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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: CONTRATO ESTATAL-Su finalidad es lograr el cumplimiento de los cometidos estatales y la efectiva prestación de servicios a su cargo

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Fecha
2021-08-24
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202110041400270.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: CONTRATO ESTATAL-Su finalidad es lograr el cumplimiento de los cometidos estatales y la efectiva prestación de servicios a su cargo

En resumen

Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR de la sentencia recurrida / Se debe reconocer al actor el pago de los 88.742 m3 de excavaciones realizados dentro del ítem 210.3 denominado “EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS”/ NO es procedente exigir el cumplimiento del factor de oportunidad para el reconocimiento y pago de las pretensiones de la parte actora / NO se trata de un desequilibrio contractual, sino mas bien de una falta de pago con lo que se generaría un enriquecimiento sin causa para la entidad estatal. La postura del INVIAS es que que el Acta de Fijación de Precios No Previstos de fecha 8 de agosto de 2007, no está suscrita por el supervisor del contrato ni el supervisor del proyecto, al igual que el acta de entrega y recibo definitivo de obra suscrita el 30 de agosto de 2010. El Ministerio Público en el trámite de primera instancia no realizó ninguna intervención.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1983

Puntos que trata

  • Acción de controversias contractuales: Para declarar existencia e incumplimiento contrato de obra pública entre INVIAS y Consorcio y otros perjuicios
  • Contrato estatal: Su finalidad es lograr el cumplimiento de los cometidos estatales y la efectiva prestación de servicios a su cargo
  • Contrato estatal: Razones por las cuales se altera el equilibrio económico dentro de este según sentencia del Consejo de Estado
  • Pruebas: Arrojan que actividades de excavación están debidamente documentadas y constatada su ejecución

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Equilibrio económico del contrato

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Texto del documento 101.977 caracteres
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Para declarar existencia e incumplimiento contrato de obra pública entre INVIAS y Consorcio y otros perjuicios CONTRATO ESTATAL-Su finalidad es lograr el cumplimiento de los cometidos estatales y la efectiva prestación de servicios a su cargo CONTRATO ESTATAL-Razones por las cuales se altera el equilibrio económico dentro de este según sentencia del Consejo de Estado PRUEBAS-Arrojan que actividades de excavación están debidamente documentadas y constatada su ejecución Es evidente que el reclamo hecho por el actor del pago por la excavación de los 88.742 m3 en las secciones típicas del dique en construcción, tiene su génesis en lo pactado en el acta del 8 de agosto de 2007 de fijación de precios no previstos del ítem 210.3, el cual si fue reconocido por la cubicación realizada en el sectores atípicos del dique pero no para las secciones típicas. Es evidente del material probatorio que las actividades de excavación de los 88.742 m3 fueron debidamente documentados y constatadas su ejecución como quiera que de ella dan cuenta las actas de avance de obra 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 correspondientes a los meses de octubre de 2007 y febrero de 2008 hasta junio de 2009, así como el acta de entrega y recibo definitivo de obra de fecha 30 de agosto de 2010 en la cual se validó las cantidades y se deja constancia que están cubicadas, señalando dentro del acta el reconocimiento del ítem de excavación de materiales por valor de $727.979.484, excavaciones que tiene su origine en lo pactado en el acta del 8 de agosto de 2007 de fijación de precios no previstos del ítem 210.3. Lo cual para el ministerio público no deja duda que efectivamente la actividad de excavación en comento fue ejecutada por el contratista y que su ejecución y solicitud de pago nace en un acuerdo de voluntades realizada por el contratista y la entidad dada la característica del contrato a precios unitarios. Por lo anterior, como quiera resulta evidente para esta delegada del Ministerio Público que las excavación de las cuales se reclama su pago si fueron ejecutadas como quiera que de ellos se dejó constancia en la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 3412 como ya se refirió DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO-No se trata de este sino más bien de falta de pago que generaría enriquecimiento sin causa para entidad/ DEMANDANTE-No es procedente exigir el cumplimiento del factor oportunidad para el reconocimiento y pago de sus pretensiones/DEMANDANTE-Se probó el derecho que le asiste para el reconocimiento de pretensiones invocadas …De tal suerte, que no estamos frente a un desequilibrio económico dado que las cantidades de excavación tenían previsto su pago por su ejecución según lo acordado por las partes en el acta del 8 de agosto de 2007 de fijación de precios no previstos del ítem 210.3 y por lo cual el contratista no estaba en el deber de solicitar su reconocimiento según los parámetros exigidos para el factor de oportunidad al momento de la suscripción de los Adicional No. 1 de fecha 2 de mayo de 2008, No. 2 de fecha 26 de febrero de 2009 y No. 3 de fecha 5 de junio de 2009. Por lo anterior, no resulta pertinente exigir al actor el cumplimiento del factor de oportunidad, dado que aquél no es aplicable al caso debatido en el presente medio de control. … ….Todo lo anterior nos lleva a concluir que el estudio que realizó el Tribunal se ciñó a lo estipulado jurisprudencialmente para efectos de la reclamación por desequilibrio contractual, en donde como es cierto, la jurisprudencia ha establecido de tiempo atrás y de manera reiterada, el factor de oportunidad, como condición necesaria para proceder a restablecer el equilibrio del contrato, mas sin embargo dichos postulados no son del todo aplicable al caso en cuestión, pues aquí no se reclama un desequilibrio contractual propiamente, sino el reconocimiento del pago de unas excavaciones adicionales, que resultaron necesarias para la correcta ejecución de las obras, que fueron reconocidas en las actas respectivas, y que si bien en un comienzo se consideró que no procedía el pago de ellas, como quiera que con dicho material se beneficiaría el contratista al utilizarlo para completar otras obras, esto en la practica no sucedió, por lo que en concepto de la interventoría y de la entidad misma, si procedía el pago respectivo, por lo que en conclusión, estamos mas frente a la figura del no pago de obras ejecutadas y reconocidas con lo cual se daría un enriquecimiento si causa a favor de la administración, que frente a un desequilibrio contractual propiamente dicho. En ese orden de ideas, considera esta Delegada del Ministerio Público que es procedente acceder a las pretensiones del presente medio de control en la media que se probó el derecho que le asiste a la parte actora del reconocimiento de las pretensiones invocadas. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA-Debe ser revocada y se deben conceder pretensiones de demanda CONCEPTO No. 071 / 2021 Bogotá D.C., 24 de agosto 2021. SEÑORES CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A” Consejera Ponente MARÍA ADRIANA MARÍN E. S. D. EXPEDIENTE: 70001-23-31-000-2011-02180-01 (66.973) MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN CONTRACTUAL DEMANDANTE: [NOMBRE TACHADO] 334 DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR de la sentencia recurrida / Se debe reconocer al actor el pago de los 88.742 m3 de excavaciones realizados dentro del ítem 210.3 denominado “EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS”/ NO es procedente exigir el cumplimiento del factor de oportunidad para el reconocimiento y pago de las pretensiones de la parte actora / NO se trata de un desequilibrio contractual, sino mas bien de una falta de pago con lo que se generaría un enriquecimiento sin causa para la entidad estatal. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos: ANTECEDENTES Objeto del litigio: El [NOMBRE TACHADO] 334, radicó acción contractual ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra el Instituto Nacional de Vías en adelante INVIAS, con el fin que mediante sentencia de fondo se ordene a la accionada acceder a las siguientes declaraciones y condenas, las cuales fueron expuestas por el actor en su escrito petitorio en el siguiente sentido: Que se declare la existencia del Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006, suscrito entre el INVIAS y el [NOMBRE TACHADO] 334. Que se declare el incumplimiento del INVIAS del Contrato No. 3412 de 2006, al negarse a cancelar al consorcio, el valor de los 88.742 m3 de excavaciones realizados dentro del ítem 210.3 excavación en material común de la explanación canales y préstamos, junto con los ajustes pactados y de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006. Que se declare que el INVIAS debe reconoce al actor la excavación de·88.742 m3 y pagar los valores correspondientes a la cancelación y el pago de la excavación referida; valores que deben ser reconocidos desde la fecha en que se ejecutó la obra con los correspondientes ajustes de ley. Que como consecuencia de lo declarado y el reconocimiento, se ordene al INVIAS, que pague al actor el valor de los 88.742 m3 de excavaciones junto con los ajustes pactados y de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006. Que como consecuencia del reconocimiento de las 88.742 m3 de excavaciones realizados dentro del ítem 210.3, junto con los ajustes pactados y según lo establecido en el parágrafo segundo de la cláusula séptima del contrato, se declare que el INVIAS deberá cancelar a favor del actor la suma de $968.123.762, discriminada así, $794.950.836,oo por concepto de los 88.742 m3 de excavación y $113.172.926,oo, por concepto del ajuste aplicado a la suma anterior, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006. Que sobre las condenas realizadas al INVIAS le sean pagados los intereses corrientes a partir de la fecha en que se realice la liquidación de los ajustes estipulados en el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006. Que se ordene al INVIAS, que dé cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 176 del C.C. A. Que se ordene al INVIAS que sobre los valores ordenados en el fallo dentro del término de 30 días, pague intereses moratorios conforme al artículo 177 del C.C.A. Y que se ordenen al INVIAS, en caso que el fallo se produzca en su contra proceda a repetir contra los funcionarios miembros del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del INVIAS. Hechos del caso. El INVIAS mediante la Resolución No. 5231 del 31 de agosto de 2006, abrió la Licitación Pública SMF-334 de 2006, con la finalidad de seleccionar al contratista para la construcción del Dique Marginal desde Colorado hasta Achi- K38+000- K52+000. · Mediante la Resolución No. 09672 de fecha 28 de diciembre de 2006, se adjudicó al [NOMBRE TACHADO] 334, en desarrollo de la Licitación Pública No. SMF-334-2006, el contrato para la construcción del Dique Marginal desde Colorado hasta Achi - K38.+000 - K52+000, en el denominado Tramo 4 de La Mojana, por un valor de $14.207.239.151, con un plazo de ejecución de 28 meses, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación. El día 31 de diciembre de 2006 las partes suscribieron el Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006 y el 20 de marzo de 2007 se firmó el acta de iniciación de obras. En curso de la ejecución del contrato se firmaron por las partes tres contratos adicionales al Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006 así: i) Adicional No. 1 de fecha 2 de mayo de 2008 en el cual se adicionó al presupuesto total del contrato la suma de $2.805.000.000.oo; ii) Adicional No. 2 de fecha 26 de febrero de 2009 en el cual se adicionó al presupuesto total del contrato la suma de $2.500.000.000.oo; iii.) Y adicional No. 3 de fecha 5 de junio de 2009 en el cual se dispuso prorrogar el plazo del contrato hasta el 31 de marzo de 2010 y adicionó al presupuesto total del contrato la suma de $5.000.000.000.oo, teniendo un valor total del contrato después de las adiciones antes referidas de $24.512.239.151.oo. El 8 de agosto de·2007, se suscribió el acta de fijación de precios no previstos en la cual aparecen como firmantes, el Contratista, el Interventor del Contrato, el Supervisor del Contrato, el Supervisor del Proyecto y por la Subdirección Marítima y Fluvial. El [NOMBRE TACHADO] 334, el día 8 de marzo de 2010, dirigió al Representante Legal del Consorcio lnterestudios MIG en su condición de interventor del contrato, la comunicación CS334-020-2010, en la cual solicitó "...el reconocimiento del pago de la actividad 210.3 "EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRESTAMOS”, en un área de 88.742 m3, solicitud que fue reiterada por el contratista el día 21 de junio de 2010 en la comunicación CS334-076- 2010. El día 8 de julio de 2010, el [NOMBRE TACHADO] 334 mediante el oficio No. C5334-081-2010 dirigido a la Subdirección Marítima y Fluvial del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, solicitó su intervención a fin de obtener el reconocimiento del pago del volumen de excavaciones dejado de pagar. El día 30 de agosto de 2010, se suscribió el acta de entrega y recibo definitivo de obra, sin que para la fecha de presentación de la demanda, el Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006, haya sido liquidado. El Consorcio lnterestudios MIG mediante Oficio No. CTO 3413/2006 INV. 137 D de fecha 30 de noviembre de 2010 y radicado No. 98702 del 2 de diciembre de 2010, solicitó reconocer el pago de la excavación realizada, en el volumen allí indicado 88.742 m3. El día 17 de junio de 2011, el Director Regional del INVIAS en el Departamento de Sucre, dirigió memorando a la Oficina Asesora Jurídica el Memorando DT- SUC- 35231, mediante el cual: "se da concepto favorable al contratista, el cual tiene derecho al reconocimiento de mayores cantidades de obra ejecutada en el ítem de excavaciones en material común de explanación, canales y préstamos (…)”. Frente a lo cual el [NOMBRE TACHADO] 334 no obtuvo respuesta por parte del INVIAS. 1.1.2. La postura de la parte demandante es que el INVIAS incumplió el Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006, al dejar de pagarle los valores correspondientes a los 88.742 M3 ejecutados dentro del ltem 210.3 "EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRESTAMOS”, para la construcción del Dique Marginal desde Colorado hasta Achí en el denominado Tramo 4 de La Mojana, lo anterior a pesar de los oficios enviados por el consorcio para tal fin y los mensajes enviados por el interventor de la obra a la Subdirección Marítima y Fluvial del INVIAS, obras que fueron reconocidas por el supervisor y frente a lo cual señaló "El no reconocimiento y pago de los.88.742 m3 de la excavación realizada por mi poderdante, viola el equilibrio contractual que, debe existir dentro de todo contrato y que hace referencia a la ecuación contractual que se debe mantener dentro de la ejecución del contrato, principio consagrado en el artículo 27 de la Ley 80 de 1983.". La postura del INVIAS es que que el Acta de Fijación de Precios No Previstos de fecha 8 de agosto de 2007, no está suscrita por el supervisor del contrato ni el supervisor del proyecto, al igual que el acta de entrega y recibo definitivo de obra suscrita el 30 de agosto de 2010. Señaló que la entidad contratista, hoy actora, no puede cobrar una obligación inexistente, dado que ya hubo un cumplimiento total de la obligación por parte del INVIAS y no hay responsabilidad de la entidad demandada por el trabajo extra realizado en la obra porque la misma se dio como consecuencia del acuerdo entre las partes y sostener lo contrario es violar el principio de la buena fe porque una parte acuerda libre y espontáneamente una modificación del contrato y luego alega que su propia manifestación de voluntad le genera un perjuicio. Propuso como excepciones i) la inexistencia de la obligación por cumplimiento total por parte de la entidad, ya que el INVIAS cumplió con las obligaciones derivadas del contrato; ii) la inexistencia del derecho invocado como quiera que el contratista consciente y libremente, aceptó las condiciones del contrato, que las mayores actividades realizadas por el accionante correspondieron a trabajos necesarios y fueron efectuados por su cuenta y riesgo atendiendo a su propia liberalidad y que para que prosperen sus pretensiones se requiere como requisito indispensable que las mismas hubiesen sido autorizadas por parte del INVIAS siempre que de las circunstancias en que se desarrollaron tales actividades, no se dedujera, como fue el caso, que no eran indispensables; iii) y que en caso de prosperar las pretensiones, se tenga en cuenta que no se hizo uso del rubro destinado a imprevistos, por lo que se sugiere, se deberán hacer las deducciones del caso para cubrir lo referente al desequilibrio contractual. El Ministerio Público en el trámite de primera instancia no realizó ninguna intervención. 1.2. Sentencia de primera instancia: Correspondió el conocimiento del asunto al Tribunal Administrativo de Sucre, despacho que negó las suplicas de la parte actora a través de Sentencia del 16 de diciembre de 2019. Al respecto, el Tribunal Administrativo señaló: Consideró el fallador de primera instancia que el objeto de la Litis se concreta en el inconformismo por parte de la parte actora relacionada con el incumplimiento por parte del INVIAS de las obligaciones contractuales señaladas en el Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006 por parte del INVIAS, al no acceder al reconocimiento y pago de las excavaciones realizadas dentro del ítem 210.3 "Excavación en material común de la explanación de canales y préstamos” en el Dique Marginal K38 + K52 + 000 y en el Dique Cierre de Caimital. Señala el Tribunal que el material probatorio da cuenta que en el Oficio de fecha 8 de marzo de 2010 dirigido por el Representante Legal del [NOMBRE TACHADO] 334 al Interventor del Contrato indicó que “El item 210.3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE – LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS", ha sido objeto de pago en sitios donde se ha realizado cimentación corrida (Sección Atípica) ver cuadro No. 1. De igual manera en el resto de la longitud del dique se ejecutó esta actividad según el diseño, sin que haya sido objeto de pago, con el argumento de que el material proveniente de la excavación se utilizarla en el cuerpo del dique, cosa que nunca ocurrió". Indica el Tribunal que revisado el Formulario No. 1 del Pliego de Condiciones se colige que el objeto del contrato es la Construcción del Dique Marginal desde Colorado hasta Achí en la Región de la Mojana K38 + 000 a K52 + 000 y no se incluyó como ítem o actividad la de “Excavación en material común de la explanación de canales y préstamos". Que pese a lo anterior, en la Cláusula Décima del Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006, se previó la realización de obras adicionales o complementarias, autorizadas por escrito por la entidad contratante, INVIAS, por lo que, guardar relación con el objeto del contrato, el contratista [NOMBRE TACHADO] 334, autorizado por el INVIAS, podía llevar a cabo la actividad de excavación, la cual, según se consignó en dicha cláusula, seria remunerada partiendo de los precios unitarios previamente determinados en una "Acta de Precios No Previstos". Que pese a lo anterior, señala el Fallador de Primera instancia, que en el Acta No. 1 de interventoría a la Construcción de fecha 18 de abril de 2007 en el cuadro de “TEMAS TRATADOS” se indicó que “La excavación que se debe hacer para la conformación del núcleo del dique, no se paga como ítem dado que este material será utilizado en la conformación del terraplén, por lo cual el contratista se beneficia al no tener que utilizar otro material de préstamo lateral. (…)" y que el 8 de agosto de 2007, es decir, 03 meses después, las partes acordaron precios unitarios no previstos en el contrato, para el ítem 210.3 denominado "Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos", en $7.167 por m3 de excavación. Que para el 18 de septiembre de 2007, el Contratista presentó a la interventoría carteras de cubicación con cantidades reales y solicitó adicionar el contrato de la referencia, para la ejecución de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2007, adjuntando un cuadro, en el que se indicó que para la actividad de "EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA CANALES Y PRÉSTAMOS”, se requería de una cantidad aproximada de 70.000 m3 de excavaciones, la cual se hizo constar en el Acta de Modificación de Cantidades de Obra No. 3 del 26 de septiembre de 2007, avalada por el Interventor de la Obra, lo que a su vez dio paso a la suscripción del Adicional No. 1 de fecha 2 de mayo de 2008, por medio del cual se adicionó el contrato la suma de $2.805.000.00. Que el 23 de enero de 2009, el Contratista solicitó una nueva adición al contrato, por lo cual se elaboró el Acta de Modificación de Cantidades de Obra el 26 de enero de 2009 donde se registraron 43.000 m3 de excavaciones en el Dique Marginal K38+000 a K52 + 00038 y 35.000 m3 en el Dique Cierre de Caimital, por lo cual se suscribió el Adicional No. 2 del 26 de febrero de 2009, a través de la cual se adicionó al contrato la suma de $2.500.000.000. Que en curso de la ejecución del contrato y con el objetivo de lograr la ejecución a satisfacción del contrato, el día 14 de mayo de 2009 se suscribió por parte del Contratista, el Interventor de la Obra, el Supervisor del Proyecto y el Supervisor del Contrato, el Formato de Solicitud de Disponibilidad por Mayores Cantidades de Obra y/o Prórroga y Acta de Modificación de Cantidades de Obra, en la que se registraron 55.000 m3 de excavaciones en el Dique Marginal K38 + 000 a K52+000 y 35.000 m3 para el Dique Cierre de Caimital, lo que dio origen al Adicional No. 3 del 5 de junio de 2009, por el cual se adiciono al contrato el valor de $5.000.000.000. Que visto el Informe Final de Interventoría(), al igual que el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Obra de fecha 30 de agosto de 2010, observo el Tribunal que en el Dique Marginal se llevaron a cabo 81.265,85 m3 de excavaciones en material común de la explanación, canales y préstamos cuyo valor fue de $727,979.484 y en el Dique Cierre de Caimital 33.732,55 m3, por valor de $302.176.183, sin que se haya hecho mención de la construcción de los 88.742 m3 de excavaciones que, según lo afirman el Interventor(), y el Supervisor del contrato(), se realizaron en la sección típica. Indica el Tribunal en la providencia de primera instancia que de acuerdo al recuento probatorio antes referido, no se detectó que el Contratista, hoy actor, antes de la suscripción de los Adicionales 1, 2 y 3 del 2 de mayo de 2008, 26 de febrero de 2009 y 5 de junio de 2009, hiciera salvedades o reclamos de carácter económico por los supuestos perjuicios ocasionados como consecuencia del impago de los m3 de excavaciones en la sección típica alegada, dado que la oportunidad para presentarlas, con ocasión de cambios en las especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras adicionales o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que deban ser reconocidos y revisión o reajuste de precios no previstos, es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato modificatorio o adicional, muy a pesar de que, según lo indicado por el Supervisor del Contrato, la ejecución de las excavaciones reclamadas constara en las preactas 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 correspondientes a los meses de octubre de 2007 y febrero de 2008 hasta junio de 2009, cuando se suscribió el último adicional. Que por lo anterior, dada la directriz jurisprudencial, trazada en materia de oportunidad de las reclamaciones en materia contractual y en curso de le ejecución del contrato, la pretensión aquí solicitada resulta extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual. Que por lo anterior, estimo el Tribunal que la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión, no pueden discutirse con posterioridad, por cuanto estos tienen como finalidad finiquitar los asuntos pendientes para las partes. Que por lo cual el Tribunal decidió negar las pretensiones de la demanda, toda vez que no se probó el incumplimiento alegado y no realizó pronunciamiento frente al rompimiento del equilibrio económico o financiero aducido en los hechos de la demanda, porque dicho asunto no fue planteado como pretensión. 1.3. El recurso de apelación interpuesto: Inconformes con la decisión de primera instancia la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y al respecto señaló: Que no hay duda que el Consorcio ejecutó excavaciones necesarias por 88.742 m3 dado que tal hecho no es reprochado o desvirtuado en el proceso, y que el no pago de estas cantidades causa un daño antijurídico pues el Contratista no está obligado a soportar que el contratante de instrucciones y luego no efectué su pago, a pesar de haber pactado el precio unitario y haber cubicado la ejecución de las actividades. Que existe un desconocimiento por parte el INVIAS de las obligaciones contraídas a través del contrato de obra, constitutivas de incumplimiento, ya que se pactaron unos precios unitarios y se dio la instrucción de ejecutar una obra la cual no fue pagada y cuya constancia de ejecución está consignada en las actas provisionales y luego en el acta de terminación del contrato dejándose con claridad la nota que las mismas estaban pendientes de pago; y que frente a las excavaciones, el INVIAS reconoció las actividades ejecutadas para una sección y luego no para otra, lo cual carece de sentido. Que no es pertinente lo expuesto por el Tribunal en cuanto a la presunta ausencia de prueba del no pago de estas excavaciones, cuando se argumentó que la excavación era indispensables y era parte integral de los diseños suministrados por el INVIAS para la ejecución de las obras, a fin de garantizar la estabilidad del dique, desvirtuándose así el argumento que la excavación se produjo por mera liberalidad; que por el contrario, para esta excavación se había pactado y aprobado un precio unitario, de tal suerte que si las excavaciones se realizaron en cumplimiento de los diseños suministrados por el INVIAS para acatar las especificaciones exigidas por el Ente Contratante, no existe fundamento alguno para que no se proceda con el pago. Precisa el recurso de alzada que está acreditado en el proceso que la ejecución de los 88.742 m3 de excavación se efectuó para poder dar cumplimiento a la sección típica del diseño de la obra, en cumplimiento de las especificaciones y recomendaciones de la consultora de la Universidad Nacional, consultora del INVIAS, y en virtud de lo cual se pactó el precio unitario correspondiente con la Entidad Contratante. Que no le corresponde al [NOMBRE TACHADO] 334 ejecutar unas obras y no recibir el pago por las mismas, cuando éstas eran necesarias de acuerdo a los estudios técnicos y cuando se pactó un precio unitario para el pago de las mismas. Que el [NOMBRE TACHADO] 334 siempre cubicó con presencia de la Interventoría los 88.742 m3 de excavación, las cuales estaban amparadas bajo un precio unitario pactado y así se consignó en las actas de avance de obra durante la ejecución contractual. Que el INVIAS causo un daño al actor al no adoptar los mecanismos para el reconocimiento y pago de los 88.742 m3 de excavación cuando se identificó al momento del balance contractual. Que la Interventoría del contrato mediante comunicación con radicado INVIAS No. 98702 del 2 de diciembre de 2010 afirmó que la excavación, quedó sin contraprestación, situación que fue advertida por el Contratista desde antes de la suscripción del acta de recibo final del 30 de agosto de 2010. Que con el fin de cuantificar las cantidades de excavación pendientes de pago, la Interventoría revisó las secciones transversales del Dique Marginal y del Dique de Cierre Caimital estableciendo la necesidad y obligación del INVIAS de pago los 88.742 m3 por concepto de excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Señala el apelante que para el INVIAS no era extraño el derecho que le asistía al Contratista del reconocimiento de la excavación en material común de la explanación de canales y préstamos, dado que en el Memorando DT-SUC-35231 del 17 de junio de 2011 se indicó que como quiera que el 15 de diciembre de 2007 se firmó el Acta Técnica en la cual se definieron las secciones transversales y alineamientos a utilizar en los tramos I, II, III y IV y dar solución a los problemas puntuales en los sectores Nuevo Mundo de Tramo I y Astilleros y Caimital del Tramo IV, se señaló, la necesidad de realizar el pago de las excavaciones que son reclamadas en la demanda por el actor. Que la Interventoría y el INVIAS autorizaron la ejecución de las excavaciones que eran indispensables para el desarrollo del proyecto y han reconocido documentalmente que a la fecha dicho pago no se ha efectuado y es por esta razón que el Interventor dirigió a la Entidad, la comunicación con radicado 98702 del 2 de diciembre de 2010 recomendando al INVIAS sea reconocido el pago, pues se comprobó la cantidad de excavación y se validaron los argumentos que permitieron constatar que dichas cantidades no habían sido pagadas en ninguna de las actas parciales de obra. Que el INVIAS consigna en el Memorando DT-SUC-35231, que las cantidades de excavación de las secciones típicas fueron ejecutadas por el Contratista y no le fueron pagadas, porque se suponía que este material iba a ser colocado en el espaldón del dique, lo cual no ocurrió, razón por la cual estimó la precedencia del pago. Que el material probatorio acopiado al proceso da cuenta de la existencia de la voluntad del INVIAS de dar instrucción para realizar la excavación, avalan la ejecución y demuestra la procedencia del pago, por lo que la necesidad de realizar estas excavaciones surge de una instrucción durante el desarrollo de las obras del contrato, que para realizar dicha actividad, las partes previamente pactaron el precio unitario en un Contrato vigente que se pagaba bajo la modalidad de precios unitarios por cantidades de obra, que las cantidades se ejecutaron y se validaron por la Interventoría y por el Supervisor y que existió una confianza legítima de pago, a tal punto que con base en el ítem 210.3 se pagaron las excavaciones para las secciones atípicas del dique. Que en cuanto a que el Contratista ejecutó las obras objeto de debate por su propia cuenta y sin que fuesen indispensables para la estabilidad de la obra, señala el apelante que las excavaciones realizadas por el actor si correspondieron a trabajos necesarios y autorizados por el INVIAS como quiera que: Las excavaciones fueron indispensables para la ejecución del proyecto, prueba de ellos son las manifestaciones del Interventor e INVIAS, quien conceptuaron favorablemente al pacto de un nuevo precio unitario no previsto; concretamente señala el apelante que el Doctor [NOMBRE TACHADO], Director de Interventoría manifestó "De acuerdo con la consulta hecha a la Universidad Nacional de Medellín, Dra. [NOMBRE TACHADO], con relación a una zona de pantano, en los últimos metros del tramo K38+000 al K52+i87(aprox. 993 mts); ella autorizo (sic) la construcción de Dique en su totalidad, con material de núcleo, teniendo en cuenta el retiro de material saturado para el mejoramiento del piso In situ; es así como se autoriza la excavación y retiro de dicho material en la totalidad de la base del Dique Marginal excavado en concordancia con las fichas ambientales” Si no se hacia la excavación no era posible continuar con la construcción del dique, era una actividad indispensable y determinante para garantizar la estabilidad de la obra. La excavación cumplió con la sección requerida para el dique el cual fue construido totalmente en arcilla. Que el diente excavado fue posteriormente conformado y esa conformación fue pagada, lo cual demuestra que la excavación se hizo, ya que corresponde a una actividad posterior a la excavación. Prueba de ello está contenido en el Acta de Terminación de Obra. La excavación del diente del dique tanto en la sección típica como atípica era un punto de partida para las obras y por ello se pactó el precio unitario no previsto entre el INVIAS, el Contratista y el Interventor, denominado 210.3, atendiéndose las instrucciones impartidas por la Universidad Nacional que se realizara la excavación y retiro del material ubicado en la totalidad de la base del dique. Que lo anterior, prueba la necesidad de efectuar dicha excavación está en el concepto previo emitido por el Interventor para pactar el precio unitario. Que en el comité técnico 1 del 18 de abril de 2007, se da la Instrucción de realizar la excavación para la conformación del núcleo del dique y luego, en agosto de 2007 se pacta el precio unitario. Considera el apelante que no hay razón para no pagar la excavación teniendo en cuenta que el INVIAS pactó y aprobó el precio unitario de excavación, como un ítem no previsto, confirmándose el hecho que era necesario para el cumplimiento del contrato, y de lo contrario no lo habría pactado y el Interventor no habría conceptuado técnica y financieramente sobre su viabilidad y verificó, validó y cubicó las cantidades de material extraído. Que los funcionarios del INVIAS, en virtud de lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato, autorizaron la ejecución de la excavación y pactaron el precio siguiendo las recomendaciones del diseñador. Que está demostrado que el INVIAS pagó las excavaciones del núcleo en las secciones atípicas cuyo material no se utilizó en el cuerpo del dique ni en la conformación del terraplén, por lo que también está obligado al pago de las excavaciones del núcleo en las secciones típicas donde el material proveniente de la excavación no se utilizó en el cuerpo del dique ni en la conformación del terraplén. Que consta en el memorando del 1 de septiembre de 2011, que el INVIAS aceptó y validó la excavación que se efectuó sobre la sección típica durante los meses de febrero de 2008 hasta Junio de 2009 registradas en las pre actas 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 que corresponden a las cantidades hoy reclamadas. Que así mismo, la Interventoría y el Contratista soportaron y demostraron documentalmente que no se ha efectuado el pago de una excavación que si se llevó a cabo y que de no haberse efectuado no se habría podido conformar el dique y la conformación cubicada es correspondiente con la cantidad excavada, como consta en el acta de recibo final de la obra. Que dado el no pago del ítem en comentó como consecución de la excavación, señala el apelante que resulta pertinente indicar lo consignado en el Acta Técnica del 9 de septiembre de 2011 suscrita por el INVIAS y la Doctora [NOMBRE TACHADO] Universidad Nacional en la cual se señaló: "Se analizaron las actas concernientes al objeto de la reunión, así: acta del 18 de abril de 2007 donde se dice "la excavación que se debe hacer para la conformación del núcleo del dique no se paga como ítem, dado que este material será utilizado en la conformación del terraplén, por lo cual el Contratista se beneficiará al no tener que utilizar otro material de préstamo lateral". Acta del 16 de abril de 2009 donde se dice “se elimina el espaldón en limo del diseño original y el dique queda 100% en arcilla, cuerpo total en arcilla." En vista de lo anterior, esta reunión concluye que los motivos para no pagar la excavación que se realizó para conformar el dentellón del dique (según lo especificado en los diseños y certificado y cuantificado por la Interventoría) quedaron sin fundamento y por lo tanto se debe reconocer el pago de dicha excavación." Que las cantidades dejadas de pagar por la excavación en comento fueron reconocidas en el acta de entrega y recibo definitivo de obra del 30 de agosto de 2010 donde se validan nuevamente las cantidades y se deja constancia que están cubicadas, señalando dentro del acta el reconocimiento del ítem de excavación de materiales por valor de $727.979.484. Que el Tribunal se equivoca en la interpretación de la documentación y pruebas aportadas, pues a través de los contratos adicionales que se reconoce la necesidad de ejecución del ítem de excavaciones y por eso se pacta el precio unitario. Que ello no era el momento de reclamar pues esos son los documentos primigenios que ordenan la ejecución, lo que nunca previó el Contratista era que luego, a pesar de estar cubicadas las cantidades y recibidas, no se pagaran en su integralidad, lo correspondiente al ítem de excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Que el INVIAS a lo largo de la contestación de la demanda validó totalmente las pruebas anteriormente señaladas, ratificando expresamente la existencia del contrato de obra No. 3412 de 2006 y sus 3 adicionales de fecha 2 de mayo de 2008, 26 de febrero de 2008 y 5 de junio de 2009; que de la misma forma, reconoció la existencia del Acta de fijación de Precios no Previstos del 8 de agosto de 2007 y el Acta de Entrega de la Obra del 30 de agosto de 2010, pruebas que confirman que no existe debate entre la Interventoría, INVIAS y el consorcio constructor respecto que las actividades que se pretende sean reconocidas efectivamente se ejecutaron y se llevaron a cabo atendiendo los lineamientos que sobre el particular había impartido el INVIAS derivado de las recomendaciones de la consultoría efectuada por la Universidad Nacional. Que de lo expuesto por el Tribunal en el Fallo de primera instancia en ningún momento desvirtúa o sustenta porqué considera que no se presentó el incumplimiento señalado; luego, el Tribunal se equivoca cuando confunde el no pago con la no verificación de la ejecución de la actividad amparada en precios unitarios. Que las cantidades constan en las preactas y antes que se firmara el acta de recibo definitivo la Interventoría advirtió que en el marco del pago de las actas de avance dicho pago no se había efectuado por estas cantidades derivadas del ítem de excavación a pesar de haberse ejecutado. Que por lo anterior no hubo negligencia pues por el contrario de una lectura de los adicionales se desprende que con ocasión del desarrollo del contrato surgió la necesidad de pactar obras complementarias y precios unitarios no previstos, pues el diseño suministrado por el INVIAS fue ajustado por la Universidad Nacional durante su ejecución. Que no existe mérito alguno para desconocer el derecho a la retribución que tiene el Contratista y el derecho a reclamar el pago de los 88.742 m3 ejecutados con ocasión de las actividades en virtud del ítem 210.3 denominado "EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN DE CANALES Y PRÉSTAMOS" cuando la misma Entidad mediante acta de fijación de precios unitarios pactó el 8 de agosto de 2017 el precio unitario para respaldar y activar la ejecución de la excavación, que resultaba necesaria para la construcción de las obras a cargo del Consorcio; precio unitario que fue acordado entre el Contratista, INVIAS e Interventoría. Que en virtud de las comunicaciones y soportes de ejecución aportados por el Contratista, el Interventor conceptuó favorablemente ante el INVIAS, sobre el pago de las cantidades hoy reclamadas, durante la vigencia del contrato de obra. Que el Acta de Fijación de Precios del 8 de agosto de 2007 fue suscrita por el INVIAS, Contratista e Interventoría, por lo cual se deduce que no hay debate respecto a que la Entidad al haber suscrito dicha acta aprobó la ejecución de las actividades cuyo precio se pactaba; así mismo señala el apelante que el actor presentó las solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico del contrato durante la vigencia del contrato No. 3412 y que en el expediente aparece la solicitud de reconocimiento del pago de la actividad bajo ítem 210.3 "EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN DE CANALES Y PRÉSTAMOS". Que quedó desvirtuado lo afirmado por el INVIAS cuando insinuó que las obras se hicieron por cuenta y riesgo del Contratista, cuando la misma supervisión y la dirección territorial del INVIAS Sucre admitió que las mismas se ejecutaron por cuanto eran necesarias para la obra, motivo por el cual se pactó el precio unitario; que así mismo el INVIAS para el año 2011, reconoció que el pago no había sido efectuado y le recomiendan a la Oficina Asesora Jurídica y al Comité de Conciliación se accedan a las pretensiones del Consorcio, porque se pudo confirmar que a pesar de que las obras se ejecutaron y se encontraban en las pre actas, las mismas no fueron objeto de pago, para las secciones típicas, confirmándose la necesidad de pagar los 88.742 m3 objeto de reclamación; que adicional a lo anterior, la Interventoría del contrato mediante comunicación con radicado INVIAS No. 98702 del 2 de diciembre de 2010 afirma que la excavación, que aquí se reclama, quedó sin contraprestación. 1.4. Alegatos de conclusión: Mediante auto de fecha 22 de julio de 2021, el Consejo de Estado corrió término común para que las partes presentaran alegatos de conclusión, término durante el cual los extremos procesales presentaron escrito de alegaciones finales ratificando los argumentos expuestos en primera instancia. II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos. De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en el recurso, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto, se puede formular de la siguiente manera: ¿Es procedente en el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006 suscrito entre el [NOMBRE TACHADO] 334 y el INVIAS, cuyo objeto es la construcción dique marginal desde Colorado hasta Achí K38+000-K52+000, en el denominado Tramo 4 Mojana, el reconocimiento y pago del valor correspondientes a los 88.742 m3 de excavaciones realizados dentro del ítem 210.3 denominado “EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS”, lo anterior de acuerdo al listado de precios unitarios no previsto señalado en el acta de fecha 08 de agosto de 2007 suscrito entre los extremos contractuales y la cual fijó el valor de $7.167 por m3 de excavación? 2.2. Análisis fáctico y probatorio. En el expediente existe abundante material probatorio, el cual correspondió sopesar al Ministerio Público. Una vez revisado éste material, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo sobre el asunto: 2.2.1. Contrato de Obra Pública No. 3412 el 31 de diciembre de 2006 suscrito entre el Representante Legal del [NOMBRE TACHADO] 334 y el INVIAS cuyo objeto es "CLAUSULA PRIMERA: El objeto del presente contrato es CONSTRUCCIÓN DE DIQUE MARGINAL DESDE COLORADO HASTA ACHÍ - K38+000 - K52+000, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la Licitación No. SMF - 334 de 2006, la propuesta del CONTRATISTA y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato (...)", con un plazo de ejecución de 28 meses y con valor de $14.207.239.151. (Folio 19 a 24) 2.2.2. Acta de fecha 08 de agosto de 2007 mediante la cual el Representante Legal del [NOMBRE TACHADO] 334, el INVIAS y la Interventoría del contrato acordaron precios unitarios no previstos en el contrato para el ítem 210.3 denominado “EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS” en $7.167 m3 de excavación. (Folio 31 a 32) 2.2.3. Adicional No. 1 del 2 de mayo de 2008, en el que se dispuso adicionar al Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006 en la suma de $2.805.000.000, suma que incluye IVA, para un· valor total acumulado de $17.012.239.151.000. (Folio 438 a 439) 2.2.4. Adicional No. 2 del 26 de febrero de 2009, en el que se estableció adicionar al Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006 en la suma de $2.500.000.000.oo, suma que incluye el IVA para un total acumulado de $19.512.239.151.oo. (Folio 25 a 26) 2.2.5. Adicional No. 3 del 5 de junio de 2009, en el que se dispuso adicionar al Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006 en la suma de $5.000.000.000.oo, sin perjuicio del valor incrementado, el valor real a cancelarse al Contratista será la suma de los productos que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precias unitarios estipulados que resulte de multiplicar las cantidades de obra y sus correspondientes ajustes de acuerdo con lo contractual y se prorrogar el plazo del contrato principal hasta el 31 de marzo de 2010. (Folio 27 a 30) 2.2.6. Oficio de fecha 8 de marzo de 2010 dirigido por el Representante Legal del [NOMBRE TACHADO] 334 al Interventor del Contrato, en el que indicó: "El Ítem 210.3 "EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS", ha sido objeto de pago en sitios donde se ha realizado cimentación corrida (Sección Atípica) ver cuadro No. 1. De igual manera en el resto de la longitud del dique se ejecutó esta actividad según el diseño, sin que haya sido objeto de pago, con el argumento de que el material proveniente de la excavación se utilizarla en el cuerpo del dique, cosa que nunca ocurrió". 2.2.7. Recibo Definitivo de Obra de fecha 30 de marzo de 2010. (Folio 78) 2.2.8. Oficio de fecha 8 de marzo de 2010 del Representante Legal del [NOMBRE TACHADO] 334 dirigido al Interventor del Contrato. (Folio 50 a 51) 2.2.9. Oficio CS334-076-2010 del 21 de Junio de 2010 del Representante Legal del [NOMBRE TACHADO] 334 al Representante Legal del Consorcio lnterestudios MIG. (Folio 74 a 75) 2.2.10. Oficio CS334-081-2010 del 8 de julio de 2010, del representante Legal del [NOMBRE TACHADO] 334 dirigido al Subdirector Marítimo y Fluvial del INVIAS. (Folio 76 a 77) 2.2.11. Oficio del 30 de noviembre de 2010 del Representante Legal del Consorcio lnterestudios MIG (Interventor del Contrato), al Subdirector Marítimo y Fluvial del INVIAS. (83 a 94) 2.2.12. Memorando SMF del 7 de marzo de 2011, del Supervisor del Proyecto al Subdirector Marítimo y Fluvial del INVIAS. (Folio 95 a 97) 2.2.13. Memorando No. DT-SUC 35231 con radicación interna No. 637766 de fecha 17 de junio de 2011, del Director Territorial Sucre del INVIAS a la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS. (Folios 98 a 101) 2.2.14. Dictamen pericial en el que se llegó a las siguientes conclusiones: “1.- Analizados los documentos estudiados en el presente peritaje, se evidencia que la excavación objeto de controversia SI se ejecutó. (Ver documentos anexos suscritos por los directos del contrato) 2.- Analizando los documentos estudiados en el presente peritaje, se evidencia que la excavación objeto de controversia (Secciones Típicas) NO fueron objeto de pago. (Ver documentos anexos suscritos por los actores directos del contrato). · 3.- Analizando los documentos estudiados en el presente peritaje, se evidencia que la excavación objeto de controversia (Secciones Típicas) fue cuantificada por la interventoría y la Supervisión del Proyecto y ambos coinciden en una cifra igual a 88. 742 m3 (Ver documentos anexos suscritos por los actores directos del contrato). 4.- Este peritaje nota que todos los actores directos del contrato coinciden en que la excavación objeto de controversia SE EJECUTÓ Y NO SE PAGÓ, pero no entiende la existencia de controversias pues no encuentra diferencias sustanciales entre las posiciones de interventoría (Consorcio lnterestudios Mig), las supervisiones (INVIAS) y el Contratista ([NOMBRE TACHADO] 334) ...” 2.2.15. Oficio CS334-020-2010 del 8 de marzo de 2010 enviado a Consorcio Interestudios MIG donde se confirman las cantidades de excavación pagadas, no pagadas, el concepto del interventor y los gráficos técnicos de la obra. 2.2.16. Oficio CS334-076-2010 del 21 de junio de 2010 enviado a Consorcio Interestudios MIG donde se insiste en el pago de la excavación. 2.2.17. Oficio CS334.-081-2010 del 8 de julio de 2010 enviado a INVIAS donde se Insiste en el pago de la excavación. 2.2.18. Memorando Interno del INVIAS Nº DT-SUC-35231 del 17 de junio de 2011 remitido por la Dirección Territorial de Sucre a la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS. 2.2.19. Acta de Comité Técnico del 9 de septiembre de 2011 a la cual asistió el Ing. Jesús Alonso Mejía del INVIAS, Mireya Castro de Pabón del INVIAS y la Dra. [NOMBRE TACHADO] Universidad Nacional. 2.2.20. Comunicación dirigida por el Consorcio Interestudios MIG en su condición de Interventor bajo radicado INVIAS n° 98702 del 2 de diciembre de 2010. 2.2.21. Memorando Interno SMF del 1 de septiembre de 2011 dirigido por el Supervisor del Proyecto al Subdirector Marítimo y Fluvial del INVIAS. 2.3. Análisis jurídico. Procede ésta Delegada, a emitir concepto dentro del presente radicado, tendiente a solicitar que se REVOQUE la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre de fecha 16 de diciembre de 2019, dentro de la acción de controversias contractuales adelantada en contra del INVIAS por el [NOMBRE TACHADO] 334, de acuerdo con las siguientes consideraciones: Advierte esta Delegada del material probatorio antes referido, que el INVIAS y el Representante Legal del [NOMBRE TACHADO] 334 suscribieron el día 31 de diciembre de 2006 el Contrato de Obra Pública No. 3412 cuyo objeto es " El objeto del presente contrato es CONSTRUCCIÓN DE DIQUE MARGINAL DESDE COLORADO HASTA ACHÍ - K38+000 - K52+000, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la Licitación No. SMF - 334 de 2006, la propuesta del CONTRATISTA y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato (...)", por un valor de $14.207.239.151 y con un plazo de ejecución de 28 meses contados a partir de la fecha de la orden de iniciación. El Contrato de Obra Pública No. 3412 estableció que el Contratista debía ejecutar las actividades requeridas bajo la modalidad de precios unitarios por cantidades de obra para construir un dique marginal desde Colorado hasta Achí, y para ello el contrato contempló una lista de precios unitarios y un procedimiento para pactar precios unitarios no previstos, en caso de requerirse; como consecuencia de lo anterior, el 8 de agosto de 2007, con el aval de la Interventoría, entre el Contratista, y la Entidad, se suscribió el acta de fijación de precios no previstos, del ítem 210.3 por medio del cual se pactó el precio unitario para la ejecución de actividades de "EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS", autorizándose al contratista, en virtud de las necesidades técnicas y de calidad del material in situ su ejecución. En curso de la ejecución del contrato se firmaron por las partes tres contratos adicionales así: i) Adicional No. 1 de fecha 2 de mayo de 2008 en el cual se adicionó al presupuesto total del contrato la suma de $2.805.000.000.oo; ii) Adicional No. 2 de fecha 26 de febrero de 2009 en el cual se adicionó al presupuesto total del contrato la suma de $2.500.000.000.oo; iii.) Y adicional No. 3 de fecha 5 de junio de 2009 en el cual se dispuso prorrogar el plazo del contrato hasta el 31 de marzo de 2010 y adicionó al presupuesto total del contrato la suma de $5.000.000.000.oo, teniendo un valor total del contrato después de las adiciones antes referidas de $24.512.239.151.oo. El [NOMBRE TACHADO] 334, el día 8 de marzo de 2010, dirigió al Representante Legal del Consorcio lnterestudios MIG en su condición de interventor del contrato, la comunicación CS334-020-2010, en la cual solicitó "...el reconocimiento del pago de la actividad 210.3 "EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRESTAMOS”, en un área de 88.742 m3 en lo correspondiente a las secciones típicas del dique, solicitud que pese a ser reiterada no fue atendida por el INVIAS, inclusive hasta la fecha de presentación del medio de control que nos ocupa. El día 30 de agosto de 2010, se suscribió el acta de entrega y recibo definitivo de obra, en la cual se hace el reconocimiento de la excavación realizada por el contratista en los 88.742 m3 de excavación en las secciones típicas del dique en construcción, pero sin que dichos valores fueran reconocidos económicamente y pagados por la entidad contratante. Las actividades de ejecución de la excavación de los 88.742 m3 en las secciones típicas del dique en construcción fueron verificadas por la interventoría, y las cuales se incluyeron periódicamente en las actas de avance de obra 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 correspondientes a los meses de octubre de 2007 y febrero de 2008 hasta junio de 2009, y por lo cual para los casos de las secciones atípicas para la construcción del dique se realizó el pago de las excavaciones bajo el ítem 210.3, pero para el caso de las secciones típicas la Entidad se abstuvo de pagar argumentando que “La excavación que se debe hacer para la conformación del núcleo del dique, no se paga como ítem dado que este material será utilizado en la conformación del terraplén, por lo cual el contratista se beneficia al no tener que utilizar otro material de préstamo lateral. (…)" A la fecha, pese al reconocimiento que la excavación de los 88.742 m3 en las secciones típicas del dique en construcción si se efectuó y se dejó constancia de ellos en las actas antes referidas, como en el acta de entrega y recibo definitivo de obra de fecha 30 de agosto de 2010, no se han pagado y las cuales fueron tasadas en su valor por cantidad de obra atendiendo lo estipulado en el acta de fijación de precios no previstos de fecha 8 de agosto de 2007. 2.3.1 Respecto al contrato estatal a precios unitarios. Resulta pertinente señalar que la finalidad que persiguen los contratos estatales es lograr el cumplimiento de los cometidos estatales y la efectiva prestación de los servicios a su cargo, en procura de lograr la satisfacción de los derechos de todos los administrados, para lo cual el Estado se vale de los particulares para que ejecuten aquellas actividades o proyectos que no pueden ser desarrollados por ella, en virtud de lo cual se crea la relación contractual entre el Estado y los particulares quienes con ésta persiguen obtener un provecho económico en su favor; frente al anterior planteamiento el Consejo de Estado ha señalado: “El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad. Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual. Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual. Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución.” Ha sido una constante del régimen jurídico de los contratos celebrados por la Administración Pública, el reconocimiento de derechos al contratista, específicamente el mantenimiento del denominado equilibrio contractual o económico del contrato, en virtud de la equivalencia de las prestaciones recíprocas, el reconocimiento y respecto de las condiciones pactadas por las partes en las cláusulas del contrato, de tal suerte que la ganancia a que aspira legítimamente el contratista, constituye una de las partes esenciales de la relación que se solemnizó con el Estado, a través del contrato. Al respecto ha dicho el Consejo de Estado: “Desde el punto de vista de la teoría general del contrato, éste es un acto jurídico generador de obligaciones que tiene su fundamento primario en el principio de la autonomía de la voluntad -aunque matizado por ciertos límites que, por diversas razones, son establecidos por el legislador -, en el sentido de que las partes concurren a su celebración y en consecuencia asumen las obligaciones correlativas, por una libre y autónoma decisión de acudir a este procedimiento de intercambio económico y por ello, en general, la ley debe operar sólo de manera supletiva, frente a los vacíos que las partes hayan podido dejar respecto de la regulación de su relación y sólo para llenar esas lagunas de la voluntad. Y precisamente de ese pilar en el que descansa la relación contractual, es que se desprende el principio del pacta sunt servanda, es decir la fuerza obligatoria del contrato mediante el principio del respeto a la palabra empeñada, en la medida en que las cláusulas del negocio jurídico resultan vinculantes para las partes y deben ser respetadas y cumplidas a lo largo de toda la ejecución del contrato; como desarrollo de tal principio, el Código Civil en su artículo 1602 establece que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, disposición que evidencia la importancia que reviste a la hora de ejecutar un contrato, la voluntad de las partes que se obligaron mediante su celebración. Y es en esto precisamente, que consiste el llamado equilibrio del contrato, que no es otra cosa que el mantenimiento durante la ejecución del mismo, de la equivalencia entre obligaciones y derechos que se estableció entre las partes al momento de su celebración. El Consejo de Estado, ha identificado a través del desarrollo jurisprudencial, las razones por las cuales se altera el equilibrio económico del contrato estatal. Entre otros pronunciamientos se encuentra: “Y es que desde que surge a la vida jurídica el contrato, por la celebración, las partes aceptan conocer cuál es el beneficio que derivarán del mismo; la Administración, el logro de los fines esenciales del Estado y el contratista, la obtención del provecho económico en su favor. Es en ese momento histórico cuando surge la regulación económica del convenio, que se traduce en la llamada ecuación financiera del contrato. Desde esa situación, se marcan las bases de la regulación financiera del contrato, que por regla general lo guiarán durante su existencia y es por ello que las normas que regulan la contratación propugnan porque la ecuación financiera del contrato deba mantenerse para así proteger el resultado económico pretendido por las partes contratantes de haberse ejecutado el contrato en las condiciones originales. Al respecto cabe señalar que la Sala ha precisado que el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato tiene aplicación en los llamados contratos “conmutativos” y, con mayor razón en aquellos que deben ser ejecutados en plazos más o menos largos, dado que cualquier variación en la economía de estos durante su vigencia rompe el equilibrio convenido; ha explicado también que el equilibrio económico del contrato puede verse alterado durante su ejecución, por las siguientes causas: 1º. Por actos o hechos de la Administración contratante, 2º. Por actos de la Administración como Estado; y, 3º. Por factores exógenos a las partes del negocio jurídico. Nota de Relatoría: Ver Exp. 14855 del 29 de abril de 1999”. De las líneas precedentes se puede deducir que desde la suscripción del contrato estatal, las partes poseen claridad sobra la contraprestación que a cada extremo le corresponde con ocasión de su ejecución y el provecho económico a su favor, en virtud de lo anterior es que surge la ecuación financiera del contrato, aquella como una paradigma inamovible en garantía de mantener los términos económicos pactados inicialmente en el contrato y regular la relación negocial entre los extremos contractuales, ello como quiera que la alteración de la ecuación durante la ejecución del contrato provocaría el rompimiento del equilibrio convenido con la ecuación financiera. Descendiendo al caso bajo estudio tenemos que el Contrato de Obra Pública No. 3412 suscrito entre INVIAS y el [NOMBRE TACHADO] el día 31 de diciembre de 2006, previó que el Consorcio debía ejecutar las actividades requeridas para construir un dique marginal desde Colorado hasta Achí - K38+000 - K52+000, bajo la modalidad de precios unitarios por cantidades de obra, para lo cual en su clausulado señaló una lista de precios unitarios y un procedimiento para pactar precios unitarios no previstos en caso de requerirse, lo cual fue expresado en la cláusula decima relativa a la ejecución de obras complementarias y adicionales, frente a lo cual señaló: "Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones, originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. El INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y el CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario No. 4: Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con precios del mismo. El INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y el CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que se convengan con el CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. (...)". Hay que señalar que el régimen del contrato a precios unitarios tiene como principal característica que la forma de pago es por unidades o cantidades de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de obras realizadas por el valor de cada una de ellas comprometiéndose el contratista a realizar las obras especificadas en el contrato; es importante destacar que toda cantidad mayor o adicional ordenada o autorizada por el contratante debe ser reconocida y pagada, por lo cual al contratista le asiste derechos a solicitar el reconocimiento del pago por las obras que debiese ejecutar y que fueren necesarias para la estabilidad de la obra aunque aquellas fueran imprevista y no se encontraran estipuladas en el proceso de selección o en el contrato, lo anterior resulta pertinente dado que el valor final del contrato no se encuentra previsto o estimado, ya que aquel resultare de la suma de los valores ejecutados, al respecto el Consejo de Estado ha señalado: “(…) La modalidad de pago a precio unitario generalmente utilizada para los contratos de obra, y que permite concretar la obligación de pago de la entidad estatal, según las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, canceladas de conformidad con los precios unitarios pactados. En esta modalidad, y por la misma naturaleza del contrato que impide definir con certeza su valor real, se establecen unas estimaciones de cantidades de obra, según los estudios previos y unos precios unitarios de los respectivos ítems de obra. Se trata de un valor estimado, pues el valor definitivo y que corresponde al deber de la administración de reconocerlo y pagarlo, será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente pactadas por los precios unitarios consagrados en el contrato, dentro de los límites que el mismo contrato establezca. Por lo tanto, uno es el valor estimado del contrato y otro el valor real, según las mayores o menores cantidades de obra que efectivamente ejecute el contratista para cumplir el objeto pactado. Se puede afirmar que en esta modalidad la entidad estatal asume el riesgo de pagar las diferencias en cantidades de obra que realmente se ejecuten, siempre y cuando no exista modificación alguna en los ítems y prestaciones pactadas. (…) Estos contratos pactados a precios unitarios se diferencian de los contratos a precios global, pues en estos últimos, el contratista obtiene como remuneración una suma global fija, independiente de las mayores o menores cantidades de unidades que se ejecuten y por ende, el contratista asume los riesgos de las diferencias que surjan en las cantidades de obra y es responsable de su culminación por el precio pactado, que corresponde al precio real y definitivo. (…) El mantenimiento sobre bienes inmuebles, a que se refiere el objeto bajo el cual fueron estructurados los contratos del Ministerio del Interior, según se señala en la consulta, por las razones citadas, corresponde a contratos de obra, y no existe objeción alguna para que en su configuración, y bajo la autonomía de la voluntad de las partes, pueda pactarse por unidades de medida, según las obras que se considere pertinentes. (…) La entidad estatal solo estará obligada a reconocer las obras y las cantidades realmente ejecutadas, de acuerdo con los precios unitarios pactados en los pliegos de condiciones y en los respectivos contratos.” De lo anterior se infiere que los contratos de obra a precios unitarios no restringen el valor al inicialmente previsto, dado que aquel es una estimación según lo previsto en la etapa previa y los precios unitarios de referencia señalados en los ítem de la obra a ejecutar en el contrato, ello como quiera que el valor final que debe reconocer y pagar la entidad contratante deberá ser el que arroje la multiplicación de las cantidades de obra realmente ejecutadas y pactadas de acuerdo a los precios unitarios prescritos en los ítem del contrato. Realizado el anterior señalamiento, es evidente que el 8 de agosto de 2007, con el asentimiento de la Interventoría, del Contratista y de la Entidad, se suscribió el acta de fijación de precios no previstos, del ítem 210.3 por medio del cual se pactó el precio unitario para la ejecución de actividades de "EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS", autorizándose al contratista, en virtud de las necesidades técnicas y de calidad del material in situ su ejecución. Es evidente que el reclamo hecho por el actor del pago por la excavación de los 88.742 m3 en las secciones típicas del dique en construcción, tiene su génesis en lo pactado en el acta del 8 de agosto de 2007 de fijación de precios no previstos del ítem 210.3, el cual si fue reconocido por la cubicación realizada en el sectores atípicos del dique pero no para las secciones típicas. Es evidente del material probatorio que las actividades de excavación de los 88.742 m3 fueron debidamente documentados y constatadas su ejecución como quiera que de ella dan cuenta las actas de avance de obra 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 correspondientes a los meses de octubre de 2007 y febrero de 2008 hasta junio de 2009, así como el acta de entrega y recibo definitivo de obra de fecha 30 de agosto de 2010 en la cual se validó las cantidades y se deja constancia que están cubicadas, señalando dentro del acta el reconocimiento del ítem de excavación de materiales por valor de $727.979.484, excavaciones que tiene su origine en lo pactado en el acta del 8 de agosto de 2007 de fijación de precios no previstos del ítem 210.3. Lo cual para el ministerio público no deja duda que efectivamente la actividad de excavación en comento fue ejecutada por el contratista y que su ejecución y solicitud de pago nace en un acuerdo de voluntades realizada por el contratista y la entidad dada la característica del contrato a precios unitarios. Por lo anterior, como quiera resulta evidente para esta delegada del Ministerio Público que las excavación de las cuales se reclama su pago si fueron ejecutadas como quiera que de ellos se dejó constancia en la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 3412 como ya se refirió, esta despacho dedicara el siguiente acápite a examinar si a la luz de los argumentos expuestos por el fallador de primera instancia respecto a que no se satisface el factor de oportunidad para la reclamación del pago por la excavación de los 88.742 m3, resulta aplicable al caso en comento. 2.3.1 En cuanto al factor de oportunidad para la reclamación del pago por la excavación de los 88.742 m3. Atendido los argumentos expuestos en el acápite precedente el Ministerio Público considera oportuno precisar que en todos los eventos que puedan dar lugar a una alteración del equilibrio económico del contrato es indispensable, para que se abra paso el restablecimiento, la prueba del menoscabo y de que este es grave y que además no corresponde a un riesgo propio de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales. Aparte de lo anterior, para que prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, es indispensable que el factor de oportunidad no la haga improcedente. Veamos: El deber de restablecimiento del equilibrio económico se encuentra normativamente previsto en los numerales 3º y 8º del artículo 4º, en el numeral 1º del artículo 5º y en el artículo 27, todos de la Ley 80 de 1993, que respectivamente preceptúan: “Artículo 4°. De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: (…) 3°. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. (…) 8°. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa, Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. (…) Artículo 5° De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 30.de esta ley. Los contratistas: 1°. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas, Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. (…) Artículo 27. De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia que se trate”. (Negrilla de la Delegada). Ahora bien, en efecto, tanto el artículo 16 como el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 prevén que en los casos de alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…” Lo anterior significa que en situaciones o circunstancias que alteren o puedan alterar el equilibrio económico del contrato, y sobre tales las partes lleguen a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes. Sobre este tema, el Consejo de Estado se ha pronunciado señalando que es el principio de la buena fe el que se impone ante tales eventualidades, toda vez que como se sabe, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia” (Se subrayado fuera de texto). Sobre este aspecto, el Consejo de Estado señaló: “(…) En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual. (Resalta la Delegada) Esta postura es de vieja data en la Sección Tercera del Consejo de Estado y baste para confirmar lo dicho traer a cuento el siguiente aparte de la sentencia proferida el 23 de junio de 1992, Exp. 6032: “La anterior manifestación, sin embargo, no encuentra pleno respaldo en el proceso, porque lo cierto es que si hubo suspensiones de las obras, atrasos, de moras, que en últimas condujeron a la prolongación del término contractual inicialmente señalado, no todo obedeció a la voluntad exclusiva de la entidad contratante, sino que hubo acuerdo entre las partes para hacerlo, como se desprende de las actas de suspensión de obra visibles a folios 63 y 64 del Anexo No. 1, suscrito por los interventores, Auditor General y el contratista; o bien de las obras adicionales contratadas, las cuales fueron consignadas en los documentos “otro sí” que reposan en los folios 50 a 60 del Anexo No. 1, suscritos también por el contratista; así mismo, obran en autos las solicitudes de prórroga del actor y los plazos concedidos no sólo en atención a esas peticiones, sino para que entregara la obra contratada en estado de correcta utilización. No encuentra la Sala razonable que el contratista después de finalizado el contrato, por entrega total de la obra, pretenda censurar a la administración por prolongaciones en el plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con las mismas y en parte fue causante de aquellas. En ningún momento el contratista impugnó tales prórrogas y, si lo hizo, de ello no hay demostración alguna en el proceso. En cambio, si se infiere que con las prórrogas y ampliaciones las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron, todo con el ánimo de obtener la ejecución del objeto contractual y de cumplir a cabalidad las obligaciones contractualmente adquiridas. De estas apreciaciones concluye la Sala que no hay lugar a aceptar el cumplimiento respecto del término del contrato planteado por el actor…” (Resaltado propio). Dicha postura fue retomada posteriormente por la Subsección B de la Sección Tercera de ésta Corporación al señalar que: “Así las cosas, es menester puntualizar los efectos jurídicos que en relación con reclamaciones pendientes tienen los negocios jurídicos bilaterales de modificación, adición, prórroga y suspensiones suscritos por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad para adaptar el contrato a las exigencias que sobrevengan o sobre el reconocimiento debido de las prestaciones cumplidas, en el sentido de que no proceden reclamaciones posteriores para obtener reconocimientos de prestaciones emanadas del contrato, cuando no aparecen o no se hicieron en dichos actos. Esta Sección en sentencia de 23 de julio de 1992, rechazó una reclamación de la contratista después de finalizado el contrato por prolongaciones del plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con ellas, puesto que se entiende que mediante estas prórrogas las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron para la debida ejecución del contrato (…) Igualmente, en sentencia de 22 de noviembre de 2001, utilizando este criterio como adicional a la falta de prueba de los mayores sobrecostos, indicó que cuando se suscribe un contrato modificatorio que cambia el plazo original dejando las demás cláusulas del contrato incólumes (entre las mismas el precio), no pueden salir avante las pretensiones de la contratista: “No se probó procesalmente que BENHUR, dentro del término de ejecución del contrato incurrió en sobrecostos superiores a los reconocidos por CEDENAR. Además la Sala destaca que BENHUR en ejercicio de su autonomía de la voluntad suscribió contratos adicionales de plazo en los cuales luego de la modificación de la cláusula original de PLAZO, convino con CEDENAR que las demás cláusulas del contrato, entre ellas el precio, permanecían incólumes” (subraya la sala). No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negóciales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato... (…) Por eso, durante el desarrollo de un contrato como el de obra, en el que pueden sobrevenir una serie de situaciones, hechos y circunstancias que impliquen adecuarlo a las nuevas exigencias y necesidades en interés público que se presenten y que inciden en las condiciones iniciales o en su precio, originados en cambios en las especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras adicionales o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que deban ser reconocidos y revisión o reajuste de precios no previstos, entre otros, la oportunidad para presentar reclamaciones económicas con ocasión de las mismas y para ser reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato modificatorio o adicional. Igualmente, cuando las partes determinen suspender el contrato deben definir las contraprestaciones económicas que para ellas represente esa situación, con el fin de precaver reclamaciones y la negativa al reconocimiento por parte de la entidad contratante, dado que en silencio de las partes ha de entenderse que las mismas no existen o no se presentan en caso de que éstas no las manifiesten en esa oportunidad. (Resalta la Delegada) Con mayor razón legal se genera este efecto jurídico, tratándose de posibles reclamos en materia de desequilibrios económicos del contrato al momento de convenir las condiciones del contrato modificatorio o adicional, en tanto el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, preceptúa que si la igualdad o equivalencia financiera se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, “…las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”, suscribiendo para tales efectos “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimientos de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…” Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea “venire contra factum propium non valet”, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.” (Resalta la Delegada) La Subsección C de la Sección tercera de ésta Corporación también acoge dicha posición al señalar: “Pues bien, la Sala entiende que el término adicional no pudo causar una mayor permanencia en la obra imputable a la entidad, por varias razones: En primer lugar, porque este lapso fue objeto de un contrato donde las partes expresaron su voluntad sobre las condiciones en que se continuaría ejecutando la obra, de manera que siempre que se suscribe un contrato adicional la voluntad de las partes retorna a una posición de reequilibrio de las condiciones del nuevo negocio –como cuando se suscribió el contrato inicial-, porque tanto contratante como contratista tienen la posibilidad de suscribirlo o de abstenerse de hacerlo, y si ocurre lo primero, a continuación pueden establecer las nuevas condiciones del negocio. (…) Esto significa que es perfectamente posible modificar, de común acuerdo, en los contratos adicionales, los precios unitarios o globales del contrato a celebrar, bien para reducirlos o para incrementarlos, definición que cada parte valorará y seguramente concertará en función de los precios del mercado del momento. Claro está que si desde el negocio inicial el contratista se comprometió en alguna de sus cláusulas a mantener los precios, en caso de que se adicione el contrato, entonces la libertad de pacto se habrá empeñado desde esa ocasión, y a ella se atendrá la parte comprometida. En este mismo sentido ya ha expresado esta Sala que: “… En este sentido, tampoco es aceptable, como lo afirma el actor, que por tratarse de un contrato adicional los precios unitarios debían ser los mismos del contrato inicial, so pretexto de que este aspecto era inmodificable. “Este criterio es equivocado, porque bien pudo el contratista asumir una de estas dos conductas, al momento de celebrar los negocios: i) suscribirlos, pero con precios de mercado adecuados, es decir, renegociando el valor unitario de los ítems –en otras palabras, debió pedir la revisión del precio-, o ii) desistir del negocio, porque no satisfacía su pretensión económica, teniendo en cuenta que estaba vigente un impuesto que gravaba la actividad adicional que pretendía ejecutar. “Es así como, si acaso se le causó un daño al contratista se trata de una conducta imputable a él, porque suscribió varios negocios jurídicos pudiendo desistir de ellos, cuando no satisfacían su pretensión económica. “Por tanto, es inadmisible que ahora, luego de celebrados y ejecutados los negocios jurídicos, en vigencia de leyes que claramente señalaban las condiciones tributarias del momento, solicite una indemnización por hechos imputables a la gestión propia, pues de haber sido precavido no se habrían generado las consecuencias que dice padecer.” (…) En estos términos, el actor pudo acordar nuevos precios, pero no lo hizo; y mal puede venir ahora, ante el juez, a pedirle que lo haga mediante una sentencia, cuando debió negociar en su momento este aspecto. Otra cosa sería que se alegara la materialización de la teoría de la imprevisión, por cuya virtud la alteración de las condiciones de un negocio, ya celebrado, por circunstancias posteriores y ajenas a las partes, se hace difícil en su ejecución y cumplimiento, rompiendo la igualdad y el equilibrio del negocio. Pero este no es el caso, porque sin duda la suscripción de los dos contratos adicionales -tanto el de valor como el de plazo-, estaba precedido de las circunstancias que verdaderamente lo originaron, y fue sobre esas razones -conocidas por el contratista- que se pactó lo que consta en esos dos documentos. En este horizonte, cada parte del negocio se hace responsable de aquello a lo que se compromete, y así mismo, mientras nuevas circunstancias no alteren el acuerdo, se considera que contiene en sí su propio reequilibrio financiero.(Resalta la Delegada) En conclusión, para que proceda el restablecimiento judicial de la ecuación financiera del contrato es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.- Que la ruptura de la ecuación financiera del contrato (menoscabo) sea de carácter GRAVE. 2. Que a través del medio probatorio idóneo se encuentre acreditada la relación entre la situación fáctica alegada como desequilibrante y la ruptura grave del equilibrio económico. 3. Que la situación fáctica alegada como desequilibrante no corresponda a un riesgo propio de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales. 4.- Que se realicen las solicitudes, reclamaciones o salvedades de los hechos generadores de la ruptura del equilibrio financiero, dentro de los criterios de oportunidad que atiendan al principio de buena fe objetiva o contractual, esto es que, una vez ocurrido tal hecho, se efectúen las solicitudes, reclamaciones o salvedades al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc. 5. Que las solicitudes, reclamaciones o salvedades se realicen de manera específica y concreta en cuanto a su concepto, tiempo y valor. Es decir, no tienen validez las salvedades formuladas en forma general o abstracta.” (Resalta la Delegada) (…) Citado el precedente jurisprudencial, en el caso objeto de análisis, es claro partiendo de los hechos probados, que los postulados expuestos por el fallador de primera instancia y que están dirigidos a negar las pretensiones de la demanda, tiene como sustento la ausencia del cumplimiento del factor de oportunidad por parte del actor al realizar el pedimento al INVIAS, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 3412, del reconocimiento y pago del valor correspondientes a los 88.742 m3 de excavaciones realizados dentro del ítem 210.3 denominado “EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS”, lo anterior de acuerdo al listado de precios unitarios no previsto señalado en el acta de fecha 08 de agosto de 2007 suscrito entre los extremos contractuales y la cual fijó el valor de $7.167 por m3 de excavación, con fundamento en los siguientes argumentos: “(…) Tampoco se observa, que el Contratista [NOMBRE TACHADO] 334 antes de la suscripción de los Adicionales 1, 2 y 3 del 2 de mayo de 2008, 26 de febrero de 2009 y 5 de junio de 2009, hiciera salvedades o reclamos de carácter económico por los supuestos perjuicios ocasionados como consecuencia del incumplimiento en el pago de los m3 de excavaciones en la sección típica alegada, siendo que la oportunidad para presentarlas, con ocasión de cambios en las especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras adicionales o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que debían ser reconocidos y revisión o reajuste de precios no previstos, es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato modificatorio o adicional, muy a pesar de que, según lo indicado por el Supervisor del Contrato, la ejecución de las excavaciones reclamadas constara en las preactas 7, 11, 12, 1~, 14:16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 correspondientes a los meses de octubre de 2007 y febrero de 2008 hasta junio de 2009, cuando se suscribió el último adicional. Por lo anterior, a la luz de la pauta marcada por la jurisprudencia atrás trascrita, la pretensión aquí solicitada resulta extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual. (…) De manera que, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión, no pueden discutirse con posterioridad, por cuanto estos·tienen como finalidad finiquitar de los asuntos pendientes para las partes.” Es evidente de la transcripción realizada que las pretensiones son negadas dado que el Tribunal estimó que la solicitud de reconocimiento y pago del valor correspondientes a los 88.742 m3 de excavaciones realizados dentro del ítem 210.3, no se efectuaron al momento de suscribir las adiciones y/o prórrogas del plazo contractual, lo cual a su juicio no atendió los presupuestos del factor de oportunidad según los criterios expuesto por la jurisprudencia antes trascrita, y que exigen que la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato se efectuara al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales u otrosíes. En este punto, se debe analizar si la exigencia del cumplimiento del factor de oportunidad resulta ser procedente en el caso en comento y si el reconocimiento y pago del valor correspondientes a los 88.742 m3 de excavaciones realizados dentro del ítem 210.3 es una expresión de la presencia de la ruptura de la ecuación contractual en el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 3412. Para el Misterio Público es evidente que los 88.742 m3 de excavaciones de las cuales se solicita el reconocimiento y pago, ya fueron reconocidas por la entidad demandada, dado que de eso dan cuenta las actas de avance de obra 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 correspondientes a los meses de octubre de 2007 y febrero de 2008 hasta junio de 2009, así como el acta de entrega y recibo definitivo de obra de fecha 30 de agosto de 2010, razón por la cual no avizora esta Delegada la necesidad de realizar ninguna solicitud por parte del actor, tendiente al reconocimiento de dichas actividades ejecutadas ya que aquello se efectuó en el marco de la ejecución del contrato y que el pago por su realización no representa ningún desequilibrio económico del contrato como quiera que el Contrato de Obra Pública No. 3412 es a precios unitarios y el pago de las actividades que son la causa petendi del medio de control, se previeron según lo señalado en el acta del 8 de agosto de 2007 de fijación de precios no previstos del ítem 210.3 la cual estipulo que por aquella actividad se pactó el precio unitario para la ejecución de actividades de "EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS", autorizándose al contratista, en virtud de las necesidades técnicas y de calidad del material in situ su ejecución, por valor de en $7.167 por m3 de excavación. De tal suerte, que no estamos frente a un desequilibrio económico dado que las cantidades de excavación tenían previsto su pago por su ejecución según lo acordado por las partes en el acta del 8 de agosto de 2007 de fijación de precios no previstos del ítem 210.3 y por lo cual el contratista no estaba en el deber de solicitar su reconocimiento según los parámetros exigidos para el factor de oportunidad al momento de la suscripción de los Adicional No. 1 de fecha 2 de mayo de 2008, No. 2 de fecha 26 de febrero de 2009 y No. 3 de fecha 5 de junio de 2009. Por lo anterior, no resulta pertinente exigir al actor el cumplimiento del factor de oportunidad, dado que aquél no es aplicable al caso debatido en el presente medio de control. Como corolario de lo anterior, se debe examinar si la reticencia del INVIAS al pago de los 88.742 m3 de excavaciones realizados dentro del ítem 210.3, es procedente o por el contrario se debe realizar el pago de los valores que aquello representa y que inclusive fueron reconocidos en el acta de entrega y recibo definitivo de obra de fecha 30 de agosto de 2010 señalando dentro del acta el reconocimiento del ítem de excavación de materiales por valor de $727.979.484 al contratista. Al respecto es pertinente señalar que el fallador de primera instancia respecto al no reconocimiento de los 88.742 m3 de excavaciones en las secciones Atípicas, señaló que aquel obedeció a que en el Acta No. 1 de interventoría a la Construcción de fecha 18 de abril de 2007 se indicó “1. La excavación que se debe hacer para la conformación del núcleo del dique, no se paga como ítem dado que este material será utilizado en la conformación del terraplén, por lo cual el contratista se beneficia al no tener que utilizar otro material de préstamo lateral. (...)" Argumento que está alejado de la interpretación que el material probatorio permite realizar, dado que dentro del plenario se dejó constancia que dicha postura fue cambiada por la interventoría y el INVIAS, y contrario a la negativa de pago se señaló en el Acta Técnica del 9 de septiembre de 2011 suscrita por el INVIAS y la Doctora [NOMBRE TACHADO] Universidad Nacional que: "Se analizaron las actas concernientes al objeto de la reunión, así: acta del 18 de abril de 2007 donde se dice "la excavación que se debe hacer para la conformación del núcleo del dique no se paga como ítem, dado que este material será utilizado en la conformación del terraplén, por lo cual el contratista se beneficiará al no tener que utilizar otro material de préstamo lateral". Acta del 16 de abril de 2009 donde se dice “se elimina el espaldón en limo del diseño original y el dique queda 100% en arcilla, cuerpo total en arcilla." En vista de lo anterior, esta reunión concluye que los motivos para no pagar la excavación que se realizó para conformar el dentellón del dique (según lo especificado en los diseños y certificado y cuantificado por la Interventoría) quedaron sin fundamento y por lo tanto se debe reconocer el pago de dicha excavación." (Subrayado propio) Lo anterior permite advertir que el INVIAS pagó las excavaciones del núcleo en las secciones atípicas cuyo material no se utilizó en el cuerpo del dique ni en la conformación del terraplén, por lo que también estimó la necesidad de pagar las excavaciones del núcleo en las secciones típicas donde el material proveniente de la excavación no se utilizó en el cuerpo del dique ni en la conformación del terraplén. Aquél no fue la única manifestación en tal sentido, pues el INVIAS depuso en el Memorando DT-SUC-35231 del 17 de junio de 2011 que "En relación al siguiente hecho: "11 . - El día 8 de marzo de 2010, el [NOMBRE TACHADO] 334, dirigió al Ing. GUSTAVO PEREZ MARINO, Representante Legal del CONSORCIO INTERESTUDIOS MIG, la comunicación es 334- 020-2010, en la que se solicita " el reconocimiento del pago de la actividad 210.3 "EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION DE CANALES Y PRESTAMOS", expresados en el Cuadro No. 2. Lo cual asciende a 79.728 m3 en el dique marginal y 9.014 m3 en el dique de cierre de Caimital se puede dar por cierto, toda vez que la Interventoria del contrato de obra es la encarga (sic) de reconocer y avalar las obras efectuadas por el contratista.", expresión que da cuenta que las excavaciones plasmados en la actas ya referidas y reconocidas en el acta de entrega y recibo definitivo de obra debían ser pagadas; así mismo el Memorando en comento señaló: " ... -4.-Es claro que el trazado y las secciones de diseño original y sobre las cuales se basó el comité de obra No. 1) 18 Abril/2007 = fueron cambiando sustanciales durante el desarrollo, del contrato y las directrices establecidas en este comité sufrieron cambios a lo largo del desarrollo de la construcción del proyecto, cambios concertados entre el INVIAS, la Interventoría, LA UNAL y los Contratistas, por lo que el diseño original sufrió cambios por diversos factores: zonas pantanosas que afectan la cimentación, zonas pobladas donde se cambiaron las secciones y los alineamientos,.etc. (…)....Las cantidades de excavación de las secciones típicas fueron ejecutadas por el Contratista. Considero que el Contratista ejecuto estas excavaciones en la sección típica del dique y no le fueron pagadas, porque se suponía que este material iba a ser colocado en el espaldón del dique por lo que, no se le reconocía esta actividad ya que se le pagaría posteriormente cuando se colocara en el espaldón, actividad esta que nunca se ejecutó y por tanto so (sic) se pagó, esto no le da derecho a la administración a no reconocer una actividad autorizada por la Interventoría y de la cual se pactó valor unitario y se cuantifico su cantidad y el hecho de no reconocer su pago sería un enriquecimiento del Estado a costa del Contratista, por lo que considero que legalmente se le debe reconocer esta actividad." Se pueden dar por cierto. Por la (sic) razones expuesta (sic), se da concepto favorable al Contratista; el cual tiene derecho al reconocimiento de mayores cantidades de obra ejecutada en el ítem de Excavación en materiales común de la explanación, canales y préstamos, (88.742 m3) que no fueron reconocidos en su momento. Lo cual corresponde a la suma de setecientos noventa y cuatro millones novecientos cincuenta mil ochocientos treinta y seis pesos moneda corriente ($794.950.836.00)"(Subrayado fuera de texto) Así mismo el Consorcio Interestudios MIG, interventor del contrato en comento, sugirió al INVIAS mediante memorial radicado 98702 del 2 de diciembre de 2010 que "La actividad de la excavación del cimiento realizada por el contratista debe ser reconocida en todos los sitios donde se haya llevado a cabo, teniendo en cuenta que el motivo de no pago según acta de comité técnico del 18 de abril de 2007 no se cumplió, (…)”, lo cual da cuenta que las cantidades reconocidas en las actas no fueron pagadas y la necesidad de ello. De tal suerte que resulta evidente que la entidad y la interventoría consideraron que el reconocimiento de los 88.742 m3 de excavaciones en las secciones Atípicas, deben ser pagados a más que de su valor se dejó constancia en el acta de entrega y recibo definitivo de obra de fecha 30 de agosto de 2010; el material probatorio da cuenta que la interventoría y el INVIAS en varios pronunciamientos sobre el reconocimiento de la cantidad de excavación consideró la procedencia de su pago, a mas que dentro del plenario quedó probado que su ejecución era indispensables y parte integral de los diseños suministrados por el INVIAS para la ejecución de las obras para garantizar la estabilidad del dique, y para la cual se había pactado y aprobado un precio unitario según acta del 8 de agosto de 2007 de fijación de precios no previstos del ítem 210.3. Todo lo anterior nos lleva a concluir que el estudio que realizó el Tribunal se ciñó a lo estipulado jurisprudencialmente para efectos de la reclamación por desequilibrio contractual, en donde como es cierto, la jurisprudencia ha establecido de tiempo atrás y de manera reiterada, el factor de oportunidad, como condición necesaria para proceder a restablecer el equilibrio del contrato, mas sin embargo dichos postulados no son del todo aplicable al caso en cuestión, pues aquí no se reclama un desequilibrio contractual propiamente, sino el reconocimiento del pago de unas excavaciones adicionales, que resultaron necesarias para la correcta ejecución de las obras, que fueron reconocidas en las actas respectivas, y que si bien en un comienzo se consideró que no procedía el pago de ellas, como quiera que con dicho material se beneficiaría el contratista al utilizarlo para completar otras obras, esto en la practica no sucedió, por lo que en concepto de la interventoría y de la entidad misma, si procedía el pago respectivo, por lo que en conclusión, estamos mas frente a la figura del no pago de obras ejecutadas y reconocidas con lo cual se daría un enriquecimiento si causa a favor de la administración, que frente a un desequilibrio contractual propiamente dicho. En ese orden de ideas, considera esta Delegada del Ministerio Público que es procedente acceder a las pretensiones del presente medio de control en la media que se probó el derecho que le asiste a la parte actora del reconocimiento de las pretensiones invocadas. CONCEPTO Con base en todo lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, conceptúa que la Sentencia de primera instancia del fecha 16 de diciembre de 2019, del Tribunal Administrativo de Sucre debe ser REVOCADA, y en su lugar se deben conceder las pretensiones de la demanda dado el derecho que le asiste a la parte actora del reconocimiento y pago del valor correspondientes a los 88.742 m3 de excavaciones realizados dentro del ítem 210.3 denominado “EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS”, de acuerdo al listado de precios unitarios no previsto señalado en el acta de fecha 08 de agosto de 2007, la cual fijó el valor de $7.167 por m3 de excavación, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 3412 de 2006 suscrito entre el [NOMBRE TACHADO] 334 y el INVIAS, cuyo objeto es la construcción dique marginal desde Colorado hasta Achí K38+000-K52+000, en el denominado Tramo 4 Mojana. De la Honorable Magistrada, CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

Fuente original

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