidad la adjudicación como la falta de publicación en el SECOP, dentro del lapso oportuno, de los estudios previos, la matriz de riesgos y los estudios del sector, documentos que se dieron a conocer a los proponentes en forma tardía. La anterior trasgresión, a juicio del actor, violó los principios de publicidad y planeación. Sostuvo que el tres (3) de abril de dos mil catorce (2014), faltando un día para el cierre del proceso, la entidad publicó una adenda para modificar las condiciones de la presentación de la oferta económica, lo que, en su opinión, evidenció una falta de capacidad institucional para plantear las condiciones esenciales del pliego de condiciones. Destacó como irregularidad, la forma confusa en que se planteó que los proponentes presentaran la oferta económica y agregó sobre el particular que, resulta curioso que sólo los proponentes que quedaron empatados en el primer lugar entendieron lo que la administración quiso decir respecto de la presentación. Insistió en que el documento publicado el 3 de abril de 2014, modificó sustancialmente el contenido del pliego, lo que llevó a los oferentes a cometer errores. Señaló que el 4 de abril de 2014 se dio cierre a la licitación y apertura de las propuestas, dentro de las que se encontraba la de la señora [NOMBRE TACHADO] y, que, previo el trámite de verificación de los requisitos habilitantes y la evaluación de las ofertas económicas, la entidad publicó el informe inicial de evaluación el día 7 de abril de 2014, el que estableció el orden de elegibilidad. Mencionó que lo anterior dejó a la oferente [NOMBRE TACHADO], con un total de 100 puntos. Añadió que, en el cierre de la licitación, también se dispuso que esa resolución quedaba puesta a consideración de los demás proponentes entre los días 7 y 11 de abril, lo que dio paso a la recepción de observaciones y por último la entidad publicó un informe final de evaluación, en el cual afirmó la demandante, no se hizo mención de las observaciones que ella había formulado y que con ello se trasgredieron los derechos de defensa y contradicción de la ahora demandante. Adujo que al no haberse dado respuesta a las observaciones de la señora [NOMBRE TACHADO] y haber hecho caso omiso a sus advertencias, respecto de los oferentes que, con la presentación de la oferta económica, excedieron los límites temporales propuestos por la entidad en el pliego de condiciones. Rotuló como irregularidad del procedimiento de adjudicación que en el informe de evaluación se realizó la corrección aritmética y se estableció un nuevo orden en la lista de elegibles, lo que bajó a la señora [NOMBRE TACHADO] al tercer lugar de elegibilidad con un puntaje de 95, después de los proponentes Hangar Musical S.A.S. y Marketing de Ideas S.A.S, quienes obtuvieron un puntaje de 100 cada uno. Arguyó que de acuerdo con la Ley 1150 de 2007 en su artículo 9°, la entidad, previo a la audiencia de adjudicación, debió responder las observaciones presentadas por los oferentes al informe inicial de evaluación, pero no lo hizo. Aseguró que si se hubiesen acogido las observaciones presentadas por [NOMBRE TACHADO] esta hubiese sido la adjudicataria del contrato licitado toda vez que las propuestas que ocuparon los primeros lugares excedieron notablemente el porcentaje de administración y utilidad propuesto por la entidad, lo cual, de conformidad con las reglas del pliego de condiciones, es una causal de rechazo de la oferta económica. Afirmó que las ofertas presentadas por Hangar Musical S.A.S. y Marketing de Ideas S.A.S, incurrieron en la práctica denominada colusión y quebrantaron la sana competencia, con actos que debieron ser repudiados por la administración contratante con el posterior rechazo de sus ofertas. El rechazo al que se refirió el demandante se basó en que, los oferentes mencionados, relacionaron en sus ofertas los conceptos de administración y utilidad en forma errada porque sus cifras superaron en 24 centavos el 8% dispuesto en los pliegos de condiciones. Calificó de ilegal la adjudicación objeto de debate, porque el Municipio de Medellín como ente contratante, indujo en error a los oferentes en lo relativo a la presentación de la oferta económica. Dijo además que el contratante generó, en la licitación, una falta de certeza respecto de la oferta que generaba mejor relación costo – beneficio para el Municipio lo que se tradujo en la indebida planeación del proceso de selección, en especial en las prescripciones de los pliegos de condiciones y sus adendas. En apoyo de lo anterior, señaló como ejemplo que, en los pliegos de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de él, se clarificó si en el presupuesto estaba inmerso el IVA. 1.1.3. Fundamento de la violación Argumentó el demandante que el acto de adjudicación es un acto administrativo reglado, porque su expedición depende de unos actos precontractuales como lo es la elaboración de los estudios previos, el debido proceso en el procedimiento precontractual, la debida elaboración de los pliegos de condiciones entre otros. A partir de lo anterior afirmó que, cuando estos actos previos rompen los principios de legalidad, selección objetiva, y debido proceso, vician de manera flagrante el acto de adjudicación, pero resulta ser más ilegal y da lugar al restablecimiento del derecho, frente al demandante como ocurre en el presente caso, cuando se evidencia claramente que todos los errores que dan lugar a la ilegalidad en los actos precontractuales van dirigidos a favorecer a unos de los oferentes o a perjudicar a otro de ellos. Es importante tener presente, como ocurre en el presente caso, que el acto de adjudicación además de estar envuelto en vicios de ilegalidad por violación al debido proceso y al principio de selección objetiva, desconoció la mejor oferta como los es la presentada por [NOMBRE TACHADO] porque, si la entidad hubiese atendido en forma oportuna y de manera transparente las observaciones presentadas, hubiese adjudicado le proceso de selección a la mencionada oferente y añadió sobre el punto que las dos propuestas que ocuparon el primer lugar, tenían el mismo error aritmético, excediendo el límite de propuesta económica establecido por la entidad en el pliego de condiciones. 