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ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Nulidad del acto que declara el incumplimiento de convenio de Cooperación
CONTRATOS ESTATALES-Objeto
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL-Jurisprudencia de la corte suprema de justicia
CONTRATO ESTATAL-Regulado por un régimen mixto
CONTRATO ESTATAL - Incumplimiento
Esta Delegada observa que la respuesta dada por CIMES no atiende al desarrollo del objeto contractual, son explicaciones de varios aspectos que no funcionaron por culpa, desconocimiento y negligencia de la misma firma contratista. En conclusión, la misma firma contratista señala el no cumplimiento de los resultados esperados con el convenio. Citan varias causas, entre ellas la falta de recursos, la falta de personal calificado, incluso situaciones políticas, que nada tienen que ver con los componentes del convenio, y de que estar efectivamente incidiendo de manera negativa en la ejecución del mismo, ha debido de ser puestos de presente desde el mismo momento en que se presentaron y tomar los correctivos necesarios, y no al final como justificación de su incumplimiento. Todo ello puso en evidencia, dicho por ellos mismos, que el incumplimiento si se había presentado.
CONTRATOS ESTATALES-Liquidación según marco legal
Existe en nuestro ordenamiento jurídico tres clases de liquidación de los contratos estatales: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial. La liquidación de común acuerdo o voluntaria de los contratos ya señalados, se efectúa dentro del término establecido en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia o del acordado en el contrato. En defecto de tal señalamiento o a falta de acuerdo, procede practicarla dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato o a la fecha del acuerdo de voluntades que la disponga.
Ahora, si el contratista no se presenta a la liquidación voluntaria o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, ella será practicada directa y unilateralmente por la entidad contratante y se adoptará mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición, para lo cual la administración, al tenor del artículo 44, numeral 10, literal d) de la ley 446 de 1998, sustitutivo del 136 del C.C.A., dispone de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación de común acuerdo. Si la entidad contratante no liquida unilateralmente el contrato dentro del término de seis (6) meses ya señalado o dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes, el interesado "podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.
CONTRATO ESTATAL-Terminación unilateral
CLAUSULAS EXORBITANTES-Prerrogativa de la Administración
En relación con las clausulas o potestades exorbitantes, la Ley 80 de 1993, en su artículo 14, establece los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, una de ellas se refiere al pacto de cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado.
… El Consejo de Estado ha sido reiterativo que en vigencia de la Ley 80 de 1993, la competencia temporal de la administración con respecto al ejercicio de sus poderes exorbitantes y concretamente los sancionatorios, ratificó lo expuesto en la sentencia del 13 de septiembre de 1999, expediente No. 10.264 en cuanto al término para el ejercicio de las potestades excepcionales en la actividad contractual y señaló que la entidad podrá declarar el incumplimiento después del vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o dentro del acto liquidatario mismo, pero no después de la expedición de éste.
CONCEPTO No. 007/2018
Bogotá D.C., 16 de enero de 2018.
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente
Doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 73001-23-00-000-2001-02354-00 (59941)
ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ACTOR: CORPORACIÓN DE IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA -CIMES
ACCIONADO: LA NACIÓN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FONDO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO – PLANTE Y AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida, que denegó las súplicas de la demanda // caso en el que el contratista solicita decretar la nulidad de las Resoluciones 147 de 2000 y 101 de 2001, que decreto el incumplimiento por cuanto la administración habría perdido competencia // Igualmente solicita que se declare la nulidad de la resolución suscrita por ACCI y PLANTE, por falsa motivación, porque según el contratista él si cumplió // con base en dichas declaratorias, el reconocimiento dinerario // Temas: el silencio administrativo negativo //el incumplimiento contractual // el contrato de resultado y sus diferencias con el contrato de medio.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:
ANTECEDENTES
Demanda:
El 27 de julio de 2001, La Corporación de Impulso a la Economía Solidaria -Cimes a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, radicó ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, demanda contentiva de Acción Contractual en contra la Nación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo – Plante y Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, con el fin de obtener por parte del A quo la nulidad de la Resolución No. 147 del 27 de diciembre de 2000, expedida por las Directoras del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO - PLANTE y la AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIQNAL - ACCI , acto administrativo contractual, por medio del cual se decidió declarar el incumplimiento del convenio de Cooperación No.018 de 1999 celebrado entre la AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - ACCI -, el Fondo del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO - PLANTE - y la CORPORACION DE IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA - CIMES, suscrito el 28 de diciembre de 1999 y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en dicho convenio, ordenándose además el reintegro de los valores determinados como no elegibles y como consecuencia del incumplimiento del convenio, la declaración de la ocurrencia del siniestro; además solicitó que las sumas de dinero que se condene a pagar a los entes demandados sean debidamente indexadas y devengaran intereses moratorios a la máxima tasa fijada por la Superintendencia Bancaria desde el momento en quede en firme la providencia respectiva y que se condene a las entidades demandadas al pago de las costas y agencias en derecho.
El 2 de enero de 2017, el apoderado judicial, Doctor [NOMBRE TACHADO], presentó memorial aclarando y corrigiendo la demanda inicial.
Los hechos se resumen de la siguiente forma:
El 30 de agosto de 1999, se celebró un convenio de donación entre el gobierno de Estados Unidos y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional ACCI., el cual tuvo como objetivo reducir la producción de cultivos ilícitos en nuestro país.
En desarrollo del convenio de donación, el 20 de diciembre de 1999 se suscribió el convenio especial de cooperación entre la Directora y representante legal de la AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL – ACCI; la Directora y Representante legal del FONDO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO – PLANTE y la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Representante Legal de la CORPORACION DE IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA – CIMES, se suscribió el convenio de cooperación No. 018 de 1999, cuyo objeto consistió en estructurar una propuesta de acompañamiento socio-empresarial para CORPOAGRO y cuatro organizaciones productoras de frutas, socias, con el fin de consolidar la empresa y liderar procesos de producción, comercialización de cultivos lícitos en el Departamento del Tolima. El plazo de ejecución pactado fue de 6 meses a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico y un valor de $65.690.000, discriminados así: aporte de la ACCI $58.216.000, aporte de CIMES $7.474.000.
El 27 de junio de 2000, el convenio No. 018 fue modificado por mutuo acuerdo en cuanto al término de ejecución en 2 meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento de dicha modificación.
La cláusula decima del acuerdo de voluntades estipuló que la supervisión seria ejercida por el Coordinador Departamental Tolima del Fondo Plante y la Subdirección de Proyectos ACCI.
De conformidad con la cláusula décimo primera del convenio, el seguimiento y la ejecución física y financiera del proyecto cofinanciado, sería ejercido por CIMES, la ACCI y el PLANTE quienes verificarían que su ejecución se realizara conforme a los principios y propósitos que orientan a la ACCI y al PLANTE, correspondiendo a CIMES en virtud del parágrafo de la misma clausula, la responsabilidad de la elaboración y presentación de los informes en desarrollo del proceso de seguimiento elaborados por el Plante.
Solicitud de Informe de seguimiento y evaluación sobre el desarrollo del convenio del 12 de septiembre de 2000.
Solicitud de informe del 13 de octubre de 2000 por parte de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional ACCI a CIMES sobre la legalización de los gastos.
Informe de interventoría del convenio 018, suscrito por el Coordinador Departamental del PLANTE.
Mediante Resolución No. 147 del 27 de diciembre de 2000, el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –FONDO PLANTE, en el numeral primero declaró el incumplimiento del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999.
El 25 de septiembre de 2001, el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –FONDO PLANTE, modificó el artículo primero de la Resolución No. 147 de 2000 en el sentido del reintegro de los valores determinados como no elegibles.
1.2. Sentencia de primera instancia:
El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de Sentencia del 2 de junio de 2017, denegó las súplicas de la demanda. En efecto, el a-quo en primer lugar se refiere al agotamiento de la vía gubernativa y a la individualización de los actos demandados y en segundo lugar procedió a analizar de fondo la nulidad de las Resoluciones Nos. 147 del 27 de diciembre de 2000 y 101 de septiembre 25 de 2001 que declararon el incumplimiento del convenio 018 de 1999, observando si existió incompetencia por parte del funcionario que lo declaró y se si se vulneró el debido proceso, derecho de audiencia y de defensa. El Tribunal administrativo también analizó si se presentó falsa motivación en los hechos que rodearon la declaratoria de incumplimiento.
Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Tolima comienza analizando si procede la nulidad de la Resolución No. 147 de 2000, por presuntamente haberse expedido sin competencia, con violación del debido proceso, derecho de audiencia y defensa o por falsa motivación.
Señala el a-quo, que en el momento en que se presentó la demanda se encontraba pendiente de decidir el recurso de reposición que se había interpuesto contra la Resolución No. 147 de 27 de diciembre de 2000, y teniendo en cuenta que el recurso fue resuelto antes de que se notificara el auto admisorio de la demanda, concluye el tribunal que la entidad no había perdido competencia para pronunciarse sobre el citado recurso, situación que dejó incólume la declaratoria de incumplimiento decretada contra la firma contratista.
Así las cosas, y frente a lo invocado por la parte actora, que tiene que ver con la falta de competencia de las entidades demandadas para proferir la Resolución de liquidación del contrato, el Tribunal estableció que una vez recaudados todos los documentos para proceder a la misma, éstas, dieron traslado del informe de interventoría del 4 de octubre de 2000, liquidación y consolidación de pagos del Convenio de Especial de Cooperación, estudio de terminación al contratista a través del oficio 2614 del 19 de diciembre de 2000, en el cual se les señaló el plazo para pronunciarse sobre los mismos, esto es el 26 de diciembre de 2000.
El a-quo de acuerdo con el acervo probatorio allegado, también estableció que las entidades estatales si estaban facultadas para declarar el incumplimiento de las obligaciones que había adquirido el contratista porque hubo una ejecución defectuosa del objeto contractual.
Posteriormente, el tribunal con relación a la posibilidad que tiene la administración de ejercer las potestades exorbitantes, considera que de acuerdo a la Ley y la jurisprudencia las entidades si pueden hacer uso de estas potestades con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.
Adicionalmente, señala el Tribunal que esas facultades pueden ser aplicadas con posterioridad al vencimiento del plazo contractual, mientras no se haya liquidado el negocio jurídico, por lo tanto concluye que las Resoluciones que declararon el incumplimiento del contrato fueron proferidas con anterioridad a la liquidación del mismo, por tal razón a juicio del a-quo no resultarían contrarias a derecho.
Aunado a lo anterior, concluye que la actuación administrativa surtida para efectos de determinar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, fueron efectuadas conforme a la Ley, se fundamentaron en los informes de interventoría y en los documentos contractuales, lo que les permitió determinar que el contrato no fue cumplido en su totalidad y consecuencia de esto, se ordenó el reintegro de las sumas de dinero que se habían entregado y cuyos soportes no fueron aportados para realizar en debida forma su legalización.
Así las cosas, concluye el alto Tribunal que no se demostró en el proceso que los actos administrativos contractuales demandados, se hubieran proferido con desviación de poder o falsa motivación, como tampoco logró desvirtuarse la presunción de legalidad de los mismos, por lo tanto considera que ha de proferirse fallo adverso a las pretensiones de la demanda.
De otra parte, el a-quo hace referencia al escrito de contestación de la demanda por parte de Seguros del Estado .SA. y de los alegatos de conclusión y señala que no advierte elementos de juicio o hechos probados que permitan determinar que las Resoluciones No. 147 de 2000 y 101 de 2001, se expidieron sin que existiera falta de competencia por parte de las entidades que invocaron la figura, o que las mismas hubieran perdido validez para pronunciarse al respecto, ni tampoco se probó que la misma se hiciera con desviación de poder o falsa motivación.
Por lo tanto, concluye el Tribunal de Primera Instancia, que no habrá lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.
1.3. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante:
Por su parte, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia. En dicho recurso, el accionante afirma que la aseguradora “seguros del estado” comparte los argumentos alegados por él, cuando sostiene que las Resolución No. 147 de 2000 y 101 de 2001 se encuentran afectadas de nulidad por la expedición irregular y violación al debido proceso, y afirma que fueron expedidas por fuera de los términos legales y cuando la administración ya había perdido competencia.
En su criterio, el Tribunal ha debido declarar la nulidad del acto administrativo que fue demandado en la adición de la demanda por la pérdida de competencia, por el factor temporal, de los entes demandados incurriendo en un defecto factico por violación de norma sustantiva, configurándose la vía de hecho, ya que señala que el Tribunal fundó su decisión en norma claramente inaplicable.
Agrega que frente a que la entidad estaba facultada para declarar el incumplimiento contractual el Tribunal actuó con ligereza al concluir sin argumentos que dichos informes de interventoría y de evaluación prueban el incumplimiento de las obligaciones contractuales, llegando a afirmar que éstas nunca fueron desvirtuadas por la parte actora, y en su criterio esta circunstancia hace incurrir a la sentencia en defecto sustantivo por interpretación inaceptable concatenado con el defecto factico por omisión de consideración de los medios probatorios aportados por ausencia de valoración.
Asegura que si bien se hicieron algunos análisis para la liquidación del contrato, ésta nunca se efectuó, señala que es distinto hacer un análisis de liquidación a realizarse en forma efectiva y asegura que nunca le dijeron a su defendido que se trataba de una liquidación del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999, sino de una revisión de cuentas, por lo tanto considera que se violó el debido proceso y su derecho de defensa.
En cuanto a las potestades exorbitantes, enfatiza que el Tribunal de instancia incurrió en una equivocación, al no tener en cuenta jurisprudencia posterior y vigente para la época de los hechos y aplicables para el caso, explica que cuando se expidió el primer acto administrativo de incumplimiento de contrato, es decir la Resolución No. 147 de 2000 la entidad no carecía de competencia funcional por el transcurso del tiempo para declarar dicho incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por el agotamiento de poderes exorbitantes, pues ya se había vencido el término pactado o legal para la liquidación de los contratos.
Agrega la parte actora que existe incongruencia de la sentencia, ya que el tribunal no se pronunció respecto a otros cargos concretos como son la violación al debido proceso, el derecho de audiencia y defensa. Indica que en su criterio la decisión sancionatoria adoptada es arbitraria, pues considera que jamás existieron los supuestos incumplimientos durante la ejecución del Convenio Especial de Cooperación y que la administración escondió premeditadamente, con alevosía, mala fe y a mansalva todas las dudas y observaciones que tenía sobre la ejecución del contrato, guardándolas para expresarlas en una resolución posterior, donde por primera vez se le explicaba a CIMES que había incumplido el contrato.
En cuanto a la Resolución No. 147 de 2000 indica que las señoras Directoras de PLANTE y de ACCI, no tuvieron en cuenta el artículo 35 del C.C.A. donde se estipula que tan solo se pueden adoptar decisiones administrativas si se ha dado oportunidad real de defensa a las personas que resulten involucradas con la administración, puntualiza que solo fueron tenidas en cuenta las observaciones planteadas por el interventor o supervisor en oficio del 4 de octubre de 2000 sin que CIMES pudiera ejercer su derecho de contradicción.
En tal sentido, se adentra en las observaciones efectuadas por el interventor que sirvieron de fundamento para declarar el incumplimiento del contrato mediante la Resolución No. 147 de 2000 en los numerales 6, 7 y 8 y en especial en el informe de interventoría. En primer término se refiere a que existió un claro desconocimiento del marco legal del Convenio Especial de Cooperación, es decir de su objeto y alcance de las obligaciones. Señala que el contrato era de medio y no de resultado, pues la ejecución estaba determinada por un simple acompañamiento de asesoría y de aporte de conocimientos para mejorar la experiencia de un grupo de organizaciones agrícolas, las cuales debían poner en práctica los conocimientos trasladados a ellos. En su concepto el contrato se cumplió integralmente, sin objeciones de ninguna clase y hace un análisis de las razones por la cuales no está de acuerdo con los fundamentos para declarar el incumplimiento del contrato.
Por todo lo expuesto anteriormente, la parte actora solicita la revocatoria del fallo recurrido y en su lugar que se decrete la prosperidad de las pretensiones.
II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. Problemas jurídicos
De acuerdo con los reparos manifestados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, en el presente caso es conducente analizar:
Problemas planteados por el Ministerio Público:
¿En el Contrato Especial de Cooperación No. 018 de 1.999, existen evidencias que demuestren que se vulneró el derecho de defensa y de audiencia como indica el apelante?
¿El Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999 es un negocio jurídico de medio o de resultado?
¿Existió una falsa motivación por parte del Estado Colombiano, a través de sus instituciones: Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –Plante- y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional –ACCI- al decretar el incumplimiento del contrato especial de Cooperación No.018 de 1999, por medio de las resoluciones No. 147 de 2000 y 101 de 2001, hecho que implica que las mismas se encuentran afectadas de nulidad por dicha expedición irregular invocada?
¿Las resoluciones No. 147 de 2000 y 101 de 2001 se expidieron por fuera de los términos legales y cuando la administración ya había perdido competencia para pronunciarse al respecto?
¿Se dio el incumplimiento contractual en el Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999 bajo investigación?.
2.2. Marco teórico.
Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público:
2.2.1. La acción de controversias contractuales.
La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el art. 87 del CCA, que señala:
“(…)
ARTÍCULO 87. Modificado por el art. 17, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 32, Ley 446 de 1998 De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.
El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes
(…)”.
2.2.2. El objeto de los contratos estatales.
Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado:
“(…)
El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado.
De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad.
Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual.
Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual.
Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución
(…)”.
2.2.3. Responsabilidad civil contractual
Sobre la responsabilidad civil contractual, la Corte Suprema de Justicia ha dicho:
“(…)
El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o con secuencial (arts. 1546 y 1818 del Código Civil) los que encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados
(…)"
Incumplimiento del contrato o convenio
De conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.
Así mismo, el artículo 1603 del Código Civil, establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.
El contrato estatal se encuentra regulado por un régimen mixto, conformado por normas del derecho privado (civil y comercial) y por normas del derecho público.
El artículo 13 de la ley 80 de 1993 refiere la normatividad aplicable a los contratos estatales y dispone que éstos se rigen por la legislación civil y comercial pertinente, salvo en aquellas materias reguladas en esa misma ley. Este artículo se complementa con el artículo 70 del mismo estatuto contractual, el cual dispone que las normas que rigen las actuaciones contractuales son aquellas que se refieren a la función administrativa y a la falta de éstas, se aplicará el Código de Procedimiento Civil.
Respecto al cumplimiento e incumplimiento de los contratos, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 estipula que: “Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: “1°. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato”
En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2° de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.
Entre tanto, el Consejo de Estado, destacó que en relación con las obligaciones contractuales estatales y el incumplimiento del contrato bilateral lo siguiente:
“(…)
En virtud del contrato bilateral cada una de las partes se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa inmediatamente, al vencerse un plazo o al ocurrir alguna condición, de conformidad con los términos de la estipulación (arts. 1494, 1495, 1530 y ss. 1551 y ss. Código Civil). Por él cada contratante acude a prestar su consentimiento en la confianza en que la otra ejecutará las obligaciones recíprocas acordadas al tenor del contrato y en el tiempo debido. Empero, sucede que en ocasiones una de las partes se sustrae del compromiso y no satisface su obligación para con el otro al tiempo de su pago, incurriendo en un incumplimiento, vicisitud que se traduce en una obligación frustrada por obra de uno de los sujetos del vínculo y que por tal motivo es sancionada por el ordenamiento jurídico
(...)”.
De otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado: ha señalado lo siguiente:
“(…)
El incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato. Cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones o términos de referencia que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico. Así mismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce el catálogo de principios que orientan la contratación estatal y que igualmente se entienden incorporados en la relación jurídica bilateral (negrilla fuera de texto).
(…)”
Liquidación de los contratos estatales.
Existe en nuestro ordenamiento jurídico tres clases de liquidación de los contratos estatales: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial. La liquidación de común acuerdo o voluntaria de los contratos ya señalados, se efectúa dentro del término establecido en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia o del acordado en el contrato. En defecto de tal señalamiento o a falta de acuerdo, procede practicarla dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato o a la fecha del acuerdo de voluntades que la disponga.
Ahora, si el contratista no se presenta a la liquidación voluntaria o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, ella será practicada directa y unilateralmente por la entidad contratante y se adoptará mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición, para lo cual la administración, al tenor del artículo 44, numeral 10, literal d) de la ley 446 de 1998, sustitutivo del 136 del C.C.A., dispone de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación de común acuerdo. Si la entidad contratante no liquida unilateralmente el contrato dentro del término de seis (6) meses ya señalado o dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes, el interesado "podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.
De otra parte, respecto a la Liquidación de los contratos, la Ley 80 de 1993, estipuló en sus artículos 60 y 61:
“(…)
Artículo 60º.- De Su Ocurrencia y Contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.
Artículo 61º.- De la Liquidación Unilateral Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdos sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición.
(…)”
Posibilidad de Demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra actos particulares
El artículo 135 del C.C.A., subrogado por el artículo 22 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989, dispone:
“(…)
ARTICULO 135. POSIBILIDAD DE DEMANDA ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA ACTOS PARTICULARES. La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.
El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la vía gubernativa.
Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos.
(…)".
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia de febrero 12 de 1998, radicación No. 4768, Consejero Ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz, señaló:
"(…)
Para que pueda acudirse en demanda ante esta Jurisdicción contra un acto definitivo y particular, sin necesidad de agotar la vía gubernativa deben presentarse una de las siguientes situaciones:
a): No se dio la oportunidad al interesado para que pudiera interponer oportunamente los recursos. En este caso, como el artículo 135 ibídem lo autoriza para demandar directamente, mientras no se haya proferido auto admisorio de la demanda puede solicitar la revocatoria directa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 ibídem, pues es presupuesto sine qua non para que se pueda impetrar tal solicitud que el peticionario no haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa, según lo consagra expresamente el artículo 70 ibídem (negrilla del despacho).
Pero si al interesado le dieron la oportunidad de interponer los recursos de ley, ya no puede demandar directamente, sino que se le exige el previo agotamiento de la vía gubernativa
(…)”.
Correspondencia cruzada con la entidad contratante
Sobre el particular la sentencia de mayo 6 de 2015- M.P. Olga Melida Valle de La Hoz, radicado No. 25000-23-26-000-2000-02749-01(28394), señaló lo siguiente:
“(…)
En otras oportunidades, esta Sala, privilegiando una interpretación integral de estos preceptos haya aceptado que aun si no se cumple con la comunicación formal del inicio de un procedimiento sancionatorio, cuando de la correspondencia cruzada entre las partes o de las reuniones celebradas entre las partes o a través de cualquier otro documento allegado al proceso se puede inferir que realmente el contratista se le informó detalladamente en qué consistían los incumplimientos endilgados y tuvo oportunidad de desvirtuarlos, no hubo vulneración del debido proceso y del derecho de defensa. (…) De acuerdo con lo anterior, no procura la Sala el cumplimiento de los formalismos, que también son importantes porque hacen parte de un aspecto del debido proceso como son las formas propias de cada juicio, sino que realmente se haga efectiva la garantía del derecho de defensa, que como antes se advirtió es de máxima importancia en un Estado Social de Derecho.
(…)”
2.3. Material probatorio obrante en el expediente.
Es preciso señalar que en el expediente existe abundante material probatorio, el cual ha sido referido por el Tribunal de primera instancia, y debidamente sopesado por el Ministerio Público. Una vez verificado lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, destaca el siguiente material, relevante para emitir concepto de fondo sobre el asunto:
2.3.1. Copia del Convenio de donación entre el gobierno de Estados Unidos y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional ACCI., el cual tuvo como objeto reducir la producción de cultivos ilícitos en nuestro país.
