Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (NULIDAD SIMPLE) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: señala la queja que la supervisora del convenio no cumplió con sus deberes

Descargar PDF (datos tachados) ↓ Buscador de la relatoría PGN ↗
Fecha
2019-08-29
Sección / Sala
PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCION VELEZ
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
201912031457260.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: señala la queja que la supervisora del convenio no cumplió con sus deberes

En resumen

CONTRATO ESTATAL-Funciones a cumplir por la interventoría En ese orden de ideas, la [NOMBRE TACHADO] tiene por objeto establecer la responsabilidad e imponer la correspondiente sanción a los servidores del Estado que han violado con su mal proceder el estatuto disciplinario que los rige, porque los servidores públicos están sometidos al principio general del derecho que enseña que el que comete una falta disciplinaria debe responder por la sencilla razón de que es dueño del actuar encomendado y de sus consecuencias. Por la cual se profiere fallo de primera instancia INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS DISCIPLINADOS Adjunto a la denuncia se allega copia del convenio suscrito el día 18 de septiembre de 2013 entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi Tierra y las capturas de pantalla del Sistema Electrónico de Contratación Pública del proceso contractual relacionado.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 734 de 2002
  • Resolución 213 de 2003, art. 8 núm. 3.2.4
  • Decreto 2474 de 2008

Puntos que trata

  • Recurso de apelacion en proceso disciplinario: Fallo sancionatorio por incumplimiento del deber de supervisión de un convenio
  • Contrato estatal: Funciones a cumplir por la interventoría
  • Causales de nulidad: Previstas en el artículo 143 del CDU
  • Prohibiciones servidores publicos: Incumplir los deberes contenidos en la constitución, las leyes y los decretos

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Supervisión e interventoría

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2026-05-28 Sección Tercera (Subsección A)
El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.
Consejo de Estado 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B)
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.
Consejo de Estado 2025-09-26 Sección Tercera (Subsección A)
No se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales
Consejo de Estado 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B)
No existen pruebas que demuestren defectos en la planeación por parte de la entidad
Consejo de Estado 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A)
Se trató de un contrato estatal sometido a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Tribunal Administrativo de Casanare 2025-11-06 Sala Unica
No se accede a la pretensión relacionada con la exigibilidad de las pólizas
Texto del documento 118.458 caracteres
RECURSO DE APELACION EN PROCESO DISCIPLINARIO-Fallo sancionatorio por incumplimiento del deber de supervisión de un convenio CONTRATO ESTATAL-Funciones a cumplir por la interventoría CAUSALES DE NULIDAD-Previstas en el artículo 143 del CDU PROHIBICIONES SERVIDORES PUBLICOS-Incumplir los deberes contenidos en la constitución, las leyes y los decretos NOTIFICACION POR ESTADO-Regulación legal FALLO SANCIONATORIO-Cuando obre prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado [NOMBRE TACHADO]-Tiene por objeto establecer la responsabilidad e imponer la sanción a quienes han violado con su mal proceder el estatuto disciplinario En ese orden de ideas, la [NOMBRE TACHADO] tiene por objeto establecer la responsabilidad e imponer la correspondiente sanción a los servidores del Estado que han violado con su mal proceder el estatuto disciplinario que los rige, porque los servidores públicos están sometidos al principio general del derecho que enseña que el que comete una falta disciplinaria debe responder por la sencilla razón de que es dueño del actuar encomendado y de sus consecuencias. APRECIACION DE LAS PRUEBAS-Conjuntamente de acuerdo con las reglas de la sana crítica FALTA DISCIPLINARIA-Tipicidad ILICITUD SUSTANCIAL-Definición legal El artículo 5 de la Ley 734 de 2002, indica que la conducta es antijurídica cuando afecta el deber funcional sin justificación alguna, en otras palabras esto significa que el comportamiento además de ser típico, deba ser sustancialmente ilícito. La sustancialidad de la ilicitud se determinará cuando se compruebe que se ha prescindido del deber exigible al disciplinado en tanto ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función Pública. FUNCION ADMINISTRATIVA-Principio de moralidad …La función administrativa de acuerdo con el principio de moralidad, precisa que la misma debe desarrollarse conforme a derecho, esto es, cumpliendo todas las previsiones legales para la realización de cualquier acto de la administración; debiendo hacer hincapié en que dichas previsiones legales no sólo se refieren a aquellas que discriminan las funciones y deberes del cargo público, sino también aquellas que consagran las actuaciones que en su sabiduría estimó el legislador debían estar prohibidas, como ocurre con el incumplimiento a los deberes consagrados bien en la Constitución, la Ley o en los Decretos, pues es tal la sujeción que deben guardar quienes ostentan una relación de sujeción con el Estado, que su desatención se encuentra expresamente prohibida. FALTA DISCIPLINARIA-Clasificación legal El Código Disciplinario Único ha clasificado las faltas en gravísimas, graves y leves. Las gravísimas se encuentran taxativamente señaladas en la misma obra normativa en su artículo 48, y fijó los criterios para determinar la gravedad o levedad de las mismas en el artículo 43. PROSCRITA LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Falta sancionable a título de dolo y culpa El artículo 13 del Código Disciplinario Único – C.D.U. ha establecido que queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, y que por lo tanto las faltas solo podrán ser sancionadas a título de dolo o culpa. CULPA-Clasificación y hechos que la constituyen según la ley 734/02 art. 44 parágrafo único AMONESTACION ESCRITA-Sanción disciplinaria Dependencia: Procuraduría Provincial de Vélez IUS: E – 2013 - 380697IUC: D – 2013 – 606 – 651998 Disciplinado: [NOMBRE TACHADO] Cargo: Secretaria de Educación, Cultura y DeporteEntidad: Municipio de Cimitarra Santander Quejoso: [NOMBRE TACHADO] – ANONIMO – INFORME DE FUNCIONARIO PÙBLICO Fecha de queja 21 de octubre de 2013 Fecha hechos Vigencia 2013 Hechos Presuntas irregularidades en la ejecución del convenio suscrito entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi TierraAsunto: Fallo de Primera Instancia. Dependencia: Procuraduría Provincial de Vélez IUS: E – 2013 - 380697IUC: D – 2013 – 606 – 651998 Disciplinado: [NOMBRE TACHADO] Cargo: Secretaria de Educación, Cultura y DeporteEntidad: Municipio de Cimitarra Santander Quejoso: [NOMBRE TACHADO] – ANONIMO – INFORME DE FUNCIONARIO PÙBLICO Fecha de queja 21 de octubre de 2013 Fecha hechos Vigencia 2013 Hechos Presuntas irregularidades en la ejecución del convenio suscrito entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi TierraAsunto: Fallo de Primera Instancia. Dependencia: Procuraduría Provincial de Vélez IUS: E – 2013 - 380697 IUC: D – 2013 – 606 – 651998 Disciplinado: [NOMBRE TACHADO] Cargo: Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Entidad: Municipio de Cimitarra Santander Quejoso: [NOMBRE TACHADO] – ANONIMO – INFORME DE FUNCIONARIO PÙBLICO Fecha de queja 21 de octubre de 2013 Fecha hechos Vigencia 2013 Hechos Presuntas irregularidades en la ejecución del convenio suscrito entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi Tierra Asunto: Fallo de Primera Instancia. Dependencia: Procuraduría Provincial de Vélez IUS: E – 2013 - 380697 IUC: D – 2013 – 606 – 651998 Disciplinado: [NOMBRE TACHADO] Cargo: Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Entidad: Municipio de Cimitarra Santander Quejoso: [NOMBRE TACHADO] – ANONIMO – INFORME DE FUNCIONARIO PÙBLICO Fecha de queja 21 de octubre de 2013 Fecha hechos Vigencia 2013 Hechos Presuntas irregularidades en la ejecución del convenio suscrito entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi Tierra Asunto: Fallo de Primera Instancia. Resolución No. 022 (Agosto 29 DE 2019) Por la cual se profiere fallo de primera instancia EL PROCURADOR PROVINCIAL DE VÉLEZ, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las contenidas en los artículos 277 de la Constitución Nacional, artículo 76 del Decreto 262 de Febrero 22 de 2000 y en el artículo 169 de la Ley 734 de 2002 y, C O N S I D E R A N D O Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 277 numeral 6°. De la Constitución Política Nacional, el Procurador General de la Nación, por si o por medio de sus Delegados y Agentes, tiene como función “ejercer la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive de las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e impartir las respectivas sanciones conforme a la ley” Que el literal a, numeral 1° del artículo 76 del Decreto 262 del año 2000, faculta a las Procuradurías Provinciales para conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos del orden municipal. Que la Resolución 213 de 2003 articulo 8 numeral 3.2.4, le señala competencia territorial de la Procuraduría Provincial de Vélez entre otros en el municipio el de Cimitarra – Santander. Que el Artículo 169 A de la Ley 734 de 2002 determina que el funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del término de traslado para presentar alegatos de conclusión. INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS DISCIPLINADOS Se investiga a [NOMBRE TACHADO], identificada con la cédula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Cimitarra, quien se desempeñaba para la época de los hechos como Secretaria de Educación, Cultura y Deporte código 020, grado 02, Nivel Directivo, cargo para el cual fue nombrada mediante Resolución No. 031 del 13 de enero de 2012, tomando posesión el mismo día tal como consta en acta No. 009 de 2012. ANTECEDENTES De las quejas Mediante escrito radicado el día 21 de octubre de 2013, el señor [NOMBRE TACHADO] condición de Secretario Técnico de la Veeduría Ciudadana Regalías Región Carare Opón, pone en conocimiento de este Despacho presuntas irregularidades en el convenio de asociación para el apoyo a programas de interés público suscrito entre el municipio de Cimitarra Santander y la Fundación Mi Tierra. Las presuntas irregularidades se concretan así: Posible sobrecostos en el convenio, como quiera que se estableció como valor del mismo la suma de $250.000.000, especificándose que de dicho valor se destinará la suma de $152.700.000 para logística, alimentación, trasporte y refrigerios, sumas que considera el quejoso son exorbitantes pues se plantea una capacitación de 80 horas para 30 Madres comunitarias, que residen en la cabecera municipal de Cimitarra Santander. Se menciona igualmente un posible sobrecosto en el valor destinado a la entrega de material didáctico, pues se indica que se destinará la suma de $65.700.000 suma que también resulta escandalosa para el quejoso. Se cuestiona así mismo que el proceso contractual se haya efectuado por contratación directa utilizando la modalidad de convenio de asociación, cuando se debió realizar una convocatoria, pues la alcaldía no podía contratar actividades que implicaran una contraprestación directa a favor de la entidad pública. Adjunto a la denuncia se allega copia del convenio suscrito el día 18 de septiembre de 2013 entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi Tierra y las capturas de pantalla del Sistema Electrónico de Contratación Pública del proceso contractual relacionado. – Ver folios 1 – 13 del C.o – Igualmente a folio 1263 del cuaderno original número 7, reposa escrito de queja al parecer suscrito por madres comunitarias sin identificar 8 de marzo de 2014, mediante el cual se señalan presuntas irregularidades en el abuso, despilfarro y aprovechamiento de los recursos del convenio, se indica que la gran mayoría de personas que participaron en la capacitación residen en el municipio de Cimitarra, por lo que no se invirtió dinero alguno en transporte y menos en alojamiento. En el escrito se hace una relación de los refrigerios recibidos en cada una de las capacitaciones, para concluir que los valores reportados por la fundación para este ítem son exagerados, se reprocha también que el material entregado corresponde a una cartilla con el logo de la Gobernación de Santander y la Fundación Neuro y que uno de los talleres fue brindado por la Cruz Roja. Refiere anomalías en las facturas entregadas por la Fundación Mi Tierra, como es el caso de la factura por alquiler de vehículos que es pasada por la suma de $39.600.000 pero el valor mensual corresponde a la suma de $19.800.000, señalando que la supervisora del convenio no cumplió con sus deberes legales de control. En cuanto a las facturas de los almuerzos entregados se indica que supuestamente fueron suministrados por una cooperativa cuyo objeto social corresponde a servicios eléctricos, redes de alta, media y baja tensión. Finalmente señala la queja que la supervisora del convenio no cumplió con sus deberes, pues en el acta de liquidación se evidencian valores mayoritarios, sin realizar el desglose de los gastos referentes a transportes, alimentación y alojamiento, indicando que los capacitadores gastaron recursos del estado en hamburguesas, ensaladas de frutas, incluso en establecimientos del municipio de Puerto Berrio. Como anexos de la queja se allegaron: Copia de las facturas expedida por Maquimineros Ltda de fecha 05 de octubre y 5 noviembre de 2013 con la fundación Mi Tierra, reportando los valores $6.750.000, $6.550.000 y $ 6.500.000 para un total de $19.800.000 no obstante las facturas son totalizadas por la suma de $39.600.000. Facturas de almuerzos y refrigerios por valor de $20.113.500, $1.260.000, $24.136.200 y $24.136.000 con la Cooperativa de Trabajo Asociado para la prestación de servicios integrales. Copia de la caratula de la cartilla y registros fotográficos. – Ver folios 1263 – 1281 del cuaderno original No. 7 – De los Informes de Funcionarios Público A través de escrito radicado el 04 de septiembre de 2014 la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja remite por competencia el traslado de hallazgos disciplinarios de la Contraloría General de Santander, por presuntas irregularidades en el convenio de asociación para el apoyo a programas de interés público suscrito entre el municipio de Cimitarra Santander y la Fundación Mi Tierra. Los hallazgos fueron discriminados por el ente fiscalizador así: 1). Población Beneficiaria del Proyecto: Se indica que en desarrollo del convenio se expidió comunicado convocando a padres/madres de familia, mujeres gestantes y madres lactantes al plan de capacitación y actualización del talento humano de la primera infancia, que además en la entrevista realizada a la Secretaria de Educación se informó que 52 de los participantes son padres y madres de familia, con lo cual se incumplió el anexo 20 del documento CONPES 162 de 2013 que señala: “Estos procesos de cualificación no se contemplará el talento humano vinculado a otros sectores de la atención integral a la primera infancia como el sector salud, cultura y de protección; así como tampoco se contemplaran procesos dirigidos a las familias de los niños y las niñas. Puesto como se ha reiterado a lo largo del documento, estos procesos de cualificación están centrados en el talento humano que directamente trabaja en la educación inicial en el marco de la atención integral.” 2). Estudios y documentos previos: Se indica que conforme lo señala el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, los estudios previos deben contener entre otros aspectos el análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto, así como su monto y los posibles costos asociados al mismo. En los estudios previos del convenio se evidencia que no se determina el número de beneficiarios del proyecto, se establecieron cantidades y valores globales de gastos y de materiales, presentándose ambigüedad sobre el cálculo de los valores asignados a cada rubro. Lo anterior dificulta un seguimiento al cumplimiento del convenio porque no describe en forma precisa lo que se requiere, contraviniendo los principios de transparencia, economía y responsabilidad. 3). Mayor Valor Cancelado: Luego de citar la ruta que deben seguir las entidades territoriales para invertir los recursos del CONPES en líneas de atención educativas y culturales, precisa que en el convenio suscrito se hace referencia que cada capacitador tendrá 80 horas, y el numeral 9 del anexo 20 indica que el mínimo y máximo de personal a capacitar es de 10 a 50 personas por cada grupo de cualificación y como intensidad horaria mínimo 40 horas, lo que permite establecer que el número máximo de personas a capacitar era de 100. No obstante lo anterior en la entrevista realizada a la Secretaria de Educación manifestó que hubo asistentes flotantes y temporales, que no son tenidos en cuenta pero que se entregó certificado de asistencia a 150 personas. Se indica en el informe que en la mayoría de los listados de asistencia no se identifica la actividad, fecha y lugar, por lo que no se puede tener certeza del número de asistentes en cada actividad, debido a que la fundación incumplió con este requisito como así lo acepta la Secretaria de Educación del municipio. Igual circunstancia se presenta con la entrega del material didáctico pues no se puede determinar el número de elementos entregados, pues las actas carecen de estos requisitos. En cuanto a las cartillas se pudo determinar a través de las encuestas realizadas que no fueron entregados a la totalidad de los asistentes, pues de 77 participantes encuestados sólo 25 la recibieron, indicándose que la cartilla relacionada en la factura no corresponde con la entrega. De acuerdo a lo manifestado por un grupo de participantes se pudo determinar que el alojamiento y transporte no fue para el personal beneficiario, y es así como lo manifiesta la Secretaria de Educación quien informa que fue para el personal capacitador. En relación con la entrega de alimentos (refrigerios, desayunos, almuerzos y comidas) no se evidencian listados de entrega, manifestando la Secretaria de Educación: “… doy constancia de las entregas al personal registrado como al personal flotante y a los niños acompañantes; es así como un fin de semana en el casco urbano de Cimitarra, se registró la entrega de refrigerios y almuerzos a 280 personas incluidos niños acompañantes; con respecto a los desayunos y comidas, se deja constancia que en ningún momento se hizo entrega a los asistentes.” Se advera que los documentos allegados por el municipio y el contratista no permiten determinar la totalidad de los costos en que se incurrió el convenio, así como tampoco el valor de alojamiento y transporte por parte del personal capacitador, ya que las facturas no precisan fechas, cantidad y valor en forma detallada, lo mismo sucede con la entrega de alimentación y material, con el agravante que quien suministra la alimentación es una cooperativa con especialidad en servicios eléctricos, redes alta, media y baja tensión, obras viales, civiles y forestales. Adjunto al informe se allegan 4 CDS que contiene los soportes documentales de los hallazgos con connotación disciplinaria trasladados, entre ellos la denuncia realizada por madres comunitarias, la visita realizada por ente fiscalizador, las entrevistas tanto a la Secretaria de Educación municipal como a los participantes, entre otros. – Ver folios 1284 – 1298 del cuaderno original No. 7 – Así mismo reposa en el expediente el informe oficial presentado por el señor [NOMBRE TACHADO] su condición de concejal del municipio de Cimitarra Santander, por medio del que denuncia presuntas irregularidades en el convenio de asociación aquí cuestionado, decantándose que los hechos reprochados son análogos a los advertidos tanto en las quejas como en el mismo informe de la Contraloría por lo que no se hará mención adicional a ello. – Ver folios 1299 – 1302 del cuaderno original No. 7 – Del Trámite Procesal Indagación Preliminar Con fundamento en lo señalado en la queja, este Despacho profirió auto de indagación preliminar el 13 de noviembre de 2013 en contra de [NOMBRE TACHADO] en su condición de Alcalde municipal y en contra [NOMBRE TACHADO] en su condición de Secretaria de Educación del municipio de Cimitarra Santander, por presuntos sobrecostos frente a la ejecución del convenio de asociación para el apoyo a programas de interés público entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi Tierra por valor de $250.000.000. – Ver folios 14 -17 del C.o – En desarrollo de esta etapa procesal fueron recaudadas las documentales que se enuncian: Documentos que acreditan la condición de servidores públicos de los investigados como son, resolución de nombramiento y certificación de la comisión escrutadora, actas de posesión, certificado de tiempo de servicios y salarios devengados, copia de las hojas de vida, entre otros. (Folios 28 – 37 del C.o No. 1 ) Copia del certificado de banco de programas y proyectos municipal (BPPIM), en el que consta que el proyecto denominado Apoyo a Programas para la Protección y Atención a la Infancia y Adolescencia en el Municipio de Cimitarra se encuentra inscrito. (Folio 45 del C.o No. 1) Copia del estudio previo y de conveniencia elaborados por [NOMBRE TACHADO] – Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, para el convenio de apoyo a la capacitación y asistencia técnica, orientada al desarrollo eficiente de las competencias, lineamientos para la primera infancia de los funcionarios, agentes educativos, madres comunitarias y personas encargadas de la atención a la primera infancia del municipio de Cimitarra. (Folios 46 – 56 del C.o No. 1) Copia del Anexo No. 10 del documento CONPES 162 de 2013. (Folios 57 – 73 del C.o No. 1 ) Copia de la propuesta presentada por la Fundación Mi Tierra al municipio de Cimitarra Santander (Folios 74 – 96 del C.o No. 1 ) Oficio de fecha 26 de agosto de 2013 elaborado por la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte y dirigido a la Dra. [NOMBRE TACHADO]- Comité Intersectorial Primera Infancia Secretaría de Educación Departamental Gobernación de Santander, bajo el asunto: Presentación Plan de Capacitación de Agentes Educativos CONPES 162 de 2013. (Folios 97 – 99 del C.o No. 1 ) Oficio de fecha 2 de septiembre de 2013 suscrito por la Delegada Primera Infancia de la Secretaria de Educación Departamental dirigida a la Secretaria de Educación del municipio de Cimitarra Santander, bajo el asunto calificación de la propuesta de capacitación primera infancia, en la cual se indica que la Fundación Mi Tierra cumple con los criterios de evaluación obteniendo el máximo puntaje, en consecuencia se otorga el aval para que se ejecuten los recursos. ( Folio 100 – 101 del C.o No. 1) Documentos del personal, certificaciones de experiencia y certificado de existencia y representación legal, presentados por la Fundación Mi Tierra. (Folios 106 – 177 del C.o) Copia del acta de idoneidad de la Fundación Mi Tierra expedida por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Cimitarra, así como copia del CDP y RP del convenio. (Folios 178 – 182 del C.o No. 1) Copia del acta de inicio de fecha 26 de septiembre de 2013 y copia del acta de aprobación de garantías de fecha 25 de septiembre de 2013. (Folios 194 -195 del C.o No. 1) Oficio de fecha 09 de octubre de 2013 firmado por el Representante Legal de la Fundación Mi Tierra por el cual se solicita el cambio de perfiles profesionales debido a las necesidades de la población y cronograma de actividades. (Folios 196 -200 del C.o No. 1) Oficio de fecha 15 de octubre de 2013 por medio del cual se accede al cambio de perfiles profesionales. (Folio 221 del C.o No. 1) Oficio de fecha 15 de octubre de 2013 por el cual se requiere a la Fundación Mi Tierra informe del avance del convenio, oficio que es respondido mediante comunicación de fecha 28 de octubre de 2013 con el informe de actividades y soportes de actividades. (Folios 222 C.o No. 2 –562 C.o No. 3 ) Informe final presentado por la Fundación Mi Tierra, en el que se adjuntan evidencias fotográficas, fílmicas, planillas de asistencia, contratos de prestación de servicio, cuentas de cobros, facturas entre otros. ( Folios 563 – 620 del C.o No. 4) Copia del oficio de fecha 18 de noviembre de 2013 suscrito por la Secretaría de Educación Departamental y dirigido a la Secretaria de Educación del municipio de Cimitarra, en el cual se indica que de conformidad con el monitoreo, control y vigilancia, que la formación de agentes por parte de la Fundación Mi Tierra se destacó en la divulgación, metodología y materiales utilizados, se adjuntan cartas de los participantes. (Folio 630 - 632 del C.o No. 4 ) Acta de liquidación final del convenio. (Folios 822 -823 del C.o No. 5 ) Acta de entrega y recibo final del convenio de asociación de fecha 16 de diciembre de 2013. (Folios 826 del C.o No. 5 ) Copia del plan de capacitación del talento humano primera infancia. (Folios 828 – 918 del C.o No. 5) Formatos de evaluación y actas de entrega de material didáctico. (Folios 919 – 990 del C.o No. 5) Copia de evidencias de talleres y planillas de asistencia ( Folios 1001 -1191 del C.o No. 6) Planillas de entrega de material didáctico, observándose que en algunas de ellas se evidencia que se entrega material en mal y regular estado y que son entregados solo dos ítems. ( Folios 1192 – 1112 del C.o No. 6) Copia de evidencias de talleres. (Folios 1113 – 1198 del C.o No. 6) Copia de evaluaciones de satisfacción (Folios 1129 C.o No. 6 – 1256 del C.o No. 7) Copia del Informe de Supervisión del periodo comprendido entre el 1 – 31 de octubre de 2013. Versión Libre En el decurso de esta etapa procesal los disciplinados [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] hicieron uso de su derecho legal de defensa, rindiendo versión libre de los hechos ante la Personería Municipal el día 10 de febrero de 2014. (Folios 36 – 41 del C.o No. 1) Investigación Disciplinaria Con el fin de verificar la veracidad del hecho y la responsabilidad de los implicados el Despacho profirió auto de investigación disciplinaria el día 17 de noviembre de 2015 en contra de [NOMBRE TACHADO] en su calidad de mandatario local y en contra [NOMBRE TACHADO] en su condición de Secretaria de Educación del municipio de Cimitarra por las presuntas irregularidades enunciadas en el convenio de asociación suscrito con la Fundación Mi Tierra – Ver folios 1319 – 1322 del cuaderno original No. 7 –. En el transcurso de esta etapa procesal se allegaron como pruebas las siguientes: Copia el oficio de fecha 7 de diciembre de 2015, por medio del cual la Gobernación de Santander remite el soporte de los criterios tenidos en cuenta para la evaluación, para asignación de máximo puntaje a la Fundación Mi Tierra. (Folio 1329 – 1330 del C.o No. 7) Acta de visita practicada por la Personería Municipal de Cimitarra y constancias que certifican la imposibilidad de recaudar las pruebas comisionadas en el auto de investigación disciplinaria. (Folio 1335 del C.o No. 7) Acumulación Proceso Disciplinario Mediante auto de fecha 14 de julio de 2016 se dispuso acumular al presente radicado el proceso disciplinario con IUC – D – 2016 – 606 - 835906, en razón a que en dicho expediente se investigan los mismas presuntas irregularidades del convenio de asociación suscrito entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi Tierra. El señalado proceso se encontraba para la fecha de acumulación en etapa de indagación preliminar y fue aperturado con ocasión al traslado de hallazgos disciplinarios remitido por la Contraloría General de la Republica, recopilando prueba documental relacionada con la acreditación de la condición de servidores públicos de los investigados, copia de los estudios previos, copia del convenio de asociación No. 314 de 2013 e informe de supervisión, así como la versión libre del señor [NOMBRE TACHADO] – Ver folios 1350 – 1457 del C.o No. 7 – Prórroga de Investigación Disciplinaria Mediante auto calendado el 12 de julio de 2018, esta instancia dispuso la prórroga de la investigación disciplinaria por considerar la necesidad de recaudar prueba adicional que permita esclarecer la situación fáctica investigada y la presunta responsabilidad de los investigados. Durante esta etapa procesal se recaudó el siguiente material probatorio: copia de la Resolución No. 052 de 2012 por medio de la cual se delegan facultades a la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte para celebrar contratos. (Folio 1486 del cuaderno original No. 7) Acta de visita practicada por la Personería municipal de Cimitarra, en la cual se deja constancia que revisada la carpeta del convenio No. 314 de 2013 no se encontró soportes de la vigilancia que se haya ejercido por parte del Alcalde municipal respecto de la delegación para contratar a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. (Folio 1484 del C.o No. 7) CD que contiene 8 informes de ejecución del convenio 314 de 2013, presentados por la Fundación Mi Tierra. Cierre de Investigación El 22 de mayo de 2019 y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 160 A del C.D.U. se procedió a cerrar la investigación disciplinaria, notificado por estado conforme se evidencia a folio 1489 del C.O No. 8, sin que se interpusiera recurso contra la misma. PLIEGO DE CARGOS: Mediante auto de fecha 29 de mayo de 2019 el despacho ordenó Formular Auto de Cargos contra la señora LINA MARIA MORALES QUINTERO identificada con la cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Cimitarra, en su calidad de Secretaria de Educación, Cultura y Deporte código 020, grado 02, nivel directivo, por las razones y los cargos puntualizados en la motivación del pronunciamiento – Ver folios 1491 – 1603 del c.o No. 8 – Providencia a través de la cual formuló el reproche disciplinario, así: Cargo Único: “Usted señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Cimitarra Santander como supervisora del convenio No. 314 del 18 de septiembre de 2013 suscrito con la Fundación Mi Tierra, cuyo objeto fue: “Apoyo a la capacitación y asistencia técnica orientada al desarrollo eficiente de las competencias, en los lineamientos, para la primera infancia de los funcionarios, agentes educativos, madres comunitarias y personas encargadas de atención a la primera infancia del municipio de Cimitarra”, pudo haber incurrido en la comisión de falta disciplinaria por no haber ejercido en debida forma la supervisión del convenio al permitir que: La Fundación Mi Tierra en el plan de capacitación y actualización del talento humano de la primera infancia, capacitara a madres y padres de familia, contrariando lo señalado en el objeto del convenio y lo establecido en el documento CONPES 162 de 2013 y sus anexos técnicos. La Fundación Mi Tierra capacitara a un número de personas que superaban los topes máximos de beneficiarios de acuerdo a lo señalado en el documento CONPES 162 de 2013 y sus anexos técnicos, ya que el máximo de personas a capacitar por cada grupo de cualificación son 50 personas. La Fundación Mi Tierra presentara como soportes listados de asistencia sin que se identificara la actividad, fecha y lugar, por lo que no se puede tener certeza del número de asistentes y la actividad específica realizada. La Fundación Mi Tierra presentara actas de entrega de material didáctico en las cuales no se puede identificar el número de elementos entregados, observándose que en la gran mayoría se consigna que se entregan en mal o regular estado. Que se pagarán mayores cantidades en alimentación para el personal que no era beneficiario del programa, como lo fueron las madres y padres de familia, los niños y el personal flotante que asistió a las jornadas de capacitación. La Fundación Mi Tierra invirtiera los recursos destinados a la ejecución del convenio sin ningún control y vigilancia, allegando facturas que carecen de los requisitos legales con proveedores no aptos para los servicios prestados, y sin los soportes de entrega que permitan tener certeza de que los beneficiarios los recibieron, como ocurrió con los almuerzos, refrigerios y cartillas del programa. La Fundación Mi Tierra invirtiera valores considerables en alojamiento y transporte, que no fueron destinados a los beneficiaros del plan de capacitación, sino al parecer únicamente en los capacitadores, sin que ante la ausencia de soportes se pueda tener certeza plena del uso dado a estos recursos. La conducta anterior presuntamente se halla inmersa en la falta disciplinaria prevista en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.”. Se citaron como normas que encauzaban su comportamiento oficial las siguientes: Decreto 777 de 1992 “ARTICULO 6o. La ejecución y cumplimiento del objeto del contrato se verificarán a través de un interventor, que podrá ser funcionario del Gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital o municipal designado por la institución contratante. También se podrá contratar directamente la interventoría con personas naturales o jurídicas especializadas y de reconocida idoneidad en la materia objeto del contrato. Estos gastos, que no podrán exceder del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, se imputarán al mismo. En todo contrato se determinarán las funciones que corresponden al interventor, entre las cuales estará la de exigir el cumplimiento del objeto del contrato y solicitarle al contratista la información y los documentos que considere necesarios en relación con el desarrollo del mismo. Adicionalmente y con el mimo objeto, podrá preverse la existencia de interventores designados por la comunidad o por asociaciones cívicas, profesionales, comunitarias o juveniles. Cuando se trate de contratos celebrados con entidades sin ánimo de lucro del sector salud, la interventoría podrá encomendarse al representante del sector salud en la junta directiva de la misma, a que hace referencia el artículo 48 del Decreto 1088 de 1991. PARAGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los mecanismos de interventoría a que haya lugar en virtud de acuerdos y convenios con los organismos internacionales que suministren los recursos correspondientes.” Con relación a la norma transliterada considera el Despacho pertinente realizar una aclaración en cuanto a la vigencia y el término interventoría empleado en la misma. Así debe precisarse que si bien a la fecha el mencionado Decreto se encuentra derogado por el Decreto 92 de 2017, para la fecha en que se suscribió el convenio No. 314 de 2013 si se encontraba vigente, pues la norma que lo derogó sólo empezó a regir el 01 de junio de 2017. En cuanto a la interventoría que menciona la norma, en razón a que en el párrafo primero se indica que el interventor podrá ser un funcionario del orden nacional, departamental o municipal designado por la misma entidad contratante, habrá de entenderse que la norma hace alusión a aquel funcionario que hoy se conoce como el supervisor. Adecuación Normativa El comportamiento posiblemente irregular, que se le ha señalado a la investigada [NOMBRE TACHADO] y que es objeto de reproche, como producto del incumplimiento de la norma sustancial antes descrita, se tipifica como falta disciplinaria en las siguientes disposiciones de la Ley 734 de 2002: “Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.” (Subraya fuera del original) Conforme a los anteriores presupuestos el despacho determinó que con su conducta la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Cimitarra, inculpada incurrió en la FALTA DISCIPLINARIA GRAVE a título de CULPA GRAVISIMA. DESCARGOS Y PRUEBAS DE DESCARGOS Que a la disciplinada se le envió boleta de citación de fecha 29 de mayo de 2018 mediante oficio No. 1873, con el fin de que se notificara personalmente como consta a folio 1504 del c.o No. 8; igualmente se le envió comunicación a través de medios tecnológicos al email [CORREO TACHADO] como consta a folios 1506-1508 del c.o. No. 8, el día 14 de julio de 2019, se recibe comunicación por parte de la disciplinada donde nuevamente autoriza ser notificada mediante medios tecnológicos a los email [CORREO TACHADO] – [CORREO TACHADO], documentos obrantes a folios 1511-1514 del c.o. No. 8, de conformidad con lo solicitado por la señora [NOMBRE TACHADO], y conforme lo señalado en el artículo 102 del C.U.D, el día 14 de junio de año 2019 se notifica personalmente el Auto de Pliego de Cargos, como consta a folios 1515-1517 del c.o. No. 8. Que en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, la disciplinada, presentó escrito de descargos el día dos (02) de julio del año 2019, obrante a folios 1518-1562 del c.o. No. 8, donde entre otras cosas dijo lo siguiente: “(…) En cuanto a lo manifestado por el Despacho que el cierre de la investigación disciplinaria me fue comunicada en debida forma como sujeto procesal sin que se interpusiera recurso contra la misma, me permito manifestar que allegué a la Procuraduría Provincial, oficio de fecha 29 de junio de 2016 donde manifesté al Despacho que en mi condición de investigada de varios procesos disciplinarios autorizaba y aceptaba ser notificada de conformidad con el artículo 102 de la Ley 734 de 2002 (…) me permito dejar claro que en el recibido dado por la Procuraduría Provincial, sólo colocaron el sello de RECIBIDO, sin que por parte del Despacho se llenaron los datos a consignar, no obstante el oficio tiene plena validez y fue recibido para conocimiento y fines pertinentes, por lo cual era deber del despacho notificarme mediante los correos aportados, en todos los procesos disciplinarios adelantados en dicha instancia. Por lo anterior me permito manifestar que como disciplinada no fui notificada en debida forma a los correos electrónicos suministrados para la notificación ([CORREO TACHADO] y/o [CORREO TACHADO]), razón por la cual no interpuse recurso alguno contra el cierre de la investigación ya que la Procuraduría desconoció su deber de notificación por medio de comunicación electrónico, aceptación que allegue mediante el oficio mencionado. A LOS CARGOS CARGO UNICO La Procuraduría Manifiesta que en mi condición de Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Cimitarra Santander como supervisora del convenio No. 314 del 18 de septiembre de 2013 suscrito con la Fundación mi tierra cuyo objeto es “apoyo a la capacitación y asistencia técnica orientada al desarrollo eficiente de las competencias, en los lineamientos, para la primera infancia de los funcionarios, agentes educativos, madres comunitarias y personas encargadas de la atención a la primera infancia del municipio de Cimitarra”, pude haber incurrido en la comisión de la falta disciplinaria por no haber ejercido en debida forma la supervisión del convenio al permitir que: -La fundación mi tierra en el plan de capacitación y actualización de talento humano de la primera infancia, capacitara a madres y padres de familia, contrariando lo señalado en el objeto del convenio y lo establecido en el documento CONPES 162 de 2013 y sus anexos técnicos. En cuanto a la capacitación, es de precisar que la misma se brindó a la población establecida en el Conpes 162 de 2013, es decir al talento humano que trabajaba en educación inicial, con el fin de fortalecer sus prácticas cotidianas que redunden en la calidad de la atención de los niños de primera infancia, sus familias y la comunidad, de acuerdo con las orientaciones técnicas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional para tal efecto. En cuanto a lo afirmado por el Despacho que se capacitaron madres y padres de familia, los mismos no fueron la población principal a la que se enfocó el Convenio, a contrario sensu, estos fueron asistentes adicionales al talento humano que trabaja con educación inicial, a los cuales no se les podía restringir su asistencia al evento y se les permitió participar en la capacitación, máxime teniendo en cuenta que las mismas influían en el entorno familiar de la primera infancia. Es así que en mi calidad de supervisora del contrato, cumplí a cabalidad en verificar que el objeto del convenio se diera a los funcionarios, agentes educativos, madres comunitarias y personas encargadas de la atención a la primera infancia del municipio de Cimitarra. -La fundación mi tierra capacitara a un número de personas que superaban los topes máximos de beneficiarios de acuerdo a lo señalado en el documento CONPES 162 de 2013 y sus anexos técnicos, ya que el máximo de personas a capacitar por cada grupo de cualificación son de 50 personas. Respecto a que se atendió personal superior a las 50 personas establecidas en el Conpes, es de resaltar las 3 fases en que se dividía el proyecto: Promoción. Convocatoria. Caracterización. Es así que inicialmente el proyecto estaba dirigido a 44 personas, pero como se desprende del informe de actividades del proyecto, la población se encontraba dispersa en los corregimientos y siguientes centros poblados: Puerto Araujo, Puerto Olaya, Palmas de Guayabito, Primavera, San Juan de la Carretera, La Traviata, San Fernando, San Pedro de la Paz y Los Rancho; ubicados a 34, 70, 35, 66, 60 (sin datos de la Traviata), 80, 81 y (sin datos de Los Ranchos), kilómetros de la cabecera municipal de Cimitarra, lugares que compren vías terciarias, lo cual aumento el número final de participantes a la capacitación, talento humano que debió ser atendido de forma prioritaria, más aún que se encontraban en los lugares más lejanos y abandonados del municipio, los cuales requerían mayor atención en la primera infancia. Una vez hecha la difusión y programación de las actividades en los lugares mencionados anteriormente, el grupo de personas fue superior al inicial, atendiendo a 152 personas de talento humano, sin contar con la población flotante asistente. Por tanto, una vez presentados los informes, como supervisora del contrato, verifique que se hubiera atendido al talento humano inicial a la cual se dirigió el convenio, cumpliendo con mi deber de vigilancia y control de las actividades, sin desconocer que con la disponibilidad presupuestal se pudo atender a mayor personal encargado de atención a la primera infancia, lo cual ayudo al desarrollo integral de los niños. De esta manera, la actividad de capacitación supero los objetivos planteados, atendiendo y beneficiando a mayor población, demostrando así el cumplimiento dl deber de supervisión y las obligaciones mínimos a cumplir por parte de la Fundación Mi Tierra con el convenio, las cuales fueron ejecutadas al 100% y a satisfacción. La Fundación Mi Tierra presentara como soportes listados de asistencia sin que se identificara la actividad, fecha y lugar, por lo que no se puede tener certeza del número de asistentes y la actividad específica realizada. La Fundación Mi Tierra presentara actas de entrega de material didáctico en las cuales no se pude identificar el número de elementos entregados, observándose que en la gran mayoría se consigna que se entregan en mal o regular estado. Ahora bien en cuanto los listados de asistencia, a las capacitaciones, dicha situación fue subsanada por la FUNDACION MI TIERRA, quien allego los listados de asistentes, debidamente discriminados con actividad y fecha, ante la solicitud de información que hizo el municipio de Cimitarra. Por lo expuesto se verifica el cumplimiento de la supervisión y el deber ser como supervisora, al pedir subsanar los listados de asistencia. En cuanto al material didáctico, si bien es cierto las actas no contenían cantidades, la totalidad del material comprado fue distribuido en los 44 hogares infantiles del MUNICIPIO DE CIMITARRA, quedando probado el cumplimiento de tal actividad. Que se pagaran mayores cantidades en alimentación para el personal que no era beneficiario del programa, como lo fueron las madres y padres de familia, los niños y el personal flotante que asistió a las jornadas de capacitación. Respecto a las mayores cantidades en alimentación a personal no beneficiario del programa, me permito manifestar en prima medida que el Convenio dentro de la cláusula primera estableció en uno de sus ítems, “logística (incluye alojamiento, alimentación, (negrilla y subrayado fuera de texto), transporte y refrigerios)”. Es así que el ítem se estableció de manera GLOBAL con el fin de cumplir el objeto del convenio, sin excluir al personal flotante asistente, al cual se le pudo atender con el mismo valor total establecido y la disponibilidad presupuestal existente. El contratista una vez llegaron más asistentes a la capacitación, les brindaron alimentación, más aun cuando se trataba de madres-padres cabeza de familia y en su mayoría sus hijos, a los cuales beneficiaba de gran manera la capacitación tratándose que la misma era para la atención a la primera infancia. Igualmente, de dicho personal flotante fue reconocida su participación por parte del Municipio y del Departamento de Santander, a los cuales por cuestiones de dignidad y participación se les ofreció refrigerios y almuerzos. La fundación una vez realizo la difusión de la capacitación, ejecutó de manera satisfactoria la totalidad del convenio, sin desviarse de las actividades convenidas y logrando brindar la capacitación no solo a 152 agentes perteneciente a la primera infancia, sino a personal flotante que asistió a los diferentes ciclos y a los cuales les beneficio los temas dados, los cuales hacen parte del entorno de la niñez. Además de lo planteado, dejo constancia que di y doy fe de la entrega de los refrigerios y almuerzos a la población flotante, lo cual se reafirma con las actas de entrega por parte de Cointegral con fechas y cantidades. Queda así demostrado que cumplí con mi función de supervisión, en cuanto al ítem de logística, el cual se ejecutó de manera satisfactoria. Con el valor establecido en el Convenio, se entendió al talento humano que hace parte de la primera infancia y se benefició a población que hace parte de la primera infancia, con el fin de fortalecer sus prácticas cotidianas que redunden en la calidad de la atención de los niños, sus familias y la comunidad. La Fundación Mi Tierra invirtiera valores considerables en alojamiento y transporte, que no fueron destinados a los beneficiarios del plan de capacitación, sino al parecer únicamente en los capacitadores, sin que ante la ausencia de soportes se pueda tener certeza plena del uso dado a estos recursos. En cuanto a los valores de alojamiento y transporte, se deja claro que el ítem No. 2 de la cláusula primera del objeto incluyó dentro de la logística transporte y alojamiento, en los cuales no se señaló que dicho transporte fuera exclusivamente para los beneficiarios del plan de capacitación, el transporte y el alojamiento se estableció para el cabal cumplimiento del convenio. En el convenio además de estipular desembolsos de dinero mediante presentación de informes parciales e informe final, las cuales se realizaron satisfactoriamente, dicho ítem fue estructurado de forma GLOBAL, es decir que la fundación tenía la obligación de cumplir con las actividades y presentar de forma general los gastos de alojamiento y transporte, sin entrar al detalle ni a la minucia del soporte de cada uno de los gastos realizados. El objeto principal del convenio era la capacitación a los agentes de la PRIMERA INFANCIA, dentro del cual se exigían cientos requerimientos: -Difusión. -Promoción. -Capacitación. -Personal mínimo para la ejecución. -Entrega de informes. Los anteriores requerimientos fueron cumplidos de manera satisfactoria por la Fundación Mi Tierra. La fundación empleo los medios necesarios y pertinentes para ejecutar el convenio al 100%, sin desviarse de las actividades establecidas del convenio, logrando la capacitación a los agentes de la primera infancia. Se contrató por parte de la fundación transporte para un jingle promocional, publicidad del evento, caracterización de la población, personas encargadas de la difusión y actividades ligadas directamente a la ejecución del convenio. Dicho transporte fue contratado para la etapa de difusión como de capacitación, de personas que debían desplazarse a diferentes centros poblados y corregimientos ubicados a distancias entre 35 y 80 kilómetros de la cabecera municipal de Cimitarra y a distancias amplias de Bucaramanga, de donde provenía el personal de la fundación como del Departamento de Santander. Por lo tanto se tiene certeza donde se invirtieron los recursos y a qué personas, dejando claro que el ítem del presupuesto del Convenio no detalló ni especificó que dicha transporte o alimentación fuera única y exclusivamente para os beneficiarios del plan de capacitación, sino se estableció de forma global un ítem de LOGISTICA para llevar a cabo el cumplimiento del convenio, acción que fue dada por el personal utilizado en las diferentes actividades que conllevaron a una ejecución eficaz. Se anexa auto No. 008 del 29 de maro de 2019, donde la contraloría de forma detallada da cuenta de los recorridos realizados, la guía de los recorridos, los vehículos utilizados, detalle del personal transportado, valor de las facturas. Finalmente se deja claro que el CONPES 162 de 2013 establece los lineamientos básicos de la distribución de los recursos para la educación, es especial el tema que nos atañe corresponde a la PRIMERA INFANCIA, sin embargo no se establece expresamente una prohibición de los gastos a suplir con dichos recursos, es por esto, que los ítems establecidos en el presupuesto planteado en el convenio y la forma global en que se plantearon, no exigen un informe detallado sino general de la actividades, personas y demás actividades relacionadas directamente para la ejecución y cumplimiento del convenio son válidas y ajustadas a norma, por lo cual no se infringe ningún deber funcional como supervisora del convenio (…)” – Ver folios 1518-1533 del c.o No. 8 – Mediante correo electrónico de fecha 04 de julio de 2019, remitido desde el dominio [CORREO TACHADO], se allega poder de representación de la disciplinada hacia el togado Eulogio Jerez Arias, identificado con la cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en San Andrés y T.P No. 132.130 del C.S.J. A quien se le reconoció personería jurídica mediante proveído del 11 de julio de 2019 obrante a folio 1574 del c.o. No. 8. A través de Auto de fecha nueve (09) de julio de 2019, obrante a folios 1564-1565 del c.o. No. 8, el Despacho se pronuncia sobre la prueba solicitada por la disciplinada, ordenando la práctica de la misma, por ser conducente, pertinente y útil. Dicho Auto, cuenta con comunicación remitida a la disciplinada el día 09 de julio de 2019 mediante oficio No. 2316 folio 1568-1569 del c.o. No. 8, al email [CORREO TACHADO], así como comunicación remitida mediante oficio No. 2327 del 11 de julio de 2019 al abogado Eulogio Jerez Arias, al email [CORREO TACHADO], tal cual consta a folios 1575-1576 del c.o. No. 8. En el desarrollo del periodo probatorio en la etapa de Descargos se obtuvieron las siguientes pruebas: Oficio No. 2019EE0088415 de fecha 23 de julio de 2019, suscrito por Maria Clara Niño Gómez, en calidad de Gerente Departamental de Santander, Presidente de la Colegiatura, obrante a folios 1578-1579 del c.o. No. 8. ALEGATOS DE CONCLUSION. Una vez agotado el periodo probatorio, este Despacho a través de Auto de fecha doce (12) de agosto de 2019, obrante a folio 1580 del c.o. No. 8, ordenó el traslado común de diez (10) días para que el disciplinado junto con su apoderado de confianza pudieran presentar alegatos de conclusión, de conformidad con las disposiciones del artículo 55 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 169 de la ley 734 de 2002, decisión notificada en estados folio 1587 del c.o. No. 8. Derecho al que hizo uso la disciplinada el día 27 de agosto de 2019, donde además de lo dicho en descargos, manifiesta lo siguiente: “No obstante, en cuanto al número mayor de personas beneficiadas de primera infancia y personal flotante atendido, me permito invocar la siguiente causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria contemplada en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002: 4. Por salvar un derecho propio a ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. La eximente contemplada en este numeral descarta la adecuación de responsabilidad disciplinaria cuando el servidor se aparta de sus deberes funcionales, en tanto que resultan incompatibles con el ejercicio de un derecho, propio o ajeno, cuya afirmación no deja al agente estatal opción distinta a la de incumplirlos. Se trata de la denominada “colisión entre un derecho y un deber funcionar”, que, pese a ser exigible, resulta omitido, relegado o aplazado como consecuencia de su naturaleza excluyente del derecho antepuesto. En el caso en concreto mi deber era permitir la capacitación a los 44 agentes de primera infancia señalados inicialmente en el proyecto del convenio, no obstante una vez realizada la divulgación, convocatoria y la publicidad se pudo determinar un total de 152 personas, número que aumento una vez realizadas dichas actividades por parte de la Fundación Mi Tierra, donde se dio a conocer de forma prioritaria la necesidad real existente en el municipio de Cimitarra, en la cual era se requería brindar capacitación y asistencia técnica de talento humano de primera infancia a aquellas personas ubicadas en corregimientos y sitios lejanos de la cabecera municipal, personas encargadas de la atención a los niños y niñas menores de 5 años, población que en su mayoría se encontraba en condiciones de vulnerabilidad, pobreza, desplazamiento y otras condiciones que requerían atención inmediata por parte del municipio. Es así que el Convenio de asociación se señaló claramente que de conformidad con la Ley 1295 de 2009 la atención integral de la primera infancia, reglamenta la atención integral de los niños y niñas clasificados como 1, 2 y 3 del sisben y los sectores más vulnerables, en los cuales el Estado debe contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres gestantes, los niños y niñas menores de 6 años en forma prioritaria de conformidad con los derechos de la Constitución Política de Colombia y las leyes que desarrollen sus derechos. En este caso prevalecía el derecho constitucional establecido en el artículo 34 de la Carta Magna donde “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás (…)”– Ver folios 1590–1606 del c.o No. 8 – Análisis de los alegatos conclusivos: Contrario sensu a lo manifestado por la disciplinada, el documento CONPES 162 y sus anexos técnicos, establecen las pautas en las cuales se debía desarrollar el Convenio No. 314 del 18 de septiembre de 2013 suscrito con la Fundación Mi Tierra, pues no está por demás decir, que los recursos con los cuales se financió el Convenio No. 314 del 18 de septiembre de 2013, provienen del CONPES 162 y sus anexos técnicos, cuyo objeto expresamente señala: “El objeto del presente Conpes Social es i) Ajustar la asignación de recursos de la Participación para Educación por el criterio de población atendida y realizar la asignación de recursos para calidad matrícula oficial y calidad gratuidad, correspondientes a las doce doceavas 2013; ii) Distribuir las once doceavas de la asignación especial para Alimentación Escolar y iii) Asignar los recursos para atención integral a la primera infancia de la vigencia 2013, correspondientes al crecimiento adicional al 4% de la economía en el 2011”. A la postre, el anexo técnico No. 20 orientaciones para la cualificación de maestros, maestras y agentes educativos vinculados a la educación inicial en el marco de la línea de inversión “atenciones educativas y culturales” Conpes primera infancia 2013, en su presentación presenta la filosofía y entender del mismo, la cual nos permitimos citar: “A través del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el Gobierno Nacional plantea como fundamental, la Atención Integral a la Primera Infancia, y desarrollo de la estrategia “de cero a siempre”, la cual va dirigida a promover y garantizar el desarrollo infantil temprano de los niños y niñas menores de 6 años, a través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derechos articula y promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones en favor de la atención integral que debe asegurarse para cada niño y niña de acuerdo con su edad, contexto y condición. La estrategia prevé la articulación local y regional, privada y pública, la formación de los actores implicados en la garantía de los derechos de niños y niñas y el mejoramiento de las instituciones para la atención integral de la Primera Infancia. Para cumplir con este propósito, a través del decreto 4875 de 2011 se crea la Comisión Intersectorial de Primera Infancia como instancia de coordinación y armonización de las políticas, planes, programas y acciones necesarias para la ejecución de la atención integral a la primera infancia; la cual está integrada por la Presidencia de la República, El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Salud y Protección social, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dando respuesta a esto el Ministerio de Educación Nacional a través de su plan sectorial estable como uno de sus objetivos la Educación inicial de calidad para la Primera infancia en el marco de una atención integral. Este objetivo desarrolla en su línea de calidad y pertinencia, la construcción de unos lineamientos (Pedagógico y Cualificación del talento humano), la formación y cualificación de agentes educativos de primera infancia y el diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad. (…) Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de garantizar una educación inicial de calidad en el marco de la atención integral a los niños y las niñas de primera infancia, es fundamental generar procesos de cualificación de carácter interdisciplinario, diferencial y sistemático, que respondan a las características de los contextos y a las necesidades de cualificación de los maestros, maestras y agentes educativos, para que tengan elementos necesarios que les permita responder con pertinencia y oportunidad para promover el desarrollo integral de los niño y las niñas. Por esta razón en el CONPES de 2013 se incluye como una de las líneas de inversión “Atenciones educativas y culturales”, dentro de la cual se plantea la cualificación de maestros, maestras y otros agentes educativos vinculados a la educación inicial”. Por último, se debe hacer alusión al hecho que el anexo técnico No. 20 del Conpes 162, planeta siete criterios para la elaboración de los planes de cualificación, para ellos hace la siguiente presentación: “A continuación se presentan siete criterios para la elaboración de los planes de cualificación, junto con los aspectos que los definen; es necesario aclarar que si bien los planes de cualificación no serán objeto de evaluación, sí es importante que se elaboren teniendo en cuenta todos los criterios que se plantean, con el fin de que las entidades que presentarán sus propuestas cuenten con la suficiente información para que estas resulten coherentes y pertinentes con las necesidades de cualificación de los maestros, maestras y agentes educativos de la entidad territorial”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). Entre estos criterios, se encuentra el plan de cualificación define el perfil y el número de participantes, siendo este ampliamente vulnerado en el desarrollo del Convenio No. 314 del 18 de septiembre de 2013, por lo cual, al no cumplir con estos criterios, el plan de cualificación no resulto coherente y pertinente con las necesidades de cualificación de maestros, maestras y agentes educativos de la entidad territorial, por lo que, no se presenta la causal de exclusión de responsabilidad consistente en: “Salvaguardar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad”, pues lo que se reprocha en la presente actuación, es no ejercer en debida forma la supervisión del convenio 314 del 18 de septiembre de 2013, por cuanto no se cumplió con los lineamientos del documento CONPES 162 y sus anexos técnicos, pues como lo dice su filosofía, los recursos del mismo estaban proyectados a la atención Integral a la Primera Infancia, y desarrollo de la estrategia “de cero a siempre”, la cual va dirigida a promover y garantizar el desarrollo infantil temprano de los niños y niñas menores de 6 años, con unos parámetros técnicos que no se cumplieron, por lo cual, no puede pretender la disciplinada excusarse en el hecho de que porque el convenio estaba proyectado para atender a un grupo poblacional vulnerable, por esa misma casusa se excluya su responsabilidad. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. Consideraciones Generales. Una vez examinado el trámite procesal adelantado en esta oportunidad, no encuentra el despacho que se configure alguna de las causales de nulidad, previstas en el artículo 143 del CDU, en la medida en que durante su desarrollo se garantizó plenamente el derecho de los sujetos procesales al debido proceso, a la defensa y a la contradicción. No obstante lo anterior, es procedente realizar la siguiente acotación: la disciplinada en escrito de descargos, manifiesta una indebida notificación porque no se le notificó en debida forma a los correos electrónicos suministrados ([CORREO TACHADO] – [CORREO TACHADO]), el auto de cierre de investigación, motivo por el cual no interpuso recurso alguno. Sobre el particular, el artículo 105 del C.U.D dice: “notificación por estado. La notificación por estado se hará conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil. Inc. 2 adicionado Ley 1474 de 2011, art. 46. De esta forma se notificarán los autos de cierre de investigación y el que ordene el traslado para alegar de conclusión”. Por remisión normativa el artículo 295 del Código General del Proceso, indica: “Las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el Secretario. La inserción en el estado se hará al día siguiente a la fecha de la providencia, y en él deberá constar: 1. La determinación de cada proceso por su clase. 2. La indicación de los nombres del demandante y el demandado, o de las personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias personas integran una parte bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión “y otros”. 3. La fecha de la providencia. 4. La fecha del estado y la firma del Secretario. El estado se fijará en un lugar visible de la Secretaría, al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la última hora hábil del mismo. De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará constancia con su firma al pie de la providencia notificada. De los estados se dejará un duplicado autorizado por el Secretario. Ambos ejemplares se coleccionarán por separado en orden riguroso de fechas para su conservación en el archivo, y uno de ellos podrá ser examinado por las partes o sus apoderados bajo la vigilancia de aquel”. Es así que este Despacho mediante estado de fecha 23 de mayo de 2019, visible a folio 1489 del c.o No. 8, dio cumplimiento a la norma en cita, motivo suficiente para señalar que en ningún momento se le vulnero derecho fundamental alguno a la disciplinada, y menos aún se desconoció el deber de notificar las decisiones judiciales, pues se itera, el auto de cierre de investigación fue debidamente notificado por estado conforme la normatividad en cita. Por otra parte, el artículo 142 de la ley 734 de 2002, señala que para proferir fallo sancionatorio debe obrar en el proceso prueba que conduzca a la certeza tanto de la existencia de la falta como de la responsabilidad del investigado. Por lo tanto en esta oportunidad analizaremos si el material probatorio con que cuenta el despacho es suficiente para sustentar tales requisitos o si por el contrario se hace necesario disponer otro tipo de decisión. Sabido es que los servidores del Estado son responsables del servicio que prestan, por lo que su actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales tal como lo señalan la Constitución, las leyes y los reglamentos, la cual debe reflejarse en una adecuada prestación de los servicios públicos y en la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. Se itera que los servidores públicos, son sujetos disciplinables por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus deberes, lo anterior, conforme el artículo 6 de la Constitución Política Nacional que señala: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Para asegurar ese correcto funcionamiento, la administración pública puede exigir a sus funcionarios el cumplimiento estricto de sus deberes y eventualmente sancionar a quienes cometan faltas, porque éstas entrañan un inacomodamiento del servidor a la función que desempeña. Por eso los procesos disciplinarios que se tramitan para juzgar conductas de funcionarios públicos que originan responsabilidad por causales de indisciplina, se fundan en la necesidad de mantener, valga la redundancia, la disciplina, que es consustancial a toda organización para mantener el orden, así como también la moralidad, el respeto a la dignidad humana, la eficiencia y el buen crédito de las distintas ramas del poder público. En ese orden de ideas, la [NOMBRE TACHADO] tiene por objeto establecer la responsabilidad e imponer la correspondiente sanción a los servidores del Estado que han violado con su mal proceder el estatuto disciplinario que los rige, porque los servidores públicos están sometidos al principio general del derecho que enseña que el que comete una falta disciplinaria debe responder por la sencilla razón de que es dueño del actuar encomendado y de sus consecuencias. El orden jurídico procesal presupone, entonces, la indubitable y plena demostración de la inequívoca conducta disciplinable, como requisito ineludible del debido proceso, previa la exigencia de responsabilidad. Consecuentemente no se podrá resolver en materia disciplinaria si no obran en el proceso legalmente producidas las pruebas que conduzcan a la certeza sobre la existencia de la falta, (aspecto material u objetivo) y la responsabilidad del disciplinado (aspecto subjetivo). (Art. 142 ibídem). En otras palabras, si el hecho o la falta no se pueden demostrar no habrá lugar a sanción disciplinaria, por lo que resulta invalidable frente al orden jurídico el condenar por una conducta que por insuficiente, equívoca o ambigua no se puede demostrar. Pero esa demostrabilidad presupone no solo la claridad normativa de la descripción de una conducta o proceder disciplinable, sino también su demostración. Obviamente la decisión que se adopte debe fundarse en las pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso (Art. 128 de la Ley 734/2002), y así saber si la conducta activa u omisiva del servidor estatal generó responsabilidad por causales de indisciplina. Las pruebas, por su parte, deben ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica (Art. 141 de la Ley 734/2002), porque son las que le dan al funcionario de conocimiento la convicción para formular un juicio libre, motivado, articulado y dialéctico sobre lo verdaderamente ocurrido. Análisis de los argumentos expuestos por la investigada En su versión libre la disciplinada manifestó que el convenio se había desarrollado de manera diáfana, ajustado a la ley y en cumplimiento de todos los lineamientos establecidos para este tipo de programas, indicando que la queja interpuesta por el señor Ramiro Martínez es falsa y atenta contra su dignidad y ejercicio profesional. Señaló que el programa de capacitación y asistencia técnica para la atención a la primera infancia es un programa de tejido social diseñado por el Ministerio de Educación Nacional, y va dirigido a agentes educativos, madres comunitarias y personas encargadas de la primera infancia, el cual debe desarrollarse en consonancia con la Ley 1098 de 2006 y el anexo 10 del documento CONPES 162 de 2013, precisando que la Secretaria de Educación Departamental antes de dar inicio al convenio dio el aval necesario a la entidad ejecutora. En cuanto a la ejecución del convenio señaló que se cumplieron todas y cada una de las actividades, metas y capacitaciones, se entregó todo el material didáctico y de apoyo requerido, se realizaron las capacitaciones con el personal idóneo, se presentaron informes y avances, lo cual contó con la vigilancia del Departamento de Santander, quien aseguró una vez culminó el programa resaltó los logros y metas alcanzados. Finalmente adveró que todo el proceso preparatorio, de ejecución y posterior liquidación del convenio de apoyo integral a la primera infancia, se hizo en cumplimiento de toda la normatividad relativa al caso, tan es así que terminado el convenio no hubo objeción alguna por parte de las entidades gubernamentales que participaron en la ejecución del programa. Analizados los argumentos hasta aquí expuestos por la disciplinada no logran desestimar las apreciaciones señaladas por el Despacho en cuanto a las presuntas irregularidades en las que al parecer se incurrieron por una indebida supervisión, máxime si en cuenta se tiene que la funcionaria conocía al detalle el documento CONPES 162 de 2013 y sus anexos técnicos, los cuales incluso anexa y en los cuales se lee claramente el tipo de población a la que va dirigida y el número de personas beneficiarias, de otra parte ningún aporte sobre la inversión de los recursos se efectúa que permitan a esta instancia tener certeza del gasto de los mismos. Si bien es cierto la Secretaría de Educación dio el aval antes de iniciar la ejecución del citado convenio, no conlleva esto en nada a pretender demostrar una justificada ejecución de su objeto. Consideraciones específicas Acreditado se encuentra en el plenario que la investigada [NOMBRE TACHADO] ostentaba el cargo de Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Cimitarra Santander, cargo para el cual fue nombrada mediante Resolución No. 031 del 13 de enero de 2012 y del cual tomó posesión el mismo día, conforme se consigna en el Acta de Posesión No. 009 de 2012. Igualmente se encuentra probado que fue ella en su señalada condición quien ejerció como supervisora del convenio No. 314 del 18 de septiembre de 2013 suscrito entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi Tierra, tal y como quedó estipulado no sólo en la cláusula octava del convenio, sino en el mismo informe de supervisión en el que aparece signado su nombre y firma en constancia de ello. Se observa en la copia del convenio No. 314 del 18 de septiembre de 2013, que el objeto se concretó en “apoyo a la capacitación y asistencia técnica, orientada al desarrollo eficiente de las competencias, en los lineamientos para la primera infancia de los funcionarios, agentes educativos, madres comunitarias y personas encargadas de atención a la primera infancia del municipio de Cimitarra”. Así mismo, se determinó desde la estructuración de los estudios previos y en el convenio mismo, donde se señaló como obligaciones de la fundación: “7. Realizar las actividades de formación y cualificación dirigida a los agentes educativos del municipio de Cimitarra, según los lineamientos contemplados en el documento CONPES 162 y sus anexos”, en igual sentido de lo anterior, se consagro en el convenio una serie de consideraciones entre las cuales se encuentra la numero 5 que dice: “con el objetivo de formar y capacitar a los diferentes agentes educativos involucrados con la primera infancia, buscando fortalecer sus prácticas cotidianas para que impacte en la calidad de la atención de los niños y las niñas de primera infancia, sus familias y la comunidad, de acuerdo con las orientaciones técnicas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, y siguiendo los lineamientos del documentos CONPES 162 emitido por el DNP en el cual se distribuyen recursos para la Atención Integral de la Primera Infancia, provenientes del crecimiento real de la economía superior al 4% en el 2011, y la Ley 1098 de 2006 denominada Código de Infancia y Adolescencia, que tiene por finalidad garantizar a los niños niñas y a los adolescentes, su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad y comprensión”. Quiere decir lo anterior, que el programa de capacitación se desarrollaría por parte del oferente con apego a lo establecido en el documento CONPES 162 de 2013 y sus anexos técnicos. Dicho documento señala que con el propósito de garantizar una educación inicial de calidad en el marco de la atención integral a niñas y niños de primera infancia, se incluye como una de las líneas de inversión la “Atenciones educativas y culturales” dentro de la cual se plantea la cualificación de maestros, maestras y otros agentes educativos vinculados a la educación inicial. Ahora bien, el documento CONPES 162 de 2013 y su anexo técnico número 20, referente a orientaciones para la cualificación de maestros, maestras y agentes educativos vinculados a la educación inicial en el marco de la línea de inversión “atenciones educativas y culturales” CONPES primera infancia -2013, señala ¿a quién van dirigidos los procesos de cualificación? “Los procesos de cualificación que se diseñen e implementen en las entidades territoriales, estarán dirigidos exclusivamente al talento humano que trabaja en la educación inicial en el marco de la atención integral perteneciente al sector público, entre los que se encuentran: -Directivos -Coordinadores pedagógicos -Maestros y maestras -Madres comunitarias -Auxiliares pedagógicos -Integrantes de los equipos de apoyo de la atención integral (psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y físicos, auxiliares administrativos y de servicios generales, entre otros) El talento humano que se vincule a los programas de cualificación, no podrá ser excluido por criterios de edad, genero, etnias, nivel educativo. Sin embargo, el criterio para focalizar y priorizar la población beneficiaria deberá responder a la relación entre los temas de cualificación y su desempeño laboral. En estos procesos de cualificación no se contemplará el talento humano vinculado a otros sectores de la atención integral a la primera infancia como el sector salud, cultura y de protección; así como tampoco se contemplaran procesos dirigidos a las familias de los niños y las niñas. Puesto que como se ha reiterado a lo largo del documento, estos procesos de cualificación están centrados en el talento humano que directamente trabaja en la educación inicial en el marco de la atención integral”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). Siendo únicamente estos la población objeto y/o que se debía beneficiar del Convenio, teniendo claro lo anterior, vale la pena preguntarse ¿qué se entiende por cualificación?, para lo cual el anexo técnico número 20, dice: “la cualificación del talento humano en servicio se concibe como un proceso estructurado en el que las personas actualizan y amplían sus conocimientos, resignifican y movilizan sus creencias, imaginarios, concepciones y saberes, perfeccionan y/o fortalecen sus capacidades y prácticas cotidianas, con el propósito de mejorar en un campo de acción determinado. En este entendido, el propósito de la cualificación de maestros, maestras y agentes educativos vinculados a la educación inicial, en el marco de este CONPES, será la resignación y/o fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas, lo que implica el trabajo sobre las concepciones y saberes subyacentes a estas. Esto supone una construcción social de conocimiento, que reconozca los saberes, perspectivas, creencias y experiencias de manera que a través de la reflexión sobre su quehacer y la interacción con otros conocimientos, se influya favorablemente la promoción del desarrollo de los niños y las niñas en primera infancia, así como en la calidad de la educación inicial. De acuerdo con el lineamiento de cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia (MEN, 2013), los procesos de cualificación que se lleven a cabo deben estar orientados por el enfoque de la educación de adultos, en los cuales se reconoce el dialogo de saberes y el aprendizaje significativo, como elementos fundamentales de este”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). Además de lo anterior, el anexo técnico número 20 del CONPES 162 de 2013, presenta siete criterios para la elaboración de los planes de cualificación, junto con los aspectos que los definen, señalando la importancia de que estos planes se elaboren teniendo en cuenta todos los criterios que plantea, con el fin de que las entidades cuenten con la suficiente información para que estas resulten coherentes y pertinentes con las necesidades de cualificación de los maestros, maestras y agentes educativos de la entidad territorial. En nuestro caso se hace referencia al siguiente criterio junto con la definición y aspectos a tener en cuenta: Criterio Definición/Aspectos a tener en cuenta El Plan de cualificación define el perfil y el número de participantes Es la respuesta al ¿Para quién?, en cuanto a perfil y numero de los aspirantes, el cual debe atender a un mínimo de 10 maestros, maestras y agentes educativos y un máximo de 50, por grupo de cualificación. Es importante señalar que el talento humano a quien se dirige el proceso debe ser del sector público. Todo lo anterior fue desatendido por la Fundación Mi Tierra, como así lo demuestran los listados generales de asistencia en los que se evidencian el registro de personas en calidad de madres de familia y amas de casa, en los cuales valga señalar no se evidencian datos esenciales como el tipo o tema de capacitación, la fecha, el lugar u otros que permitan identificar con certeza la realización de dicha actividad. Igualmente en los listados de asistencia anexados a los informes presentados por los capacitadores, además de señalarse que la capacitación tuvo una variación del 30% de los asistentes, señalando que al final 152 agentes asistieron de manera continua en los cuatro ciclos de capacitación, se registran personas en el ítem denominado entidad, con el calificativo de madre, madre gestante, usuario y padre. Así mismo se lee en el informe allegado por la Contraloría y en las mismas evidencias anexas, que según las encuestas realizadas por este organismo a la población beneficiaria de la capacitación, que madres y padres de familia fueron beneficiarios del programa, de ello también da cuenta la entrevista realizada a la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Cimitarra en la que manifiesta que 52 de los 150 participantes son padres y madres de familia. De conformidad con lo señalado en la propuesta presentada por la Fundación Mi Tierra se estableció lo siguiente: GRUPOS CICLOS DE CAPACITACIÓN PERSONAL CAPACITADOR 1.Madres gestantes- madres lactantes 2.Madres comunitarias 3.Auxiliares pedagógicos, directivos, coordinares pedagógicos, maestras y maestros, auxiliares adtivos 4.Integrantes de los equipos de apoyo de la atención integral 1. Primera infancia y enfoque de derechos 2. Lenguajes expresivos y educación inicial 3. Prevención Violencia en la Primera Infancia 4. Primeros Auxilios 1. Licenciada en preescolar (1) 80 hrs 2. Abogado (1) 80 hrs 3. Trabajadora social (1) 80 hrs 4. Profesional Salud (1) 80 hrs 5. Talleristas (3) 80 hrs No obstante lo anterior, al verificar los listados de asistencia se observa inicialmente que los mismos no contienen fechas, lugar, nombre de la capacitación, intensidad horaria, así como tampoco el grupo de cualificación al que va dirigido, sin embargo en ellos se registra un número superior a 50 personas en contradicción con lo señalado en el anexo técnico número 20 del CONPES 162 de 2013, además como se mencionó en el informe final presentado por la Fundación Mi Tierra se consigna que al final 152 agentes asistieron de manera continua durante los cuatro ciclos de capacitación, es decir que en cada capacitación participaron más del número de personas que señala el anexo 20 del CONPES 162 de 2013. Eso más el hecho, que en los listados de asistentes del informe del plan de capacitación, así como en el informe final rendido por la Fundación Mi Tierra se señaló: “se deben considerar varios aspectos en lo referente a las personas asistentes: -Hubo asistentes flotantes y temporales durante cada ciclo de formación los cuales no son tenidos en cuenta en este listado. –Al desarrollarse los ciclos de formación durante el fin de semana, encontramos un alto número de niños acompañantes los cuales se deben considerar dentro de los costos de logística del proyecto” (negrilla y subrayado fuera de texto), entonces, no se tuvo en cuenta que el número del grupo de cualificación era de 50 maestros, maestras y agentes educativos, pues tal cual como lo señalan los documentos previamente mencionados, hubo población flotante y niños acompañantes no incluidos en los listados, lo cual demuestra que el número máximo del grupo de cualificación era ampliamente superado. Por ende el cargo que a Usted se le endilga hace relación a no haber ejercido en debida forma la supervisión del convenio, pues el mismo estipulado que seguiría los lineamientos del documento CONPES 162 y sus anexos técnicos, razón por la cual no es de recibo su argumento cuando señala: “En cuanto a lo afirmado por el Despacho que se capacitaron madres y padres de familia, los mismos no fueron la población principal a la que se enfocó el Convenio, a contrario sensu, estos fueron asistentes adicionales al talento humano que trabaja con educación inicial, a los cuales no se les podía restringir su asistencia al evento y se les permitió participar en la capacitación, máxime teniendo en cuenta que las mismas influían en el entorno familiar de la primera infancia”. Pues lo anterior va en contravía del artículo sexto constitucional que menciona que el servidor público es responsable por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, para lo cual sus funciones consistían en supervisar el convenio No. 314 suscrito entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi Tierra, vigilando que el mismo siguiera y/o cumpliera con los lineamientos del documento CONPES 162 y sus anexos técnicos. En cuanto a la entrega de material didáctico se observa que si bien en algunos de ellos se consigna el número de elementos entregados, en muchos otros es imposible tener certeza de la cantidad de estos insumos entregados por la Fundación Mi Tierra, como es el caso de las planillas que reposan en los folios 958 – 996 del cuaderno original número 5, en las cuales se registra el municipio, ubicación, nombre, hogar, ítem, descripción del ítem y verificación, evidenciándose que no se registra el número o cantidad de los elementos que constituyen cada ítem, así como tampoco el estado en el que son entregados, lo que impide tener certeza de la cantidad y calidad del material didáctico entregado por la Fundación Mi Tierra a los hogares comunitarios. De otra parte a folios 1092 - 1112 del cuaderno original número 6 reposan otras actas de entrega de material didáctico, en las cuales se registra la entidad, el nombre, ubicación y se discrimina el producto, consignándose además en otras casillas si fueron o no entregados y estado en que se reciben, observándose que en muchas de las actas se registra que los productos son entregados en mal y regular estado, e incompletos. En razón a que a las capacitaciones asistieron personas adultas (madres – padres de familia), niños y otro personal denominado flotante, que como se indicó tanto por la misma supervisora como por la Fundación Mi Tierra en su informe final no eran beneficiarios del programa de capacitación, pero sí fueron tenidos en cuenta para el suministro de refrigerios y almuerzos. Se evidencia que los almuerzos y refrigerios según consta en las facturas números 65, 67, 68 y 69 de fechas 03, 04 y 06 de diciembre de 2013, fueron suministrados por la Cooperativa de Trabajo Asociado para la prestación de Servicios Integrales COINTEGRAL LTDA, de las cuales de acuerdo a la información allí relacionada que se concreta en la cantidad, detalle en el que se especifica el tipo de alimento y los días suministrados, valor unitario y valor total, es posible calcular que fueron al parecer suministrados al día 253 almuerzos y entre 300 y 506 refrigerios al día, lo que sin duda no sólo permite constatar que asistieron un número de personas que superaban el máximo de a quienes se capacitarían según el documentos CONPES 162 de 2013 y sus anexos técnicos, sino además de mayores cantidades de alimentación y refrigerio a población que no hacia parte y/o era objeto del convenio. Lo señalado anteriormente se detalla en el siguiente cuadro: Agregando a lo anterior, en diligencia de entrevista practicada por la Contraloría General de la Republica Gerencia Departamental Colegiada de Santander, a [NOMBRE TACHADO], obrante en el expediente en CD Anexo al informe oficial de la Contraloría, se obtiene la siguiente información que corrobora y agrega a lo señalado en el párrafo anterior: “d). Recibo de alimentación (refrigerios, almuerzos desayunos, comidas) con lo relacionado a la alimentación como refrigerios, almuerzos, la Secretaria de Educación manifiesta que al momento de estas entregas no se dejó evidencia escrita pero doy constancia de las entregas al personal registrado como al personal flotante y a los niños acompañantes, es así como un fin de semana en el casco urbano de Cimitarra, se registró la entrega de refrigerios y almuerzos a 280 personas incluidos los niños acompañantes, con respecto a los desayunos y comidas, se deja constancia que en ningún momento se le hizo entrega a los asistentes. Las facturas de desayunos y comidas pertenecen al personal capacitador” (negrilla y subrayado fuera de texto). De otra parte al verificar la información contenida en la factura se evidencia que la cooperativa COINTEGRAL LTDA registrada con el NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA] se especializa en servicios eléctricos, redes de alta, media y baja tensión, obras viales, civiles y forestales, de lo que se deduce en principio que no resulta ser un proveedor idóneo para el suministro de alimentación (Almuerzos y refrigerios). Igualmente se echan de menos los soportes documentales que acrediten la entrega de estos almuerzos y refrigerios a los beneficiarios y demás personal flotante que asistió a las capacitaciones y a los que al parecer les fueron suministrados estos alimentos, pues no existen planillas o actas de entrega correspondientes. Circunstancia esta que también se presenta con la cartillas de programa de capacitación, pues no existe constancia de recibido por parte de los participantes y según consta tanto en el informe de la Contraloría como en las entrevistas realizadas a la población, de 77 personas encuestadas sólo 25 de ellas la recibieron. Por último, respecto al hecho de que la Fundación Mi Tierra invirtiera valores considerables en alojamiento y transporte, que no fueron destinados a los beneficiaros del plan de capacitación, sino al parecer únicamente en los capacitadores, sin que ante la ausencia de soportes se pueda tener certeza plena del uso dado a estos recursos, se evidencia que los contratos de transporte suscritos entre la Fundación Mi Tierra y la empresa Maquimineros Ltda, se evidencia en la cláusula 4 denominada DESTINACIÓN, se indicó que el CONTRATANTE destinará el vehículo automotor al transporte del personal de la Fundación Mi Tierra y de los participantes del plan de capacitación para el fortalecimiento de la atención de la primera infancia, quedando acreditado que el transporte fue sólo para el personal capacitador, como así también lo demostró la Contraloría no sólo a través de las encuestas realizadas a la población beneficiaria sino con la entrevista realizada a la misma Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Cimitarra, las cuales reposan en medio magnético adjunto al informe. No obstante lo anterior, respecto al tema de la ausencia de soportes donde se pueda tener certeza plena del uso dado a estos recursos, se tiene que en oficio No. 2019EE0088415 de fecha 23 de julio de 2019, suscrito por Maria Clara Niño Gómez, en calidad de Gerente Departamental de Santander, Presidente de la Colegiatura, obrante a folios 1578-1579 del c.o. No. 8., se allega CD denominado PRF-2179 Parte I Julio 23/19, el cual contiene los archivos denominados respuesta Mpio de Cimitarra.PDF y relación de personas transporte (264-279). PDF, donde se evidencian las guías generales de los recorridos hechos por cada vehículo indicando las fechas y de cada uno de los contratos, a saber: Encuentra este Despacho, que en el mismo se pueden establecer los días en que se prestó el servicio, a quienes, en que recorridos, el tipo de vehículo utilizado y la placa del vehículo, por lo cual únicamente respecto a este hecho, el cargo no estaría llamado a prosperar. Consideremos ahora, el hecho que el proceso de responsabilidad fiscal 2179 SAE No. 2015-01306, que curso en la Contraloría General de la Republica Gerencia Departamental Colegiada de Santander, con decisión de archivo a favor de la disciplinada, no es fuerza vinculante para el presente proceso, ya que los mismos tienen connotaciones y responsabilidades de distinta índole, pues mientras el de responsabilidad fiscal fue aperturado porque a juicio de la Contraloría General de la Republica, en la ejecución del convenio de asociación para el apoyo a programas de interés público, del 18 de septiembre de 2013 celebrado entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi Tierra, el municipio cancelo a la fundación dineros por conceptos de papelería, elementos varios, personal, facturas duplicadas y alimentación que no se compadecen con el objeto del contrato y por tanto merecían indagación fiscal, en el otro, en el disciplinario el cargo imputado hace referencia a que en su calidad de supervisora del convenio No. 314 del 18 de septiembre de 2013 suscrito con la Fundación Mi Tierra, no ejerciera en debida forma la supervisión del convenio al permitir que la fundación contrariara lo señalado en el objeto del convenio y lo establecido en el documento CONPES 162 de 2013 y sus anexos técnicos. Para señalar las diferencias entre uno y otro, baste solo con traer a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien en Sentencia C-077/2007, ha dicho: “Tradicionalmente se ha considerado que las responsabilidades que derivan de estos dos tipos de procesos son autónomas: mientras la responsabilidad fiscal sería solo resarcitoria, la responsabilidad disciplinaria sería eminentemente sancionatoria. El artículo 1 ° de la Ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal como el "conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado."; a su vez para el artículo 4° de la misma normatividad, la responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público, resarcimiento que se logra mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense dicho perjuicio. (…) De conformidad con la jurisprudencia constitucional, a pesar de que los principios del derecho penal de naturaleza constitucional se aplican, en principio, a todas las formas de actividad sancionadora del Estado, incluido el derecho disciplinario, éste tiene sus características propias, por estar orientado a la protección de la organización y funcionamiento de la administración pública, o más específicamente, en consideración a la importancia del interés público protegido. Esto ha permitido la aplicación restringida de las garantías que en el sistema penal son exigidas, diferenciando la finalidad del régimen disciplinario de la del régimen penal: "... el derecho disciplinario pretende garantizar "la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo" (Sent. C-341 de 1996), cometido éste que se vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública cumpliese los principios de "igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad" a que hace referencia la norma constitucional. La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones (Ibídem). De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas(C-373 de 2002)”. De todo esto resulta, la existencia de falencias en la etapa de ejecución del convenio que no fueron advertidas por la Supervisora del mismo, lo que denota al parecer un incumplimiento en sus deberes de control, vigilancia y seguimiento, administrativo, técnico, jurídico y financiero, lo que denoto que el Convenio de Asociación entre el Municipio de Cimitarra y la Fundación Mi tierra, no resultara coherente y pertinente con las necesidades de cualificación de los maestros, maestras y agentes educativos de la entidad territorial. VI. ANÁLISIS DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Estando plenamente establecida la comisión de la falta frente al cargo endilgado a la señora [NOMBRE TACHADO] y su calidad de sujeto disciplinable a la luz de la Ley 734 de 2002, este Despacho entrará a realizar el análisis pertinente sobre los elementos que componen la responsabilidad disciplinaria: Tipicidad de la Falta Disciplinaria. El artículo 4º del Código Disciplinario Único dispone que los servidores públicos sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. Como se ha dejado claro en párrafos anteriores, la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Cimitarra Santander como supervisora del convenio No. 314 del 18 de septiembre de 2013 suscrito con la Fundación Mi Tierra, cuyo objeto fue: “Apoyo a la capacitación y asistencia técnica orientada al desarrollo eficiente de las competencias, en los lineamientos, para la primera infancia de los funcionarios, agentes educativos, madres comunitarias y personas encargadas de atención a la primera infancia del municipio de Cimitarra”, pudo haber incurrido en la comisión de falta disciplinaria por no haber ejercido en debida forma la supervisión del convenio al permitir que: “La Fundación Mi Tierra en el plan de capacitación y actualización del talento humano de la primera infancia, capacitara a madres y padres de familia, contrariando lo señalado en el objeto del convenio y lo establecido en el documento CONPES 162 de 2013 y sus anexos técnicos. La Fundación Mi Tierra capacitara a un número de personas que superaban los topes máximos de beneficiarios de acuerdo a lo señalado en el documento CONPES 162 de 2013 y sus anexos técnicos, ya que el máximo de personas a capacitar por cada grupo de cualificación son 50 personas. La Fundación Mi Tierra presentara como soportes listados de asistencia sin que se identificara la actividad, fecha y lugar, por lo que no se puede tener certeza del número de asistentes y la actividad específica realizada. La Fundación Mi Tierra presentara actas de entrega de material didáctico en las cuales no se puede identificar el número de elementos entregados, observándose que en la gran mayoría se consigna que se entregan en mal o regular estado. Que se pagarán mayores cantidades en alimentación para el personal que no era beneficiario del programa, como lo fueron las madres y padres de familia, los niños y el personal flotante que asistió a las jornadas de capacitación. La Fundación Mi Tierra invirtiera los recursos destinados a la ejecución del convenio sin ningún control y vigilancia, allegando facturas que carecen de los requisitos legales con proveedores no aptos para los servicios prestados, y sin los soportes de entrega que permitan tener certeza de que los beneficiarios los recibieron, como ocurrió con los almuerzos, refrigerios y cartillas del programa. La Fundación Mi Tierra invirtiera valores considerables en alojamiento y transporte, que no fueron destinados a los beneficiaros del plan de capacitación, sino al parecer únicamente en los capacitadores, sin que ante la ausencia de soportes se pueda tener certeza plena del uso dado a estos recursos. Es así entonces, que para nuestro caso la tipicidad disciplinaria del cargo se establece en el artículo 35 numeral 1 del CDU, el cual señala que “A todo servidor público le está prohibido 1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contendías en la constitución, los tratados internacionales ratificados por el congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo”, siendo así las cosas la norma disciplinaria infringida por la encartada con la omisión del deber en ejercicio de funciones como supervisora del convenio No. 314 del 18 de septiembre de 2013, razón por la cual encuentra el despacho que la conducta probada en el cargo formulado en su contra se adecúa a lo contemplado en el artículo 50 del Código Disciplinario Único y por ende su conducta es típica a la luz del derecho disciplinario. Ilicitud Sustancial El artículo 5 de la Ley 734 de 2002, indica que la conducta es antijurídica cuando afecta el deber funcional sin justificación alguna, en otras palabras esto significa que el comportamiento además de ser típico, deba ser sustancialmente ilícito. La sustancialidad de la ilicitud se determinará cuando se compruebe que se ha prescindido del deber exigible al disciplinado en tanto ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función Pública. Ahora bien, la garantía de los principios que gobiernan la potestad pública ha sido resguardada por el legislador de muchas maneras, entre ellas a través de la consagración expresa de actuaciones que les están prohibidas a los servidores públicos, en razón a que pueden atentar contra la obediencia y sujeción a las normas a las que deben estar sujetos los funcionarios del Estado. Así lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C - 893 de 2003: “En ese orden de ideas, la adopción por el legislador de un régimen específico de incompatibilidades y el establecimiento de prohibiciones a los servidores públicos para que queden separados de manera nítida los intereses particulares y el ejercicio de las funciones públicas, resulta plenamente acorde con los principios que informan el Estado de Derecho, entre los cuales es de su esencia que la función pública se realice dándole eficacia a los principios que para ella señala el artículo 209 de la Constitución.” En este caso vemos que la investigada con su comportamiento contrario a la norma presuntamente infringió el principio de la moralidad administrativa previsto en el artículo 209 de la Constitución Política, que exige a los servidores públicos que todas sus actuaciones deben ser realizadas con apego a las normas constitucionales y legales, por cuanto teniendo el deber de respetar el régimen de prohibiciones establecido por el legislador, optó por desplegar un comportamiento que de manera concreta encuadra en el tipo disciplinario que consagra la actuación prohibida, pues como se indicó desatendió o desobedeció el deber establecido en el artículo 6 del Decreto 777 de 1992 relacionado con la verificación al cumplimiento y ejecución que en su calidad de supervisora le competía hacer respecto del convenio No. 314 de 2013. Y es que la función administrativa de acuerdo con el principio de moralidad, precisa que la misma debe desarrollarse conforme a derecho, esto es, cumpliendo todas las previsiones legales para la realización de cualquier acto de la administración; debiendo hacer hincapié en que dichas previsiones legales no sólo se refieren a aquellas que discriminan las funciones y deberes del cargo público, sino también aquellas que consagran las actuaciones que en su sabiduría estimó el legislador debían estar prohibidas, como ocurre con el incumplimiento a los deberes consagrados bien en la Constitución, la Ley o en los Decretos, pues es tal la sujeción que deben guardar quienes ostentan una relación de sujeción con el Estado, que su desatención se encuentra expresamente prohibida. En cuanto al principio de moralidad Es tal la trascendencia que comporta, que mereció no sólo su regulación constitucional sino también legal, en materia disciplinaria, pues específicamente se consignó en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002: “Artículo 22. Garantía de la función pública. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes”. Especificando la norma en cita, que para la salvaguarda de los principios entre ellos el de la moralidad pública el servidor respetará las prohibiciones, respeto que como se ha indicado en precedencia al parecer no guardó la disciplinada [NOMBRE TACHADO] su condición de Supervisora del convenio de asociación No. 314 de 2013 suscrito entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi Tierra, pues al desatender el deber contemplado en el artículo 6 del Decreto 777 de 1992 al parecer incurrió en la prohibición contemplada en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, trastocando con ello el principio de la moralidad pública, sin que se avizore hasta el momento causal que justifique su actuar. Es así como este despacho, encuentra que la falta imputada a [NOMBRE TACHADO], incidió en la garantía de la función pública y en los principios que la gobiernan. VII. CALIFICACION DE LA NATURALEZA DE LA FALTA Y ANALISIS DE CULPABILIDAD Calificación de la Falta El Código Disciplinario Único ha clasificado las faltas en gravísimas, graves y leves. Las gravísimas se encuentran taxativamente señaladas en la misma obra normativa en su artículo 48, y fijó los criterios para determinar la gravedad o levedad de las mismas en el artículo 43. Así atendiendo los parámetros del artículo 43, así como las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean el de marras, el Despacho en el pliego de cargos calificó provisionalmente la falta como GRAVE, por cuanto en su momento considero lo siguiente: La jerarquía y mando que el servidor tenga en la respectiva institución. Se tiene que la comisión de la conducta se predica de quien para la fecha ostentaba el cargo de Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, cargo de naturaleza directiva que representa un grado de jerarquía y reconocimiento dentro de la estructura administrativa del municipio de Cimitarra, amén de tratarse de una dependencia que maneja temas visibles, siendo ella quien ejerce no sólo la dirección de la misma sino de los subalternos que se encuentran vinculados nominal y contractualmente a dicha secretaria. Por lo que resulta lógico que de ella se esperara un comportamiento acorde y respetuoso de las normas que precisan sus deberes, no sólo como Secretaria de Educación, Cultura y Deporte sino como supervisora de convenios en los que se desarrollen temas trascendentales como ocurrió con el convenio 314 de 2013, en el que además fue ella misma quien elaboró los estudios previos y procedió en representación del municipio facultada por la resolución de delegación a su firma. La trascendencia social de la falta. En el caso sub judice se tiene que la presunta comisión de la falta se da por la indebida supervisión del convenio suscrito entre el municipio de Cimitarra Santander y la Fundación Mi Tierra para el desarrollo de un plan de capacitación a diferentes actores en la atención a primera infancia, convenio que se suscribió por la suma de $265.000.000 de los cuales el municipio aportaría la suma de $250.000.000. Debiéndose resaltar que en razón a la importancia y sensibilidad que comporta el tema de la primera infancia, el desarrollo de este convenio suscitó no sólo en la comunidad sino en los mismos servidores públicos expectativas, dado no sólo como se mencionó la importancia de la temática sino el monto de los recursos invertidos por el municipio para su desarrollo, pues esta suma en efecto era considerable partiendo del hecho que se trata de la vigencia 2013, sumado a la gran difusión que tuvo pues sin duda ello le permite a la ciudadanía conocer el programa que se pretendía realizar y por su puesto genera la inquietud de su seguimiento y verificación. En efecto las presuntas irregularidades fueron puestas en conocimiento no sólo ante este ente de control, sino también ante la Contraloría General de la República y la Contraloría General de Santander, siendo denunciantes el señor [NOMBRE TACHADO], madres comunitarias que si bien no se identificaron si dieron elementos de juicio respecto de los presuntos hechos censurados y servidores públicos como ocurrió con el Concejal Luis Giovanny Hernández, y la misma Contraloría quien a través de dos informes remitió los hallazgos disciplinarios a esta Dependencia. De suerte entonces que el hecho si tuvo una connotación considerable en la comunidad en general del municipio de Cimitarra, pues como se acredita en los diferentes escritos generó indignación por el presunto aprovechamiento de los recursos públicos que al parecer fueron invertidos sin ningún control y vigilancia por parte de la Fundación Mi Tierra, lo que sin duda genera un mal sabor en los gobernados dejando una impresión equivocada de que una entidad sin ánimo de lucro puede invertir los recursos destinados para un convenio de apoyo a programas de interés público sin vigilancia alguna por parte de la administración municipal. De otra parte constituye un mal ejemplo para los demás funcionarios de la administración, en tanto que aquellos a quienes se les confía el seguimiento y verificación de los objetos contratados incumplen sus deberes legales permitiendo que se comentan un sin número de irregularidades en la ejecución del convenio y aun así tengan la posibilidad de seguir ocupando sus cargos públicos. No obstante lo anterior, con los nuevos elementos de juicio que reposan en el expediente, encuentra el Despacho que si bien el convenio suscrito entre el municipio de Cimitarra Santander y la Fundación Mi Tierra para el desarrollo de un plan de capacitación a diferentes actores en la atención a primera infancia, se suscribió por la suma de $265.000.000 de los cuales el municipio aporto la suma de $250.000.000, se debe decir que sobre el monto de los recursos intervenidos por el municipio, la Contraloría General de la República Gerencia Departamental Colegiada de Santander, por auto de fecha 29 de marzo de 2019, ordeno el archivo del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 2179 SAE: 2015-01306, a favor de la disciplinada, el cual fue aperturado porque a juicio de la Contraloría General de la Republica, en la ejecución del convenio de asociación para el apoyo a programas de interés público del 18 de septiembre de 2013 celebrado entre el municipio de Cimitarra y la Fundación Mi Tierra, el municipio canceló a la fundación dinero por conceptos de papelería, elementos varios, personal, facturas duplicadas y alimentación que no se compadecen con el objeto del contrato y por tanto merecían de investigación fiscal. La decisión anterior, fue tomada por que a juicio de este organismo de control “la FUNDACIÒN MI TIERRA cumplió por mucho con la necesidad que buscaba satisfacer el MUNICIPIO DE CIMITARRA, con dicho negocio convencional, pues las actividades estaban enfocadas a 44 personas y finalmente se logró la capacitación de un total de 152 agentes de primera infancia, sin contar quienes asistieron de manera no permanente, se cumplieron cada una de las fases programadas y todos los gastos soportados son congruentes con el objetivo esencial del proyecto. En consecuencia, no se puede alegar daño patrimonial para el MUNICIPIO DE CIMITARRA, quedando demostrada más allá de toda duda la inexistencia del mismo”, decisión que fue confirmada por el Director de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. De tal suerte, que la entidad competente determinó que no hubo daño patrimonial en el desarrollo del convenio No. 314 del 18 de septiembre de 2013, cosa distinta, es que en el desarrollo del mismo, no se cumplió con las especificaciones y/o condiciones establecidas en el documento CONPES 162 de 2013 y sus anexos técnicos. Ahora, no está demás mencionar las causas por las cuales la disciplinada permitió atender a población que no era objeto del convenio y/o no eran las personas a quienes iban dirigidos los procesos de cualificación, pues como se indició se evidencia el registro de personas en calidad de madres de familia y amas de casa, además, tal como consta en el informe final rendido por la Fundación Mi Tierra se señaló: “Al desarrollarse los ciclos de formación durante el fin de semana, encontramos un alto número de niños acompañantes los cuales se deben considerar dentro de los costos de logística del proyecto”, es decir, permitió que se atendiera a niños, madres de familia y amas de casa por cuanto “se atendió a los padres, madres y niños acompañantes ya que el municipio debe garantizar y hacer prevalecer los derechos de los menores, situación que en este caso ocurrió al brindárseles capacitación y alimentación”, aspecto que si bien contraria el documento CONPES 162 de 2013 y sus anexos técnicos, no deja de ser una noble causa. Criterios estos que permiten a este despacho calificar de manera definitiva la falta atribuida en el cargo endilgado a la aquí investigada como LEVE, para los efectos legales pertinentes. Frente a la modalidad de la conducta El artículo 13 del Código Disciplinario Único – C.D.U. ha establecido que queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, y que por lo tanto las faltas solo podrán ser sancionadas a título de dolo o culpa. Respecto de la culpa fue clasificada por el legislador en el artículo 44 ibídem, en culpa grave y culpa gravísima, señalando que está última tendrá aplicación cuando se incurra en: ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. Esta instancia de acuerdo a lo consignado a lo largo de este acto, considera que la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Cimitarra en su condición de supervisora del convenio No. 314 de 2013 ha incurrido en culpa gravísima por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, que hace alusión a los “casos en los cuales la observancia de la prescripción reglamentaria ordenare artificialmente las cosas, al disponer de antemano y en ciertas y específicas situaciones un cuidado especial y obligatorio que por recibir tratamiento especial en la norma sirve como parámetro de recuerdo ineludible para el cumplimiento diligente de la función” . Igualmente la doctrina ha señalado que ella resulta cuando “el deber objetivo de cuidado es reglado y el servidor público desatiende el cumplimiento de esta norma que impone ese deber». A este concepto, resultaría necesario agregar que esa desatención o incumplimiento debe ser «manifiesto», consideración inobjetable que se deriva de la misma redacción impuesta por el legislador. Como puede verse, en aras de evitar la ambigüedad de una acusación disciplinaria, se torna imprescindible el señalamiento expreso y abundante de las razones en que se apoya el investigador para atribuir una u otra fuente de responsabilidad por culpa en la modalidad de gravísima.” Y es que en el caso particular resulta claro que la investigada al asumir su designación como supervisora del convenio, tenía el deber no sólo de conocer sus funciones sino de acatarlas, funciones contenidas en el artículo 6 del Decreto 777 de 1992, ampliamente conocido por la disciplinada pues esta normatividad fue citada tanto en los estudios previos como en el convenio mismo para justificar la modalidad de contratación, además estos documentos fueron elaborados por ella misma, de suerte entonces que tenía pleno acceso a dicha normatividad generándose una manifiesta desatención de reglas de obligatorio cumplimiento. Sabido es que su condición de supervisora colocó en una posición especial a la disciplinada frente a la ejecución del convenio de asociación No. 314 de 2013, pues se exigía de ella el ejercicio de funciones específicas debidamente reguladas en el artículo 6 precitado, de suerte entonces que no se puede predicar que en el particular se tratara de la mera inobservancia del cuidado que cualquier persona imprime a sus actos, pues al ser como se ha dicho a lo largo de este auto la contratación directa bajo la modalidad de convenio de asociación con entidades sin ánimo de lucro es una contratación especialísima, se exige a aquellos funcionarios en que la administración municipal confía su vigilancia y control, el cumplimiento de deberes concretos durante la ejecución del contrato, resultando claro que la supervisión no es una actividad que pueda desplegar el servidor designado de manera facultativa y con sujeción a criterios subjetivos, se trata de una función eminentemente regulada, tanto así que el seguimiento está encaminado a la verificación de condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y en general a todas a aquellas que permitan garantizar el cumplimiento a cabalidad por parte del contratista. Ahora bien, precisa la norma que el incumplimiento debe ser manifiesto, elemento que en el particular se configura, si en cuenta se tiene como se ha señalado que fue la misma funcionaria quien al sustentar la modalidad de contratación en los estudios previos determinó la necesidad de optar por la suscripción del convenio de asociación, teniendo pleno conocimiento de las normas concretas que la regulan, pues así dan cuenta las citas que efectúa en dicho documento del inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política y del Decreto 777 de 1992, de manera tal que la funcionaria desatendió deberes no solo reglados sino plenamente por ella conocidos, máxime si en cuenta se tiene que esta exclusiva modalidad contractual se encontraba para esa época regulada únicamente en estas dos normas, a las que fácilmente tuvo acceso la disciplinada Por lo anterior, considera este Despacho que [NOMBRE TACHADO] desplegó un comportamiento reprochado en la modalidad de CULPA GRAVÍSIMA por incumplimiento de reglas de obligatorio cumplimiento. VIII. DOSIFICACION DE LA SANCION Estando plenamente demostrado que la señora [NOMBRE TACHADO], Identificada con la Cédula de Ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Cimitarra, es responsable disciplinariamente de la comisión de la falta endilgada en el cargo disciplinario calificado, como falta LEVE a título de CULPA GRAVISIMA; este Despacho entrará a hacer la correspondiente dosificación de la sanción en los siguientes términos: El artículo 44 del CDU en su numeral 5 establece como sanción para las faltas leves culposas, amonestación escrita. Por otra parte, el artículo 46 del CDU establece que: “la amonestación escrita se anotara en la correspondiente hoja de vida”, por su parte el artículo 45 ibídem establece como definición para la sanción de amonestación escrita “implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida”. Por lo anterior, teniendo en cuenta que la falta fue calificada de manera definitiva como LEVE a título de CULPA GRAVISIMA, y considerando los artículos 44 numeral 5, 45 y 46 de la Ley 734 de 2002, el operador disciplinario no tiene discrecionalidad en la dosificación de la sanción, por tanto la misma comporta como reproche disciplinario AMONESTACION ESCRITA. En mérito de lo expuesto, la Procuradora Provincial de Vélez © RESUELVE PRIMERO. DECLARAR PROBADO y NO DESVIRTUADO el cargo disciplinario, elevado en contra [NOMBRE TACHADO], identificada con la cédula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Cimitarra, quien se desempeñaba para la época de los hechos como Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, del municipio de Cimitarra Santander, conforme lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: DECLARAR RESPONSABLE DISCIPLINARIAMENTE a [NOMBRE TACHADO], en la calidad pública establecida, frente al cargo probado, por haber incurrido en la Falta Leve a título de CULPA GRAVISIMA en aplicación de los criterios del artículo 43 del CDU y conforme con las consideraciones efectuadas en la parte motiva del presente proveído. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER como SANCION disciplinaria a [NOMBRE TACHADO], AMONESTACIÓN ESCRITA, en consonancia con lo señalado en el artículo 44, numeral 5° y los artículos 45 y 46 del C.D.U. y las consideraciones hechas al respecto en la parte motiva del presente proveído. CUARTO: Notificar personalmente a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, con la advertencia que contra la misma procede el recurso de apelación ante la PROCURADURIA REGIONAL DE SANTANDER, o la dependencia que señale el Procurador General de la Nación, que deberán interponer dentro de los tres días siguientes a la notificación personal o por edicto y sustentar dentro del mismo término. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario QUINTO: Por secretaria, una vez el fallo se encuentre ejecutoriado, désele cumplimiento al numeral 3 del artículo 172 del CUD, el cual dispone que la sanción interpuesta se hará efectiva por el nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera, para tal efecto, remítasele copia de las diligencias. SEXTO: Una vez ejecutoriada la decisión, comuníquese el respectivo fallo a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación con las correspondientes constancias de notificación y ejecutoria. Igualmente, por la Secretaría de esta Provincial se dará cumplimiento a lo establecido en la Circular 055 de septiembre 23 de 2002, proferida por el Señor Procurador General de la Nación. Oportunamente archívese el expediente. SEPTIMO: En firme esta determinación, remítanse al archivo de esta Provincial las diligencias. Déjense las constancias de rigor. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE GERMAN ARCINIEGAS RODRIGUEZ Procurador Provincial © GAR/NEZV D –2013-380697 IUC – D –2013-606-651998

Fuente original

https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory