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titulo: "CONTRATO ESTATAL: señala el Tribunal que esas facultades pueden ser aplicadas con posterioridad al vencimiento del plazo contractual"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2018-01-16"
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# CONTRATO ESTATAL: señala el Tribunal que esas facultades pueden ser aplicadas con posterioridad al vencimiento del plazo contractual

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2018-01-16
- **Número:** 201903130844380.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201903130844380.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Accion de controversias contractuales: Nulidad del acto que declara el incumplimiento de convenio de Cooperación
- Contratos estatales: Objeto
- Responsabilidad civil contractual: Jurisprudencia de la corte suprema de justicia
- Contrato estatal: Regulado por un régimen mixto

## Fundamentos jurídicos

- Ley 446 de 1998
- Ley 80 de 1993
- Decreto 01 de 1984

## Extracto

Existe en nuestro ordenamiento jurídico tres clases de liquidación de los contratos estatales: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial. Así las cosas, y frente a lo invocado por la parte actora, que tiene que ver con la falta de competencia de las entidades demandadas para proferir la Resolución de liquidación del contrato, el Tribunal estableció que una vez recaudados todos los documentos para proceder a la misma, éstas, dieron traslado del informe de interventoría del 4 de octubre de 2000, liquidación y consolidación de pagos del Convenio de Especial de Cooperación, estudio de terminación al contratista a través del oficio 2614 del 19 de diciembre de 2000, en el cual se les señaló el plazo para pronunciarse sobre los mismos, esto es el 26 de diciembre de 2000. Por lo tanto, concluye el Tribunal de Primera Instancia, que no habrá lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, Incumplimiento

## Guías prácticas relacionadas

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## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el contrato 1551 de 2015 no tiene una cláusula en la cual se discriminen y determinen las obligaciones a cargo del contratista](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:66001233300020210011001-70700-sentencia.md)
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## Texto del documento

ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Nulidad del acto que declara el incumplimiento de convenio de Cooperación
CONTRATOS ESTATALES-Objeto
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL-Jurisprudencia de la corte suprema de justicia
CONTRATO ESTATAL-Regulado por un régimen mixto
CONTRATO ESTATAL - Incumplimiento
Esta Delegada observa que la respuesta dada por CIMES no atiende al desarrollo del objeto contractual, son explicaciones de varios aspectos que no funcionaron por culpa, desconocimiento y negligencia de la misma firma contratista. En conclusión, la misma firma contratista señala el no cumplimiento de los resultados esperados con el convenio. Citan varias causas, entre ellas la falta de recursos, la falta de personal calificado, incluso situaciones políticas, que nada tienen que ver con los componentes del convenio, y de que estar efectivamente incidiendo de manera negativa en la ejecución del mismo, ha debido de ser puestos de presente desde el mismo momento en que se presentaron y tomar los correctivos necesarios, y no al final como justificación de su incumplimiento. Todo ello puso en evidencia, dicho por ellos mismos, que el incumplimiento si se había presentado.
CONTRATOS ESTATALES-Liquidación según marco legal
Existe en nuestro ordenamiento jurídico tres clases de liquidación de los contratos estatales: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial. La liquidación de común acuerdo o voluntaria de los contratos ya señalados, se efectúa dentro del término establecido en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia o del acordado en el contrato. En defecto de tal señalamiento o a falta de acuerdo, procede practicarla dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato o a la fecha del acuerdo de voluntades que la disponga.
Ahora, si el contratista no se presenta a la liquidación voluntaria o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, ella será practicada directa y unilateralmente por la entidad contratante y se adoptará mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición, para lo cual la administración, al tenor del artículo 44, numeral 10, literal d) de la ley 446 de 1998, sustitutivo del 136 del C.C.A., dispone de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación de común acuerdo. Si la entidad contratante no liquida unilateralmente el contrato dentro del término de seis (6) meses ya señalado o dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes, el interesado "podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.
CONTRATO ESTATAL-Terminación unilateral
CLAUSULAS EXORBITANTES-Prerrogativa de la Administración
En relación con las clausulas o potestades exorbitantes, la Ley 80 de 1993, en su artículo 14, establece los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, una de ellas se refiere al pacto de cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado.
… El Consejo de Estado ha sido reiterativo que en vigencia de la Ley 80 de 1993, la competencia temporal de la administración con respecto al ejercicio de sus poderes exorbitantes y concretamente los sancionatorios, ratificó lo expuesto en la sentencia del 13 de septiembre de 1999, expediente No. 10.264 en cuanto al término para el ejercicio de las potestades excepcionales en la actividad contractual y señaló que la entidad podrá declarar el incumplimiento después del vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o dentro del acto liquidatario mismo, pero no después de la expedición de éste.
CONCEPTO No. 007/2018
Bogotá D.C., 16 de enero de 2018.
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente
Doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 73001-23-00-000-2001-02354-00 (59941)
ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ACTOR: CORPORACIÓN DE IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA -CIMES
ACCIONADO: LA NACIÓN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FONDO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO – PLANTE Y AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida, que denegó las súplicas de la demanda // caso en el que el contratista solicita decretar la nulidad de las Resoluciones 147 de 2000 y 101 de 2001, que decreto el incumplimiento por cuanto la administración habría perdido competencia // Igualmente solicita que se declare la nulidad de la resolución suscrita por ACCI y PLANTE, por falsa motivación, porque según el contratista él si cumplió // con base en dichas declaratorias, el reconocimiento dinerario // Temas: el silencio administrativo negativo //el incumplimiento contractual // el contrato de resultado y sus diferencias con el contrato de medio.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:
ANTECEDENTES
Demanda:
El 27 de julio de 2001, La Corporación de Impulso a la Economía Solidaria -Cimes a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, radicó ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, demanda contentiva de Acción Contractual en contra la Nación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo – Plante y Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, con el fin de obtener por parte del A quo la nulidad de la Resolución No. 147 del 27 de diciembre de 2000, expedida por las Directoras del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO - PLANTE y la AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIQNAL - ACCI , acto administrativo contractual, por medio del cual se decidió declarar el incumplimiento del convenio de Cooperación No.018 de 1999 celebrado entre la AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - ACCI -, el Fondo del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO - PLANTE - y la CORPORACION DE IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA - CIMES, suscrito el 28 de diciembre de 1999 y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en dicho convenio, ordenándose además el reintegro de los valores determinados como no elegibles y como consecuencia del incumplimiento del convenio, la declaración de la ocurrencia del siniestro; además solicitó que las sumas de dinero que se condene a pagar a los entes demandados sean debidamente indexadas y devengaran intereses moratorios a la máxima tasa fijada por la Superintendencia Bancaria desde el momento en quede en firme la providencia respectiva y que se condene a las entidades demandadas al pago de las costas y agencias en derecho.
