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titulo: "CONTRATO ESTATAL CON PERSONA INHABILITADA: la decisión de primera instancia es legalmente válida"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2022-03-15"
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# CONTRATO ESTATAL CON PERSONA INHABILITADA: la decisión de primera instancia es legalmente válida

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL CON PERSONA INHABILITADA
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2022-03-15
- **Radicado:** D 2021-2028390
- **Número:** 202209291432520.DOCX
- **Sección / Sala:** SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202209291432520.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Nulidad por aplicar el procedimiento verbal: Improcedencia
- Directiva: Remisión normativa del Art 21 del CUD es a la Ley 600 de 2000
- Violación al régimen de inhabilidades: Celebración de contrato con contratista inhabilitada
- Declaración de nulidad en proceso disciplinario: Objetivo

## Fundamentos jurídicos

- Ley 600 de 2000
- Ley 80 de 1993
- Ley 734 de 2002

## Extracto

VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Celebración de contrato con contratista inhabilitada CONTRATO ESTATAL CON PERSONA INHABILITADA-Prueba documental Fundamentos del recurso: La defensa técnica indicó que el procedimiento verbal no es aplicable al caso, ya que el artículo 48.30 de la Ley 734 de 2002 no está taxativo como causal en el artículo 175 ídem; por lo cual, se presenta una nulidad del proceso. Por consiguiente, la decisión de primera instancia es legalmente válida, sin que se pueda predicar que se conculcó el debido proceso. Así las cosas, y sin mayores consideraciones, no tiene asidero legal alguno el cuestionamiento del recurrente, teniendo en cuenta que el a quo actuó conforme la directriz que impartió el Procurador General de la Nación como supremo director del Ministerio Público.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL CON PERSONA INHABILITADA, Prueba documental

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: resulta procedente decretar como prueba documental y a instancia de parte](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190062901-71312-auto-interlocutorio-2025-06-06.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado, para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:52001233300020210016701-70818-auto-interlocutorio.md)
- [Consejo de Estado — Las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia y su decreto procederá únicamente en los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020170018001-72306-auto-interlocutorio.md)
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## Texto del documento

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA POR INCUMPLIR RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Gerente de ESE de la Alcaldía Mayor de Bogotá celebra contrato de prestación de servicios con hermana de quien ejercía como Directora Administrativa
NULIDAD POR APLICAR EL PROCEDIMIENTO VERBAL-Improcedencia
No hubo una voluntariedad del a quo para escoger el procedimiento verbal, sino el acatamiento del inciso tercero del artículo 175 visto en precedencia, que así lo dispone, sin que tal decisión ponga en entredicho el pilar del debido proceso que adelantó la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, D.C.; por ello, no es de recibo la nulidad propuesta por la defensa
DIRECTIVA-Remisión normativa del Art 21 del CUD es a la Ley 600 de 2000
VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Celebración de contrato con contratista inhabilitada
Las pruebas documentales que fueron allegadas al plenario demuestran, tal como lo indicó la primera instancia, que al momento en que la gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., aquí investigada, celebró el contrato de prestación de servicios PS 4575, esto es, el 19 de junio de 2020, la contratista se encontraba inhabilitada para contratar con la entidad distrital por ser hermana de quien ejercía el cargo, para ese momento, de Directora Administrativa de esa institución pública distrital, configurándose el tipo disciplinario imputado
DECLARACIÓN DE NULIDAD EN PROCESO DISCIPLINARIO-Objetivo
La declaratoria de nulidad tiene como objetivo corregir protuberantes fallas procedimentales y adecuar el proceso para que cumpla con el fin que persigue, por cuanto las normas que lo regulan están determinadas para que sean respetadas por el juez disciplinario y los sujetos procesales, en tanto persiguen el pleno ejercicio de los derechos, garantías e intereses comprometidos en la causal, siempre que no exista otro medio para subsanar la irregularidad sustancial, sin que ello conlleve la revocatoria del fallo apelado, la absolución del disciplinable o el archivo de las diligencias, como de manera errada lo supone el recurrente
CONTRATO ESTATAL CON PERSONA INHABILITADA-Prueba documental
Esta Sala reconoce que la prueba documental habla por sí sola y, en ese sentido, demuestra en grado de certeza que efectivamente la disciplinada suscribió un contrato Estatal con persona inhabilitada, con lo cual se estructura el tipo disciplinario reprochado, dado que la titular de la competencia funcional para celebrar el contrato lo hizo desarrollando la conducta reprochada, consistente en contratar una persona que se encontraba inhabilitada, es decir, sin acatar este requisito legal esencial para la validez del contrato Estatal, en la medida en que dicho contrato implicó ser absolutamente nulo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 44.1 de la Ley 80 de 1993
DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-Quantum del término de suspensión de a primera instancia debe perder intensidad
Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Aprobado en Acta de Sala N° 09
Radicación N°
IUS E-2021-467444, IUC D-2021-2028390, (161-8282)
Disciplinada
[NOMBRE TACHADO] y entidad
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. del Distrito Capital
Origen proceso
Informe servidor público – Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Fecha hechos
19 de junio de 2020
Asunto
Fallo de segunda instancia
Procurador Ponente: Silvano Gómez Strauch
ASUNTO POR TRATAR
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia que profirió la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, D.C., en audiencia llevada a cabo el 17 de agosto de 2021, dentro del proceso disciplinario que adelantó bajo el radicado 572-2021, mediante el cual declaró disciplinariamente responsable a [NOMBRE TACHADO], sancionándola con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de doce (12) meses.
HECHOS INVESTIGADOS
Mediante Oficio 20211400007003 del 18 de mayo de 2021, el jefe de la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. informó, entre otros hallazgos, posibles irregularidades en la celebración del contrato de prestación de servicios PS 4575 de 2020, suscrito con [NOMBRE TACHADO], quien sería hermana de la Directora Administrativa de esa Subred.
ANTECEDENTES PROCESALES
El 25 de mayo de 2021, la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios inició indagación preliminar en averiguación de responsables y con auto del 11 de junio de 2021, citó a audiencia a [NOMBRE TACHADO], formulándole el siguiente cargo único:
La disciplinada en su calidad de gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria en la forma prevista en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por intervenir como ordenadora del gasto en la celebración del contrato de prestación de servicios No. PS 4575 del 19 de junio de 2020, con la señora [NOMBRE TACHADO], quien al parecer se encontraba incursa en causal de inhabilidad para contratar con la entidad distrital por ser hermana de quien ejerció el cargo de directora administrativa de la institución pública para la época de los hechos.
De manera provisional, la falta se calificó como gravísima cometida a título de culpa gravísima por desatención elemental.
En la sesión de audiencia del 17 de agosto de 2021, el a quo emitió fallo sancionatorio y la defensa técnica interpuso recurso de apelación, el cual se concedió ante el despacho de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
En trámite de la resolución de la alzada, la defensa técnica solicitó que la Procuraduría asumiera el poder disciplinario preferente; razón por la cual, surtido el procedimiento previsto en el Resolución 456 del 14 de septiembre de 2017, el viceprocurador General de la Nación, con auto del 4 de enero de 2022, autorizó a esta Sala para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, decisión que se comunicó en debida forma a los sujetos procesales, a la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá y a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.
El 13 de enero de 2022, se le solicitó a la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá y a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios que remitieran todos los documentos del proceso disciplinario 572-2021 que reposaran en esos despachos, sin que informaran si tenían documento alguno.
Con auto del 20 de enero de 2022, aprobado en Acta de Sala N° 02, esta colegiatura avocó el conocimiento de la actuación, reconoció personería jurídica al defensor, negó una nulidad planteada y reanudó el término de traslado para que los sujetos procesales presentaran alegatos de conclusión previos a proferirse fallo de segunda instancia, los cuales radicó la defensa técnica el 26 de enero de 2022.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios sostuvo que se probó la incursión de [NOMBRE TACHADO] en la falta disciplinaria gravísima prevista en el artículo 48.30 de la Ley 734 de 2002, toda vez que intervino en la celebración del contrato de prestación de servicios que suscribió la Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E. con [NOMBRE TACHADO], hermana de la Directora Administrativa de esa entidad.
Aseguró que la investigada quebrantó el principio de moralidad administrativa, ya que no garantizó que la contratación estuviera desprovista de cualquier elemento subjetivo, en la medida en que uno de los fines de las inhabilidades es garantizar que el vínculo familiar no afecte el proceso de contratación.
Degradó el elemento subjetivo de culpa gravísima por desatención elemental a culpa grave al considerar que la disciplinada fue imprudente al no verificar las causales de inhabilidad antes de suscribir el contrato y señaló: “lo que la razón dicta frente a una persona prudente es que si conoce el vínculo filial que hay entre la contratista y una de sus directoras, es que verifique las normas que rigen la contratación estatal y se asegure que en efecto podía celebrar dicho contrato, pero tenemos que ello no ocurrió; es más, fue la contratista quién tuvo que presentar una carta solicitando la terminación anticipada del contrato.”; además, la contratista “presentó bajo la gravedad de juramento la declaración de que no estaba incursa en causal de inhabilidad e incompatibilidad”.
Así las cosas, y con fundamento en los artículos 44.2, 45.2, 46 y 47 de la Ley 734 de 2002, sancionó a la disciplinada con la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 12 meses.
RECURSO DE APELACIÓN
En la audiencia de fallo, el otrora defensor sostuvo: i) que el procedimiento verbal no es aplicable al caso bajo estudio; ii) que no se puede mencionar la Ley 600 de 2000 en las declaraciones que se recepcionan y iii) que el contrato no se inició porque no se suscribió acta de inicio.
A su turno, en el memorial de alegatos en segunda instancia, la defensa técnica planteó: i) la vulneración del principio de legalidad de las sanciones; ii) la indebida valoración jurídica de las pruebas que sustentaron el cargo y el fallo de primera instancia; iii) la ausencia de la ilicitud sustancial, y iv) la indebida valoración de la culpabilidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO
Competencia
Conforme auto del 4 de enero de 2022, por medio del cual el viceprocurador General de la Nación autorizó el ejercicio del poder disciplinario preferente, esta Sala Disciplinaria es competente para revisar, por vía de apelación, el fallo de primera instancia que profirió la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá D.C., el 17 de agosto de 2021.
Sobre la aplicación del procedimiento verbal
Decisión de primera instancia: En el auto del 11 de junio de 2021, mediante el cual la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios citó a audiencia a [NOMBRE TACHADO], se argumentó que era procedente aplicar el procedimiento verbal “por adecuación a la circunstancia consignada en el último inciso del artículo 175 del CDU, por cuanto al momento de evaluar sobre el mérito para adelantar la investigación disciplinaria, se reúnen los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, estos son: identificación e individualización del sujeto procesal que presuntamente cometió la conducta objeto de reproche disciplinario, la demostración objetiva de la falta investigada y la existencia de pruebas que comprometan la responsabilidad de la investigada.”
Fundamentos del recurso: La defensa técnica indicó que el procedimiento verbal no es aplicable al caso, ya que el artículo 48.30 de la Ley 734 de 2002 no está taxativo como causal en el artículo 175 ídem; por lo cual, se presenta una nulidad del proceso.
Consideraciones de la Sala – caso concreto: El artículo 175 de la Ley 734 de 2002, dispone: “El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve. También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.”
De donde resulta que el supuesto de la conducta tipificada en el numeral 30 del artículo 48 ídem, no está en el listado del inciso segundo del artículo 175 ibídem, lo que, en principio, le da la razón al recurrente; empero, el inciso tercero preceptúa: “En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia”, lo que significa:
Que los eventos previstos en el primero y segundo inciso de la Ley 734 de 2002 no son los únicos que sustentan adelantar un procedimiento verbal.
Que el inciso tercero bajo estudio sólo exige que estén dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, esto es, que exista prueba que objetivamente demuestre la falta y comprometa la responsabilidad del investigado, pues la expresión “en todo caso” implica que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, la determinó como una causal independiente.
Por consiguiente, la decisión de primera instancia es legalmente válida, sin que se pueda predicar que se conculcó el debido proceso. No puede sostenerse que una disposición legal vulnera el debido proceso cuando la misma norma fija los casos en los cuales se debe adelantar el procedimiento verbal, como en el caso bajo estudio.
Como se observa, no hubo una

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ia sostuvo que el comportamiento de la investigada tuvo dos connotaciones: i) puso en peligro el patrimonio de la entidad y ii) contravino el principio de la moralidad. Este análisis, en criterio de la Sala, tiene asidero legal y lógico, en la medida en que la mala gestión contractual amenazó las finanzas públicas; además, porque, conforme lo prevé el artículo 44.1 de la Ley 80 de 1993, el contrato del Estado que celebró la disciplinada resultó ser absolutamente nulo, afectando con ello gravemente los valores y principios del Estado y de la función pública ante la sociedad.
La afectación a derechos fundamentales (literal h). Ante el silencio que guardó la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá sobre este criterio, la Sala estima que la conducta reprochada no menoscabó ninguna garantía constitucional.
El conocimiento de la ilicitud (literal i). Esta colegiatura echa de menos el análisis que debió efectuar el a quo, toda vez que los presupuestos legales, fácticos y probatorios del proceso tienen que ser analizados de manera integral, en atención al amplio margen con que cuenta la autoridad disciplinaria para acoger y analizar las categorías dogmáticas que integran el derecho disciplinario, los criterios que le permitan determinar la gravedad o levedad de la falta y la dosificación de la sanción, conforme al acervo probatorio allegado al proceso. Sobre el particular, la Sala considera que la disciplinada sabía que suscribir un contrato con persona inhabilitada tiene reproche en la legislación disciplinaria y penal.
Pertenecer al nivel directivo o ejecutivo de la entidad (literal j). El a quo probó que la disciplinada se desempeñaba como gerente de la Subred Integrada de Servicios en Salud Centro Oriente E.S.E, y que la conducta reprochada la cometió en calidad de representante legal y ordenadora del gasto; por lo cual, le correspondía controlar la actividad contractual de la entidad, en tal virtud fue que suscribió el contrato de prestación de servicios cuestionado en la presente actuación, el cual, valga recordar, adelantó mediante la modalidad de contratación directa. De donde resulta que su labor no podía circunscribirse a la simple suscripción del contrato, ya que debió asegurarse de que no pesaba ninguna inhabilidad sobre la contratista.
Como se observa, a favor de la disciplinaba convergen más criterios atenuantes que agravantes, lo que significa que la sanción a imponer no puede superar la mitad de la prevista por el legislador.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la falta que cometió [NOMBRE TACHADO] es gravísima a título de culpa grave, que de acuerdo con el artículo 43.9 de la Ley 734 de 2002, debe ser considerada como falta grave, la sanción a imponer es de suspensión en el ejercicio del cargo, conforme lo prevé el artículo 44.3 ídem, cuya separación del ejercicio del cargo como Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. del Distrito Capital, se fijará por el término de TRES (3) meses. De esta manera es claro que legalmente la falta imputada no contempla la sanción de inhabilidad.
OTRAS DECISIONES
En atención a que en el caso bajo estudio se podrían configurar hechos punibles por celebrar el contrato incumpliendo requisitos legales y manifestando bajo juramento que no estaba incursa en inhabilidad por parte de la contratista [NOMBRE TACHADO], se dispondrá a compulsar copia del expediente disciplinario a la Fiscalía General de la Nación.
Igualmente, se ordenará compulsar copias para que la Personería de Bogotá D.C. investigue disciplinariamente el actuar de Alexandra Natacha Mosquera Florián y Ramón Segura Molina, jefe de la Oficina de Talento Humano y director de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. de la Alcaldía de Bogotá, respectivamente, quienes participaron en la etapa precontractual del contrato de prestación de servicios PS 4575 del 19 de junio de 2020, que esa entidad distrital suscribió de manera ilegal con [NOMBRE TACHADO].
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias,
RESUELVE:
PRIMERO: Denegar las nulidades planteadas por la defensa de la disciplinada, referidas a la indebida aplicación del procedimiento verbal y violación sustancial del debido proceso, conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Confirmar parcialmente el fallo de primera instancia que profirió la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá en la sesión de audiencia del 17 de agosto de 2021, en el sentido de declarar disciplinariamente responsable a [NOMBRE TACHADO], identificada con la cédula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en su condición de Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., del cargo único que le fue imputado; sin embargo, la sanción a imponer se fija de manera definitiva en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de TRES (3) meses, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente fallo de segunda instancia.
TERCERO: Por la secretaría de la Sala, notificar el presente fallo de segunda instancia a los sujetos procesales, advirtiéndoles que contra lo decidido no procede recurso alguno; para ello, remitirá copia de la providencia a los correos electrónicos vistos a folio 278 del cuaderno original N° 1.
CUARTO: Por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, remitir las comunicaciones pertinentes a efectos de ejecutar, reportar y registrar la sanción disciplinaria impuesta, conforme lo disponen los artículos 172, 173 y 174 de la Ley 734 de 2002.
QUINTO: Por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, D.C., remitir copia del expediente disciplinario a la Fiscalía General de la Nación y a la Personería de Bogotá D.C., para lo de su cargo, conforme lo referido en el acápite “ VIII. OTRAS DECISIONES” de este proveído.
SEXTO: Por la secretaría de la Sala, previo los registros y anotaciones a que haya lugar, devolver a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, D.C., el expediente que adelantó bajo el radicado 572 de 2021 y el anexo del trámite de recusación, para que adelante todas las gestiones necesarias para el acatamiento de lo aquí dispuesto.
SÉPTIMO: Por la secretaría de la Sala, archivar el expediente del ejercicio del poder disciplinario preferente que se adelantó bajo el radicado IUS E-2021-467444, IUC D-2021-2028390, (consecutivo interno de la Sala 161-8282), dejando copia del presente fallo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
SILVANO GÓMEZ STRAUCH
Procurador Segundo Delegado
Presidente
LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO
Procuradora Primera Delegada
Expediente: IUS E-2021-467444, IUC D-2021-2028390, (161-8282)
SGS/LEGF/coo

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL CON PERSONA INHABILITADA. 2022-03-15. Rad. D 2021-2028390. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202209291432520.DOCX).