2.3.2. Convenio de donación, el 20 de diciembre de 1999.
2.3.3. Copia de la modificación del Convenio Especial de Cooperación No. 018 por mutuo acuerdo donde se modificó el término de ejecución en 2 meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento de dicha modificación.
2.3.4. Solicitud de Informe de seguimiento y evaluación sobre el desarrollo del Convenio Especial de Cooperación del 12 de septiembre de 2000.
2.3.5. Oficio No. 2156 del 13 de octubre de 2000, suscrito por el doctor [NOMBRE TACHADO], Subdirector de Proyectos de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional ACCI dirigido a CIMES con el fin de que se sirva presentar informe sobre la legalización de los anticipos girados.
2.3.6. Informe de interventoría de fecha 4 de octubre de 2000 con relación a la ejecución del Convenio Especial de Cooperación No. 018, preparado y suscrito por el Coordinador Departamental del PLANTE.
2.3.7. Oficio No. 2614 del 19 de diciembre de 2000, suscrito por la Doctora EMILIA C. RUIZ M, en su condición de Directora de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional –ACCI- dirigido a la Corporación de Impulso a la Economía Solidaria “CIMES” con término de 6 días para responder a los informes enviados por el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –PLANTE-, sobre la ejecución financiera y del doctor [NOMBRE TACHADO], en la ejecución de actividades.
2.3.8. Oficio CC-311-2000 del 21 de diciembre de 2000, la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Directora de la Corporación de Impulso a la Economía Solidaria –CIMES, dio respuesta al oficio No. 2614 del 19 de diciembre de 2000, aclarando puntualmente todos y cada una de las supuestas inconsistencias.
2.3.9. Copia de la Resolución No. 147 del 27 de diciembre de 2000, mediante la cual el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –FONDO PLANTE y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, declararon el incumpliendo del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999.
2.3.10. Copia de la Resolución No. 101 del 25 de septiembre de 2001, mediante la cual se modificó la Resolución No. 147 de 2000.
2.4. Caso concreto
En el caso que nos ocupa, queda claro que el Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999, se celebró el 29 de diciembre de 1999 entre la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional –ACCI, el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –FONDO PLANTE y la Corporación de Impulso a la Economía Solidaria –CIMES, y que su objeto consistió en “estructurar una propuesta de acompañamiento Socio empresarial para Corpoagro y cuatro organizaciones de productores de frutas, socias de Corpoagro, con el fin de consolidar la empresa y liderar procesos de producción, comercialización de cultivos lícitos en el Departamento del Tolima”.
El 4 de octubre de 2000, el supervisor del Convenio Especial de Cooperación, doctor [NOMBRE TACHADO], Coordinador Departamental del PLANTE presentó el informe de supervisión de acuerdo con las obligaciones de las partes e informó algunas inconsistencias encontradas.
El 19 de diciembre de 2000 mediante oficio No. 2614, la Doctora EMILIA C. RUIZ M, en su condición de Directora de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional –ACCI- solicitó a la Corporación de Impulso a la Economía Solidaria “CIMES” con término de 6 días responder a los informes enviados por el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –PLANTE-, sobre la ejecución financiera y del doctor [NOMBRE TACHADO], en la ejecución de actividades.
El 21 de diciembre de 2000, con el oficio CC-311-2000, la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Directora de la Corporación de Impulso a la Economía Solidaria –CIMES, dio respuesta al oficio No. 2614 del 19 de diciembre de 2000, aclarando puntualmente todos y cada una de las supuestas inconsistencias.
El 27 de diciembre de 2000 mediante Resolución No. 147, el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –FONDO PLANTE y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, declararon el incumpliendo del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999.
El 25 de septiembre de 2001, con la Resolución No. 101 del 25 de septiembre de 2001, se modificó la Resolución No. 147 de 2000.
Ahora bien, la parte actora presentó recurso de reposición contra la Resolución 101 de 2001, y busca desvirtuar la validez de la misma, así como también del acto administrativo No. 147 de 2000, mediante la cual se declaró el incumplimiento del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999. Estos se abordarán, atendiendo al orden presentado en la reposición por parte del demandante de la siguiente manera:
Esta Delegada entrará a revisar si las resoluciones No. 147 de 2000 y 101 de 2001 fueron expedidas de manera irregular, ya que según el demandante, la administración había perdido competencia, hecho que implica, según el recurrente, que las mismas se encuentran viciadas de nulidad.
En este sentido, cabe notar que, el Código Contencioso Administrativo regula este tema en el artículo 60, inciso 3º, el cual indica de manera clara:
“(…)
ARTÍCULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de 1989 Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.
El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1º no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo.”
Esta norma tal como se expone, se encontraba vigente para la fecha de los hechos en los términos que se expresa, lo que quiere decir que la entidad no estaba impedida para resolver el recurso incoado mientras no se hubiera dictado auto admisorio de la demanda en la jurisdicción en lo contencioso administrativo.
De todas maneras, conocedores de que con lo anterior no se ha absuelto de manera total lo requerido por el apelante, es nuestro deber aclarar que en este sentido la jurisprudencia ha sido reiterativa en manifestar que el término aludido: “acudir ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo” no significa que ésta se da por el mero hecho de radicar la respectiva demanda, sino, que debe observarse, al menos, que la misma haya sido notificada a la entidad demandada, para dar así cumplimiento al principio de defensa que tales actos ameritan.
Igualmente la citada jurisprudencia ha precisado que el vencimiento del término legalmente establecido para la decisión de los recursos interpuestos en vía gubernativa, no exime a la autoridad administrativa de la obligación constitucional y legal de resolver dicho(s) recurso(s), mientras el particular no haya acudido ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se haya admitido la respectiva demanda y se haya notificado el auto admisorio a la Administración.
También indica que ante el vencimiento del plazo consagrado en la ley para que pueda tener ocurrencia el silencio administrativo negativo procesal o adjetivo, el peticionario podrá, a su elección: i) continuar esperando a que la Administración resuelva los recursos interpuestos, caso en el cual, por no estar en firme, el acto impugnado carecerá de su carácter ejecutivo y ejecutorio, o ii) acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para impugnar las respectivas decisiones, toda vez que, al operar el silencio administrativo negativo consagrado en su beneficio, respecto de los recursos interpuestos, se entiende agotada la vía gubernativa.
Así las cosas, y, de acuerdo con las normas vigentes para la época de los hechos y la jurisprudencia citada, para esta Delegada la administración tenía la competencia para pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto, ya que no había sido notificado de auto admisorio de la demanda y de conformidad con el acervo probatorio, dicho pronunciamiento (Resolución 101 de 2001) se efectuó antes de dicha ritualidad procesal.
Por las anteriores consideraciones, esta Delegada conceptúa que este aspecto recurrido por el apelante no está llamado a prosperar. Esto quiere decir, que para esta Delegada tanto la Resolución No. 147 de 2000, que decretó el incumplimiento de la firma contratista, así como la Resolución No. 101 de 2001 impugnadas, la cual modificó parcialmente a la primera decisión, en cuanto el quantum de la multa impuesta, si fueron expedidas por las entidades públicas con la competencia para hacerlo.
Al revisar lo manifestado en el recurso de alzada, el cual afirma que el Tribunal Administrativo del Tolima, pasó por alto las respuestas dadas a la administración por parte de la firma contratista, de igual manera, indica que no observó las objeciones presentadas a las mismas, actuando con ligereza por parte del a-quo, al concluir sin argumentos que dichos informes de interventoría y de evaluación prueban el incumplimiento de las obligaciones contractuales, afirmando incluso que estas nunca fueron desvirtuadas por la parte actora.
Debemos anotar, en lo concerniente a esta inconformidad, que de acuerdo con la jurisprudencia citada en el apartado 2.2.7. del presente escrito, esta Delegada considera que cuando de la correspondencia cruzada entre las partes o de las reuniones celebradas entre las partes o a través de cualquier otro documento allegado al proceso, se puede inferir que realmente al contratista se le informó detalladamente en qué consistían los incumplimientos endilgados y tuvo oportunidad de desvirtuarlos, por lo tanto, esta Delegada pudo verificar que no hubo vulneración del debido proceso y del derecho de defensa.
Por lo anterior, esta Delegada conceptúa que la solicitud realizada por el apelante de anular las resoluciones 147 de 2000 y 101 de 2001 por haber vulnerado el debido proceso y haber coartado el derecho de defensa de la firma contratista no está llamada a prosperar.
Es menester hacer referencia que aunque el apelante asegura que si bien la administración efectuó algunos análisis para la liquidación del contrato, ésta nunca se efectuó y señala que es distinto hacer un análisis de liquidación a realizarse en forma efectiva, e indica que nunca le dijeron a su defendido que se trataba de una liquidación del Convenio Especial de Cooperación sino de una revisión de cuentas, por lo tanto considera el apelante, que por este hecho, también se violó el debido proceso y su derecho de defensa.
Ahora bien, precisamente, la liquidación de un contrato es un corte de cuentas, donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación por cualquier causa, es decir, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución.
Liquidar supone un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que conste el balance tanto técnico como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo de las partes.
Respecto a este punto, esta Delegada difiere de los argumentos alegados por el demandante, pues en primer lugar no se encuentra dentro del plenario prueba alguna que el Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999 haya sido objeto de liquidación; se debe dejar claro que sí fue objeto de análisis para proceder a la liquidación más no se liquidó y en segundo lugar, el citado análisis fue enviado para su revisión, al igual que los informes de supervisión e interventoría al contratista mediante oficio No. Oficio No. 2614 del 19 de diciembre de 2000, suscrito por la Doctora EMILIA C. RUIZ M, en su condición de Directora de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional –ACCI- para que se ejerciera el derecho de defensa, por lo tanto no se encuentra la vulneración alegada al debido proceso y derecho de defensa aludido. Prueba de ello se encuentra precisamente en la respuesta dada a la entidad de fecha 21 de diciembre de 2000, con el oficio CC-311-2000, donde se recibió respuesta a lo solicitado por la entidad, para que fueran controvertidos.
En lo atinente a la violación del debido proceso, no es de recibo por parte de esta Delegada esta argumentación, toda vez que el trámite que se le dio al presente proceso contractual se ajustó a las normas procedimentales y no como pretende hacerlo ver el apoderado del demandante.
2.4.4. En cuanto a las potestades exorbitantes, enfatiza en su recurso de alzada que el Tribunal de instancia incurrió en una equivocación, al no tener en cuenta jurisprudencia para la época de los hechos y aplicables para el caso, explica que cuando se expidió el primer acto administrativo de incumplimiento de contrato, es decir la Resolución No. 147 de 2000, la entidad contratante carecía de competencia funcional por el transcurso del tiempo para declarar dicho incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por el agotamiento de los poderes exorbitantes, pues ya se había vencido el término pactado o legal para la liquidación del contrato.
En relación con las clausulas o potestades exorbitantes, la Ley 80 de 1993, en su artículo 14, establece los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, una de ellas se refiere al pacto de cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado.
Dichas clausulas exorbitantes o excepcionales son una prerrogativa o facultad discrecional otorgada al funcionario público, para que en su labor de funcionario público pueda ejercitar sus potestades en defensa o protección de los intereses del Estado cuando éstos puedan verse afectados en desarrollo de un proceso contractual.
El Consejo de Estado ha sido reiterativo que en vigencia de la Ley 80 de 1993, la competencia temporal de la administración con respecto al ejercicio de sus poderes exorbitantes y concretamente los sancionatorios, ratificó lo expuesto en la sentencia del 13 de septiembre de 1999, expediente No. 10.264 en cuanto al término para el ejercicio de las potestades excepcionales en la actividad contractual y señaló que la entidad podrá declarar el incumplimiento después del vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o dentro del acto liquidatario mismo, pero no después de la expedición de éste.
Además precisó que: “la evaluación sobre el cumplimiento del contratista, la aplicación de los correctivos que la administración considere necesarios y las sanciones impuestas, son válidas si se efectúan durante el plazo para el cumplimiento del objeto del contrato y la liquidación del mismo. Practicada la liquidación del contrato o vencido el plazo para hacerlo por mutuo acuerdo o unilateralmente por la administración a falta de aquél dentro de los dos (2) meses siguientes que establece la ley (art. 136 numeral 10 literal (d) del Código Contencioso Administrativo), la administración queda despojada de sus potestades sancionatorias y cualquier incumplimiento que se le impute al contratista debe ser constatado por el juez".
En la citada jurisprudencia se enfatiza que “es verdad que vencido el plazo del contrato éste se coloca en la etapa de liquidación, pero no resulta razonable sostener que en esta fase la administración no pueda hacer uso de sus potestades sancionatorias frente al contratista, puesto que vencido el plazo del contrato es cuando la administración puede exigir y evaluar su cumplimiento y de manera especial definir si éste es satisfactorio; es cuando puede apreciar la magnitud de los atrasos en que incurrió el contratista”.
Ahora bien, de conformidad con lo anterior, la nulidad solicitada por el apelante del acto administrativo demandado (Resolución No. 147 de 2000), por falta de competencia de la administración para declarar el incumplimiento del Convenio Especial de Cooperación, no tiene vocación de prosperidad, si se tiene en cuenta que el negocio jurídico No. 018 de 1999 terminó el 30 de agosto de 2000 y la administración declaró el incumplimiento el 27 de diciembre de 2000, y como para esa fecha no lo había liquidado, y todavía la entidad estaba estableciendo de acuerdo con la documentación contractual si existía incumplimiento o no, la administración sí estaba facultada para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.
Es cierto que, el plazo pactado para liquidar de mutuo acuerdo el Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999, de acuerdo con la cláusula vigésima octava fue de 2 meses, sin embargo hay que tener en cuenta que la Ley contractual ya ha superado el tema, indicando que la administración dispone de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación de común acuerdo. si el contratista no se presenta a la liquidación voluntaria o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, ella será practicada directa y unilateralmente por la entidad contratante y se adoptará mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición, para lo cual la administración, al tenor del artículo 44, numeral 10, literal d) de la ley 446 de 1998, sustitutivo del 136 del C.C.A., dispone de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación de común acuerdo. Si la entidad contratante no liquida unilateralmente el contrato dentro del término de seis (6) meses ya señalado o dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes, el interesado "podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.
Así, los argumentos presentados en el recurso de apelación en relación con este tema, no resultan atendibles, y se conceptúa en este aspecto, que esta pretensión no está llamada a prosperar.
En este punto, esta agencia del Ministerio público abordará algunos razonamientos realizados por el apelante, y que en su propia dicción él menciona como “incongruencia de la sentencia”. Como primera medida señala que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda, ya que nada se dijo sobre los otros cargos concretos realizados en el concepto de la violación o fundamentos de derecho. Empieza alegando que la decisión sancionatoria es arbitraria y violatoria del artículo 29 de la C.P. es decir, violatoria del debido proceso y derecho de defensa. Continua explicando que las observaciones realizadas al informe de interventoría por parte del contratista CIMES, no fueron leídas, estudiadas o consideradas.
Al contrastar la respuesta dada por CIMES al informe de interventoría con las motivaciones expuestas en la resolución de incumplimiento 147 bajo estudio, encontramos que no se presentó la incongruencia de la sentencia, pues no resulta cierto que éstas respuestas dadas por CIMES no hayan sido leídas, estudiadas o consideradas por la administración al momento de evaluar si se había presentado el endilgado incumplimiento.
El hecho de que la administración si tuvo en cuenta las respuestas entregadas por la firma contratista, se evidencia en primera instancia en la prueba documental y fehaciente que obra en el proceso, que tanto el supervisor como el interventor del citado pacto coincidieron en afirmar en el informe final presentado que: “se concluye que la entidad asesora contratada no cumplió a cabalidad y el desorden administrativo que hay después del proceso de acompañamiento socioempresarial, justifica para que esta Coordinación recomiende no tener más en cuenta a CIMES para seguir llevando a cabo dicha actividad”; también las conclusiones del informe de interventoría agregaron lo siguiente: “De acuerdo al informe de interventoría presentado por la Regional, manifiestan que CIMES no cumplió con el objeto del Convenio bajo estudio”, pero no sólo esta evidencia se observa en el proceso, pues esta Delegada contrastó los requerimientos hechos por la administración con la respuesta dada por el contratista, encontrando que éste no presentó una respuesta concreta a los requerimientos efectuados, generando muchas dudas en lo que tiene que ver con el cumplimiento contractual que se evaluó en ese momento. En conclusión, para este punto, esta Delegada considera que no se trata de no haber tenido en cuenta las respuestas dadas por CIMES en el informe del 21 de diciembre de 2000, sino que éste informe no dio una respuesta concreta, específica y satisfactoria a lo solicitado por la administración, de tal manera que permitiera desvirtuar en debida forma el incumplimiento de la firma contratista, lo cual da lugar al incumplimiento del contrato.
2.4.6. Sobre la Falsa Motivación
Agrega el apelante, que existió una falsa motivación en cada una de las afirmaciones sobre los incumplimientos señalados por la administración, indicando en su recurso que éstos no corresponden a la realidad, especialmente en los numerales 6, 7 y 8 del acto sancionatorio y en especial del informe de interventoría.
A continuación estudiaremos algunos aspectos que refiere el apelante, con relación a la Resolución No. 147 de 2000, que tuvo su fundamento principalmente en los siguientes documentos: Informe de supervisión del 4 de octubre de 2000 suscrito por el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de supervisor del Convenio Especial de Cooperación; análisis de liquidación Convenio Especial de Cooperación No. 018 de fecha 12 de octubre de 2000, producto de la comisión adelantada entre el 21 de septiembre y el 7 de octubre de 2000 por los señores [NOMBRE TACHADO] y Jorge Alberto Gómez Pérez y el informe de auditoría de gestión adelantada al Convenio Especial de Cooperación No. 018 por CHEMONICS INTERNATIONAL INC, Auditoría Administrativa, Financiera y Contable.
De conformidad con lo anterior, procede la Delegada a evaluar los argumentos esgrimidos por la parte demandante para impugnar la legalidad del acto acusado por falsa motivación:
Señala que existe un claro desconocimiento del marco legal del Convenio Especial de Cooperación, es decir, en su objeto y alcance de las obligaciones pertinentes, ya que en su criterio la ejecución del mismo estaba determinada por un simple acompañamiento de asesoría y de aporte de conocimientos para mejorar la experiencia de un grupo de organizaciones agrícolas y concluye que es un contrato de medios y no de resultados.
Del anterior razonamiento por parte del apelante, surgen dos interrogantes que es necesario dilucidar: i) si el Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999 era de medio como lo alega en su escrito, o si era un Convenio de resultado y ii) si realmente existió incumplimiento por parte de la firma contratista.
El Convenio especial de Cooperación No. 018 de 1999, a juicio de esta Delegada, se considera que es un acuerdo de resultado, atendiendo a los siguientes cinco factores:
a. De acuerdo con el objeto contractual:
El objeto del Convenio Especial de Cooperación consistió en “estructurar una propuesta de acompañamiento socio-empresarial para Corpoagro, y cuatro organizaciones productoras de frutas, socias, con el fin de consolidar la empresa y liderar procesos de producción y comercialización de cultivos lícitos en el Departamento del Tolima”.
En cumplimiento de este objeto, tal como se encuentra diseñado, existen cuatro verbos rectores: estructurar, consolidar, liderar y comercializar, todos ellos medibles y generadores de resultados, y, ninguno de éstos verbos admite la generalidad de “hacer lo posible por”, esto no puede llamar a confusión, porque de acuerdo con lo pactado, el contratista no puede invocar ahora que su labor era de medio, y no puede ahora, cuando se cuestiona su gestión, invocar que la misma se centraba en un simple acompañamiento.
Esta Delegada encuentra que de acuerdo con el texto señalado en el objeto del Convenio Especial de Cooperación bajo estudio, la firma contratista adquirió el compromiso de cumplir con una serie de tareas específicas, definidas y medibles.
b. De acuerdo con los términos de referencia:
Los términos de referencia señalan como objetivo general, el cumplimiento con Corpoagro y cuatro organizaciones más productoras de frutas, socias, en ocho municipios del departamento del Tolima: Roncesvalles, Rovira, Chaparral, Rioblanco, Planadas, Ataco, San Antonio y Ortega.
En este punto observa esta Agencia del Ministerio Público, que el contratista si tenía en los términos de referencia una labor cuantificable a desarrollar, entonces no puede alegar ahora que su compromiso era de simple acompañante, y que por ello los objetivos buscados sólo se pudieron lograr con Corpoagro, pues esta respuesta, implica un cumplimiento parcial de lo pactado.
c. De acuerdo con el Objetivo General:
Hace parte de los Términos de Referencia, los cuales fueron conocidos desde un comienzo por el contratista, los lineamientos de USAID, que consistieron en la búsqueda para estructurar un plan de cultivos alternativos en esta área geográfica de Colombia, es decir, el remplazar en esas comunidades los cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Se trataba entonces, de atender a un requerimiento macro de un gobierno cooperante, pero, más allá de transformar el cultivo ilícito por licito, se pretendía concientizar a los campesinos en el uso legal de las tierras de esta área geográfica, se involucraba un componente decisivo que se cita en varios párrafos del objetivo de USAID, y era el componente humano. El objetivo de USAID era cambiar la mentalidad en la forma de producción; de ahí que se escogiera precisamente esa área afectada históricamente por diversos fenómenos. Pero, al investigar la forma como CIMES desarrolló el Convenio Especial de Cooperación, desde el comienzo se evidenciaron altercados y enfrentamientos, así como actitudes dominantes e impositivas por parte de la firma contratada, aspectos que se encuentran probados documentalmente en el expediente bajo estudio, y que desdibujaron el compromiso adquirido en el Convenio Especial de Cooperación firmado.
En conclusión, fueron contratados para unir estas comunidades en objetivos que dignificaran su trabajo y sus esfuerzos, y lo que logra CIMES por el contrario es desunir los gremios que se encontraban en proceso de estructuración, haciendo que el producto final entregado, con toda razón, no resultara satisfactorio para la administración.
d. De acuerdo con los fines de la contratación bajo estudio:
El fin del Convenio Especial de Cooperación, consistía en obtener empresas comerciales sólidas, con un flujo de caja esperado para dar autonomía a las empresas circunscritas al citado convenio, con productos agrícolas posicionados, con una contabilidad clara, sana y objetiva, que atendiera a los resultados esperados, y esto no se dio.
e. De acuerdo con la forma de evaluación del logro:
CIMES era conocedora que como empresa debía generar resultados, también sabía que éstos se iban a medir. Los entidades comprometidas, ACCI y PLANTE, evaluarían y calificarían los logros obtenidos, eso demuestra que lo contratado si era una obligación de resultados, tan es así que pudo determinarse un porcentaje de cumplimiento, que no es otra cosa que la explicación matemática de la labor desarrollada por CIMES, eso es posible, porque hay un resultado esperado y medible, y dado que el mismo no se cumple al 100%, hubo un grupo de profesionales que pudo determinar que el mismo se cumplió en un 70%, y tan es así, que en la reposición resuelta por las entidades estatales, la firma contratista pudo demostrar que los resultados fueron mayores, y lograron que la administración aumentara el cumplimiento a un 80%, situación que ésta Delegada comparte.
Por lo anteriormente expuesto, el hecho de afirmar que tal convenio era de medio, sería desatender su naturaleza, sería aceptar que el compromiso del contratista era solo de servir de acompañante y cobrar por un convenio, aunque el resultado esperado no se presentara.
Por el contrario, se observa que cuando firmó el Convenio Especial de Cooperación bajo estudio, CIMES se comprometió a un cumplimiento cabal de lo pactado.
Así las cosas, esta Delegada no considera que el citado convenio sea un pacto de medio como pretende el apelante, sino que es de resultado, el cual se dio de manera parcial.
ii. En cuanto al incumplimiento del convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999
Al respecto, es preciso remitirse a las consideraciones esbozadas en el apartado 2.2.4. del marco teórico del presente escrito, donde se concluye que las relaciones contractuales se generan a la luz jurídica, siempre con fuerza vinculante, generándose una nueva ley para las partes, como resultado del consentimiento libre y espontáneo emitido por una persona capaz, que desee, teniendo en cuenta sus intereses, obligaciones para con otra a realizar una prestación determinada.
Este acuerdo, una vez perfeccionado es irrevocable unilateralmente, es decir, individualmente un sujeto no puede variar las condiciones que regulan las obligaciones que se ejecutan, o vienen ejecutando, en virtud del negocio jurídico reseñado.
En síntesis, es principio general que los contratos se celebran para ser cumplidos y, como consecuencia de su fuerza obligatoria, que las partes deban ejecutar las prestaciones que emanan de él en forma íntegra, efectiva y oportuna, de suerte que el incumplimiento de las mismas, por falta de ejecución por el orden jurídico a título de responsabilidad subjetiva y por culpa, que sólo admite exoneración, en principio, por causas que justifiquen la conducta no imputable al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa del contratante, según el caso y los términos del contrato.
Ahora bien, el apelante hace un relato amplio sobre cada una de las observaciones que a su parecer no fueron tenidas en cuenta por parte de la entidad contratante en el informe de interventoría, lo que tuvo como consecuencia el acto administrativo de incumplimiento del contrato No. 018 de 1999.
Antes de comenzar a evaluar lo correspondiente al incumplimiento presentado y de reproducir lo examinado en los informes que dieron píe a la administración para evidenciar que si existió un incumplimiento parcial en el desarrollo del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999, suscrito con la firma CIMES, es importante señalar que los documentos que dan cuenta del incumplimiento endilgado son: Informe de supervisión del 4 de octubre de 2000 suscrito por el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de supervisor del Convenio Especial de Cooperación; análisis de liquidación Convenio Especial de Cooperación No. 018 de fecha 12 de octubre de 2000, producto de la comisión adelantada entre el 21 de septiembre y el 7 de octubre de 2000 por los señores [NOMBRE TACHADO] y Jorge Alberto Gómez Pérez y el informe de auditoría de gestión adelantada al Convenio Especial de Cooperación No. 018 por CHEMONICS INTERNATIONAL INC, Auditoría Administrativa, Financiera y Contable.
Por lo anterior, es preciso adentrándonos en el informe de interventoría, donde se efectuaron las siguientes advertencias:
“(…)
El convenio se realizó con el fin de dar continuidad al trabajo realizado que se venía adelantando desde hace más de 32 meses por parte de la empresa asesora, así: 14 meses sin contrato en las asociaciones de Asochili y Asopar en Roncesvalle, 10 meses pagos a través de contratos de consultoría entre los municipios a cargo de los convenios de frijol, frutas y lácteos con vigencia 1998 y 8 meses con el convenio 018 de 1999 –ACCI-PLANTE-CIMES.
(…)”.
En relación con este punto, para esta Delegada es claro que la firma asesora, sí sabía el compromiso que estaba adquiriendo, ya que 32 meses de experiencia, le daban un amplio conocimiento de la labor que se requería, lo que debió coadyuvar en el cabal cumplimiento del pacto realizado, y lo que de plano descarta cualquier insinuación posterior de falta de claridad sobre el objeto que se pretendió llevar a cabo.
En el párrafo 3 del mismo informe, el interventor advierte:
“(…)
El acompañamiento a Corpoagro por parte de la empresa asesora tenía como objetivo principal el de dejar consolidada una empresa campesina con una capacidad humana instalada y con un grupo de productores capacitados administrativa y organizativamente para dejar empresas campesinas con suficiente autonomía y liderazgo regional
(…)”.
Tal afirmación la encontramos sustentada, tanto en el objeto contractual, como en los términos de referencia de la contratación bajo estudio, por lo que se observa que no existió sorpresa alguna ni falta de buena fe por parte de la administración al momento de calificar y evaluar las actividades del contratista, pues la supervisión de los contratos es una obligación legal y contractual que no exime a las partes del cumplimiento de lo pactado en los negocios jurídicos.
Ahora bien, esta Delegada ha contrastado esta información con los informes entregados por la firma contratista, y sobre todo con el informe del día 21 de diciembre de 2.000, el cual había sido solicitado por la administración, en aras de observar el cumplimiento con lo pactado, encontrando los siguientes aspectos de relevancia:
Vistos todos los documentos allegados por CIMES, que hacen parte de este proceso contractual y al observarlos de manera integral y general, se establece como primer elemento importante que a pesar de que CIMES si respondió por escrito y de manera oportuna, todos los oficios que le fueron requeridos, también se determinó que las respuestas entregadas por esa firma contratista no fueron claras y que por el contrario dejaban muchas dudas frente al cumplimiento de lo pactado en el Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999.
Revisados los informes bimensuales y el informe final presentados por el contratista, se evidencia que ellos abordan los temas solicitados de manera general, no puntual, y los mismos no explican de fondo las actividades que desempeñó la firma contratista en cumplimiento de la obligación adquirida.
Esto quiere decir, que debido a que los informes no dieron en su momento oportuno, razones suficientes del desarrollo a cabalidad de la misión encomendada, de nada sirve que hayan sido entregados en el tiempo solicitado, ya que lo que da validez y eficacia a los informes presentados, no es la mera formalidad temporal u oportunidad en su entrega, sino, que el informe debe citar con exactitud las actividades cumplidas, atendiendo así a lo sustancial de lo pactado.
Aunque lo anterior fue un comportamiento general del contratista, se evidencia sobre manera en el informe del día 21 de diciembre de 2.000, que daba respuesta a una serie de inquietudes presentadas por la administración.
En este sentido, se citan apartes del informe de Interventoría, donde la entidad estatal a través del supervisor encontró las siguientes inconsistencias:
“(…)
El Coordinador Regional cumpliendo con la cláusula de supervisión del Convenio 018 CIMES, participó en algunas reuniones agotadoras, tediosas y estresantes donde predominaba el monólogo impositorio de un funcionario del ente asesor, que no condujeron a ningún resultado positivo, debido a que creaban resquemores entre los funcionarios de Corpoagro.
(…)”
Estas líneas tomadas de la visión que tuvo la administración sobre el cumplimiento del pacto de voluntades, no encontraron respuesta en el Oficio que envió el contratista a la administración, por el contrario, cuando se lee con detenimiento la respuesta entregada, se ponen de presente otra serie de desavenencias y enfrentamientos que tuvo CIMES en el cumplimiento de su actividad contractual que permite inferir, incluso que la administración se quedó corta en su posición.
Otra de las observaciones, consistió:
“(…)
Existe una red de negocios en nodos, en algunos se presenta desorden administrativo y contable, Agrosurco, Aprofruch, Asopringamozal y Aproas no recibieron asesoría contable de CIMES. 2. existe una empresa con tres departamentos, con bastantes deficiencias administrativas y contables que no han podido funcionar y operar adecuadamente, debido a que el acompañamiento socio-empresarial tuvo bastantes falencias. 3. Los Estatutos no contemplan el cargo de Gerente, pero en la estructura administrativa, este cargo debe existir… 4.teniendo en cuenta las anteriores observaciones, el objeto y los términos de referencia sobre los cuales se firmó el convenio entre ACCI-PLANTE-CIMES, se concluye que la entidad asesora contratada no cumplió a cabalidad
(…)”
Al contrastar este requerimiento con la respuesta dada por CIMES al respecto, encontramos que este punto es explicado por la firma, el hecho de que los cargos directivos fueron ejercidos de una manera excepcional y sin un conocimiento verdadero por los mismos campesinos que integraban las agremiaciones, porque CIMES no contaba con los recursos adecuados para pagar una infraestructura calificada (hoja 4 del informe de CIMES). Además en este folio citado, CIMES explica: “Se presentan muchas dificultades en este tiempo Diciembre – Abril, por las expectativa que causo el proyecto, se generó un efecto publicitario (...) Los recursos no llegan, se generó angustia y todos culparon a CIMES, esto entorpece el desembolso, (…) los tiempos para la siembra ya están pasando (…) estos problemas de comunicación no se logran superar porque hay demasiados intereses cruzados porque además es un año político, propicio para buscar fortines donde se consigan votos, y Corpoagro tiene un perfil propicio para esto”.
Esta Delegada observa que la respuesta dada por CIMES no atiende al desarrollo del objeto contractual, son explicaciones de varios aspectos que no funcionaron por culpa, desconocimiento y negligencia de la misma firma contratista. En conclusión, la misma firma contratista señala el no cumplimiento de los resultados esperados con el convenio. Citan varias causas, entre ellas la falta de recursos, la falta de personal calificado, incluso situaciones políticas, que nada tienen que ver con los componentes del convenio, y de que estar efectivamente incidiendo de manera negativa en la ejecución del mismo, ha debido de ser puestos de presente desde el mismo momento en que se presentaron y tomar los correctivos necesarios, y no al final como justificación de su incumplimiento. Todo ello puso en evidencia, dicho por ellos mismos, que el incumplimiento si se había presentado.
Ahora bien, dentro del informe presentado por la Comisión integrada por los funcionarios del PLANTE, [NOMBRE TACHADO] y Jorge Alberto Gómez Pérez, expresan:
“(…)
se encontraron muchas dificultades para levantar la información correspondiente y básicamente el mal manejo de la contabilidad y los recursos crearon confusión en todo el proceso, ya que se manejaron dentro de la misma estructura de CIMES, lo que no permitió detectar oportunamente las falencias en su desarrollo y poder así aplicar a tiempo los correctivos necesarios. Los funcionarios comisionados encontraron que recursos del convenio fueron destinados a actividades que consideraron no elegibles en razón a que no fueron aprobados ni eran acordes con la naturaleza del proyecto, estimando estos gastos en $17.436.571.. (…)”
Como respuesta a este punto, CIMES expresa en su informe:
“(…)
Desde este momento, se presenta una gran incertidumbre en los campesinos, en nosotros como entidad asesora, no contamos con la ayuda de los asesores nacionales ni regionales ni de las demás partes componentes del proyecto, se entró en puras fricciones del proyecto se evidenciaron acusaciones, ingresando todo el trabajo a una serie de actuaciones y acusaciones personalistas y subjetivas. No existió metodología clara de la evaluación, ni del proyecto Corpoagro, se ganó en subjetividad, en enfrentamientos personales, juicio de responsabilidades que no condujeron a nada, y esto incidió en perjuicio de los resultados
(…)”.
En cuanto al cuestionamiento que se hace al revisar la contabilidad, sobre una explicación precisa que debe hacer CIMES sobre los gastos realizados por la suma de $17.436.571, resulta que esta pregunta no fue desarrollada por la firma contratista, lo que conlleva que para la administración, y aún los operadores jurídicos y administrativos, se ha dado por cierto que CIMES realizó gastos no aprobados.
A efectos de confirmar o desvirtuar lo expresado por la comisión que se encargó de revisar la parte contable, esta Delegada ha observado que la presentación contable no es clara, y hemos debido cotejar una y otra vez el informe de CIMES, pues en general, esta firma contratista no entregó respuestas puntuales a cada interrogante realizado por la administración y esto hace que se tenga que se dificulte más la labor en busca que dilucidar lo sucedido.
De acuerdo con ello, debemos acercar lo que argumenta la firma en su respuesta a estos faltantes de dinero, creemos que una aproximación a la respuesta esperada sobre los recursos mal manejados por parte de CIMES, ascendientes a la suma de $ 17.436.571, estaría en la página 9 del informe, donde CIMES señala que se le había informado de un faltante de $ 23.709.729 que no habían sido legalizados, explicando que la firma había notado esto y que los había registrado en los formatos señalados para tal fin. Pero esta respuesta no explicaba lo sucedido, y por el contrario incrementó las dudas que ya se tenían sobre el manejo de los recursos. Lo que tenía que informar CIMES era la forma como se autorizaron esos gastos, pues no fueron aprobados (como se pudo evidenciar en la investigación del caso), y de hecho ninguna de las partes involucradas habría autorizado tales gastos, porque fueron utilizados para actividades de disfrute y de viajes de personas y de actividades que nada tenían que ver con el proyecto convenido, los cuales, aun hoy, continúan sin explicar.
Otro punto a destacar en la respuesta es que CIMES, indica que no entiende porque el supervisor señala que la contabilidad no atendió a los parámetros exigidos normativamente para su presentación, si la firma gastó de manera honrada los recursos puestos bajo su uso.
En sentido, con la respuesta dada la firma contratista reitera con sus propias palabras el desconocimiento contable que padece, pues es bien sabido que en el ámbito contable nacional, si existen unas normas y unos protocolos de obligatorio cumplimiento, los cuales no se observaron por la ignorancia en el tema de la firma contratista, desconocimiento que ellos mismos informan en su respuesta y que no los exime de responsabilidad, pues como es bien sabido, el desconocimiento, y la no utilización de la norma, tal como se establece, no exime a la firma contratista de su responsabilidad.
En conclusión para este punto, resulta cierto y probado al contrastar lo informado por la Comisión integrada por los señores [NOMBRE TACHADO] y Jorge Gómez y la respuesta de CIMES a estos hallazgos, encontramos que esta respuesta no solo no satisfizo la pregunta realizada por la administración, sino que generó más dudas y es una prueba más que demuestra que CIMES no cumplió a cabalidad con lo pactado, hecho que la misma firma contratista manifiesta en su informe de respuesta.
De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, de las consideraciones anteriormente expuestas, considera esta Delegada que en el presente caso no se logró demostrar el cumplimento del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999 por parte de la parte actora, al contrario existieron muchos hechos que nos llevan a concluir que dicho negocio jurídico fue incumplido y que a juicio de esta Delegada estuvo bien declarado su incumplimiento, por consiguiente, esta Delegada solicita respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se confirme la sentencia apelada de acuerdo a los argumentos expuestos, teniendo en cuenta que la Corporación de impulso a la Economía Solidaria “CIMES” no cumplió con lo pactado por las partes conforme a las normatividades legales y contractuales del caso en concreto.
Por lo anterior, en el acervo probatorio se encuentra demostrado que sí se demostró el incumplimiento de la parte actora, pues como ya se relató el cumplimiento del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999 fue parcial.
Para finalizar, esta Delegada ha observado con preocupación dentro del informe de interventoría del 12 de octubre de 2000, presentado por los señores [NOMBRE TACHADO] y JORGE ALBERTO GÓMEZ PÉREZ; que dentro de las irregularidades advertidas, encontró el supervisor del Convenio que la firma CIMES pagó con los recursos del negocio jurídico, rubros no contemplados como gastos elegibles, por tal razón esta Delegada correrá traslado de dicho escrito y sus anexos a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación (Delegadas para la Contratación –Reparto), para que se investigue lo relacionado con las medidas adoptadas por parte de las entidades contratantes, esto es, la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional –ACCI- y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –FONDO PLANTE- en relación con el menoscabo de los recursos del Estado, ya que la entidad contratista presuntamente utilizó algunos recursos con otros fines distintos al objeto del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999.
Aunado a lo anterior, se remitirá copia del informe de interventoría y sus anexos a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la presunta responsabilidad de la Corporación de Impulso a la Economía Solidaria –CIMES- en la destinación diferente de los recursos para la ejecución del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999.
CONCLUSIÓN
Con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, y de conformidad con el marco teórico enunciado, la Procuraduría Cuarta Delegada ante ese Despacho, considera que la sentencia de primera instancia debe ser CONFIRMADA en su totalidad.
Lo anterior porque en el presente asunto, se encuentra acreditado que la Corporación de impulso a la Economía Solidaria “CIMES”, incumplió de manera parcial el convenio especial de cooperación No. 018 de 1999.
En cumplimiento de ordenado en la parte considerativa, se compulsarán las citadas copias a la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación.
Por lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público solicita a la Sala de Decisión, confirmar la sentencia de primera instancia.
Del Honorable Magistrado,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado