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ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Alcance según el art. 87 del código contencioso administrativo
CONTRATOS ESTATALES-Finalidad
CONTRATO ESTATAL- Regulado por un régimen mixto
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL-Jurisprudencia de la corte suprema de justicia
CONTRATO-Incumplimiento de términos
CONTRATO ESTATAL-Caducidad y sus efectos
El artículo 18 de la Ley 80 de 1993, establece que la caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista
…Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.
CONTRATO ESTATAL-Anticipo
La jurisprudencia ha definido el anticipo como un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortización mediante la ejecución de actividades programadas del contrato, lo cual ha dado lugar a que la jurisprudencia haya catalogado dicha figura como propia de los contratos de tracto sucesivo. De otra parte, el pago anticipado es un pago efectivo del precio que se efectúa y se causa en forma anticipada de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso, por lo cual dicha figura ha sido considerada por la jurisprudencia como propia de los contratos de ejecución instantánea.
CONTRATO ESTATAL-Garantía única
CLAUSULAS EXORBITANTES-Se debe respetar el debido proceso
INTERVENTOR-Debe vigilar y controlar la ejecución del contrato
CONCEPTO No. 087/2018
Bogotá D.C., Junio 6 de 2018.
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”
Consejera Ponente
Doctora [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 52001-23-31-000-2012-00182-01 (60348)
ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ACTOR: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
ACCIONADO: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVÍAS-
Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida, que denegó las súplicas de la demanda // caso en el que la Aseguradora solicita decretar la nulidad de las Resoluciones 7779 de diciembre de 2009 y 3123 del 28 de junio de 2011, que declaró el siniestro del anticipo // solicita se declare que la Aseguradora no está obligada a pagar suma alguna de dinero con cargo a la Garantía única de cumplimiento//Temas: //el incumplimiento contractual // El anticipo // Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:
ANTECEDENTES
Demanda:
El 22 de mayo de 2012, Seguros Suramericana S.A. a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, radicó ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, demanda contentiva de Acción Contractual en contra del Instituto Nacional de Vías –INVÍAS-, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa No. 07779 del 30 de diciembre de 2009, proferida por el Subdirector Marítimo y Fluvial mediante la cual se declaró la ocurrencia del siniestro por el amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra No. 3438 del 31 de diciembre de 2007; que se declare nula la Resolución Administrativa No. 03123 del 28 de junio de 2011, por la cual se confirmó la Resolución No. 07779 del 30 de diciembre de 2009 y que se declare que la Compañía Agrícola de Seguros S.A. hoy Seguros Generales Suramericana, no está obligada a cancelar suma alguna de dinero con cargo a la Garantía Única de Cumplimiento No. 1035000754701, bajo el amparo de anticipo; además solicita que se condene al INVIAS a pagar a la entidad demandante, el valor de los perjuicios sufridos, equivalente a los gastos y valores pagados para iniciar y llevar hasta su terminación la acción contenciosa administrativa, las consecuencias económicas de la constitución de la reserva para el rubro de siniestros en curso, la afectación del balance, los valores que en el curso del proceso pague o llegue a pagar la compañía por la ejecución de las Resoluciones demandadas; que se ordene, en caso que el INVIAS, llegué a recaudar forzadamente las sumas de la demanda, se condene a su devolución más los intereses moratorios correspondientes a la tasa más alta permitida por la ley. Y que se ordene el reconocimiento de intereses consagrados en el artículo 177 del .C.C.A. y se condene en costas a la demandada.
1.2. Sentencia de primera instancia:
El Tribunal Administrativo del Nariño, a través de Sentencia del 5 de julio de 2017, aceptó las pretensiones del demandante. Declaró la nulidad parcial de la Resolución Administrativa No. 7779 del 30 de diciembre de 2009, por la cual, el INVIAS declaró la ocurrencia del siniestro de amparo del buen manejo y correcta inversión del Anticipo, además dispuso que Seguros Generales Suramericana S.A., no debe pagar suma alguna al INVIAS por concepto de ocurrencia del riesgo en el amparo del buen anticipo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra 3438 de 31 de diciembre de 2007, derivado de la declaratoria del siniestro.
En efecto, el a-quo señala que no se acató las sub reglas jurisprudenciales y se limitó a adelantar tres trámites, el primero relacionado con el inicio del proceso administrativo sancionatorio, que fue puesto en conocimiento del contratista pero no de la aseguradora; el segundo que se encuentra relacionado con la declaratoria de caducidad del contrato estatal, estuvo presente la Aseguradora demandante, quedando debidamente informada de todas las circunstancias que rodearon la declaratoria de caducidad y la falta de inversión de los recursos entregados, esto es, el anticipo y el tercero, relacionado con la ocurrencia del siniestro del anticipo, sin que fuera posible establecer si convocó a la aseguradora a hacerse parte del trámite, precisándole los cargos o la forma en que se determinó la cantidad por la cual finalmente fue llamada a responder como garante del riesgo y para efectos de la decisión tuvo como soporte principal, el acta de recibo definitivo de la obra en la que señaló cantidades y determinó responsabilidades, documento que fue elaborado en una reunión a la que la aseguradora no fue citada y tampoco existe prueba según la cual se le haya dado a conocer.
Por lo tanto, concluye el Tribunal de Primera Instancia, que habrá lugar a acceder a las pretensiones de la parte demandante.
1.3. Recurso de apelación interpuesto por la parte del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS:
Por su parte, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia. En dicho recurso, el accionante indica, que de conformidad con las actuaciones surtidas durante las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual, el INVIAS encontró plenamente probado el incumplimiento injustificado por parte de los integrantes del [NOMBRE TACHADO] 2008, de las obligaciones contraídas en virtud de la suscripción del contrato 3438 de 2007 y la sustracción irregular y fraudulenta de los dineros depositados por concepto de anticipo en la cuenta bancaria abierta para tal efecto.
Señala que la Aseguradora no puede desconocer la conducta arbitraria y desleal del contratista durante toda la relación contractual, ya que la aseguradora tuvo conocimiento de todas las actuaciones adelantadas por el INVIAS en los procesos sancionatorios en contra del contratista [NOMBRE TACHADO] 2008, prueba de ello son los recursos de reposición interpuestos frente a todas y cada una de las resoluciones que ahora demanda como ilegales, y la correspondencia que obra en los expedientes.
Enfatiza que a la Aseguradora le asistía el interés y la responsabilidad por la salvaguarda de los dineros entregados por la entidad del Estado en calidad de anticipo en su calidad de garante del contratista, razón por la cual no puede sustraerse a su responsabilidad, reiterando que estuvo al tanto de todas las actuaciones administrativas del INVIAS, en los procesos sancionatorios en contra del contratista entre los que se encuentran la declaratoria de caducidad del contrato por el incumplimiento del contratista y la declaratoria de la ocurrencia del siniestro en el amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo.
Aclaran que el INVIAS no pudo impartir orden de inicio a la ejecución del contrato No. 3438 de 2007, debido a que nunca se dieron las condiciones para ello, toda vez que el contratista jamás puso a disposición el equipo requerido para la ejecución de los trabajos contratados y al no poder impartir la orden de inicio por causas inherentes al incumplimiento del contratista procedió a la declaratoria de caducidad del contrato No. 3438 de 2007.
Indica que el pliego de condiciones claramente estableció en el numeral 5.2. “información para el control de la ejecución de la obra”, que la aprobación del equipo requerido se constituía en requisito previo para que se impartiera la orden de inicio, por lo cual previamente a la suscripción del contrato y mediante oficio SMF-56377 del 28 de diciembre de 2007, la Subdirección Marítima y Fluvial requirió al adjudicatario precisión acerca del equipo que ejecutaría la obra, así como las previsiones que aquel tomaría en caso de que la draga fuera extranjera con relación al cumplimiento de la normatividad legal. Esto teniendo en cuenta que la base de contratación estipuló que la aprobación de los documentos que ellos solicitaron en el numeral 5.2. serían un requisito de ejecución del contrato y no de firma o legalización del mismo; es decir que la disposición de la draga se constituía en requisito sine quanon para que la entidad profiriera orden de inicio.
Recalca que el INVIAS efectuó las observaciones pertinentes al contratista en diferentes oportunidades a fin de que se concretara la disponibilidad de la draga como equipo principal para el inicio de la ejecución de la obra contratada, al igual que la documentación pertinente, sin que fuera posible el cumplimiento de dicho compromiso para poder dar inicio al contrato; lo que conllevó a la entidad contratante concluyera que se había presentado el incumplimiento grave del contrato, toda vez que con base en la información que aquel había aportado, no era factible que se cumpliera el contrato por la imposibilidad del contratista de aportar el equipo para ejecutar la obra.
Por lo anterior, agrega que el INVIAS inicia formalmente el proceso sancionatorio y se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos para la imposición de sanciones, vinculando de esta manera a la Aseguradora en calidad de garante, lo que concluye con la Resolución No. 02952 del 16 de junio de 2008 y posteriormente su confirmación mediante la Resolución No. 06270 del 11 de noviembre de 2008.
En dicho recurso, el accionante afirma que fue claro el incumplimiento del contratista, dado que impidió el desarrollo del contrato, paralizándolo antes de su inicio al no disponer del equipo necesario para su ejecución. A su juicio el contratista tenía la obligación legal y contractual de amortizar los anticipos a medida que fuera ejecutando la obra; los dineros del anticipo deberían ser utilizados únicamente en la ejecución del objeto contractual y su manejo se realizaría a través de una cuenta de manejo conjunto entre el contratista, el interventor y supervisor del contrato; y al no haberse iniciado la ejecución del contrato tal como consta en el acta de recibo definitivo de la obra en la cual se deja constancia que al no haber iniciado la obra tampoco podía haber amortizaciones de los valores recibidos como anticipo; por lo anterior el contratista no debió de disponer de los dineros del anticipo y efectuar su devolución a la entidad contratante.
En su criterio, el INVIAS actuó amparado bajo los preceptos de la buena fe, ya que no tuvo conocimiento, ni fue informado que el contratista registró en la entidad bancaria firmas correspondientes a personas distintas a las autorizadas por el INVIAS. Y aclara que el contrato no contó con interventoría toda vez que la entidad no impartió orden de inicio por la falta de disposición de la draga requerida para la obra.
Frente a la falta de gestión por parte de la entidad para la congelación de los recursos del anticipo depositado en la cuenta bancaria, desde el momento que expidió la Resolución por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato, el contratista tenía pleno conocimiento que los dineros del anticipo son recursos públicos, cuya disposición no es discrecional, sino que su manejo era conjunto entre el supervisor designado y la interventoría, tal como lo establecían las bases de contratación, la minuta del contrato y la certificación de apertura de la cuenta corriente.
Consideran que el Fallo de Primera Instancia no dio el valor probatorio conducente a las pruebas documentales aportadas por el INVÍAS, ni a las testimoniales recaudadas dentro del proceso, que dan fe del incumplimiento presentado por parte del contratista y de la indebida apropiación de los recursos públicos entregados como anticipo y depositados en la cuenta corriente No. 021-07422-4 del Banco Davivienda y a que a su juicio la aseguradora si tenía conocimiento del trámite administrativo sancionatorio que adelantó el INVÍAS y con ello de la ocurrencia del siniestro en el buen manejo e inversión del anticipo y su declaratoria mediante el correspondiente acto administrativo por lo cual no puede pretender sustraerse a sus obligaciones como garante.
Por todo lo expuesto anteriormente, la parte actora solicita la revocatoria del fallo recurrido de fecha 5 de julio de 2017.
1.4. Alegatos de conclusión presentados por la Aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.:
La apoderada de la parte demandante, presentó sus alegatos de conclusión de segunda instancia el 18 de mayo de 2018, frente al Recurso de Apelación interpuesto por INVÍAS contra la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Nariño del 5 de julio de 2017.
Sus alegatos se resumen en lo siguiente:
Considera que el INVÍAS en el recurso de apelación interpuesto no tiene en cuenta la legislación vigente para la época en que se profirió la Resolución administrativa No. 779 de 2009 y su confirmatoria No. 03123 de 2010, proferidas en vigencia de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 4828 de 2008, normatividad que determinaba la forma y modo en que la Administración debía hacer efectivo los amparos otorgados en la Garantía Única, análisis de fondo hecho por el Tribunal Administrativo de Nariño. Y concluye que el INVÍAS estaba imposibilitado legal y constitucionalmente para hacer extensivo el proceso sancionatorio de caducidad administrativa del contrato, al de exigibilidad del amparo del anticipo.
Señala que la Resolución No. 02952 por la cual se decretó la caducidad administrativa del contrato No. 3438 de 2007, no hizo exigible a SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., suma distinta al amparo de cumplimiento, garantizado con la póliza No. 1035000784701.
Por Resolución Administrativa No. 06270 del 12 de noviembre de 2008, el INVÍAS, resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución No. 02952 del 16 de junio de 2008, sin que en ella se hiciera alusión a que la Aseguradora debiera reintegrar suma alguna, por concepto de amparo de anticipo, limitándose el acto administrativo a ordenar la liquidación del contrato No. 3438 de 2007.
Indica que para la época en que se profirió la Resolución de caducidad, los dineros entregados al Consorcio por concepto de anticipo, se encontraban incólumes en la cuenta corriente, cuyo manejo estaba a cargo de la interventoría y del contratista, teniendo la obligación INVÍAS, en ese momento, de proteger los dineros públicos del Estado, debiendo dar la orden de congelar dichos dineros al Banco Davivienda en salvaguarda del principio de AUTOTUTELA, lo que no hizo, transcurridos (14) catorce meses de estar en firma la Resolución de caducidad, dio aviso al asegurador, olvidando que la garantía única por disposición expresa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, le son aplicables las normas del Código de Comercio estableciendo, artículo 1088: “(…) Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento (…)”
Considera que la conducta asumida por INVÍAS fue permisiva, como consecuencia, no puede hacer exigencia alguna a la Aseguradora, ya que con su actuar negligente, no salvaguardó los dineros del anticipo habiendo podido evitarlo, teniendo en cuenta que el valor del anticipo se encontraba incólume a órdenes de la entidad bancaria Davivienda cuando la administración profirió la caducidad administrativa, y ello imponía la obligación a INVÍAS, desde ese mismo instante, a dar la orden a Davivienda de congelar los dineros del anticipo.
No acreditó procesalmente la reclamación efectuada a Davivienda, para que ésta afectara la póliza de manejo de administradores financieros
Invías no tiene en cuenta que el tercero garante asegurador, como garante de buena fe, está protegido y autorizado por la Ley para intervenir en las actuaciones administrativas, con los mismos derechos y deberes, y responsabilidades de quienes son parte interesada.
Invías violó flagrantemente, el derecho de defensa, en cabeza de Suramericana de Seguros S.A., en virtud de que no la citó a audiencia del afectado para declarar el siniestro del anticipo, tal y como lo señala el artículo 14.3 del Decreto 2848 de 2008 en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.
Agrego que el INVÍAS olvidó que no existe responsabilidad a cargo de la aseguradora, por ser evidentes la negligencia, desidia y la falta de toma de decisiones por parte del INVÍAS, que genera la responsabilidad plena a cargo de la Entidad Estatal, en menos cabo de los recursos públicos.
INVÍAS no aplicó los principios de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de la función pública, establecido en el artículo 209 de la C.N., al no haber dado orden de congelamiento a Davivienda, de los dineros del anticipo otorgados al [NOMBRE TACHADO] 2008, una vez proferida la Resolución Administrativa que declaró la caducidad administrativa del contrato, generándose así a su juicio una responsabilidad “invigilando”, la cual no puede traducirse como razón válida para hacer efectivo el amparo de anticipo de la Garantía Única otorgada por Suramericana de Seguros S.A. con violación a los principios enunciados.
Concluye que no existió proceso sancionatorio para hacer efectiva la cobertura de correcta inversión del anticipo previsto en la Póliza No. 1035000784701, omitiendo el INVÍAS remitir los respectivos cargos a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., ni convocó a audiencia del afectado a la Aseguradora, lo que conllevó a que la Resolución No. 7779 de 2009, este viciada de nulidad por violación del derecho al debido proceso.
II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. Problemas jurídicos
De acuerdo con los reparos manifestados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, en el presente caso es conducente analizar:
Problemas planteados por el Ministerio Público:
¿Se vulneró el derecho de defensa de la Aseguradora “Seguros Generales Suramericana S.A. en el proceso bajo estudio?.
¿ Se evidencia en el proceso bajo estudio, que como consecuencia de la aludida vulneración del derecho de defensa argumentada por la Compañía Aseguradora, se impidió su actuación como garante en el contrato de obra No. 3438 del 31 de diciembre de 2007?.
¿Se presenta en las resoluciones No. 7779 de 2009 y 3123 de 2011, mediante las cuales se declaró ocurrido el siniestro en el amparo del buen manejo y la correcta inversión del anticipo del contrato de Obra No. 3438 de 2007, errores que ameriten su nulidad?.
2.2. Marco teórico.
Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público:
2.2.1. La acción de controversias contractuales.
La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el art. 87 del CCA, que señala:
“(…)
ARTÍCULO 87. Modificado por el art. 17, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 32, Ley 446 de 1998 De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.
El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes
(…)”.
2.2.2. El objeto de los contratos estatales.
Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado:
“(…)
El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado.
De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad.
Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual.
Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual.
Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución
(…)”.
2.2.3. Responsabilidad civil contractual
Sobre la responsabilidad civil contractual, la Corte Suprema de Justicia ha dicho:
“(…)
El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o con secuencial (arts. 1546 y 1818 del Código Civil) los que encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados
(…)"
Incumplimiento del contrato
De conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.
Así mismo, el artículo 1603 del Código Civil, establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.
El contrato estatal se encuentra regulado por un régimen mixto, conformado por normas del derecho privado (civil y comercial) y por normas del derecho público.
El artículo 13 de la ley 80 de 1993 refiere la normatividad aplicable a los contratos estatales y dispone que éstos se rigen por la legislación civil y comercial pertinente, salvo en aquellas materias reguladas en esa misma ley. Este artículo se complementa con el artículo 70 del mismo estatuto contractual, el cual dispone que las normas que rigen las actuaciones contractuales son aquellas que se refieren a la función administrativa y a la falta de éstas, se aplicará el Código de Procedimiento Civil.
Respecto al cumplimiento e incumplimiento de los contratos, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 estipula que: “Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: “1°. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato”
En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2° de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.
Entre tanto, el Consejo de Estado, destacó que en relación con las obligaciones contractuales estatales y el incumplimiento del contrato bilateral lo siguiente:
“(…)
En virtud del contrato bilateral cada una de las partes se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa inmediatamente, al vencerse un plazo o al ocurrir alguna condición, de conformidad con los términos de la estipulación (arts. 1494, 1495, 1530 y ss. 1551 y ss. Código Civil). Por él cada contratante acude a prestar su consentimiento en la confianza en que la otra ejecutará las obligaciones recíprocas acordadas al tenor del contrato y en el tiempo debido. Empero, sucede que en ocasiones una de las partes se sustrae del compromiso y no satisface su obligación para con el otro al tiempo de su pago, incurriendo en un incumplimiento, vicisitud que se traduce en una obligación frustrada por obra de uno de los sujetos del vínculo y que por tal motivo es sancionada por el ordenamiento jurídico
(...)”.
De otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado: ha señalado lo siguiente:
“(…)
El incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato. Cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones o términos de referencia que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico. Así mismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce el catálogo de principios que orientan la contratación estatal y que igualmente se entienden incorporados en la relación jurídica bilateral (negrilla fuera de texto).
(…)”
La caducidad de los contratos estatales
El artículo 18 de la Ley 80 de 1993, establece que la caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, así:
“(…)
Artículo 18º.- De la Caducidad y sus Efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.
En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.
Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.
(…)”
Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en el sentido de que cuando se declara la caducidad de un contrato, se multa o se declara el incumplimiento se entiende declarado el siniestro, así:
“(…)
La declaratoria de caducidad tiene implicaciones graves para el contratista, entre ellas: no puede participar en nuevos procesos de selección de contratistas –inhabilidad-, debe renunciar a los contratos que tenga en ejecución –inhabilidad sobreviniente- y no tiene derecho a indemnización en el contrato caducado. Dicha previsión se encuentra establecida en el artículo 18 de la Ley 80 en los siguientes términos: “Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.” En el mismo sentido, el literal c) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratistas que dieron lugar a la declaratoria de caducidad administrativa quedan inhabilitados para participar en procesos de selección. (…) el contratista que da lugar a la declaratoria de caducidad se hace acreedor a una sanción que lo inhabilita para celebrar negocios jurídicos con la administración. El término es de 5 años, según lo establece el inciso segundo del literal i) del artículo 8 del estatuto contractual, que establece: “Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución…”
Finalmente, la declaratoria de caducidad también es constitutiva del siniestro de incumplimiento, lo que autoriza a la entidad estatal para cobrar el importe de la garantía única constituida en su favor por el contratista (negrilla del Ministerio Público).
(…)”
El Anticipo
La jurisprudencia ha definido el anticipo como un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortización mediante la ejecución de actividades programadas del contrato, lo cual ha dado lugar a que la jurisprudencia haya catalogado dicha figura como propia de los contratos de tracto sucesivo. De otra parte, el pago anticipado es un pago efectivo del precio que se efectúa y se causa en forma anticipada de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso, por lo cual dicha figura ha sido considerada por la jurisprudencia como propia de los contratos de ejecución instantánea.
De otra parte, el anticipo se encuentra estipulado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, así:
“(…)
PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.
(…)”
Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales:
El artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 consagró la obligación de los contratistas de prestar garantía única en los contratos así:
“(…)
Artículo 7°. De las garantías en la contratación. Reglamentado por el Decreto Nacional 4828 de 2008, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1430 de 2010. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.
(…)”
A su turno, el Decreto 4828 de 2008, respecto de la garantía de cumplimiento de las obligaciones de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista:
“(…)
4.2.1 Buen manejo y correcta inversión del anticipo. El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión; (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregados como anticipo, estos deberán tasarse en dinero en el contrato (negrillas del despacho).
(…)”
Ahora bien, una vez la entidad hace uso de las cláusulas exorbitantes, se debe respetar el debido proceso consagrado en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007:
“(…)
Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.
Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva (negrillas del Ministerio Público)
(…)”.
2.3. Material probatorio obrante en el expediente.
Es preciso señalar que en el expediente existe abundante material probatorio, el cual ha sido referido por el Tribunal de primera instancia, y debidamente sopesado por el Ministerio Público. Una vez verificado lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, destaca el siguiente material, relevante para emitir concepto de fondo sobre el asunto:
Copia de la Resolución No. 02952 del 16 de junio de 2008, por medio de la cual se declara la caducidad del contrato No. 3438 de 2007.
Copia de la Resolución No. 06270 del 11 de noviembre de 2008, por medio de la cual se resuelven los recursos interpuestos en contra de la Resolución No. 02952 de 2008, por la cual declaró la caducidad del contrato No. 3438 de 2007, confirmándola en todas sus partes.
Copia de la Resolución No. 7779 de 30 de diciembre de 2009, por la cual, el Subdirector Marítimo y Fluvial del INVIAS, declaro la ocurrencia del siniestro cubierto por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra No. 3438 de 31 de diciembre de 2007.
Recurso de reposición contra la Resolución Administrativa No.7779 de 30 de diciembre de 2009, interpuesto por Seguros Generales Suramericana S.A..
Resolución No. 03123 de 28 de junio de 2011, por la cual, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS, resolvió los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución No. 7779 del 30 de diciembre de 2009, confirmándola en todas sus partes.
Copia autentica de la base de contratación del contrato 3438 de 31 de diciembre de 2007.
Copia autentica de la carta de conformación del [NOMBRE TACHADO] 2008 y sus anexos.
Copia autentica de la Adjudicación de la Contratación Directa No. CD-SMF- 499-2007 del contrato 3438 de 31 de diciembre de 2007 al [NOMBRE TACHADO] 2008, fechada a 28 de diciembre de 2007.
Copia autentica del contrato No. 3438 de 31 de diciembre de 2007, suscrito el 31 de diciembre de 2007.
Resolución No. 01206 de 19 de marzo de 2008, por la cual se designa un supervisor del proyecto para el dragado de mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Tumaco - Nariño, al Ingeniero Carlos Andrés Bernal Castro.
Comunicación del 3 de abril de 2008, suscrito por el Subdirector Marítimo y Fluvial del INVIAS por medio del cual le informa al Representante Legal del [NOMBRE TACHADO] 2008, el inicio del proceso administrativo sancionatorio.
Respuesta a la comunicación No. 12526, radicada el 18 de abril de 2008, por medio de la cual el [NOMBRE TACHADO] 2008, presenta descargos ante el INVIAS frente al inicio del proceso sancionatorio.
Oficio de 5 de junio de 2008, por medio del cual el [NOMBRE TACHADO] 2008, solicita y reitera al INVIAS la terminación y liquidación bilateral del contrato No. 3438 de 2007.
Resolución No. 02952 de 16 de junio de 2008, por medio de la cual el INVIAS declaró la caducidad del contrato No. 3438 de 2007
2.4. Caso concreto
Para enfocar el alcance de la controversia, el Ministerio Público hará un recuento de los hechos relevantes probados para proceder a conceptuar.
En el caso que nos ocupa, queda claro que el contrato de obra No. 3438 de 2007, se celebró el 31 de diciembre de 2007 entre el [NOMBRE TACHADO] 2008 (integrado por G. Ing Ltda., Vanegas y Garzón Ltda) y el Instituto Nacional de Vías –INVÍAS- cuyo objeto consistió en “ejecutar para el Instituto por el sistema de precios unitarios sin ajustes, las obras para el dragado de mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Tumaco, de acuerdo con la base de contratación directa No. CD-SMF-499 de 2007”, a ejecutarse en un plazo máximo previsto de 4 meses y su valor fue $3.582.946.474.
En cuanto a la vigilancia y control de la ejecución del contrato estaría a cargo del interventor y un supervisor a cargo del Subdirector Marítimo y Fluvial o el funcionario que éste designe.
En la cláusula novena y los parágrafos primero y segundo del contrato de obra No. 3438 de 2007 se estipuló que el anticipo correspondería al 50% del valor del contrato, previa solicitud del contratista y aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega.
En cumplimiento de la cláusula décima novena del contrato No. 3438 de 2007, la Compañía de Seguros AGRÍCOLA DE SEGUROS, hoy Compañía SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., expidió la Póliza Única de Cumplimiento No. 1035000784701 para amparar el riesgo de cumplimiento general del contrato, correcto manejo e inversión del Anticipo, prestaciones sociales e indemnizaciones y calidad del servicio de interventoría, la cual fue aprobada por la entidad el 4 de enero de 2008.
La interventoría del contrato estuvo a cargo de la firma AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A., mediante contrato 3351 de 2007.
Antes de dar inicio al contrato No. 3438 se presentaron algunas controversias relacionadas con la precisión de los equipos con lo que se ejecutaría la obra y una vez efectuados algunos requerimientos al contratista y recibido sus respuestas y ante la insatisfacción de las mismas por parte de INVÍAS, se dio inicio al proceso administrativo sancionatorio en contra del [NOMBRE TACHADO] 2008.
El Instituto Nacional de Vías –INVÍAS, profirió la Resolución No. 02952 del 16 de junio de 2008, por medio de la cual se declara la caducidad del contrato No. 3438 de 2007, la cual fue confirmada en todas sus partes mediante la Resolución No. 06270 del 11 de noviembre de 2008.
El 27 de febrero de 2009, se suscribió acta de entrega y recibo definitivo de obra, con la salvedad que la misma se elaboró como “pre-requisito al proceso de liquidación, a pesar de que no se ejecutó obra alguna, que el contrató no se inició y que la declaración de caducidad no se encontraba en firme, sin que con esta Acta se pretenda subsanar situación alguna del trámite administrativo”, y se indica como pago de anticipo la suma de $1.780.080.720,50 y un porcentaje de obra ejecutado del 0%.
El 30 de diciembre de 2009, se profirió la Resolución No. 7779 por medio de la cual, el Subdirector Marítimo y Fluvial del INVIAS declaró la ocurrencia del siniestro cubierto por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra No. 3438 de 31 de diciembre de 2007; el 30 de diciembre de 2009, se recibió el recurso de reposición contra la Resolución Administrativa citada, interpuesto por Seguros Generales Suramericana S.A., y mediante la Resolución No. 03123 de 28 de junio de 2011, el INVÍAS resolvió los recursos de reposición interpuestos, confirmándola en todas sus partes.
Para el manejo de los recursos la apertura de la cuenta No. 021-07422-4 en el Banco Davivienda –RedBancafé a nombre del contratista y del INVÍAS, y su manejo sería conjunto por el contratista y/o su representante, por el interventor contratado para tal fin y por el supervisor del Instituto Nacional de Vías.
Al [NOMBRE TACHADO] 2008 se le autorizó y giró un anticipo de $1.780.080.720,50, monto que afectado por la deducciones de ley arrojó para el día 38 de febrero de 2008, un valor neto consignado en la cuenta corriente de $1.691.080.720,50. Al respecto el banco Davivienda certificó que durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 se realizaron numerosos débitos de la referida cuenta en cuantía tal que a 31 de enero de 2009 el saldo final de la misma era $1.754.925,26.
A pesar de que la cuenta corriente era conjunta, están registradas 41 transacciones bancarias con posterioridad a la expedición de la Resolución de caducidad del contrato, efectuadas sin el cumplimiento de los requisitos previstos para tal efecto.
El INVIAS omitió oficiar a la entidad bancaria para la congelación de los fondos, lo que permitió el retiro de los dineros por parte del contratista, quedando un saldo a febrero de 2009 de $1.754.925,26.
Los dineros del anticipo de contrato a juicio del INVÍAS fueron tomados y destinados a fines diferentes del objeto del mismo, lo que les permite concluir que a eso se debe el porcentaje absoluto de inejecución contractual, es decir 0%
Ahora bien, la parte actora busca desvirtuar la validez de las Resoluciones Nos. 7779 del 30 de diciembre de 2009 y la No. 03123 de 28 de junio de 2011, mediante la cual se declaró el siniestro del anticipo; además, que se declare que SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, no está obligada a cancelar suma alguna de dinero con cargo a la Garantía Única de Cumplimiento No. 1035000754701, en su amparo de anticipo. además solicita que se condene al INVIAS a pagar a la entidad demandante, el valor de los perjuicios sufridos, equivalente a los gastos y valores pagados para iniciar y llevar hasta su terminación la acción contenciosa administrativa, las consecuencias económicas de la constitución de la reserva para el rubro de siniestros en curso, la afectación del balance, los valores que en el curso del proceso pague o llegue a pagar la compañía por la ejecución de las Resoluciones demandadas; que se ordene, en caso que el INVIAS, llegué a recaudar forzadamente las sumas de la demanda, se condene a su devolución más los intereses moratorios correspondientes a la tasa más alta permitida por la ley, y finalmente requiere que se ordene el reconocimiento de intereses consagrados en el artículo 177 del .C.C.A. y se condene en costas a la demandada. Estos se abordarán, atendiendo al orden presentado en la apelación por parte del demandante de la siguiente manera:
Esta Delegada entrará a revisar si las resoluciones Nos. 7779 del 30 de diciembre de 2009 y la No. 03123 de 28 de junio de 2011 fueron expedidas de manera irregular o con violación del debido proceso, ya que según la demandante, la administración vulneró el debido proceso, al omitir remitir el pliego de cargos tanto al asegurador como al contratista, en el que exigiera la devolución del anticipo al consorcio, y omitió citar a audiencia del afectado, además señala que el INVÍAS omitió informar al Banco Davivienda la congelación de los dineros girados a la cuenta corriente abierta para consignar el anticipo ya referido, lo que permite concluir que actuaron con falta de diligencia, negligencia y decidía. hechos que implican, según el recurrente, que las mismas se encuentran viciadas de nulidad.
En este sentido, cabe notar que, la Ley 80 de 1993 estipuló que se debe respetar el debido proceso consagrado en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, donde claramente deja sentado que el uso de las cláusulas o poderes exorbitantes, deberán estar precedidas de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.
Esta norma tal como se expone, se encontraba vigente para la fecha de los hechos en los términos que se expresa, lo que quiere decir que la entidad no estaba impedida para resolver hacer uso de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento del contrato No. 3438 de 2007, sin embargo se debe respetar el debido proceso teniendo un mínimo procedimiento que garantice el derecho al debido proceso.
El debido proceso es un principio consagrado en el artículo 29 constitucional Nacional de Colombia y en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, permite, en aras de ese principio, que desde el mismo momento en que se da inicio al trámite oral, se cuente con la participación del contratista, y a pesar de que no incluye a la Aseguradora que ha otorgado la garantía única de cumplimiento, ésta debe ser incluida en aras de ejercer sus facultades de intervención y contradicción.
De otra parte, con respecto al debido proceso en materia contractual, la sección tercera del Consejo de Estado, el 30 de enero de 2013, dentro del expediente No. 24743, M.P. Danilo Rojas Betancourth, señaló:
“(…)
17. De otro lado, con anterioridad a la expedición de la Ley 1150 de 2007 que se refirió de manera expresa al derecho del debido proceso en materia contractual, la Ley 80 de 1993 en sus artículos 23 y 77, ya remitía a los principios del derecho administrativo al establecer su aplicación en materia contractual y ordenaba que, en cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de la ley de contratación, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa sean aplicadas en las actuaciones contractuales, en el entendido de que también éstas corresponden al ejercicio de la función administrativa, toda vez que se hallan encaminadas a la obtención de bienes, obras, servicios, etc., que requieren las entidades para el cumplimiento de los objetivos y deberes estatales, orientados a su vez a la satisfacción del interés general.
(…)
19. Aplicado lo anterior en materia contractual, significa que cuando la administración se disponga a expedir una decisión que afecte los derechos e intereses de quienes intervienen en las actuaciones adelantadas en materia contractual –los proponentes en los procedimientos de selección y los contratistas en los negocios jurídicos celebrados-, debe actuar de tal manera que los administrados tengan conocimiento de la intención de la entidad de decidir alguna cuestión que los afecta, las razones que la misma arguye como fundamento para su actuación y las pruebas que soportan la futura decisión unilateral, garantizándoles el derecho a intervenir en la etapa previa a la expedición del acto administrativo y a ejercer su derecho de audiencia y de defensa, mediante la manifestación de los descargos o justificaciones que tengan a bien brindar en relación con su conducta, la valoración de las pruebas que posean o soliciten, así como otorgándoles la oportunidad de controvertir las existentes.
(…)
33. En este punto, resulta necesario acotar que la garantía del debido proceso en las actuaciones administrativas que culminarán con la expedición de un acto administrativo, implica dar a conocer su existencia al administrado y brindarle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, pero ello no significa que el no ejercicio de este último, que depende de la sola voluntad del administrado, se traduzca en el desconocimiento del derecho fundamental.
34. Dicho en otras palabras, el hecho de que el administrado, a pesar de habérsele dado oportunidad para ello, no dé respuesta a las observaciones de la administración ni aporte o pida la práctica de pruebas que contradigan las que ésta posee, no implica desconocimiento del debido proceso. Este se garantiza al posibilitar las acciones defensivas del destinatario de la decisión antes de su expedición, independientemente de que ellas sean ejercidas o no.
(…)”
Entre tanto, el Decreto 4828 de 2008, consagró la obligación de vincular a la compañía aseguradora a la actuación administrativa, en su artículo 14.1 que reza:
“(…)
Artículo 14. Efectividad de las garantías. Cuando se presente alguno de los eventos de incumplimiento cubiertos por las garantías previstas en este decreto, la entidad contratante procederá a hacerlas efectivas de la siguiente forma:
14.1 En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro.
(…)”
En el presente caso, está demostrado el incumplimiento por parte del [NOMBRE TACHADO] 2008, pues como se ha narrado a lo largo del presente concepto, la obra no pudo ser iniciada por la falta de los equipos requeridos para tal fin y una vez efectuados los requerimientos al contratista, éste dio inicio al proceso administrativo.
También se encuentra probado que tanto el contratista como la aseguradora fueron participes del proceso administrativo que culminó con la declaratoria de caducidad del contrato No. 3438 de 2007 (Resoluciones Nos.02952 del 16 de junio de 2008 y 06270 del 11 de noviembre de 2008 y pudieron hacer uso de los mecanismos de defensa a que tenían derecho, pues se observa dentro del plenario los recursos de apelación interpuestos por los interesados y que fueron resueltos por el INVÍAS.
Ahora bien, en cuanto al anticipo, de conformidad con lo expuesto en el marco teórico, lo que pretende éste es asegurar a la entidad estatal contratante contra los riesgos de la i) no inversión, ii) uso indebido y iii) la apropiación indebida de estos recursos por parte del contratista.
Así, en caso de que el contratista no invierta, no use adecuadamente o se apropie de los dineros recibidos a título de anticipo queda facultada la entidad pública para afectar la garantía y poder así, recuperar los recursos públicos.
Para esta Delegada, las Resoluciones Nos. 7779 del 30 de diciembre de 2009 y 3123 de junio 28 de 2011, no adolecen de ningún vicio de nulidad de acuerdo con el artículo 84 del C.C.A., ya que está demostrado en el expediente que tanto el contratista como la aseguradora tuvieron la oportunidad y conocimiento del proceso administrativo que declaró la caducidad del contrato, donde claramente se especificó que la razón de la no ejecución del contrato se debió a la no inversión del anticipo entregado que afectó de manera grave y directa la ejecución del contrato que derivó en el no cumplimiento del objeto contractual; pues el contratista tenía la obligación legal y contractual de amortizar los recursos obtenidos a través del anticipo a medida que se fuera ejecutando la obra y éstos debieron ser utilizados únicamente en la ejecución del contrato No. 3438 de 2008, sin embargo dispuso de los mismos para fines distintos a los estipulados en el contrato.
Por lo anterior, es importante dejar claro que si bien es cierto el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS omitió incluir en la Resolución No. 02952 de 2008 la orden de hacer efectiva la garantía que cubre el amparo del anticipo, ésta ópera legalmente (artículo 14.1 del Decreto 4828 de 2008), pues la norma es clara cuando establece que en el caso de declararse la caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro.
Así las cosas, una vez declarada la caducidad del contrato, el INVÍAS no requería proferir otro acto administrativo para declarar el siniestro del anticipo, pues con la declaratoria de la caducidad, la entidad contratante ya quedaba habilitada para hacer uso de la garantía que amparaba el anticipo, pues existía un nexo común entre el incumplimiento del contrato y la no inversión y amortización del anticipo.
Posterior a la declaratoria de caducidad, la administración profirió consecuentemente la Resolución No. 7779 de 2009, la cual se fundamentó precisamente en la caducidad ya decretada, por lo tanto, la aseguradora no puede alegar vulneración del debido proceso, pues es claro que si conoció oportunamente lo que estaba sucediendo, y tuvo la oportunidad dentro del proceso administrativo de la caducidad para ejercer su derecho de defensa y contradicción, y tal como lo narra la Compañía Aseguradora en todos sus escritos dirigidos ante el Tribunal, esa entidad era conocedora del motivo por el cual se había declarado dicha caducidad, esto es, la no inversión y la amortización del anticipo en el contrato ya referido, situaciones éstas que operan en contravía de la posición de garante para la que se contrató la Compañía Aseguradora, pues las mismas responsabilidades y omisiones que hoy endilga a INVÍAS debieron ser cumplidas por ella como garante del proceso. Es decir, que todas las actividades derivadas de la declaratoria de caducidad que la firma contratante no realizara, debieron ser informadas por la empresa aseguradora de manera oportuna, para que como parte activa y en garantía del pacto de voluntades celebrado, la compañía de Seguros Suramericana contratada, coadyuvara en evitar cualquier pérdida de los recursos estatales comprometidos, y no utilizar ahora esa omisión como una justificación para evadir su responsabilidad, la cual también emana de un contrato solemne con el estado colombiano al constituir la póliza, máxime, que como expresa la misma aseguradora en sus argumentos: “el tercero garante, asegurador, como garante de buena fe, está protegido y autorizado por la Ley para intervenir en las actuaciones administrativas, con los mismos derechos y deberes, y responsabilidades de quienes son parte interesada”.
Esta Delegada deja en claro que el retiro que efectuó el contratista del anticipo valiéndose de actuaciones irregulares como el registro en la entidad bancaria de firmas no autorizadas por la entidad contratante, una vez declarada la caducidad, es un acto de mala fe hacia el Estado y que el INVÍAS debió tomar medidas para que dichos recursos fueran congelados y así evitar el retiro irregular de éstos (conducta disciplinariamente reprochable), que en manera alguna exime del deber contractual que tiene la aseguradora para con el INVIAS, de manera que no es de recibo para este agente del Ministerio Público, que se pretenda desconocer la obligación contractual ni mucho menos se pretenda la nulidad de los actos administrativos que declararon la ocurrencia del siniestro, por el hecho de que no se hubiera solicitado la congelación de los recursos del anticipo a Davivienda. Más, aunado a lo anterior también consideramos cierto que la compañía de seguros debió desarrollar actividades tendientes al amparo de los recursos, pues era conocedora (y ella misma lo afirma en el proceso) de cada uno de los pasos que se venían dando en el contrato de la referencia, además porque ese era su deber legal.
Cabe recordar en cuanto al manejo del anticipo que el contratista es el mayor responsable de lo ocurrido, pues él tiene conocimiento que estos son recursos públicos que le son entregados pero siguen siendo de la entidad pública y por esa razón se le solicita que garantice su inversión y manejo y se amortice con los pagos posteriores que se facturen durante la ejecución del contrato.
Por las anteriores consideraciones, esta Delegada conceptúa que este aspecto recurrido por el apelante no está llamado a prosperar. Esto quiere decir, que para esta Delegada tanto la Resolución No. 7779 de 2009, que decretó el siniestro del anticipo, así como la Resolución No. 3123 de 2011 impugnadas, la cual confirmó la primera decisión, no están viciadas de nulidad y son plenamente legales.
CONCLUSIÓN
Con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, y de conformidad con el marco teórico enunciado, la Procuraduría Cuarta Delegada ante ese Despacho, considera que la sentencia de primera instancia debe ser REVOCADA en su totalidad y solicita respetuosamente que la Aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., sea llamada a realizar el pago con cargo al amparo de “buen manejo y correcta inversión del anticipo”, exigido por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVÍAS.
Lo anterior porque en el presente asunto, se encuentra acreditado que la Aseguradora tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción y tenía el conocimiento del proceso que estaba siendo adelantado contra el [NOMBRE TACHADO] 2008 y del incumplimiento de manera total del contrato No. 3438 de 2008.
De la Honorable Magistrada,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado