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LA RESCILIACIÓN O MUTUO DISENSO-Noción y alcance según la jurisprudencia del consejo de estado
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES-Viabilidad de acumular pretensiones de carácter contractual y civil extracontractual
CONTRATO ESTATAL-Causales de nulidad
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA-Casos en que no procede
CONTRATOS-Efectos de la declaración judicial de nulidad
En ese sentido, el artículo 1746 del Código Civil establece que la declaración de nulidad judicial da a las partes el derecho de ser restituidas al mismo estado en que se hallaban si no hubiera existido el contrato, a menos que exista un objeto o causa ilícita. A su turno y en concordancia, el artículo 1525 del Código Civil preceptúa que no se puede repetir lo que haya dado o pagado si hubo un objeto o causa ilícita; sin embargo, en materia administrativa, las cosas pueden ser diferentes ya que el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, admite que sí las haya, siempre y cuando se llegue a probar que la entidad estatal se benefició.
INDICIOS-Comprensión valorativa
Frente a los indicios de comprensión valorativa, se dice que estos se relacionan con la capacidad del sujeto para comprender los alcances de la significación antijurídica formal del acto o el engaño frente a la comprensión de las normas, lo cual nuevamente tiene que ver con su predicada solvencia jurídica para atender procesos contractuales de cualquier índole y por tanto su capacidad jurídica para analizar normas como las de este caso, de contenido y alcance tributario en torno a sus atribuciones y facultades sobre el cobro de las obligaciones ante el fisco, máxime cuando las normas no permiten la actuación de particulares para ello, como tampoco la violación de la reserva de la información tributaria, pues las normas que se pronuncian sobre el tema son clarísimas en determinar su contenido y alcance, como ya lo señalamos en el estudio del objeto contractual a lo largo de este concepto.
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA-En materia tributaria solo se puede hacer en los funcionarios competentes para el recaudo de los impuestos
CONTRATO-Objeto ilícito en los contratos estatales
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO- Elementos estructurales según la jurisprudencia del Consejo de Estado
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que los elementos que conforman la responsabilidad civil extracontractual son cuatro a saber: i) daño, ii) acontecimiento que lo genera, iii) relación de causalidad e iv) imputación, reconociendo que deben estar todos reunidos para que la declaración de responsabilidad sea procedente.
PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA
ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
CONCEPTO No 041/2021
Bogotá, D.C., 4 de mayo de 2021
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente Doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE : 66001 23-33-000-2012-00119-02 (66.284)
MEDIO DE CONTROL : REPARACIÓN DIRECTA y CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
DEMANDANTE : CONSORCIO IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES - CISE
DEMANDADO : MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN.
El Ministerio Público presenta su concepto en el proceso de la referencia, en el cual se abordarán los siguientes puntos de análisis:
ANTECEDENTES
Demandantes, hechos, argumentos de la demanda, pretensiones y alegatos ante la primera instancia
Demandado, contestación, excepciones y alegatos ante la primera instancia
Sentencia de primera instancia
Apelación de los demandantes
Alegatos de las partes en segunda instancia
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Saneamiento del proceso
Verificación de presupuestos para incoar la acción
Competencia
Legitimación
Conciliación
Caducidad
Problema Jurídico
Acumulación de pretensiones
Recuento cronológico – fechas hito para resolver el problema jurídico
Análisis del tema contractual
Sobre las pretensiones de resorte contractual
Condiciones para la reclamación
Viabilidad de las pretensiones - Coherencia entre las pretensiones y los argumentos fácticos
Salvedades en la liquidación
Validez del negocio jurídico – objeto contratado y nulidad del contrato 046 de 2006
Estudio de los posibles beneficios para el Estado
Examen de la conducta de las partes activa y pasiva
Conclusiones acerca de los perjuicios alegados por la terminación anticipada del contrato 046 de 2006
Análisis de los argumentos del apelante respecto al tema contractual
Estudio de las pretensiones encaminadas a obtener una reparación directa
Observaciones frente a la sentencia de primera instancia
Conclusiones
Condena en costas
CONCEPTO
ANTECEDENTES
DEMANDANTES, HECHOS, ARGUMENTOS DE LA DEMANDA, PRETENSIONES Y ALEGATOS ANTE LA PRIMERA INSTANCIA
Demandantes: El presente medio de control fue instaurado por el representante judicial designado por los miembros del consorcio de la referencia integrado por las empresas CNID S.A.S. Y SERVINFORMACIÓN S.A. con participación del 60% y 40% respectivamente.
Hechos:
1. El Municipio de DOSQUEBRADAS suscribió con la empresa MULTISERVICIOS S.A., el convenio interadministrativo 008 de 2006, para el desarrollo del proyecto “fortalecimiento de la estructura tributaria y financiera del municipio a través de la modernización tecnológica y fortalecimiento de la gestión tributaria”, en este se autorizó a MULTISERVICIOS S.A. para contratar con una empresa privada el desarrollo de dicho convenio. De manera similar ocurrió en el Municipio de PEREIRA.
2. La sociedad MULTISERVICIOS S.A. seleccionó al consorcio CISE para tal operación y celebraron el contrato 046 el 7 de diciembre de 2006, cuyo objeto era “el suministro tecnológico y la asistencia técnica a Multiservicios S.A. para lograr la modernización tecnológica que permita el incremento del recaudo de los impuestos municipales de Pereira y Dosquebradas”, con un plazo de 19 años a partir de la suscripción del acta de inicio y con una forma de pago consistente en: i) Una comisión fija del 88%, liquidado sobre el cuatro por ciento (4%) de los ingresos causados por el recaudado de impuesto de cada uno de los entes territoriales, hasta cumplir el valor estipulado del marco fiscal definido en el cuadro número 1 del capítulo V del estudio técnico y se pagaría por mensualidades vencidas, durante los años 2006 al 2010, ii) Una comisión variable durante los años 2007 a 2010 del 88%, liquidado sobre el 25% del mayor valor de los ingresos causados por el recaudo de impuesto de cada ente territorial, a partir del momento en que se cumpla la meta de recaudo anual estipulado por el marco fiscal contenido en el cuadro número 1 del capítulo V del estudio técnico y se pagaría por mensualidades vencidas, y iii) Una comisión variable para los años 2011 al 2025 del 88%, liquidado sobre 20% calcado sobre el mayor valor de los ingresos recaudados por cada ente territorial, a partir del momento en que se cumpla con la meta estipulada en el marco fiscal contenido en el cuadro número 1 del capítulo V del estudio técnico, pagándose por mensualidades vencidas.
3. Estando en ejecución el contrato y sin haber expirado el término, el Municipio de Pereira en el año 2008 dio por terminado de manera unilateral el convenio interadministrativo número 442 suscrito entre ese municipio y MULTISERVICIOS S.A. y pese a los recursos de MULTISERVICIOS S.A. la decisión quedó en firme el 6 de enero de 2010. Esto significó que la empresa MULTISERVICIOS S.A. quedara en imposibilidad de dar cumplimiento al contrato 046 de 2006 celebrado con el consorcio demandante.
4. Ante tal panorama MULTISERVICIOS S.A. y el consorcio CISE suspendieron el 26 de mayo de 2009 el contrato 046 de 2006, por 6 meses y dentro de ese término la parte actora presentó ante la empresa MULTISERVICIOS S.A., 2 reclamaciones solicitando el reconocimiento de sobrecostos financieros, la mora en el incumplimiento de diversas obligaciones del consorcio, así como la imposibilidad de recuperar la inversión inicial y de obtener la utilidad esperada.
5. Ante la situación presentada y la consecuente imposibilidad de ejecución del contrato por parte de la empresa MULTISERVICIOS S.A. el Consorcio CISE accedió a terminar de mutuo acuerdo el contrato de operación 046 de 2006. Dicha terminación se formalizó el 17 de diciembre de 2009.
6. Finalizado el contrato 046 de 2006 se procedió a su liquidación por mutuo acuerdo el día 17 de febrero de 2010, en la cual se acordó que MULTISERVICOS debía pagar por concepto de la ejecución alcanzada y el contratista acepto el plazo para el pago y además indicó que presentaba reclamación respecto de: i) la recuperación de la inversión inicial, ii) los intereses moratorios, iii) el servicio prestado en el 2009, y iv) el valor de la indemnización derivada de la privación injusta de obtener la utilidad esperada, toda vez que MULTISERVICIOS S.A. no le reconoció ninguno de esos valores y por ende el CONSORCIO CISE se reservó expresamente la facultad de reclamar judicialmente el reconocimiento y pago de estos conceptos.
7. Durante la ejecución del contrato, la demandante aduce haber cumplido a cabalidad sus obligaciones tal y como lo certificó el interventor GLOBAL CORPORATION S.A. el 17 de febrero de 2010.
8. No obstante la terminación y liquidación del contrato 046 de 2006, la empresa MULTISERVICIOS S.A. le prestó directamente el servicio al Municipio de DOSQUEBRADAS para cumplir el convenio interadministrativo 008 y según el demandante, lo hizo los bienes, equipos, programas e inversiones de propiedad de CISE, sin que a la fecha el Municipio de DOSQUEBRADAS o la sociedad MULTISERVICIOS hayan compensado o pagado el valor del uso de esos bienes al consorcio.
9. Mediante acta de terminación anticipada de mutuo acuerdo, del día 30 de julio 2010, MULTISERVICIOS S.A. y el Municipio de DOSQUEBRADAS dieron por finalizado el convenio interadministrativo número 008 de 2006 suscrito entre estos.
10. El día 14 de junio de 2011, ante la Procuraduría 151 Judicial Penal II de Pereira, se celebró conciliación extrajudicial entre el Municipio de DOSQUEBRADAS y la Empresa MULTISERVICIOS S.A. con el CONSORCIO CISE, mediante la cual, el ente territorial se comprometió a pagar al demandante la suma de $3.500.000.000.oo por concepto de servicios prestados y no remunerados hasta la terminación del contrato, así como la compensación por el uso de los equipos y bienes inmateriales adquiridos por el consorcio y destinados para la operación del servicio, pero dicha conciliación no fue aprobada por el Tribunal Administrativo de Risaralda como lo indica la providencia del 15 de marzo de 2012.
Argumentos de la demanda: aunque los demandantes tienen claro que el acuerdo conciliatorio no fue aprobado y que se reservaron el derecho de acudir a la jurisdicción contenciosa en vista de las salvedades que dejaron plasmadas en la liquidación del contrato 046 suscrito entre MULTISERVICIOS S.A. y el Consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE, se permiten demandar al Municipio de DOSQUEBRADAS por cuanto aducen que si bien no existe una relación contractual con el ente territorial, sí existe una relación conexa derivada del vínculo directo surgido a partir de la autorización que el Municipio en mención le dio a la empresa MULTISERVICIOS S.A. para subcontratar lo que se le había encomendado, máxime teniendo en cuenta que el Municipio fue el único beneficiario de los servicios prestados por el demandante al haberse servido de las inversiones realizadas, y de los bienes adquiridos y destinados única y exclusivamente para la ejecución del contrato por parte del consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE.
Indica que la utilización de los equipos, programas y demás bienes que constituyen la inversión inicial del contratista, se convierten en un beneficio para los demandados en detrimento patrimonial de los demandantes; aunado al hecho por el cual, a consecuencia de la terminación anticipada del contrato, se les impidió de manera injustificada el derecho a percibir las utilidades esperadas en el contrato.
