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INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA POR INCUMPLIR RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Gerente de ESE de la Alcaldía Mayor de Bogotá celebra contrato de prestación de servicios con hermana de quien ejercía como Directora Administrativa
NULIDAD POR APLICAR EL PROCEDIMIENTO VERBAL-Improcedencia
No hubo una voluntariedad del a quo para escoger el procedimiento verbal, sino el acatamiento del inciso tercero del artículo 175 visto en precedencia, que así lo dispone, sin que tal decisión ponga en entredicho el pilar del debido proceso que adelantó la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, D.C.; por ello, no es de recibo la nulidad propuesta por la defensa
DIRECTIVA-Remisión normativa del Art 21 del CUD es a la Ley 600 de 2000
VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Celebración de contrato con contratista inhabilitada
Las pruebas documentales que fueron allegadas al plenario demuestran, tal como lo indicó la primera instancia, que al momento en que la gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., aquí investigada, celebró el contrato de prestación de servicios PS 4575, esto es, el 19 de junio de 2020, la contratista se encontraba inhabilitada para contratar con la entidad distrital por ser hermana de quien ejercía el cargo, para ese momento, de Directora Administrativa de esa institución pública distrital, configurándose el tipo disciplinario imputado
DECLARACIÓN DE NULIDAD EN PROCESO DISCIPLINARIO-Objetivo
La declaratoria de nulidad tiene como objetivo corregir protuberantes fallas procedimentales y adecuar el proceso para que cumpla con el fin que persigue, por cuanto las normas que lo regulan están determinadas para que sean respetadas por el juez disciplinario y los sujetos procesales, en tanto persiguen el pleno ejercicio de los derechos, garantías e intereses comprometidos en la causal, siempre que no exista otro medio para subsanar la irregularidad sustancial, sin que ello conlleve la revocatoria del fallo apelado, la absolución del disciplinable o el archivo de las diligencias, como de manera errada lo supone el recurrente
CONTRATO ESTATAL CON PERSONA INHABILITADA-Prueba documental
Esta Sala reconoce que la prueba documental habla por sí sola y, en ese sentido, demuestra en grado de certeza que efectivamente la disciplinada suscribió un contrato Estatal con persona inhabilitada, con lo cual se estructura el tipo disciplinario reprochado, dado que la titular de la competencia funcional para celebrar el contrato lo hizo desarrollando la conducta reprochada, consistente en contratar una persona que se encontraba inhabilitada, es decir, sin acatar este requisito legal esencial para la validez del contrato Estatal, en la medida en que dicho contrato implicó ser absolutamente nulo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 44.1 de la Ley 80 de 1993
DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-Quantum del término de suspensión de a primera instancia debe perder intensidad
Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Aprobado en Acta de Sala N° 09
Radicación N°
IUS E-2021-467444, IUC D-2021-2028390, (161-8282)
Disciplinada
[NOMBRE TACHADO] y entidad
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. del Distrito Capital
Origen proceso
Informe servidor público – Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Fecha hechos
19 de junio de 2020
Asunto
Fallo de segunda instancia
Procurador Ponente: Silvano Gómez Strauch
ASUNTO POR TRATAR
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia que profirió la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, D.C., en audiencia llevada a cabo el 17 de agosto de 2021, dentro del proceso disciplinario que adelantó bajo el radicado 572-2021, mediante el cual declaró disciplinariamente responsable a [NOMBRE TACHADO], sancionándola con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de doce (12) meses.
HECHOS INVESTIGADOS
Mediante Oficio 20211400007003 del 18 de mayo de 2021, el jefe de la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. informó, entre otros hallazgos, posibles irregularidades en la celebración del contrato de prestación de servicios PS 4575 de 2020, suscrito con [NOMBRE TACHADO], quien sería hermana de la Directora Administrativa de esa Subred.
ANTECEDENTES PROCESALES
El 25 de mayo de 2021, la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios inició indagación preliminar en averiguación de responsables y con auto del 11 de junio de 2021, citó a audiencia a [NOMBRE TACHADO], formulándole el siguiente cargo único:
La disciplinada en su calidad de gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria en la forma prevista en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por intervenir como ordenadora del gasto en la celebración del contrato de prestación de servicios No. PS 4575 del 19 de junio de 2020, con la señora [NOMBRE TACHADO], quien al parecer se encontraba incursa en causal de inhabilidad para contratar con la entidad distrital por ser hermana de quien ejerció el cargo de directora administrativa de la institución pública para la época de los hechos.
De manera provisional, la falta se calificó como gravísima cometida a título de culpa gravísima por desatención elemental.
En la sesión de audiencia del 17 de agosto de 2021, el a quo emitió fallo sancionatorio y la defensa técnica interpuso recurso de apelación, el cual se concedió ante el despacho de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
En trámite de la resolución de la alzada, la defensa técnica solicitó que la Procuraduría asumiera el poder disciplinario preferente; razón por la cual, surtido el procedimiento previsto en el Resolución 456 del 14 de septiembre de 2017, el viceprocurador General de la Nación, con auto del 4 de enero de 2022, autorizó a esta Sala para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, decisión que se comunicó en debida forma a los sujetos procesales, a la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá y a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.
El 13 de enero de 2022, se le solicitó a la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá y a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios que remitieran todos los documentos del proceso disciplinario 572-2021 que reposaran en esos despachos, sin que informaran si tenían documento alguno.
Con auto del 20 de enero de 2022, aprobado en Acta de Sala N° 02, esta colegiatura avocó el conocimiento de la actuación, reconoció personería jurídica al defensor, negó una nulidad planteada y reanudó el término de traslado para que los sujetos procesales presentaran alegatos de conclusión previos a proferirse fallo de segunda instancia, los cuales radicó la defensa técnica el 26 de enero de 2022.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios sostuvo que se probó la incursión de [NOMBRE TACHADO] en la falta disciplinaria gravísima prevista en el artículo 48.30 de la Ley 734 de 2002, toda vez que intervino en la celebración del contrato de prestación de servicios que suscribió la Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E. con [NOMBRE TACHADO], hermana de la Directora Administrativa de esa entidad.
Aseguró que la investigada quebrantó el principio de moralidad administrativa, ya que no garantizó que la contratación estuviera desprovista de cualquier elemento subjetivo, en la medida en que uno de los fines de las inhabilidades es garantizar que el vínculo familiar no afecte el proceso de contratación.
Degradó el elemento subjetivo de culpa gravísima por desatención elemental a culpa grave al considerar que la disciplinada fue imprudente al no verificar las causales de inhabilidad antes de suscribir el contrato y señaló: “lo que la razón dicta frente a una persona prudente es que si conoce el vínculo filial que hay entre la contratista y una de sus directoras, es que verifique las normas que rigen la contratación estatal y se asegure que en efecto podía celebrar dicho contrato, pero tenemos que ello no ocurrió; es más, fue la contratista quién tuvo que presentar una carta solicitando la terminación anticipada del contrato.”; además, la contratista “presentó bajo la gravedad de juramento la declaración de que no estaba incursa en causal de inhabilidad e incompatibilidad”.
Así las cosas, y con fundamento en los artículos 44.2, 45.2, 46 y 47 de la Ley 734 de 2002, sancionó a la disciplinada con la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 12 meses.
RECURSO DE APELACIÓN
En la audiencia de fallo, el otrora defensor sostuvo: i) que el procedimiento verbal no es aplicable al caso bajo estudio; ii) que no se puede mencionar la Ley 600 de 2000 en las declaraciones que se recepcionan y iii) que el contrato no se inició porque no se suscribió acta de inicio.
A su turno, en el memorial de alegatos en segunda instancia, la defensa técnica planteó: i) la vulneración del principio de legalidad de las sanciones; ii) la indebida valoración jurídica de las pruebas que sustentaron el cargo y el fallo de primera instancia; iii) la ausencia de la ilicitud sustancial, y iv) la indebida valoración de la culpabilidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO
Competencia
Conforme auto del 4 de enero de 2022, por medio del cual el viceprocurador General de la Nación autorizó el ejercicio del poder disciplinario preferente, esta Sala Disciplinaria es competente para revisar, por vía de apelación, el fallo de primera instancia que profirió la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá D.C., el 17 de agosto de 2021.
Sobre la aplicación del procedimiento verbal
Decisión de primera instancia: En el auto del 11 de junio de 2021, mediante el cual la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios citó a audiencia a [NOMBRE TACHADO], se argumentó que era procedente aplicar el procedimiento verbal “por adecuación a la circunstancia consignada en el último inciso del artículo 175 del CDU, por cuanto al momento de evaluar sobre el mérito para adelantar la investigación disciplinaria, se reúnen los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, estos son: identificación e individualización del sujeto procesal que presuntamente cometió la conducta objeto de reproche disciplinario, la demostración objetiva de la falta investigada y la existencia de pruebas que comprometan la responsabilidad de la investigada.”
Fundamentos del recurso: La defensa técnica indicó que el procedimiento verbal no es aplicable al caso, ya que el artículo 48.30 de la Ley 734 de 2002 no está taxativo como causal en el artículo 175 ídem; por lo cual, se presenta una nulidad del proceso.
Consideraciones de la Sala – caso concreto: El artículo 175 de la Ley 734 de 2002, dispone: “El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve. También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.”
De donde resulta que el supuesto de la conducta tipificada en el numeral 30 del artículo 48 ídem, no está en el listado del inciso segundo del artículo 175 ibídem, lo que, en principio, le da la razón al recurrente; empero, el inciso tercero preceptúa: “En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia”, lo que significa:
Que los eventos previstos en el primero y segundo inciso de la Ley 734 de 2002 no son los únicos que sustentan adelantar un procedimiento verbal.
Que el inciso tercero bajo estudio sólo exige que estén dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, esto es, que exista prueba que objetivamente demuestre la falta y comprometa la responsabilidad del investigado, pues la expresión “en todo caso” implica que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, la determinó como una causal independiente.
Por consiguiente, la decisión de primera instancia es legalmente válida, sin que se pueda predicar que se conculcó el debido proceso. No puede sostenerse que una disposición legal vulnera el debido proceso cuando la misma norma fija los casos en los cuales se debe adelantar el procedimiento verbal, como en el caso bajo estudio.
Como se observa, no hubo una voluntariedad del a quo para escoger el procedimiento verbal, sino el acatamiento del inciso tercero del artículo 175 visto en precedencia, que así lo dispone, sin que tal decisión ponga en entredicho el pilar del debido proceso que adelantó la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, D.C.; por ello, no es de recibo la nulidad propuesta por la defensa.
Sobre la mención de la Ley 600 de 2000 en las declaraciones que recepcionó la primera instancia
Decisión de primera instancia: Frente al planteamiento de la defensa técnica de que las declaraciones de [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] no estaban bajo la gravedad de juramento en razón a que se les puso de presente la Ley 600 de 2000, la cual se encuentra derogada desde el primero de enero de 2005, el a quo indicó que por expresa remisión del artículo 130 la Ley 734 de 2002, las pruebas se practican de acuerdo con las reglas de la Ley 600 de 2000.
Fundamentos del recurso: La defensa técnica insistió en que no se puede aplicar la Ley 600 de 2000 en las declaraciones porque ya está derogada.
Consideraciones de la Sala – caso concreto: En el año 2005, y en atención a la entrada en vigencia parcial-territorial de la Ley 906 de 2004, se presentaron inquietudes en torno a cuál de los estatutos procedimentales penales debía acudirse en materia de reenvío normativo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 734 de 2002; por ello, el Procurador General de la Nación, mediante la Directiva 006 del 8 de abril de 2005, definió que dicha remisión normativa para aplicar vacíos legislativos del Código de Procedimiento Penal se debía hacer a la Ley 600 de 2000, toda vez que la Ley 906 de 2004, “desarrolla un sistema procesal acusatorio incompatible con el sistema mixto consagrado constitucional y legalmente por la Ley 734 de 2002 para el proceso disciplinario”.”
Así las cosas, y sin mayores consideraciones, no tiene asidero legal alguno el cuestionamiento del recurrente, teniendo en cuenta que el a quo actuó conforme la directriz que impartió el Procurador General de la Nación como supremo director del Ministerio Público.
Respecto a que el contrato no se inició
Decisión de primera instancia: El a quo sostuvo que existe contradicción en las declaraciones que rindió dentro del proceso la contratista [NOMBRE TACHADO], ya que en su testimonio de la indagación preliminar manifestó que no había iniciado la ejecución del contrato, pero en la audiencia pública aseveró que si alcanzó a ejecutarlo y fue en virtud de tal situación que advirtió que estaba incursa en la causal de inhabilidad.
Señaló que se le creó correo institucional a la contratista con anterioridad a la ejecución del contrato de prestación de servicios 4575, “por lo que no queda lugar a dudas de que, a pesar de no haberse suscrito el acta de inicio, en efecto si se alcanzó a ejecutar el contrato”; además, que la contratista envió correos electrónicos realizando acciones propias del contrato de prestación de servicios suscrito con la Subred, incluso con fechas posteriores a la terminación anticipada del mismo, ya que allí se advierte que son temas propios de supervisión de contratos y se evidencian en los cruces de correos oficiales los logos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Concluyó que la falta se concretó al momento en que la disciplinada suscribió el contrato de prestación de servicios PS 4575, esto es, el 19 de junio de 2020.
Fundamentos del recurso: La defensa señaló que si bien es cierto se perfeccionó el contrato con la firma del bilateral el 19 de junio del 2020, ese día, ni los demás, se realizó ninguna labor, ya que, para el 23 de junio de 2020, la contratista “renunció al contrato”, sin que se hubiera suscrito acta de inicio, elemento principal para iniciar la ejecución de un contrato.
Consideraciones de la Sala – caso concreto: El argumento de la defensa estriba en que al no suscribirse el acta de inicio del contrato la conducta es atípica, es decir, versa sobre el instante que se ha de considerar para efectos de la configuración de la falta; para tal fin, es preciso recurrir a la norma y al cargo imputado, esto es, que la disciplinada quebrantó el artículo 48.30 de la Ley 734 de 2002, “por intervenir como ordenadora del gasto en la celebración del contrato de prestación de servicios No. PS 4575 del 19 de junio de 2020, con la señora [NOMBRE TACHADO], quien al parecer se encontraba incursa en causal de inhabilidad para contratar con la entidad distrital por ser hermana de quien ejerció el cargo de directora administrativa de la institución pública para la época de los hechos”.
Como se observa, el legislador circunscribió la comisión de la falta a la fecha de celebración del bilateral, es decir, a su firma, sin que para su configuración se requiera de actos posteriores o de ejecución, tesis que pretende imponer el apelante para que se consideren los actos de ejecución del contrato como estructurales del tipo disciplinario, lo cual no es de recibo ni comparte este cuerpo colegiado, dado que cuando la norma establece que la falta se estructura “en la celebración del contrato”, como se imputó el cargo, es en ese momento y no en otro, o con otro posterior. Hacerlo como lo entiende la defensa conllevaría a que la autoridad disciplinaria extendiera más allá del límite que el legislador fijó de la celebración del negocio jurídico a etapas diversas, como, por ejemplo, suscribir el acta de inicio, la ejecución, cumplimiento y liquidación del contrato.
Así, y en punto de resolver la tesis planteada, las pruebas documentales que fueron allegadas al plenario demuestran, tal como lo indicó la primera instancia, que al momento en que la gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., aquí investigada, celebró el contrato de prestación de servicios PS 4575, esto es, el 19 de junio de 2020, la contratista se encontraba inhabilitada para contratar con la entidad distrital por ser hermana de quien ejercía el cargo, para ese momento, de Directora Administrativa de esa institución pública distrital, configurándose el tipo disciplinario imputado.
Se debe agregar que en el expediente obra que la contratista [NOMBRE TACHADO] remitió correos institucionales desde el 16 de junio de 2020 (antes de suscribirse el contrato de prestación de servicios PS 4575) hasta el 14 de julio de 2020 (cuando el contrato se terminó de manera anticipada el 23 de junio de 2020), anunciando que “oficialmente” ya tenía correo (Dra. [NOMBRE TACHADO] <[CORREO TACHADO]>) y solicitando bases de datos de usuarios AMED Oxigeno e información sobre análisis para cumplir el contrato con Capital Salud, estudios de mercado de cardiología, cruces contables, pacientes con urgencias vitales, acta de reunión de Corferias y UCI, reportes ordenes médicas terceros, contratos de terceros y cruce contable del contratista Cardioglobal, lo cual derrumba por completo el argumento de la defensa de que el contrato no se inició.
Sobre la vulneración del principio de legalidad de las sanciones
Decisión de primera instancia: En el ítem 6.6. del fallo recurrido (Dosificación de la sanción), la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios sostuvo:
Según el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 734, se encuentran previstas como sanciones disciplinarias la suspensión del ejercicio del cargo e inhabilidad especial, para las faltas gravísimas cometidas a título de culpa. A su vez, el numeral 2º del artículo 45 define la suspensión e inhabilidad especial como la separación del cargo que está ejerciendo al momento de la sanción, así como la imposibilidad de ejercer cualquier otro cargo en el seno de la administración pública. A su paso el artículo 46 de la misma norma disciplinaria señala que la suspensión será entre uno y doce meses.
De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 734, la suspensión e inhabilidad se tazará con fundamento en los siguientes aspectos:
• Antecedentes disciplinarios: al momento de imponer la sanción, la disciplinada no tiene anotaciones disciplinarias vigentes en los últimos 5 años.
• En cuanto a la diligencia en el ejercicio del cargo, observamos la falta la cometió a título de culpa, es decir, se demostró que su obrar en el ejercicio como gerente de la E.S.E. fue negligente. Existen diversos medios de prueba que acreditan que la investigada se abstuvo de indagar sobre la relación filial entre las hermanas [NOMBRE TACHADO], pese a la relación de confianza y cercanía que existía entre ellas. Además, está demostrado que la disciplinada tenía la condición de superior jerárquica y de supervisora de las referidas hermanas, por lo que no le era complejo adelantar las acciones tendientes a confirmar si existía una relación de pares, parentesco entre ellas y por esa vía abstenerse de suscribir un contrato en contra del régimen de Inhabilidades e incompatibilidades.
• Está demostrado que la disciplinada tenía la condición de superior jerárquica y de supervisora de las referidas hermanas, por lo que no le era complejo adelantar las acciones tendientes a confirmar si existía una relación de pares, parentesco entre ellas, y por esa vía abstenerse de suscribir un contrato en contra del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
• En cuanto a la relevancia social de la conducta por la cual se le está sancionando es una circunstancia de agravante en cuanto a que la conducta tiene dos connotaciones importantes a saber:
En primer lugar, hubo manejo de recursos públicos, ya que al ser ordenadora del gasto puso en peligro el patrimonio de la entidad. Es importante señalar que, en las circunstancias actuales, cuando es notorio que hay un déficit fiscal importante, y que hoy día la sociedad exige mayor trasparencia y responsabilidad con el manejo de dichos recursos, se debe actuar con más diligencia y responsabilidad.