1.2. La defensa El doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015), el apoderado del Municipio de Medellín dio contestación a la demanda y se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones. Apoyó su oposición en los siguientes argumentos: El demandado refutó el cuestionamiento de la actora respecto de la realización a destiempo de la audiencia de aclaración y asignación de riesgos, porque ésta se llevó a cabo dentro del término de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo, conforme lo establece el numeral 4 del Artículo 220 del Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012. Como fundamento de la anterior aseveración adujo que, según el cronograma del referido proceso de selección, el término establecido dentro del cronograma del proceso para realizar la audiencia de aclaración y asignación de riesgos era entre el 18 de marzo (fecha de apertura del proceso) y el 20 de marzo, exactamente 3 días hábiles siguientes a la apertura del proceso Señaló que no es cierta la omisión referida a la ausencia de estudios previos en el proceso licitatorios porque éstos sí se realizaron. Indicó que tampoco son ciertos los cuestionamientos respecto de la adenda número 2 dado que en ella siempre se estipuló con claridad que los oferentes debieron determinar en el cuadro del Anexo 6, el valor del precio de la propuesta. Añadió que el valor en mención fue establecido en forma clara y debió entenderse que éste sería el resultado de la cifra contenida en la casilla 5, es decir, la diferencia entre el valor de la casilla 3 menos el valor de la casilla 4 del cuadro del "Resumen Económico de la Propuesta”. Sostuvo que los pliegos no fueron ambiguos u oscuros y prueba de ello es que dos de los proponentes Marketing de Ideas SAS y Hangar Musical SAS, interpretaron debidamente la adenda 2, además señaló, que la expedición de la mencionada adenda fue producto de las observaciones presentadas por otros participantes como fueron Magín Comunicaciones y Marketing de Ideas SAS. Dijo que, aunque es cierto que los estudios previos referidos no fueron publicados por la entidad en el SECOP en forma oportuna, esos documentos fueron publicados en el mencionado portal el 3 de abril de 2014, atendiendo justamente la observación que en tal sentido le formulara el proponente PLAZA MAYOR S.A. Añadió sobre el particular que, aunque se hizo la publicación de manera tardía, lo documentos siempre estuvieron a disposición del público y de todos los interesados en la Secretaria del ente contratante, como lo dispone el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, es decir, desde el momento mismo de la expedición de la Resolución que ordena la apertura del proceso. Complementó lo anterior e indicó que la publicidad de los pliegos de condiciones se vio refrendada con la discusión de su contenido en la audiencia de "aclaraciones, tipificación, estimación y asignación de riesgos”. Agregó que, en la reunión mencionada, participó en representación de la ahora demandante, la señora [NOMBRE TACHADO], tal como consta en el "Registro de Asistencia" de la misma, calendado marzo veinte (20) de dos mil catorce (2014). Basado en lo anterior insistió en que tampoco es cierto, que la supuesta no publicidad de los documentos del proceso, haya inducido al demandante a presentar errada su propuesta, pues no puede la demandante alegar en su favor su propio yerro. Afirmó que es parcialmente cierto, que la comunicación proferida antes del cierre no fue una adenda, sino que, con posterioridad a la expedición de la adenda Número 2, la administración expidió un AVISO. Este aviso se publicó con el fin de aclarar el cuadro del anexo que había sido modificado con la adenda Número 2 y ambos documentos que fueron publicados en el SECOP y en el portal institucional. Que las anteriores publicaciones pudieron ser conocidas por los interesados y nunca tuvo por propósito modificar el pliego de condiciones sino transcribir el cuadro objeto de la adenda Número 2 para clarificar que "el resultado de la casilla 5 es el producto de restar el valor de la casilla 4 de la casilla 3. Manifestó conclusivamente que la ahora demandante pretende ocultar con el argumento aludido su error y falta de impericia a la hora de llenar el Anexo N°6. Arguyó que el informe preliminar de evaluación fue puesto a consideración de los proponentes entre el 7 y 11 de abril de 2014, término durante el cual, como la misma demandante confiesa, ésta presentó observaciones a las evaluaciones de las propuestas. Dijo que no es cierto lo manifestado en la demanda en cuanto a la violación del derecho de contradicción de la señora [NOMBRE TACHADO], dado que ella pudo enterarse del contenido de la evaluación realizada por la entidad pública a sus ofertas. También tuvo la señora Jaimes oportunidad para expresar, exponer o formular las observaciones o reparos que consideró a lugar antes de la adjudicación del contrato. Indicó que la obligación de la entidad es regular en los procedimientos de selección, las etapas que hagan posible el desarrollo del principio de publicidad y contradicción de los informes, conceptos y decisiones que se adopten en los procesos por parte de la Administración. Indicó que no es cierto que las observaciones presentadas por la hoy demandante al informe preliminar de evaluación, no hayan sido respondidas por la administración. Precisó que estas fueron atendidas dentro del término establecido para ello y la respuesta dada a las mismas fueron publicadas en el SECOP el día veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015) y, en consecuencia, es falso que se le haya vulnerado el derecho de defensa y contradicción. Añadió que el hecho que la administración no considere de recibo los argumentos en los cuales la señora Jaimes soportó las observaciones al informe preliminar, no puede servir de fundamento para decir que la administración hizo caso omiso de las observaciones realizadas. Explicó que, en síntesis, la propuesta presentada por la señora Sonia James Cobos no obtuvo el mayor puntaje porque la operación matemática realizada por dicho proponente para calcular finalmente el valor de su propuesta incluyendo IVA, no arrojó como resultado final el menor precio. El demandado propuso como excepciones, en primer lugar, la de “INCUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES PARA LA PROSPERIDAD DE LA PRETENSIÓN”. Apoyó lo anterior en que la actora no presentó pruebas que señalan su oferta como la ganadora del proceso licitatorio. La de “CULPA EXCLUSIVA DEL PROPONENTE” basado en que fue la impericia de [NOMBRE TACHADO] la circunstancia determinante del errado diligenciamiento del Anexo 6 que la postre derivó en el fracaso de su propuesta en el proceso licitatorio. Finalmente pidió que el Despacho declarara probadas las excepciones que, aunque no fueran alegadas con la contestación, resulten demostradas dentro de lo actuado. Por todo lo expuesto, el demandado Municipio de Medellín, solicitó al Tribunal la desestimación de todas las pretensiones elevadas por la parte actora. 1.3. Pruebas El demandante aportó las siguientes: Poder al abogado. Copia del pliego de condiciones. Propuesta presentada por MARKETING IDEAS S.A.S Propuesta presentada HANGAR MUSICAL S.A.S. Propuesta presentada por [NOMBRE TACHADO]. Respuesta observaciones de los oferentes. Adendas N° 1,2 y 3. Informe inicial de evaluación. Informe final de evaluación. Observaciones presentadas al INFORME INICIAL DE EVALUACIÓN. Acta de audiencia de adjudicación. Resolución de Adjudicación. Observaciones presentadas en la audiencia de adjudicación. Pruebas aportadas por el demandado: Aviso de convocatoria pública del 27 de febrero de 2014. Estudios previos del proceso de selección Anexo 6 "resumen Económico". Matriz de riesgos del proceso de selección. Análisis del sector económico de la licitación pública. Respuesta observaciones al proyecto de pliego de condiciones del proceso de selección. Pliego de condiciones del proceso de selección. Respuesta observaciones al Pliego definitivo del proceso de selección. Acta de Audiencia de Aclaración de Pliegos y Tipificación de Riesgos celebrada el 20 de marzo de 2014 formato de asistencia Adenda Nro. 1 del 28 de marzo de 2014. Adenda Nro. 2 del 31 de marzo de 2014. Aviso público aclaratorio del 02 de abril de 2014. Acta de apertura de propuestas del 04 de abril de 2014. Observaciones al informe de evaluación presentadas por CVML S.A. Observaciones al informe de evaluación presentadas por [NOMBRE TACHADO]. Observaciones al informe de evaluación presentadas por Eventos Perfectos S.A.S. Observación al informe de evaluación presentada por Eco Producciones BTL S.A.S. Observaciones al informe de evaluación presentada por Marketing de Ideas S.A.S. Observaciones al informe de evaluación presentada por Magín Comunicaciones S.A.S. Observaciones al informe de evaluación presentada por Pubblica S.A.S. Observaciones al informe de evaluación presentadas por "ce". Acta de audiencia de adjudicación celebrada el 28 de abril de 2014. Resolución de Adjudicación Nro. 5672 del 28 de abril de 2014. Contrato Nro. 4600053945 de 2014, suscrito entre el Municipio de Medellín — Secretaría de Educación y Marketing de Ideas S.A.S. (13 fl). Acta No- 41 emitida por el proponente Estrategia y Producción S.A. Petición presentada por [NOMBRE TACHADO] el 22 de abril de 2014. Respuesta a solicitud con radicado No. 201400204644 emitido por el Municipio de Medellín a [NOMBRE TACHADO]. Documento mediante el cual se verifica y demuestra la falla en el SECOP el día 3 de abril de 2014. Propuestas presentadas por cada uno de los proponentes. Propuestas presentadas por cada uno de los proponentes. Observaciones al informe de evaluación presentadas por Hangar Musical S.A.S. Informe de evaluación preliminar del 7 de abril de 2014. Informe de evaluación final del 21 de abril de 2014. Resolución Nro. 3504 del 17 de marzo de 2014, por medio de la cual se ordenó la apertura de la licitación pública Nro. 0070005232 de 2014. 1.4. La sentencia Con fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022) el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, profirió fallo de primera instancia y denegó las pretensiones de la demandante. El fallo se basó en las consideraciones que se resumen a continuación. La primera instancia se concentró en analizar la legalidad de la Resolución 05672 del veintiocho (28) de abril de dos mil catorce (2014), por medio de la cual se adjudicó la licitación pública N° 0070005232 de dos mil catorce (2014), al proponente MARKETING DE IDEAS S.A.S. El A quo estudió, además, si dentro del proceso de adjudicación de la licitación pública descrita, se cumplieron los plazos dispuestos por la ley y si, dentro del aludido proceso de adjudicación, se incurrió en errores que atentaran contra los principios que rigen los procesos de selección. Finalmente examinó si, en el caso objeto de estudio, se cometieron irregularidades en relación con el pliego de condiciones. Frente a los cargos esgrimidos en la demanda, se pronunció en los siguientes términos: El Tribunal estimó que la audiencia de aclaración de pliegos se dio en término, dado que, tal y como la entidad demandada dijo en la contestación, según el cronograma del proceso de selección, el término establecido para realizar la audiencia de aclaración y asignación de riesgos era entre el 18 de marzo (fecha de apertura del proceso) y el 20 de marzo, exactamente a los 3 días hábiles siguientes al de la apertura del proceso. Como sustento de la anterior conclusión, la primera instancia consideró el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 2012. Adicionalmente razonó sobre la supuesta violación del debido proceso aducido por el demandante y constató que, en el registro de asistencia a dicha audiencia, se relacionó a la señora [NOMBRE TACHADO] en representación de la ahora demandante [NOMBRE TACHADO], y, por consiguiente, se contó la presencia de la actora para que ella realizara sus observaciones respecto de los pliegos y riesgos. Por lo anterior estimó que ese cargo de nulidad no tiene vocación de prosperidad. Señaló que, de acuerdo con la demandante, en la página del SECOP la entidad contratante no publicó en el término oportuno los estudios previos, la matriz de riesgos y menos los estudios del sector, además, que esos documentos que nunca se dieron a conocer a los proponentes, violentando los principios de publicidad y planeación, así como el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. Indicó el A quo que la entidad demandada, en la contestación, reconoció como cierto que los referidos documentos no fueron publicados por la entidad en el SECOP oportunamente, toda vez que los mismos se publicaron el 3 de abril de 2014. Revisado el pantallazo aportado con la demanda de la consulta del SECOP de la Licitación No. 0070005232 se evidenció que el primer documento publicado fue el proyecto de pliego de condiciones, que se cargó el 27 de febrero de 2014, y el 3 de abril del mismo año se cargaron los estudios previos, la matriz de riesgos y los estudios del sector. Sostuvo además que esos documentos fueron publicados como anexo al pre pliego en la página institucional desde el 27 de febrero de 2014 por lo tanto no existe prueba de que esta falta de publicidad haya inducido a la proponente a presentar errores en su propuesta. Agregó sobre el punto que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato y a partir de ello deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación. Estimó que, por el contrario, en el aviso de convocatoria pública del 27 de febrero de 2014 se informó de manera inicial que, tanto el proyecto de pliego de condiciones como los estudios y documentos previos, estarían a disposición de los interesados para ser consultados en la página web institucional y en las instalaciones de la Secretaría de la entidad contratante. Por lo anterior, consideró la primera instancia que el cargo no tiene vocación de prosperar porque no se violaron, para el caso que nos ocupa, los principios de publicidad y transparencia dado que los documentos mencionados siempre estuvieron a disposición del público y de todos los interesados en la Secretaría de la Entidad durante el desarrollo del proceso contractual. En cuanto al señalamiento formulado por el demandante consistente en que los pliegos de condiciones no establecieron reglas claras, determinó la instancia inferior que la actora situó el yerro en que el contratante evaluaría la propuesta con menor valor, el cual estaría depositado por los proponentes en la casilla 5, pero en el mismo cuadro se expresó que dicho valor se extraería de restar la casilla 4 (administración y utilidad 8%) de la 5, situación que le pareció oscura, ambigua e imposible de entender para los proponentes. Constató el Tribunal que los criterios de valoración iniciales de la licitación fueron que el puntaje se asignaría teniendo en cuenta como CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO, el Precio en una cifra de 90 y el restante 10 con base en el estímulo a Industria Nacional, para un total de 100. Agregó el A quo en su constatación que a la propuesta más económica se le asignarán 90 puntos, y las demás obtendrán una calificación que disminuirá de 5 en 5. Precisó que al pliego de condiciones se adjuntó el anexo 6 denominado “resumen económico” con el “formato de oferta económica”, el cual disponía inicialmente que debían proponerse precios unitarios por cada evento a desarrollarse durante la celebración del contrato. Indicó que el Municipio de Medellín expidió la adenda No. 2 el 31 de marzo de 2014 en el que se verificó una modificación del ítem a.) concerniente al Precio del punto 4. que estableció los criterios de evaluación y se modificó el anexo 6, en el resumen económico. Advirtió la Sala que, si bien es cierto, el referido anexo 6 podría generar una confusión para los proponentes, pues no era viable que el valor neto de la propuesta fuera el resultado de restar del valor de la casilla 4 “Administración y Utilidad” el de la casilla 5 “Valor neto de la propuesta”, esta situación fue aclarada mediante aviso público del 2 de abril de 2014. Explicó que precisamente la modificación del Anexo 6 (resumen económico) por parte del Municipio de Medellín, surgió como respuesta a una observación realizada por la actora, la señora [NOMBRE TACHADO] al pliego definitivo, en la que solicitaba que el formato de propuesta económica fuera lo más detallado posible para garantizar que haya perfecta coincidencia entre lo requerido por la entidad y lo cotizado por los oferentes, tal y como se advierte en la respuesta a las observaciones al pliego definitivo del 31 de marzo de 2014. Precisó sobre el cargo de nulidad en cuestión que el artículo 25 de la Ley 1510 de 2013, en consonancia con el inciso 2 del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, dispone que la Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas en las licitaciones públicas, máximo 3 días antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Consideró que, según el cronograma establecido en la adenda No. 1, el 28 de marzo de 2014, el plazo para expedir adendas era hasta el 31 de marzo de 2014, toda vez que la entrega de las propuestas estaba prevista para el 4 de abril del mismo año. Agregó sobre ese tema que la entidad demandada, con posterioridad a la expedición de la adenda No. 2 y con anterioridad al cierre del proceso, la administración expidió un aviso, por medio el cual aclaraba el cuadro anexo que había sido modificado. Verificó a partir de la prueba documental aportada con la demanda que la señora [NOMBRE TACHADO] presentó diligenciado el anexo 6 (resumen económico) en su versión final. Dijo que, luego, el 7 de abril de 2014, la entidad contratante realizó el informe de evaluación preliminar en el que se concluyeron los siguientes puntajes y orden de elegibilidad así: Proponente Valor propuesta Puntaje total SONIA JAIME COBOS $2.570.603.771 100 HANGAR MUSICAL S.A.S. $2.595.817.055 95 MARKETING DE IDEAS S.A.S. $2.595.817.055 95 ESTRATEGIA Y PRODUCCIÓN S.A. $2.721.815.758 90 EVENTOS PERFECTOS S.A.S. $2.793.604.236 85 OPEN GROUP BTL LTDA. $3.227.559.923 80”. Lo anterior se puso en consideración de los proponentes para que formularan las observaciones que estimaran pertinentes y subsanaran los documentos requeridos, si había lugar a ello. Sostuvo que lo anterior permitió a la señora [NOMBRE TACHADO] presentar observaciones frente a la evaluación preliminar, el 11 de abril de 2014, escrito en el cual se pronunció sobre el procedimiento de selección implementado. Evidencia a partir de lo expuesto que la ahora demandante estaba de acuerdo con las etapas del proceso contractual que venía adelantando el municipio de Medellín, tanto así que hizo énfasis en que varios de los proponentes habían desconocido la adenda No. 2 en lo relativo al anexo 6 y el aviso aclaratorio, mientras que ella había ajustado su propuesta a este. Determinó que la entidad demandada, en el informe de evaluación final del 21 de abril de 2014 estableció los puntajes y orden de elegibilidad así: “Proponente Valor propuesta Puntaje total HANGAR MUSICAL S.A.S. $2.595.817.055 100 MARKETING DE IDEAS S.A.S. $2.595.817.055 100 SONIA JAIME COBOS $2.638.140.159 95 OPEN GROUP BTL LTDA. $2.663.193.491 90 MAGIN COMUNICACIONES S.A.S. $2.666.355.562 85 EVENTOS PERFECTOS S.A.S. $2.793.604.235 80 PUBBLICA S.A.S. $2.821.540.278”. Comprobó el Tribunal entonces que el cambio de los valores a la propuesta de la señora [NOMBRE TACHADO] obedeció a la incorrecta aplicación de la fórmula para calcular el IVA, tal y como lo explicó el municipio de Medellín en la audiencia de adjudicación: “En el proceso de evaluación final de las propuestas, la Administración observó que el cuadro de Resumen económico contenido en el anexo 6., debía ajustarse o corregirse al constatar las inconsistencias en que algunos proponentes incurrieron al calcular el valor del IVA, toda vez que, la operación para calcular dicho gravamen, debe ser calculado dividiendo el valor o base gravable entre 1.16 y luego multiplicándolo por el porcentaje de impuesto (0,16). La expedición del aviso no tiene otro fin distinto a facilitar a los proponentes el cálculo de su AU en el porcentaje que ellos determinara (sic), y el gravamen de IVA correspondiente del contrato”. Sobre lo reclamado por la demandante el Tribunal señaló que el Consejo de Estado, ha dejado claro que el informe de evaluación no define la adjudicación del contrato, ni confiere al proponente calificado en el primer lugar el derecho a exigirla. Añadió que incluso, ese informe es susceptible de modificación cuando se halle un error en este o cuando resulten procedentes las observaciones presentadas por los oferentes durante su traslado. Concluyó que lo anterior sucedió en el proceso contractual, porque a pesar de que la señora [NOMBRE TACHADO] obtuvo el primer lugar de elegibilidad en la evaluación preliminar de las propuestas del 7 de abril de 2014, se modificó este orden en el informe de evaluación final del 21 de abril de 2014, al advertirse, luego de analizadas las observaciones presentadas por los proponentes, que algunos de ellos habían cometido errores aritméticos para el establecimiento de sus propuestas económicas, por lo que, al corregirse estos yerros, varió el orden de elegibilidad, quedando la demandante en el tercer lugar y, por ende, no fue adjudicado el contrato en su favor. Para la primera instancia este cargo de nulidad en contra del acto de adjudicación demandado tampoco prosperaría, toda vez que no hubo expedición de adendas por fuera del término legal, sino un aviso público aclaratorio de la adenda No. 2 del 2 de abril de 2014, el cual explicaba la manera cómo debía ser diligenciado el anexo 6. Sobre la afirmación de la actora respecto de una supuesta omisión en la respuesta a sus observaciones, estimó el Tribunal que en la audiencia de adjudicación celebrada el 23 de abril de 2014, el municipio de Medellín decidió suspender la misma a efectos de resolver de fondo las observaciones presentadas por los proponentes y en el expediente se observa que el Municipio de Medellín sí respondió a las observaciones realizadas por la demandante a los informes de evaluación, en los términos del artículo 39 de la Ley 1510 de 2013, esto es, previo a la adjudicación del contrato estatal, por lo que no prospera este cargo de nulidad frente al acto administrativo. En cuanto al cargo basado en que las propuestas presentadas por HANGAR MUSICAL S.A.S. y MARKETING DE IDEAS S.A.S. debieron ser rechazadas, pues los oferentes mostraron prácticas colusivas y, que, además, sus propuestas económicas fueron excesivas de conformidad con lo dispuesto en el pliego, en lo que tenía que ver con el 8% de administración y utilidad ($261.838.937,76), toda vez que se superó en 24 centavos ($261.838.938), consideró la instancia inferior que las propuestas que ofrecieron un porcentaje de intermediación de un 8% del valor del presupuesto oficial, incluyendo el IVA, no exceden el valor total del mismo, contrario a como lo afirma la demandante. Lo anterior porque el valor total del presupuesto es un valor constante y si el porcentaje máximo de administración, permitido por los pliegos, era del 8% del presupuesto oficial, el valor final de las propuestas debió ser ajustado sin décimas, por lo tanto, entendió el A quo, de acuerdo con los pliegos de condiciones 8.00000000073% es igual a 8%, aunque en valores absolutos, no lo sean. En cuanto al vicio alegado respecto de si los estudios previos no fueron claros sobre si las propuestas debían tener en cuenta o no el IVA, estimó la primera instancia que el municipio de Medellín, en la audiencia de adjudicación celebrada el 23 y el 28 de abril de 2014, indicó que el presupuesto oficial incluía el IVA y además, por disposición legal, todos los contratos suscritos con las entidades públicas están sometidos al IVA, siempre que en su ejecución se configure alguno de los hechos generadores previstos en el artículo 420 del estatuto tributario (ET), y la actividad a la cual hace referencia la Licitación está incluida como un hecho dentro de los que recae este impuesto. Explicó que, de la revisión de las dos propuestas que quedaron en primer lugar y la de la demandante, se concluye que en ellas se discriminó el IVA como lo ordenaban los pliegos y sus adendas, pero finalmente el valor que se tuvo en cuenta para escoger la propuesta más económica fue sin este impuesto. A partir de lo anterior concluyó el Tribunal que lo estipulado en los pliegos sobre la aplicación del IVA sí fue claro. Aclaró que en el presupuesto oficial de la entidad se incluía el IVA, el contrato se encontraba gravado con IVA, los proponentes debían discriminar el IVA en sus propuestas y la base de evaluación del precio sería el valor IVA, para, con base en lo anterior, asignar el puntaje correspondiente. Añadió que el municipio de Medellín, con la formulación de las reglas anotadas, cumplió en la licitación que se cuestiona. Por todo lo expuesto el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda en referencia. 1.5. La apelación El veinte (20) de septiembre de dos mil veintidós (2022), la demandante [NOMBRE TACHADO] interpuso recurso de apelación contra lo decidido en primera instancia. El cuestionamiento de alzada está basado en los argumentos que continuación se resumen. Adujo la actora que el Municipio de Medellín incumplió lo establecido en el pliego de condiciones al momento de escoger al contratista y que, durante el procedimiento precontractual, se presentó una violación expresa del Principio de Publicidad. Añadió sobre ese punto que, en la sentencia de primera instancia, el Tribunal de Antioquia reconoció expresamente la violación de principios de vital importancia en materia contractual que afectaron la legalidad del acto de adjudicación. Sostuvo que el A quo erró en su decisión, porque ésta resulta subjetiva y no consideró la falta de publicidad de los documentos previos, siendo ellos necesarios para la estructuración de los procesos de selección. Agregó que los anteriores defectos de la adjudicación no permitieron al Municipio establecer los requisitos habilitantes, como el estudio del sector y que los hechos en mención no fueron desvirtuados por el demandado en su contestación. Además, que el demandado cometió errores que evidenciaron la falta de planeación en la estructuración del proceso lo cual influyó notablemente en la decisión de adjudicación marcada por la falta de pericia y cuidado del comité asesor de dicho proceso. Indicó que la entidad pública accionada omitió publicar a tiempos los estudios previos y los estudios del sector, de conformidad con los términos establecidos en el Decreto 1510 de 2013, normatividad aplicable al procedimiento vigente para la fecha de los hechos. Citó en apoyo de lo anterior que el contenido de los estudios previos y el estudio del sector, no guardó consistencia con la información suministrada en el pliego de condiciones, justamente relacionada con la forma como se debería presentar la oferta económica. Por todo lo expuesto, señaló el apelante, el Municipio de Medellín violentó el principio de planeación, objetividad y responsabilidad durante el proceso precontractual y complementó que, según la sentencia de primera instancia, se puede deducir, entonces que no era necesaria la publicidad de los documentos previos, que el principio de publicidad se puede romper y que en sede jurisdiccional esta violación se puede obviar. Arguyó que el principio de publicidad se encuentra debidamente regulado por la Ley y reglamentado específicamente sobre los documentos que merecen la publicidad, además, que dentro de la regulación es clara e incontrovertible la obligatoriedad de publicar los documentos previos y ese mecanismo de publicidad es justamente el SECOP. Pero, explicó que estos ingredientes normativos, no se cumplieron dentro del proceso de selección objeto de debate. Planteó que la ilegalidad del acto de adjudicación consiste en que la simple mención de un aviso de convocatoria o la indicación que los documentos están disponibles en la oficina, no suple la obligatoriedad de publicar los documentos previos en el sistema electrónico de contratación pública- SECOP- y agregó que, si fuese así, sería el “apague y vámonos”. Sostuvo que se equivocó el despacho de primera instancia al considerar que la adenda se publicó dentro del término legal, es decir 31 de marzo, de 2014, y el apelante afirmó desconocer a que adenda se refirió el Tribunal con esta fecha de publicación. Añadió que la adenda citada en la demanda como fuente de ilegalidad es la que está disfrazada como aviso y que se publicó el 3 de abril de 2014, es decir faltando un día para el cierre del proceso, desconociendo el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011. Indicó que el Municipio de Medellín disfrazó el documento en cuestión como aviso aclaratorio, pero que lo finalmente probado en los documentos aportados en la demanda, es que se modificó sustancialmente el cuadro económico, en el que se debería presentar la oferta económica, configurándose así una adenda. Argumentó que el Municipio de Medellín, dentro de las respuestas a las observaciones al informe de evaluación no respondió las observaciones que presentó la demandante [NOMBRE TACHADO]. Además, que la primera instancia no cotejó la observación presentada por la oferente Jaimes Cobos con la respuesta que emitió la entidad para comprobar que, si bien se manifestaron algunas respuestas, estas no fueron de fondo, tampoco fueron precisas y detalladas, evidenciando una vez más la falta de objetividad y transparencia en el proceso de selección. Afirmó que, en el proceso en referencia, se demostró claramente la violación de los principios de selección objetiva, transparencia, planeación y objetividad por parte del Municipio de Medellín. Conjeturó a partir de lo anterior que, el ente territorial vulneró las garantías propias de toda actuación administrativa como es el debido proceso el derecho de defensa y contradicción de la oferente [NOMBRE TACHADO] y que se lo anterior no se hubiera presentado, la mencionada señoría hubiese sido escogida como adjudicataria del contrato. Insistió en que las oferentes HANGAR MUSICAL S.A.S., y MARKETING DE IDEAS S.A.S., presentaron una utilidad por encima del 8%, es decir al momento de redondear el valor de la oferta económica no aplicaron de manera correcta de acuerdo al contenido del pliego de condiciones el sistema de redondeo, ya que los valores al aplicarlos en porcentajes superaron el valor del presupuesto de la entidad, y por lo tanto debieron ser rechazadas sus ofertas. Aseguró que las oferentes HANGAR MUSICAL S.A.S., y MARKETING DE IDEAS S.A.S incurrieron en prácticas restrictivas de competencia, porque al revisar sus ofertas se puede constatar que ambas contienen los mismos errores en la presentación. Añadió que el empate de las oferentes mencionadas permitió que no hubiera discusión sobre quién era la adjudicataria. Concluyó de lo anterior que para el caso en comento se presentó una práctica colusiva por parte de las sociedades HANGAR MUSICAL S.A.S., y MARKETING DE IDEAS S.A.S De acuerdo con lo anteriormente expuesto el apelante solicitó la revocación en segunda instancia de la sentencia. 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Contenido: 2.1. Problema jurídico. 2.2. Marco legal y jurisprudencial aplicado al caso. 2.2.1. Prosperidad de la demanda de nulidad que cuestiona el acto de adjudicación. 2.3. Caso concreto: NO se acreditaron los vicios de nulidad del acto demandado ni se probó que la oferta del demandante fuera la verdadera ganadora del procedimiento licitatorio. 2.1. Problema jurídico. Esta Agencia del Ministerio Público considera que el problema jurídico, de acuerdo con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto, consiste en determinar: ¿Procede la revocatoria de la sentencia de primera instancia por encontrarse acreditados los vicios de formación del acto demandado y estar probados los elementos técnicos y jurídicos que convertirían la propuesta de la demandante [NOMBRE TACHADO] en la adjudicataria por ser ésta la mejor opción para el interés general dentro del proceso licitatorio 0070005232 adelantado por el Municipio de Medellín? 2.2. Marco legal y jurisprudencial aplicado al caso 2.2.1. Prosperidad de la demanda de nulidad que cuestiona el acto de adjudicación Los oferentes que se consideren con derecho a ser los verdaderos ganadores de un proceso licitatorio tienen la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el propósito de invalidar el acto de adjudicación y de solicitar a la autoridad judicial la declaratoria del correspondiente restablecimiento del derecho. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que ataca el acto de adjudicación podrá hacer descalificaciones referidas a la oferta vencedora. Sin embargo, el objeto de la demanda es el cuestionamiento de la legalidad del acto administrativo precontractual, y en consecuencia, para el éxito de la pretensión, será necesario que el actor explique las supuestas irregularidades teniendo en cuenta el contenido de los pliegos de condiciones y la forma en que ellos definen cuál sería la propuesta más favorable. En esa medida, los factores de escogencia aducidos como determinantes en favor de la causa judicial del oferente vencido, deben formularse a partir de los aspectos fijados por el contratante para la escogencia, como son por ejemplo las causales de rechazo, las reglas de subsanabilidad, los criterios de evaluación y desempate etc.. A partir de lo anterior, las diferencias que constituyan aspectos consagrados en el pliego de condiciones que resulten determinantes para la selección del contratista y que supuestamente favorecieron al oferente que demanda tendrán que ser probados por él en el proceso judicial tendiente a anular la adjudicación. Por lo tanto, cuando se interpone un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que pretenden la nulidad del acto de adjudicación de un contrato estatal, corresponde al demandante la carga de la prueba, tanto de los vicios invalidantes del procedimiento como de los elementos que permitan discernir que la oferta del participante inconforme debía ser la ganadora del proceso de selección. No podrá entonces el demandante contentarse con realizar afirmaciones desde su subjetividad encaminadas a desvirtuar la validez de la oferta presentada por sus competidores en el procedimiento de licitación, sino que debe desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar que su oferta era la mejor. La interpretación del oferente perdedor, sobre la forma en que debió aplicarse la metodología de evaluación de las ofertas ni lo que debieron ser las respuestas de la autoridad contratante frente a las observaciones dadas en la audiencia de aclaración del pliego de condiciones pueden ser el fundamento de la demanda de nulidad del acto de adjudicación. En consonancia con lo descrito, si en el proceso judicial que busca invalidar la adjudicación no es posible determinar el mejor derecho del accionante, no procederán las pretensiones anulatorias ni mucho menos ordenar la indemnización por la no adjudicación. Para la prosperidad de las pretensiones de nulidad procesal esgrimidas contra el acto de adjudicación es necesario que el demandante pruebe que la escogencia del contratista en el procedimiento objeto de controversia, se dio como consecuencia de una regla injusta en su forma o si ésta fue justa, que fue aplicada de manera diferenciada respecto de uno u otro oferente. Los pliegos de condiciones podrían, en un momento dado, carecer de la precisión exigida en el ordenamiento jurídico, pero ello no invalida el procedimiento, sino que impone al ente contratante el deber de aclarar su contenido y resolver las dudas de los oferentes durante la adjudicación. Estas aclaraciones pueden estar vehiculadas en adendas, oficios o avisos, pero, sin importar el nombre que adopten, dichas precisiones del pliego se tornaran obligatorias tanto para el contratante público como para los participantes en el proceso de selección. 2.3. Caso concreto: NO se acreditaron los vicios de nulidad del acto demandado ni se probó que la oferta del demandante fuera la verdadera ganadora del procedimiento licitatorio Corresponde en el presente asunto estudiar la prosperidad de los argumentos de la parte demandante, los cuales describen supuestas irregularidades registradas en la licitación pública No. 0070005232, organizada por el Municipio de Medellín a fin de contratar la operación de logística de eventos académicos, culturales e institucionales a nivel local, nacional e internacional con participación de docentes, directivos, estudiantes y funcionarios de la secretaría de educación. Sostuvo la parte actora que las anomalías reseñadas en el libelo constituyen vicios configurativos de la nulidad de la Resolución No. 05672 del veintiocho (28) de abril de dos mil catorce (2014) por medio de la cual se adjudicó el contrato estatal al proponente MARKETING DE IDEAS S.A.S. Como asunto preliminar incumbe examinar la caducidad de la Acción. Se encuentra que la intención del demandante es anular la Resolución No. 05672 del veintiocho (28) de abril de dos mil catorce (2014), la cual fue comunicada al interesado mediante el sistema SECOP en la misma fecha, de acuerdo con lo establecido en los artículos 141, 164 de la Ley 1437 de 2011 y 77 de la Ley 80 de 1993, correspondía al actor interponer el medio judicial a más tardar el veintinueve (29) de agosto de dos mil catorce (2014) y lo hizo un día antes, por lo que se concluye que la demanda fue presentada en término. Para esta Agencia del Ministerio Público las pretensiones del demandante deben ser desestimadas de fondo por el Ad quem con base en lo siguiente. Consideró la demandante que la audiencia de aclaración y asignación no se realizó dentro del lapso estipulado en la Ley 80 de 1993 y el Decreto Ley 019 de 2012 porque ella se realizó el 20 de marzo y cuando en realidad debió realizarse el 21 del mismo mes. No tiene razón la recurrente en su apreciación dado que la audiencia en cuestión se dio dentro de los tres días siguientes a la apertura de la licitación, tal como establece el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. En efecto, los pliegos estuvieron a disposición de los oferentes el 17 de marzo, y los tres días se empiezan a contar desde el día siguiente, por lo tanto, la oportunidad corrió el 18, 19 y 20 de marzo, siendo esta última en la que se realizó la audiencia. Afirmó la actora que la Licitación pública No. 0070005232 violó el principio de publicidad y transparencia al no publicar en el SECOP los estudios previos y estudios del sector relativos al procedimiento de selección del contratista. Afirmó el demandante que la falta de publicación, al ser este requisito obligatorio, acarrea la nulidad de la adjudicación. Sin embargo, se probó en el proceso que Sí se publicaron los mencionados documentos sólo que esto se dio, en un primer momento, en la página web de la Alcaldía de Medellín. La publicación de los estudios previos se dio tardíamente en el SECOP, eso es cierto, pero también es cierto que la actora [NOMBRE TACHADO], SÍ tuvo acceso a esos documentos en el transcurso de la Licitación y en consecuencia pudo conocerlos y cuestionarlos por lo que no fue violado su derecho a contradecir su contenido;prueba de ello son las observaciones presentadas por la oferente [NOMBRE TACHADO] en torno a la formulación del contenido del Anexo 6, el resumen económico, las cuales fueron resueltas por la administración contratante. Sostuvo la demandante que los estudios previos y estudios del sector no guardaron concordancia con el pliego de condiciones. Se acreditó dentro de lo actuado que los estudios previos y estudios del sector SÍ guardaron concordancia con el pliego de condiciones. De la comparación de los contenidos se puede concluir que sí hubo concordancia entre los pliegos y los estudios previos. Además, de todo lo anterior, el demandante no probó ni explicó de forma exacta, que la supuesta incongruencia hubiese incidido en la escogencia errada del contratista. Arguyó la accionante que la expedición de una adenda, que se disfrazó bajo el ropaje de un aviso, modificó a última hora una cláusula del pliego de condiciones y, por lo tanto, convierte en nula adjudicación del contrato. Lo considerado por el demandante como una tercera adenda, fue en realidad un aviso aclaratorio, que especificó una discordancia lógica de lo escrito, pero no de lo descrito en los documentos del proceso, por lo tanto no cambió el contenido de la adenda dos. Dicho en otros términos, el aviso precisó algo evidente y es que el contenido de la casilla 5 no podría ser el resultado de la resta de casilla 4 menos la misma casilla 5. Por consiguiente, el aviso discutido, expedido por la autoridad contratante, se dio con el fin de dotar de mayor precisión la información a consignar en el Anexo 6, contentivo del resumen económico de la propuesta. Este agente del Ministerio Público considera que el aviso objeto de reclamo no es una Adenda porque no hizo ningún cambio ni ajuste relacionado con condiciones técnicas, jurídicas y económicas del pliego definitivo y, en general, a cualquier contenido distinto del cronograma del procedimiento de selección ni los del cronograma. Reclamó la demandante que el Municipio de Medellín no contestó las observaciones formuladas por la oferente, ahora demandante, [NOMBRE TACHADO] y por consiguiente se violó su derecho de contradicción, lo que, a juicio de la oferente, acarreó un vicio que invalida la adjudicación del contrato objeto de escrutinio. De lo estudiado en el expediente contentivo del proceso en referencia se concluye que el Municipio de Medellín SÍ contestó las observaciones formuladas por los oferentes. Las observaciones presentadas por la señora [NOMBRE TACHADO], en relación con los pliegos de condiciones, fueron contestadas en lo concerniente al primer informe y al informe final de evaluación. En cuanto a las observaciones presentadas con respecto al informe de evaluación final, éstas fueron, más que todo, formulaciones de interpretación salidas del criterio de la proponente [NOMBRE TACHADO] en las que planteaba las razones por las que se debían rechazar las ofertas de sus competidores. Las anteriores observaciones fueron formuladas de viva voz por la actora en la audiencia de adjudicación y fueron resueltas dentro del trámite de la misma. El que se hayan contestado las anteriores observaciones en forma distinta a la deseada por la actora [NOMBRE TACHADO], no significa que ellas quedaran sin respuesta por parte del ente territorial contratante. Precisó la accionante que de haber sido contestadas las observaciones de la oferente [NOMBRE TACHADO], ésta hubiese sido la adjudicataria del contrato. La afirmación de la demandante respecto de la supuesta falta de contestación de sus observaciones y, que, de haberse dado ello, le habría asegurado la firma del contrato, es una conjetura producto de la subjetividad de la oferente [NOMBRE TACHADO]. Por supuesto, si aquellas observaciones continentes de un petitum de rechazo a las ofertas competidoras, hubiesen sido despachadas favorablemente a [NOMBRE TACHADO], podría concluirse que ello le garantizaría la firma del contrato a la oferente Jaimes. Sin embargo, el ente contratante no está obligado a acoger las interpretaciones evaluativas de los oferentes desestimados. Efectivamente, como se ha dicho en el presente capítulo, la accionante no cumplió debidamente con la carga de la prueba que le imponía demostrar que la suya fue la mejor oferta y ese es el punto determinante para el sub lite y no que hayan contestado al pie de la letra observaciones subjetivas de una oferente. Señaló la parte actora que los oferentes mejor calificados en la licitación sobrepasaron el ocho por ciento (8%) trazado en el pliego de condiciones como porcentaje límite que debía establecerse como utilidad en la propuesta. Sin embargo, revisadas las propuestas de que se presentaron prácticas colusivas por HANGAR MUSICAL S.A.S. y MARKETING DE IDEAS S.A.S se encontró que estos oferentes redondearon la cifra del 8% de administración y utilidad ($261.838.937,76) correspondiente al porcentaje anotado a la cifra sin decimales ($261.838.937) más cercana al ocho por ciento (8%). Con lo anterior los oferentes HANGAR MUSICAL S.A.S. y MARKETING DE IDEAS S.A.S (adjudicataria) dieron aplicación a lo que estaba estipulado en el pliego de condiciones. En la demanda se acusa a las oferentes HANGAR MUSICAL S.A.S. y MARKETING DE IDEAS S.A.S de haber incurrido en prácticas colusivas, pero como sustento de dicha afirmación la actora simplemente plantea que las ofertas señaladas coincidieron en el apartado de la oferta económica en la misma cifra. Para esta Vista Fiscal, la coincidencia en las cifras no es prueba suficiente de colusión entre los oferentes, por lo que este cargo tampoco está llamado a prosperar. En conclusión, no probó la demandante [NOMBRE TACHADO] el haber aportado a la licitación, la mejor oferta que la llevara a ser adjudicataria de la misma, por haber cumplido por encima de competidores con todos los factores objetivos de escogencia establecidos en el pliego de condiciones. Tampoco demostró la actora haber obtenido el mayor puntaje al momento de la aplicación de los criterios ponderables y, por consiguiente, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no pueden ser tenidas las situaciones presentadas como irregularidades en la demanda como vicios que acarrean la ilegalidad del acto de adjudicación. La actora no logró probar que la resolución de adjudicación fue proferida con violación del pliego o el quebrantamiento de las normas que rigen el procedimiento de selección del contratista. En una licitación, los oferentes elevan sus propuestas y el contratante escoge con base en los elementos de calificación previamente establecidos, con el fin de llegar al resultado buscado, consistente en suscribir el contrato estatal con el contratista idóneo para llevar ejecutar el acuerdo diseñado. Si el demandante que pretende anular la decisión de adjudicación, no prueba tener un mayor puntaje a la luz de los preceptos clasificatorios o la aplicación diferencial por subjetividad o error, de criterios de escogencia por parte del ente contratante, su reclamación no está llamada prosperar. Por el contrario, en el sub examine, se encuentra probado que la señora [NOMBRE TACHADO] cometió un error al discriminar el IVA en su propuesta y en la relación aritmética de su propuesta económica. En contraste con lo anterior, no se halló acreditado que los fallos presentados en la licitación configuraran verdaderos cargos de ilegalidad contra el acto administrativo acusado, debido a que no hay demostración, aparte de no acreditar que su propuesta se ajustaba en un todo a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, tampoco se probó que la demandante hubiese formulado la mejor oferta en sus aspectos técnicos y financieros. Tampoco acreditó la actora que su propuesta, representara la opción más conveniente para el interés público, por lo tanto, todas la circunstancias anotadas, no permiten concluir que la propuesta de la demandante tuviera el derecho a ser adjudicataria de la Licitación Pública objeto del actual escrutinio. 3. CONCLUSIÓN Por todo lo expuesto se sugerirá la confirmación de fallo de primera instancia dado que la actora centró su inconformidad en la interpretación sobre la metodología de evaluación de sus competidoras. Contrario a lo anterior, se cuenta dentro de lo actuado con elementos de prueba, que permiten deducir la realización de una evaluación satisfactoria a la luz del pliego y el hecho de tener el Municipio de Medellín que explicar y aclarar el alcance de los criterios numéricos, no invalida las reglas planteadas en la licitación. La sola existencia de aspectos del pliego que requirieron explicaciones y aclaraciones adicionales no es un hecho que por sí solo configure una irregularidad en la aplicación de discernimientos de puntuación en la evaluación de las propuestas. Lo que se echa de menos en el proceso en referencia son las pruebas respecto de elementos evaluativos que permitan constatar que la señora [NOMBRE TACHADO] presentó la mejor propuesta de todas. Revisado el expediente se encuentra que la oferta que resultó adjudicataria MARKETING DE IDEAS S.A.S., cumplió con los requisitos contenidos en el pliego de condiciones, y, que el demandante considere que las propuestas se debieron evaluar en forma distinta, y además en favor suyo, no es argumento suficiente para decir que la evaluación realizada por el Municipio de Medellín al momento de escoger al contratista, no estuvo ajustada a derecho. El señalamiento sobre vicios en la toma de decisión de la administración contratante no puede estar basada en interpretaciones del oferente vencido, ni su opinión sobre la forma en que debieron calificarse las ofertas porque el discernimiento del proponente vencido no crea derecho. Con fundamento en los anteriores argumentos, esta Agencia del Ministerio Público en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, solicita de manera respetuosa a esa Honorable Corporación que en este evento se desestime el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022) emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión. De los Honorables Magistrados, LUIS RAMIRO ESCANDON HERNÁNDEZ Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa LREH/HWMP

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