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RECURSO DE APELACIÓN-Contra la sentencia que declaró la responsabilidad contractual del Municipio de Cali por presunto incumplimiento de un Convenio Interadministrativo de Cooperación cuyo objeto era la intervención con obras en el Estadio Pascual Guerrero
CONTRATACION ESTATAL-Responsabilidad subjetiva por incumplimiento contractual
La responsabilidad contractual, es a título principal, una responsabilidad por inejecución o por mala ejecución del contrato, en igual medida puede adelantarse por a las obligaciones pactadas en el contrato o a las reglas generales que rigen el marco jurídico de los contratos estatales; de este modo se trata de una responsabilidad de tipo subjetivo que resulta imputable a la falta de los contratantes.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos esenciales para su configuración según la jurisprudencia del consejo de estado
Sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial, el Consejo de Estado ha determinado que se debe acreditar entre otros: i) la existencia y la cuantía del daño, ii) el incumplimiento de la prestación como objeto de la obligación, y la iii) mora, imputable a uno de los contratantes entre otro.
CONTRATACION ESTATAL-Diferencias con el convenio interadministrativo
De acuerdo con el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, los convenios interadministrativos se estructuran por acuerdo de las partes, ambas del sector público, para el desarrollo de actividades basadas en la cooperación y la gestión en procura del cumplimiento conjunto de las funciones administrativas que a ellas compete. La anterior finalidad conlleva a que las obligaciones patrimoniales estipuladas en el acuerdo sean asimilables en muchos sentidos a un verdadero contrato.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA-Definición
El contrato de obra es aquel que tiene por objeto la construcción, mantenimiento, instalación y la realización de cualquier otro trabajo material sobre inmueble, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago pactada. De la definición se extraen dos precisiones importantes, el acuerdo debe pactarse por la realización de trabajos materiales que recaigan exclusivamente sobre bienes inmuebles y la parte contratante necesariamente debe ser una entidad pública.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA-Nulidad por objeto ilícito
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Caducidad
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA-Definición
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA-Modalidades de pago
PROCURADURÍA DELEGADA
CON FUNCIONES MIXTAS 6
CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA
CONCEPTO N° 048/2023
Bogotá, D.C., 3 de marzo de 2023.
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: Dr. [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Ref.: 76001-23-33-000-2014-00277-01 (69131)
Medio de control: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
Actor: Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social
Demandado: Municipio de Cali
Apelación de sentencia.
Honorable señor Consejero:
En mi condición de agente de la Procuradora General de la Nación para intervenir en el trámite de la referencia, y estando dentro del término previsto en el numeral 6 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, procedo a rendir concepto dentro del proceso de la referencia.
Síntesis: Corresponde el estudio del recurso de apelación interpuesto por las dos partes en conflicto, contra la sentencia del treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, proceso que culminó con fallo favorable a la parte actora. La pretensión del demandante consistió en la declaratoria de responsabilidad contractual del Municipio de Cali por supuestamente haber incumplido el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 416.0.14.10.196 suscrito el veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010), que tuvo por objeto la intervención con obras en el Estadio Pascual Guerrero para su adecuación con el fin de servir de escenario para la realización del Campeonato Mundial de Fútbol Categoría Sub – 20 Colombia 2011.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones del Ministerio Público. 3. Conclusión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. La demanda. 1.1.1. Pretensiones 1.1.2. Hechos 1.2. La defensa 1.3. Pruebas relevantes. 1.4. Apelaciones de la sentencia. 1.4.1 Apelación del demandante. 1.4.2. Apelación del demandado.
La demanda
Se trata de una demanda de controversias contractuales interpuesta el veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014), relacionada con el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 416.0.14.10.196 suscrito el veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010).
1.1.1. Pretensiones
El Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social solicitó lo siguiente.
Que se declare que el Municipio de Santiago de Cali incumplió el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 4162.0.14.10.196 suscrito el veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010).
Que a título de restablecimiento del derecho se pague al demandante el daño emergente por valor de $5.990.990.352.oo a partir del 24 de julio de 2011, fecha de entrega física del estadio al Municipio de Santiago de Cali. Añadió que la suma anterior deberá ser actualizada a la fecha de pago.
Que le sea pagado lo correspondiente al lucro cesante e intereses moratorios sobre el valor de $5.990.990.352.oo a partir del 24 de julio de 2011, fecha de entrega del estadio.
Que se ordene al demandado el pago de intereses a una tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.
Que todas las sumas de dinero que se ordenen pagar por concepto de intereses sean indexadas, que el fallo se ejecute de conformidad con el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y que la entidad demandada sea condenada en costas.
Como pretensión subsidiaria solicitó que se declare que el Municipio de Santiago de Cali incurrió en enriquecimiento sin causa en las mayores cantidades de obra ejecutadas en el Estadio Pascual Guerrero, y que en consecuencia a título de restablecimiento del derecho pague: - Daño emergente por valor de $5.990.990.352.oo, a partir del 24 de julio de 2011, fecha de entrega física del estadio al Municipio de Cali, suma que debe ser actualizada a la fecha de pago.
Que pague como lucro cesante e intereses moratorios sobre el valor de $5.990.990.352.oo a partir del 24 de julio de 2011, fecha de entrega del estadio.
Que se ordene el pago de intereses a una tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.
Que el Municipio reconozca la suma de $2.636.268.758.40 por concepto de intereses corrientes y la suma de $529.697.893.oo por concepto de intereses moratorios cancelados a Infivalle por la financiación del crédito por parte del Fondo Mixto conforme al convenio demandado. Que todas las sumas de dinero que se ordenen pagar por concepto de intereses sean indexadas.
1.1.2. Hechos
Como apoyo de las pretensiones el actor hizo el siguiente recuento fáctico.
Señaló que entre el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social y el Municipio de Cali se suscribió, el día 24 de agosto de 2010, el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 4162.0.14.10.196, que tuvo por objeto la intervención con obras en el Estadio Pascual Guerrero para su adecuación con el fin de servir de escenario para la realización del Campeonato Mundial de Fútbol Categoría Sub – 20 Colombia 2011.
Indicó que el día 4 de mayo de 2011 se suscribió la Adición No. 1 al Convenio Interadministrativo de Cooperación 4162.0.14.10.196, que tuvo por objeto al tenor de la cláusula primera, adicionar en obras y valor lo pactado inicialmente para el cumplimiento del objeto del convenio inicial.
Precisó que entre el Municipio y el Fondo Mixto se suscribieron tres (3) actas de liquidación parcial de obra, los días 9, 27 y 28 de diciembre, en las cuales se reconoció la ejecución de mayores cantidades de obra, no obstante, las dos últimas fueron canceladas.
Planteó que en reiteradas ocasiones solicitó el pago de las mayores cantidades de obra y los intereses generados para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con los subcontratistas de las obras del Estadio Pascual Guerrero.
Explicó que entre el Municipio de Cali y la firma ZETCO S.A se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 4162.0.26.1.260-201 el día 11 de julio de 2012, cuyo objeto fue la “prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar la supervisión técnica y financiera del convenio No. 4162.0.14.10.196 de 2010 en la fase de terminación y liquidación de las obras del Estadio Pascual Guerrero”.
Expuso que en el estudio técnico presentado por el interventor ZETCO al Municipio de Cali el día 4 de diciembre de 2012, se incluyó el presupuesto y ejecución de las obras ejecutadas en el Estadio Pascual Guerrero, destacándose entre otras la mayor cantidad de obra por $5.990.990.358. 5.
Manifestó que el día 18 de junio de 2013 se suscribió acta de terminación bilateral del Convenio No. 4162.0.14.10.196 de 2010 entre el Municipio de Cali y el Fondo Mixto, y en su cláusula quinta el Municipio se abstuvo de realizar el pago de las mayores cantidades de obras por la suma de $5.975.188.497, argumentando que no tenían soporte de planeación ni de presupuesto.
Dijo que el Fondo Mixto mediante Oficio del 18 de junio de 2013 radicado con el No. 2013-41620-002455-2, anexó debidamente diligenciada el acta de liquidación bilateral del convenio, con salvedades, expresando que las obras en el Estadio Pascual Guerrero se realizaron a precios unitarios tal como lo reconoce la misma acta de liquidación en la cláusula cuarta cuando transcribe las conclusiones de la firma interventora ZETCO, así como también en el cuadro de presupuesto y ejecución preparado por la misma firma y ratificado en la cláusula novena para un saldo por mayores cantidades de obra de $5.990.990.352, de la cual se deducen $15.801.855 por “obras cubierta”, para una diferencia por concepto de precios unitarios sin reconocer su pago por $5.975.188.497.
Concluyó que el Municipio de Cali incumplió el Convenio Interadministrativo de Cooperación al negarse a cancelar las mayores cantidades de obra y los intereses generados que tuvo que asumir el Fondo Mixto frente a INFIVALLE por la financiación del proyecto.
1.2. La defensa del Municipio de Cali
El quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014), el Municipio de Cali presentó contestación al medio de control de controversias contractuales en referencia. Los argumentos expuestos fueron los siguientes.
El ente territorial se opuso a todas y cada una de las pretensiones basado en que en el convenio y sus anexos no se evidencian de manera irrefutable que se hubieren pactado a precios unitarios como lo señala la demandante, por el contrario, manifestó que, de la documentación allegada, se deduce la existencia de un acuerdo de voluntades con un valor global.
Adujo que para el reconocimiento de mayores cantidades de obra o de obras adicionales resultaba primordial que las mismas hubieren sido autorizadas previamente por la entidad contratante y recibidas a satisfacción, requisitos que no fueron acreditados mediante el material probatorio aportado con la demanda. Respecto de las mayores cantidades de obra agregó que, no se encontró orden escrita por parte del municipio donde se autorizara la ejecución de las mismas, como tampoco un convenio adicional o disponibilidad de mayores cantidades de obra para los presupuestos del 2010, 2011 y 2012.
Argumentó que las mayores cantidades de obra solicitadas se encontraban en los estudios efectuados para la liquidación del contrato, pero consideró que en el presente caso no se exhibió documentación alguna que demostrara que, para la ejecución de las mismas, se tuvieran en cuenta aspectos de planeación y presupuesto que deben soportar toda actuación pública. Añadió que frente al reconocimiento de las sumas que se adeudan por concepto de intereses corrientes e intereses de mora adujo que no se encontraba reclamación alguna respecto de ellos en el acta de liquidación respectiva, por lo que, a su juicio, el escrito de salvedades que menciona la demandante no resulta susceptible de controversia en sede judicial, además la fecha a partir de la cual se reclaman es la de finalización de las obras del estadio lo que riñe con lo acordado en el acta de liquidación bilateral del convenio.
Finalmente señaló que no se cumplían los requisitos del enriquecimiento sin causa establecidos en sentencia de unificación del Consejo de Estado de 19 de noviembre de 2012 con ponencia del Dr. [NOMBRE TACHADO], para su declaratoria, además que vulneró solemnidades estipuladas en la Ley 80 de 1993, cuyo cumplimiento resulte imprescindible como es contar con acuerdo expreso entre las partes y la viabilidad presupuestal requerida, por lo que no considera que la buena fe subjetiva aducida por la demandante pueda lograr acreditar el enriquecimiento sin causa solicitado.
Como excepciones presentó las de Inexistencia del Hecho Reclamado, Ausencia de Responsabilidad en cabeza del Municipio y La Innominada tendiente a procurar el éxito de la defensa con base en todo aquello que se pruebe en el proceso y que sea favorable al Municipio de Cali.
En la audiencia inicial se determinó que las excepciones estaban relacionadas con el fondo del asunto y por ello se decidirían sentencia.
1.2.1. Defensa de la llamada en garantía
La Previsora S.A. Compañía de Seguros fue llamada en garantía al proceso y contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones tanto de la demanda como del llamamiento en garantía al considerar que el actor no tenía derecho al reconocimiento de las mayores cantidades de obra, ya que para su procedencia, en vista de que son obras ejecutadas por fuera de lo expresamente pactado en el contrato, se requiere que sea de común acuerdo y en forma expresa, que las partes hayan dispuesto la realización de mayores cantidades de obra u obras adicionales.
En relación con el llamamiento en garantía formulado por la entidad demandada señaló que no eran procedentes las pretensiones dado que los contratos de seguro utilizados como fundamento de la convocatoria no solo no ofrecen cobertura para hechos como los que son objeto de la demanda, sino que expresamente están excluidos.
Explicó que ante la inexistencia de la relación sustancial en la que se sostiene el llamado en garantía, este no debió ser admitido ya que las pólizas aportadas por el Municipio de Cali evidentemente no cumplen la exigencia de prueba siquiera sumaria, pues se trata de seguros que no cubren hechos como los que son objeto de la demanda, razón por la que solicitó que se condenara en costas y agencias en derecho al Municipio de Cali ante la temeridad de la acción incoada en contra de la aseguradora.
Formuló como excepciones las de inexistencia de la cobertura y falta en la causa por activa y pasiva, riesgo expresamente excluido de la cobertura, inexistencia de la obligación a cargo de la aseguradora, coaseguro e inexistencia de solidaridad, límites máximos de responsabilidad, condiciones del seguro y disponibilidad del valor asegurado y la genérica.
En la audiencia inicial se determinó que las excepciones estaban relacionadas con el fondo del asunto por el que se decidirán sentencia.
1.3. Pruebas relevantes
Las pruebas decretadas por la primera instancia fueron las siguientes.
Se tuvieron como tales los documentos acompañados con la demanda y además se ofició a la Oficina Jurídica del Municipio de Santiago de Cali y a la Secretaría del Deporte y Recreación del Municipio de Santiago de Cali, para que remitiera con destino al proceso copia auténtica del expediente administrativo contentivo de lo actuado en relación con el convenio objeto de controversia.
El Despacho ordenó que se oficiara al Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca, para que remita con destino a este proceso copia auténtica del Decreto No. 0532 del 3 de mayo de 2010.
Se decretaron lo testimonios del señor [NOMBRE TACHADO], Diego Cardona Campo, Clara Luz Roldán, Fernando Aldemar Fresneda, Carlos Alberto Zuluaga, Mauricio Chaves Calle, Oscar Ramírez Bedoya, Mauricio Otero y Abelardo Ramírez, para que se sirvan comparecer a rendir declaración dentro del proceso.
El demandante solicitó una prueba pericial previo designio de un perito contador para que revise los libros contables del Fondo Mixto y en las oficinas del Instituto Financiero del Valle- INFIVALLE y determine la fecha y monto de lo cancelado con relación a las vigencias futuras que debió pagar el Municipio de Cali al 30 de junio del 2012, igualmente para calcular los intereses comerciales y moratorios, así como los intereses pagados por el Fondo Mixto. Para lo anterior el Despacho designó al Contador a Jhon Mario Mendoza Jiménez de la Lista de Auxiliares de la Justicia.
Por la parte demandada se tuvieron como tales los documentos acompañados con la contestación de la demanda, dentro de los que se encontraban antecedentes administrativos aportados con la contestación de la demanda obrantes en los cuadernos de pruebas 1, 2, 3 y 4 del expediente físico.
La llamada en garantía compañía La Previsora S.A. pidió que se tuvieran como tales los documentos acompañados con la contestación de la demanda y solicitó la comparecencia a rendir testimonio de la señora [NOMBRE TACHADO], para rendir declaración dentro del proceso.
1.4. La sentencia apelada
Con fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió fallo de primera instancia y declaró probado el incumplimiento del contrato por parte del Municipio de Santiago de Cali, hoy Distrito Especial de Cali. La primera instancia llegó a su conclusión basada en los argumentos que se resumen a continuación.
Señaló que el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social y el Municipio de Santiago de Cali, celebró el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 4162.0.14.10.196 del 24 de agosto de 2010, cuyo objeto fue aunar esfuerzos y recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos para intervenir la infraestructura física del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, con el fin de culminar las obras de adecuación conforme a la exigencia de la FIFA, garantizando la realización del campeonato mundial de fútbol categoría Sub 20- Colombia 2011, por una valor de $29.850.552.195.
Explicó que las obras de adecuación se entregarían con cargo a los recursos de las vigencias fiscales 2011 y 2012, de los cuales $28,702.045,434 correspondían al Municipio hoy Distrito de Cali. Añadió que en la cláusula cuarta del Convenio se pactó que los primeros $14,563.106, 796, se pagarían en el primer trimestre de 2011 y el restante (vigencias futuras) en el primer semestre de 2012 es decir hasta el 30 de junio de 2012 y en la cláusula quinta numeral 4 exigió el municipio la financiación total con los recursos de vigencias futuras de 2012.
Indicó que la entidad demandante celebró contrato de crédito interno con INFIVALLE hasta la suma de $13.350.000.000 con plazo de pago total a 30 de noviembre de 2011 y que al Convenio se le hizo un adicional No. 01 del 5 de mayo de 2011, mediante el cual se adicionó en obras y valor a los pactado inicialmente, por un valor de $14.000.000.
Precisó que a folios 139 a 145 del cuaderno No. 1 se allegó copia del análisis de conveniencia y justificación del anterior Convenio, suscrito por el Secretario de Deporte y Recreación del Municipio de Santiago de Cali, mediante el cual se indicó que la apropiación presupuestal que haría el Municipio para llevar a cabo el Convenio sería de $28.707.454.34, divididos en $14.563.106.796 para la vigencia del año 2011, y dos pagos de $7.069.469.319 para la vigencia del año 2012. Agregó en el mismo sentido que a folios 144 a 148 del cuaderno No. 1 se allegó copia de la propuesta técnica y de servicios presentada al Municipio de Cali por parte del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, en la cual se planteó como propuesta económica la siguiente: “[P]ROPUESTA ECONOMICA El valor de la propuesta (incluidos Costos operativos, Interventorías, impuestos, costos directos y costos indirectos asciende a la suma de $28.702.045.434 (Veintiocho mil setecientos dos millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos mcte.)”.
La entidad demandante reclamó que el Municipio de Santiago de Cali incumplió el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 4162.0.14.10.196 del 24 de agosto de 2010 y una de las pretensiones del proceso es que se pague como daño emergente el valor de $5.990.990.352.oo a partir del 24 de julio de 2011, fecha de entrega física del estadio al Municipio de Santiago de Cali. La cifra mencionada correspondió de acuerdo con el actor, a mayores cantidades de obra y lucro cesante por los intereses moratorios sobre el anterior valor.
Sostuvo el A quo que, para estudiar las mayores cantidades de obra, se encuentra lo obrante a folios 179 al 190 del cuaderno No. 1, contentivo del acta de liquidación bilateral del Convenio, según la cual, de acuerdo con el informe de interventoría de ZETCO, se dispuso una diferencia entre aportes y mayores cantidades de obra por valor de $5.990.990.352. A pesar de lo anterior, explicó la primera instancia, el Municipio adujo que no se había entregado por parte de ZETCO o del Fondo Mixto, soporte contractual en el que el Municipio hubiera ordenado la ejecución de estas obras.
Quedó probado que el demandado negó el reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra y de esa forma lo dejó consignado en la cláusula quinta de la liquidación bilateral
Sobre las mayores cantidades de obra dijo el Tribunal que las mismas no tienen soporte de Planeación ni presupuestal, y que al no haberse surtido el debido proceso establecido tanto en la Ley 80 de 1993 como en la Ley Orgánica de Presupuesto, encontró la Sala que en el clausulado del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 4162.0.14.10.196 del 24 de agosto de 2010 que el valor fue por precio global y en consecuencia se incluyeron los costos directos o indirectos que se derivaran de la ejecución del acuerdo, lo que impide la exigencia del pago por mayores cantidades de obra.
De acuerdo con lo anterior concluyó la primera instancia que las mayores cantidades de obra no quedaron pactadas en el Convenio suscrito, y agregó que si bien es cierto que se pudieron haber causado, como quedó dispuesto en las actas de liquidación parciales del Convenio, “[s]u causación devino de los contratos de obra que suscribió el Fondo Mixto con terceros para la efectiva ejecución del Convenio”. Por lo anterior conjeturó que no puede pretender la parte actora, que se declare el incumplimiento del Convenio. Agregó sobre el mismo tema que, en virtud de lo anterior, no puede predicarse el incumplimiento del Convenio por este aspecto, porque este tuvo por sola finalidad el aunar esfuerzos para el mejoramiento de la infraestructura física del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, y se fijó un valor global para para el pago. Además, dijo que si la vocación de prosperidad de la controversia contractual emana de la declaratoria de incumplimiento de las obligaciones pactadas, en el caso de los convenios interadministrativos ella dimana de comprender que estos son formas de gestión conjunta de competencias administrativas que asumen el ropaje del negocio jurídico y, al hacerlo, regulan intereses que aunque coincidentes son delimitables, por tanto se trata de relaciones en la que mínimo participan dos partes en las que mediante este instrumento se crean vínculos jurídicos que antes de su utilización no existían y que se traducen en obligaciones concretas, cuyas obligaciones son emanaciones de los efectos jurídicos que puedan llegar a desprenderse voluntades involucradas que se derivan del convenio interadministrativo al ser estos una manifestación de la llamada actividad negocial de la administración pública y en los que si se pactan prestaciones patrimoniales, asumen idéntica naturaleza obligatoria y, en consecuencia, idénticos efectos vinculantes y judicialmente exigibles en relación con los que se predican de cualquier otro “acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación patrimonial pero indefectiblemente contenida en el mismo. Por todo lo anterior concluyó que la pretensión de declaratoria de incumplimiento y la de reconocimiento de indemnización por actio in rem verso no tienen vocación de prosperidad.
Sobre el pago de intereses a la entidad financiadora de las obras con vigencias futuras, por pago tardío de los recursos del convenio, sostuvo la primera instancia que no es clara la demanda en esta pretensión, lo que se deduce de la interpretación de la misma, es el solicitar el reconocimiento de la suma de $2.636.268.758.40 por concepto de intereses corrientes y la suma de $529.697. 893.oo por concepto de intereses moratorios cancelados a INFIVALLE por la financiación del crédito por parte del Fondo Mixto conforme al convenio demandado, que lo atribuye la entidad demandante al pago tardío de los desembolsos del convenio por la entidad demandada, dijo el A quo haber observado que el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 4162.0.14.10.196 del 24 de agosto de 2010 estableció que los aportes que se entregarían con cargo a los recursos de las vigencias fiscales 2011 y 2012, de los cuales $28¨702.045,434 correspondían al Municipio hoy Distrito de Cali,21 y en la cláusula cuarta del Convenio se pactó que los primeros $14¨563.106, 796, se pagarían en el primer trimestre de 2011 y el restante $ 14. 138.938.638 (vigencias futuras) en el primer semestre de 2012 es decir hasta el 30 de junio de 2012 y en la cláusula quinta numeral 4 exigió el municipio la financiación total con los recursos de vigencias futuras de 2012, para ello, la entidad demandante celebro contrato de crédito interno con INFIVALLE hasta la suma de $13.350.000.000, sin embargo, fijó como plazo de pago total a 30 de noviembre de 2011 (37 a 39 cuaderno principal).
De acuerdo con lo anterior determinó el A quo que el Distrito de Cali incumplió la cláusula cuarta que lo obligaba a girar los desembolsos con cargo a las vigencias futuras hasta el 30 de junio de 2012, a la cuenta abierta para la ejecución del convenio. Además, indicó el Tribunal que según la prueba pericial los giros se efectuaron tardíamente y que el ente territorial no cumplió con las obligaciones legales que regulan la materia ni con aquellas en igual sentido dispuestas en el convenio. Se apoyó en la tardanza para concluir que siendo labor del juez de la causa interpretar y precisar el derecho aplicable a los hechos y a las pruebas presentadas en la demanda, en superposición de principios universales como el conocido iura novit curia y que, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, permitirían vislumbrar la existencia del incumplimiento contractual que, aunque no fue alegada en la demanda, compete al juez de la reparación directa su verificación y declaratoria, en aras del principio iura novit curia, como en el presente caso, consideró el inferior que hubo demora por parte de la entidad demandada, puesto que no cumplió con los desembolsos para el año 2012 lo cual debió ocurrir al 30 de junio de 2012 y dejó transcurrir un tiempo, por lo tanto conjeturó que el demandado no cumplió con los compromisos adquiridos y consideró que prosperó la pretensión del pago de intereses por la no cancelación oportuna de los desembolsos.
Sobre el llamamiento en garantía consideró el Tribunal que el presente caso el Distrito de Cali, llamó en garantía a La Previsora S.A, sin embargo, precisó que las decisiones en materia de seguros deben ceñirse a las condiciones generales y particulares de cada contrato de seguro, dado que son estas las que enmarcan las condiciones que regulan las obligaciones del asegurador y concluyó que en este escenario, se observa que los hechos del caso objeto de estudio, no se encuentran asegurados ni constituyen la condición a la que está sujeta la obligación indemnizatoria del asegurador.
Finalmente, en cuanto a la posible nulidad del convenio argumentó el A quo que a partir de la expedición de la modificación del artículo 92 de la ley 1150 de 207 por la ley 1474 de 2011 se obliga a la realización de la licitación para adjudicar el contrato y en consecuencia, siendo la suscripción del convenio anterior a la vigencia de las normas citadas, no se le aplica la obligatoriedad del mecanismo de selección del contratista y se desvirtuó la nulidad deprecada.
1.5. Apelaciones de la sentencia
El nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022) fue interpuesto recurso de apelación por la parte demandante, y el cinco (5) de agosto dos mil veintidós (2022) fue interpuesto el recurso de apelación por la parte vencida, el Distrito de Cali. Existe una diferencia de tiempo en la presentación de los recursos debido a una solicitud de aclaración presentada por la parte demandada. La petición de aclaración fue denegada por el Despacho.
1.5.1. Apelación del demandante
El Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social cuestionó el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por considerar que la decisión es violatoria del artículo 280 del Código General del Proceso.
Apoyó su afirmación en que el contenido de la sentencia no contiene un examen crítico de todas las pruebas practicadas en el proceso y, además, la explicación razonada de las conclusiones sobre ellas no fue satisfactorias.
Especificó que, a su parecer, los razonamientos constitucionales, legales y doctrinarios realizados por la primera instancia en la sentencia, relacionados con la conclusión de que el contrato y reconocimiento de mayores cantidades de obra fue pactado en la modalidad de Precio Global, fueron desacertados. Para apoyar la anterior afirmación, el actor citó varias comunicaciones y actas en los que se menciona la expresión precios unitarios y por ello reiteró que el Convenio objeto de controversia fue pactado a precios unitarios. Lo relacionado ha sido considerado por el actor como prueba de la suscripción del contrato bajo la modalidad de precios unitarios y por tanto señala como equivocadas las conclusiones del A quo sobre el tema.
Otra razón de inconformidad fue el rechazo por parte de la primera instancia, de la pretensión relacionada con la condena al pago por mayores cantidades de obra. Indicó el actor que el actuar del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social se basó en la buena fe contractual, que hay prueba suficiente de las mayores cantidades de obra y, en consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del cauca debió condenar al Municipio de Cali por enriquecimiento sin causa.
Señaló que el A quo no se pronunció en sentencia sobre los testimonios ni la prueba pericial y, que, al no analizar el acervo probatorio en su integralidad llegó a conclusiones equivocadas.
Sobre la contratación directa y la posible nulidad del convenio argumentó el recurrente que no existiría nulidad porque la actividad del contratista, ahora demandante, se relaciona directamente con el objeto contractual desarrollado el cual es la gerencia y desarrollo de actividades relativas al deporte.
1.5.2. Apelación del demandado
El Municipio de Cali impugnó el fallo de primera instancia y dijo que fue desacertado basado en que la tipología del convenio Interadministrativo de Cooperación No. 4162.0.14.10.196 del 24 de agosto de 2010 fue equivocada.
Explicó que conforme a las consideraciones que fundamentan el objeto y la causa del denominado convenio interadministrativo de cooperación se concluye que se invocó la naturaleza del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte como una entidad descentralizada indirecta, regida por el derecho privado y organizada como una persona jurídica sin ánimo de lucro. Además, que los suscribientes se fundamentaron en la Ley 489 de 1998, que regula a asociación entre entidades públicas, para cooperar con el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios públicos que se hallen a su cargo.
Señaló que, a pesar de lo anterior, atendiendo la finalidad de los convenios interadministrativos señalados en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, celebrados entre entidades públicas con el propósito de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, estos proscriben las obligaciones sinalagmáticas y por el contrario establecen compromisos que se dirigen a un fin común en torno al cual, las entidades se asocian.
Indicó que por lo tanto, los convenios interadministrativos y los contratos interadministrativos, son negocios jurídicos cuya naturaleza, objeto y regulación legal es totalmente distinta, que están excluidos del régimen de contratación pública, y por consiguiente se rigen por los principios del artículo 209 de la Constitución Política y lo señalados en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
A pesar de lo expuesto, consideró el apelante que el convenio y sus cláusulas, especialmente la quinta y la séptima, consagran acuerdos y obligaciones para cada una de las partes que encajan en la definición de contrato interadministrativo y NO en las de un convenio de asociación.
A partir de lo anterior concluyó que el convenio objeto del proceso podría adolecer de una causal de nulidad que el Tribunal desconoció vulnerando el derecho del ente territorial por cuanto se demostró en la etapa probatoria que las obligaciones suscritas entre las partes tenían la intención de ser un contrato interadministrativo, y no un convenio interadministrativo.
El que sea un contrato interadministrativo y no un convenio de genera la ilicitud de acuerdo tanto en su objeto como en su causa, así como abuso y desviación de poder, pues es claro que realmente no se trata de un convenio interadministrativo de cooperación, al no estar orientado al cumplimiento de funciones administrativas o de la prestación conjunta de servicios, sino a un contrato de administración delegada o de obra.
Precisó que el objeto del llamado convenio fue la adecuación del estadio Pascual Guerrero, lo que le llevó a concluir que realmente se pretermitió el procedimiento de selección objetiva, un hecho vulnerador de los principios de transparencia, igualdad, libre concurrencia, planeación y selección objetiva que deben orientar la contratación estatal.
2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Contenido: 2.1. Problema jurídico. 2.2. Marco legal y jurisprudencial aplicable al caso. 2.2.1. Responsabilidad subjetiva por incumplimiento contractual. 2.2.2. La diferencia entre contrato y convenio interadministrativo. 2.2.3. El contrato de obra pública y el pago por modalidad a precio unitario o a precio global. 2.2.4. La nulidad del contrato por objeto ilícito. 2.3. Caso concreto: 2.3. Caso concreto: Se sugiere la declaratoria de oficio la nulidad absoluta del contrato y además NO se probó el incumplimiento del contrato por parte del Municipio de Cali
2.1. Problema jurídico.
Esta Agencia del Ministerio Público considera que el problema jurídico, a partir de los dos recursos de apelación y el medio de control de reparación directa interpuesto, consiste en determinar lo siguiente:
¿Se encuentra acreditado en el proceso la responsabilidad patrimonial y contractual de Distrito de Cali por incumplimiento del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 41620.14.10.196 del 24 de agosto de 2010 cuyo objeto fue objeto la intervención con obras en el Estadio Pascual Guerrero para su adecuación con el fin de servir de escenario para la realización del Campeonato Mundial de Fútbol Categoría Sub – 20 Colombia 2011?
2.2. Marco legal y jurisprudencial aplicable al caso
2.2.1. Responsabilidad subjetiva por incumplimiento contractual
La responsabilidad contractual, es a título principal, una responsabilidad por inejecución o por mala ejecución del contrato, en igual medida puede adelantarse por a las obligaciones pactadas en el contrato o a las reglas generales que rigen el marco jurídico de los contratos estatales; de este modo se trata de una responsabilidad de tipo subjetivo que resulta imputable a la falta de los contratantes. Para el Consejo de Estado, la responsabilidad contractual no surge con la sola “insatisfacción” sobre el objeto contratado, sino que debe además producirse un verdadero incumplimiento, entendido este como “(…) la inejecución por parte del deudor de las prestaciones a su cargo por causas que le son imputables a él puede dar lugar al deber de indemnizar perjuicios si es que esa inejecución le ha causado un daño al acreedor (…)”.
Sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial, el Consejo de Estado ha determinado que se debe acreditar entre otros: i) la existencia y la cuantía del daño, ii) el incumplimiento de la prestación como objeto de la obligación, y la iii) mora, imputable a uno de los contratantes entre otros.
La vigencia del contrato es el límite temporal dentro del cual, contratante y contratista, tienen la obligación de realizar la prestación pactada y resulta viable ejercer la facultad legal del contratante consistente en declarar el incumplimiento del contrato.
2.2.2. Diferencia entre contrato y convenio interadministrativo
De acuerdo con el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, los convenios interadministrativos se estructuran por acuerdo de las partes, ambas del sector público, para el desarrollo de actividades basadas en la cooperación y la gestión en procura del cumplimiento conjunto de las funciones administrativas que a ellas compete. La anterior finalidad conlleva a que las obligaciones patrimoniales estipuladas en el acuerdo sean asimilables en muchos sentidos a un verdadero contrato.
La cooperación en el convenio puede consistir en prestaciones y esfuerzos de tipo económico, técnico o administrativo, modalidades que no serán contrarios a la normatividad, siempre y cuando cumplan con la finalidad asociativa de las entidades que concurrieron a su firma.
Los convenios interadministrativos están íntimamente ligados con las finalidades del estado y en ese contexto tienen como rasgo distintivo el estar al servicio de la protección del interés general. Estos acuerdos, al igual que todo contrato estatal, están sujetos al cumplimiento de los principios de imparcialidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad y publicidad.
La similitud principal entre un convenio y un contrato interadministrativo radica en la calidad de las partes, dado que ambos contratantes son de naturaleza pública, lo que justifica el especial tratamiento jurídico legal en la teoría de los contratos.
Una diferencia entre el contrato y el convenio interadministrativo se relaciona con los intereses y finalidades de las partes, porque en el primero sus estipulaciones se basan en el intercambio prestacional mientras que, en los convenios, ambas voluntades van encaminadas a un logro común y de interés general.
Salvo por la presencia de dos o más entidades públicas como partes del acuerdo, en el contrato interadministrativo se desarrolla una actividad prestacional igual a la de los particulares cuando contratan con en el Estado y de esa forma, el contratista público del contrato interadministrativo se encuentra sometido a las reglas de mercado y competencia en el ofrecimiento de sus bienes y servicios, de la misma manera que lo hacen las personas privadas. En los casos en que un acuerdo sea denominado convenio interadministrativo, pero cuando se pactaron prestaciones patrimoniales, el negocio habrá asumido idénticos efectos a lo de un contrato estatal convencional. Si el convenio establece obligaciones marcadas por la conmutatividad se estará frente a un contrato interadministrativo y no un convenio.
Otra diferencia entre estas dos figuras es que el convenio interadministrativo se suscribe bajo la modalidad de contratación directa mientas que los contratos interadministrativos deben someterse a un procedimiento de selección del contratista basado en la libre concurrencia, así como los principios de transparencia y economía.
2.2.3. El contrato de obra pública y el pago por modalidad a precio unitario o a precio global
El contrato de obra es aquel que tiene por objeto la construcción, mantenimiento, instalación y la realización de cualquier otro trabajo material sobre inmueble, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago pactada. De la definición se extraen dos precisiones importantes, el acuerdo debe pactarse por la realización de trabajos materiales que recaigan exclusivamente sobre bienes inmuebles y la parte contratante necesariamente debe ser una entidad pública.
El contrato de obra como realización material, está definida en sentido amplio por el Código Civil, como aquel en el que una parte se obliga a realizar la obra y otra a pagar un precio a manera de retribución. Se concluye de las definiciones civil y contractual estatal que los elementos esenciales de este tipo de contratos son la obra como objeto y el precio.
Las modalidades de pago en el contrato de obra pública son la llamada a precio global, a precios unitarios, por administración delegada reembolso de gastos y pago de honorarios, y, el otorgamiento de concesiones.
En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos relacionados con la ejecución de la obra, por lo tanto, en esta modalidad de pago no habrá de obras adicionales o mayores cantidades de obra no previstas. En los contratos de obra por precios unitarios, la forma de pago se da por unidades o cantidades de obra y el valor total corresponde al resultado de la multiplicación de las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas, a partir de lo anterior, corresponderá al contratista realizar las obras especificadas en el contrato para que estas le puedan ser canceladas.
En la modalidad de precios unitarios toda cantidad de obra adicional ordenada y autorizada por la entidad contratante deberá ser reconocida y el contratista podrá, con base en los errores atribuibles a la entidad, reclamar por los imprevistos que desequilibren la ecuación financiera. En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos relacionados con la ejecución de la obra, por lo tanto, en esta modalidad de pago no habrá de obras adicionales o mayores cantidades de obra no previstas.
Por naturaleza, el contrato de obra pactado a precios unitarios no presupone la estimación exacta de las cantidades de obra que definan el valor total de la construcción. Es decir que, es un contrato en el que el precio o valor total de la obra no está determinado, pero es determinable, mediante el procedimiento fijado por las partes del contrato.
2.2.4. La nulidad del contrato por objeto ilícito
Las nulidades absolutas del contrato se refieren a un vicio que surge del negocio jurídico, sin que pueda admitirse que pueda sobrevenir con posterioridad al mismo y estas se fundamentan “en la necesidad de darle seguridad jurídica y seriedad al principio de legalidad, pretendiendo que con su presencia se respeten los requisitos y formalidades esenciales a los cuales debe sujetarse todo acto para su existencia y ejecución.
La invalidación señalada, referida a los contratos estatales fue determinada por el legislador con la consagración de causales precisas, que, al perseguir la satisfacción del interés general y orden público, no están sometidas al marco de la voluntad de las partes. En concreto, las causales de nulidad absolutas previstas por el legislador, para el contrato estatal se identifican a las previstas en el derecho común, con la adición de la previstas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
En cuanto a los efectos de la declaratoria de la nulidad, ésta impone extinción de las obligaciones derivadas del contrato, y retrotraer las cosas al momento de la celebración del contrato, con el objeto de reconstituir a las partes en el estado anterior a la existencia del contrato.
La causal prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, se configura frente a la a la vulneración directa de disposiciones imperativas esenciales al contrato estatal y sigue lo dispuesto en el código civil, artículos 6 y 1519. En igual forma, el artículo 1741 del Código Civil dispuso la sanción de la nulidad absoluta para aquellos negocios jurídicos que contrarían las normas imperativas aplicables al contrato.
Las anteriores disposiciones han sido materia de estudio por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo l cual ha precisado que las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo cual, no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez de un negocio jurídico y no le está dado a los jueces ampliar el alcance de las causales de nulidad ni crear causales que no han sido previstas por el legislador.
2.3. Caso concreto: Se sugiere la declaratoria de oficio la nulidad absoluta del contrato y además NO se probó el incumplimiento del contrato por parte del Municipio de Cali
De forma preliminar corresponde el estudio de la caducidad del medio de control de controversia contractuales interpuesto. Para determinar si la demanda se interpuso en tiempo se tiene que el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 4162.0.14.10-196 fue suscrito el veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010) y se liquidó bilateralmente mediante acta de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil trece (2013). Por lo anterior, el término de dos (2) años para presentar la demanda vencía el diecinueve (19) de junio de dos mil quince y al haber sido radicada el (27) de marzo de dos mil catorce (2014), se concluye que la acción fue interpuesta en tiempo.
Esta Agencia del Ministerio público, luego de estudiar las pruebas practicadas en el proceso, concluye que el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 4162.0.14.10.196 del veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010) fue suscrito está viciado por nulidad absoluta a causa de objeto ilícito.
La suscripción del acuerdo en las condiciones descritas eludió el procedimiento de selección del contratista por licitación y en consecuencia (A) el contrato fue suscrito contra prohibición legal expresa, por lo que se encuentra inmerso en la causal segunda, de nulidad absoluta del contrato, consignada en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Además de lo anterior, encontró esta vista fiscal que (B) el acuerdo no fue incumplido por el demandado por cuanto las mayores cantidades de obra no se dieron en el marco de autorizaciones o acuerdos que permitan el reconocimiento judicial.
(A) El acuerdo está viciado de nulidad absoluta
Es un hecho probado dentro de lo actuado que entre Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social y el Municipio de Cali se firmó un acuerdo que denominaron Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 4162.0.14.10.196. Visible a folios 31 y siguientes, del cuaderno principal del expediente físico, se encuentra la minuta del convenio y en las consideraciones 7 y 8 se identifica el propósito planificado de intervención en la infraestructura del Estadio Pascual Guerrero. Más adelante, en la consideración número trece del convenio se lee que: “[E]l FONDO MIXTO es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter mixto, [...] destinada a la promoción y financiación del DEPORTE Y LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL VINCULADA AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA EDUCACIÓN FÍSICA [...]”.
A partir de las consideraciones señaladas se percibe una discordancia entre el objeto planificado a partir de la necesidad y la capacidad funcional del contratista. Lo que se corrobora más adelante en la descripción de la experiencia del fondo mix como “garante de la eficaz ejecución de los proyectos”, cuando previamente se identificó su calidad de promotor de educación física y recreación (folio 32 del expediente físico).
EAunque la cláusula primera del convenio determinó que el objeto consistirá en “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros” entre las partes y adelante, en la cláusula tercera (folio 33 del cuaderno principal del expediente físico) se fijó el valor del convenio por veintinueve mil ochocientos cincuenta millones quinientos cincuenta y dos mil ciento noventa y cinco pesos ($29,850.552.195), y la unión de esfuerzos consistía (visible al respaldo del folio 33 del expediente físico) en que el contratista recibiría más de veintiocho mil millones en recursos del tesoro municipal para ejecutar obras e infraestructura y su aporte económico al esfuerzo sería de mil ciento cuarenta y ocho millones noventa y ocho mil ciento setenta y un pesos ($1,148.98.161).
El parágrafo segundo de la cláusula cuarta señaló con claridad que el convenio generaría una contratación que se pagaría con recursos del municipio de Cali. La estipulación se consignó en los siguientes términos: “[L]a contratación que se genere por la ejecución del presente convenio administrativo de cooperación tendrá como base el recurso neto, que finalmente traslade la Tesorería Municipal de Santiago de Cali más la contrapartida del Fondo Mixto”.
No se cuestiona en este concepto ni la administración de recursos por parte del contratista ni que el proyecto se financie casi en tu totalidad por el tesoro municipal del ente demandado, porque ambas circunstancias son susceptibles de ser pactadas en el marco de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, esta vista fiscal no encuentra, de la lectura de los documentos, la justificación para recurrir a un convenio en el que confluyen esfuerzos completamente dispares y que contempla básicamente actividades de construcción o mantenimiento que necesariamente tendrían que ser subcontratadas. Ejemplo de lo anterior es que la obligación número uno de la cláusula séptima (folio 34 del expediente) es adelantar procesos de contratación de las obras.
La justificación de la contratación se debe describir los estudios previos, pero de la lectura del documento justificativo de la necesidad del convenio objeto de análisis no hay suficiente sustento que explique por qué se necesitaría un ente que supervise, garantice y efectivice la aplicación de recursos y ejecución de las obras, porque todas ellas son actividades que puede desarrollar directamente el ente territorial contratista en un contrato de obra pública.
A folio 139 del expediente se encuentra el análisis de conveniencia y justificación elaborado por la Alcaldía de Cali y no se halla en el documento una explicación clara de por qué se necesitaría de un supervisor o garantizador de la ejecución de las obras planificadas. En el capítulo del documento denominado NEECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER, se deja claro lo siguiente “[L]a Secretaría de deporte y recreación como entidad encargada de realizar el mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos (sic) Municipio de Santiago de Cali, requiere realizar las obras de terminación del estadio Olímpico Pascual Guerrero[...]” (folio 140 del expediente físico). Como se puede leer de lo transcrito, no hay en la descripción de la necesidad nada que haga conjeturar la necesidad de adoptar la figura del convenio.
Por todo lo expuesto se encuentra probado que la prestación contractual consistió en la intervención con obras en el Estadio Pascual Guerrero para su adecuación con el fin de servir de escenario para la realización de un Campeonato. de futbol. También se puede corroborar que esta intervención consistió, casi en su totalidad, en la construcción, sostenimiento o mantenimiento de infraestructura del estadio Pascual Guerrero. De folios 107 en adelante del expediente físico se relacionaron actividades del convenio y ellas dan cuenta como gestión de costos (folio 107) de demoliciones, (respaldo del folio 107), movimientos de tierra, estructuras de concreto (folio 108), estructura en acero (folio 109).
En varios momentos de la ejecución se tuvo claro que la prestación del Fondo Mixto fue el compromiso de entregar un estadio para el campeonato mundial, y eso mismo se deduce de los acuerdos que se incorporaron en las cláusulas del convenio, específicamente en las cláusulas quinta y séptima (Folios 33 y 34 del expediente físico). Estipulaciones que se configuran en exigencias que el contratista reflejó en las entregas parciales que resultan ajenas a la naturaleza del convenio y se asemejan a un contrato interadministrativo.
El artículo 44 de la Ley 80 de 1993 establece que un contrato estatal resulta absolutamente nulo a partir de los motivos consignados en el derecho común, pero en especial cuando se celebren contra expresa prohibición legal o constitucional. La contravención del principio de transparencia se sitúa al origen de la nulidad absoluta por objeto ilícito porque de acuerdo con el derecho común se configura una transgresión directa al interés público.
Volviendo al documento justificativo de la necesidad de adoptar el convenio (folio 143 del expediente), en el capítulo llamado FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN, únicamente se dijo lo siguiente: “[C]onforme a lo establecido en el artículo 95 de Ley 489 de 1998, contemplado (sic) la posibilidad de asociarse con una entidad que cuente con suficiente experiencia y demuestre reconocida idoneidad para ejecutar el objeto convenio (sic)”. La anterior exposición es a todas luces insuficiente porque ni siquiera indica en qué campo debe tener experiencia el contratista.
En la misma línea, es claro que el principio de selección objetiva imponía el agotamiento de una licitación para realizar las obras de adecuación del estadio Pascual Guerrero, lo que de contera atropelló incluso los principios de transparencia, igualdad, libre concurrencia y planeación. La sola vulneración del deber de selección objetiva acarrea la nulidad absoluta por celebrarse el contrato con abuso o desviación de poder
(B) No hubo incumplimiento por falta de pago de mayores cantidades de obra
En cuanto a la reclamación de mayores cantidades de obra, la parte actora insistió en que el valor del contrato era un estimativo del costo total pero que en realidad se trató de prestaciones y pago bajo la modalidad de precios unitarios. La indefinición denotada, es decir la ausencia total de referencia a precios unitarios en las cláusulas cuarta, quinta y sexta y séptima (folios 33 y ss) permite concluir que la obra se contrató bajo la modalidad de precio global. El objeto contractual debe prestase de buena fe y de forma transparente, bajo los lineamientos del principio de planeación, por lo que no basta con llevar a cabo obras y presentarlas como entregas parciales para que estas sean tenidas como adicionales, porque la buena fe contractual exige que los ítems que aparezcan relacionados como antecedente pactado se reflejen en la acusación de su respectiva base presupuestal.
No son de recibo para esta Agencia del Ministerio Público la exigencia judicial de actor a partir del cuadro de ejecución de obra incluido en el informe de la firma interventora ZETCO S.A., porque este informe no puede suplir la voluntad de las partes o la sustentación de urgencia requerida para la construcción de obras no pactadas o autorizadas.
Es claro que los contratos suscritos por el sistema de precios unitarios permiten ejecutar mayores cantidades de obra y que su pago quede dentro del acuerdo y los ítems pactados, sin que haya necesidad de suscribir un contrato adicional. Pero ello no constituye una patente para obviar el principio de planeación aplicable a todos los acuerdos de origen público, llámense convenios o contratos administrativos.
La no especificación de la modalidad de pago por sistema de precios unitarios para luego aducir mayores cantidades de obra en liquidaciones parciales o definitivas refleja una deficiente planeación del contrato.
3. CONCLUSIÓN
Esta Agencia del Ministerio Público considera que el convenio objeto de controversia se encuentra viciado de nulidad por objeto ilícito de conformidad con lo dispuesto con el artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
En el proceso en referencia no se probó el incumplimiento del Municipio de Cali, ahora Distrito especial de Cali, y sí se corroboró que la adjudicación por contratación directa de un contrato de obra, bajo el ropaje de un convenio interadministrativo, incumplió el deber de selección objetiva, y en consecuencia se produjo una nulidad basada en la pretermisión del procedimiento de selección previsto en la Ley.
La configuración de la causal de nulidad prevista en el No. 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, por haberse celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional, requiere una violación al régimen de prohibiciones y que la proscripción sea expresamente consignada en el ordenamiento. Lo anterior enerva la desestimación del A quo respecto de la improcedencia del argumento de nulidad absoluta del contrato por no haber entrado en vigor las restricciones de la ley 1474 de 2011, porque el artículo 24 de la Ley 80 contiene desde 1993 la clara interdicción de evadir los procedimientos previstos en la Ley para seleccionar al contratista.
Con fundamento en los anteriores argumentos, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, solicita de manera respetuosa a esa Honorable Corporación que en este evento se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se declare la nulidad del contrato y se disponga la liquidación del mismo a partir de las restituciones mutuas. En su defecto, que se declare que no existe responsabilidad contractual por parte del Municipio de Santiago de Cali, hoy Distrito Especial de Cali.
De los Honorables Magistrados,
LUIS RAMIRO ESCANDON HERNÁNDEZ
Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa
LREH/HWMP