En segundo término, participar en la tramitación de un contrato con una persona incursa en una causal de inhabilidad contraviene principios como el de la moralidad, ya que, en efecto, las causales de inhabilidad e incompatibilidad buscan que en el ejercicio de la función pública no haya intereses diferentes a los propios del Estado.
• La disciplinada es la gerente de la Subred Integrada de Servicios en Salud Centro Oriente E.S.E, y en su cabeza estaba la función de ser ordenadora del gasto, razón por la cual de ella se exige un comportamiento ejemplar.
• La investigada no confesó la falta antes de la formulación de cargos y por la naturaleza de la misma no era posible resarcir el daño y compensar el perjuicio causado, ni tampoco devolver, restituir o reparar el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta.
Conforme lo anterior, sancionó a [NOMBRE TACHADO] con suspensión en el ejercicio del cargo de gerente de Subred Integrada de Servicios en Salud Centro Oriente E.S.E e inhabilidad especial por el término de doce (12) meses.
Fundamentos del recurso: Luego de exponer en que consiste el principio de legalidad de las sanciones en materia disciplinaria, la defensa sostuvo que la sanción impuesta no corresponde con la falta disciplinaria imputada, dado que, al variarse el factor subjetivo de culpa gravísima a culpa grave, la falta disciplinaria gravísima que se imputó se considera falta grave, conforme lo prevé el artículo 43.9 del Código Disciplinario Único; de donde resulta que la sanción a imponer debió ser la consagrada en el artículo 44.3 ídem, que dispone la suspensión para las faltas graves culposas.
Sin embargo, en el fallo de primera instancia se cometió un yerro insubsanable, en el sentido que impone una sanción que no se corresponde con la falta endilgada en tanto impone la señalada en el numeral 2 del artículo 44 ibidem (sic), que establece como sanción la suspensión con inhabilidad especial, la cual sólo aplica para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas, que no fue el caso de la doctora [NOMBRE TACHADO].
Por lo anterior, afirmó: “la ausencia de tal exigencia quebranta derechos fundamentales que deben ser salvaguardados con la revocatoria del fallo apelado y la consecuente nulidad y absolución”, al encontrarnos ante una irregularidad de carácter sustancial que afecta el debido proceso.
Indicó que cualquier decisión que se tome, distinta a la revocatoria del fallo de primera instancia, vulneraría los derechos de la investigada, toda vez que la segunda instancia no puede confirmar una sanción inexistente y tampoco puede confirmarla parcialmente en el sentido de imponer la sanción que sí corresponda con la modalidad culposa de la falta imputada, ya que “dejaría a la investigada sin la oportunidad de que, respecto de una sanción nueva, no pudiera ejercer su derecho a la defensa y contradicción, pues es bien sabido que no hay tercera instancia ni la doble conformidad”; además:
…que en sede de apelación se imponga una sanción nueva congruente con la falta, sería violatorio del derecho de defensa de mi investigada como quiera que se le sorprendería no sólo con una sanción novedosa sino con una valoración que al respecto debe hacer el juez disciplinario en relación con el análisis de la culpabilidad y las razones que fundamentan la sanción, sin que en este momento exista etapa procesal que le permita a mi defendida defenderse de una sanción, que si bien sería injusta, es congruente con la falta endilgada.
Consideraciones de la Sala – caso concreto: Sea lo primero advertir que, si bien el recurrente no concreta su argumento en una causal de nulidad, es lo que propone al referir la violación del debido proceso, por una irregularidad de carácter sustancial, como lo prevé la causal preceptuada en el artículo 143.3 de la Ley 734 de 2002; sin embargo, de prosperar la nulidad, la consecuencia jurídica no será, ni puede ser, “la revocatoria del fallo apelado y la consecuente (…) absolución”, teniendo en cuenta que el artículo 145 ídem, preceptúa que “la declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal.
Así lo señalará el funcionario competente y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula. La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente.”, Significa que, la figura jurídica de las nulidades no invalida la acción disciplinaria ni todas las actuaciones surtidas en el proceso, mucho menos “las pruebas allegadas y practicadas legalmente”, únicamente la validez de la pieza procesal que socavó sustancialmente la estructura fundamental del proceso, que para el caso bajo estudio sería única y exclusivamente el fallo de primera instancia objeto de apelación.
Dicho de otra manera, la declaratoria de nulidad tiene como objetivo corregir protuberantes fallas procedimentales y adecuar el proceso para que cumpla con el fin que persigue, por cuanto las normas que lo regulan están determinadas para que sean respetadas por el juez disciplinario y los sujetos procesales, en tanto persiguen el pleno ejercicio de los derechos, garantías e intereses comprometidos en la causal, siempre que no exista otro medio para subsanar la irregularidad sustancial, sin que ello conlleve la revocatoria del fallo apelado, la absolución del disciplinable o el archivo de las diligencias, como de manera errada lo supone el recurrente.
Hecha la anterior precisión, encuentra la Sala que la situación planteada por la defensa no implica una irregularidad sustancial que afecte el debido proceso ni quebrante el derecho de defensa de los sujetos procesales, por cuanto se respetaron y acataron a plenitud las formas propias del juicio, es decir, los términos, trámites, requisitos, etapas y formalidades previamente definidas por el legislador para proferir el fallo de primera instancia por parte de la autoridad disciplinaria competente, con acatamiento y respeto de los componentes del debido proceso y primacía del derecho sustancial.
Por lo expuesto, en la presente actuación no existe un acto sustancialmente irregular que afecte o quebrante las garantías constitucionales y/o legales de los sujetos procesales; por ende, no hay lugar a declarar la nulidad de ninguna pieza procesal, pero esta instancia, de ser procedente, impondrá la sanción que en derecho corresponde a la falta imputada.
Sobre la indebida valoración jurídica de las pruebas que sustentaron el cargo y el fallo de primera instancia
Decisión de primera instancia: El a quo sostuvo que los elementos probatorios establecen que [NOMBRE TACHADO], Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, celebró con [NOMBRE TACHADO] el contrato de prestación de servicios PS 4575 del 19 de junio de 2020, que tenía por objeto prestar los “servicios de acuerdo a su perfil académico, para desarrollar actividades profesionales especializadas, relacionadas con procesos de mercadeo y venta de servicios de salud, auditorías administrativas en venta y compras de servicios de salud, con disponibilidad y cumplimiento de la misión y la visión de la Subred Integrada de Salud de Servicios de Salud Centro Oriente”, por valor de $54.000.000 y plazo de ejecución de seis meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución en el SECOP II.
Señaló que se demostró que el 23 de junio de 2020, la contratista informó a la gerente de la entidad la inhabilidad en la que se encontraba incursa, por lo cual solicitó la terminación anticipada del contrato, hecho que ocurrió en esa misma fecha.
Sostuvo que se probó que para la fecha de suscripción del contrato de prestación de servicios, la Dirección Administrativa de la Subred Centro Oriente E.S.E. estaba a cargo de [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO], quien ostentó ese cargo desde el 28 de abril de 2020 hasta el 15 de marzo de 2021, y quien tiene vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con la contratista [NOMBRE TACHADO], acorde con lo declarado por las dos hermanas y los registros civiles que reposan en las diligencias.
Agregó que la entidad contratante certificó que el cargo de Director Administrativo está clasificado en la estructura funcional de la organización como del nivel directivo, situación que se evidencia también en el Manual de Funciones de la institución vigente para el año 2020.
La primera instancia indicó que conforme el artículo 8.1.1 del Manual de Contratación de la Subred Centro Oriente E.S.E., adoptado mediante la Resolución 152 de 2019; el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 8.2, literal b), de la Ley 80 de 1993, “es claro que [NOMBRE TACHADO] estaba inhabilitada para celebrar el contrato de prestación de servicios del que fungió como ordenadora del gasto [NOMBRE TACHADO], situación que a juicio de este operador disciplinario demuestra objetivamente la existencia de la falta disciplinaria y compromete la responsabilidad de la referida funcionaria pública.”
Respecto al testimonio de Alexandra Natacha Mosquera Florián, jefe de la Oficina de Talento Humano de la Subred, encargada de verificar la idoneidad de la contratista, el a quo precisó que declaró cumplir a cabalidad su función, ya que “en su área se apoyaba el proceso de contratación mediante la verificación de la hoja de vida aportada por los contratistas en relación con los títulos y experiencia, y que estos fueran conformes a los requerimientos realizados por las áreas que solicitaban la contratación”; por lo cual, remitió los documentos a la Oficina de Contratación para lo de su competencia; sin embargo, cuestionó que si la declarante afirmó que esa actividad fue adelantada en el trámite del contrato de prestación de servicios suscrito con [NOMBRE TACHADO], por qué “así como se hizo una verificación de los requisitos objetivos a fin de determinar si la contratista los cumplía, no se hubiera verificado de la misma forma los requisitos subjetivos, es decir, la existencia o no de causales de inhabilidad e incompatibilidad, y más cuando la contratista compartía los mismos apellidos de la directora administrativa de la Subred para la época de los hechos.”
En cuanto a la declaración de Ramón Segura Molina, director de Contratación de la Subred, la primera instancia extrajo de su testimonio que la dirección a su cargo verifica los documentos atinentes al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, los títulos, la experiencia y demás, a fin de proceder a realizar el proceso de contratación. “Así mismo manifestó que era su área la encargada de tramitar la solicitud de terminación de contratos de forma anticipada, con la finalidad de dar la correspondiente publicidad en el SECOP y devolver los recursos que no se alcanzaron a ejecutar.”
Para el caso concreto de la contratista cuestionada, Ramón Segura Molina declaró que el área de contratación le dio trámite a la solicitud de terminación anticipada del contrato sin entrar a realizar la verificación de la inhabilidad que ella argumentó, ante lo cual, la primera instancia aseveró: “Llama la atención la respuesta del testigo en este punto por tratarse de quien tenía a su cargo la Dirección de Contratación de la entidad y por tener a su cargo la función de asesorar y orientar los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales (sic) de la empresa según lo establecido en las normas que rigen la contratación de las empresas sociales del Estado.”
El a quo agregó que, en el acta de liquidación del contrato de prestación de servicios, la Subred Centro Oriente “fue cuidadosa en no exponer a fondo las razones por las cuales se debía realizar la terminación consensuada del contrato y no dejó constancia de la existencia de la causal de inhabilidad. Ese hecho, junto con las respuestas ambiguas del testigo Segura Molina, hace evidente la falta de revisión en torno a las causales de inhabilidad en el contrato de prestación de servicios que en esta actuación se investiga.”
Ante lo manifestado por el declarante, de que su dependencia nunca solicitó la relación de los familiares de los contratistas, pues solo bastaba con que diligenciaran el documento correspondiente a la declaración de inhabilidades e incompatibilidades para darle trámite al contrato, la primera instancia señaló: “Esta afirmación desconoce que la vigilancia frente a las inhabilidades e incompatibilidades está, principalmente, a cargo de los servidores públicos, por lo que el respeto por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación no puede confiarse en el documento que suscriba el futuro contratista sin que exista una revisión por parte de la entidad como en este caso sucedió.”
Del testimonio que rindió la contratista [NOMBRE TACHADO], el a quo trajo a colación lo siguiente: i) que conoció a la disciplinada cuando fue gerente del Hospital San Blas, donde, entre 2004 y 2008, trabajaron juntas; ii) que radicó su hoja de vida en el programa de talento Cero Palanca y la remitió a todas las Subredes de la ciudad; iii) que se enteró que estaba incursa en la inhabilidad para contratar con la Subred Centro Oriente porque cuando empezó a ejecutar el contrato estudió el Manual de Contratación, ya que una de sus actividades era revisar los contratos suscritos por la Subred con terceros y las negociaciones con las EPS, siendo, en ese momento, cuando se dio cuenta de la inhabilidad en la que estaba incursa, informándole a la gerente de la Subred y presentando la solicitud de terminación anticipada del contrato, y iv) que la disciplinada no conoció a su familia cuando laboraron juntas en el Hospital San Blas, dado que su relación fue netamente de trabajo.
El a quo aseguró que la contratista [NOMBRE TACHADO], Alexandra Natacha Mosquera Florián y Ramón Segura Molina “incurrieron en contradicciones y vacíos en varios aspectos y circunstancias que rodearon los hechos objeto de la presente actuación.” En este sentido, sostuvo que mientras Ramón Segura Molina y Alexandra Natacha Mosquera Florián afirmaron que la hoja de vida de la contratista llegó por medio de un proceso de selección, incluso comparándola con otras hojas de vida, la contratista [NOMBRE TACHADO] ratificó lo que declaró en la etapa de indagación preliminar, esto es, que se vinculó a la Subred por solicitud directa que le hizo a la gerente [NOMBRE TACHADO], lo que corroboró la misma disciplinada en los descargos.
En cuanto a lo dicho por [NOMBRE TACHADO], la primera instancia aseguró: “en su declaración inicial manifestó que no había iniciado la ejecución del contrato, pero en la audiencia pública indicó que en efecto si alcanzó a ejecutar el contrato y fue en virtud de tal situación que advirtió que estaba incursa en una causal de inhabilidad.”
Con fundamento en lo anterior, la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios concluyó:
De las pruebas testimoniales recaudadas en etapa de audiencia pública, se puede colegir que en efecto la doctora Diana Jazmín Ortiz estaba incursa en la causal de inhabilidad; que en ninguna dependencia de la entidad se adelantó la revisión de la incursión de aquella en la referida causal y que se vinculó mediante el contrato de prestación de servicios profesionales a la Subred en razón a que era conocida por parte de la disciplinada quien le ofreció esa posibilidad y le indicó que presentara sus documentos para efectos de suscribir el referido negocio jurídico.
De las declaraciones se desprende también el hecho de que la disciplinada y la contratista [NOMBRE TACHADO], trabajaron juntas durante un lapso de 4 años en el Hospital San Blas y que se conocían desde hacía más de 16 años.
Además, de la prueba documental concluimos que la investigada nombró en el cargo de directora administrativa a la doctora [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO] quien era hermana de la contratista por lo que el hecho de que la disciplinada hubiera intervenido en el nombramiento de aquella y en la suscripción del contrato de prestación de servicios celebrado con [NOMBRE TACHADO] emergen en contra de la presunción de inocencia de la investigada y confirman la existencia de la falta endilgada.
Fundamentos del recurso: La defensa aseguró que en “la lectura del fallo se dijo que las pruebas que no sólo se sustentaba el cargo sino la decisión sancionatoria contra la doctora [NOMBRE TACHADO], eran las relacionadas en los numerales 2.3.1.2, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.1.6, 2.3.1.7; además de las declaraciones juramentadas de Alexandra Mosquera, Ramón Segura, [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO]”, ante lo cual sostuvo:
Pues bien, los numerales mencionados contienen la enunciación de unas pruebas que en dado caso darían crédito de la adecuación de la conducta de la doctora [NOMBRE TACHADO] al tipo disciplinario, en cuanto estas hacen referencia a la calidad de servidora pública – Directora Administrativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente- de la señora [NOMBRE TACHADO], la calidad de Gerente de la investigada, la carpeta del contrato PS-4575-2020 suscrito entre [NOMBRE TACHADO] y la Subred Centro Oriente y las actividades desarrolladas por ella en virtud del contrato de prestación de servicios; sin embargo, es bien sabido por las autoridades disciplinarias, especialmente de la Procuraduría General, que la mera adecuación de la conducta con la norma o la falta no es suficiente para derivar en la responsabilidad disciplinaria, pues es menester el análisis de otras categorías de la estructura de la falta dado el carácter subjetivo del régimen disciplinario, pero, lastimosamente, para la primera instancia sí lo fue.
Aseveró que, del testimonio de Alexandra Mosquera, responsable del proceso de contratación, no se tuvo en cuenta que afirmó haber verificado todos los documentos y los encontró en regla, inclusive la declaración juramentada de no estar inmersa en causal de inhabilidad o incompatibilidad, “pero de manera novedosa exigió la primera instancia que era deber de la doctora [NOMBRE TACHADO] detenerse en verificar los requisitos subjetivos, esto es, si efectivamente habría un familiar o pariente al interior de la Subred Centro Oriente.”,
lo que le crearía a la investigada la obligación de “analizar su planta de personal o de contratistas, que asciende a más de 4 mil personas, para que, uno por uno, se verifiquen los posibles vínculos familiares que estos puedan tener entre sí (cada vez que hace un nombramiento o contrato), carga o exigencia que no está impuesta para ningún servidor público.”; de ahí que para hacer parte de la administración pública es deber y responsabilidad de quien pretende ingresar declarar bajo la gravedad de juramento no estar inmerso en causal de inhabilidad o incompatibilidad alguna, sin que sea dable invertir esta carga al nominador.
Indicó que del testimonio de Ramón Segura la primera instancia extrae una situación que consideró sospechosa o que le llamaba la atención, para concluir con suspicacia que la investigada sabía del parentesco de las hermanas [NOMBRE TACHADO] porque al momento de terminar el contrato no se dejó constancia de la razón que daba lugar a ello, pese a que la contratista inhabilitada sí la consagró en la carta que emitió, sin que ello tenga relación alguna con el conocimiento previo que pudo tener la disciplinada del parentesco entre Diana y su hermana Sandra, que es lo que en últimas se debe indagar para generar en ella responsabilidad disciplinaria.
Agregó que el a quo impuso a la disciplinada la carga de la supuesta deficiencia en la tramitación del contrato por cuanto no se pidió a la futura contratista la relación de familiares respecto de los cuales se pudiera configurar una inhabilidad, “como si dicha exigencia estuviera reglada y que por la omisión de esta gestión pudiera predicarse un incumplimiento de un deber funcional.”
Señaló que la conclusión a la que arribó la primera instancia respecto de los testimonios de las hermanas [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] es apresurada, carente de rigor y forzada, en la medida en que asegura que la disciplinada conocía o podía conocer del parentesco entre las citadas hermanas por las siguientes tres razones:
i) Porque “la contratista y la investigada se conocían hace 16 años por cuanto laboraron juntas por el periodo comprendido entre el 2000 y 2004 en el Hospital San Blas”. La defensa señaló que es apresurado afirmar que el “conocimiento” de 16 años que advierte la contratista respecto de la investigada se da en el marco de la relación laboral, pero, a sabiendas que trabajaron juntas entre “2000 y 2004”, si le pregunta en el 2021 si “conocía” a la disciplinada, “lo lógico es que su respuesta además de ser positiva, sea precisa en indicar que la conoce desde hace 16 años por su relación laboral, pues fue con esa antigüedad que se conocieron.”; sin embargo, aseguró que la declaración es desértica en afirmaciones que indiquen, demuestren o le permitieran deducir a la primera instancia que durante esos 16 años hubo algún tipo de comunicación o relación de amistad que conllevara conocer la composición del núcleo familiar de la contratista.
Advirtió que es común que el nominador tenga dentro de su grupo de trabajo funcionarios con más de cuatro años de relación laboral, sin que ello signifique que conoce su núcleo familiar
ii) Porque “dos meses antes de la contratación objeto de reproche, la investigada nombró como Directora Administrativa a Sandra Ortiz, hermana de la contratista, y como este era un cargo de confianza resulta difícil creer que no conocía el parentesco entre ambas o que el hecho de «posesionar» a dos personas con identidad en sus apellidos le imponía la obligación de verificar más a fondo una posible relación entre estas”. El recurrente aseguró que la primera instancia no tuvo en cuenta que [NOMBRE TACHADO] Ortiz estaba vinculada a la Subred Centro Oriente antes de que la disciplinada accediera por mérito al cargo de Gerente, esto es, el primero de abril de 2020, pero ante la emergencia sanitaria del Covid-19, la nombró para dejar en el cargo a alguien que no fuera ajeno a la Subred, que la conociera y que su nombramiento no generara traumatismos en un momento coyuntural en el sector salud, “como para pretender imponerle un deber o exigencias inexistentes a la disciplinada consistente en verificar si la contratista tenía familiares dentro de una planta de personal que superaba los 4 mil funcionarios y contratistas, cuando lo consecuente era constatar la declaración bajo la gravedad de juramento que hiciere la señora [NOMBRE TACHADO] sentido de manifestar no estar incursa en inhabilidad alguna, como en efecto se hizo.”
iii) Porque “la forma en que se vinculó a la contratista fue de manera directa, lo que demostraría una confianza entre ellas”. La defensa indicó que la primera instancia menciona en varias ocasiones que la expresión “(…) qué tienes para mí por ahí” de la contratista hacia la disciplinada, determina el nivel de confianza o relación personal cercana; empero, lo que demostraría tal expresión “era la necesidad que tenía la Subred de contar a la mayor brevedad posible con una persona respecto de la cual su Gerente conocía de sus capacidades laborales, y no por el grado de amistad o cercanía que supuestamente existía entre estas, pues este, se itera, no ha sido demostrado.”
De otro lado, el recurrente afirmó:
Sumado a lo anterior, se tiene que de manera particular la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios considera que el hecho de que la investigada se hubiese designado como supervisora del contrato en ciernes, imprime una convicción de la cercanía entre estas; conclusión, además de apresurada, carente de sustento jurídico alguno pues no se detuvo el operador disciplinario a explicar o indicar las normas que permiten el ejercicio de la labor de supervisión en detrimento de lo hecho por la doctora [NOMBRE TACHADO], luego tal elucubración termina siendo una simple conjetura incapaz de edificar una supuesta conducta irregular de mi prohijada.
Consideraciones de la Sala – caso concreto: De entrada, este cuerpo colegiado evidencia el yerro en que incurre el recurrente cuando sustenta una “indebida valoración jurídica de las pruebas que sustentaron el cargo y el fallo de primera instancia” con el conocimiento que tuviera la disciplinada sobre el parentesco en segundo grado de consanguinidad de la contratista y la Directora Administrativa de la Subred, puesto que tal conocimiento no se predica de la imputación en sede de tipicidad, sino de la valoración subjetiva del comportamiento; de manera que en este aparte únicamente se estudiará si se estructuró y demostró en debida forma si la disciplinada es autora de la conducta disciplinaria reprochada, dejando para el acápite 6.8 de este fallo de segunda instancia resolver la “indebida valoración de la culpabilidad” que cuestiona el apelante.
Sobre el particular, la falta disciplinaria gravísima del artículo 48.30 de la Ley 734 de 2002, se imputó porque la disciplinada, en su condición de gerente, representante legal y ordenadora del gasto de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. del Distrito Capital, celebró el contrato de prestación de servicios PS 4575 del 19 de junio de 2020, con [NOMBRE TACHADO], quien se encontraba inhabilitada para contratar con esa Subred porque su hermana [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO], se desempeñaba como directora Administrativa de la entidad distrital para el momento en que se suscribió el bilateral.
A partir del marco de la imputación y lo referido por la primera instancia, esta Sala reconoce que la prueba documental habla por sí sola y, en ese sentido, demuestra en grado de certeza que efectivamente la disciplinada suscribió un contrato Estatal con persona inhabilitada, con lo cual se estructura el tipo disciplinario reprochado, dado que la titular de la competencia funcional para celebrar el contrato lo hizo desarrollando la conducta reprochada, consistente en contratar una persona que se encontraba inhabilitada, es decir, sin acatar este requisito legal esencial para la validez del contrato Estatal, en la medida en que dicho contrato implicó ser absolutamente nulo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 44.1 de la Ley 80 de 1993.
Resulta inerte la pretensión de la defensa de que la conducta es atípica porque su defendida no sabía que la contratista y la Directora Administrativa eran hermanas. No se trata, en sede de tipicidad, requerir de la disciplinada que conociera que la futura contratista se encontraba incursa en inhabilidad por tener parentesco en segundo grado de consanguinidad con la Directora Administrativa de la Subred; el reproche que estructura la tipicidad de la falta disciplinaria gravísima imputada radica en que suscribió el contrato de prestación de servicios PS 4575 de 2020, con una persona que se encontraba inhabilitada para ejecutarlo; por lo cual, para esta colegiatura, se encuentra demostrada la falta disciplinaria que imputó la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, D.C.
Huelga precisar que la disciplinada, como máxima responsable de la contratación en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. de Bogotá, estaba obligada a velar porque se cumplieran a cabalidad todos los requisitos legales que gobiernan el ejercicio de la contratación estatal; de ahí que esta Sala no entienda en qué quedó el programa de talento Cero Palanca del Distrito Capital si el proceso de contratación directa del caso bajo estudio inició con un “qué tienes para mí por ahí” por parte de la contratista inhabilitada hacia la disciplinada, quien, según sus descargos, le respondió que lo único que le podía ofrecer en ese momento era suscribir un contrato de prestación de servicios, desechando de tajo los principios que rigen la contratación pública y olvidando que la contratación del Estado es una de las formas jurídicas de la función administrativa.
Así las cosas, no prospera el argumento del recurrente, según el cual hubo una indebida valoración probatoria por parte de la primera instancia en sede de tipicidad, dado que la norma disciplinaria determina una exigencia esencial para que la disciplinada pudiera suscribir el contrato de prestación de servicios, como lo era salvaguardar el interés general que rige la contratación pública, como criterio que impuso el legislador; además, el acatamiento de la norma resultaba ineludible para la investigada en el ejercicio de la función administrativa encomendada.
Sobre la ausencia de ilicitud sustancial
Decisión de primera instancia: Ratificó la imputación del pliego de cargos en el sentido de que la investigada quebrantó el principio de moralidad administrativa, consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, en razón a que comporta la obligación de actuar con honradez, pulcritud, rectitud, buena fe, primacía del interés general y honestidad, ya que el fin de las inhabilidades es garantizar la idoneidad y moralidad de quien es contratado por una entidad pública, en razón al principio de imparcialidad y no por motivos subjetivos. Así mismo, es una forma de garantizar que el vínculo familiar no afectará el desempeño del contratista.
Indicó que cuando la disciplinada suscribió el contrato con [NOMBRE TACHADO] quebrantó el principio de la moralidad administrativa, dado que no se garantizó que su contratación hubiese estado desprovista de cualquier elemento subjetivo en razón al parentesco que existía con la Directora Administrativa encargada del subproceso de compras de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Fundamentos del recurso: La defensa indicó que el hecho de que la sustentación de esta categoría en el fallo sea idéntica al pliego de cargos significa que el a quo no se detuvo a analizar y responder ninguno de los argumentos expuestos por la defensa en toda la etapa de juzgamiento, “lo que deja en evidencia es el afán inusitado del Distrito por retirar del cargo a la doctora Ardila.”
Añadió que se cambiaron sólo tres palabras del auto de citación a audiencia, variando el vocablo utilizado en sentido de probabilidad para pasarlo a certeza, lo que redunda en la carencia de rigor que debe tener el fallador de instancia al momento de analizar los argumentos de defensa.
Aseveró que la primera instancia, al reproducir el análisis que se hizo de este componente en el auto de citación a audiencia, “no indicó de qué manera la contratación con una persona inhabilitada por el término de un (1) día hábil, pudo afectar sustancialmente la buena marcha de la función pública si no se hicieron actuaciones que tuvieran la potencialidad de perfeccionar el contrato en cuanto a su ejecución y más aún, que no hubo erogación alguna por parte de la administración para sufragarle a la contratista ese día que el contrato estuvo vigente.”
Refirió que, así como se archivaron otras conductas en el auto de citación a audiencia, relacionadas con el posible incumplimiento de las formalidades de la contratación por carencia de ilicitud sustancial, en el caso bajo estudio no se evidenció una afectación “(…) material, efectiva, concreta y real del buen funcionamiento del Estado y por ende del servicio público”, pues el contrato estuvo vigente sólo un día hábil en virtud de la terminación que del mismo hizo la contratista cuando se percató de su inhabilidad y “no se efectuó actuación alguna que tuviera la potencialidad de concluir una ejecución del contrato que conllevara indefectiblemente al pago de sus honorarios así haya sido un día de labor.”
Puntualizó que no hay un sólo argumento en el fallo que demuestre, evidencie o resalte de qué manera se contrarió la buena marcha del servicio público o cuál pudo ser su afrenta o amenaza durante el día hábil en que la persona inhabilitada permaneció contratada, dado que sólo envió un par de correos, sin que se tenga certeza que su intención o cometido se haya concretado. Agregó que al no haber un solo pago a la mentada contratista tampoco se puso en riesgo el erario; menos aún, “se puso de presente que esta situación haya afectado el buen nombre de la institución o que existieron sobre la conducta de la implicada reproches por parte de la ciudadanía que pudieran por lo menos inferir una puesta en riesgo del buen ejercicio de la función pública.”
Luego de traer a colación las sentencias C-498 de 2002 de la Corte Constitucional y doctrina de la Procuraduría, la defensa expuso que el a quo debió indagar de qué manera se pudo haber puesto en riesgo la buena marcha de la administración por la presencia por un día de una contratista inhabilitada; por consiguiente, “nos encontramos ante la existencia de la antijuridicidad formal pero frente a la inexistencia de antijuridicidad sustancial, siendo ésta el presupuesto de la infracción disciplinaria, lo que debe llevar a concluir que el hecho irregular queda desestructurado”.
Refirió que, de acuerdo con el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, para que se pueda conculcar el principio de la moralidad administrativa es necesario, “no solamente demostrar una supuesta ilegalidad de la conducta, sino que con dicha conducta ilegal se cometió un acto de corrupción, pues sólo de esta manera se afecta gravemente los valores y principios del Estado y de la función pública.” (cursiva, negrilla y subrayado del original)
Agregó que no se demostró la afectación del principio de moralidad, pues de suscribir el contrato objeto de reproche no subyace ningún acto de corrupción que vulnere dicho principio; por lo tanto, la conducta está desprovista de algún reproche en sede de ilicitud sustancial no sólo por carencia de material probatorio que así lo determine, sino también de cara al principio supuestamente vulnerado.
Adicionalmente, argumentó incongruencia del fallo objeto de apelación “porque se le imprime un actuar corrupto o inmoral en virtud de la violación al principio de moralidad, pero la modalidad en que supuestamente se cometió fue culposa, debiendo entonces ser dolosa, pues no existe en el mundo jurídico un acto de corrupción cometido con culpa.”
Consideraciones de la Sala – caso concreto: Para responder adecuadamente el cuestionamiento del recurrente, esta colegiatura precisa que en el ítem 6.7.1 (Decisión de primera instancia) precedente, se trajeron a colación los argumentos que tuvo en cuenta el a quo sobre la categoría dogmática de la ilicitud sustancial y que en el capítulo V del fallo de primera instancia, la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios dio respuesta a los planteamientos que sobre la antijuricidad de la conducta presentó la defensa técnica en los descargos y en alegatos de conclusión.
Hecha la anterior aclaración, tenemos que la defensa señaló que no se afectó el deber funcional por cuanto la inhabilidad no se concretó dada la inejecución del contrato, es decir, los principios de la función pública permanecieron incólumes; además, que el despacho no probó la antijuricidad de la falta.
Sobre dichos argumentos, la primera instancia reiteró lo que no en pocas ocasiones refirió a lo largo del fallo recurrido, esto es, que la conducta es antijurídica en materia disciplinaria cuando se violan de forma sustancial, importante o relevante principios de la función administrativa, sin que sea un requisito la concreción de un resultado; de ahí que la inejecución del contrato o la ausencia de pago derivado de ese negocio jurídico no son razones que excluyan la ilicitud sustancial ni la existencia de la falta endilgada.
Asimismo, sostuvo que se demostró que suscribir el contrato de prestación de servicios 4575 de 2020, afectó de manera sustancial el deber funcional a cargo de la disciplinada relativo a asegurar la legalidad de la actividad contractual e impedir que se desconocieran disposiciones legales que garantizan el principio constitucional de la moralidad y transparencia.
Como se observa, no le asiste razón al recurrente cuando afirma que el a quo no analizó ni respondió la tesis expuesta por la defensa en la etapa de juzgamiento. Se debe agregar que, de contera, el estudio que llevó a cabo la primera instancia también replica lo planteado en la alzada referido a que la primera instancia no indicó de qué manera la contratación afectó sustancialmente la buena marcha de la función pública si el contrato estuvo vigente sólo un día hábil y no se puso en riesgo el erario.
Respecto a que se debió archivar la presente actuación porque así lo hizo el a quo en relación con otras conductas por carencia de ilicitud sustancial, es preciso recordarle al recurrente que cada caso, hecho o conducta es particular y único, pues cada uno es distinto a otro y reviste circunstancias diferentes, por lo que debe evitarse generalizar de manera automática en este ámbito; por ello, la autoridad disciplinaria debe someter cada decisión a sus propias particularidades y, en este sentido, está obligada a analizar cada caso concreto para adoptar las decisiones que en derecho correspondan, con fundamento en la evaluación de las pruebas allegadas al expediente, requiriéndose para que proceda la formulación de cargos que esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado, como lo prevé el artículo 162 de la Ley 734 de 2002 y sucedió en el caso bajo estudio.
De otro lado, y contrario a lo que supone la defensa, de la suscripción del contrato objeto de reproche si subyace un acto de corrupción que vulneró el principio de la moralidad administrativa, en la medida en que la conducta de la disciplinada no permitió que los recursos públicos que comprometió, así no los haya cancelado, fueran invertidos en atender a la población y así satisfacer las necesidades de salud que requería con urgencia la pandemia del COVID-19, lo cual, sin duda, es desfavorable en el ejercicio de la función pública, debido a las malas prácticas que genera.
Ahora, si lo que pretende el recurrente es que se indique la tipología del delito contra la administración pública en la que pudo incurrir su representada, aun cuando no sea necesario para estructurar la ilicitud sustancial del comportamiento reprochado, basta con indicarle que el artículo 410 del Código Penal tipifica el delito de “Contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, en el cual incurre el “servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos”. De donde resulta que suscribir el contrato con persona inhabilitada, es decir, incumpliendo requisitos legales esenciales, afectó material, efectiva, concreta y realmente del buen funcionamiento de la función pública y de la contratación estatal.
Por último, le asiste razón a la defensa cuando afirma que el elemento subjetivo de este delito únicamente admite la comisión dolosa; empero, y como lo aclaró el Consejo de Estado, “tanto la estructura del delito como aquella en la cual se edifica la responsabilidad disciplinaria coinciden en la necesidad de analizar y desarrollar, entre otras, las categorías de la tipicidad y la culpabilidad. No obstante, sus contenidos son diferentes, por lo cual es plausible concluir que por estas razones no existe una identidad de causa entre el derecho penal y el derecho disciplinario.”
Entonces, para dar respuesta directa a este punto y sin adentrarse en el reproche del apelante sobre lo que considera una “indebida valoración de la culpabilidad” que se estudiará y resolverá a continuación, es jurídicamente válido afirmar que, conforme a la naturaleza y particularidades del derecho disciplinario, los requisitos y categorías que estructuran la responsabilidad penal son enteramente diferenciables con la responsabilidad disciplinaria, dados sus fundamentos y finalidades; de ahí que si en el caso bajo estudio, al demostrarse que la disciplinada no prestó la debida atención a la inhabilidad que pesaba sobre la contratista, mal haría en imputársele la culpabilidad a título de dolo, toda vez que desde el pliego de cargos se descartó como componente subjetivo del comportamiento reprochado.
Así las cosas, no prospera el argumento de la alzada, puesto que en el caso bajo estudio no se presentó tan sólo una puesta en riesgo de un interés jurídicamente tutelado; por el contrario, se vulneró el principio de moralidad administrativa, el cual es de estirpe constitucional; por ello, esta instancia confirma la ilicitud sustancial de la conducta reprochada.
Sobre la indebida valoración de la culpabilidad
Decisión de primera instancia: Varió el grado de culpabilidad de gravísima a grave al considerar que la contratista [NOMBRE TACHADO] presentó bajo la gravedad de juramento la declaración de que no estaba incursa en causal de inhabilidad ni hizo alusión a su hermana [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO], como referencia de ninguna clase. Aclaró que este hecho no excluye la culpabilidad ni desvirtúa la existencia de la falta.
Aseguró que se demostró que la disciplinada contaba con 30 años de experiencia profesional tanto en el sector público como privado y que no era la primera vez que ejercía el cargo de gerente, por lo que la materia de contratación y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades no le es desconocido.
Sostuvo que las declaraciones de la contratista [NOMBRE TACHADO] acreditan que conocía de tiempo atrás a la disciplinada, toda vez que trabajaron por un lapso de cuatro años en el Hospital San Blas. Indicó que estas pruebas demuestran que la disciplinada, al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios PS 4575 de 2020, debió poner toda su diligencia en cerciorarse que la declaración de la contratista, de no encontrarse incursa en causal de inhabilidad alguna, fuera cierta, dado que, de las pruebas obrantes en el expediente, se infiere que conocía la relación filial de las dos hermanas.
Añadió que la contratista declaró que fue la disciplinada quién la llevó a trabajar a la E.S.E.; por lo cual la conocía, y no era una de los cuatro mil funcionarios y contratistas que laboran en la Subred, al punto que la investigada se designó como supervisora del contrato.
Señaló que la disciplinada fue imprudente al no verificar las causales de inhabilidad antes de suscribir el contrato; indicó que lo que la razón dicta frente a una persona prudente es que si conocía a dos personas que vinculó a una entidad en la que ejerce la dirección, verifique las normas que rigen la contratación estatal y se asegure de que no exista entre ellos ningún vínculo que genere una inhabilidad en materia de contratación estatal, “pero tenemos que ello no ocurrió y que, contrario a lo exigible a los funcionarios de la Subred que participaron en todo el trámite del contrato 4575, fue la contratista quien advirtió la existencia de la inhabilidad y quien tuvo que presentar una carta en la que solicitó la terminación anticipada del contrato.”
Advirtió que la disciplinada cuenta con más de 30 años de experiencia; “por ello, se nos permite exigir un comportamiento prudente en lo que respecta a la contratación estatal y manejo de los recursos públicos”, calificando de manera definitiva el aspecto subjetivo a título de culpa grave.
Fundamentos del recurso: La defensa aseguró que el a quo degradó la modalidad culposa exigiéndole a la investigada un comportamiento diverso, pero “no indicó cual (sic) o de qué manera pudo haber actuado mi defendida”, aclarando que el comportamiento diverso exigido no puede estar por fuera de los deberes, pues podría incurrir en extralimitación de funciones.
Agregó que la exigencia de un comportamiento diverso debe estar precedido de una alerta, advertencia o conocimiento potencial que puesto de presente requiere forzosamente una actuación distinta a la que se efectuó, sin que la primera instancia expusiera un actuar diverso por parte de la disciplinada y precisó:
Nótese que la misma Dirección Distrital de Asuntos Disciplinario de la Alcaldía de Bogotá, “degradó” la culpabilidad de gravísima a grave porque existía una declaración juramentada de la contratista donde indicaba no estar inmersa en inhabilidad alguna y que en su hoja de vida no relacionó a su hermana ni a ningún otro familiar como para que la investigada pudiera alertarse o percatarse de algo extraño para de allí exigir que su actuar ameritara una acción adicional a la efectuada.
Si de las formalidades requeridas para perfeccionar la contratación de [NOMBRE TACHADO], esto es, la declaración juramentada y la hoja de vida donde no mencionó a su hermana, no se evidenciaba una situación irregular, cabe preguntarse entonces ¿por qué se le debe exigir a la doctora [NOMBRE TACHADO] un actuar distinto a la revisión de las formalidades propias de la contratación?
Consideraciones de la Sala – caso concreto: En sede de culpabilidad, la primera instancia calificó de manera definitiva el actuar de la disciplinada con culpa grave porque fue imprudente al no verificar las causales de inhabilidad antes de suscribir el contrato de prestación de servicios con [NOMBRE TACHADO], ante lo cual el recurrente cuestiona que el a quo le exija a la investigada un comportamiento diverso, pero no indique de qué manera pudo haber actuado; además, se recuerda, el apelante no comparte que de los testimonios de Alexandra Natacha Mosquera Florián, Ramón Segura Molina, de la contratista [NOMBRE TACHADO] y de su hermana [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO], la primera instancia concluya que la investigada “conocía o podía conocer del parentesco entre las citadas hermanas”.
Frente a estos argumentos, esta colegiatura advierte que el planteamiento del apelante no tiene vocación de prosperar porque la realización culposa definida por la autoridad disciplinaria aparece claramente establecida en el caudal probatorio, pues se acreditó que la disciplinada tomó la decisión de suscribir el contrato de prestación de servicios PS 4575 de 2020, sin verificar que la contratista no estuviera inhabilitada para contratar con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. que gerenciaba, lo cual revela que su proceder estuvo marcado por el descuido y la inobservancia de sus funciones, al incumplir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el manual de contratación de la entidad y sus funciones como representante legal y ordenadora del gasto, previo a suscribir dicho bilateral.
Según el parágrafo único del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, la culpa es grave cuando se incurre en inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, esto es, cuando el actuar que corresponde esperar de una persona que ejerce funciones públicas no se presenta, y no hay duda de que este grado de culpa, tal y como lo señaló la primera instancia, es el que se configuró en el caso bajo estudio, pues la disciplinada omitió ejercer a cabalidad las funciones para las cuales fue designada como gerente de la Subred, al inobservar negligentemente los deberes a su cargo, el comportamiento que se esperaba de ella es que no suscribiera el contrato de prestación de servicios con [NOMBRE TACHADO], considerando que las normas contractuales (artículo 8.2 literal b); penales (artículo 410, contrato sin cumplimiento de requisitos legales,); manual de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud ESE (artículo 8.2.1, las inhabilidades) y disciplinarias (artículo 48.30 de la Ley 734 de 2002, celebrar contrato con persona incursa en inhabilidad) se lo impedían por la condición de hermana que tiene la contratista con la Directora Administrativa de la entidad a su cargo.
Ahora bien, el apelante alega que su defendida no conocía el parentesco entre las hermanas [NOMBRE TACHADO] y que de las pruebas testimoniales no es posible llegar a esa conjetura, amén de la manifestación que hizo la contratista de no hallarse incursa en causal de inhabilidad, situación que la llevó firmar el contrato de prestación de servicios PS 4575 de 2020, conociendo la inhabilidad sólo cuando la contratista se lo advirtió por escrito
y le solicitó la terminación anticipada del contrato.
Empero, nota esta Corporación que las explicaciones de la defensa no consultan la realidad de lo ocurrido porque no se concibe que a cualquier persona que le diga a la gerente de la Subred “qué tienes para mí por ahí” ella le ofrezca suscribir un contrato de prestación de servicios, lo cual denota una confianza en el trato entre ellas.
Tampoco es creíble que no pudiera relacionar el parentesco de la contratista con su Directora Administrativa, ya que se trata de una de sus inmediatas colaboradoras en la Subred, a quien debía consultar frecuentemente sobre los planes, programas y proyectos que adelantaba esa entidad distrital, conforme se desprende de las funciones del cargo de Directora Administrativa.
Conviene subrayar que, conforme lo refirió el apelante, la disciplinada nombró en ese cargo a [NOMBRE TACHADO] [NOMBRE TACHADO] porque la conocía y requería encontrar posibles soluciones a la grave problemática que representó la pandemia del COVID-19; por lo tanto, la investigada sí estaba en capacidad de saber la inhabilidad que tenía [NOMBRE TACHADO] para contratar con la entidad que dirigía.
En este sentido, se pregunta este cuerpo colegiado si cualquier otro servidor público, en las mismas circunstancias, hubiese suscrito el contrato de prestación de servicios PS 4575 de 2020, ante lo cual, la respuesta, sin hesitación alguna, es negativa, toda vez que al ser la contratación con el Estado un asunto de la mayor importancia, la investigada debió contratar con observancia de los requisitos legales, tarea nada difícil, pues comprende el actuar de cualquier persona razonable y prudente en su misma situación, considerando que las inhabilidades para contratar con el Estado son claras en los regímenes legales referidos en párrafos anteriores, las cuales, como representante legal de la entidad estatal, ordenadora del gasto y responsable de la actividad contractual, le correspondía conocer y aplicar, en cumplimiento de sus deberes, al intervenir en el proceso contractual cuestionado; por el contrario, promovió una contratación directa desplegando un comportamiento negligente digno de reproche.
Sin lugar a dudas, por el contexto en el cual se llevó a cabo el proceso de contratación de [NOMBRE TACHADO], la formación, conocimiento y experiencia de la investigada [NOMBRE TACHADO] como gerente de la Subred y por su conocimiento expreso en temas de contratación e inhabilidades, así como por la declaración de la contratista inhabilitada y los descargos de la disciplinada, referidos a que el proceso de contratación se fundó en que se conocían, este cuerpo colegiado considera que la disciplinada sí obró con culpa grave, esto es, con imprudencia en el cumplimiento de sus deberes funcionales, pues no es explicable que no indagara a quien iba a contratar de manera directa si se encontraba incursa en inhabilidad; por consiguiente, le asiste responsabilidad disciplinaria subjetiva por ausencia del cuidado que debió emplear ordinariamente en el ejercicio de las funciones como ordenadora del gasto de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. del Distrito Capital.
Llegados a este punto, no se puede pasar por alto que está plenamente demostrado que la disciplinada permitió que la contratista [NOMBRE TACHADO] cumpliera obligaciones contractuales con anterioridad a que suscribieran el contrato de prestación de servicios PS 4575 de 2020 y con posterioridad a su terminación anticipada, lo que conlleva a concluir que sí tenían una relación cercana como para no indagarle personalmente si se encontraba inhabilitada.
DECISIÓN DE LA SALA
Desvirtuados los planteamientos presentados por la defensa técnica de la disciplinada, no queda camino distinto que confirmar el fallo de primera instancia del 17 de agosto de 2021, por medio del cual la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá declaró disciplinariamente responsable a [NOMBRE TACHADO]; en consecuencia, se mantendrá tal declaratoria.
Empero, dicha confirmación será parcial, dado que esta Sala, así no lo haya propuesto ninguno de los defensores, evidencia que existen falencias en la enunciación y análisis de los criterios tenidos en cuenta por la primera instancia para dosificar la sanción impuesta, lo cual, en términos del principio de proporcionalidad, resultan insuficientes para sostener con base en ellos el término de suspensión de doce (12) meses impuesto a la disciplinada; de manera que esta instancia considera viable hacer una nueva dosificación de la sanción, considerando que necesariamente el quantum del término de suspensión debe perder intensidad, con lo cual mejorará sustancialmente la situación jurídica de [NOMBRE TACHADO].
Lo anterior, por cuanto todos y cada uno de los criterios establecidos en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, para la graduación de la sanción, tienden a efectivizar el principio de proporcionalidad y a determinar cuáles son las sanciones que corresponden a los distintos tipos de faltas y al grado de culpa con el que las mismas se cometen; de ahí que el legislador fijara unos límites mínimos y máximos dentro de los cuales el operador disciplinario debe moverse a la hora de fijar la sanción; sin embargo, el orden jurídico exige una debida motivación para la dosificación final de la sanción, lo que pasará a hacer esta colegiatura, conforme el siguiente estudio.
En el ítem 6.5.1. de este proveído (decisión de primera instancia - sobre la vulneración del principio de legalidad de las sanciones), se transcribieron las consideraciones que tuvo en cuenta la primera instancia para imponer la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) meses, las cuales esta colegiatura analizará a la luz del artículo 47 de la Ley 734 de 2002, el cual determina los siguientes criterios:
Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta investigada (literal a). El a quo informó que la disciplinada no tiene antecedentes en los últimos cinco años. Sobre este criterio, la Sala advierte que la ausencia de antecedentes disciplinarios es un atenuante que se tiene en cuenta para dosificar la sanción; sirve como fundamento para la dosimetría atendiendo a que el servidor público ha tenido un buen comportamiento funcional, lo cual si bien debe ser el estado natural que debe observarse por todos, no es materialmente lo mismo aplicar una sanción a una persona que no tiene antecedentes que imponerla a otra que ha sido sancionada varias veces, ahí radica la diferencia y el fundamento de ser del atenuante, esto es, la consideración especial que el legislador le reconoce a quien en el ejercicio del cargo no ha dado motivos para cuestionarlo y sancionarlo. Mírese que se establece como agravante el haber sido sancionado, luego, entonces, el no haberlo sido también tiene su trascendencia en la aplicación de la sanción.
La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función (literal b). La primera instancia sostuvo que la disciplinada fue negligente porque se abstuvo de indagar sobre la relación filial entre las hermanas [NOMBRE TACHADO], pese a la relación de confianza y cercanía que existía entre ellas. Frente este argumento, la Sala evidencia que no es dado hacer ese reproche con fundamento en el proceso que se adelanta, sino en atención al ejercicio del cargo, es decir, la buena o mala conducta anterior; así las cosas, no se demostró una negligencia regular por parte de la investigada como gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.; por ello, no puede tenerse como agravante.
Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero (literal c). Sin que el a quo se pronunciara al respecto, del estudio del expediente no se evidencia que la disciplinada fincara su responsabilidad en un tercero.
La confesión de la falta antes de la formulación de cargos (literal d). Es evidente que en el transcurso del proceso la investigada no confesó la falta antes de la formulación de cargos.
Haber procurado por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado (literal e). Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso (literal f). La autoridad disciplinaria de primera instancia indicó que por la naturaleza de la falta no era posible que la investigada reparara el perjuicio causado, lo cual comparte este cuerpo colegiado.
El grave daño social de la conducta (literal g). La primera instancia sostuvo que el comportamiento de la investigada tuvo dos connotaciones: i) puso en peligro el patrimonio de la entidad y ii) contravino el principio de la moralidad. Este análisis, en criterio de la Sala, tiene asidero legal y lógico, en la medida en que la mala gestión contractual amenazó las finanzas públicas; además, porque, conforme lo prevé el artículo 44.1 de la Ley 80 de 1993, el contrato del Estado que celebró la disciplinada resultó ser absolutamente nulo, afectando con ello gravemente los valores y principios del Estado y de la función pública ante la sociedad.
La afectación a derechos fundamentales (literal h). Ante el silencio que guardó la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá sobre este criterio, la Sala estima que la conducta reprochada no menoscabó ninguna garantía constitucional.
El conocimiento de la ilicitud (literal i). Esta colegiatura echa de menos el análisis que debió efectuar el a quo, toda vez que los presupuestos legales, fácticos y probatorios del proceso tienen que ser analizados de manera integral, en atención al amplio margen con que cuenta la autoridad disciplinaria para acoger y analizar las categorías dogmáticas que integran el derecho disciplinario, los criterios que le permitan determinar la gravedad o levedad de la falta y la dosificación de la sanción, conforme al acervo probatorio allegado al proceso. Sobre el particular, la Sala considera que la disciplinada sabía que suscribir un contrato con persona inhabilitada tiene reproche en la legislación disciplinaria y penal.
Pertenecer al nivel directivo o ejecutivo de la entidad (literal j). El a quo probó que la disciplinada se desempeñaba como gerente de la Subred Integrada de Servicios en Salud Centro Oriente E.S.E, y que la conducta reprochada la cometió en calidad de representante legal y ordenadora del gasto; por lo cual, le correspondía controlar la actividad contractual de la entidad, en tal virtud fue que suscribió el contrato de prestación de servicios cuestionado en la presente actuación, el cual, valga recordar, adelantó mediante la modalidad de contratación directa. De donde resulta que su labor no podía circunscribirse a la simple suscripción del contrato, ya que debió asegurarse de que no pesaba ninguna inhabilidad sobre la contratista.
Como se observa, a favor de la disciplinaba convergen más criterios atenuantes que agravantes, lo que significa que la sanción a imponer no puede superar la mitad de la prevista por el legislador.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la falta que cometió [NOMBRE TACHADO] es gravísima a título de culpa grave, que de acuerdo con el artículo 43.9 de la Ley 734 de 2002, debe ser considerada como falta grave, la sanción a imponer es de suspensión en el ejercicio del cargo, conforme lo prevé el artículo 44.3 ídem, cuya separación del ejercicio del cargo como Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. del Distrito Capital, se fijará por el término de TRES (3) meses. De esta manera es claro que legalmente la falta imputada no contempla la sanción de inhabilidad.
OTRAS DECISIONES
En atención a que en el caso bajo estudio se podrían configurar hechos punibles por celebrar el contrato incumpliendo requisitos legales y manifestando bajo juramento que no estaba incursa en inhabilidad por parte de la contratista [NOMBRE TACHADO], se dispondrá a compulsar copia del expediente disciplinario a la Fiscalía General de la Nación.
Igualmente, se ordenará compulsar copias para que la Personería de Bogotá D.C. investigue disciplinariamente el actuar de Alexandra Natacha Mosquera Florián y Ramón Segura Molina, jefe de la Oficina de Talento Humano y director de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. de la Alcaldía de Bogotá, respectivamente, quienes participaron en la etapa precontractual del contrato de prestación de servicios PS 4575 del 19 de junio de 2020, que esa entidad distrital suscribió de manera ilegal con [NOMBRE TACHADO].
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias,
RESUELVE:
PRIMERO: Denegar las nulidades planteadas por la defensa de la disciplinada, referidas a la indebida aplicación del procedimiento verbal y violación sustancial del debido proceso, conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Confirmar parcialmente el fallo de primera instancia que profirió la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá en la sesión de audiencia del 17 de agosto de 2021, en el sentido de declarar disciplinariamente responsable a [NOMBRE TACHADO], identificada con la cédula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en su condición de Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., del cargo único que le fue imputado; sin embargo, la sanción a imponer se fija de manera definitiva en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de TRES (3) meses, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente fallo de segunda instancia.
TERCERO: Por la secretaría de la Sala, notificar el presente fallo de segunda instancia a los sujetos procesales, advirtiéndoles que contra lo decidido no procede recurso alguno; para ello, remitirá copia de la providencia a los correos electrónicos vistos a folio 278 del cuaderno original N° 1.
CUARTO: Por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, remitir las comunicaciones pertinentes a efectos de ejecutar, reportar y registrar la sanción disciplinaria impuesta, conforme lo disponen los artículos 172, 173 y 174 de la Ley 734 de 2002.
QUINTO: Por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, D.C., remitir copia del expediente disciplinario a la Fiscalía General de la Nación y a la Personería de Bogotá D.C., para lo de su cargo, conforme lo referido en el acápite “ VIII. OTRAS DECISIONES” de este proveído.
SEXTO: Por la secretaría de la Sala, previo los registros y anotaciones a que haya lugar, devolver a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, D.C., el expediente que adelantó bajo el radicado 572 de 2021 y el anexo del trámite de recusación, para que adelante todas las gestiones necesarias para el acatamiento de lo aquí dispuesto.
SÉPTIMO: Por la secretaría de la Sala, archivar el expediente del ejercicio del poder disciplinario preferente que se adelantó bajo el radicado IUS E-2021-467444, IUC D-2021-2028390, (consecutivo interno de la Sala 161-8282), dejando copia del presente fallo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
SILVANO GÓMEZ STRAUCH
Procurador Segundo Delegado
Presidente
LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO
Procuradora Primera Delegada
Expediente: IUS E-2021-467444, IUC D-2021-2028390, (161-8282)
SGS/LEGF/coo