Señala que constituye fuente de responsabilidad para el Municipio de DOSQUEBRADAS el hecho de que fue esta entidad fue la que diseñó el contrato celebrado entre MULTISERVICIOS S.A. y el Consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE, mediante la estructuración y celebración del convenio interadministrativo número 008 de 2006 suscrito entre el ente territorial y MULTISERVICIOS S.A., toda vez que en este se plantea el modelo económico y financiero incorporado en el contrato estatal 046 de 2006 celebrado entre MULTISERVICIOS S.A. y los demandantes.
Como pretensiones solicitan las siguientes:
“Principales
1. Que se declare que la empresa MULTISERVICIOS S.A. y el Municipio de Dosquebradas son responsables de los perjuicios causados a los integrantes del CONSORCIO CISE, como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de operación número 046 del 7 de diciembre de 2006, los cuales están representados por los siguientes conceptos: i) la imposibilidad de recuperar la inversión realizada única y exclusivamente para la ejecución del contrato y conforme a la obligación establecida en el mismo, ii) la imposibilidad de obtener la utilidad esperada por la ejecución del contrato.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las demandadas a pagar de manera solidaria a favor de los integrantes del CONSORCIO CISE, las sumas de dinero que se establezcan pericialmente en el proceso, por concepto de los perjuicios sufridos como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de operación número 046 del 7 de diciembre de 2006.
3. Que se condene en costas a las entidades demandadas.
Primeras subsidiarias
1. Que se declare que la Empresa MULTISERVICIOS S.A. y el Municipio de Dosquebradas son responsables de los perjuicios causados a los integrantes del CONSORCIO CISE, como consecuencia de la terminación anticipada el contrato de operación número 046 del 7 de diciembre de 2006, los cuales están representados por los siguientes conceptos: i) la imposibilidad de recuperar la inversión realizada única y exclusivamente para la ejecución del contrato y conforme a la obligación establecida en el mismo, ii) la imposibilidad de obtener la utilidad esperada por la ejecución del contrato.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las demandadas a pagar de manera conjunta a favor de los integrantes del CONSORCIO CISE, las sumas de dinero que se establezcan pericialmente en el proceso, por concepto de los perjuicios sufridos como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de operación número 046 del 7 de diciembre de 2006.
Segundas subsidiarias:
1. Que se declare que la Empresa MULTISERVICIOS S.A. y el Municipio de Dosquebradas son responsables de los perjuicios causados a los integrantes del CONSORCIO CISE, como consecuencia de la terminación anticipada el contrato de operación número 046 del 7 de diciembre de 2006, los cuales están representados por los siguientes conceptos: i) la imposibilidad de recuperar la inversión inicial, y/o ii) la imposibilidad de obtener la utilidad esperada por la ejecución normal del contrato.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene al Municipio de Dosquebradas a pagar a favor de los integrantes del CONSORCIO CISE, las sumas de dinero que se establezcan pericialmente en el proceso, por concepto de los perjuicios sufridos como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de operación número 046 del 7 de diciembre de 2006”. (Subrayado del Ministerio Público).
Alegatos ante la primera instancia: los accionantes reiteran lo expresado en la demanda.
1.2. DEMANDADO, CONTESTACIÓN, EXCEPCIONES Y ALEGATOS ANTE LA PRIMERA INSTANCIA
Demandado: El medio de control se instauró contra el Municipio de DOSQUEBRADAS y la sociedad de economía mixta MULTISERVICIOS S.A. (en liquidación).
Contestación del Municipio: Por medio de representante judicial el Municipio de DOSQUEBRADAS, se opuso a las pretensiones incoadas por el consorcio demandante por cuanto las relaciones contractuales, y las reglas de operación y ejecución establecidas entre MULTISERVICIOS S.A. y la parte demandante, son ajenas a la entidad territorial accionada.
Excepciones propuestas por el Municipio: i) Indebida acumulación de pretensiones, toda vez que aduce que se equivoca la parte actora al pretender renunciar motu proprio a la cláusula compromisoria existente entre el consorcio CISE y la empresa MULTISERVICIOS S.A; ii) Falta de competencia: porque el juez contencioso administrativo de ninguna manera podría conocer un asunto donde se encuentra pactada la cláusula compromisoria, sobre todo cuando la misma conserva plena vigencia entre las partes; iii) Ausencia de los elementos constitutivos de responsabilidad del Estado; iv) Ausencia de vínculo entre el Municipio de DOSQUEBRADAS y el Consorcio CISE; v) Inexistencia del nexo causal frente a las imputaciones formuladas (deficiencias probatorias advertidas en la etapa de conciliación extrajudicial que permanecen en el juicio ordinario).
Sobre la i) y la ii) el Consejo de Estado se pronunció en este proceso y las denegó. En cuanto a las excepciones iii), iv) y v), dado que hacen parte del fondo de la controversia, se decidirán en la sentencia.
Contestación de la sociedad sociedad de economía mixta MULTISERVICIOS S.A. (en liquidación): no contestó la demanda.
Alegatos del Municipio: el ente territorial insiste en que no hay nexo causal porque el contrato 046 de 2006 no fue suscrito por él, aunado al hecho de que en el contrato aludido se dijo que la empresa MULTISERVICIOS S.A. sería responsable de las obligaciones con el contratista.
Como hecho nuevo agrega que el demandante no se constituyó como parte y acreedor dentro del proceso de liquidación de MULTISERVICIOS S.A., siendo ese el escenario administrativo idóneo para que dicho consorcio reclamara las presuntas acreencias que consideraba pendientes como producto del contrato que suscribió, y que, aunque en el proceso obra un dictamen pericial, en este no se acredita que las sumas que el demandante reclama se deban a una acción u omisión del ente territorial. Adicionalmente señala que existe una nulidad por indebida notificación de la demanda a la empresa MULTISERVICIOS S.A.
Alegatos de la sociedad sociedad de economía mixta MULTISERVICIOS S.A. (en liquidación): no presentaron.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 31 de julio de 2020 la Sala Dual de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, después de un largo recuento procesal relacionado con la pérdida temporal del expediente y los numerosos impedimentos de distintos jueces y conjueces, admitió la demanda el 22 de septiembre de 2015, y luego dio por terminado el proceso aduciendo falta de jurisdicción, hecho que fue apelado y en consecuencia corregido por el Consejo de Estado.
Aceptados los argumentos de la segunda instancia, el tribunal retomó el caso y realizó múltiples sesiones para desarrollar la audiencia inicial, practicó pruebas y finalmente en la sentencia señaló que los problemas jurídicos se contraían a resolver los siguientes temas:
“Principales: ¿Es procedente el medio de control de reparación directa en los eventos en que se pretende resarcir los daños causados por la celebración de un contrato estatal, que judicialmente fue declarado nulo por objeto ilícito? ¿En tal caso, qué presupuestos deben acreditarse para exista daño antijurídico atribuible a la administración municipal? ¿Si la causa de la nulidad del contrato estatal es el objeto o causa ilícita, es pertinente repetir o pagar lo dado, sabiendas de la ilicitud? ¿Resulta procedente solicitar perjuicios causados por la terminación de anticipada de dicho contrato?
Asociados: ¿Qué efectos genera la nulidad absoluta de un contrato estatal por objeto ilícito, declarada judicialmente? ¿En los eventos de nulidad contractual por objeto ilícito hay lugar a las restituciones mutuas?
Frente al caso concreto indicó: Se establecer si la Empresa MULTISERVICIOS S.A. (liquidada) y el Municipio de Dosquebradas, son responsables contractual y extracontractualmente, respectivamente por los perjuicios ocasionados al Consorcio Impuestos y Servicios Eficientes – CISE como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de operación número PSP 046 del 7 de diciembre de 2006, el cual fue declarado judicialmente nulo por objeto ilícito, mediante providencia del 21 de agosto de 2015 proferida por la Sala de Decisión de Conjueces de este Tribunal; pues aduce la parte actora que se le causaron pérdidas constituidas en: i) incumplimiento en el pago de la contraprestación y ii) imposibilidad de recuperar la inversión inicial y de obtener la utilidad esperada”.
Para resolver el caso, el tribunal revisó el material probatorio y recalcó que aunque el Acuerdo Municipal 042 de 2005 emitido por el Concejo Municipal de PEREIRA, fue la base para el convenio interadministrativo N° 442 de 2006 suscrito por el Municipio de PEREIRA y la sociedad MULTISERVICIOS S.A., dicho Acuerdo había sido anulado mediante sentencia proferida por ese mismo tribunal el 22 de junio de 2006, en tanto en aquella oportunidad consideraron que el Concejo Municipal no tenía la atribución funcional de fiscalizar las rentas del Municipio y por lo tanto no tenía la facultad para delegar esa gestión en el Alcalde, y mucho menos señalarle el contratista que este debía seleccionar para delegar la atribución que había recibido, toda vez que en el Acuerdo 042 de 2005 claramente se indicó que el Municipio debía delegar esa función en la Sociedad de Economía Mixta MULTISERVICIOS S.A.
Trajo a colación lo que el demandante precisó sobre las consecuencias de esa nulidad en el municipio de PEREIRA y la posterior declaración de nulidad que luego en el año 2015 emitió ese mismo tribunal, pero en esta ocasión respecto del contrato 046 de 2006 suscrito entre MULTISERVICIOS S.A y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE, cuya demanda fue promovida por la Procuraduría General de la Nación, destacando que en esa sentencia se declaró dicha nulidad de conformidad con el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que establece que los contratos serán nulos de manera absoluta cuando a su vez se hayan declarado nulos los actos en los que se sustentaron.
Respecto del Municipio de DOSQUEBRADAS realizó importantes y extensas consideraciones sobre los efectos de la nulidad absoluta por objeto ilícito de un contrato en materia civil, denotando que según los artículos 1746 y 1525 del Código Civil, las restituciones mutuas de las partes no procedían ante la declaratoria de nulidad absoluta, si las partes o alguna de ellas habían obrado a sabiendas de que el objeto era ilícito.
Luego denotó las diferencias de las consecuencias que una declaratoria de nulidad absoluta pero ya no en un contrato civil sino administrativo, recalcando que en esta jurisdicción se evalúa si a pesar de lo ilícito del objeto contractual, se generaron beneficios para la entidad, ya que en estos casos el estado debe reconocerlos, pero recordó que el Consejo de Estado ha señalado que no basta con verificar si hubo beneficios, sino que también se hace necesario evaluar la conducta de las partes.
Acerca del caso en particular señaló que el Consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE debía conocer de la nulidad del Acuerdo 042 de 2005 del Consejo de PEREIRA, porque una sentencia es oponible a todas las personas, y llegó a la conclusión de que las pretensiones contractuales contra el Municipio de DOSQUEBRADAS, no se podían reconocer porque este no tenía negocio alguno con el consorcio y por lo tanto solo podían proceder reclamaciones extracontractuales siempre y cuando el daño antijurídico estuviera acreditado, anotando que:
“quien se obliga mediante acuerdo contractual concurre libremente al negocio jurídico y le asiste el deber de diligencia mínimo de verificar las condiciones y viabilidad del negocio jurídico al que se compromete, máxime que antes del proceso de selección del contratista y de la celebración del contrato declarado nulo, medió pronunciamiento judicial que estableció la incompetencia de delegar la función administrativa de fiscalización de impuestos municipales a cargo de un particular, como lo era la entidad demandante”. (Negrillas del Ministerio Público).
Así mismo adujo que los beneficios para el Municipio de DOSQUEBRADAS no estaban acreditados, y en virtud de lo todo lo anterior negó las súplicas de la demanda.
APELACIÓN DE LOS DEMANDANTES.
Los recurrentes sostienen que:
i) No hay ilicitud en el contrato 046 de 2006 porque ellos no recaudaron impuestos, sino que su participación se limitó a tecnificar la operación para que el Municipio de DOSQUEBRADAS pudiera mejorar su recaudo tributario.
ii) Consideran que el tribunal de origen se equivoca en sus apreciaciones sobre el conocimiento de la ilicitud del contrato 046 de 2006 que les adjudican, precisamente porque este no tiene nada de ilícito y por eso mismo no pudieron haber obrado dolosamente, pretendiendo obtener beneficios de algo ilegal.
iii) Señalan que el contrato 046 de 2006 no tuvo fundamento en el Acuerdo 042 de 2005 y que por eso la anulación de Acuerdo en mención no impacta en el contrato 046 de 2006.
iv) Aducen que el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE no fue quien diseñó el contrato 046 de 2006 y por lo tanto no puede hacerse responsable de los errores en su estructuración; agregando que en su calidad de contratista cumplió con todas las obligaciones del contrato como lo certificó el interventor, y que, si hubiera actuado de mala fe, no hubiera hecho una inversión tan grande con el riesgo de perderla.
v) En cuanto al valor del contrato señaló que este no es ilegal porque los impuestos eran recaudaos por el Municipio, y que, si bien es cierto que el porcentaje pactado dependía del recaudo de los tributos, la sociedad MULTISERVICIOS S.A. era quien le pagaba sus honorarios, de modo que no entiende por qué el tribunal los acusa de recibir sus primeros pagos directa o automáticamente de los tributos.
vi) Indican que el Municipio de DOSQUEBRADAS sí se benefició del contrato 046 de 2006 porque vio incrementado su recaudo tributario, y para demostrarlo señalan que el acta de conciliación desaprobada por el tribunal revela en su contenido los beneficios que el ente territorial admitió, así como el testimonio del señor [NOMBRE TACHADO], y también el dictamen pericial obrante en el proceso, como la contraprestación que inicialmente recibieron en retribución por los primeros años de ejecución del contrato.
1.5. ALEGATOS DE LAS PARTES EN SEGUNDA INSTANCIA
Demandantes:
El Consorcio CISE recapituló sobre los hechos de la demanda, reiteró sus pretensiones e indicó que para el reconocimiento de los perjuicios bien podría reconocerse las utilidades dejadas de percibir o, admitir el pago de los valores invertidos para la ejecución del contrato, y para el efecto acudió al dictamen pericial obrante en el proceso así como a la aclaración y complementación del mismo, concluyendo que el valor derivado de la imposibilidad de recuperar la inversión inicial es de $2.897.734.663 millones de pesos junto con los rendimientos financieros que dejaron de percibir, y que la utilidad dejada de percibir asciende a la suma de $3.423.000.000 millones de pesos.
Así mismo se pronunciaron sobre la viabilidad de la acumulación de pretensiones contractuales y de reparación directa, recalcando que, como uno de los presupuestos para que ello se permita es que ninguna de las acciones haya caducado, llegó a la conclusión de que dicho fenómeno no había ocurrido y que por ende era viable la acumulación.
Sobre el aspecto jurídico manifestaron que el hecho de que el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE hubiera accedido a terminar el contrato 046 de 2006 de buena fe con el fin de evitar el agravamiento de los perjuicios que se le estaban causando, no significaba en modo alguno, que estuvieran renunciando a la reclamación de los perjuicios derivados de la terminación anticipada del contrato y al cobro por la utilización que MULTISERVICIOS S.A. y el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS S.A., hicieron de los bienes adquiridos y de las inversiones realizadas por el consorcio para la ejecución del contrato, anotando que de todo ello se dejó expresa salvedad en la liquidación del contrato con MULTISERVICIOS S.A.
Reiteró que el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS sí se había beneficiado del contrato 046 de 2006 y que era responsable por haber diseñado, estructurado y planeado el modelo económico, financiero y contractual contenido en el contrato celebrado entre MULTISERVICIOS S.A. y CONSORCIO CISE.
Demandados:
1) MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
El representante del Municipio manifestó que se debe mantener la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda quien adujo que no se encontró probada la responsabilidad del ente territorial frente al daño alegado por la parte demandante dados sus análisis en torno a i) La declaratoria judicial de nulidad absoluta del contrato 046 de 2006, ii) La figura de nulidad absoluta por objeto ilícito y, iii) Los efectos de una nulidad absoluta por objeto o causa ilícita respecto a la improcedencia de las restituciones mutuas.
Acerca del tema contractual recalcó lo que dijo el tribunal de origen al señalar que la responsabilidad que se le imputa al Municipio de DOSQUEBRADAS no puede configurarse como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, puesto que la demanda ni tiene pretensiones contractuales, y reiteró que el ente territorial no tuvo relación contractual con el consorcio, así como lo extraño que le resultaba el hecho de que el consocio no se hubiera vinculado con sus acreencias al proceso de liquidación de MULTISERVICIOS S.A.
En cuanto al daño antijurídico precisó el mismo no existía y mucho menos un nexo de causalidad del que se pudiera predicar la responsabilidad del Municipio.
2) SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN: No presentó alegatos.
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Saneamiento del proceso
Analizados cada uno de cuadernos y anexos del expediente, revisadas las pruebas aportadas, las solicitadas, las decretadas y las practicadas, así como los presupuestos para incoar la acción; esta Vista Fiscal considera que hay tres aspectos procesales que llaman la atención:
a) Que existió una prueba no decretada en el auto que ordenó las pruebas, sobre la que luego se pidió su asunción al proceso, y en todo caso nunca se allegó. Nos referimos al acta de inicio del convenio 008 del 27 de enero de 2006, suscrito entre el Municipio de DOSQUEBRADAS y la sociedad MULTISERVICIOS S.A. No obstante, esa situación no tiene la potencialidad de enervar lo actuado en virtud del principio de necesidad y procedencia de la prueba que rige el instituto procesal de las nulidades.
b) Acerca de los testimonios solicitados tanto por la parte demandante como por la demandada, se observa que aunque todos fueron decretados, al proceso solo comparecieron los señores [NOMBRE TACHADO], LEONARDO RAMÍREZ y [NOMBRE TACHADO]; sin embargo, a pesar de que en el acta de continuación de la audiencia inicial celebrada el 3 de octubre de 2018 se indica que todos ellos declararon, los audios de sus testimonios no obran en el expediente remitido al Consejo de Estado, como tampoco una transcripción de sus declaraciones. Así las cosas, lo que se deduce es que las pruebas fueron correctamente decretadas y practicadas, pero no allegadas al expediente que se remitió al Consejo de Estado, lo que tampoco tiene la potencialidad de anular todo lo actuado en virtud del principio de naturaleza residual de las nulidades.
c) En los alegatos del Municipio de DOSQUEBRADAS presentados antes del fallo de primera instancia, se adujo que a MULTISERVICIOS S.A., no se le había notificado debidamente la demanda en tanto la comunicación no se le había enviado al correo electrónico de notificaciones judiciales que aparecía en el certificado de existencia y representación de la sociedad emitido por la Cámara de Comercio de Pereira. Sobre esta situación no se pronunció el Tribunal de origen.
Al respecto vale la pena anotar que la demanda se presentó en el año 2012 y que el auto admisorio de la misma tuvo lugar hasta el 24 de septiembre de 2015, como se aprecia al revisar la constancia que corrige la fecha del auto admisorio.
En dicho proveído se indicó que a los demandados se les debía notificar el acto a través de los correos electrónicos que tuvieran, y en ese sentido cabe anotar que la sociedad de economía mixta MULTISERVICIOS S.A. para el año 2015, ya estaba finiquitando su proceso de liquidación y tenía como era lógico, un gerente liquidador quien por mandato legal es quien funge como representante legal de la entidad y a quien se le deben notificar las actuaciones judiciales, como en efecto sucedió en tanto las notificaciones se dirigieron a la gerente liquidadora de la sociedad, BLANCA ELVIRA CORTÉS REYES, quien decidió por su propia cuenta y riesgo no contestar la demanda, ni hacer presencia a lo largo de todo el proceso, ante lo cual debe asumir las consecuencias de lo que en él se decida.
Es de anotar que el certificado de Cámara de Comercio aportado por los demandantes tenía fecha del año 2012 y por ende contenía los datos vigentes para ese momento, mientras que lo que hizo el tribunal de origen fue verificar los datos al año 2015 y por ende notificar la demanda a quien correspondía, es decir a quien tenía la facultad para recibir las notificaciones, máxime cuando es muy posible que la sociedad en liquidación ni siquiera tuviera una sede electrónica como lo dispone el artículo 197 del CPACA.
Por último, también cabe resaltar que a lo largo del proceso, el magistrado conductor le indagó a las partes en cada sesión de la audiencia inicial si tenían algún tipo de objeción respecto al saneamiento del proceso, y los comparecientes en cada oportunidad que tuvieron señalaron que no, luego resulta insólito que el representante del Municipio, ad portas de la sentencia de primera instancia, recabe sobre una posible nulidad cuando a lo largo del proceso guardó silencio sobre el particular.
Verificación de presupuestos para incoar la acción
2.2.1. Competencia: Este proceso se rige bajo los cánones normativos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 y, por tanto, de conformidad con dicha codificación y dada la cuantía de las pretensiones, tanto el juez de primera instancia, como el Consejo de Estado son competentes, el primero para asumir el conocimiento del caso y el segundo, para estudiar la impugnación.
Legitimación de las partes.
Los demandantes se consideran legitimados porque sostienen que, con ocasión de la terminación anticipada del contrato 046 de 2006 que suscribieron con la sociedad de economía mixta MULTISERVICIOS S.A., sufrieron una serie de perjuicios por los que enfilan sus pretensiones, y por ende las resultas del proceso les interesan de manera directa.
Sobre los demandados es preciso anotar que la empresa MULTISERVICIOS S.A., se encontraba en proceso de liquidación al momento de presentar la demanda, lo cual no obsta para atender las reclamaciones judiciales de conformidad con lo preceptuado en el literal k) del artículo 6 del Decreto 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, y por el parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 254 de 2000.
En cuanto al Municipio de DOSQUEBRADAS se observa que, aunque el representante legal aduce que no existe vínculo contractual entre este y los demandantes, esto hace parte del fondo de la controversia y, por lo tanto, mientras ello se dilucida, mantiene su capacidad para ser parte en este pleito.
2.2.3. Conciliación prejudicial:
La solicitud de conciliación fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación el 15 de febrero de 2010, pero a pesar de que el órgano de control aceptó el acuerdo al que llegaron las partes, este fue desaprobado el 15 de marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dada la ausencia de pruebas que contribuyeran a demostrar la capacidad de los demandantes para celebrar dicho arreglo, en tanto no aportaron los documentos ciertos de su identificación, ni de las facultades de sus representes para conciliar.
2.2.4. Caducidad:
No hay evidencia de que el tribunal de origen hubiese analizado este presupuesto procesal, y de otra parte, ni el Municipio de DOSQUEBRADAS ni MULTISERVICIOS S.A. se pronunciaron sobre el particular, mientras que los demandantes sí, pero sus cuentas difieren del análisis que esta Agencia del Ministerio Público hace al respecto.
Para esta Vista Fiscal el conteo procede de la siguiente manera: Dado que las pretensiones radican en los perjuicios derivados de una terminación anticipada del contrato 046 de 2006 llevada a cabo por mutuo acuerdo entre las partes MULTISERVICIOS S.A. y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE, se puede deducir que la controversia gravita en aspectos económicos discutidos en la liquidación de dicho contrato, pues es claro que no se debate la terminación por mutuo acuerdo en sí. En ese orden de ideas y de conformidad con el numeral 3 del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el conteo de los 2 años para evitar la caducidad de la acción a partir de una liquidación de contrato por mutuo acuerdo, inicia a partir del día siguiente de la firma del acta, entonces, los términos son del siguiente tenor:
Acto
Fecha
Firma del acta
17/02/2010
Día siguiente
18/02/2010
Conteo de 2 años
18/02/2010 al 18/02/2012
Solicitud de conciliación
15/12/2010
Tiempo transcurrido hasta ese momento (desde 18/02/2010 hasta el 15/12/2010)
9 meses y 27 días
Tiempo que faltaba para completar los 2 años
14 meses y 3 días
Conciliación desaprobada por el Tribunal de Risaralda
15/03/2012
Notificación de ese auto
20/03/2012
Ejecutoria de ese auto
23/03/2012
Día hábil siguiente
26/03/2012
Al 26/03/2012 se le suman los 14 meses y 3 días faltantes y da:
27/05/2013
Fecha de presentación de la demanda
16/11/2012
Conclusión
Presentada en tiempo.
Problema Jurídico
Se trata de determinar si la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del proceso de la referencia se debe mantener, o por el contrario revocar o modificar con ocasión de la apelación presentada por los accionantes.
La posición del juez colegiado de primera instancia se basa en que como el contrato 046 de 2006 adolece de nulidad por objeto ilícito, lo lógico es que no haya lugar a restituciones económicas a favor del demandante porque desde el punto de vista contractual: i) no están probados los beneficios que el Municipio de DOSQUEBRADAS recibió como consecuencia de los primeros años de ejecución del contrato, y ii) está acreditada la mala fe del contratista al proceder a sabiendas de la ilicitud del objeto contractual. Desde el punto de vista asociado a la responsabilidad civil extracontractual, señaló que el consorcio CISE estaba obligado a soportar las consecuencias del daño porque este no era antijurídico, y además considera que la parte actora debió ser diligente y verificar la viabilidad de su negocio.
A su turno y en abierta oposición al fallo, los demandantes esgrimen en su alzada acerca de la controversia con implicaciones de índole contractual que: i) no hubo objeto ilícito en el contrato 046 de 2006 porque ellos no estaban recaudando impuestos, sino prestando asesoría tecnológica para mejorar el recaudo de los mismos en los Municipios de PEREIRA y DOSQUEBRADAS; ii) no es cierto que los demandantes supieran que el objeto del contrato era ilícito porque reiteran que el objeto no era el recaudo, sino la asistencia tecnológica para mejorar la captación de impuestos; iii) el Municipio de DOSQUEBRADAS no se puede desligar de su responsabilidad porque el contrato 046 de 2006 tuvo como fundamento el Acuerdo Municipal 042 de 2005 y el convenio interadministrativo 008 de 2006 celebrado entre el Municipio y la sociedad MULTISERVICIOS S.A.; iv) el monto alusivo al pago del contrato tampoco es ilegal porque sus contraprestaciones no se derivaban automáticamente de los impuestos como lo quiere hacer ver la primera instancia; y v) el ente territorial sí recibió beneficios cuantificables de la operación del contratista con ocasión del contrato 046 de 2006.
En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual adujo que el Municipio de DOSQUEBRADAS y la SOCIEDAD MULTISERVICIOS S.A. en liquidación sí le causaron un daño que no está en el deber jurídico de soportar, todo ello derivado de los perjuicios que obtuvo como consecuencia de la terminación anticipada del contrato 046 de 2006 del cual el Municipio en mención fue el único beneficiado.
El Ministerio Público considera que para dilucidar este panorama hay que analizar varios aspectos como: i) la viabilidad de la acumulación de pretensiones de carácter contractual y civil extracontractual; ii) un recuento cronológico que nos permita establecer las fechas hito de varios hechos que sin duda, tienen relevancia en el debate jurídico; iii) la vocación de prosperidad de las pretensiones y los requisitos para reclamarlas, iv) la declaración judicial de nulidad del contrato 046 de 2006, que no fue por objeto ilícito sino por otra causal, pero que admite ese examen con el consecuente análisis de los beneficios asignados al Municipio de DOSQUEBRADAS por parte del contratista; así como el estudio del comportamiento o conducta de las partes en la suscripción y a lo largo del contrato; y v) las conclusiones que de derivan de la terminación anticipada del mismo; todo ello para arribar vi) al análisis de los argumentos del apelante tanto desde el punto de vista contractual como extracontractual, vii) así como de las posibles debilidades de la sentencia de primera instancia, viii) para finalmente obtener una conclusión sobre la controversia y en consecuencia sobre la solides o las falencias de la sentencia de primera instancia proferida el 31 de julio de 2020 con miras a determinar su vocación de permanencia.
Acumulación de pretensiones
Aunque la demanda se enfiló como una acción de reparación directa, lo cierto es que los demandantes no solo dirigieron pretensiones tendientes a la reparación de un daño que consideran antijurídico, sino que las pruebas del proceso y las pretensiones de los actores tienen raigambre contractual.
El Consejo de Estado dentro de este expediente se había pronunciado con ocasión de la decisión del tribunal de primera instancia que en principio había desechado las pretensiones de estirpe contractual en virtud de la cláusula compromisoria pactada en el contrato 046 de 2006 entre MULTISERVICIOS S.A. y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE, puesto que para para hacer uso de ella se debe hacer una manifestación expresa, y ninguno de los sujetos en mención la hizo, sumado al hecho por el cual el municipio de DOSQUEBRADAS no había pactado dicha cláusula en el contrato interadministrativo suscrito con MULTISERVICIOS S.A. y por ende no podía ni alegarla ni quedar excluido de la jurisdicción contenciosa.
En ese orden de ideas y dado que el máximo tribunal admitió que existían pretensiones de índole contractual y también extracontractual, se aclara que como entre el municipio de DOSQUEBRADAS y el contratista IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE no hay relación contractual, las pretensiones se analizarán dese la perspectiva civil extracontractual; mientras que como entre el consorcio CISE y la Sociedad MULTISERVICIOS S.A. sí existió una relación contractual, el pleito se examinará en torno a ello teniendo en cuenta la procedencia de la acumulación de pretensiones a la luz de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 162 y en los 4 numerales del artículo 165 del CPACA, para lo cual hay que destacar que respecto de ninguna de las acciones (contractual y extracontractual), ha operado el fenómeno de la caducidad y por eso en este concepto se abordarán las dos clases de responsabilidad pero de manera separada.
Recuento cronológico – fechas hito para resolver el problema jurídico
A partir del material probatorio y de las referencias que hizo el A quo, se tiene que:
Fecha
Actuación y observaciones a esa actuación por parte de la PGN
4/10/2005
El Concejo de Pereira expide el Acuerdo Municipal 042 de 2005 por el cual se autorizó al alcalde para asumir compromisos que afectaban el presupuesto de vigencias futuras con destino al proyecto “Modernización tecnológica, calidad y gestión en el manejo de las rentas del municipio de Pereira”. Allí se autorizó el compromiso de vigencias futuras hasta el año 2025 y la contratación del alcalde con la sociedad de Economía mixta MULTISERVICIOS S.A. para cumplir ese propósito.
19/12/2005
El Concejo de Dosquebradas expide el Acuerdo Municipal 044 de 2005 por el cual se autorizó al alcalde para asumir compromisos que afectaban el presupuesto de vigencias futuras con destino al proyecto “Fortalecimiento de la estructura tributaria y financiera del municipio de Dosquebradas, modernización tecnológica, calidad y gestión en el manejo de las rentas del municipio de Dosquebradas”. Allí se autorizó el compromiso de vigencias futuras hasta el año 2025 y la contratación del alcalde con la sociedad de economía mixta MULTISERVICIOS S.A. para cumplir ese propósito.
27/01/2006
El alcalde de DOSQUEBRADAS y la Sociedad de Economía Mixta MULTISERVICIOS S.A. suscriben el convenio interadministrativo N° 008 de 2006 para dar cumplimiento al Acuerdo Municipal 044 de 2005. El objeto contractual es el “Fortalecimiento de la estructura tributaria y financiera del municipio de Dosquebradas, modernización tecnológica, calidad y gestión en el manejo de las rentas del municipio de Dosquebradas”, con una duración de 20 años. Así mismo, el alcalde de PEREIRA hace lo propio, y suscribe el convenio interadministrativo con MULTISERVICIOS N° 442 de 2006 para cumplir lo ordenado en el Acuerdo 042 de 2005.
22/06/2006
El Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del proceso N°
66001-23-31-001-2005-01174-00 declaró la nulidad del Acuerdo Municipal de Pereira 042 de 2005, porque el Concejo no tiene facultades de fiscalización y por eso mucho menos puede delegarlas en el alcalde, sumado al hecho por el cual no puede decir con quien debe contratar este para dar cumplimento al proyecto aludido en el Acuerdo.
No se sabe en el expediente de este caso si a su vez, el Acuerdo 44 de 2005 del Concejo de Dosquebradas fue demandado.
11/10/2006
MULTISERVICIOS S.A. emite la Resolución 510 adjudicando el contrato 046 de 2006 al consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE.
7/12/2006
Seis meses después de la emisión del fallo que declaró la nulidad del Acuerdo de Pereira 042 de 2005, MULTISERVICIOS firma el contrato 046 de 2006 con el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE cuyo objeto es: “El suministro tecnológico y asistencia técnica a MULTISERVICIOS S.A. para lograr la modernización tecnológica que permita el incremento del recaudo de los impuestos municipales de Pereira y Dosquebradas”, con una duración de 19 años.
11/12/2008
Dos años después, el Municipio de Pereira emite la Resolución 5154 terminando unilateralmente el convenio interadministrativo 442 de 2006 celebrado entre el municipio y MULTISERVICIOS S.A.
22/12/2008
El Municipio de Pereira emite la Resolución 5457 confirmando la anterior.
26/05/2009
De común acuerdo MULTISERVICIOS y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE suspenden el contrato 046 de 2006 por 6 meses.
4/11/2009 y 28/12/009
El consorcio CISE formula reclamaciones administrativas a MULTISERVICIOS S.A. por sobrecostos financieros, mora el cumplimiento de las obligaciones, imposibilidad de recuperar la inversión inicial y de obtener la utilidad esperada.
5/11/2009
El Municipio de Pereira emite la Resolución 4607 liquidando unilateralmente el convenio interadministrativo 442 de 2006 entre MULTISERVICIOS S.A. y PEREIRA.
17/12/2009
Un mes y medio después MULTISERVICIOS S.A. y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE terminan de mutuo acuerdo el contrato 046 de 2006.
26/12/2009
El Municipio de Pereira emite la Resolución 7853 confirmando la Resolución 4607 de 2009 que liquidó unilateralmente el convenio 442 de 2006.
6/01/2010
Queda en firme la resolución anterior.
17/02/2010
MULTISERVICIOS S.A. y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE liquidan bilateralmente el contrato 046 de 2006. MULTISERVICIOS S.A. accede a pagarle a CISE 3.014.262.945 millones de pesos por servicios prestados y CISE accede, pero se reserva el derecho de reclamar el pago de la inversión inicial, los intereses moratorios, el servicio prestado en 2009 y una indemnización por la imposibilidad de obtener las utilidades esperadas.
17/02/2010 a 30/07/2010
MULTISERVICIOS S.A. continúa prestando los servicios del contrato 046 de 2006 al municipio de DOSQUEBRADAS, con los bienes, equipos y software de IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE.
30/07/2010
El municipio de DOSQUEBRADAS y MULTISERVICIOS S.A. terminan anticipadamente y por mutuo acuerdo el convenio interadministrativo 008 de 2006.
16/11/2012
El consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE presenta la demanda del proceso que nos ocupa.
21/08/2015
El Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del proceso de acción popular promovido por la PGN N° 66001-33-31-003-2008-00457-01 declaró la nulidad del convenio interadministrativo 442 de 2006 suscrito entre el municipio de PEREIRA y la sociedad MULTISERVICIOS S.A., así como del contrato 046 de 2006 suscrito entre MULTISERVICIOS S.A. y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE, apoyado en el hecho de que se fundaron en actos administrativos que habían sido anulados por la jurisdicción contenciosa.
24/09/2015
El Tribunal Administrativo de Risaralda admite la demanda cuya discusión nos ocupa
ANÁLISIS DEL TEMA CONTRACTUAL
2.6.1. Sobre las pretensiones de resorte contractual
El consorcio CISE pretende que Municipio de DOSQUEBRADAS responda por todos los perjuicios económicos que reclaman, generados a partir de la terminación anticipada del contrato 046 del de 2006, y/o que sean la empresa MULTISERVICIOS S.A. en liquidación y el municipio en mención quienes lo hagan de manera solidaria o conjunta, pues su propósito es que i) puedan recuperar la inversión realizada única y exclusivamente para la ejecución del contrato, así como ii) las utilidades esperadas por la ejecución del mismo.
Condiciones para la reclamación
a) Viabilidad de las pretensiones - coherencia entre las pretensiones y los argumentos fácticos
Para que unas pretensiones como las enfiladas, tengan vocación de prosperidad deben fundarse i) en la validez del contrato y ii) en la conformidad de su estructura lógico – jurídica. Analizaremos estos dos aspectos empezando por el segundo.
De lo expresado en el punto alusivo a las pretensiones (2.6.1. de este concepto), se aprecia que los demandantes aspiran a recobrar lo que invirtieron para la ejecución del contrato, así como a obtener las utilidades esperadas respecto de un contrato que tenía 19 años de duración.
Esta última pretensión (utilidades- lucro cesante, ganancia o remuneración) adolece de coherencia en tanto no le es dable a las partes que terminan anticipada y mutuamente un contrato, esperar remuneraciones respecto de lo que, sin ningún vicio en su consentimiento, han aceptado libremente finiquitar.
Podrán existir diferencias respecto de lo liquidado y eso es válido, pero sobre lo que no puede haber discusión judicial ahora es acerca de la voluntad de las partes en torno a la finalización del negocio, pues eso fue acordado bilateralmente por los miembros de la relación negocial (MULTISERVICIOS S.A. y consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE), y por lo tanto no hay lugar a equívocos acerca de la decisión que tomaron en torno a la culminación de su relación contractual, máxime cuando no se ha alegado al respecto ningún vicio en el consentimiento para tomar esa determinación, ni los demandantes atacaron la legalidad o la validez del acta de liquidación bilateral.
En el proceso obra aportada (de manera desordenada e incompleta), el acta de terminación por mutuo acuerdo, que da fe de lo expresado.
Así las cosas, no se puede finalizar un contrato VOLUNTARIAMENTE, pero esperar que tenga las consecuencias que se obtendrían si no se hubiera finalizado, pues es un contrasentido.
A esta clase de decisiones contractuales, se le conoce como resciliación, distracto contractual o mutuo disenso expreso, y al respecto se hace necesario señalar que ello es una forma anormal pero aceptada de terminación del vínculo contractual, como también lo son la declaratoria de terminación unilateral ante la configuración de alguna de las causales legales correspondientes; la renuncia del contratista a su ejecución, cuando la modificación unilateral dispuesta por la entidad llegue a alterar en un 20 % o más el valor inicial del contrato; la renuncia del contratista a su ejecución cuando le sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad y no pueda ceder el contrato; la desaparición sobreviniente del objeto o la imposibilidad de ejecutar el objeto contratado; la declaratoria de caducidad; declaratoria judicial de terminación del contrato; o la declaratoria judicial de nulidad del contrato.
El mutuo disenso es aceptado porque los contratos, así como se hacen se deshacen, y como estos no son más que convenciones que expresan la voluntad de las partes, estas pueden también pueden decidir rescindirlo o terminarlo cuando lo deseen por las razones o causas que libremente consideren, puesto que dicho vínculo no es indisoluble, ni está diseñado para existir ilimitadamente. Ello no contradice el principio pacta sunt servanda, sino que, al contrario, es una expresión más de la autonomía de la voluntad contractual, en virtud del artículo 1625 del Código Civil Colombiano. Así las cosas, la resciliación es una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en dejar sin efecto una convención o contrato, extinguiéndose las obligaciones vigentes.
Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 4 de mayo de 2000 de la Sección Tercera, citó sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 1º de diciembre de 1993 (C.P.: Carlos Esteban Jaramillo Schloss), en la que se sostuvo lo siguiente:
“(...) en la hipótesis del mutuo disenso, por definición, esa causa radica exclusivamente en la voluntad coincidente de las partes interesadas, expresada ella en el abandono recíproco de las prestaciones debidas, fruto de un acuerdo expreso o tácito en el sentido de consentir la disolución que de semejante estado de cosas se desprende, es decir, emergente de una auténtica convención extintiva con contenido negativo y por lo mismo contrario al del contrato desatendido. Resumiendo, entre la disolución de un contrato sinalagmático por efecto del llamado incumplimiento resolutorio y la que acontece como consecuencia de la resciliación por mutuo disenso, existen radicales diferencias que nunca los jueces de instancia pueden ignorar para, a su talante, modificar pretensiones deducidas en juicio que con la claridad necesaria aparecen fundadas en otro instituto. A través del primero..., se pide de manera unilateral por el contratante libre de culpa que el negocio se resuelva con restituciones e indemnización por daños a su favor, mientras que en el segundo lo solicitado ha de ser que, sobre la base insustituible de rendir la prueba de aquella convención extintiva..., el acto jurídico primigenio se tenga por desistido, sin que haya lugar, desde luego, a resarcimiento de ninguna clase, (…)” (Se resaltó y se subrayó en la sentencia y se reitera por parte del Ministerio Público).
El Consejo de Estado en la sentencia referida indicó que:
“Son características generales de la figura del mutuo disenso, en primer lugar, que éste opera sobre relaciones contractuales bilaterales vigentes, ya que el fin primordial del mismo es romper la relación vinculante que cuenta con prestaciones pendientes por ejecutar a cargo de ambas partes; que no obran vicios de ningún tipo que puedan anular o desequilibrar el contrato o afectarlo de lesión enorme. Si acaeciere alguna de estas circunstancias no se puede sanear por el mutuo consentimiento de las partes.
Tanto las disposiciones del Código Civil como la doctrina citada utilizan expresiones que indican que uno de los eventos en que puede presentarse la terminación por mutuo acuerdo de un contrato, es cuando éste se encuentra “en vía de ejecución”, lo cual trae como consecuencia su invalidación; que se “deshace” lo firmado; que las obligaciones quedan “extinguidas”; que se “desanudan” los vínculos jurídicos; que se “revoque”, “disuelva” e “invalide” la disposición de intereses; o que se ponga fin a las “obligaciones emergentes” del contrato” (Negrillas del Ministerio Público).
Así las cosas, la pretensión de recuperar las utilidades esperadas bajo el contexto del mutuo disenso, no puede prosperar en virtud de su incoherencia.
En cuanto a la pretensión tendiente a la recuperación de la inversión, analizaremos este aspecto en los siguientes apartados, ya no desde su estructura lógico-jurídica, (pues no adolece de incoherencia), sino desde su validez.
b) Salvedades en la liquidación del contrato
Para que se pueda iniciar el análisis de una pretensión como la enfilada, es menester que exista un requisito sine qua non consistente en dejar señalada la inconformidad de carácter económico en el acta de la liquidación del contrato terminado por mutuo acuerdo, pues, aunque la terminación fue bilateralmente consentida, ello no implica que las partes necesariamente estén conformes con la forma de liquidar sus cuentas pendientes.
En sub-lite se aprecia que la liquidación del contrato 046 de 2006 suscrito entre MULTISERVICIOS S.A. y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE fue como ya dijimos, bilateral o de mutuo acuerdo y que en ella se dejaron salvedades por parte del consorcio en mención, lo cual era necesario para poder reclamar las acreencias en sede judicial respecto de lo que no hubo acuerdo, tal y como lo ha explicado en múltiples ocasiones el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
Descendiendo estas premisas al caso bajo estudio se tiene que en el acta de liquidación bilateral del contrato 046 de 2006, la cual fue aportada por los demandantes de manera incompleta, se dejó la salvedad de reclamar en sede judicial la recuperación de la inversión del contratista para desarrollar la ejecución del negocio, y por lo tanto ahora corresponde establecer si hechas las salvedades, puede o no prosperar su pretensión, no sin antes recordar que el demandante también se queja de que los demandados no le pagaron la inversión que realizó y además siguieron utilizando sus bienes y equipos, respecto de lo que es preciso recalcar que de ello (uso de bienes y equipos) no se dejó constancia en el acta de liquidación y por ello no lo puede reclamar en sede judicial, aunado al hecho por el cual en la cláusula 13 del contrato 046 de 2006, se indicó que el consorcio CISE era el único responsable de la movilización, uso y préstamo de dichos bienes y equipos.
c) Validez del negocio jurídico – objeto contratado y nulidad del contrato 046 de 2006
El objeto contratado ha sido materia de controversia en este proceso porque mientras los demandantes aducen que nunca se prestaron para recaudar impuestos, el tribunal de origen se enfoca en señalar que hubo un objeto ilícito, en el contrato 046 de 2006 por haber desarrollado precisamente esa conducta.
Por otra parte, hay que señalar que el Tribunal Administrativo de Risaralda emitió el fallo del 21 de agosto de 2015 dentro de la acción popular llevada a cabo en el proceso N° 66001-33-31-003-2008-00457-01, donde declaró la nulidad del convenio interadministrativo 442 de 2006 celebrado entre el Municipio de PEREIRA y la sociedad MULTISERVICIOS S.A., así como también la nulidad del contrato 046 de 2006 suscrito entre la sociedad MULTISERVICIOS S.A. y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE, por fundarse en actos administrativos que habían sido declarados nulos, más no porque el contrato tuviera un objeto ilícito.
Echa de menos esta Vista Fiscal que si el tribunal de origen realizó en este caso un análisis sobre el particular, no hubiera señalado si en su jurisdicción se declaró también la nulidad del convenio interadministrativo 008 de 2006 suscrito entre el municipio de DOSQUEBRADAS y la sociedad MULTISERVICIOS S.A., ya que sus estipulaciones también fueron las que dieron origen al contrato 046 de 2006, que si bien es cierto, quedaron resueltas respecto del municipio de PEREIRA, no lo fueron respecto del municipio de DOSQUEBRADAS, aunque la nulidad de dicho contrato le impacte también a este último ente territorial.
Se entiende que no se pueda declarar una nulidad de un contrato por una causal distinta de la que dio origen a la nulidad ya declarada, (es decir, alegar un objeto ilícito, cuando la anulación se concretó por haberse fundado en actos administrativos que a su vez habían sido declarados nulos por la jurisdicción contenciosa), precisamente porque ya está declarada, es decir, ya el contrato está anulado independientemente de la causal.
Así las cosas, el contrato 046 de 2006 ya está anulado y dicha declaración hizo tránsito a cosa juzgada, pues el Consejo de Estado no seleccionó el caso para su eventual revisión, de tal manera que lo que corresponde ahora en este proceso es examinar las consecuencias de la nulidad del contrato 046 de 2006, ya que la misma se produjo por la nulidad de los actos en que se fundaron, debido a que dichos actos tenían un sustento ilícito mas no porque se hubiera analizado el contrato 046 de 2006 y se hubiera llegado a la conclusión de que este tenía un objeto ilícito.
Esta distinción es importante porque si bien es cierto que lo nulo, nulo está, no es menos cierto que ello no es óbice para que se analice si ese mismo contrato ya anulado por haberse fundado en actos nulos, padece de otras vicisitudes que traen otras consecuencias para un ente territorial que de manera colateral se ve afectado por ello, aunque respecto de él no se hubieran hecho pronunciamientos judiciales al respecto, sino hasta ahora con ocasión de esta controversia, y es que si bien es cierto, el municipio de DOSQUEBRADAS es llamado a juicio en sede de responsabilidad civil extracontractual, en todo caso las resultas de un examen acerca de un objeto ilícito en materia contractual respecto del contrato entre MULTISERVICIOS S.A. y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE le impactan, porque i) él hacía parte de la sociedad que conformaba a MULTISERVICIOS S.A. y ii) se le imputa haber sido el único beneficiado de las labores que ejecutó el contratista hoy demandante.
En ese orden de ideas, hay que revisar si ciertamente el contrato 046 de 2006 adolece de objeto ilícito y en caso afirmativo, las consecuencias que de ello se derivan.
Según el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, un contrato es absolutamente nulo (además de las causales que se enlistan en los 5 numerales que consagra), en los casos previstos en el derecho común, esto es, según las letras de los artículos 1740 y 1741 del Código Civil, cuando existe un objeto ilícito, y este se configura según lo previsto en los artículos 1519 y 1523 de la misma codificación, cuando se efectúa el negocio contractual violando lo prohibido por las leyes, y téngase en cuenta que en estas normas, a diferencia del numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, no se alude a lo que esté “expresamente prohibido” por las leyes.
Así las cosas, se tiene que, los contratistas obraron contra la ley porque:
i) La Ley 489 de 1998 señala en su artículo 11 que no se puede delegar la expedición de reglamentos de carácter general, como tampoco lo delegado, ni las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación.
El alcalde de DOSQUEBRADAS delegó su atribución de recaudo fiscalización en un ente que, aunque de naturaleza pública, no era el encargado funcionalmente de dichas potestades. MULTISERVICIOS S.A. por su parte, al haber recibido la delegación en mención, a su vez la delegó en los particulares que conformaban el consorcio CISE, contraviniendo lo prohibido por la norma citada en precedencia (artículo 11 de la Ley 489 de 1998).
ii) El Estatuto Tributario (artículo 560) y sus correspondientes actualizaciones, así como la jurisprudencia contenciosa sobre la materia, han sido claros en señalar que las funciones de carácter tributario, solo se pueden delegar en los funcionarios competentes para el recaudo de los impuestos, lo que significa que son funciones no susceptibles de ser delegadas, y que por lo tanto los particulares de ningún modo pueden llegar a ejercer esas atribuciones, entre muchas otras razones, porque además la información tributaria tiene reserva como lo establece el artículo 583 del estatuto en mención.
iii) En el caso bajo estudio, los demandantes aducen que el contrato no tiene objeto ilícito porque ellos no recaudaron impuestos sino que prestaron asistencia tecnológica para mejorar el recaudo en los municipios de PEREIRA y DOSQUEBRADAS, y aunque el tribunal de origen no desentrañó cómo llegó a materializarse el hecho de que ellos sí recaudaron impuestos sino que lo afirmaron sin remitirse con detalle a las pruebas, el Ministerio Público, desnuda la afirmación de los contratistas apoyado en la siguiente prueba:
Si nos remitimos al informe de interventoría del contrato 046 de 2006 elaborado por la firma GLOBAL CORPORATION S.A. visible de folios 444 a 467, se pueden apreciar las actividades realizadas por el contratista en desarrollo de procesos de fiscalización (folio 457) tales como: “Proyección de respuestas a recursos de reconsideración de industria y comercio, apoyo a la sustanciación de procesos coactivos, proyección de borradores para dictar actos administrativos, revisión de archivos y expedientes, atención personalizada a los contribuyentes que se encuentren en etapa de cobro coactivo, proyección de derechos de petición, previo estudio de la información física, proyección de respuestas a excepciones de mérito, proyección de oficios a diferentes despachos, revisión de correspondencia de las Alcaldías, grabación y actualización de expedientes”.
En desarrollo de procesos de recaudo se destacan las siguientes (folio 458), “(…) 221 emplazamientos notificados, incorporación de 1837 predios en estado de revisión al sistema Impuestos Plus (…)”.
En cuanto al impuesto de industria y comercio (folio 459) se dedicaron a la “Atención y asesoría a contribuyentes de impuesto de industria y comercio en el diligenciamiento de declaraciones privadas, verificación de deudas y datos personales, impresión de facturas con el fin de agilizar pago de impuesto, asesoría en diligenciamiento de formularios de novedades, matricula, renovación exenciones, revisión de documentación presentada por los contribuyentes que tienen derecho a exención de impuesto, verificación de facturación…”
iv) Al atenernos a la afirmación del interventor y del mismo demandante en el sentido de sostener que el interventor dio fe del cumplimiento de las labores asignadas al contratista mientras duró el contrato, se deduce que el consorcio IMPUESTOS Y SERVICVIOS EFICIENTES CISE, sí llegó a efectuar dichas actividades, en contra de lo preceptuado por la ley que se lo prohíbe al ser sujetos particulares. Se destaca el tema del cobro coactivo porque la jurisprudencia ha aclarado que las acciones de tipo persuasivo sí pueden llegar a ser desarrolladas los particulares, pero las del cobro coactivo no.
Bajo esa perspectiva y en virtud de los 4 puntos analizados en los párrafos precedentes, claramente se deduce que el objeto del contrato 046 de 2006 y su ejecución están viciados de nulidad por OBJETO ILÍCITO y en consecuencia se deben determinar las consecuencias que se desprenden de esa situación.
En ese sentido, el artículo 1746 del Código Civil establece que la declaración de nulidad judicial da a las partes el derecho de ser restituidas al mismo estado en que se hallaban si no hubiera existido el contrato, a menos que exista un objeto o causa ilícita. A su turno y en concordancia, el artículo 1525 del Código Civil preceptúa que no se puede repetir lo que haya dado o pagado si hubo un objeto o causa ilícita; sin embargo, en materia administrativa, las cosas pueden ser diferentes ya que el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, admite que sí las haya, siempre y cuando se llegue a probar que la entidad estatal se benefició.
El A quo analizó este tema abundantemente y trajo a colación la sentencia del Consejo de Estado que acertadamente ensambló las dos posturas (la del ordenamiento civil y la de la Ley 80 de 1993), concluyendo que i) había lugar a las restituciones si el Estado se había beneficiado, pero solo hasta el monto de lo beneficiado, y ii) para proceder a la restitución en caso de beneficios, se debía analizar la conducta o comportamiento de los contratistas, pues si generaron un beneficio “a sabiendas” de que el contrato tenía un objeto ilícito, no merecen el reconocimiento dada su incuria, dolo o mala fe, pues ello es contrario al orden jurídico y al principio que prohíbe abusar de los propios derechos, y por lo tanto no es aceptado que pretenda una protección judicial contrariando los contenidos éticos que no permiten obtener provecho de su propio dolo.
En ese orden de ideas se debe examinar si en el caso bajo estudio hubo beneficios para el Municipio de DOSQUEBRADAS, así como si el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE sabía que el contrato que estaba suscribiendo tenía un objeto ilícito o no permitido por la ley.
d) Estudio de los posibles beneficios para el Estado
En el plenario obra un dictamen pericial, pero este se enfoca en las inversiones del contratista para la ejecución del contrato y las utilidades dejadas de percibir por el consocio, mas no se analizan cuáles fueron los beneficios recibidos por el municipio de DOSQUEBRADAS. Bajo esa perspectiva caben tres escenarios a saber:
i) Si el contratista insiste en que su apoyo fue tecnológico, no hay evidencia de que el municipio haya disfrutado de ello.
ii) Si el tema se analiza a la luz de los beneficios en torno al apoyo para mejorar el recaudo tributario, tampoco hay evidencia de su cuantificación, o de qué manera en concreto fue que la acción del contratista CISE redundó en ello.
Al respecto hay que resaltar que es natural, en tiempos de normalidad, que haya un mayor recaudo tributario si se compara dicho comportamiento con vigencias fiscales anteriores a las de ejecución del contrato, y ello se puede explicar en virtud del crecimiento de la actividad económica de un municipio, o de la mayor adquisición de viviendas y automóviles que redunden en el pago del impuesto predial y de vehículos, o por el hecho de que las empresas obtengan mayores ingresos y por ende tengan que pagar más por impuesto de industria y comercio; o por la recuperación de la cartera morosa, o por el seguimiento a evasores y elusores; etc.
Si esas variables se hubieran cualificado y cuantificado, y si se les hubiera asignado un peso porcentual en el mayor recaudo tributario para despejar la variable sobre la repercusión de las tareas del contratista en pro de dicho recaudo, tal vez se hubiera podido medir el beneficio recibido por el Estado, pero como esto no aparece acreditado en el expediente, por ende no se puede decir de manera abstracta que hubo un beneficio y que este se encuentra debidamente discriminado y cuantificado.
iii) Si se enfocara el hecho únicamente en el recaudo que efectuó el contratista, entonces el tema recaería abierta y francamente en el objeto ilícito del que no se pueden predicar beneficios toda vez que si el contratista actuó a sabiendas de que el objeto revestía dicha característica, no puede reclamar el pago de perjuicios, razón por la cual, pasaremos a abordar el siguiente punto de análisis relacionado con el examen de la conducta de las partes suscriptoras del contrato 046 de 2006.
e) Examen de la conducta de las partes activa y pasiva
Ya hemos mencionado que la responsabilidad del municipio de DOSQUEBRADAS se analizará en sede de responsabilidad civil extracontractual, máxime cuando como ya lo vimos en precedencia, no está acreditado que el municipio en mención hubiese recibido beneficios cualificables y cuantificables a raíz del contrato 046 de 2006, del que huelga decir que no lo suscribió toda vez que el negocio bajo estudio se celebró entre la sociedad de economía mixta MULTISERVICIOS S.A. y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE.
Para el Ministerio Público, los sujetos que suscribieron el contrato 046 de 2006 sí actuaron a sabiendas de que el objeto contractual era ilícito porque:
i) MULTISERVICIOS S.A. fue el directamente afectado con la nulidad del Acuerdo Municipal 42 de 2005, por medio del cual se autorizó al alcalde de PEREIRA para asumir compromisos que afectaban el presupuesto de vigencias futuras con destino al proyecto “Modernización tecnológica, calidad y gestión en el manejo de las rentas del municipio de Pereira”, en tanto en ese Acuerdo Municipal se había autorizado el compromiso de vigencias futuras hasta el año 2025 y la contratación expresa del alcalde con la sociedad de Economía mixta MULTISERVICIOS S.A. para cumplir ese propósito. Dicha declaración de nulidad tuvo lugar el 22 de junio de 2006 y no obstante lo anterior, el 12 de diciembre de 2006, celebró el contrato 046 de 2006 con el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE., tal y como lo referenciamos en el cuadro alusivo al recuento cronológico de las fechas hito en este proceso.
ii) Por su parte, el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE también lo sabía, al punto de que insiste en camuflar sus explicaciones acerca del objeto contratado porque sabe que ese era ilegal. En efecto, como sabe que recaudar impuestos por particulares no está permitido, en todo momento se remite al apoyo tecnológico que brindó para mejorar el recaudo, cuando efectivamente hizo mucho más que proporcionar un apoyo tecnológico.
Para demostrarlo se cuenta con el informe que el interventor GLOBAL CORPORATION S.A. pone en evidencia acerca de la ejecución del apéndice técnico del contrato visible de folios 444 a 467. Allí se observa como dichas obligaciones evidentemente tienen un resorte de fiscalización y recaudo tributario, (y no fueron consignadas en el contrato sino en su apéndice técnico, el cual no fue aportado al proceso por los demandantes) pero que, como dejamos analizado en precedencia (punto iii) del literal “c) Validez del negocio jurídico – objeto contratado y nulidad del contrato 046 de 2006” de este concepto), ponen en evidencia la necesidad de ocultar lo que saben que está mal. En ese punto se pusieron en evidencia todas las actividades de fiscalización y recaudo que el demandante hizo con ocasión del contrato 046 de 2006.
Para demostrar la culpabilidad no acudiremos al viejo y superado esquema de que “como la norma existe, los enjuiciados debían saber que lo que hacían estaba mal”, pues si bien es cierto, la ignorancia de la ley no sirve de excusa para infringirla, en materia de comprobación del dolo, se necesita más que eso, toda vez que la norma civil (artículo 1525) y la jurisprudencia han señalado que la expresión “a sabiendas” que equivale a decir, de modo cierto, o con pleno o inequívoco conocimiento, debe estar plenamente acreditada en el proceso.
En materia de dolo no siempre es fácil obtener la prueba directa de la voluntad de querer producir un daño, y bien es sabido que el dolo equivale “al fraude, al engaño malicioso, la mentira artera que nublan el discernimiento y arrastran la voluntad”, cuya prueba se obtiene por confesión, por testimonios o por indicios, de modo que para hallar pruebas del dolo, o lo que es lo mismo de la expresión “a sabiendas” en este caso, es necesario acudir a los indicios, ya sean de aptitud, de actitud y/o de comprensión valorativa, clasificados así por el doctrinante CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU, para hallar la prueba del dolo.
Dentro de los indicios de aptitud tenemos por ejemplo la profesión y oficio de los contratantes: toda vez que los miembros del consorcio se declaran en capacidad de manejar cualquier proceso contractual con el Estado tales como licitaciones públicas y concursos nacionales e internacionales, (así lo dice en su certificado de existencia y representación), de modo que si se declaran aptos para manejar esa clase de contrataciones, es porque dominan los requisitos legales de la contratación de tal manera que se precian de dominar las exigencias previas, concomitantes y posteriores a la celebración de un contrato, y recordemos que dentro de los requisitos previos está la competencia del funcionario para contratar, de modo que, apoyados en la solvencia jurídica que dicen poseer, sabían que MULTISERVICIOS S.A. como sociedad de economía mixta no tenía facultades para delegar lo que se le había delegado, ni menos para recaudar impuestos, pues su naturaleza no es la de un ente fiscalizador.
Dentro de los indicios de actitud tenemos, por ejemplo, los indicios actitud anteriores, que son las medidas que se toman para verificar si la actuación es correcta o no. Aplicado al caso bajo examen se reitera que, dado que los contratistas se precian de dominar el tema de la contratación estatal, pues así se certificó ante la Cámara de Comercio de Pereira, como mínimo tuvieron que revisar si era correcto que se les delegara lo delegado y que se les llamara a recaudar impuestos incluso por cobros coactivos, proyectando decisiones sobre el particular, que, si bien no las firmarían, si han sabían que ellos las proyectarían, y sin embargo, no tuvieron el menor problema en oponerse.
Frente a los indicios de comprensión valorativa, se dice que estos se relacionan con la capacidad del sujeto para comprender los alcances de la significación antijurídica formal del acto o el engaño frente a la comprensión de las normas, lo cual nuevamente tiene que ver con su predicada solvencia jurídica para atender procesos contractuales de cualquier índole y por tanto su capacidad jurídica para analizar normas como las de este caso, de contenido y alcance tributario en torno a sus atribuciones y facultades sobre el cobro de las obligaciones ante el fisco, máxime cuando las normas no permiten la actuación de particulares para ello, como tampoco la violación de la reserva de la información tributaria, pues las normas que se pronuncian sobre el tema son clarísimas en determinar su contenido y alcance, como ya lo señalamos en el estudio del objeto contractual a lo largo de este concepto.
Así las cosas, tanto MULTISERVICIOS S.A. como el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE obraron “a sabiendas” de que no podían celebrar el contrato 046 de 2006 porque el mismo tenía un objeto ilícito, y en consecuencia el demandante no puede aspirar a obtener provecho de una situación ilegal.
f) Conclusiones acerca de los perjuicios alegados por la terminación anticipada del contrato 046 de 2006
i) La terminación anticipada fue producto del mutuo disenso o resciliación de los miembros de la relación contractual surgida a partir del contrato 046 de 2006 y por ello no hay lugar a las ganancias o utilidades esperadas en tanto sería un contrasentido en virtud de su incoherencia lógico-jurídica.
ii) Los demandantes no pueden reclamar por el uso de bienes y equipos por parte de los demandados porque no dejaron expresa salvedad en el acta de liquidación.
iii) Aunque el demandante dejó salvedades en la liquidación del contrato 046 de 2006 frente a la necesidad de recuperar su inversión, no se puede olvidar que el contrato 046 de 2006 fue declarado nulo por la jurisdicción contenciosa el 21 de agosto de 2015 porque las bases sobre las que se fundó también eran nulas.
iv) Aunque esa nulidad se declaró por el motivo expuesto, ello no es óbice para analizar si además de ese vicio, el contrato adolecía de objeto ilícito, ya que las consecuencias de una y otra declaración de nulidad son distintas, en tanto las que se derivan de una nulidad por objeto ilícito, permiten la restitución de valores, siempre y cuando el Estado se haya beneficiado del contrato y el contratista no haya actuado a sabiendas de que el objeto del contrato es ilícito.
v) Aplicados esos parámetros al caso bajo estudio, se tiene que no hay prueba de los beneficios obtenidos por el municipio de DOSQUEBRADAS.
vi) Existen serios indicios de que la sociedad MULTISERVICIOS S.A. y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE celebraron el contrato 046 de 2006 “a sabiendas” de que su objeto era ilícito.
vii) Ante esas dos circunstancias, (falta de demostración de beneficios y dolo en los contratantes) la terminación anticipada del contrato 046 de 2006 no le trajo perjuicios al demandante, sino que antes bien, cesó una actuación ilegal según la cual, incluso los dos miembros de esa relación contractual bien pudieron haber incurrido en el delito de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales contemplado en el artículo 410 del Código Penal, de conformidad con las condiciones que se analizaron en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso 37.350 del 19 de octubre de 2011 para la estructuración de ese punible, si no fuera porque la posibilidad de investigar ese delito ya prescribió.
Análisis de los argumentos del apelante respecto al tema contractual
i) Los demandantes insisten en que no hay ilicitud en el contrato 046 de 2006 porque ellos no recaudaron impuestos, sino que su participación se limitó a tecnificar la operación para que el Municipio pudiera mejorar su recaudo tributario:
Al respecto reiteramos lo que ya se explicó en el punto iii) acápite c) “Validez del negocio jurídico – objeto contratado y nulidad del contrato 046 de 2006”, del punto 2.6.2. “Condiciones para la reclamación”, dentro del numeral 2.6. “Análisis del tema contractual” en este concepto, en donde se demostró que los contratistas sí recaudaron impuestos y por lo tanto sí desarrollaron un objeto no permitido por la ley.
ii) En un segundo punto, los demandantes consideran que el tribunal de origen se equivoca en sus apreciaciones sobre el conocimiento de la ilicitud del contrato 046 de 2006, precisamente porque este no tiene nada de ilícito y por eso mismo no pudieron haber obrado dolosamente, pretendiendo obtener beneficios de algo ilegal.
Sobre el particular, también el Ministerio Público ya demostró en líneas precedentes que los contratistas demandantes sí sabían que el objeto era ilícito, para el efecto, basta revisar el punto “e) Examen de la conducta de las partes activa y pasiva” del punto “2.6.2. Condiciones para la reclamación”, dentro del acápite 2.6. “Análisis del tema contractual” de este concepto.
iii) Como tercer argumento, los contratistas demandantes señalan que el contrato 046 de 2006 no tuvo fundamento en el Acuerdo 042 de 2005 y que por eso la anulación de Acuerdo en mención no impacta en el contrato 046 de 2006.
Al respecto es preciso señalar que no basta atenerse al contenido literal del contrato 046 de 2006, en el que, en efecto, no se menciona el Acuerdo 042 de 2005 (de PEREIRA), como tampoco el Acuerdo 044 de 2005 (de DOSQUEBRADAS), para descubrir que aunque no se citen literalmente, la empresa MULTISERVICIOS S.A. no hubiera podido celebrar el contrato 046 de 2006 con el consorcio CISE si no fuera porque MULTISERVICIOS S.A. había celebrado los convenios interadministrativos 442 de 2006 y 008 de 2006 suscritos con los municipios de PEREIRA y DOSQUEBRADAS respectivamente, en virtud de los Acuerdos Municipales en mención. Aunado a lo anterior, los demandantes a lo largo del proceso dejaron en evidencia que sí conocían la existencia de los convenios interadministrativos y de los Acuerdos en mención como base de su contrato 046 de 2006.
iv) En una cuarta línea de argumentación, los apelantes señalan que el consorcio CISE no fue quien diseñó el contrato 046 de 2006 y por lo tanto no puede hacerse responsable de los errores en su estructuración; agregando que en su calidad de contratista cumplió con todas las obligaciones como lo certificó el interventor, y que, si no es posible que hacer una inversión tan grande con el riesgo de perderla.
Sobre el particular se hace menester señalar que bien es sabido que un contrato se precia de ser la manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes, tanto para hacerlo como para para aceptarlo con la imposición de su firma. En el caso sub-lite se aprecia que en ningún momento los contratistas se quejaron de un vicio en su consentimiento que enervara la aceptación expresa de las obligaciones diseñadas por el contratante.
Aducir que el contrato no fue diseñado por ellos es un argumento pueril, pues el consocio CISE estaba en toda la libertad de aceptar o no las condiciones que se le ponían de presente.
En cuanto al cumplimento de sus obligaciones, quedó demostrado que, en efecto, lo hicieron, tal y como lo certificó el interventor GLOBAL CORPORATION S.A. al folio 423 de este expediente y eso no está en discusión.
Respecto de la afirmación relacionada con la pregunta que se formula el demandante en torno a que ¿cómo sería posible invertir tanto dinero si existía el riesgo de perderlo?, esta Vista Fiscal responde que ese es el resultado esperable de un negocio basado en un objeto ilícito, en donde si bien se pudo estructurar un cálculo de inversión y un nivel de utilidades esperadas, no puede haber lugar a retribución económica alguna cuando ambas cosas (inversión y utilidad) se basan en una ilegalidad, y por lo tanto la justicia de ningún modo se puede prestar para reconocer, avalar o indemnizar negocios ilícitos.
¿Qué por qué un contratista eventualmente puede llegar a invertir tanto si lo puede perder todo?, la respuesta se cifra en el hecho por el cual, los contratistas que obran de mala fe, saben que el Estado reconoce los beneficios que recibe como contraprestación, a pasar de las nulidades de un contrato por objeto ilícito, pues saben que el Estado no puede avalar un enriquecimiento sin causa; sin embargo olvidan que esto no opera de manera automática sin analizar si realmente hubo beneficios, si estos estuvieron cuantificados y cualificados, y sobre todo si las partes obraron o no con dolo.
Esta Agencia del Ministerio Público trae a colación el hecho inaudito de querer trasladarle al Estado los “gastos de inversión” que hizo el contratista tales como tiquetes aéreos de los miembros que trabajaban para el consorcio, gastos de sus viajes, “pago de facturas varias” sin especificar a qué conceptos obedecen, almuerzos para ingenieros, compra de camisetas estampadas, etc. (folios 492 y siguientes), como parte de las inversiones que quieren recuperar.
v) En cuanto al valor del contrato los apelantes señalaron que este no es ilegal porque los impuestos eran recaudaos por el municipio, y que, si bien es cierto que el porcentaje pactado dependía del recaudo de los tributos, era la sociedad MULTISERVICIOS S.A. quien le pagaba sus honorarios, de modo que no entiende por qué el tribunal los acusa de recibir su pago directa o automáticamente de los tributos.
Al respecto cabe anotar que en el contrato 046 de 2006 se pactó una remuneración porcentual sobre la base de lo recaudado, lo cual como también ya explicamos en el punto ii) del acápite “d) Estudio de los posibles beneficios para el Estado” del punto “2.6.2. Condiciones para la reclamación”, dentro del acápite 2.6. “Análisis del tema contractual” de este concepto. Allí se explicó cómo no puede haber lugar al reconocimiento de ninguna inversión hecha por el contratista, habida cuenta de que no está demostrado en el expediente cuáles, ni en qué monto se recibieron beneficios para el municipio de DOSQUEBRADAS, por cuanto en materia de impuestos es natural que en tiempos de normalidad, haya un mayor recaudo tributario si se compara dicho comportamiento con vigencias fiscales anteriores a las de ejecución del contrato y ello se puede explicar en virtud del crecimiento de la actividad económica de un municipio, o de la mayor adquisición de viviendas y automóviles que redunden en el pago del impuesto predial y de vehículos, o por el hecho de que las empresas obtengan mayores ingresos y por ende tengan que pagar más por impuesto de industria y comercio; o por la recuperación de la cartera morosa, o por el seguimiento a evasores y elusores; etc., sin que por ello, un eventual mayor recaudo se pueda atribuir única y exclusivamente a la acción de un contratista, máxime cuando el peritaje que obra en el expediente no despeja esas variables, ni le asigna un peso porcentual a cada una de estas, incluyendo la actividad del contratista en ese recaudo.
De otra parte, el hecho de que un particular resulte cobrando o recaudando los impuestos, implica que su accionar vació de competencia a la autoridad que tenía esa facultad y por tanto recibió de manera directa los tributos, que aunque luego los traslade a la administración, pasan inicialmente por ellos, con lo cual en principio se genera un cambio en la titularidad del patrimonio que siendo estatal llega primero a manos de los particulares, lo cual es una situación que la jurisdicción contenciosa no puede avalar o consentir.
vi) Aduce que el Municipio de DOSQUEBRADAS sí se benefició del contrato 046 de 2006 porque vio incrementado su recaudo tributario y para demostrarlo señala que el acta de conciliación desaprobada por el tribunal revela en su contenido que sí, así como el testimonio del señor [NOMBRE TACHADO], el dictamen pericial obrante en el proceso, y la contraprestación que inicialmente recibieron como consecuencia de los primeros años de ejecución del contrato.
Como se mencionó supra, en el acápite “d) Estudio de los posibles beneficios para el Estado” del punto “2.6.2. Condiciones para la reclamación”, dentro del punto 2.6. “Análisis del tema contractual” de este concepto, allí se puso en evidencia que no está acreditado que el municipio de DOSQUEBRADAS hubiera recibido beneficios cualificables ni cuantificables en virtud de las acciones del consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE; y en cuanto a las pruebas que este alude para sustentar los pretendidos beneficios, se observa que estas tampoco le ayudan a demostrar esa pretensión porque:
a) El acta de conciliación fallida y el dictamen pericial aportados al proceso contemplaron gastos de inversión y utilidades esperadas respecto del consorcio CISE, pero nunca contempló un examen del peso de TODAS LAS VARIABLES que inciden en el recaudo tributario de un municipio y, por lo tanto, no midió el peso porcentual que se le podía asignar a la acción del demandante junto con las demás variables que justifican un aumento del recaudo.
b) Respecto del testimonio del señor [NOMBRE TACHADO] se tiene que aunque se decretó y practicó, no fue allegado al proceso remitido al Consejo de Estado. Este aspecto ya fue analizado por el Ministerio Público en el punto “2.1. SANEAMIENTO DEL PROCESO” plasmado en este concepto.
c) La contraprestación que recibieron por los primeros años de ejecución, esto es 2008 y 2009, lo que revela es que MULTISERVICIOS S.A. realizó unos pagos a sabiendas de que el contrato 046 de 2006 era ilícito, y sobre este tema ya huelgan todas las demás explicaciones al respecto, pues en este concepto se han abordado hasta la saciedad.
Así las cosas, no existe prueba alguna de lo que menciona el contratista demandante.
2.8. Estudio de las pretensiones encaminadas a obtener una reparación directa
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que los elementos que conforman la responsabilidad civil extracontractual son cuatro a saber: i) daño, ii) acontecimiento que lo genera, iii) relación de causalidad e iv) imputación, reconociendo que deben estar todos reunidos para que la declaración de responsabilidad sea procedente.
Esta Agencia del Ministerio Público considera necesario abordar uno a uno estos elementos, de tal suerte que, si uno de ellos no se consolida, no se hará necesario evaluar los demás, en cumplimiento de la premisa anterior.
i) Daño: El daño que predican los demandantes es calificado por ellos como antijurídico, pero no señalaron un título de imputación en particular.
Lo antijurídico de este elemento radica en el hecho de que no se tenga el deber jurídico de afrontar, pues el Estado no indemniza cualquier daño sino aquel que revista esa cualificación.
Descendiendo estas premisas al sub judice, se tiene que el punto de inflexión que permite establecer si el daño es o no antijurídico, radica en la comprobación de la ilicitud del objeto contractual, lo cual impide reconocer beneficios al Estado cuando los miembros de la relación contractual actuaron “a sabiendas” de esa situación, tal y como quedó demostrado a lo largo de este concepto.
Así las cosas, si no hay daño antijurídico, no hay responsabilidad civil extracontractual y por ende no se puede condenar al MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS a pagar una indemnización.
2.9. Observaciones frente a la sentencia de primera instancia
Aunque esta Agencia del Ministerio Público concuerde con la decisión del A quo, toma distancia frente a algunas posturas que el tribunal de origen enfila en la sentencia de primera instancia, por cuanto:
i) No estamos de acuerdo con el hecho de que el Tribunal Administrativo de Risaralda señale que hubo dolo en la actuación de los contratistas, pero no explique, ni pruebe como se configuró esta conducta, sino que lo presuma apoyado en el hecho de que como la sentencia surtida dentro del proceso N° 66001-23-31-001-2005-01174-00, mediante la cual se declaró la nulidad del Acuerdo Municipal de Pereira 042 de 2005, es oponible, entonces necesariamente el consorcio CISE la conoció.
Primero que todo no está probado que el contratista IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE conoció esa sentencia, sino que MULTISERVICIOS S.A. sí que la conoció pues sus resultas le impactaron directamente en los negocios que este tenía con el municipio de PEREIRA (mas no con DOSQUEBRADAS), lo que no implica que MULTISERVICIOS S.A. necesariamente le hubiera comunicado al consorcio CISE esta situación; y segundo, la oponibilidad de una sentencia no es lo mismo que la publicidad de las leyes, y por lo tanto no tiene los mismos efectos; por ello se sugiere que para la comprobación de dolo o de la expresión “a sabiendas” se acuda a los análisis que hizo al respecto el Ministerio Público.
ii) El Tribunal de origen señala que el contratista demandante obró “a sabiendas” de que el objeto contractual era ilícito, pero a su vez termina decantándose por un argumento que se enmarca en los presupuestos de la culpa y no del dolo, pues en la sentencia de primera instancia indica que “(…) puesto que quien se obliga mediante acuerdo contractual concurre libremente al negocio jurídico y le asiste el deber de diligencia mínimo de verificar las condiciones y viabilidad del negocio jurídico al que se compromete”, para concluir que lo que le faltó fue diligencia y ello no es así, por cuanto el consorcio se precia de tener solvencia jurídica en temas contractuales en tanto así lo hizo certificar ante la Cámara de Comercio de Pereira, de ahí que no se puedan aducir fundamentos de una culpa, cuando lo que existe es dolo, en los términos y bajo el análisis de indicios hecho en el acápite correspondiente en este concepto.
iii) El A quo se limita a señalar que el municipio de DOSQUEBRADAS no recibió beneficios del contrato 046 de 2006 pero no explica por qué llega a esa conclusión, sino que se limita a decir que ello no está probado sin analizar qué fue lo que los demandantes intentaron probar en ese sentido, pero fallaron en el intento; de ahí que se sugiera tomar como punto de partida el examen que el Ministerio Público hizo sobre el particular.
2.10. Conclusiones
Apoyados en las 6 conclusiones preliminares consignadas en el punto f) “Conclusiones acerca de los perjuicios alegados por la terminación anticipada del contrato 046 de 2006” del punto 2.6.2. “Condiciones para la reclamación”, dentro del numeral 2.6. “Análisis del tema contractual” de este concepto; más la demostración contenida en el apartado “2.8. Análisis de los argumentos del apelante respecto al tema contractual” en el que por medio de 7 puntos se explica cómo los argumentos del apelante no están llamados a prosperar, esta Vista Fiscal considera que la sentencia de primera instancia se debe confirmar, pero con las salvedades expuestas en el punto “2.9. Observaciones frente a la sentencia de primera instancia”.
2.11. Condena en costas
El artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, señala que, en todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la parte vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en la actualidad impera un criterio objetivo de tasación de costas, según el cual no es apropiado evaluar la conducta de las partes, sino el hecho por el cual los gastos efectivamente se hayan producido y estén acreditados probatoriamente en el proceso mediante los medios de prueba idóneos para el efecto, como lo señala el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso. Como en el caso bajo estudio ello no se acreditó, no surge la condena en costas para la parte vencida en el juicio.
CONCEPTO
En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público considera que la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Risaralda debe confirmarse, pero con las salvedades que el Ministerio Público resaltó, habida cuenta de que desde el punto de vista de la responsabilidad contractual, el contrato 046 de 2006 suscrito entre la sociedad de Economía Mixta MULTISERVICIOS S.A. y el consorcio IMPUESTOS Y SERVICIOS EFICIENTES CISE, está viciado de nulidad por objeto ilícito, y no se acreditaron en el proceso los beneficios que pudo haber recibido el municipio de DOSQUEBRADAS (Risaralda) con la ejecución de dicho contrato, y por el contrario se pudo comprobar la mala fe de los suscriptores del negocio jurídico en mención.
En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual que se le endilga al Municipio de DOSQUEBRADAS, se considera que la misma no está llamada a prosperar dada la inexistencia de un daño antijurídico que se le pueda imputar.
De los señores consejeros, respetuosamente,
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado
Revisó: Vladimir Fernández Andrade
Proyectó: Sandra Patricia Bohórquez Cortés
4/05/2021