El 2 de enero de 2017, el apoderado judicial, Doctor [NOMBRE TACHADO], presentó memorial aclarando y corrigiendo la demanda inicial.
Los hechos se resumen de la siguiente forma:
El 30 de agosto de 1999, se celebró un convenio de donación entre el gobierno de Estados Unidos y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional ACCI., el cual tuvo como objetivo reducir la producción de cultivos ilícitos en nuestro país.
En desarrollo del convenio de donación, el 20 de diciembre de 1999 se suscribió el convenio especial de cooperación entre la Directora y representante legal de la AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL – ACCI; la Directora y Representante legal del FONDO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO – PLANTE y la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Representante Legal de la CORPORACION DE IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA – CIMES, se suscribió el convenio de cooperación No. 018 de 1999, cuyo objeto consistió en estructurar una propuesta de acompañamiento socio-empresarial para CORPOAGRO y cuatro organizaciones productoras de frutas, socias, con el fin de consolidar la empresa y liderar procesos de producción, comercialización de cultivos lícitos en el Departamento del Tolima. El plazo de ejecución pactado fue de 6 meses a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico y un valor de $65.690.000, discriminados así: aporte de la ACCI $58.216.000, aporte de CIMES $7.474.000.
El 27 de junio de 2000, el convenio No. 018 fue modificado por mutuo acuerdo en cuanto al término de ejecución en 2 meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento de dicha modificación.
La cláusula decima del acuerdo de voluntades estipuló que la supervisión seria ejercida por el Coordinador Departamental Tolima del Fondo Plante y la Subdirección de Proyectos ACCI.
De conformidad con la cláusula décimo primera del convenio, el seguimiento y la ejecución física y financiera del proyecto cofinanciado, sería ejercido por CIMES, la ACCI y el PLANTE quienes verificarían que su ejecución se realizara conforme a los principios y propósitos que orientan a la ACCI y al PLANTE, correspondiendo a CIMES en virtud del parágrafo de la misma clausula, la responsabilidad de la elaboración y presentación de los informes en desarrollo del proceso de seguimiento elaborados por el Plante.
Solicitud de Informe de seguimiento y evaluación sobre el desarrollo del convenio del 12 de septiembre de 2000.
Solicitud de informe del 13 de octubre de 2000 por parte de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional ACCI a CIMES sobre la legalización de los gastos.
Informe de interventoría del convenio 018, suscrito por el Coordinador Departamental del PLANTE.
Mediante Resolución No. 147 del 27 de diciembre de 2000, el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –FONDO PLANTE, en el numeral primero declaró el incumplimiento del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999.
El 25 de septiembre de 2001, el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –FONDO PLANTE, modificó el artículo primero de la Resolución No. 147 de 2000 en el sentido del reintegro de los valores determinados como no elegibles.
1.2. Sentencia de primera instancia:
El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de Sentencia del 2 de junio de 2017, denegó las súplicas de la demanda. En efecto, el a-quo en primer lugar se refiere al agotamiento de la vía gubernativa y a la individualización de los actos demandados y en segundo lugar procedió a analizar de fondo la nulidad de las Resoluciones Nos. 147 del 27 de diciembre de 2000 y 101 de septiembre 25 de 2001 que declararon el incumplimiento del convenio 018 de 1999, observando si existió incompetencia por parte del funcionario que lo declaró y se si se vulneró el debido proceso, derecho de audiencia y de defensa. El Tribunal administrativo también analizó si se presentó falsa motivación en los hechos que rodearon la declaratoria de incumplimiento.
Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Tolima comienza analizando si procede la nulidad de la Resolución No. 147 de 2000, por presuntamente haberse expedido sin competencia, con violación del debido proceso, derecho de audiencia y defensa o por falsa motivación.
Señala el a-quo, que en el momento en que se presentó la demanda se encontraba pendiente de decidir el recurso de reposición que se había interpuesto contra la Resolución No. 147 de 27 de diciembre de 2000, y teniendo en cuenta que el recurso fue resuelto antes de que se notificara el auto admisorio de la demanda, concluye el tribunal que la entidad no había perdido competencia para pronunciarse sobre el citado recurso, situación que dejó incólume la declaratoria de incumplimiento decretada contra la firma contratista.
Así las cosas, y frente a lo invocado por la parte actora, que tiene que ver con la falta de competencia de las entidades demandadas para proferir la Resolución de liquidación del contrato, el Tribunal estableció que una vez recaudados todos los documentos para proceder a la misma, éstas, dieron traslado del informe de interventoría del 4 de octubre de 2000, liquidación y consolidación de pagos del Convenio de Especial de Cooperación, estudio de terminación al contratista a través del oficio 2614 del 19 de diciembre de 2000, en el cual se les señaló el plazo para pronunciarse sobre los mismos, esto es el 26 de dici

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

cusaciones personalistas y subjetivas. No existió metodología clara de la evaluación, ni del proyecto Corpoagro, se ganó en subjetividad, en enfrentamientos personales, juicio de responsabilidades que no condujeron a nada, y esto incidió en perjuicio de los resultados
(…)”.
En cuanto al cuestionamiento que se hace al revisar la contabilidad, sobre una explicación precisa que debe hacer CIMES sobre los gastos realizados por la suma de $17.436.571, resulta que esta pregunta no fue desarrollada por la firma contratista, lo que conlleva que para la administración, y aún los operadores jurídicos y administrativos, se ha dado por cierto que CIMES realizó gastos no aprobados.
A efectos de confirmar o desvirtuar lo expresado por la comisión que se encargó de revisar la parte contable, esta Delegada ha observado que la presentación contable no es clara, y hemos debido cotejar una y otra vez el informe de CIMES, pues en general, esta firma contratista no entregó respuestas puntuales a cada interrogante realizado por la administración y esto hace que se tenga que se dificulte más la labor en busca que dilucidar lo sucedido.
De acuerdo con ello, debemos acercar lo que argumenta la firma en su respuesta a estos faltantes de dinero, creemos que una aproximación a la respuesta esperada sobre los recursos mal manejados por parte de CIMES, ascendientes a la suma de $ 17.436.571, estaría en la página 9 del informe, donde CIMES señala que se le había informado de un faltante de $ 23.709.729 que no habían sido legalizados, explicando que la firma había notado esto y que los había registrado en los formatos señalados para tal fin. Pero esta respuesta no explicaba lo sucedido, y por el contrario incrementó las dudas que ya se tenían sobre el manejo de los recursos. Lo que tenía que informar CIMES era la forma como se autorizaron esos gastos, pues no fueron aprobados (como se pudo evidenciar en la investigación del caso), y de hecho ninguna de las partes involucradas habría autorizado tales gastos, porque fueron utilizados para actividades de disfrute y de viajes de personas y de actividades que nada tenían que ver con el proyecto convenido, los cuales, aun hoy, continúan sin explicar.
Otro punto a destacar en la respuesta es que CIMES, indica que no entiende porque el supervisor señala que la contabilidad no atendió a los parámetros exigidos normativamente para su presentación, si la firma gastó de manera honrada los recursos puestos bajo su uso.
En sentido, con la respuesta dada la firma contratista reitera con sus propias palabras el desconocimiento contable que padece, pues es bien sabido que en el ámbito contable nacional, si existen unas normas y unos protocolos de obligatorio cumplimiento, los cuales no se observaron por la ignorancia en el tema de la firma contratista, desconocimiento que ellos mismos informan en su respuesta y que no los exime de responsabilidad, pues como es bien sabido, el desconocimiento, y la no utilización de la norma, tal como se establece, no exime a la firma contratista de su responsabilidad.
En conclusión para este punto, resulta cierto y probado al contrastar lo informado por la Comisión integrada por los señores [NOMBRE TACHADO] y Jorge Gómez y la respuesta de CIMES a estos hallazgos, encontramos que esta respuesta no solo no satisfizo la pregunta realizada por la administración, sino que generó más dudas y es una prueba más que demuestra que CIMES no cumplió a cabalidad con lo pactado, hecho que la misma firma contratista manifiesta en su informe de respuesta.
De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, de las consideraciones anteriormente expuestas, considera esta Delegada que en el presente caso no se logró demostrar el cumplimento del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999 por parte de la parte actora, al contrario existieron muchos hechos que nos llevan a concluir que dicho negocio jurídico fue incumplido y que a juicio de esta Delegada estuvo bien declarado su incumplimiento, por consiguiente, esta Delegada solicita respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se confirme la sentencia apelada de acuerdo a los argumentos expuestos, teniendo en cuenta que la Corporación de impulso a la Economía Solidaria “CIMES” no cumplió con lo pactado por las partes conforme a las normatividades legales y contractuales del caso en concreto.
Por lo anterior, en el acervo probatorio se encuentra demostrado que sí se demostró el incumplimiento de la parte actora, pues como ya se relató el cumplimiento del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999 fue parcial.
Para finalizar, esta Delegada ha observado con preocupación dentro del informe de interventoría del 12 de octubre de 2000, presentado por los señores [NOMBRE TACHADO] y JORGE ALBERTO GÓMEZ PÉREZ; que dentro de las irregularidades advertidas, encontró el supervisor del Convenio que la firma CIMES pagó con los recursos del negocio jurídico, rubros no contemplados como gastos elegibles, por tal razón esta Delegada correrá traslado de dicho escrito y sus anexos a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación (Delegadas para la Contratación –Reparto), para que se investigue lo relacionado con las medidas adoptadas por parte de las entidades contratantes, esto es, la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional –ACCI- y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –FONDO PLANTE- en relación con el menoscabo de los recursos del Estado, ya que la entidad contratista presuntamente utilizó algunos recursos con otros fines distintos al objeto del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999.
Aunado a lo anterior, se remitirá copia del informe de interventoría y sus anexos a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la presunta responsabilidad de la Corporación de Impulso a la Economía Solidaria –CIMES- en la destinación diferente de los recursos para la ejecución del Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 1999.
CONCLUSIÓN
Con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, y de conformidad con el marco teórico enunciado, la Procuraduría Cuarta Delegada ante ese Despacho, considera que la sentencia de primera instancia debe ser CONFIRMADA en su totalidad.
Lo anterior porque en el presente asunto, se encuentra acreditado que la Corporación de impulso a la Economía Solidaria “CIMES”, incumplió de manera parcial el convenio especial de cooperación No. 018 de 1999.
En cumplimiento de ordenado en la parte considerativa, se compulsarán las citadas copias a la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación.
Por lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público solicita a la Sala de Decisión, confirmar la sentencia de primera instancia.
Del Honorable Magistrado,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2018-01-16. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201903130844380.DOCX).
