Texto del documento 157.003 caracteres
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Contra el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué -IMDRI y el municipio de Ibagué Consorcio Interjuegos 2015, por el incumplimiento contractual del contrato de interventoría No 86 de 2015
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Definición y marco legal
CONTRATO ESTATAL-Desviación de poder según la jurisprudencia del Consejo de Estado
CONTRATOS ESTATALES-Causales de Nulidad Absoluta
CONTRATOS ESTATALES-Efectos de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato
CONTRATOS ESTATALES-Efectos de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato según la jurisprudencia de la Corte Constitucional
RESPONSABILIDAD FISCAL-Objeto
CONTRATO DE INTERVENTORÍA-Definición según la jurisprudencia del Consejo de Estado y las funciones del interventor contractual
Corte Constitucional en Sentencia C-207 de 2019, destaca lo expresado en la sentencia del 13 de junio de 2013
CONCEPTO No. 053 / 2023
Bogotá D.C., 08 de mayo de 2023.
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: Doctora [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Expediente: 730012333000201700246 01 (69637)
Medio de control: Controversias Contractuales - Ley 1437/2011
Actor: Consorcio Interjuegos 2015
Demandados: Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Ibagué–IMDRI y otro.
Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia // El contrato de Interventoría 086 de 2015 se encuentra incurso en la causal de nulidad dispuesta en el numeral 3° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 // No existe tarifa probatoria para demostrar la desviación de poder en el marco de la adjudicación, suscripción y ejecución de un contrato estatal // Las pruebas penales trasladadas gozan de pleno reconocimiento y valor probatorio // No se generó beneficio ni provecho alguno por parte del Estado con la ejecución del contrato de interventoría 086 de 2015 máxime cuando la obra sobre la cual versaba su ejecución no fue concluida // No procede el reconocimiento de restituciones mutuas // Le asiste obligación al Consorcio Interjuegos 2015 efectuar la devolución e favor del IMDRI de las sumas de dinero que haya recibido en razón a la ejecución del contrato No. 086 de 16 de marzo de 2015, debidamente indexadas // No procede la práctica de pruebas en segunda instancia solicitadas por el apoderado del apelante único.Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia // El contrato de Interventoría 086 de 2015 se encuentra incurso en la causal de nulidad dispuesta en el numeral 3° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 // No existe tarifa probatoria para demostrar la desviación de poder en el marco de la adjudicación, suscripción y ejecución de un contrato estatal // Las pruebas penales trasladadas gozan de pleno reconocimiento y valor probatorio // No se generó beneficio ni provecho alguno por parte del Estado con la ejecución del contrato de interventoría 086 de 2015 máxime cuando la obra sobre la cual versaba su ejecución no fue concluida // No procede el reconocimiento de restituciones mutuas // Le asiste obligación al Consorcio Interjuegos 2015 efectuar la devolución e favor del IMDRI de las sumas de dinero que haya recibido en razón a la ejecución del contrato No. 086 de 16 de marzo de 2015, debidamente indexadas // No procede la práctica de pruebas en segunda instancia solicitadas por el apoderado del apelante único.
Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia // El contrato de Interventoría 086 de 2015 se encuentra incurso en la causal de nulidad dispuesta en el numeral 3° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 // No existe tarifa probatoria para demostrar la desviación de poder en el marco de la adjudicación, suscripción y ejecución de un contrato estatal // Las pruebas penales trasladadas gozan de pleno reconocimiento y valor probatorio // No se generó beneficio ni provecho alguno por parte del Estado con la ejecución del contrato de interventoría 086 de 2015 máxime cuando la obra sobre la cual versaba su ejecución no fue concluida // No procede el reconocimiento de restituciones mutuas // Le asiste obligación al Consorcio Interjuegos 2015 efectuar la devolución e favor del IMDRI de las sumas de dinero que haya recibido en razón a la ejecución del contrato No. 086 de 16 de marzo de 2015, debidamente indexadas // No procede la práctica de pruebas en segunda instancia solicitadas por el apoderado del apelante único.
Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia // El contrato de Interventoría 086 de 2015 se encuentra incurso en la causal de nulidad dispuesta en el numeral 3° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 // No existe tarifa probatoria para demostrar la desviación de poder en el marco de la adjudicación, suscripción y ejecución de un contrato estatal // Las pruebas penales trasladadas gozan de pleno reconocimiento y valor probatorio // No se generó beneficio ni provecho alguno por parte del Estado con la ejecución del contrato de interventoría 086 de 2015 máxime cuando la obra sobre la cual versaba su ejecución no fue concluida // No procede el reconocimiento de restituciones mutuas // Le asiste obligación al Consorcio Interjuegos 2015 efectuar la devolución e favor del IMDRI de las sumas de dinero que haya recibido en razón a la ejecución del contrato No. 086 de 16 de marzo de 2015, debidamente indexadas // No procede la práctica de pruebas en segunda instancia solicitadas por el apoderado del apelante único.
El Ministerio Público en cumplimiento de la función de intervención, actúa ante esta instancia dentro del medio de control de la referencia, teniendo en cuenta la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público. Para lo cual; presenta a consideración del despacho sustanciador el presente concepto de intervención.
1. ANTECEDENTES
Advierte el Ministerio Público que en el presente proceso existe demanda principal presentada por el Consorcio Interjuegos 2015, invocando entre otros, el incumplimiento contractual a cargo del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué -IMDRI y el municipio de Ibagué; posteriormente, se presentó demanda de reconvención fundamentada en el incumplimiento del contrato de interventoría generando daño emergente y lucro cesante al IMDRI.
Atendiendo que las demandas constan de pretensiones diferentes e independientes, esta instancia desarrollará el presente concepto precisando inicialmente las pretensiones que corresponden a la demanda principal; y seguidamente efectuará el estudio de las pretensiones de la demanda de reconvención.
1.1. Demanda principal.
El Consorcio Interjuegos de 2015, conformado por la sociedad LKS COLOMBIA S.A.S. en un 51% y el Ing. DIEGO FONSECA CHAVES con el 49% de participación, a través de apoderado judicial, el día 12 de mayo de 2017, en ejercicio de la acción de controversias contractuales consagrada en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, presentó medio de control de controversias contractuales invocando el incumplimiento contractual del contrato de interventoría No 86 de 2015, en contra del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (en adelante IMDRI), y el municipio de Ibagué, señalando en contra de los demandados la inobservancia de sus deberes legales en cuanto a (i) a la adopción de las medidas necesarias y suficientes para mantener el equilibrio económico y financiero del contrato, así como la equivalencia prestacional, (ii) al principio de planeación que imposibilitó la ejecución del objeto del contrato de obra, (iii) al pago oportuno de las prestaciones económicas a su cargo y en favor de la interventoría, así como por todo aquello que resulte probado en el proceso, lo cual le generó sobrecostos, daños y perjuicios al demandante, y (iv) la adopción de las medicadas necesarias que impidieron el desarrollo del objeto del contrato de obra por su inejecución.
Lo anterior, en atención a que mediante Resolución 019 del 30 de enero de 2015, el IMDRI dio apertura al proceso de contratación, mediante concurso de méritos No 02 de 2015, con el propósito de adjudicar la contratación para "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION ADECUACIÓN Y/O REMODELACION DE LOS ESCENARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 CON CARRERA 50 EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y IV PARANACIONALES 2015 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS".
De esta manera, el Consorcio Interjuegos 2015, presentó propuesta el 09 de febrero de 2015, procediendo el IMDRI a proferir Resolución 046 del 20 de febrero de 2015 mediante la cual aceptó la propuesta que obedecía a los siguientes ítems:
CONCEPTO
VALOR
Costo directo personal profesional
$1.203.840.000
Costo directo personal técnico
$193.920.000
Otros costos directos
$158.300.000
Valor total costos directos
$1.556.060.000
IVA
$248.969.600
Total contrato de interventoría
$1.805.029.600
En atención a la aceptación de la propuesta presentada por el consorcio, el 16 de marzo de 2015 se suscribió entre IMDRI y el Consorcio Interjuegos 2015 el contrato de interventoría No 86, el cual tenía por objeto realizar la interventoría de la construcción, deportiva de la calle 42 con carrera 5 en la ciudad de Ibagué para los XX juegos deportivos nacionales y IV para nacionales 2015 y obras complementarias, por un valor de MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($1.805.029.600), en un plazo de doscientos treinta (230) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción
del Acta de Inicio, la que se suscribió el 13 de abril de 2015, por lo tanto, el plazo del contrato vencía el 29 de noviembre de 2016.
Asimismo, mediante el mencionado contrato de interventoría se pactó la siguiente forma de pago: (i) pago de un ANTICIPO equivalente al 20% del valor total del contrato, el cual sería amortizado proporcionalmente en cada uno de los pagos efectuados por concepto de pago de costos variables por avance de obra, (ii) El pago de los COSTOS FIJOS MENSUALES por un valor del 40% del valor total del contrato de interventoría, los cuales se cancelarían en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato. (iii) El pago de COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA, equivalente al 50% del valor total del contrato de interventoría, el cual sería pagado mensualmente según el avance en la ejecución de las obras.
Señala que, durante la ejecución del contrato de interventoría 086 de 2015, este fue adicionado y prorrogado en 2 oportunidades, al vencerse el plazo de ejecución, el consorcio remitió al IMDRI el 3 de octubre de 2016 el acta de terminación del contrato, estipulando en ella las observaciones y constancias que tanto la entidad como el contratista, en ejercicio del derecho que le asistía, habían manifestado, estableciendo un saldo a favor del contratista de $599.111.131; sin embargo la entidad no se pronunció al respecto.
En consideración a que no hubo una respuesta formal de parte del IMDRI, el CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 mediante correo certificado, recibido el 17 de noviembre de 2016, remitió al IMDRI la factura No. 15 cobrando el 5% del valor del contrato de interventoría No 86 de 2015, la cual, conforme lo dispone el artículo 773 del código de comercio, fue aceptada irrevocablemente por la entidad contratante, en tanto que no fue devuelta, objetada, ni se formuló reclamo alguno sobre su contenido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. El IMDRI, al igual que como aconteció con el acta de terminación, no dio respuesta, no formuló observaciones, ni se manifestó respecto del acta de liquidación enviada por el contratista.
De acuerdo a lo mencionado en la demanda y la fijación de hechos del litigio de la demanda principal, establecido en la audiencia inicial, las situaciones que constituyen el presunto incumplimiento contractual invocado por el consorcio, son:
Incumplimiento de la entidad contratante, respecto a la entrega oportuna al contratista de obra de la información técnica necesaria y suficiente para ejecutar el objeto del contrato. Al respecto, en el escrito demandatorio se precisó que, el contratista de obra no contaba con los diseños e información técnica apta para ejecutar la construcción, razón por la cual la interventoría se vio en la imperiosa necesidad de, en muchas oportunidades, subsanar sobre la marcha los errores y deficiencias de la información técnica del proyecto, a fin de darle continuidad. No obstante, pese a los esfuerzos del CONSORCIO INTERJUEGOS, ello no fue posible dada la magnitud de los cambios que a nivel de diseños debían efectuarse, todo lo cual, al final terminó siendo una excusa empleada por el constructor para abandonar las obras y dejar su ejecución a medias.
Incumplimiento de la entidad, en cuanto a sus obligaciones relacionadas con la dirección y control del contrato de obra no. 074 de 2015 objeto de interventoría, pese a los requerimientos de la Interventoría; el instituto contratante no efectuó el descuento del 10% en el pago de las actas parciales al contratista de obra.
Los retrasos en la ejecución de la obra, impedía a la Interventoría la facturación de los costos variables pues estaba sujeto a la facturación del contratista de obra, lo que conllevó a que el día 25 de noviembre de 2015, las partes suscribieron un otrosí modificatorio de la forma de pago establecida en el Contrato de Interventoría No. 86 de 2015, cambiando la forma de pago de la siguiente manera: a) se modificó el porcentaje de costo fijo el cual varió del 40% al 90% del valor del contrato; b) se suprimió el concepto de pago por costos variables respecto a avance de obra y; c) se incluyeron dos (2) nuevos hitos de pago: 1. El primero equivalente al 5% del valor total del contrato a la firma del acta de terminación. 2. El segundo pago correspondía al 5% restante una vez se suscribiera el acta de liquidación. Lo anterior, para compensar el desequilibrio económico que se generó en contra de la Interventoría. Con lo anterior, la Interventoría procedió a la facturación de los costos variables causados hasta la fecha de suscripción del Otrosí; desequilibrio que invoca el consorcio ascendió a la suma de $553.619.727; la cual no ha sido pagada por la entidad pese a haber sido radicada la solicitud de pago el día 4 de marzo de 2016 a través de las comunicaciones No. INTERJUEGOS 2016 - 946 S y No. INTERJUEGOS 2016 - 946-5.
El no pago de las actas de interventoría No.4 y No.5 correspondientes a la adición 1 y las actas de interventoría No. 1 y No. 2 de la adición 2, que corresponden a la suma de $375.146.876; así como el no pago del 5% del valor total del contrato a la firma del acta de terminación y 5% restante una vez se suscribiera el acta de liquidación; pues la Interventoría remitió con destino al IMDRI el día 03 de octubre de 2016, acta de terminación definitiva del contrato de interventoría en el que se precisó que la contratante adeudaba por éste concepto la suma de $250'438.582; sin que el instituto profiriera respuesta alguna.
Conforme lo anteriormente indicado, se tiene que, el Consorcio Interjuegos 2015, mediante el medio de control contractual que nos convoca, reclama el resarcimiento de los siguientes perjuicios:
CONCEPTO
VALOR
Sumas adeudadas por concepto de reajuste de los costos fijos causadas antes de la modificación de la forma de pago del contrato.
$553.619.727
Sumas adeudadas por el no pago de las actas de obra de la adicción 1 y 2 del contrato de interventoría No 086 de 2015.
$375.146.876.
El 5% del valor total del contrato de interventoría, pago que se había acordado con la suscripción de la correspondiente acta de terminación.
$125.219.291.
El 5% del valor total del contrato de interventoría, pago que se había acordado con la suscripción de la correspondiente acta de terminación, que dispone el artículo 773 del código de comercio.
$125.219.291.
Intereses por mora debido al no pago oportuno de las actas de obra facturadas
$49.336.780.
TOTAL DE PERJUICIOS
$1.228.541.965.
1.1.1. De las pretensiones invocadas.
Conforme lo anterior, invocó las siguientes pretensiones:
“Se declare que el MUNICIPIO DE IBAGUE y el INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ –IMDRI incumplieron el Contrato de Interventoría No. 86 de 2015 celebrado con el demandante, por efectos de la inobservancia a sus deberes legales en cuanto a la adopción de las medidas necesarias y suficientes para mantener el equilibrio económico y financiero del contrato, así como la equivalencia prestacional; al principio de planeación que imposibilitó la ejecución del objeto del contrato de obra; al pago oportuno de las prestaciones económicas a su cargo y en favor de la interventoría, así como por todo aquello que resulte probado en el proceso, lo cual generó sobrecostos, daños y perjuicios; y la adopción de las medidas necesarias que impidieran la frustración del objeto del contrato de obra por su inejecución.
En razón a lo anterior, solicita se condene a las entidades accionadas a pagar el valor de los sobrecostos y/o perjuicios de todo orden padecidos por el contratista por la ocurrencia de hechos o circunstancias que no le son imputables y que generaron una excesiva onerosidad para el cumplimiento de las prestaciones a su cargo y, en general, por todo aquello que resulte probado en el proceso.
Igualmente, que se liquide judicialmente el Contrato de Interventoría, incluyendo el reconocimiento de los sobrecostos y perjuicios de todo orden sufridos por el contratista: sumas adeudadas por concepto de reajuste de los costos fijos causados antes de que se modificara la forma de pago del contrato por $553.619.727, las sumas adeudadas por el no pago de las actas de obra de la adición 1 y 2 del contrato de interventoría por $375.146.876, el 5% del valor total del contrato correspondiente a la suscripción del acta de terminación por $125.219.291 y el 5% del valor total del contrato correspondiente a la suscripción del acta de liquidación por $125.219.291.
Se condene al pago actualizado de las sumas que resulten a su cargo, con base en el índice de precios al consumidor y el pago de intereses legales del doce por ciento (12%) anual sobre tal montó de perjuicios ya actualizado, y para el mismo periodo. En subsidio de esta pretensión, se condene al pago actualizado con base en el índice de precios al consumidor junto con el reconocimiento de intereses legales del seis por ciento (6%) anual. Como segunda forma de esta pretensión subsidiaria, se reconozca la actuación de las sumas con fundamento en el IPC, a la tasa de interés que determine el juez.
Por último, solicita, se condene al pago de las costas del proceso y las agencias en derecho, ordenando el cumplimiento de la sentencia en los términos prescritos en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, junto con el pago de intereses.”
1.2. Contestación a la demanda principal.
1.2.1. Encontrándose dentro del término legal establecido para ello, mediante apoderado judicial, el municipio de Ibagué presentó contestación a la demanda, manifestando oponerse a la prosperidad de las pretensiones incoadas en su contra, advirtiendo que no tuvo injerencia en ninguna de las etapas para la celebración del contrato de interventoría 086 de 2015 en el que es contratista el consorcio demandante.
Al respecto, indicó que el IMDRI obedece a una entidad descentralizada del orden municipal, y en uso de sus funciones legales, y en pleno ejercicio de dicha autonomía adelantó el proceso contractual mediante el cual generó un vínculo con el consorcio Interjuegos 2015. Por ende, no es posible, endilgar responsabilidad al municipio de Ibagué por rompimiento de equilibrio contractual e inobservancia del principio de planeación, al no haber participado en el proceso de selección del proponente, suscripción del contrato y desarrollo del mismo.
En este sentido, invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.2.2. El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué – IMDRI, mediante contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones incoadas en su contra, argumentando que carece de verdad lo argumentado por el consorcio en la demanda principal.
En este sentido, señaló que el contratista de obra desde la etapa precontractual tuvo acceso a los diseños que sirvieron de base para la estructuración del proceso de licitación pública cuyo objeto consistió en la construcción adecuación y/o remodelación de los escenarios de las instalaciones de la unidad deportiva de la calle 42 con carrera 5, en el que el único proponente fue el Consorcio Unidad Deportiva 2015.
Asimismo, manifestó que el demandante incurrió en una imprecisión fáctica, toda vez que el CONSORCIO ESCENARIOS UNIDAD DEPORTIVA 2015 no abandonó la obra, permaneció en la misma hasta el 21 de Julio de 2016, fecha en la que vencía el contrato de obra No. 074 de 2015.
Insistió en que correspondía a un deber de la interventoría el revisar las actas que se suscribieran durante la ejecución del contrato de obra No. 074 de 2015, en los términos contractuales del mismo y de conformidad con la cláusula octava del mismo, en las actas de recibo parcial de obra se debían efectuar los respectivos descuentos del 10% por concepto de retegarantía.
Considera que, el contratista interventor pretende imponer un efecto retroactivo al otrosí realizado a la forma de pago, que en todo caso es irregular, pues, las partes al momento de perfeccionamiento de los contratos pudieron prever razonablemente que era factible el hecho de que existiera poco avance de obra, a tal punto que estipularon como condición para el pago de un porcentaje del precio de acuerdo al avance de ejecución de los contratos de obra objeto de vigilancia.
Igualmente, insistió en que la modificación a la forma de pago es susceptible de nulidad absoluta, toda vez que esta, implicó un favorecimiento económico al patrimonio del contratista interventor realizado por la anterior administración del IMDRI (2012-2015) en un posible contubernio con el interventor, puesto que concibió en pagar el 90% del valor del contrato en costos fijos mensuales, sin importar el poco avance o poco trabajo del contratista de obra, lo cual resultaba fácil pues en las obras hubo poco personal y poco trabajo de obra, por lo que recibirían un pago fijo mensual sin tener nada que vigilar.
De otro lado, invocó el incumplimiento del manejo del anticipo entregado al Consorcio Interjuegos 2015, como quiera que no existe registro de un informe que dé cuenta de la inversión de tales recursos, ni del reembolso de los rendimientos que éstos produjeron como se indicó en la cláusula sexta del contrato. Adicionalmente, solo amortizaban contra los costos variables y como en las últimas actas solo facturaron costos fijos, no amortizaron nada a pesar que el otrosí al contrato lo indicaba.
Por último, mencionó la suscripción del convenio de asociación No 456 de 2016 con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con el fin de que se verificara el estado actual de las obras ejecutadas, labor que se sintetizo en el informe pericial que concluyó que los escenarios deportivos tienen un avance físico que no coincide con el avance pagado y/o aprobado y recibido a satisfacción por la interventoría en las actas de recibo parcial, ni con las obras que realmente podían ser funcionales.
Conforme a los argumentos presentados, invoco las excepciones de contrato no cumplido, en tanto la interventoría CONSORCIO INTERJUEGOS 2015, incumplió sus obligaciones legales y contractuales, puesto que certificó y avaló para el pago, en las actas de recibo parcial, obra y personal que no cumplía con las condiciones técnicas y requisitos exigidos en el pliego de condiciones y en el contrato, además de haber incumplido sus obligaciones contractuales relacionadas con el manejo y amortización del anticipo. Aunado a lo anterior, considera que incumplió sus obligaciones, dado que no realizó la vigilancia del personal requerido y exigido para el contratista de obra e incumplió con el personal ofertado para la vigilancia de la ejecución de la obra, incumplimientos que no tienen nexo de causalidad con la falta de pago alegada por el demandante.
1.3. Demanda de reconvención.
El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué -IMDRI-, invocando el contenido del artículo 177 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda de reconvención en contra del CONSORCIO INTERJUEGOS 2015, argumentando que existió indebido direccionamiento o desviación de poder en la adjudicación del Contrato de Interventoría No. 086 de 2015, con lo cual, a su juicio se configura una nulidad absoluta del contrato estatal por desviación de poder al favorecerse los intereses del contratista. Lo anterior, señalando, en síntesis:
Indicó que para la fecha de presentación de la demanda de reconvención se adelantan diversas investigaciones penales relacionadas con las contrataciones que se suscribieron en torno a los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, precisando que estas investigaciones han dado lugar a múltiples capturas y condenas penales tanto de servidores públicos como de particulares, esto por el favorecimiento y/o direccionamiento de los contratos, incluyendo el de interventoría 086 adjudicado al Consorcio Interjuegos 2015.
En este sentido, precisó respecto a los contratos de interventoría No. 086 de 2015 (objeto de Litis) y el No. 120 de 2015 ambos adjudicados al mismo contratista: LKS COLOMBIA S.A.S. y DIEGO FONSECA CHAVES; que se encontraban en curso de un proceso penal por direccionamiento en los contratos.
Por otro lado, advirtió que el contrato de interventoría No. 086 de 2015, fue incumplido en cuanto al manejo del anticipo entregado al CONSORCIO INTERJUEGOS 2015, como quiera que no existe registro de un informe que dé cuenta de la inversión de tales recursos, ni del reembolso de los rendimientos que éstos produjeron, como se indicó en la cláusula sexta del contrato. Adicionalmente, solo amortizaban contra los costos variables y como en las últimas actas solo facturaron costos fijos, no amortizaron nada a pesar que en el otrosí efectuado al contrato así lo indicaba.
Por último, mencionó que el IMDRI suscribió convenio de asociación No. 456 de 2016 con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, esto con el fin de que se efectuara una revisión al estado actual de las obras contratadas y ejecutadas y rindiera un dictamen de acuerdo a lo encontrado. De esta manera, se produjo el dictamen en el que se concluyó que los escenarios deportivos muestran un avance físico que no coincide con el avance pagado y aprobado o recibido a satisfacción por la interventoría en las actas de recibo parcial, ni con las obras que realmente podrían ser funcionales.
1.3.1. Pretensiones de la demanda de reconvención.
Atendiendo las situaciones que sustentaron la presentación de la demanda de reconvención, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué –IMDRI, invocó las siguientes pretensiones:
“Se declare la nulidad absoluta del contrato de interventoría No. 086 de 2015 reclamando como daño emergente el pago de las obras no funcionales pagadas al contratista de la obra por valor de $3.208.490.278, así como el valor de lo reconocido a la Sociedad Colombiana de Ingenieros quienes realizaron un peritazgo sobre el estado de las obras por $490.999.389 y por lucro cesante, la indexación del reembolso que debe hacer el contratista por obras no funcionales por $109.797.927, los ingresos o funcionales dejados de percibir por arrendamientos antes del cierre de obras en el año 2015 por las obras inconclusas proyectados hasta 2017 por $34.190.051.
De manera subsidiaria, solicita se declare el incumplimiento del contrato de interventoría, pretendiendo las mismas condenas por daño emergente y lucro cesante.”
1.4. Contestación a la demanda de reconvención.
1.4.1. El Consorcio Interjuegos 2015, presentó contestación a la demanda de reconvención, manifestando oponerse a cada una de las pretensiones invocadas, argumentando en su defensa, lo siguiente:
En cuanto a la investigación adelantada en la Fiscalía, frente a la supuesta adjudicación ilegal de los contratos de interventoría, precisó que esto corresponde a indagaciones preliminares, sin que a la fecha se encuentre en instancias de imputación de cargos, por lo que nada puede colegir el demandante en reconvención por respeto al principio de orden constitucional de presunción de inocencia.
Asimismo, indicó que el otrosí modificatorio de 25 de noviembre de 2015 y el adicional No. 2 de 10 de mayo de 2016, fueron actos bilaterales incumplidos en forma arbitraria y malintencionada por la entidad, en tanto se sustrajeron de pagar lo que debían. Adicionalmente, manifestó que fue la “nueva administración”, la que adicionó el valor y el plazo del contrato de interventoría el 10 de mayo de 2016, entendiéndose que lo hicieron por cuanto confiaban en lo dicho y hecho por el consorcio que desarrollaba la interventoría.
De otro lado, argumentó que, no es cierto que hubo indebido manejo del anticipo, en tanto es la administración la que nunca revisó, leyó, ni contestó comunicación alguna remitida por la interventoría, que en forma diligente informó sobre la inversión del anticipo, consignó y reportó los rendimientos causados. Además, señaló de extemporáneo el requerimiento efectuado, pese a que nunca se elevó llamamiento por tal supuesto incumplimiento, ni se hizo efectiva sanción alguna en contra del contratista, ni el amparo por tal causa si es que consideraba que se había concretado un indebido manejo de los recursos que concretara el riesgo amparado.
Reiteró que, la modificación en la forma de pago, no fue irregular, por cuanto el incumplimiento en el suministro de información técnica — estudios y diseños para ejecutar la obra - fue deficiente, insuficiente y errónea, lo que impidió el avance de los trabajos en tanto tal información no era construible, lo que generó enormes sobrecostos al interventor, quien a pesar del escaso avance de la obra por razón de la forma de pago pactada, debió tener a disposición todo su personal técnico y administrativo sin poder facturarlo, lo cual es una ruptura del equilibrio prestacional, que conllevó a la suscripción de la modificación del contrato efectuada en el mes de noviembre de 2015 específicamente respecto a la forma de pago, propiciando el pago de los costos de interventoría en función del plazo, más no del avance de la obra. En este sentido, advirtió que, para dicha fecha, la propia contratante carecía de recursos para pagar el valor del contrato de interventoría, lo que conllevo a la suspensión del mismo y cuando se reanudó, el IMDRI se negó a pagar lo causado y con ello impidió la amortización plena del anticipo, suma que debió ser compensada o descontada en forma directa de lo adeudado, requerida por vía sancionatoria y de efectividad de amparos, nada de lo cual hizo al respecto.
Agregó, que el informe final presentado por la interventoría siempre dejó en claro que el valor no amortizado de anticipo, debía descontarse de lo que el IMDRI acepta deber, cuando admite que se ejecutó todo el contrato de interventoría.
Insistió en que la interventoría no pagó la obra, pues este es un acto que por ley solo ostenta la entidad estatal contratante, quien, al efecto, contrataba un supervisor de obra dispuesto por el IMDRI, y quien durante la anterior y la presente administración auditó la gestión adelantada por la interventoría, sin formular; cuestionamiento o reparo alguno al respecto, por lo que no entiende cómo transcurrido el tiempo la entidad indica que no sabía qué era lo que estaba ocurriendo en desarrollo del contrato, cuando semana tras semana, se realizaban comités técnicos de obra.
Manifestó inconformidad respecto a los argumentos del IMDRI al indicar que perdió credibilidad en la interventoría, lo que la motivó a contratar la revisión de las obras por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros; reiterando que la entidad decretó el incumplimiento del contrato de obra con fundamento en los informes presentados por la interventoría y además recomendó la apertura de procesos sancionatorios por atraso y mala calidad de obra, como se indicó en el informe final de interventoría de agosto de 2016, frente al cual la “nueva” administración no hizo nada.
En este sentido, expuso que el consorcio ni certificó, ni avaló recibo a satisfacción de la obra, incluso recomendó a la entidad la efectividad de las pólizas por mala calidad y ordenó descuentos en el acto de liquidación del contrato cuando el contratista no reparó la obra, dejando de presente que los descuentos ordenados por la interventoría fueron mayores a los que determinó la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
En cuanto al informe presentado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros respecto al estado y calidad de las obras, indicó que en él no se tuvo en cuenta que la información técnica entregada por la entidad no era construible, por lo que, para avanzar en la obra, tanto la contratista como la interventoría se dieron a la tarea de generar definiciones técnicas con sus asesores externos, siendo necesario incorporar importantes modificaciones al modo en que no era posible iniciar la construcción del proyecto, en tanto no se contara con estudios, ni diseños que permitieran el normal desarrollo de la obra, lo que generó las diferencias en cotas, rasantes o actividades. Resaltando que, tanto fue el error de los diseños que a la fecha se encuentra en proceso de contratación los nuevos estudios y diseños de las obras.
Manifestó que, no es cierto que la interventoría certificó la vinculación del personal de obra, pues ello nunca ocurrió, por el contrario, precisó que existe un cúmulo de documentos con los cuales se informó que el contratista de obra se encontraba incurso en dicho incumplimiento, frente a lo cual la entidad no hizo nada. La relación de personal que cuestiona la entidad en su demanda refiere al modo en que la interventoría tuvo que reacomodar toda su organización, con el propósito de producir soluciones técnicas que permitieran el avance de los trabajos, tanto así, que durante el 2015 y 2016, la misma entidad expidió certificaciones mensuales de cumplimiento del objeto del contrato y de las obligaciones pactadas.
Conforme lo anterior, propuso como excepciones “prejudicialidad” en relación con la pretensión de nulidad del contrato, “culpa exclusiva del IMDRI” por razón del suministro de información técnica errada, deficiente e insuficiente que imposibilitó el normal desarrollo de los contratos de obra y de la interventoría; “doble cobro de un mismo perjuicio”, “inexistencia de responsabilidad por los hechos derivados del contrato de obra e interventoría”; “culpa exclusiva de la víctima respecto al incumplimiento de entrega o suministro de diseños” que fue la causa real y eficiente de la causación de sus perjuicios; “culpa exclusiva de la víctima por cuanto no declaró el incumplimiento del contrato de obra haciendo efectivos todos los amparos”; “culpa exclusiva de la víctima por cuanto el IMDRI contrató a su antojo y sin justificación alguna, un informe técnico a la Sociedad Colombiana de Ingenieros que corroboró lo hecho por la interventoría”; “compensación parcial de la obligación cobrada por lo que el contratista de obra pagó por la vía de la declaratoria de incumplimiento”; y “culpa exclusiva de la víctima al omitir descontar en forma directa de los pagos al contratista de obra el personal que no se encontraba en obra”.
1.4.2. En calidad de llamada en garantía actuó la aseguradora CONFIANZA S.A., quien expidió la póliza de garantía única de cumplimiento del contrato de interventoría No. 086 de 2015.
Al respecto, precisó que para la fecha de vinculación a la presente Litis ya había operado la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro. Asimismo, indicó que las pólizas de cumplimiento no están llamadas a cubrir obligaciones relacionadas con la amortización del anticipo.
Adicionalmente, indicó que los perjuicios que se pretenden en la demanda de reconvención no son directos y no pueden ser reconocidos, toda vez que en ellos se encuentran sumas por conceptos que no hacían parte del objeto del contrato de seguro. En este sentido, advirtió que el amparo de cumplimiento tiene por valor asegurado la suma de $500.877.167, su afectación dependerá de la acreditación del porcentaje efectivo de incumplimiento frente al total de las obligaciones del contrato.
En cuanto al presunto incumplimiento contractual señalado por el IMDRI al consorcio interventor, manifestó que en ningún momento fue notificada de este, y que en el posible evento de que se declarare responsabilidad alguna por este concepto debe ser declarada la compensación en favor del contratista, como quiera que la entidad ha reconocido que existe un saldo a favor del contratista.
Invocó las excepciones de “inexistencia de elementos legales para declarar la nulidad del contrato de interventoría”, “cumplimiento de las obligaciones del Consorcio Interjuegos 2015, insistiendo en que todas las actuaciones surtidas con ocasión del contrato de interventoría fueron avalada por la entidad contratante”, “violación al principio de responsabilidad en la contratación estatal por parte del IMDRI”, “improcedencia del reconocimiento y pago de perjuicios”, y la de “subrogación”.
1.5. Concepto del Ministerio Público en primera instancia.
El señor Procurador 27 Judicial II en lo Administrativo de Ibagué –Tolima, Dr. [NOMBRE TACHADO]; mediante memorial radicado el 10 de julio de 2020, presentó concepto de intervención No 130, a través del cual presentó una solicitud principal y una subsidiaria, conforme a los siguientes argumentos:
En cuanto a la nulidad absoluta del contrato de interventoría No 86 de 2015 celebrado entre el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué — IMDRI y el CONSORCIO INTERJUEGOS 2015, adujo que conforman las pruebas allegadas al expediente, los interrogatorios recaudados dentro de procesos penales rendidos por los señores: [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] Laverde dentro del proceso penal 730016008782201500101616 y de [NOMBRE TACHADO] Casas dentro del proceso penal 730016000---2015000049 Fiscalía 22 Seccional. Los dos primeros partícipes directos pero terceros que actuaban como enlaces entre las entidades a saber el IMDRI y el Consorcio y la última como empleada del Consorcio dan cuenta de cómo los directivos de LKS COLOMBIA SAS (Alexandra y Xavier Rozas) y del IMDRI [NOMBRE TACHADO]; se concertaron para estructurar el proceso contractual a la medida del CONSORCIO INTERJUEGOS 2015; así mismo en la ejecución del contrato con la suscripción de OTROSI para adecuar el contrato a exclusivo beneficio del Consorcio y el pago de sobornos equivalente al 13% del contrato, a algunos funcionarios del IMDRI encabezados por el señor [NOMBRE TACHADO] quien decía actuaba como representante de los otros funcionarios del IMDRI y de la Alcaldía Municipal de Ibagué de la época y los enlaces o intermediarios [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] Laverde.
Respecto al consorciado Diego Fonseca Chaves, indicó que no se advierte su participación directa, pero que, si estaba al tanto de las acciones de los directivos de LKS COLOMBIA SAS, para asegurar la adjudicación del contrato para el Consorcio bajo la promesa del soborno del 13% del valor del mismo.
En este sentido, el representante del Ministerio Público indicó que al comparar los interrogatorios recaudados en los procesos penales con los documentos de la etapa precontractual y contractual relacionados al Contrato de Interventoría No. 86 de 2015 obrantes en el proceso, se encuentra que lo dicho en los interrogatorios tiene exacta correspondencia con cada una de las etapas del proceso pre y contractual tales como: observaciones a los prepliegos y pliegos definitivos así como las respuesta y adendas al mismo; la forma de pago que no fue modificada en la etapa precontractual, las observaciones se concretaron en la etapa contractual con la suscripción del OTROSI a la forma de pago, lo que tuvo como finalidad asegurar el pago del 100% del contrato de Interventoría independientemente del avance del contrato de obra; concluyendo en este sentido que, el pago a la interventoría se aseguraba con el simple transcurso del tiempo. Lo anterior, con la finalidad de asegurar una ganancia pronta al contratista, dado que el valor del soborno pagado era bastante alto, pues en el contrato objeto de éste proceso el soborno ascendía a más de $230'000.000, prácticamente las utilidades que percibiría un contratista que de manera legal y respetando los principios de trasparencia y moralidad en la actividad contractual hubiera accedido a la adjudicación y debidamente ejecutado el contrato.
Conforme a lo anterior, precisó que en proceso precontractual y contractual del Contrato de Interventoría No. 86 de 2015, se incurrió en las causales 2 y 3 de nulidad absoluta prevista en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Insistiendo, que el proceso de adjudicación del contrato de interventoría al CONSORCIO INTERJUEGOS 2015, estuvo precedida de objeto y causa ilícita, ejecución de los actos pre y contractuales contra expresa prohibición de la ley; en primer lugar, porque el proceso y la ejecución contractual se realizó con violación de todas las normas legales elementales que debían ser observadas por los intervinientes en el proceso; en segundo lugar, porque la causa que conllevó a la adjudicación del contrato al CONSORCIO INTERJUEGOS 2015, era el compromiso del pago del soborno previamente acordado.
De esta manera, encontró plenamente probados los hechos constitutivos de nulidad absoluta del Contrato de Interventoría No. 86 de 2015, que en cumplimiento a lo normado en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima declararlo mediante sentencia judicial, y en ella aplicar las consecuencias establecidas en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 y la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Ahora bien, en cuanto a los argumentos expuestos por el Consorcio Interjuegos 2015, desarrollados por su defensa en la contestación de la demanda de reconvención frente a los procesos penales y los actos de corrupción y violación a los principios de la contratación estatal, así como de la normatividad penal, indicados por la parte demandante en reconvención (IMDRI), se limita a manifestar que se trata de actuaciones preliminares, invocando como excepción “prejudicialidad” respecto a la solicitud de nulidad absoluta del contrato; indicando que dicha solicitud de declaratoria de prejudicialidad no debe ser aceptada por el honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, insistiendo que, de la comparación de los interrogatorios con los documentos de la etapa precontractual y contractual relacionados con el Contrato de Interventoría No. 86 de 2015 obrantes en el proceso dan cuenta que lo dicho en los interrogatorios tiene exacta correspondencia con cada una de las etapas del proceso pre y contractual. Asimismo, advirtió que no es necesario para resolver sobre la nulidad absoluta del contrato que exista condena penal en firme; como lo pretende la parte demandante con su solicitud de prejudicialidad.
Por ultimo indicó que, dadas las condiciones probadas durante la etapa pre contractual y contractual objeto del presente proceso, se configura el supuesto de hecho, desarrollado por la Jurisprudencia Contenciosa y Constitucional de que no fue satisfecho el servicio e interés público, además que el CONSORCIO INTERJUEGOS 2015, fue partícipe y/o tuvo conocimiento de la ilicitud, por lo cual no puede ser beneficiario de restitución alguna.
Ahora bien, frente al incumplimiento contractual endilgado por el CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 al Instituto de Deporte y la Recreación de Ibagué — IMDRI, en el cual fundamenta las pretensiones de su demanda, consideró que de las pruebas señaladas por el Ministerio Público resulta evidente que el demandante fue actor determinante en la estructuración de los pliegos de condiciones a sus condiciones particulares para hacerse con la adjudicación del contrato. Amén de lo anterior, la administración delega en un tercero la inspección vigilancia y control del contratista de obra a través del contrato de interventoría, en quien se confía que con su participación en la ejecución del contrato objeto de la interventoría, se cumplirá con el servicio público que se pretenden satisfacer con el contrato, lo anterior por las pruebas objetivas allegadas con la propuesta de la experiencia que ha acumulado el oferente en el tiempo en la ejecución o desarrollo de las actividades que son objeto del contrato; por ello la exigencia en los pliegos de condiciones de acreditar una experiencia en el objeto a contratar.
En consecuencia, indicó que las supuestas falencias, de no contar el contratista de obra con los diseños e información técnica apta para ejecutarla, era plenamente conocida por el CONSORCIO INTERJUEGOS 2015, aun así, se concertó para amañar el proceso contractual y hacerse adjudicar el contrato. Por lo tanto, concluyó que no estaba en sus expectativas al adjudicarse el contrato de interventoría cumplir con sus funciones de controlar, supervisar, vigilar y fiscalizar la correcta ejecución de las obras; simplemente era hacerse con los dineros públicos y repartírselos sin que la entidad pública y la sociedad en general contara con los escenarios deportivos objetos del contrato de obra e interventoría.
Considera, que al ser todo lo anterior parte de un concierto ilícito entre el CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 y varios servidores públicos del IMDRI y la Alcaldía Municipal de Ibagué, es claro que el contratista no puede sacar provecho de su propio dolo; para que amen de ello utilizando el aparato judicial finalmente se cumpla el cometido de la empresa criminal indicada por los procesados referenciados y se proceda a pagar las sumas solicitadas en la demanda principal. Así como tampoco hay lugar al pago del 5% del valor total del contrato que estaba condicionado a la suscripción del acta de terminación correspondiente a la suma de $125.219.291; así como tampoco al pago del 5% del valor total del contrato que estaba condicionado a la suscripción del acta de liquidación correspondiente a la suma de $125.219.291; lo anterior porque el contrato no se ejecutó en legal forma.
De acuerdo a lo anterior, solicitó:
“- Solicitud principal: Declarar la nulidad absoluta del Contrato de Interventoría No. 86 de 2015, por objeto y causa ilícita, fraude a la ley y celebrarse contra expresa prohibición constitucional y legal. Condenar al CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 conformado por LKS COLOMBIA S A S. (51%) y DIEGO FONSECA CHÁVES (49%), y a los consorciados en proporción a su participación, a devolver al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué — IMDRI, la suma de Mil Seiscientos Ochenta y Tres Millones Ochocientos Veintiséis Mil Ochocientos Catorce Pesos ($1.683'826.814) que le fueron pagados durante la ejecución del nulitado contrato.
Condenar en costas y agencias en derecho al CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 conformado por LKS COLOMBIA S A S. (51%) y DIEGO FONSECA CHÁVES (49%), y a los consorciados en proporción a su participación, a favor del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué — IMDRI y el Municipio de Ibagué.
Negar las pretensiones respecto al llamado en garantía, pues no existe prueba de su conocimiento y/o participación en los hechos de corrupción y delictivos que configuró el proceso pre y contractual, igualmente porque el asegurado Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué — IMDRI, fue partícipe a través de sus funcionarios y/o contratistas en los hechos de corrupción que motivan la nulidad del contrato.
- Solicitud subsidiaria. De considerar el Tribunal, que no se encuentra probada las causales de nulidad absoluta del contrato de Interventoría No. 86 de 2015 se solicita declarar probada la excepción de concurrencia de culpas entre las partes del contrato en el incumplimiento del mismo, por violación al principio de planeación y previsión contractual.
Ordenar la liquidación del Contrato de Interventoría No. 86 de 2015; teniendo en cuenta para la liquidación financiera del mismo; el porcentaje de ejecución del contrato de obra objeto de la interventoría y en ese mismo porcentaje tasar los derechos económicos del CONSORCIO INTERJUEGOS 2015; por lo anterior se condenará al a devolver al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de lbagué — IMDRI, el mayor valor que le fue pagado en razón al referido contrato.
Negar las demás pretensiones de la demanda principal y condenar en costas al CONSORCIO INTERJUEGOS 2015.”
1.6. Sentencia de Primera Instancia.
El Tribunal Administrativo del Tolima, profirió sentencia de primera instancia fechada el 21 de julio de 2022, en la que accedió parcialmente a las pretensiones invocadas en la demanda principal en cuanto a la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de interventoría No 86 de 2015, y en consecuencia ordenó al Consorcio Interjuegos 2015 proceder a devolver en favor del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Ibagué –IMDRI el valor de $1.546.628.537,8; suma que debe ser restituida debidamente indexada. Lo anterior, conforme a los siguientes argumentos:
Precisó que, tal y como dejó establecido en la audiencia inicial, procedió a desarrollar en primer lugar, el problema jurídico planteado sobre la existencia de nulidad absoluta del contrato de interventoría No. 086 de 2015 suscrito entre el CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 y el INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ IMDRI. Indicando que, de negarse la anterior pretensión, deberá estudiarse si fue el contratante o el contratista quienes incumplieron las obligaciones establecidas en el mencionado contrato de interventoría y si es procedente ordenar la devolución o indemnización de perjuicios.
Procedió el Tribunal A Quo, a resaltar el pronunciamiento efectuado por las Altas Cortes respecto a la nulidad absoluta de un contrato estatal; seguidamente señaló que dentro del expediente, obra en copia trasladada la sentencia penal proferida el 15 de mayo de 2017 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en contra del señor [NOMBRE TACHADO], en la que se le impuso condena a la pena privativa de la libertad de 66 meses de prisión, multa de 78 meses e inhabilitación como cómplice responsable de las conductas punibles de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En este sentido, advirtió que el señor [NOMBRE TACHADO] desempeñó como Gerente del IMDRI, según decreto No. 1-0003 de 1º de enero de 2012 emitido por el entonces Alcalde Municipal de Ibagué, Luis H. Rodríguez Ramírez, hasta 30 de diciembre de 2015, y se le comprobó que direccionó y amañó la adjudicación del contrato de consultoría No. 237 de 25 de noviembre de 2013 interesándose indebidamente en su celebración.
Asimismo, indicó que se allegó audiencia de imputación de cargos por los delitos de prevaricato por omisión en concurso homogéneo y sucesivo con las conductas punibles por comisión por omisión establecidas en interés indebido celebración de contratos, celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación al señor Luis H. Rodríguez Ramírez, quien ejercía como alcalde de la ciudad de Ibagué.
Resaltó que, mediante interrogatorio rendido por el Ingeniero [NOMBRE TACHADO], quien se desempeñó como trabajador de TYPSA, el 25 de septiembre de 2017 ante la Fiscalía General de la Nación en aras de obtener un principio de oportunidad, quedó claro que durante la etapa de trámite, adjudicación y ejecución de los contratos de interventoría Número 120 de 2015 y 86 de 2015, sostuvo reuniones con los señores [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], Alexandra Barrero, Javier Rozas con el objeto de direccionar los pliegos del concurso para la elección de los adjudicatarios, LKS Colombia SAS y Diego Fernando Fonseca Chaves, dejando en evidencia las comisiones o coimas que se acordaron para tal fin.
Lo mencionado por el Ing. [NOMBRE TACHADO], concuerda con lo señalado por la Ingeniera Diana [NOMBRE TACHADO] Casas, quien mediante interrogatorio rendido el 12 de septiembre de 2016 ante la Fiscalía 22 Seccional, precisó la forma en se direccionaron los contratos de interventoría 086 de 2013 y 120 de 2013 correspondientes a la ejecución de las obras de los escenarios deportivos para los juegos nacionales, para lo cual señala que se vinculó con LKS sucursal Colombia desde el 3 de septiembre de 2012 y en abril de 2013 le hacen contrato laboral en el cargo de coordinadora de propuestas.
De esta manera, la Sala consideró que, en el caso concreto, en apariencia el proceso de contratación y el contrato estuvo acorde con la ley, pero, según se deduce de las pruebas que obran en el expediente, en realidad fue celebrado con desviación y abuso de poder, y desconociendo los principios de planeación, transparencia y selección objetiva.
Es así como, se encontró por parte del Tribunal de primera instancia, debidamente probado que para la celebración del contrato de interventoría No. 086 de 2015, se procuró un fin distinto al señalado por la ley, lo que traduce en un interés personal económico perseguido por todas las partes, actuando a través de los representantes, de los asesores jurídicos, hasta del mismo alcalde del Municipio de Ibagué, considerando que desde la génesis del contrato de interventoría, la corrupción ha permeado el proceso de contratación de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, desde la preparación de los diseños, los procesos de contratación para obra y para interventoría, los funcionarios públicos y los contratistas han buscado sobreponer sus propios intereses.
En consecuencia, concluyó que de las probanzas allegadas enseñan que el contrato fue celebrado con desvío de poder incurriendo en la causal tercera de nulidad prevista en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, toda vez que con su suscripción no se buscó el cumplimiento de los fines estatales ni la prestación de un servicio público puesto que, en realidad, lo que se perseguía era privilegiar el interés individual, que conllevó a que se infringieran los principios de transparencia y selección objetiva, establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Ahora bien, en cuanto a los argumentos de defensa invocados por el apoderado del Consorcio Interjuegos 2015, al precisar que no es posible declarar la nulidad absoluta del contrato, en tanto no existe sentencia ejecutoriada con la cual se haya declarado responsabilidad penal por tal supuesto hecho respecto a los contratos de interventoría. El Tribunal reiteró que, la doctrina, ha precisado que las dificultades probatorias no son insalvables, indicando “basta que la conjunción de los distintos medios probatorios produzca en el juzgador la certeza suficiente de que la desviación de poder ha sido cometida” y “quizás la prueba de indicios sea la más adecuada para desentrañar el vicio.”
En este sentido, indicó que ni la ley ni la jurisprudencia exigen la existencia de una sentencia penal condenatoria para llegar al convencimiento de que se ha privilegiado el interés particular sobre el interés general, por lo que en ningún momento se vulnera el principio de inocencia. No obstante, lo anterior, refirió que lo plasmado en la sentencia condenatoria dictada en contra del ex gerente del IMDRI [NOMBRE TACHADO] y los apartes en los que se transcribe lo manifestado por el abogado [NOMBRE TACHADO]; lo dicho por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de imputación de cargos del ex alcalde Luis H. Rodríguez, lo indicado por la ex trabajadora de LKS COLOMBIA SAS Ingeniera Diana [NOMBRE TACHADO] y por el Ingeniero [NOMBRE TACHADO] en sus interrogatorios, guardan correspondencia con las adendas expedidas por el IMDRI durante el proceso precontractual, y posteriormente, la adición de 25 de noviembre de 2015 relacionado con la forma de pago, haciendo evidente el ánimo de querer favorecer al Consorcio Interjuegos 2015.
De esta manera, la Sala concluyó que, no existe duda que atendiendo los intereses particulares que fueron privilegiados durante el desarrollo del proceso que conllevó a la celebración del contrato de interventoría 086 de 2016, el cual no pretendían satisfacer el interés general, existió desviación del poder, incurriendo en las causales 2 y 3 de nulidad absoluta del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, desconociéndose la prohibición constitucional del acatamiento de los principios de la función pública y los fines esenciales del Estado. En consecuencia, procedió a declarar la nulidad absoluta del contrato de interventoría No. 086 de 16 de marzo de 2015, celebrado entre CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 con EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE – IMDRI, al estar inmerso dentro de la causal de nulidad del numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, con abuso o desviación de poder.
En cuanto al reconocimiento y pago de las prestaciones presuntamente cumplidas en el contrato No. 086 de 16 de marzo de 2015, reiteró que el CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 conocía la ilicitud con la que se estaba llevando el proceso de contratación y a sabiendas de ello, continuó con el desarrollo del mismo hasta llegar a la celebración del contrato y su posterior ejecución, razón por la que no es compatible con los principios que rigen la contratación administrativa, ni con la buena fe, ni la equidad proceder a restituir a su favor prestaciones presuntamente cumplidas.
En efecto, el Tribunal ordenó al CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 proceder a devolver al INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ – IMDRI, el valor de $1.546.628.537,8; o cualquier suma que haya recibido en razón a la ejecución del contrato No. 086 de 16 de marzo de 2015, debidamente indexadas.
En relación con el llamado en garantía Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., el A Quo consideró que no existía prueba en su contra que lo señalara como partícipe de los actos de corrupción inmersos en el desarrollo del Contrato de Interventoría No. 086 de 2015, por lo que negó las pretensiones que con ocasión al contrato de seguro le podían corresponder resarcir.
Por ultimo advirtió que no era necesario ordenar la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, mediante las probanzas allegadas se encuentra demostrado que dicha autoridad ya había iniciado el respectivo proceso de investigación.
Respecto a la condena en costas, el Tribunal Administrativo del Tolima, impuso condena en costas al CONSORCIO INTERJUEGOS 2015, como quiera que no prosperaron sus pretensiones, siempre y cuando se encuentren causadas y probadas. Asimismo, fijó como agencias en derecho el valor equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
1.7. Solicitud de adición a la sentencia.
Mediante escrito presentado por el apoderado judicial de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., vinculada al presente proceso mediante la demanda de reconvención en calidad de llamada en garantía del Consorcio Interjuegos 2015, se elevó solicitud de adición a la sentencia de primera instancia fechada el 21 de julio de 2022, en el que advirtió que si bien en la parte considerativa se dispuso que en relación al llamado en garantía se negaban las pretensiones, al no existir prueba en su contra que demostraran su participación en los actos de corrupción inmersos en el desarrollo del contrato de interventoría No 086 de 2015, lo cierto en que en la parte resolutiva no se precisó nada respecto a su absolución.
De igual manera, solicitó que en adición a la sentencia se fijen costas a su favor, teniendo en cuenta que, frente a las pretensiones de la demanda de reconvención, salió avante.
1.8. Auto que resolvió solicitud de adición a la sentencia.
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto del 27 de octubre de 2022, resolvió solicitud de adición de la sentencia de primera instancia, presentada por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., indicando respecto a dicha petición:
Precisó que, la adición de la sentencia verso sobre los extremos de la Litis, es decir, respecto a algún elemento fáctico o jurídico dentro del litigio que se haya omitido resolver en la sentencia, o cualquier otro aspecto que de conformidad con la ley deba ser objeto de pronunciamiento.
De igual manera, estableció que mediante la adición de la sentencia no se está permitido efectuar modificaciones, rectificaciones, o reforma a las decisiones de fondo adoptadas, ni mucho menos, esta sirve para plantear inconformidades, reparos, o cuestiones propias de los recursos e incidentes que por ley tienen a su alcance los sujetos procesales.
Así las cosas, señaló el Tribunal que, mediante la sentencia del 21 de julio de 2022, no se omitió resolver ninguna de las solicitudes presentadas por los extremos de las Litis, o sobre otro punto que de conformidad con la Ley debía ser objeto de pronunciamiento. En este sentido, indicó que revisada la demanda como la sentencia que decidió el proceso, encuentra que no se dejó de resolver ninguna petición.
En relación con la imposición en costas a favor de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., al no haber prosperado la demanda de reconvención en su contra, indicó la Sala que, si prosperó en contra del Consorcio Interjuegos 2015, siendo este condenado en costas y si bien, no hubo imposición de condena en contra del llamado en garantía, lo cierto es que si prosperaron las pretensiones de la demanda de reconvención, siendo condenada la parte vencida en el proceso de acuerdo a lo señalado en el artículo 366 del código General del Proceso, razón por la que evidentemente no prospera la solicitud de adición a la sentencia.
En consecuencia, con lo anterior, el despacho sustanciador en primera instancia, negó la solicitud de adición a la sentencia proferida el 21 de julio de 2022, invocada por el llamado en garantía Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.
1.9. Del recurso de apelación.
El CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 quien actúa en calidad de demandante de la demanda principal, y demandado en la demanda de reconvención, interpuso a través de su apoderado recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 21 de julio de 2.022, manifestando su inconformidad, en los siguientes términos:
No comparte los argumentos que sustentan la decisión adoptada por el Tribunal en primera instancia, al considerar que es nulo el contrato de interventoría No 86 de 2015, por haber sido adjudicado con desvío de poder, derivando dicha decisión principalmente en dos testimonios rendidos dentro de un proceso que terminó en condena contra el gerente del IMDRI por la adjudicación ilegal del contrato de diseños, más no de interventoría en donde, a la fecha de sustentación del recurso de alzada, ni siquiera se han imputado cargos.
Al respecto, argumentó que, en forma sesgada y abiertamente parcializada, el Tribunal aseguró que esos testimonios son suficientes, porque concuerdan con lo que el Tribunal imagina que aconteció con el proceso de selección que terminó con la adjudicación del contrato de interventoría.
En este sentido, insistió en la insuficiencia y debilidad de las pruebas penales trasladas, enfatizando en que, pasados 7 años, ni siquiera han sido imputados los demandantes que conforman el consorcio, dentro de proceso penal alguno iniciado en su contra.
Asimismo, señaló que a pesar de que el IMDRI, en demanda de reconvención pidió la nulidad del contrato, el Tribunal indicó que él lo decreta de “oficio”, considerando el extremo apelante que esto fue precisado así, sólo para poder concretar el supuesto de hecho que recoge la tesis expuesta por el Consejo de Estado, conforme al cual, el decreto de oficio de la nulidad del contrato amplía las consecuencias dispuestas por el artículo 48 de la Ley 80 de 1.993, a lo que, al efecto regula el artículo 1.525 del Código Civil, que permite ordenar restituciones.
De manera insistente, manifestó que en caso de que sea decretada la nulidad del contrato de interventoría 086 de 2015, deberá de ser conforme lo establece el artículo 48 del Estatuto General de la Contratación, el cual prevé que, debe pagarse lo ejecutado en favor del contratista, si con ello se benefició el estado, sin entrar a considerar si la causa que provoca la nulidad era conocida por las partes.
Precisó que, el Tribunal se ensañó en contra del contratista interventor, tergiversando pruebas, hechos y conceptos para, no sólo negar el pago de la contraprestación pactada, sino, peor aún, ordenarle la restitución de lo parcialmente recibido, a pesar de que está demostrado que el interventor cumplió hasta la culminación del contrato sus obligaciones, lo cual forzaba el pago pleno de la contraprestación pactada, sin excusa legal alguna.
Argumentó que la ley especial no dispone la restitución de lo parcialmente pagado ni así lo pretendió el IMDRI mediante su demanda de reconvención, reiterando que la constitución y la ley prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley para adoptar las sentencias que profieren, por lo tanto, a su juicio resulta inadmisible la interpretación realizada por el A Quo. Así entonces, considera que no es posible condenar a la restitución de lo parcialmente pagado, toda vez que, así no lo dispone el artículo 48 de la Ley 80 de 1.993; además, que así tampoco lo solicitó el demandante IMDRI.
Aunado a lo anterior, argumentó que está debidamente demostrado en el plenario que el contratista interventor cumplió cabalmente sus obligaciones beneficiando al Estado en los términos del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, por lo que le asiste el derecho de recibir el pago completo de su contraprestación.
Prueba de lo anterior, enunció cada una de las comunicaciones mediante las cuales la interventoría se dirigió a contratista de obra y al instituto y que demuestran el cumplimiento de las obligaciones que le asistía con ocasión al contrato de interventoría 86 de 2015, las cuales, advierte que en su mayoría nunca fueron contestadas por la entidad.
Adicionalmente, indicó que obran dentro del expediente las actas de comité de obra y de interventoría, además de otras reuniones llevadas a cabo con el contratista y la entidad, dirigidas por la interventoría o con presencia de ella, todo lo cual evidencia su permanente dedicación a la ejecución del objeto del contrato, en donde nunca se le reprochó incumplimiento alguno a sus obligaciones.
Advierte que hacen parte del dossier, las certificaciones que, mes a mes emitió el supervisor del contrato designado por el IMDRI y que dan fe al cumplimiento pleno de las obligaciones ejecutadas por el contratista interventor, expedidas incluso por la administración que demandó la nulidad del contrato. Como prueba de lo anterior, señala el acta de terminación del contrato de interventoría y de obra, considerando que dichos documentos demuestran que, hasta el último momento del plazo legal pactado, la interventoría estuvo al frente de la ejecución del contrato.
Adicionalmente, solicitó el decreto de prueba sobreviniente de los fallos sin responsabilidad fiscal respecto al interventor -CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 y sus integrantes, producidos el 29 de marzo de 2.022 y junio 20 de 2.022; esto es, sobre la fecha en que se adoptó la sentencia en primera instancia y se sustentó el recurso de apelación. Insistiendo que dichos documentos acreditan que, en efecto, el interventor hizo lo que tenía que hacer y no fue el responsable de la no conclusión de la obra.
2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. Problema jurídico
¿Atendiendo las circunstancias fácticas invocadas en la demanda principal y de reconvención, así como los medios probatorios allegados al plenario, es posible establecer si el contrato de interventoría No. 086 de 2015 incurre en causal alguna de nulidad absoluta del contrato?
¿Obra en el dossier prueba que demuestre el incumplimiento contractual de alguno de los extremos procesales, a fin de establecer detrimento patrimonial en cuanto a la parte afectada?
¿La solicitud de práctica de pruebas en segunda instancia invocada por el apoderado del Consorcio Interjuegos 2015, en cuanto a los documentos que allegó en calidad de pruebas sobrevinientes, cumplen con los requisitos establecidos para que sean decretados practicados?
2.2. Marco jurídico.
2.2.1. De la nulidad absoluta del contrato estatal.
Es necesario destacar que mediante el artículo 141 del CPACA, el legislador desarrolló el medio de control de “controversias contractuales”, del cual se destaca para el caso que nos convoca lo dispuesto en el inciso 3°, que cita:
“ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso."
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.” (Negrilla fuera del texto original)
Mediante el artículo 1740 del Código Civil, se estableció que es nulo todo acto o contrato al que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo según su especie calidad o estado de las partes, y culmina señalando que “la nulidad puede ser absoluta o relativa” Seguidamente, el artículo 1741 de la misma codificación, dispone sobre las nulidades absolutas y relativas, lo siguiente:
“Artículo 1741. Nulidad absoluta y relativa. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. (…)”
Respecto al régimen de nulidades de los contratos estatales, mediante el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, se estableció las causales para declarar la nulidad absoluta de los contratos, estableciendo el mencionado artículo:
"Artículo 44°. - De las Causales de Nulidad Absoluta. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando:
1. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley;
2. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal.
3. Se celebren con abuso o desviación de poder.
4. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten y
5. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta Ley."
Si bien, las causales de nulidad absoluta del contrato estatal, se han enlistado en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. No obstante, mediante sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera; el Alto Tribunal indicó que no solamente se han de tener en cuenta las causales enlistadas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, sino también las causales establecidas en los artículos 6 y 1741 del Código Civil. Por lo anterior las causales de nulidad absoluta del contrato son las siguientes:
a). - Los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley;
b). - Ilicitud en el objeto;
c). - Ilicitud en la causa;
d).- Falta de la plenitud de los requisitos o de la forma solemne que las leyes prescriban para el valor del correspondiente contrato en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las partes;
e). - Incapacidad absoluta de quien o quienes concurren a su celebración;
f).- Celebración del contrato con personas incursas en causales de inhabilidad o de incompatibilidad previstas en la Constitución Política o en la ley;
g).- Celebración del contrato contra expresa prohibición constitucional o legal;
h). - Celebración del contrato con abuso o desviación de poder;
i). - Declaración de nulidad de los actos administrativos en que se fundamenten los respectivos contratos estatales; y
j). - Celebración del contrato con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata la propia Ley 80.
Retomando lo establecido en el citado artículo 44 de la Ley 80 de 1993, el contrato estatal es absolutamente nulo por las mismas causas que se prevén en el derecho común y, en especial para el caso que nos ocupa, cuando este se celebre contra expresa prohibición legal o constitucional o con abuso o desviación de poder.
En cuanto a la desviación de poder en el contrato estatal, como causal de nulidad absoluta, el Consejo de Estado la ha caracterizado así:
“En otros términos, la desviación de poder tiene lugar cuando un acto fue expedido por un órgano o autoridad competente y con las formalidades debidas, pero que en realidad persigue fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico y que se presumen respecto de dicho acto; esta circunstancia vicia el acto porque la autoridad ejerce sus atribuciones conferidas por la ley con una finalidad diferente de la prevista por ella, bien en beneficio personal o de un tercero”
Mediante decisión posterior, el Consejo de Estado, reitera la caracterización de la desviación de poder en el contrato estatal como causal de nulidad absoluta, en los siguientes términos:
“En relación con la causal 3 la jurisprudencia ha establecido de manera reiterada que cuando los funcionarios eluden los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos y deberes indicados por la ley, incurren en abuso o desviación de poder, pues se ha entendido que se apartan de los fines de la contratación, que no son distintos al interés público y el bienestar de la comunidad, circunstancias que cuando se desconocen, a la luz del citado Estatuto Contractual, configura la causal de nulidad absoluta del contrato”.
De igual manera, el Consejo de Estado en concordancia con lo establecido al respecto mediante el Código Civil, caracterizó la causa lícita y la causa ilícita de los contratos, en los siguientes términos:
“12 La causa está definida dentro del ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 1524 del Código Civil como “el motivo que induce al acto o contrato”, y la causa ilícita como aquella prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o “al orden público”. La falta de causa conduce a la inexistencia del contrato, en los términos del inciso segundo del artículo 898 del Código de Comercio —"Será inexistente el negocio jurídico cuando... falte alguno de sus elementos esenciales”-, y a la de la obligación, de acuerdo con él artículo 1524 del Código Civil —No puede haber obligación sin una causa real y licita'-, mientras que su ilicitud lleva a la invalidez absoluta.”
Luego, si se entiende que la causa es “el motivo que induce a la celebración del acto o contrato, que la causa ilícita es aquella contraria a la moral, las buenas costumbres, el orden público y en general la prohibida por la ley – art. 1524-.” y que la desviación o abuso de poder se configura cuando un funcionario público celebra un contrato con fines diversos a los previstos en la ley, debe entenderse también que la desviación o abuso de poder igualmente se encuadra en la causal de nulidad absoluta del contrato por causa ilícita prevista en el derecho común.
2.2.2. Declaratoria de nulidad absoluta del contrato estatal.
En cuanto a la declaratoria de nulidad absoluta del contrato estatal el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, dispuso:
“De la Nulidad Absoluta La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación.
En los casos previstos en los numerales 1o. 2o. y 4o. del artículo anterior, el jefe o representante legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.”
Mediante sentencia C-1048 de 2001, la Corte Constitucional analizó la legalidad del artículo 87 de Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, estableciendo puntualmente respecto a la nulidad absoluta del contrato estatal:
“iii) Por fuera del tema de la separabilidad de los actos previos, la disposición en comento también modificó el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, que había ampliado la titularidad de la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales, al haber dispuesto que podía ser alegada "...por las partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona o declarada de oficio..." Ahora, según el inciso tercero no acusado de la disposición bajo examen, solamente "cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta”.
Adicionalmente, la H. Corte Constitucional, indicó: “El tenor literal de la disposición parcialmente acusada, no dice en forma expresa que la firma del contrato extinga anticipadamente el plazo de caducidad señalado para interponer las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos previos al contrato administrativo. En efecto, la lectura del segundo inciso de la norma, lleva a concluir que el mismo dispone: i) Que los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. ii) Que el término de caducidad de las referidas acciones será el de los 30 días siguientes a la comunicación, notificación o publicación del acto respectivo, según el caso. iii) Que la interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Y iv) que una vez celebrado el contrato, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato”.
2.2.3. De los efectos de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato.
En cuanto a los efectos de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, a diferencia del derecho privado, el estatuto de contratación pública dispone que sí se declara la nulidad de un contrato de ejecución sucesiva, se reconocerá y pagarán las prestaciones ejecutadas hasta la adopción de la decisión. No obstante, si el contrato es nulo por objeto o causa ilícita, la entidad sólo debe pagar el beneficio que el contratista le haya prestado. Así lo establece el artículo 48 de la precitada Ley 80 de 1993, que a la letra indica:
“Artículo 48°.- De los Efectos de la Nulidad. La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. - Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público”. (Negrita y subrayada por fuera de texto original).
Respecto a los efectos de la nulidad del contrato en materia de restituciones, la Corte Constitucional en Sentencia C-207 de 2019, destaca lo expresado en la sentencia del 13 de junio de 2013, reiterando el siguiente aparte:
“3.1 La nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no es susceptible de ser ratificada por las partes.
La posibilidad de decretar oficiosamente la nulidad, si está plenamente demostrada y en el proceso están presentes todas las partes que celebraron el contrato nulo, es reiterada por el artículo 87 del C. C. A. en fa nueva redacción que le dio el artículo 32 de la Ley 446 de 1998.
El inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, sin distinguir entre contratos de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva, ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato nulo por objeto o causa ilícitos hasta el monto del beneficio que la entidad estatal haya obtenido”, constituyéndose este mandato en una excepción al régimen común previsto en el artículo 1525 del Código Civil que dispone que no se puede repetir la que se ha dado o pagado en razón de ellos.
Pero para que haya lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato nulo por objeto a causa ilícitos es indispensable que las prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés público pues solo en esta medida se puede entender que la entidad estatal se ha beneficiado.
Así lo prevé el citado artículo 48 de la Ley 80 de 1993 al disponer que “... Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público”.
Luego, si el interés público no se ha satisfecho en alguna medida, no habrá lugar a ningún reconocimiento o pago y ello ocurriría, por ejemplo, cuando en un contrato que es nulo por ilicitud de su objeto o de su causa, la obra contratada no se ha ejecutado total o parcialmente y de tal manera que el interés público se haya satisfecho en esa misma medida en virtud de que el servicio público finalmente se prestó en alguna proporción.
Pues bien, nótese que de acuerdo con estos antecedentes, la prohibición del artículo 1525 del Código Civil lo que persigue es evitar que alguien pueda pedir que se le devuelva lo que haya dado o pagado en razón de un objeto o de una causa ilícitos, esto es repetir, teniendo pleno conocimiento de la ilicitud y por consiguiente ese precepto no puede regir si el juez la decreta oficiosamente, máxime si, de no ordenar la restitución, en la práctica el negocio terminaría produciendo todos los efectos como si fuese válido.
Ahora, cuando en la contratación estatal resulta aplicable en toda su dimensión lo dispuesto en el artículo 1525 del Código Civil, es decir que “no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”, esta prohibición no se extiende a los eventos en que el juez decreta oficiosamente la nulidad absoluta por estas causas. Si nos atenemos a los antecedentes históricos y a la razón de ser del precepto, la conclusión no puede ser otra.” Y es que lo que se está afirmando es que de la expresión utilizada (repetirse), se desprende que la imposibilidad se configura siempre y cuando alguna de las partes del contrato nulo haya deprecado la nulidad absoluta y sabía o debía conocer el vicio.
(…)
Pues bien, nótese que de acuerdo con estos antecedentes, la prohibición del artículo 1525 del Código Civil lo que persigue es evitar que alguien pueda pedir que se le devuelva lo que haya dado o pagado en razón de un objeto o de una causa ilícitos, esto es repetir, teniendo pleno conocimiento de la ilicitud y por consiguiente ese precepto no puede regir si el juez la decreta oficiosamente, máxime si, de no ordenar la restitución, en la práctica el negocio terminaría produciendo todos los efectos como si fuese válido.
Por estas razones es que la aplicación del artículo 1525 del Código Civil supone que el juzgador en cada caso haga un análisis para determinar si al no ordenar la restitución se desconoce, de un fado, la razón de ser de la regla jurídica contenida en el aforismo “in pari causa turpitudinem cessat repetitio” y, de otro lado, si el negocio nulo termina produciendo en la práctica todos los efectos como si fuera valido.” (Negrita por fuera de texto original).
Por su parte la Corte Constitucional en Sentencia C-207 de 2019, efectuó el análisis de constitucionalidad de los parágrafos 1° y 2° del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018; de la cual se destaca lo siguiente:
“Al respecto, la Corte concluye que en efecto existe una diferencia relevante entre los efectos de la nulidad absoluta según la razón en que se funde dicha declaratoria de nulidad. En particular porque frente a la nulidad por objeto y causa ilícita, el derecho colombiano ha establecido una excepción frente a la regla general de restituciones, consistente en excluirlas para aquellas partes que hayan actuado con conocimiento de la causa u objeto ilícitos (“a sabiendas”) que dio lugar a la nulidad. Esa regla, aunque anterior a la Carta Política de 1991, es reflejo de los principios constitucionales de buena fe (artículo 83 de la CP) y prevalencia del interés general (artículo superior 1) y es acorde con la exigencia constitucional de la licitud de los actos para la consolidación de derechos de propiedad (artículos 4, 34 y 58 superiores).”
En efecto, permitir que un contratista que actúa dolosamente, o con conocimiento de la ilicitud que da lugar a la nulidad de un contrato, reciba restituciones por los costos, gastos e inversiones que ejecutó en dicho contrato, significa permitir que saque provecho de su actuación ilícita, y darle a dicha ilicitud, que afecta el patrimonio público y el interés general, la capacidad de crear efectos jurídicos en materia de consolidación del derecho de propiedad.
Así, ante todo, los reconocimientos en un contrato estatal declarado absolutamente nulo por objeto o causa ilícita en que se establezca que el concesionario, o sus socios o integrantes tuvieron conocimiento de la ilicitud que dio lugar a la nulidad del contrato requiere del análisis de diferentes variables que, a la luz del sustento fáctico concreto, deben condicionar las posibles restituciones a que haya lugar. La gravedad de la ilicitud, en particular si se trata de un hecho punible y si el mismo constituye un acto de corrupción, el respeto por el principio de buena fe, así como las relaciones que existan entre la parte contratista y aquellos que intervienen como terceros en el contrato, son cuestiones que deben ser analizadas en cada caso, cuando esté demostrado que el contratista tenía conocimiento de la ilicitud en el momento en que se celebró el contrato de APP.
En conclusión, los principios constitucionales de moral pública, buena fe y prevalencia del interés público, que se desprenden de los artículos 1, 4, 34, 58 y 83 de la Carta Política impiden obtener provecho de las actuaciones ilícitas y de mala fe, y por otro lado la regla general aplicable a todos los contratistas, tanto en la legislación civil, comercial como administrativa, implica que, en caso de actuar a sabiendas de la ilicitud que genera la nulidad absoluta de un contrato, no se puede ser beneficiario de restituciones.”
Así las cosas, se encuentra de lo establecido mediante las sentencias transcritas que la declaratoria de nulidad absoluta del contrato estatal por parte en vía jurisdiccional, no da lugar a la liquidación del contrato por inexistencia del mismo. Si la nulidad tuvo lugar por la ilicitud del objeto o su causa y el contratista fue partícipe y/o tuvo conocimiento de la ilicitud que dio lugar a la nulidad del contrato y mucho menos si el interés público que presuntamente se pretendía satisfacer con el nulitado contrato, no fue satisfecho.
2.3. Elementos probatorios.
2.3.1. En cuanto a la demanda principal de las probanzas que se decretaron y practicaron, se resaltan las siguientes:
Obran los documentos pre contractuales que guardan relación con el contrato de interventoría 086 de 2015, los cuales fueron allegados por el IMDRI en medio digital CD que contiene el expediente administrativo relacionado con el contrato de interventoría No 86 de 2015.
Se aportó la minuta del contrato de interventoría 086 de 2015, suscrito entre los extremos procesales.
Se evidencia adición No 1 del contrato de interventoría 86 de 2015, fechada el 8 de julio de 2015, en la que se incluyó el valor de $420.010.000; prorrogando en 4.5 meses el plazo de ejecución del contrato.
El 25 de noviembre de 2015, se celebró otrosí modificatorio en el que se dio cambio a la forma de pago, argumentando que al haber transcurrido más de 6 meses de plazo de ejecución de los trabajos de obra de los escenarios deportivos, solo se había facturado el 28.8% del costo variable de interventoría correspondiente al 50% que estaba sujeto a la facturación del contratista de obra.
Reposa adición No 2 del contrato de interventoría 086 de 2015, suscrita el 10 de mayo de 2016, prorrogando el plazo de ejecución contractual 70 días calendario, y adicionando un valor de $275.566.677.
Copia integral de las actas de comité semana de obra.
Obra comunicación No INTERJUEGOS 2016-1215S mediante el cual el interventor contratista solicita al IMDRI el pago del reajuste acordado mediante otrosí suscrito entre las partes. Escrito que se acompaña del Acta de reajuste No 9.
Se resaltan en copias las facturas de servicios:
No.12 correspondiente al Acta mensual de interventoría No. 4 al contrato adicional No. 1.
No. 13 correspondiente al acta mensual de interventoría No. 1
No. 15 correspondiente al acta de terminación del contrato.
Factura de servicios No. 16 correspondiente al acta de liquidación del contrato
Escrito de proyecto de acta de terminación del Contrato de Interventoría No. 86. de 2015.
Escrito de proyecto de acta de liquidación del Contrato de Interventoría No. 86. de 2015.
Comunicación No JNP-992 de 5 de octubre de 2015 y comunicación No 1152 de abril de 2016, expedidas por el gerente del IMDRI.
Se aportó documentos trasladados por la Fiscalía 22 Seccional de Ibagué –Tolima, referentes al expediente identificado con el No 730016008782201500066; iniciado en contra del entonces gerente del IMDRI y otros funcionarios de la administración municipal y el Instituto.
Asimismo, reposan las declaraciones rendidas en instancia penal por los señores [NOMBRE TACHADO] quien se desempeñó como trabajador de TYPSA empresa contratada por el IMDRI para elaborar los estudios y diseños de la obras de construcción, adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos en el municipio de Ibagué para el año 2015, y Diana [NOMBRE TACHADO] quien para la época de los hechos era empleada de la empresa LKS sucursal Colombia desde el 3 de septiembre de 2012 y en abril de 2013 le hacen contrato laboral en el cargo de coordinadora de propuestas, que desempeñaba para el momento de la licitación pública 02 de 2015 adelantada para la adjudicación del contrato de interventoría que nos convoca. Así como el escrito de acusación presentado por la fiscalía en contra del señor [NOMBRE TACHADO].
Sentencia penal proferida el 15 de mayo de 2017 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en contra del señor [NOMBRE TACHADO], quien desempeñó las funciones de gerente del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte del Municipio de Ibagué-IMDRI, para el momento de la suscripción del contrato de interventoría 086 de 2015, mediante la cual se le impuso condena correspondiente a la pena privativa de la libertad de 66 meses de prisión, multa de 78 meses e inhabilitación, al encontrarlo cómplice responsable de las conductas punibles de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Se allegó constancia expedida por la Procuraduría 27 judicial II para asuntos Administrativos de Ibagué, fechada el 3 de mayo de 2017, en la que se indicó que la audiencia prejudicial adelantada por los extremos se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio, declarando agotado el requisito de procedibilidad.
2.3.2. En cuanto a la demanda de reconvención, se decretó la práctica de los siguientes medios probatorios:
Se decretó y ordenó la práctica del dictamen pericial rendido por el Ingeniero Mario Francisco Cortés Vega, con ocasión del convenio de asociación No 456 de 2016 suscrito entre el IMDRI y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con el fin de que se verificara el estado actual de las obras ejecutadas, en el marco del contrato de obra 076 de 2015 sobre el cual el Consorcio Interjuegos 2015 efectuaba la interventoría.
Con la demanda de reconvención se aportó dictamen pericial rendido por el Ingeniero Diego Ignacio Arenas, ordenándose el testimonio a fin de que establezca las razones que permitieron llegar a sus conclusiones, así como la información que dio lugar al mismo y el origen de su conocimiento.
2.3.3. Junto con el escrito de apelación presentado por el apoderado del Consorcio Interjuegos 2015, se adjuntaron los fallos proferidos por la Contraloría General de la República fechados el 29 de marzo de 2022 y 20 de junio de 2022; solicitando que estos sean tenidos en cuenta como pruebas sobrevinientes.
2.4. Análisis fáctico - Caso concreto.
Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede el suscrito Delegado del Ministerio Público, a emitir su concepto tendiente a solicitar que se CONFIRME la decisión adoptada mediante sentencia del 21 de julio de 2022, por el Tribunal Administrativo del Tolima, lo anterior, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
Con el fin de iniciar el estudio del caso en concreto, considera el Ministerio Público necesario precisar que en el acápite 1.1. denominado la demanda principal, y en el 1.3. de la demanda de reconvención, se destacaron los hechos que sustentan las pretensiones invocadas por cada uno de los extremos; por lo que no se hace necesario reiterar las situaciones fácticas y jurídicas que las sustentan, como tampoco los argumentos de defensa invocados por cada uno de los demandados ante las correspondientes pretensiones invocadas en su contra.
Conforme a lo anterior, el Ministerio Público encuentra que el CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 actuando mediante apoderado judicial, incoó demanda invocando el medio de control de controversias contractuales, en contra del INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IMDRI y el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, solicitando que se declare el incumplimiento del Contrato de Interventoría No. 86 de 2015, por efectos de la inobservancia a sus deberes legales en cuanto a la adopción de las medidas necesarias y suficientes para mantener el equilibrio económico y financiero del contrato, lo cual a su juicio generó un detrimento patrimonial al consorcio.
Por su parte, el INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ -IMDRI, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reconvención contra el CONSORCIO INTERJUEGOS 2015, solicitando se declare la nulidad absoluta del contrato de interventoría No. 086 de 2015 reclamando como daño emergente el pago de las obras no funcionales pagadas al contratista de la obra por valor de $3.208.490.278, así como el valor de lo reconocido a la Sociedad Colombiana de Ingenieros quienes realizaron un peritazgo sobre el estado de las obras por $490.999.389 y por lucro cesante, la indexación del reembolso que debe hacer el contratista por obras no funcionales por $109.797.927, los ingresos dejados de percibir por arrendamientos antes del cierre de obras en el año 2015, y por las obras inconclusas proyectados hasta 2017 por valor de $34.190.051.
Asimismo, de manera subsidiaria, solicitó se declare el incumplimiento del contrato de interventoría, pretendiendo las mismas condenas por daño emergente y lucro cesante.
2.4.1. En este sentido, y atendiendo que en el presente proceso existe demanda principal y demanda de reconvención, procederá esta vista fiscal a resolver los problemas jurídicos planteados en su orden, correspondiendo inicialmente establecer si el contrato de interventoría 86 de 2015 suscrito entre el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué – IMDRI y el consorcio Interjuegos 2015, se encuentra inmerso en causal de nulidad absoluta.
En este sentido, es necesario precisar que del expediente administrativo que contiene las actuaciones pre contractuales que dieron origen al contrato de interventoría 086 de 2015, sobre el cual se efectúa el presente análisis, se evidencia:
COLDEPORTES, con el aval de la Presidencia de la República, definió como sedes de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, a los departamentos de Chocó y Tolima, definiendo con los respectivos departamentos las sub-sedes donde se realizarían las inversiones para adecuar la infraestructura deportiva requerida.
Con ocasión a la carencia de escenarios deportivos para la realización de los eventos deportivos, COLDEPORTES, el Departamento del Tolima, el Municipio de Ibagué y el IMDRI, aunaron esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar los proyectos denominados Convenio No. 613 “Remodelación y Adecuación Coliseo Menor”, y Convenio No. 620 “Remodelación Piscinas Unidad Deportiva Calle 42”.
De esta manera, el Municipio de Ibagué y el Instituto para el Deporte y la Recreación de Ibagué IMDRI, celebraron convenio interadministrativo No. 08 de febrero de 2015, con el propósito de “aunar esfuerzos administrativos y financieros para ejecutar el proyecto denominado infraestructura deportiva para la competitividad nacional e internacional para desarrollar los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015”.
Luego de adelantarse el proceso pre contractual, el IMDRI celebró con el Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015, el contrato de obra No. 074 de 2015, el cual tenía por objeto “Construcción Adecuación y/o Remodelación de las Instalaciones de la Unidad de la calle 42 con carrera 5ª, en la ciudad de Ibagué”.
En cuanto a la interventoría del contrato de obra, para su selección se adelantó concurso de méritos No. 02 de 2015, en el que participó únicamente el CONSORCIO INTERJUEGOS 2015, integrado por Diego Fernando Fonseca Chaves con 49% de participación y LKS Colombia S.A.S con 51% de participación, a quien se adjudicó el contrato de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones del concurso de méritos, profiriendo el IMDRI la resolución de adjudicación No 046 de 20 de febrero de 2015.
Una vez culminada la etapa pre contractual, el 16 de marzo de 2015, se suscribió contrato de interventoría 086, con el objeto de “Contratar LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCCION, ADECUACION Y/O REMODELACION DE LOS ESCENARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42 CON CARRERA 5 EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ PARA LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONES Y IV PARANACIONALES 2015 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”.
El valor del contrato se pactó en la suma de mil ochocientos cinco millones veintinueve mil seiscientos pesos ($1.805.029.600) en el que se estableció el pago de todos los costos derivados de la ejecución del contrato, incluidos horas extras, nocturnas, dominicales y festivos en que deban ejecutarse las labores de la interventoría, el efectivo cumplimiento del objeto pactado en los plazos perentoriamente fijados por EL IMDRI, así como los trabajos adicionales necesarios para la recuperación de eventuales suspensiones del contrato de obra.
El valor del contrato incluyó todos los costos inherentes a la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega total de las obras a satisfacción del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué- IMDRI, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos que fueron requeridos para su ejecución.
En cuanto a la forma de pago se estableció el pago de un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato, el cual sería amortizado proporcionalmente en cada uno de los pagos efectuados por concepto de pago de costos variables por avance de obra, señalando que los rendimientos financieros que llegaren a recibir se rembolsaran al IMDRI.
Asimismo, se estableció que el 40% del valor total del contrato de interventoría sería por costos fijos y se cancelará en pagos mensuales vencidos por igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses de plazo del contrato.
De igual manera, se estableció que el 50% del valor total del contrato de interventoría se pagaría mensualmente según el avance de las obras y el 10% restante, una vez se suscriba el acta de terminación del contrato de obra.
De las pruebas aportadas al expediente, se encuentra que el 8 de julio de 2015, los extremos contractuales efectuaron adición No 1 al contrato de interventoría 086 de 2015, en la que se adicionó al valor total del contrato la suma de $420.010.000; prorrogando además el tiempo de su ejecución en 4.5 meses.
El 25 de noviembre de 2015, las partes contractuales formalizaron otrosí modificatorio del contrato de interventoría, en el que se cambió la forma de pago. Mediante este documento, se indicó que al haber transcurrido más de 6 meses de plazo de ejecución de los trabajos en los escenarios de la Unidad Deportiva de la Calle 42 y al haberse solo facturado el 28.8% del costo variable de interventoría correspondiente al 50% que está sujeto a la facturación del contratista de obra de acuerdo al avance de obra, al no cumplirse por causas ajenas a la voluntad de la interventoría, era necesario modificar la forma de pago pactada en el contrato inicial, estableciendo que los costos fijos mensuales corresponderían al 90% del valor total del contrato de interventoría, los cuales eran cancelados en pagos mensuales vencidos de igual valor, más un 5% al momento de la firma del acta de terminación y otro 5% a la firma del acta de liquidación del contrato de interventoría.
Posteriormente, esto es el 10 de mayo de 2016, se realizó adición No 2, prorrogando 70 días calendario el plazo de ejecución, e incrementando el valor del contrato $275.566.677.
De los documentos aportados en calidad de pruebas en el presente proceso, se evidencia que el IMDRI en el marco de ejecución del contrato de interventoría 086 de 2015, giró al Consorcio Interjuegos 2015, las siguientes sumas:
CONCEPTO
VALOR
Pago de anticipo
$361.005.920
Pagos mensuales parciales
$1.325.180.647
Total
$1.686.186.567
Asimismo, de las facturas presentadas para el cobro mensual por parte de la interventoría, se evidencia que del valor recibido se amortizó respecto al pago del anticipo la suma de $139.558.030; es decir que el Consorcio Interjuegos 2015 recibió netamente la suma de $1.546.628.537.
2.4.2. En este orden, el Ministerio Público considera importante precisar que la función administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales, por ende está sujeta al cumplimiento de los preceptos constitucionales establecidos en el preámbulo de la Constitución Política y los principios fundamentales del artículo 1°, el cual dispone: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República (…) fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” y el artículo 2° a cuyo tenor se lee que “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…) y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
De esta manera, en Colombia la actividad de la administración pública debe dirigirse o encaminarse a cumplir los fines del Estado, dicho de otra forma, es que los servidores públicos cuando celebren contratos deben buscar que las entidades públicas cumplan sus fines para que de esta forma se concrete el principio de prevalencia del interés general.
Esta preceptiva superior encuentra cabal desarrollo en la normatividad que regula la contratación estatal, en especial en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, al disponer que “los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que [además de la obtención de utilidades cuya obtención garantiza el Estado] colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.”
Resulta evidente, entonces, que en el orden jurídico colombiano existe una especificidad constitucional a favor de la administración pública, comoquiera que, además de encontrarse sujeta a los principios y valores del preámbulo y los artículos 1º, 2º y 3º, el artículo 209 le asigna un especial rol funcional, como lo es el de estar al servicio de los intereses generales, observando unos particulares principios de acción.
2.4.3. En atención a lo precisado de manera precedente, se encuentra que, en el acervo probatorio resaltado en el acápite de pruebas del presente concepto, obran diversas piezas procesales adelantadas en la instancia penal y que fueron remitidas al presente expediente, las cuales dan cuenta de investigaciones que se adelantaron en el marco de la construcción de las obras de infraestructura deportiva para la competitividad nacional e internacional para desarrollar los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015 en el municipio de Ibagué, y del cual se desprende la suscripción y ejecución del contrato de interventoría 086 de 2015, objeto de la presente Litis.
Resulta pertinente, resaltar que en audiencia de imputación de cargos la Fiscalía imputó los delitos de prevaricato por omisión en concurso homogéneo y sucesivo con las conductas punibles por comisión por omisión establecidas en interés indebido celebración de contratos, celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación al señor Luis H. Rodríguez Ramírez, quien para el momento de la suscripción del contrato de interventoría 086 de 2015, ejercía como alcalde de la ciudad de Ibagué. Es importante aclarar que la imputación de los cargos en mención se dio en el marco de la investigación penal adelantada respecto al contrato suscrito con la empresa TYPSA contratada para la elaboración de los estudios y diseños de las obras que se iban a ejecutar mediante el contrato de obra 074 de 2015 y sobre el cual el Consorcio Interjuegos 2015 adelanto la interventoría.
Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que de forma verbal y posteriormente a través de contrato 06 de 2015, el señor Luis H. Rodríguez vinculó al Doctor [NOMBRE TACHADO] para que puntualmente asesorara jurídicamente el proceso precontractual, contractual y postcontractual de los juegos nacionales. El ente acusador reiteró, que el mencionado Dr. Arciniegas Lagos sostuvo reuniones con los señores de apellido Navarrete, Carlos Ramírez y con alias el chatarrero para acordar los pliegos de condiciones para la celebración del contrato No. 074 de 2015 referente a la construcción de las obras, contrato que a su vez sería objeto de la interventoría mediante el contrato 086 de 2015 objeto de la presente controversia contractual.
De igual forma, reposa el interrogatorio formulado al Ingeniero [NOMBRE TACHADO], quien se desempeñó como trabajador de TYPSA, rendido el 25 de septiembre de 2017 ante la Fiscalía General de la Nación en aras de obtener un principio de oportunidad y quien fue mencionado en la sentencia condenatoria en contra de quien fungió como Gerente del IMDRI, así como en la imputación de cargos del entonces Alcalde Luis H. Rodríguez.
El Ingeniero Ramírez Quintero mediante el interrogatorio indicó que durante la etapa de trámite, adjudicación y ejecución de los contratos de interventoría Número 120 de 2015 y 86 de 2015, sostuvo reuniones con los señores [NOMBRE TACHADO] funcionario del IMDRI para la época de los hechos; [NOMBRE TACHADO] Contratado por el municipio de Ibagué con el fin de que brindara asesoría jurídica únicamente para el proceso precontractual, contractual y postcontractual de los juegos nacionales; [NOMBRE TACHADO] Casas quien era empleada de la empresa LKS Sucursal Colombia encargada de las propuestas presentadas en las licitaciones públicas; Alexandra Barrero miembro de la empresa LKS y quien durante la ejecución del contrato de consultoría 086 fue designada como representante legal suplente del Consorcio Interjuegos 2015; y Javier Rozas quien era directivo de la empresa LKS y cumplió funciones de representante legal suplente del Consorcio Interjuegos 2015 para el tiempo de ejecución del contrato de interventoría 086 de 2015; esto con el objeto de direccionar los pliegos del concurso para la elección de los adjudicatarios, LKS Colombia SAS y Diego Fernando Fonseca Chaves, dejando en evidencia las comisiones o coimas que se acordaron para tal fin. Esta instancia se permite resaltar los siguientes apares del mencionado interrogatorio:
“PREGUNTADO. Teniendo en cuenta el contenido y las exigencias para la aplicación del principio de oportunidad se deja constancia que se le ilustra al por interrogar sobre el procedimiento para dar aplicación a este, las consecuencias que tendría y de manera específica que se convertiría en testigo de cargo contra otros procesados, y se le pregunta si entiende y acepta tales consecuencias CONTESTO. Si entiendo y si acepto las consecuencias del proceso de colaboración. PREGUNTADO. Que tiene para decir a la Fiscalía con relación a la etapa de trámite, adjudicación y ejecución de los contratos de interventoría número 120 de 2015 y 086 de 2015. CONTESTO. Una vez se entregan los estudios y diseños por parte de TYPSA a raíz de mi amistad con el señor [NOMBRE TACHADO], él llega a mi oficina en TYPSA y me dice que el 'gordo" en ese caso el señor [NOMBRE TACHADO] le ha dicho que nosotros contractualmente tenemos la obligación como TYPSA de asesorarlos a ellos en la elaboración de los estudios de mercado, pre pliegos y pliegos de los contratos de obra pero que adicional a eso le pidió que le ayudáramos a buscar empresas constructoras que se les interesa el negocio de presentarse a las obras, [NOMBRE TACHADO] me dice que también le menciono a [NOMBRE TACHADO] que podamos ayudarle mis contactos con las empresas constructoras españolas y el aprovechando los contactos con las empresas de consultoría colombianas o españolas iniciáramos las gestiones para ver si les interesaban los negocios de interventoría y construcción para los escenarios deportivos para los juegos nacionales del 2015 en la ciudad de Ibagué y así ganarnos un dinero a través del señor [NOMBRE TACHADO], eso fue en el segundo semestre del 2014.
Paso seguido el señor [NOMBRE TACHADO] inició contactos con diferentes empresas de ingeniería como INGEOCIM, TECNOCONSULTA, LKS y DIEGO FONSECA CHAVES, entonces para el mes de noviembre del 2014 el señor [NOMBRE TACHADO] se reúne con el señor JAVIER ROZAS para mencionarle la oportunidad del negocio de hacer las interventorías de los dos contratos de obra para los juegos nacionales a realizarse en Ibagué en el año 2015, eso lo sé porque me lo comunicó [NOMBRE TACHADO] y me dijo que me enviarían la experiencia específica en interventorías en este tipo de escenarios cosa que realiza la señora [NOMBRE TACHADO] a mi correo de incgroup sas que es la compañía para la que me encontraba trabajando para ese entonces, luego entonces para el mes de enero una vez el señor XAVIER ROZAS regresa de España mantenemos una reunión en las oficinas de LKS en la cual están presentes la señora [NOMBRE TACHADO] como responsable de licitaciones; el señor JAVIER ROZAS que es un español y quien era el jefe de la señora ALEXANDRA BARRERO también presente en la reunión y representante legal de LKS en Colombia, el señor [NOMBRE TACHADO] y yo. Aquí debo indicar que la reunión inicia con el señor [NOMBRE TACHADO], ALEXANDRA BARRERO, [NOMBRE TACHADO] Y YO. y se incorpora la señora [NOMBRE TACHADO] en el momento en que el señor JAVIER ROZAS nos dice que no cumplen con el repliego que hay que hacer unos ajustes al pliego en versión final y que deben buscar un socio y todo esto lo manejaba la señora [NOMBRE TACHADO] ahí es cuando la llaman, ella se incorpora a la reunión y ella si está presente en el momento en que se le hace saber a las personas reunidas que el negocio implicada el pago de comisiones o coimas del 10% para una gente en Ibagué y el 3% para [NOMBRE TACHADO] y yo.
En esa reunión les transmitimos la opción de negocio que consistía en la interventoría para las obras de los escenarios deportivos y de la calle 42 para los juegos nacionales de 2015 en Ibagué, el negocio era que ellos fuesen los adjudicatarios a cambio de pagar unas comisiones o coimas del 10 por ciento del valor de los contratos a un señor en Ibagué con el cual se tenían que reunir a posteriori si les interesaba el negocio o no y el 3 por ciento del valor de los contratos al señor [NOMBRE TACHADO] y a mí, el señor ROZAS y la señora BARRETO mencionan que si que les interesa el negocio pero que ellos no pagan ninguna comisión o coima por adelantado y que posiblemente tengan que buscar un socio que los complemente; el señor ROZAS me propone que sea INCGROUP SAS a lo cual en su momento le menciono que no tendría problema en participar, [NOMBRE TACHADO] menciona que TYPSA no puede participar ya que esta inhabilitada por haber hecho los estudios y diseños. se concluye en la reunión que el señor [NOMBRE TACHADO] debe viajar a la ciudad de Ibagué para reunirse con el contacto de la alcaldía de Ibagué que yo sabía era el señor [NOMBRE TACHADO] señor [NOMBRE TACHADO] se encontraba de vacaciones en España y no había ningún compromiso formal entre LKS y el señor [NOMBRE TACHADO] los pre pliegos se tienen que colgar en la página web del IMDRI y el SECOP para que pudieran cumplirse los plazos de publicación de los pliegos y adjudicación de las interventoras y se estructuraron por parte mía el señor [NOMBRE TACHADO], y el señor [NOMBRE TACHADO] con la información entregada en el mes de noviembre por parte de LKS con relación a la experiencia específica y con relación a los estudios de mercado elaborados también por mí, [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], para ello creamos un correo electrónico denominado (…) que tenía como objetivo el intercambio de los borradores de los estudios técnicos previos, los pre pliegos y los pliegos, a través de ese correo se elaboraron todos los documentos, y solo fueron usados por [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] y yo. Los documentos de estudios técnicos y pre pliegos se elaboraron en paralelo a las negociaciones con LKS, por esa razón en la reunión del mes de enero del 2015 los funcionarios de LKS transmitieron que no cumplían el pre pliego y que se les debería de garantizar que se podía modificar el pliego final para que fueran adjudicatarios. Las cosas que no cumplía LKS SAS eran: experiencia general y específica, experiencia de profesionales, e índices financieros por lo que definitivamente necesitan de un socio. [NOMBRE TACHADO] menciona en esta reunión que indiferente de la reunión con las personas en Ibagué tenían un socio estratégico que era el señor DIEGO FONSECA CHÁVEZ con el cual ya venían trabajando varias cosas y que con el podrían cumplir adicional a lo anterior el señor [NOMBRE TACHADO] menciona que lo conoce y que es de confianza. Ahí queda la reunión y se concluye que [NOMBRE TACHADO] debía venir a la ciudad de Ibagué, contactarse con el señor [NOMBRE TACHADO] y establecer el cierre del negocio.
(…) Como bien lo he dicho anteriormente los porcentajes del negocio correspondiente a las coimas eran del 10 por ciento a entregar al señor [NOMBRE TACHADO] y el tres por ciento a entregar al señor [NOMBRE TACHADO] y a mi en partes iguales del 1.5%, el tres por ciento a parte de la coima del 10% del señor [NOMBRE TACHADO] se debió a que [NOMBRE TACHADO] se negó a incluirme a mí y al señor [NOMBRE TACHADO] 10 % ya que en palabras textuales ese diez por ciento se distribuía de la siguiente manera; seis por ciento para el alcalde LUIS H; y el cuatro por ciento a repartir entre los señores [NOMBRE TACHADO], CARLOS EBERTO ÁNGEL; el secretario de Hacienda, el señor [NOMBRE TACHADO] y otros funcionarios del IMDRI con lo cual no podía incluirnos.
(…) y adicional en la estrategia para no levantar sospechas se decidió emitir comunicados radicados al IMDRI solicitando modificaciones a los pre pliegos de esta forma que demostraba una supuesta legalidad en el momento de emitir el pliego mediante el interés de LKS mostrado por anterioridad. El resultado del trabajo realizado con [NOMBRE TACHADO] es la publicación de pliego definitivo por parte del IMDRI en su página web como en el SECOP tanto en el concurso de méritos de la calle 42 con quinta coro en el del parque deportivo. Aquí debo indicar que una vez se emite el pliego definitivo en los dos procesos contractuales estos no cumplen con los requisitos de LKS y DIEGO FONSECA ya que la versión colgada por los funcionarios del IMDRI no fue la última versión modificada por [NOMBRE TACHADO] y yo, [NOMBRE TACHADO] me transmite esto y yo se lo transmito al señor [NOMBRE TACHADO] el cual me menciona que se pueden modificar nuevamente mediante adendas las cuales elaboramos entre [NOMBRE TACHADO] y yo y enviamos al señor [NOMBRE TACHADO] (…) Una vez se emiten las adendas se presenta la propuesta por parte de LKS SAS y DIEGO FONSECA, siendo los únicos proponentes y por ende los adjudicatarios de los negocios. La oferta debo indicar la elaboró LKS SAS y DIEGO FONSECA. (…)” (Negrilla y subrayada por fuera de texto original).
La versión rendida por el Ing. Ramírez Quintero concuerda con lo indicado por la ingeniera Diana [NOMBRE TACHADO] Casas, en interrogatorio rendido el 12 de septiembre de 2016 ante la Fiscalía 22 Seccional y aportado dentro del presente proceso, en el que describe la forma en que se direccionaron los contratos de interventoría 086 de 2013 y 120 de 2013 correspondientes a la ejecución de las obras de los escenarios deportivos para los juegos nacionales, para lo cual señala que se vinculó con LKS sucursal Colombia desde el 3 de septiembre de 2012 y en abril de 2013 le hacen contrato laboral en el cargo de coordinadora de propuestas. Aseguró y como prueba de ello adjuntó diferentes correos electrónicos, que dan crédito a su dicho, en cuanto a que se ofrecieron “coimas” para la adjudicación de los contratos de interventoría:
“(…) Estando en la reunión con ORLANDO después de tratar los temas de lo que cumplían o no. ORLANDO le dice a XABIER que para hablar con él que salgan al jardín de la casa de él para hablar de otros temas, y XABIER le dice que no que lo haga delante mío y que yo era de su confianza y que era yo quien iba a estar aquí dado que él iba y venía entre España y Colombia, entonces salimos al Jardín de la casa de ORLANDO ahí nos sentamos en una mesita y ya pues ORLANDO le dice bueno XABIER te han hablado de unos compromisos? Entonces XABIER le dice que sí que JORGE le había dicho que era un 13 por ciento, diez para ORLANDO y el tres para [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], entonces ORLANDO le dice que si que lo de era él era el diez y el resto no sabía, con XABIER hablan de que si podía ser menor ese diez por ciento dado que la forma de pago del contrato era muy complicado para nosotros entonces que si no había modificación de la forma de pago que nosotros no podíamos presentar oferta entonces ORLANDO dice que enviemos eso en las observaciones y que él lo revisa ahí acuerdan que si en caso de que se hicieran las modificaciones y pudiéramos presentar oferta que tendría que pagársele un 50 % de la comisión de los dos contratos porque ahí si ya se hablaba de parque y de calle 42 con 5, cuando se firmaran los contratos y el otro 50% que lo pagábamos con la segunda y cuarta acta de interventoría, y como LKS nunca había hecho eso se comentó que como se iba a pagar eso entonces XABIER le dice a ORLANDO que el cobrara su 10% y ORLANDO dice que no que el necesita su plata en efectivo y entonces se pacta que el pago iba hacer sin IVA que es lo único que el aceptaría llegábamos al acuerdo LKS no iba hacer una interventora mal hecho ni de papel ni que nos fueran a presionar para favorecer en algo al contratista porque no lo íbamos hacer y ahí gastamos bastante tiempo explicándole que la función la íbamos a cumplir y ORLANDO nos dijo que él estaba de acuerdo con eso y que se necesitaba una interventoría que presionara para que se construyeran los escenarios y que esa función se debía cumplir ahí la reunión se acabó. En esa reunión nunca se habló de dinero de las comisiones en cifras exactas solo en porcentajes”
Precisó la Ingeniera Diana [NOMBRE TACHADO] que posteriormente, conversó con el Ingeniero Diego Fonseca Chaves, quien aceptó hacer parte del consorcio, y posteriormente, al hacer las ofertas advierte que no le cuadran los presupuestos y a pérdidas no se iban a ir, por lo que Xabier le dice que llame a Navarrete y éste le dice que se comunique con Orlando. Indicando en el interrogatorio:
“entonces yo llamo a ORLANDO y le comento el tema de los presupuestos y él se pone de mal genio porque él insiste me hace ver que como somos de brutos si somos los que estamos montando porque pedimos y pedimos cambios que él no entiende eso y yo le aclaro que nosotros no hicimos eso y menos el tema de presupuesto y ahí es cuando me dice que haga las observaciones, entonces yo hago la observación al correo oficial del IMDRI y entonces el IMDRI a través del SECOP saca una nueva adenda que es número 2 en este proceso de la unidad deportiva de la 42 con 5 en donde se cambia la forma de pago, amplían los perfiles que les pedimos que amparan en cuanto experiencia y plazo, aclaran el número de personas y requisitos y ya otra adenda numero 2 fue con relación al proceso de parque deportivo y en esa se hizo a la modificación de los códigos del RUP de la experiencia y también del tema del personal para ampliar los perfiles y la forma de pago Ya después de eso se entregan las ofertas para cada proceso en donde se formaron dos consorcios con los mismos integrantes y los mismos porcentajes. De ahí en adelante todo lo que se sabe del proceso es por la página del SECOP y ah ya también sabíamos que habíamos sido los únicos proponentes”
Es necesario resaltar que también obra dentro del presente expediente la sentencia proferida el 15 de mayo de 2017 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en contra del señor [NOMBRE TACHADO], quien para la época de suscripción del contrato de interventoría desempeñaba funciones de gerente del IMDRI, y a quien se le impuso condena a la pena privativa de la libertad de 66 meses de prisión, multa de 78 meses e inhabilitación como cómplice responsable de las conductas punibles de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El doctor [NOMBRE TACHADO] desempeñó como Gerente del IMDRI, según decreto No. 1-0003 de 1º de enero de 2012 emitido por el entonces Alcalde Municipal de Ibagué, Luis H. Rodríguez Ramírez, hasta 30 de diciembre de 2015, y a quien se le comprobó que direccionó y amañó la adjudicación del contrato de consultoría No. 237 de 25 de noviembre de 2013 interesándose indebidamente en su celebración. Dentro de la mencionada sentencia condenatoria, se indicó:
“Se tiene igualmente acreditado que en tal calidad de servidor público el acusado celebró el contrato de consultoría No. 237 del 25 de noviembre de 2013, por valor de once mil cuatrocientos noventa y nueve millones quinientos veinte mil ochocientos pesos ($11.499.520.800,o0), celebrado entre el IMDRI y la empresa contratista Proyectos S.A TYPSA, cuyo objeto era la realización de los estudios y diseños para la construcción, adecuación y remodelación de los escenarios del parque deportivo y de las instalaciones de la unidad deportiva de la calle 42 con carrera 5à de esta ciudad para los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales2015; la Fiscalía acopió los siguientes elementos probatorios (…)
Fue precisamente en ese rol funcional que detentaba de acuerdo al ley y los reglamentos el acusado [NOMBRE TACHADO], que se interesó de manera indebida en la celebración como Gerente del IMDRI, en el trámite y adjudicación del concurso de méritos N° 12 de 2013 el cual tenía por objeto realizar estudios y diseños para la construcción, adecuación, remodelación de los escenarios del parque deportivo y de las instalaciones dela unidad deportiva de la 42 de Ibagué para la celebración de los XX juegos nacionales y IV para nacionales de 2015, al punto que direccionó y amañó los pre pliegos contractuales para favorecer en el proceso licitatorio a la empresa TYPSA S.A.
Consecuente con lo anterior, tramitó el concurso de mérito publico N° 12 de 2013 el que tenía por objeto realizar los estudios y diseños para la construcción, adecuación, remodelación de los escenarios del parque deportivo y de las instalaciones de la unidad deportiva de la 42 de Ibagué, sin cumplimiento de los requisitos legales, suscribiendo el contrato 0237 de 25 de noviembre de 2013 que tenía un objeto contractual diferente al que se debido contratar, en virtud a que el edificio multideportes, edificio artes marciales, área comercial y administrativa parque deportivo, y edificio área de parqueaderos de la unidad deportiva de la calle 42 con 5a no se encontraban estipulados en la tabla número 6 de asignaciones de recursos de infraestructura del CONPES.
Al respecto se cuenta con el interrogatorio que rindiera [NOMBRE TACHADO] reseñando la responsabilidad penal del acusado [NOMBRE TACHADO] en la comisión de los ilícitos por los que preacordó cargos: ".CARLOS HEBERTO se había comprometido a adjudicarles el contrato (haciendo referencia a la empresa TYPSA) a los mismos al punto que en su momento los señores vinieron a Ibagué y en el IMDRI elaboraron para ellos los pliegos respectivos, situación a la cual yo le manifesté a él que ya teníamos unos compromisos con la gente de TYPSA que se debían respetar, se empieza a trabajar con la empresa TYPSA y para ello trajo a los señores [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] para elaborar los estudios previos, los pre pliegos y finalmente sacar pliegos definitivos en términos que favorecieran a TYPSA, eso se hizo jugando con la experiencia que ellos tienen.
Adicionalmente se cuenta con una Declaración extra juicio rendida por el Arq. Luis Rodrigo Uribe Arbeláez, entonces representante legal de la empresa TYPSA, con nota de reconocimiento de firma y huella del 7 de abril de 2016, ante el Consulado General de Colombia en Madrid, España, en la que narra la forma irregular en que se adelantó el trámite de elaboración de los estudios previos, prepliegos y los pliegos definitivos que le garantizaban a dicha empresa ser la única proponente en la licitación pública del contrato que tenía como objeto la elaboración de estudios y diseños para la construcción, adecuación y remodelación de los escenarios del parque deportivo y de las instalaciones de la unidad deportiva de la calle 42 con carrera 5ª de esta ciudad para los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015.”
Para claridad de lo mencionado tanto en los interrogatorios como en las decisiones penales anteriormente transcritas, es necesario precisar que el Consorcio Interjuegos 2015, fue inicialmente representado por el Ingeniero Hernando Barrera Valencia, posteriormente, se designó como representante legal principal al Arquitecto Javier Rozas Elizalde y como representantes legales suplentes a la Ingeniera Alexandra Barrero y al Ingeniero Diego Fernando Fonseca Chaves.
2.4.4. Lo anterior, permite al Ministerio Público establecer que la celebración del contrato de interventoría No 086 de 2015, tuvo fin distinto al que la ley dispone para la suscripción y ejecución de los contratos estatales, resultando evidente de las pruebas penales analizadas que existió un interés personal económico para beneficio de particulares y en este caso principalmente de funcionarios públicos del municipio de Ibagué y del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué quienes evidentemente se beneficiaron del pago de coimas que muy seguramente incrementaron sus patrimonios generando un perjuicio mayor a la Nación.
Para esta vista fiscal, resulta evidente que, desde la etapa de planeación del contrato de interventoría, la corrupción estuvo presente, tanto así que se adelantó el proceso de contratación de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, a fin de ejecutar la obra y su interventoría, sin contar si quiera con los estudios y diseños aptos para ello, pues como bien lo indicó el consorcio Interjuegos 2015 en la contestación de la demanda de reconvención; “Tanto fue el error de los diseños que a la fecha se encuentra en proceso de contratación los nuevos estudios y diseños de las obras”.
En cuanto a la desviación de poder, en el marco de los contratos estatales, la Corte Constitucional precisó que esta se configura: “cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia”.
Por lo tanto, como se dijo en el análisis del marco jurídico desarrollado en el acápite 2.2.2. del presente concepto, la declaración de la desviación de poder precisa acreditar: (i) la competencia del ente que expide o formaliza el acto; (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas; y en especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto.
En este sentido, se debe indicar que de simple vista la suscripción, perfeccionamiento y ejecución del contrato de interventoría 086 de 2015, aparentemente se dio de acuerdo a la ley, sin embargo, las pruebas penales resaltadas y analizadas muestran la situación desde otra perspectiva diferente a lo que argumenta el Consorcio Interjuegos 2015, que en su defensa alega el cumplimento total de sus funciones como interventor del contrato de obra 074 de 2015; cuando este ni siquiera fue finalizado, reiterando que no contó con estudios y diseños reales que permitieran su ejecución hecho que fue alegado y reconocido por el mismo consorcio demandante.
Así las cosas, mediante los interrogatorios y las imputaciones de cargos antes relacionadas, se demuestran las reuniones efectuadas por los extremos contractuales en las que se gestaron pliegos amañados, a consecuencia de solicitudes de coimas, para el direccionamiento de los contratos a fin de realizar los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Juegos Paranacionales en el municipio de Ibagué.
En cuanto al contrato de interventoría 086 de 2015, los interrogatorios transcritos confiesan la celebración de reuniones entre el asesor jurídico del municipio de Ibagué [NOMBRE TACHADO], con representantes legales y trabajadores de LKS Colombia S.A.S. (una de las empresas que conformó el Consorcio Interjuegos 2015) [NOMBRE TACHADO], Alexandra Barrero, Diana [NOMBRE TACHADO], en las que coordinaban las modificaciones de los pliegos de condiciones para presentar la oferta, así como establecían el porcentaje de coimas que se iban a entregar e incluso, la forma en que se iban a cobrar.
Para el Ministerio Público resulta inadmisible el comportamiento de los funcionarios de la administración municipal y el IMDRI, en la que valiéndose de sus funciones dirigieron los procesos de contratación en busca principalmente de favorecer su propio peculio recibiendo a cambio coimas, que como ya se advirtió dejaron sus intereses personales por encima del interés general, sin importar si quiera el cumplimiento de los fines del estado y a cambio, tener el municipio de Ibagué un detrimento patrimonial con obras inconclusas, afectación que trascendió incluso a la parte social del municipio al no contar con escenarios deportivos idóneos para sus habitantes.
De esta manera, concluye el suscrito Delegado del Ministerio Público en sede de intervención que, conforme a las probanzas reiteradas a lo largo del presente concepto, resulta evidente que el contrato de interventoría 086 de 2015, fue celebrado con desvío de poder incurriendo en la causal 3° de nulidad prevista en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, lo cual, conllevó a que se infringieran los principios de transparencia y selección objetiva, establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
2.4.5. Al respecto, es necesario manifestar ante los argumentos de inconformidad presentados por el Consorcio Interjuegos 2015 mediante el recurso de alzada que nos convoca, en los que manifiesta la imposibilidad de declarar la nulidad absoluta del contrato de interventoría 086 de 2015, dado que a la fecha no existencia sentencia ejecutoriada que declaré responsabilidad penal por delitos cometidos en el marco de su adjudicación y/o ejecución.
Pues bien, debe recordar el señor apoderado que representa los intereses del consorcio que las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales de los servidores públicos, así como de las personas naturales o jurídicas que desempeñen funciones públicas son totalmente diferentes y ajenas a las que se estudian en los medios de control que se adelantan ante el contencioso administrativo, como es el caso.
Lo anterior, máxime cuando ante situaciones como las que corroboran las pruebas penales trasladadas al plenario que contiene los interrogatorios rendidos por los ingenieros [NOMBRE TACHADO] y Diana [NOMBRE TACHADO] Casas, y que en ningún momento fueron objeto de tacha o disensión por alguna de las partes procesales por lo cual son válidas y debe dárseles el valor probatorio que les corresponden; material probatorio mediante el cual relatan los declarantes de parte las reuniones que se gestaron por los funcionarios y particulares en representación de las firmas que conforman el consorcio, y en las que reconocen su participación, asegurando que en dichos encuentros se gestaba como garantizar no solo la adjudicación del contrato de interventoría, sino, además estructurar el presupuesto del contrato de interventoría a fin de poder cumplir los compromisos de pago del porcentaje de las coimas exigidas por los empleados públicos para avalar su ejecución y garantizar el pago de lo acordado en la minuta contractual.
En este sentido, para lo que interesa en el presente proceso, referido a la responsabilidad penal del servidor público, en cuanto a los delitos contra la administración pública, hay que recordar que su base constitucional se encuentra en los principios establecidos en el artículo 209 Superior, así : "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (...)"
Al respecto, de manera reiterada las Altas Cortes han sentado su posición mediante sentencias, estableciendo la diferencia que corresponde a la responsabilidad penal del servidor público y a la responsabilidad administrativa.
De esta manera, encontramos que mediante sentencia C- 917 del 29 de agosto de 2001, la Corte Constitucional indicó:
"Así mismo, debe diferenciarse la responsabilidad penal del agente que es el tema de decisión en el proceso penal, de la responsabilidad administrativa que es materia de definición en el contencioso administrativo, dado que en aquella, la penal, el proceso asume las secuelas punitivas del hecho criminoso, en tanto que, en la segunda, al ser demandada, corresponde a la administración afrontar las consecuencias patrimoniales de la falla en la prestación de los servicios, responsabilidad que surge independientemente de la existencia y sanción del hecho punible.
"Se distingue igualmente la responsabilidad penal de la administrativa, en cuanto la primera nace de la violación dolosa o culposa de una norma penal, mientras que la segunda surge de un hecho dañoso ejecutado por el Estado, el que puede o no ser constitutivo de una conducta penalmente reprochable. También se traslada esa diferenciación en cuanto al manejo probatorio de cada tipo de responsabilidad, si se tiene en cuenta que la responsabilidad penal no se presume, como se presume la inocencia, y que es imperativa su plena demostración, en tanto que la responsabilidad contractual administrativa, es susceptible de presunciones, hasta el punto de que en muchos casos es suficiente acreditar el hecho dañoso imputable a la entidad, el perjuicio y el nexo causal para declarar la responsabilidad estatal.”
Es así como, atendiendo la complejidad probatoria en cuanto al vicio de desviación de poder, que notoriamente posee una dificultad al momento de acreditarse en un proceso, en tanto de ordinario no es posible acudir a pruebas directas para demostrarlo, es posible acudir para ello a la prueba indiciaría. En este sentido, la doctrina establece que las dificultades probatorias no son insalvables, indicando “basta que la conjunción de los distintos medios probatorios produzca en el juzgador la certeza suficiente de que la desviación de poder ha sido cometida” y “quizás la prueba de indicios sea la más adecuada para desentrañar el vicio.”
Precisamente, ni la ley ni la jurisprudencia ha establecido una tarifa probatoria o exigencia probatoria que deba cumplirse ante el juez natural del proceso llevado ante el contencioso administrativo para declarar la existencia de la desviación de poder en una actuación adelantada por el mismo Estado.
Lo anterior, implica que al valorar las pruebas penales trasladas al presente proceso, en ningún momento constituye desconocimiento del principio de inocencia del Consorcio, mucho menos de los funcionarios públicos o particulares involucrados en el proceso pre y contractual. Máxime, atendiendo que en sentencia penal condenatoria dictada en contra del ex gerente del IMDRI [NOMBRE TACHADO] encontró debidamente probado lo manifestado por la ex trabajadora de LKS COLOMBIA SAS Ingeniera Diana [NOMBRE TACHADO] y por el Ingeniero [NOMBRE TACHADO] en sus interrogatorios, situaciones que se ven reflejadas en el otrosí y las 2 adiciones que fueron objeto al contrato interventoría 086 de 2015, en cuanto a la forma de pago, y el incremento sustancial que se le dio al valor del contrato , resultando evidente el ánimo de querer favorecer al Consorcio Interjuegos 2015, en la medida que la obra respecto a la cual se efectuaba la interventoría nunca se concluyó.
Atendiendo lo expuesto, hasta este momento, el Ministerio Público encuentra que los argumentos de apelación invocados por el apoderado del Consorcio Interjuegos 2015, no están llamados a prosperar, compartiendo la decisión adoptada por el A Quo en cuanto a la declaratoria de nulidad absoluta del Contrato de Interventoría 086 de 2015, al estar inmerso dentro de la causal de nulidad del numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, con abuso o desviación de poder.
2.4.6. Conforme a lo anterior, se analizará si resulta procedente o no el reconocimiento de las prestaciones alegadas por el Consorcio Interjuegos 2015, en cuanto a la ejecución del contrato de interventoría 086 de 2015.
En cuanto a las restituciones mutuas el artículo 1746 del Código Civil establece que la nulidad del contrato declarada mediante sentencia tiene la fuerza de cosa juzgada que “da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o la causa ilícita”. (Negrita por fuera del texto original).
Asimismo, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 desarrollo los efectos de la nulidad de un contrato, estableciendo “(…) Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público” (Resaltado propio)
Al respecto, el IMDRI mediante contestación de la demanda principal y en escrito de la demanda de reconvención precisó que suscribió convenio de asociación No. 456 de 2016 con la Sociedad Colombiana de Ingenieros para revisar el estado actual de las obras ejecutadas, dictamen en el que se reflejó que los escenarios muestran un avance físico que no coincide con el avance pagado y aprobado o recibido a satisfacción por la interventoría en las actas de recibo parcial, ni con las obras que realmente podrían ser funcionales. Prueba que fue traslada a los extremos procesales sin que se presentara manifestación de inconformidad alguna, tacha o reproche sobre la misma, por lo que goza de valor probatorio.
Es así como resulta notorio que el contrato de obra objeto de interventoría, no se ejecutó cabalmente, lo que generó gran afectación a la ciudad de Ibagué al privarla de contar con los escenarios deportivos necesarios para el desarrollo de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015, generando en consecuencia detrimento patrimonial del Estado al haber pagado obras que no le generaron provecho alguno.
En relación con lo anterior, debemos recordar que el objeto contractual de interventoría suscrito entre el IMDRI y el Consorcio Interjuegos 2015, era el de asegurar el cumplimiento y ejecución del contrato de obra que tenía por objeto la construcción, adecuación y/o remodelación de los escenarios de las instalaciones de la Unidad Deportiva de la Calle 42 con Carrera 5 en la ciudad de Ibagué para los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015 y obras complementarias.
Precisamente, mediante la adjudicación del contrato de interventoría, la administración delega a un tercero la inspección vigilancia y control del contratista de obra, depositando en este tercero la confianza a fin de que con su participación en la ejecución del contrato objeto de la interventoría, se cumpla con el servicio público que se pretenden satisfacer en este caso de construcción, adecuación y remodelación de los escenarios deportivos de la calle 42 en el municipio de Ibagué.
El H. Consejo de Estado, precisó frente al contrato de interventoría y las funciones del interventor contractual:
“8.2.1 Con fundamento los artículos 28 y 29 del Código Civil, la Sala aprecia el criterio de interpretación gramatical, de conformidad con el cual se consulta el diccionario de la Real Academia de la Lengua, donde aparece como segunda acepción de “interventor”, la de “persona que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones para asegurar su corrección”.
8.2.2 Desde la perspectiva legal, a la cual también remiten los artículos referidos, se tiene que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en el numeral 1, al tratar el contrato de obra hace referencia a la interventoría, pero no la define, como tampoco lo hace ese artículo en su numeral 2, incisos 2 y 3, cuando se refiere la interventoría como una modalidad de consultoría, ni el artículo 5347 del mismo estatuto, en el cual se prescribe respecto de la responsabilidad de los interventores. No obstante, una norma jurídica, y a la vez técnica, de la mayor importancia para efectos del caso concreto, el Decreto 2090 de 1989 “por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura”, en el numeral 6 indica que “se entiende por interventoría el servicio prestado por un profesional o persona jurídica especializada, para el control de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la construcción”. Por último, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado ha afirmado que el contrato de interventoría “tiene por objeto supervisar o vigilar que la obra se construya de conformidad con lo estipulado en el contrato”.
8.3 En ese orden de ideas, hace parte de la naturaleza del contrato que el interventor controle, supervise, vigile, fiscalice las obras, pero no que elabore presupuestos, cantidades y especificaciones técnicas, razón por la cual, desde una perspectiva de lo que es natural al contrato, un interventor no está obligado a cumplir con tales actividades, salvo que dentro del clausulado correspondiente, en el caso sometido al análisis de la Sala, hubiera asumido esa obligación de manera expresa, dado que la autonomía de las partes —como fundamento básico de la contratación de acuerdo con los artículos 1602 del Código Civil y 32 de la Ley 80 de 1993, entre otros— permite que los particulares y el Estado acuerden libremente sus obligaciones y derechos, en tanto que con ello no se afecte el orden público.” (Negrita y subrayada por fuera del texto original)
Así las cosas, al hacer parte de la naturaleza del contrato que el interventor controle, supervise, vigile, fiscalice las obras; de lógica es concluir que tiene un peso fundamental en el oferente, al momento de decidir participar en un proceso contractual de interventoría, debe conocer los pormenores del contrato objeto de la futura interventoría, si se trata de un contrato de obra, tales como: el lugar de la ejecución de las obras, la información técnica necesaria y especialmente los diseños de la obra; conocido ello el oferente decide participar en el proceso contractual de interventoría. Por lo tanto, cuando el oferente presenta su propuesta, se da por descontado que tiene pleno conocimiento del objeto contractual respecto al cual recaerá su actividad como interventor.
De las actas de interventoría allegadas como pruebas por el Consorcio, no se evidencia que este en cumplimiento de sus funciones alerte o señale falencias respecto a los diseños e información técnica relacionada para la ejecución de la construcción de las obras contratadas mediante el contrato de obra 074 de 2015, sin embargo, llama la atención que el consorcio avaló los avances de obra sobre los cuales efectuaba el cobro del porcentaje correspondiente de pago a la interventoría conforme se estableció mediante minuta contractual entre los extremos procesales.
Al respecto, el Consorcio argumenta en su defensa que la suscripción del otrosí en cuanto la forma de pago, tuvo como finalidad asegurar el pago del 100% del contrato de Interventoría independientemente del avance del contrato de obra; es decir, el pago a la interventoría se aseguró simplemente con el transcurso del tiempo. Lo cual, genera suspicacia, pues es inadmisible que el Estado efectué el pago de una interventoría sobre una obra que no se ejecuta, pues no avanza en su desarrollo y además no cuenta con estudios y diseños idóneos para su construcción y, sin embargo, si paga la interventoría sobre una obra que según lo reportado en las actas de interventoría alcanza su ejecución únicamente en un 27%.
Resulta necesario reiterar que el Consorcio Interjuegos 2015 reconoce la imposibilidad de la ejecución de las obras sobre las cuales ejercía la interventoría, al no contar dicha obra con los estudios y diseños necesarios, lo cual, de contera traduce en que con la ejecución del contrato de interventoría 086 de 2015 el Estado en cabeza del municipio de Ibagué – Tolima tampoco recibió benéfico o provecho alguno, especialmente, cuando demostrado está que el consorcio interjuegos 2015 conocía la ilicitud con la que se estaba llevando el proceso de contratación y a sabiendas de ello, continuó con el desarrollo del mismo hasta llegar a la celebración del contrato y su posterior ejecución, razón por la que no es compatible con los principios que rigen la contratación administrativa, ni con la buena fe, mucho menos con la equidad, por lo que no resulta procedente restituir a su favor prestaciones que alega presuntamente cumplió.
En este sentido, no resulta procedente el reconocimiento y pago de las prestaciones invocadas por el Consorcio Interjuegos 2015, en el marco del contrato de interventoría 086 de 2015, el cual está incurso en causal de nulidad absoluta; dado que está establecido que su ejecución NO generó provecho o beneficio alguno al Estado, pues conforme con la parte final del artículo 48 de la ley 80, el beneficio se establece en la medida en que la prestación cumplida por el contratista haya servido para satisfacer un interés público, por lo que debemos preguntarnos; ¿Cuál es el interés público que se satisfizo así sea parcialmente con el susodicho contrato de interventoría?, si lo que está demostrado es que independientemente de las prácticas corruptas que permearon todo lo relacionado con las construcciones de los escenarios deportivos para los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015, las obras nunca se realizaron, ¿cómo puede pretenderse alguna retribución cuando las obras no se ejecutaron y la interventoría de las mismas antes de advertir todas las irregularidades continuo facturando como si las obras se estuvieren realizando?. Claramente no hay una satisfacción del interés público ni siquiera parcial, por el contrario, lo cierto es una afectación a este, no solo de tipo patrimonial sino de los derechos colectivos a la recreación y el deporte y de la ciudad a poder cumplir y honrar debidamente un compromiso nacional como es la realización de unas justas deportivas de carácter nacional.
Para el Ministerio Público es desde todo punto de vista censurable la pretensión del contratista de solicitar la retribución por la presentación de una serie de informes o actas argumentando que ello es la prueba del trabajo realizado, y por ende es del beneficio de la entidad estatal, cuando la realidad es que esto fue una mera apariencia, pues está probado que la interventoría se desarrolló sobre un contrato de obra que no se ejecutó al no contar con los estudios y diseños propios para ello, hecho que fue pasado por alto por la interventoría. Además, que su celebración y posterior ejecución estuvo inmerso en actos de corrupción ejecutados por funcionarios del municipio y del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué. Lo anterior, conforme lo demuestran las actuaciones penales que fueron trasladas al presente proceso y han sido debidamente analizadas en el presente concepto.
Así las cosas, concuerda el Ministerio Público con lo ordenado por el Tribunal A Quo en cuanto a que el Consorcio Interjuegos 2015 debe reintegrar al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué la suma de $1.546.628.538,8; que recibió del arca del Estado con ocasión a la ejecución del multicitado contrato de interventoría, sin que haya sido de provecho para la Nación, suma de dinero que efectivamente debe ser restituida debidamente indexada.
2.4.7. Respecto a la solicitud elevada por el apoderado del Consorcio con el fin de que se decrete la práctica de pruebas en segunda instancia, en calidad de pruebas sobrevinientes, aportado con el recurso de apelación los fallos de responsabilidad fiscal respecto al interventor -CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 y sus integrantes, producidos el 29 de marzo de 2.022 y junio 20 de 2.022; por la Contraloría General de la República, advierte el Ministerio Público que esta petición no fue resuelta por parte del Despacho sustanciador al momento de admitir el recurso, sin embargo, el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo establece en cuanto al término para solicitar la práctica de pruebas, lo siguiente:
“(…) En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, (…)”
En este sentido se encuentra que la petición de práctica de pruebas invocada por el apoderado del consorcio podrá ser resulta por el despacho con posterioridad a la ejecutoria del auto que admitió el recurso, el cual fue proferido el 13 de abril de 2023.
Sin embargo, el Ministerio Público advierte que la segunda instancia de un proceso judicial no supone reabrir las etapas procesales ya agotadas y tampoco contempla la posibilidad de que alguna parte aporte alguna prueba que hubiere podido ser allegada en la oportunidad prevista para ello.
Asimismo, debe advertirse en cuanto a la admisión de práctica de pruebas sobrevinientes que esta petición debe cumplir con los requisitos legales para ser decretada y practicada, esto es que resulten conducentes, pertinentes y útiles, de lo contrario tal petición será desestimada por el Ad Quem.
Es importante resaltar en cuanto al objeto de a responsabilidad fiscal en Colombia, que el artículo 4° de la Ley 610 de 2000, dispuso:
“OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad.
Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.
PARÁGRAFO 10. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.”
Conforme lo anterior, el Ministerio Público encuentra que los documentos aportados por el apoderado del Consorcio Interjuegos 2015, no son conducentes, pertinentes y útiles para resolver la Litis expuesta en segunda instancia, dado que en mediante el presente medio de control se analizan las pretensiones invocadas respecto al Contrato de Interventoría 2015 el cual se encuentra incurso en la causa de nulidad absoluta establecida en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, más no se pretende resarcir los daños ocasionados al patrimonio público, mucho menos analizar las conductas de los funcionarios públicos o terceros que desarrollaron funciones públicas. Por lo anterior, la petición elevada por parte del apelante único respecto a la práctica de pruebas en segunda instancia deberá ser desestimada.
En este orden de ideas, no resulta procedente efectuar el análisis y pronunciamiento de los demás problemas jurídicos planteados.
3. CONCLUSIÓN
Con el acostumbrado respeto, solicito al H. Consejo de Estado CONFIRMAR en su totalidad la decisión proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima fechada el 21 de julio de 2022, en cuanto a la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de interventoría 086 de 2015 al incurrir en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, esto es la suscripción del contrato con abuso o desviación de poder. En consecuencia, se encuentra que la ejecución del contrato de interventoría 086 de 2015 no satisfizo el servicio e interés público, por lo que no generó beneficio alguno al Estado, máxime cuando con las pruebas obrante se demuestra que quienes conformaron el CONSORCIO INTERJUEGOS 2015, participaron activamente n hechos de corrupción teniendo conocimiento de la ilicitud, situaciones que impiden efectuar el reconocimiento de restitución alguna.
Por lo anterior, corresponde al CONSORCIO INTERJUEGOS 2015 devolver al INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ – IMDRI, el valor de $1.546.628.537,8 o cualquier suma que haya recibido en razón a la ejecución del contrato No. 086 de 16 de marzo de 2015, debidamente indexadas.
En cuanto a la práctica de pruebas en segunda instancia invocadas en el recurso de apelación por el apoderado del Consorcio Interjuegos 2015, el Ministerio Público encuentra que esta deberá ser desestimada, al encontrar que los documentos no son conducentes pertinente y útiles para resolver la Litis expuesta en segunda instancia.
De la Honorable Magistrada,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Delegado de Intervención 9:
Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado