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RECURSO DE APELACIÓN-Fallo sancionatorio en contra del subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros del Municipio de Armenia, por presuntas irregularidades en el contrato 03 de 2020, cuyo el objeto del servicio de almuerzos y refrigerios para las diferentes dependencias de la alcaldía de Armenia, así como para el Ejército y la Policía y demás centros de acopio
CONTRATO ESTATAL-Solemnidades
CONTRATO ESTATAL-Excepciones a las solemnidades según la legislación
COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA-Alcance
CONTRATO ESTATAL-Perfeccionamiento
Sin embargo, la regla general de que todo contrato estatal debe constar por escrito para que se repute su existencia, encuentra una excepción en los casos de urgencia manifiesta, acorde con lo previsto en el inciso 4° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, norma según la cual: «en caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley, que no permitan la suscripción del contrato escrito, se prescindirá de este, y aun del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante [negrilla fuera del texto]».
URGENCIA MANIFIESTA-Procedencia
De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos.
EJERCICIO DE LA ACTIO IN REM VERSO-Según la jurisprudencia del consejo de estado
Bogotá, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)
Aprobado en acta de Sala n°36
Radicación n°
IUS E-2020-145141 - IUC D-2020-1503152 (161-7828)
Disciplinable
[NOMBRE TACHADO]
Cargo y entidad
Subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros - Municipio de Armenia
Origen del proceso
Informe de servidor público
Fecha hechos
Vigencia 2020
Asunto
Fallo de segunda instancia – procedimiento verbal
Procuradora ponente: Luz Estella García Forero
ASUNTO A TRATAR
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, el 17 de junio de 2020, que declaró responsable y sancionó al servidor público [NOMBRE TACHADO] con suspensión e inhabilidad especial por el término de cuatro (4) meses, en su condición de subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros del Municipio de Armenia.
HECHOS
En informe preventivo del 13 de abril de 2020, el procurador provincial de Armenia dio cuenta de posibles irregularidades presentadas en el contrato 03 de 2020, celebrado entre el municipio y la empresa «Guitarra and Coffee SAS», con el objeto del servicio de almuerzos y refrigerios para las diferentes dependencias de la alcaldía de Armenia, así como para el Ejército y la Policía y demás centros de acopio, al amparo del Decreto 144 del 20 de marzo de 2020, por el cual previamente se declaró la urgencia manifiesta en la entidad territorial.
Entre las inconsistencias referidas se encontró que el mencionado contrato fue suscrito el 3 de abril de 2020, pero la ejecución, la entrega de los alimentos, se inició el 1 de abril ibídem por orden de la directora y subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros. Al respecto, el subdirector [NOMBRE TACHADO], actuando como supervisor del contrato, aprobó el pago de los servicios prestados por el contratista el 1 y 2 de abril de 2020, fechas para las que no se contaba con un contrato escrito, por un total de 538 almuerzos por valor de $8.177.600.
ANTECEDENTES PROCESALES
Mediante Resolución 162 del 13 de abril de 2020, el procurador general de la Nación resolvió designar como funcionario especial al titular de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, para asumir el conocimiento de los procesos que tuvieran como origen el informe rendido por el procurador provincial de Armenia.
Conforme a lo anterior, el 14 de abril de 2020, bajo la radicación IUS E 2020 –145141-IUC P2020 –1478339, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dispuso el inicio de indagación preliminar en averiguación.
El 15 de abril de 2020, el procurador primero delegado para la contratación estatal, en uso de las facultades conferidas por el procurador general y con fundamento en el artículo 160 de la Ley 734 de 2002 solicitó al alcalde del municipio de Armenia suspender la ejecución del contrato n.° 03 del 3 de abril de 2020, lo cual se cumplió el 17 de abril, ibídem.
Mediante auto del 23 de abril de 2020, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal ordenó la ruptura de la unidad procesal para que por cuerda procesal diferente se investigara el presunto incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato n.° 03 de 2020, actuación que corresponde al presente radicado [IUS-2020-145141 IUC-D-2020-1503152]. En lo que respecta a los demás hechos informados por el procurador provincial de Armenia, la investigación continuó bajo la radicación IUS-2020-145141 IUC-D-2020-1478339.
Una vez practicadas las pruebas ordenadas en la etapa preliminar, mediante auto del 27 de abril de 2020 se resolvió tramitar la presente actuación por el procedimiento verbal, previsto en el capítulo primero del título XI libro IV de la Ley 734 de 2002, y como consecuencia de ello, se citó a audiencia pública al servidor [NOMBRE TACHADO], en su condición de subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros del municipio de Armenia, con el fin de que respondiera por la siguiente imputación:
[NOMBRE TACHADO] […] en su condición de subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la alcaldía de Armenia puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria al haber autorizado el día 14 de abril de 2020, que se reconocieran y pagaran 538 almuerzos por valor de $8.177.600 al comerciante GUITARRA & COFFEE, por servicios prestados los días 1 y 2 de abril de 2020, sin que mediara contrato que respaldara dichos servicios entre la administración del municipio de Armenia y el citado proveedor.
Como normas vulneradas se citaron el artículo 23 y 34, numeral 1°, de la Ley 734 de 2002, en concordancia con lo previsto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996; artículo 2.8.1.7.3 del Decreto 1068 de 2015 y el Decreto 025 de 2015 (Manual de funciones de la alcaldía de Armenia). Asimismo, se le endilgó la violación de los artículos 6 y 209 de la Constitución Política.
La falta se calificó como grave y se imputó a título de dolo.
La audiencia pública se inició el 4 de mayo de 2020 y continuó los días 12, 18 y 26 de mayo; 8, 13 y 17 de junio de 2020.
En sesión del 17 de junio de 2020, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal profirió el fallo de primera instancia, mediante el cual declaró disciplinariamente responsable al servidor público [NOMBRE TACHADO] y lo sancionó con suspensión e inhabilidad especial por el término de cuatro (4) meses.
La decisión sancionatoria se notificó en estrados a los sujetos procesales; la defensa del disciplinable interpuso y sustentó el recurso de apelación en audiencia del 17 y 24 de junio de 2020. El a quo concedió el recurso, en el efecto suspensivo, para ante esta colegiatura.
El expediente fue recibido por la Sala Ordinaria de Juzgamiento, según constancia secretarial, el 2 de julio de 2020.
En auto del 8 de septiembre de 2020, se corrió traslado por el término de dos (2) días para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 180 de la Ley 734 de 2002; decisión que se notificó por correo electrónico del 10 de septiembre de 2020.
El disciplinable, por intermedio de su defensor, allegó oportunamente el escrito de alegatos.
PROVIDENCIA RECURRIDA
La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal sancionó al disciplinable, a partir de los siguientes razonamientos:
El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 dispone que en situaciones de urgencia manifiesta que no permitan la suscripción de un contrato escrito, se prescindirá de este y aun del acuerdo de la remuneración. No obstante, al respecto deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante.
Lo anterior, no quiere decir que exista una regla jurídica según la cual siempre en los estados de urgencia puede prescindirse de la formalidad escrita del contrato estatal. En efecto, lo que expresa la norma es que cuando ello ocurre, la actuación del servidor debe estar prevalida de un hecho objetivo, esto es, de situaciones de urgencia manifiesta que no permitan la suscripción de un contrato.
Sobre dicho asunto, la agencia Colombia Compra Eficiente ha señalado que la solemnidad del contrato estatal debe aplicarse en condiciones relativamente normales a las situaciones de urgencia manifiesta que no revistan de tanta gravedad.
En el caso concreto, desde los estudios previos se exigieron todos los requisitos de ejecución del contrato, conforme a lo dispuesto en el régimen ordinario de la Ley 80 de 1993. En lo que respecta al mecanismo de selección del contratista, de acuerdo con la situación del momento, correspondió la contratación directa excepcional a las modalidades de selección con pluralidad de oferentes.
En efecto, la administración municipal justificó la contratación en el marco de la urgencia manifiesta generada por la pandemia COVID-19. Sin embargo, desde la elaboración de los estudios previos se indicó que la ejecución iniciaría con la suscripción del contrato y firma del acta de inicio, lo cual se estima como razonable en consideración a que desde el 17 de marzo se tenía conocimiento de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica.
Así las cosas, la entidad podía dentro de los cauces de la contratación directa, cumplir con los requisitos de ejecución que ella misma proyectó se cumplirían a más tardar el 3 de abril de 2020.
En tal forma, no se encontró alguna justificación para que el disciplinable desconociera la normatividad señalada como vulnerada, toda vez que ordenó pagar unos servicios que no tenían respaldo en un negocio jurídico.
Asimismo, no hay razón para que el disciplinable hubiera solicitado dar inicio a la ejecución de la prestación del servicio antes de suscribir el contrato, pues él mismo conoció y asesoró la etapa previa en la que se dispuso que la ejecución iniciaría con posterioridad a la suscripción del contrato y firma del acta de inicio.
En efecto, en relación con los servicios prestados por el proveedor los días 1 y 2 de abril de 2020 (538 almuerzos), por un valor de $8.177.600, no mediaba un contrato que los respaldara. Por tanto, aun cuando se trataba de servicios suministrados al amparo de la urgencia manifiesta, la situación no era de tal magnitud que ameritara dar inicio a la ejecución sin contar con la solemnidad escrita.
Al respecto, la necesidad que se pretendía satisfacer no revestía de tal inmediatez que impidiera a la administración perfeccionar el contrato antes de su ejecución. En efecto, si el municipio se encontraba ante la necesidad de conjurar de manera inmediata la situación, el suministro de almuerzos pactados habría empezado el 25 de marzo de 2020.
Evidentemente, los voluntarios que se desplazaban con recursos propios para atender a la población vulnerable no fueron quienes recibieron los almuerzos entregados por el contratista durante el 1 y 2 de abril de 2020.
De esa manera, se tiene por cierto que el disciplinable, además de haber dado la orden para iniciar la prestación del servicio a partir del 1 de abril de 2020, fue quien le indicó al contratista el lugar de entrega y la cantidad requerida de almuerzos, aspecto sobre el cual era el directamente responsable.
No es de recibo el argumento según el cual, se requería con urgencia la prestación del servicio y que por ello debió iniciarse la entrega de los almuerzos antes del perfeccionamiento del contrato.
Derivado de lo anterior, se considera que el disciplinable vulneró las normas que regulan la contratación estatal, al ordenar el pago de los servicios prestados cuando aún no se había suscrito el contrato, ni constituido las garantías de ley, y tampoco registrado presupuestalmente la obligación.
Está demostrado que los almuerzos se entregaron directamente en el Centro Administrativo Municipal; Batallón del Ejército y Comando del Policía, lo que no resulta acorde, justificado y razonable con las necesidades y justificaciones de la contratación.
En ese orden de idas, el implicado ordenó el pago de unos servicios que además de no tener respaldo contractual y no cumplir con los requisitos de ejecución, tampoco tenían la entidad o gravedad exigida para la hipótesis de obviar las solemnidades contractuales en un estado excepcional generado por la declaratoria de urgencia manifiesta.
RECURSO DE APELACIÓN
La decisión sancionatoria de primera instancia, proferida por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal fue apelada por el defensor del disciplinable en audiencia del 17 de junio de 2020. Como argumentos de impugnación, la defensa expuso los siguientes:
Inexistencia de un deber funcional a partir del cual puede ser estructurada una conducta típica. Lo anterior, en razón a que el disciplinable actuó al amparo de una causa jurídica que le permitía proceder al pago de los días 1 y 2 de abril de 2020, lo cual está dado por la constancia escrita suscrita por el ordenador del gasto.
Inexistencia de ilicitud sustancial.
Inexistencia de responsabilidad subjetiva y menos a título de dolo.
Proporcionalidad en la graduación de la sanción. Desacuerdo frente a los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad de la falta y la dosificación de la sanción disciplinaria.
Con fundamento en lo anterior, el defensor solicitó como petición principal revocar la decisión impugnada y en su lugar absolver al disciplinable. De manera subsidiaria, pidió la disminución de la sanción, ante la no demostración de algunos criterios de agravación valorados por la Delegada de primera instancia.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La defensa del disciplinable presentó en tiempo, ante la Sala Disciplinaria, los alegatos de conclusión en los que insistió en sus argumentos defensivos en forma muy similar a lo expuesto en el recurso de apelación. Al respecto, se centró en los siguientes planteamientos:
- Con respecto a los elementos del injusto disciplinario:
Indicó que las pruebas no se valoraron de manera sistemática e integral, por lo que no obra prueba de la existencia de la falta y responsabilidad del investigado.
En relación con la urgencia manifiesta, sostuvo que en casos excepcionales la ley permite la consensualidad, por lo que es viable bajo dichas circunstancias prescindir de la formalidad escrita del contrato. En efecto, la constancia escrita impartida por la entidad estatal contratante hace las veces de causa jurídica, por mandato del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, norma que establece no una regla de derecho sino una posibilidad legal de perfeccionar consensualmente el contrato.
Dijo que el pago de los servicios prestados el 1 y 2 de abril de 2020 tiene una causa jurídica en el oficio del 1 de abril ibídem, suscrito por [NOMBRE TACHADO], en su condición de ordenadora del gasto delegada.
Lo anterior, a juicio de la defensa, se planteó desde los descargos, pero nunca con el fin de trasladar responsabilidades, como de manera equivocada se concluyó en el fallo para aplicar un agravante de la sanción. Al respecto, lo que se dijo es que ese documento otorga la causa jurídica para el pago de la prestación, cuyo sustento legal se encuentra en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Aseveró que las circunstancias excepcionales que rodearon la contratación quedaron demostradas con la prueba testimonial, cuya valoración no fue suficiente ni tampoco conforme a las reglas de la sana critica. Así, pues, el a quo no tuvo en cuenta lo manifestado por los testigos en cuanto al hecho acaecido el 24 de marzo de 2020, en el que se presentó una aglomeración de gente que reclamaba ayuda humanitaria.
Explicó que en circunstancias excepcionales la constancia escrita, suscrita por el ordenador del gasto es justa causa jurídica para prescindir del contrato en situaciones de urgencia manifiesta. Además, tuvo por demostrado que la situación social de la ciudad ameritaba medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia y al aislamiento obligatorio.
Consideró que la conducta del disciplinable no se enmarca en una prohibición y menos en una falta disciplinaria de índole presupuestal, por cuanto es claro que el subdirector adecuó su conducta a la excepción condensada en el último aparte del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 que habilita la consensualidad.
Para el recurrente, no existió una intención y menos un conocimiento tendiente a transgredir normas de orden público o de carácter presupuestal. En efecto, cuando el disciplinable realizó el pago de los servicios prestados por el contratista proyectó su acción con fundamento en una habilitación legal contenida en la disposición referida, por lo que no existió la afectación al deber funcional.
- Con respecto a la dosificación de la sanción.
A juicio de la defensa, el a quo tuvo en cuenta circunstancias de agravación que no se demostraron en el proceso. En efecto, el disciplinable nunca atribuyó responsabilidad disciplinaria a la señora [NOMBRE TACHADO]. Lo que se pretendió demostrar es que como ordenadora del gasto suscribió la constancia escrita, lo que al tenor del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 hizo las veces de causa jurídica para el pago de los servicios prestados los días 1 y 2 de abril de 2020.
Se reiteró que existe una norma habilitante en sede de urgencia manifiesta que permite el perfeccionamiento excepcional del contrato estatal bajo la filosofía de la consensualidad, con la constancia escrita suscita por el ordenador del gasto. Por consiguiente, de manera subsidiaria, se debe tener por infundada la causal de agravación de la sanción descrita en el literal c) del artículo 47 de la Ley 734 de 2002.
CONSIDERACIONES
7.1 Competencia
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinable, con fundamento en las atribuciones conferidas por el artículo 7° de la Resolución 207 de 2021, modificado por el artículo 1° de la Resolución 219 de 2021.
Lo anterior, en el entendido de que el recurso de apelación fue interpuesto y concedido en legal forma, acorde con la normativa del artículo 180, inciso segundo, de la Ley 734 de 2002.
Cabe precisar que el ámbito funcional de esta Sala se encuentra delimitado por el parágrafo del artículo 171 del CDU, en los siguientes términos: «[e]l recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación».
7.2 Análisis de la Sala
En consideración a los argumentos de impugnación, esta colegiatura abordará los siguientes temas: (i) breve conceptualización de la solemnidad del contrato estatal y la excepción en el caso de urgencia manifiesta; (ii) hechos probados; (iii) responsabilidad del disciplinable.
7.2.1 La solemnidad del contrato estatal. Excepción en casos de urgencia manifiesta
La solemnidad del contrato estatal se encuentra expresamente consagrada en la Ley 80 de 1993 (artículos 39 y 41), en los siguientes términos:
Artículo 39. De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales.
Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.
[…].
Sin embargo, la regla general de que todo contrato estatal debe constar por escrito para que se repute su existencia, encuentra una excepción en los casos de urgencia manifiesta, acorde con lo previsto en el inciso 4° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, norma según la cual: «en caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley, que no permitan la suscripción del contrato escrito, se prescindirá de este, y aun del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante [negrilla fuera del texto]».
En efecto, el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 regula la figura de la urgencia manifiesta de la siguiente manera:
De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos.
Conforme a lo anterior, la Sala destaca que en casos de urgencia manifiesta es posible legalmente prescindir de la formalidad del contrato escrito e incluso del acuerdo sobre la remuneración. Sin embargo, ello no puede significar que todos los contratos celebrados al amparo de esta figura sean de carácter verbal o consensual.
En efecto, la excepción a la forma del contrato escrito únicamente opera en aquellos eventos que imposibiliten de manera inmediata suscribir el contrato. En situaciones de urgencia que no revistan de mayor gravedad, deberá cumplirse con la solemnidad escrita consagrada en la ley como requisito para su perfeccionamiento.
Sobre dicho aspecto, la doctrina ha sostenido lo siguiente:
[…] la misma norma es clara al ordenar que se prescindirá del contrato escrito solo cuando sea imposible lograr el acuerdo ante la premura que amerita la contratación de urgencia, de modo que se trata de una excepción de la excepción, por cuanto la norma exige que en los archivos de la entidad contratante debe quedar constancia de la autorización impartida, en la que lógicamente se deben dejar consignados los elementos más relevantes de la contratación respectiva, esto porque aun cuando se trate de un caso de verdadera urgencia, la manifestación conjunta de la voluntad se habrá presentado y por tanto deberá quedar constancia de ello.
[Negrilla fuera del texto].
Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado al unificar la jurisprudencia en relación con la figura de la actio in rem verso, por enriquecimiento sin causa, en los eventos de ejecución material de un trabajo o servicio sin contrato escrito, sostuvo:
Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales son solemnes puesto que su perfeccionamiento exige la solemnidad del escrito, excepción hecha de ciertos eventos de urgencia manifiesta en que el contrato se torna consensual ante la imposibilidad de cumplir con la exigencia de la solemnidad del escrito (Ley 80 de 1993 artículo 41 inciso 4º). En los demás casos de urgencia manifiesta, que no queden comprendidos en esta hipótesis, la solemnidad del escrito se sujeta a la regla general expuesta.
Así, pues, en el evento de una situación de urgencia manifiesta que dificulte la suscripción del contrato, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante.
7.2.2 Hechos probados:
De conformidad con las pruebas recaudadas en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:
El 17 de marzo de 2020, a través del Decreto 417 expedido por el Gobierno Nacional, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional.
De esta declaración de emergencia resultó que mediante el Decreto 141 del 20 de marzo de 2020 se declaró la situación de calamidad pública en la jurisdicción del municipio de Armenia, con el fin de adelantar las acciones tendientes a la contención y respuesta frente al brote de enfermedad por coronavirus covid 19.
A su vez, por Decreto 144 del 20 de marzo de 2020 se declaró la urgencia manifiesta «como justificación de la modalidad de selección de contratación directa, en el municipio de Armenia […] con el propósito de adoptar las acciones necesarias para prevenir, identificar en forma temprana, diagnosticar y atender la pandemia mundial por el virus covid-19, desplegando los mecanismos que se consideren necesarios para evitar la propagación en la jurisdicción territorial».
En tal forma, el alcalde del municipio de Armenia mediante Decreto 147 del 24 de marzo de 2020 delegó la competencia para adelantar contratos bajo la modalidad de contratación directa por la causal de urgencia manifiesta, en distintos funcionarios del ente territorial. Al respecto, el artículo 4 del citado Decreto delegó «la suscripción de los contratos estatales o la suscripción de la constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante en los términos del inciso 4 del artículo 41 de la ley 80 de 993 (sic), en […] Director del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros tratándose del trámite contractual que tenga por objeto la adquisición de Bienes y Suministros [negrilla de la Sala]».
El 3 de abril de 2020, el municipio de Armenia, representado por la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, [NOMBRE TACHADO] y la empresa «Guitarra and Coffee SAS» celebraron el contrato de suministro 03 de 2020, con fundamento en el artículo 1° del Decreto 144 del 20 de marzo de 2020, por el cual se declaró la urgencia manifiesta en el municipio de Armenia.
En el contrato se pactaron las cláusulas referentes al objeto, forma de pago, valor, plazo de ejecución, perfeccionamiento y supervisión, así:
PRIMERA. OBJETO: “suministro de servicios logístico, operativo y asistenciales para garantizar los servicios logísticos y de restaurante, que requiere el personal administrativo, fuerza pública, organismos de control o voluntariado, que apoyan la gestión del municipio de Armenia para atender la emergencia generada por el coronavirus COVID-19, en el municipio de Armenia”
[…]
TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato asciende a la suma de trescientos millones de pesos mcte ($300.000.000). El contratante pagará a el contratista de acuerdo a los bienes y servicios, acreditando previamente: i) la respectiva factura o documento equivalente; ii) acta o recibido a satisfacción firmado por el respectivo supervisor del contrato y iii) constancia de pago de aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riegos laborales) y parafiscales, a lo que el supervisor o funcionario designado para la vigilancia y control del contrato debe dar su visto bueno.
[…]
CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo de ejecución del presente contrato será desde el tres (3) de abril hasta el 30 de mayo del 2020 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra. De conformidad al estado de emergencia sanitaria decretado por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional.
[…]
SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN. El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito y expedido el debido registro presupuestal, posterior a ello se debe suscribir el acta de inicio para ejecutar el contrato.
OCTAVA. CONTROL Y VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN: La vigilancia y control del presente contrato la ejercerá conjuntamente el jefe de almacén y el subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros […].
Ahora bien, aunque el contrato se suscribió el 3 de abril de 2020, se tiene como hecho cierto y demostrado en el proceso que mediante oficio del 1 de abril de 2020, la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, [NOMBRE TACHADO], en ejercicio de la función delegada mediante el Decreto 147 del 24 de marzo de 2020, solicitó al proponente «Guitarra and Cofee» la prestación de los servicios de restaurante.
En efecto, la referida comunicación se remitió en el siguiente sentido:
De acuerdo al oficio de fecha marzo 26 de 2020, respecto al servicio de almuerzos y refrigerios, una vez realizado el análisis del sector, por la financiera de la entidad y teniendo en cuenta todas las necesidades de las diferentes dependencias de la alcaldía de Armenia, así como para el Ejército y la Policía y demás centros de acopio, le solicito el suministro operativo, logístico y asistenciales para garantizar los servicios logísticos y de restaurante, a partir del 01 de abril de 2020, igualmente se le informa que el proceso de contratación se está adelantando, el cual quedará firmado a más tardar el día tres (3) de abril de 2020 [negrilla fuera del texto].
Asimismo, está acreditado que el acta de inicio del contrato 03 de 2020 se suscribió por el supervisor y el contratista el 3 de abril de 2020, documento en el que se especificó que la ejecución del contrato se contaría desde la fecha de la primera orden de servicios, lo que de conformidad con la comunicación anterior, sucedió el 1 de abril de 2020.
Finalmente, se constató que mediante acta de recibido a satisfacción del 14 de abril de 2020, el señor [NOMBRE TACHADO], en su calidad de supervisor del contrato, aprobó los servicios prestados por el contratista desde el 1° de abril de 2020.
7.2.3 Responsabilidad del disciplinable, de conformidad con el cargo imputado:
A partir de lo expuesto, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal consideró que el disciplinable incurrió en falta disciplinaria por incumplimiento de deberes, al haber aprobado el pago de los almuerzos suministrados por el contratista los días 1 y 2 de abril de 2020, por cuanto para estas fechas no se contaba con el contrato escrito.
A juicio del a quo, no era viable reconocer el pago de los servicios prestados para las fechas referidas, porque incluso tratándose de una contratación efectuada al amparo de la urgencia manifiesta, en todo caso la situación no ameritaba prescindir del contrato escrito.
Al respecto, la Sala disiente del anterior planteamiento por las siguientes razones:
El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 establece que en los casos de urgencia manifiesta en que no sea posible cumplir con la exigencia del contrato escrito se puede prescindir de esta formalidad, no obstante deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante para la ejecución de la prestación.
Conforme a lo anterior, está demostrado que mediante Decreto 144 del 20 de marzo de 2020 se declaró la urgencia manifiesta en el municipio de Armenia con el propósito de adoptar las acciones necesarias para prevenir, identificar en forma temprana, diagnosticar y atender la pandemia mundial generada por el virus covid-19.
Es así que, en virtud de la urgencia manifiesta declarada por el alcalde del municipio de Armenia, la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros solicitó al oferente «Guitarra and Coffee» la entrega de almuerzos para las diferentes dependencias de la alcaldía de Armenia, así como para el Ejército y la Policía y demás centros de acopio a partir del 1 de abril de 2020. De ello da cuenta la comunicación de la misma fecha, suscrita por la referida funcionaria.
En efecto, tratándose del trámite contractual que tuviera por objeto la adquisición de bienes y suministros, el alcalde del municipio de Armenia, a través del Decreto 147 del 24 de marzo de 2020, delegó la competencia para suscribir la constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal en la directora [NOMBRE TACHADO], en los términos del inciso 4 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Así, pues, mediante acta de recibido a satisfacción del 14 de abril de 2020, el subdirector [NOMBRE TACHADO], actuando como supervisor del contrato, aprobó el pago de los servicios prestados por el contratista desde el 1 de abril de 2020. Lo anterior, con fundamento en la autorización impartida por la delegataria de la función contractual y por tanto quien se encontraba habilitada para prescindir del contrato escrito, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Al respecto, es del caso precisar que si hipotéticamente la situación acaecida no revestía de una verdadera urgencia que facultara a la entidad estatal para prescindir de la formalidad del contrato escrito, según lo dio por sentado el a quo, lo cual no comparte la Sala porque se trataba de entregar unos alimentos a miembros de la Policía y el Ejército Nacional y otros servidores, este es un asunto por el que debería ser llamado a responder quien tenía a su cargo la función contractual en la entidad estatal.
En lo que respecta a la actividad funcional del subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros [NOMBRE TACHADO], que según el cargo formulado se concretó en que como supervisor autorizara que se pagaran 538 almuerzos por valor de $8.177.600 sin que mediara el contrato escrito, la Sala reitera que su conducta no se advierte como irregular.
En primer lugar, porque la autorización de pagar los servicios prestados sin que existiera el contrato escrito se dio en el contexto de una urgencia manifiesta declarada por el alcalde de la entidad estatal mediante el Decreto 144 del 20 de marzo de 2020.
En segundo lugar, porque constaba la autorización escrita impartida por el delegatario de la función contractual, lo que se tradujo en un acuerdo de voluntades consensual amparado por la excepción prevista en el inciso 4° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y, tercero, porque está demostrado que los almuerzos, los alimentos que se requería que se entregaran de manera inmediata, fueron efectivamente entregados por el contratista el 1 y 2 de abril de 2020.
Es por ello que, a juicio de esta Sala, la conducta del disciplinable no puede merecer algún reproche cuando los presupuestos exigidos por la ley para que fuera viable prescindir de la solemnidad del contrato escrito, estaban dados según se acaba de exponer. En efecto, está demostrado que los almuerzos sí se entregaron; que la situación de urgencia manifiesta efectivamente existió; y, que además la funcionaria competente para contratar aceptó la oferta y solicitó el suministro de los almuerzos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.
En tal forma, le asiste razón al disciplinable al alegar en su favor, que a falta del contrato escrito que sustentara la prestación de los servicios durante las fechas cuestionadas, el contrato se tornó en consensual por la existencia de una situación de urgencia manifiesta en la que se impartió la autorización para la ejecución de la prestación, la entrega de almuerzos necesitados, por parte de la funcionaria competente de la entidad estatal, siendo este el fundamento para aprobar y reconocer su pago.
Cabe destacar que los estudios previos del contrato precisaron lo siguiente:
Así las cosas, continuando con los programas sociales que ha formulado el municipio de Armenia Quindío, para la atención social derivada de la excepcionalidad generada por el coronavirus COVID 19, en la ciudad se ha avizorado la necesidad de contar con personal administrativo y de contratación, de la fuerza pública y militar, organismos de control, cuerpos oficiales, entre otras personas, a las cuales por sus largas jornadas se les debe garantizar como mínimo un apoyo logístico, operativo y asistencial para garantizar los servicios de restaurante que se requieren, para el adecuado desarrollo de los objetivos propuestos por el municipio.
Es así como el municipio de Armenia, en cumplimiento de sus funciones y en atención de lo acontecido con el coronavirus COVID-19, continúa realizando actividades por medio de sus secretarías y departamentos administrativos, como son, entre otras: 1. La Secretaría de Tránsito. 2. Transporte, Despacho del alcalde. 3. Secretaría de Gobierno y Convivencia. 4. Secretaria de Desarrollo Social. 5. Departamento Administrativo de Hacienda. 2. Secretaría de Salud municipal. (sic) 5. Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, las cuales manifestaron a este departamento administrativo la necesidad de contar con el servicio de alimentación, tendiendo como fundamento las actuales condiciones comerciales y de transporte, las largas jornadas de las actividades administrativas y cívicas para atender la emergencia, las cuales no permiten el normal desplazamiento del personal hasta sus hogares o lugares habituales para su alimentación.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, Departamento Administrativo de Bienes y Suministros (sic) de conformidad a sus funciones, consolidó las necesidades enviadas por las secretarías y departamentos administrativos, las cuales hacen parte integral del presente estudio previo, donde se evidenció la necesidad de contar con apoyo logístico, operativo y asistencial para garantizar los servicios de restaurante que se requieren para el adecuado desarrollo de los objetivos propuestos por el municipio […]
Finalmente, este proceso contractual no puede seguir la vía ordinaria prevista en la Ley 80 de 1993, toda vez que las medidas de aislamiento obligatorio y Estado de Excepción se encuentran en ejecución, por lo que actuar de esa forma generaría un detrimento a las garantías y derechos básicos de la comunidad por un lapso irrazonable, siendo la vía más expedita para la atención de la necesidad la urgencia manifiesta.
[negrilla de la Sala]
En efecto, las distintas dependencias de la administración municipal remitieron al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros los estudios previos en los que la necesidad a satisfacer se centró de manera común en garantizar la alimentación básica de los funcionarios, miembros de la Policía y el Ejército Nacional y contratistas del municipio que debido a la emergencia generada por el covid 19 debían acudir diariamente a cumplir con sus actividades de forma presencial, en albergues o incluso en las calles del municipio.
Nótese que según el anterior documento, que data del 31 de marzo de 2020, la finalidad de la contratación estuvo enfocada en atender las necesidades de alimentación de los servidores públicos y contratistas que se encontraban apoyando la situación de calamidad generada por el covid 19.
Para la Sala, en consecuencia, el pago de los servicios prestados por el contratista el 1 y 2 de abril de 2020, por 538 almuerzos por valor de $8.177.600, se encuentra debidamente soportado en un evento de urgencia manifiesta en el que la necesidad que pretendió satisfacerse imposibilitó cumplir con la solemnidad del contrato escrito, no obstante que el 3 de abril de 2020 este se celebró.
En efecto, ante una situación tan compleja e incierta como lo ha sido la pandemia generada por el Covid 19 resulta comprensible que el municipio atendiera al llamado de las distintas autoridades que reclamaban un apoyo inmediato para atender las necesidades básicas de alimentación de funcionarios y contratistas que se encontraban laborando por fuera de sus hogares y que ese sentido, tenían dificultades para desplazarse a recibir el alimento.
Así, por ejemplo, obra la comunicación del 30 de marzo de 2020 suscrita por el comandante de la Estación de Policía de Armenia, dirigida al secretario de gobierno y convivencia en el siguiente sentido:
De manera atenta y respetuosa me dirijo a su despacho, con el fin tenga a bien autorizar recurso de alimentación para el personal del ESMAD que apoyara el municipio de Armenia Quindío, por un periodo permanente de cuatro (4) meses, lo anterior es necesario toda vez que la Constitución Política de Colombia aduce que la Policía Nacional es un cuerpo civil armado a cargo de la Nación cuyo fin principal es el de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, entre estos el de garantizar las libertades y libre locomoción de los ciudadanos por el territorio del país, se hace indispensable prestar un servicio público de Policía continuo e ininterrumpido, en especial en los diferentes servicios extraordinarios que se presentan (contingencia COVID 19), siendo necesario instalar un servicio de Policía en los diferentes puntos estratégicos a fin de prevenir posibles alteraciones de orden público, cabe mencionar que son jornadas extensas que impide el traslado del personal o separarse del servicio para tomar los alimentos.
[…]
A partir de lo expuesto, no encuentra esta Sala razones para reprochar el comportamiento del disciplinable, quien como se vio actuó al amparo de una situación de urgencia manifiesta debidamente acreditada y que ante la inmediata necesidad de suministrar el alimento, implicó iniciar con la ejecución de la prestación cuando se necesitaba la alimentación y dos días después se elevó el contrato a escrito.
Por lo demás, conviene precisar que la conducta imputada tampoco se advierte como sustancialmente ilícita, pues se trató del pago de 538 almuerzos por un valor de tan solo $8.177.600, cuyos destinatarios fueron entre otros, los policías y militares que apoyaban la contingencia generada por la pandemia, pago que en todo caso, se encontraba respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal n° 20201689 del 31 de marzo de 2020.
7.3 Decisión de la Sala
Como corolario de lo anterior, esta colegiatura concluye que el disciplinable [NOMBRE TACHADO], en su condición de subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros del municipio de Armenia, no puede ser declarado responsable del cargo a él imputado dentro de la presente actuación disciplinaria, por cuanto los hechos en que se fundó no constituyen falta disciplinaria. Lo anterior, se reitera, por cuanto los servicios aprobados por el supervisor se prestaron en el contexto de una situación de urgencia manifiesta que contó con la autorización escrita, impartida por la funcionaria delegataria de la función contractual.
En consecuencia, se dispondrá la absolución del disciplinable en la parte resolutiva de la presente decisión.
En virtud de lo expuesto, la Sala Ordinaria de Juzgamiento, en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias,
RESUELVE:
PRIMERO. Revocar el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal el 17 de junio de 2020, contra [NOMBRE TACHADO] en su calidad de subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros del Municipio de Armenia, conforme las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta decisión
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, absolver de responsabilidad disciplinaria al señor [NOMBRE TACHADO].
TERCERO. Por la Sala Ordinaria de Juzgamiento, notificar esta decisión a los sujetos procesales a las siguientes direcciones de correo electrónico, con la advertencia que no procede recurso alguno.
CUARTO. Por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal informar de las decisiones de primera y segunda instancia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, para lo de su cargo.
QUINTO. Por la secretaría de la Sala Disciplinaria devolver el proceso a la oficina de origen, previos los registros y las anotaciones correspondientes.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
SILVANO GÓMEZ STRAUCH
Procurador Segundo Delegado
Presidente
LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO
Procuradora Primera Delegada
Proyectó. mcrg
Expediente. IUS E-2020-145141 - IUC D-2020-1503152 (161-7828)