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titulo: "CONTRATO ESTATAL: el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, establece que la caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
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fecha: "2018-06-06"
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# CONTRATO ESTATAL: el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, establece que la caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2018-06-06
- **Número:** 201901280927380.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201901280927380.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Regla de decisión

El artículo 18 de la Ley 80 de 1993, establece que la caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

## Puntos clave

- Accion de controversias contractuales: Alcance según el art. 87 del código contencioso administrativo
- Contratos estatales: Finalidad
- Contrato estatal: Regulado por un régimen mixto
- Responsabilidad civil contractual: Jurisprudencia de la corte suprema de justicia

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Decreto 01 de 1984
- Ley 446 de 1998

## Extracto

…Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. En dicho recurso, el accionante afirma que fue claro el incumplimiento del contratista, dado que impidió el desarrollo del contrato, paralizándolo antes de su inicio al no disponer del equipo necesario para su ejecución. Señala que la Resolución No. 02952 por la cual se decretó la caducidad administrativa del contrato No. 3438 de 2007, no hizo exigible a SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., suma distinta al amparo de cumplimiento, garantizado con la póliza No. 1035000784701. Agrego que el INVÍAS olvidó que no existe responsabilidad a cargo de la aseguradora, por ser evidentes la negligencia, desidia y la falta de toma de decisiones por parte del INVÍAS, que genera la responsabilidad plena a cargo de la Entidad Estatal, en menos cabo de los recursos públicos.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, Anticipo

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- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: en ninguno de estos documentos se incluyen valores o descuentos por incumplimiento del contrato](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:52001233300020180010902-70143-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: se incumplió el contrato por cuanto el ente contratante no pagó la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:50001233100020070005701-57814-sentencia.md)

## Texto del documento

ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Alcance según el art. 87 del código contencioso administrativo
CONTRATOS ESTATALES-Finalidad
CONTRATO ESTATAL- Regulado por un régimen mixto
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL-Jurisprudencia de la corte suprema de justicia
CONTRATO-Incumplimiento de términos
CONTRATO ESTATAL-Caducidad y sus efectos
El artículo 18 de la Ley 80 de 1993, establece que la caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista
…Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.
CONTRATO ESTATAL-Anticipo
La jurisprudencia ha definido el anticipo como un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortización mediante la ejecución de actividades programadas del contrato, lo cual ha dado lugar a que la jurisprudencia haya catalogado dicha figura como propia de los contratos de tracto sucesivo. De otra parte, el pago anticipado es un pago efectivo del precio que se efectúa y se causa en forma anticipada de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso, por lo cual dicha figura ha sido considerada por la jurisprudencia como propia de los contratos de ejecución instantánea.
CONTRATO ESTATAL-Garantía única
CLAUSULAS EXORBITANTES-Se debe respetar el debido proceso
INTERVENTOR-Debe vigilar y controlar la ejecución del contrato
CONCEPTO No. 087/2018
Bogotá D.C., Junio 6 de 2018.
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”
Consejera Ponente
Doctora [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 52001-23-31-000-2012-00182-01 (60348)
ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ACTOR: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
ACCIONADO: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVÍAS-
Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida, que denegó las súplicas de la demanda // caso en el que la Aseguradora solicita decretar la nulidad de las Resoluciones 7779 de diciembre de 2009 y 3123 del 28 de junio de 2011, que declaró el siniestro del anticipo // solicita se declare que la Aseguradora no está obligada a pagar suma alguna de dinero con cargo a la Garantía única de cumplimiento//Temas: //el incumplimiento contractual // El anticipo // Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:
ANTECEDENTES
Demanda:
El 22 de mayo de 2012, Seguros Suramericana S.A. a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, radicó ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, demanda contentiva de Acción Contractual en contra del Instituto Nacional de Vías –INVÍAS-, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa No. 07779 del 30 de diciembre de 2009, proferida por el Subdirector Marítimo y Fluvial mediante la cual se declaró la ocurrencia del siniestro por el amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra No. 3438 del 31 de diciembre de 2007; que se declare nula la Resolución Administrativa No. 03123 del 28 de junio de 2011, por la cual se confirmó la Resolución No. 07779 del 30 de diciembre de 2009 y que se declare que la Compañía Agrícola de Seguros S.A. hoy Seguros Generales Suramericana, no está obligada a cancelar suma alguna de dinero con cargo a la Garantía Única de Cumplimiento No. 1035000754701, bajo el amparo de anticipo; además solicita que se condene al INVIAS a pagar a la entidad demandante, el valor de los perjuicios sufridos, equivalente a los gastos y valores pagados para iniciar y llevar hasta su terminación la acción contenciosa administrativa, las consecuencias económicas de la constitución de la reserva para el rubro de siniestros en curso, la afectación del balance, los valores que en el curso del proceso pague o llegue a pagar la compañía por la ejecución de las Resoluciones demandadas; que se ordene, en caso que el INVIAS, llegué a recaudar forzadamente las sumas de la demanda, se condene a su devolución más los intereses moratorios correspondientes a la tasa más alta permitida por la ley. Y que se ordene el reconocimiento de intereses consagrados en el artículo 177 del .C.C.A. y se condene en costas a la demandada.
1.2. Sentencia de primera instancia:
El Tribunal Administrativo del Nariño, a través de Sentencia del 5 de julio de 2017, aceptó las pretensiones del demandante. Declaró la nulidad parcial de la Resolución Administrativa No. 7779 del 30 de diciembre de 2009, por la cual, el INVIAS declaró la ocurrencia del siniestro de amparo del buen manejo y correcta inversión del Anticipo, además dispuso que Seguros Generales Suramericana S.A., no debe pagar suma alguna al INVIAS por concepto de ocurrencia del riesgo en el amparo del buen anticipo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra 3438 de 31 de diciembre de 2007, derivado de la declaratoria del siniestro.
En efecto, el a-quo señala que no se acató las sub reglas jurisprudenciales y se limitó a adelantar tres trámites, el primero relacionado con el inicio del proceso administrativo sancionatorio, que fue puesto en conocimiento del contratista pero no de la aseguradora; el segundo que se encuentra relacionado con la declaratoria de caducidad del contrato estatal, estuvo presente la Aseguradora demandante, quedando debidamente informada de todas las circunstancias que rodearon la declaratoria de caducidad y la falta de inversión de los recursos entregados, esto es, el anticipo y el tercero, relacionado con la ocurrencia del siniestro del anticipo, sin que fuera posible establecer si convocó a la aseguradora a hacerse parte del trámite, precisándole los cargos o la forma en que se determinó la cantidad por la cual finalmente fue llamada a responder como garante del riesgo y para efectos de la decisión tuvo como soporte principal, el acta de recibo definitivo de la obra en la que señaló cantidades y determinó responsabilidades, documento que fue elaborado en una reunión a la que la aseguradora no fue citada y tampoco existe prueba según la cual se le haya dado a conocer.
Por lo tanto, concluye el Tribunal de Primera Instancia, que habrá lugar a acceder a las pretensiones de la parte demandante.
1.3. Recurso de apelación interpuesto por la parte del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS:
Por su parte, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia. En dicho recurso, el accionante indica, que de conformidad con las actuaciones surtidas durante las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual, el INVIAS encontró plenamente probado el incumplimiento injustificado por parte de los integrantes del [NOMBRE TACHADO] 2008, de las obligaciones contraídas en virtud de la suscripción del contrato 3438 de 2007 y la sustracción irregular y fraudulenta de los dineros depositados por concepto de anticipo en la cuenta bancaria abierta para tal efecto.
Señala que la Aseguradora no puede desconocer la conducta arbitraria y desleal del contratista durante toda la relación contractual, ya que la aseguradora tuvo conocimiento de todas las actuaciones adelantadas por el INVIAS en los procesos sancionatorios en contra del contratista [NOMBRE TACHADO] 2008, prueba de ello son los recursos de reposición interpuestos frente a todas y cada una de las resoluciones que ahora demanda como ilegales, y la correspondencia que obra en los expedientes.
Enfatiza que a la Aseguradora le asistía el interés y la responsabilidad por la salvaguarda de los dineros entregados por la entidad del Estado en calidad de anticipo en su calidad de garante del contratista, razón por la cual no puede sustraerse a su responsabilidad, reiterando que estuvo al tanto de todas las actuaciones administrativas del INVIAS, en los procesos sancionatorios en contra del contratista entre los que se encuentran la declaratoria de caducidad del contrato por el incumplimiento del contratista y la declaratoria de la ocurrencia del siniestro en el amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo.
Aclaran que el INVIAS no pudo impartir orden de inicio a la ejecución del contrato No. 3438 de 2007, debido a que nunca se dieron las condiciones para ello, toda vez que el contratista jamás puso a disposición el equipo requerido para la ejecución de los trabajos contratados y al no poder impartir la orden de inicio por causas inherentes al incumplimiento del contratista procedió a la declaratoria de caducidad del contrato No. 3438 de 2007.
Indica que el pliego de condiciones claramente estableció en el numeral 5.2. “información para el control de la ejecución de la obra”, que la aprobación del equipo requerido se constituía en requisito previo para que se impartiera la orden de inicio, por lo cual previamente a la suscripción del contrato y mediante oficio SMF-56377 del 28 de diciembre de 2007, la Subdirección Marítima y Fluvial requirió al adjudicatario precisión acerca del equipo que ejecutaría la obra, así como las previsiones que aquel tomaría en caso de que la draga fuera extranjera con relación al cumplimiento de la normatividad legal. Esto teniendo en cuenta que la base de contratación estipuló que la aprobación de los documentos que ellos solicitaron en el numeral 5.2. serían un requisito de ejecución del contrato y no de firma o legalización del mismo; es decir que la disposición de la draga se constituía en requisito sine quanon para que la entidad profiriera orden de inicio.
Recalca que el INVIAS efectuó las observaciones pertinentes al contratista en diferentes oportunidades a fin de que se concretara la disponibilidad de la draga como equipo principal para el inicio de la ejecución de la obra contratada, al igual que la documentación pertinente, sin que fuera posible el cumplimiento de dicho compromiso para poder dar inicio al contrato; lo que conllevó a la entidad contratante concluyera que se había presentado el incumplimiento grave del contrato, toda vez que con base en la información que aquel había aportado, no era factible que se cumpliera el contrato por la imposibilidad del contratista de aportar el equipo para ejecutar la obra.
Por lo anterior, agrega que el INVIAS inicia formalmente el proceso sancionatorio y se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos para la imposición de sanciones, vinculando de esta manera a la Aseguradora en calidad de garante, lo que concluye con la Resolución No. 02952 del 16 de junio de 2008 y posteriormente su confirmación mediante la Resolución No. 06270 del 11 de noviembre de 2008.
En dicho recurso, el accionante afirma que fue claro el incumplimiento del contratista, dado que impidió el desarrollo del contrato, paralizándolo antes de su inicio al no disponer del equipo necesario para su ejecución. A su juicio el contratista tenía la obligación legal y contractual de amortizar los anticipos a medida que fuera ejecutando la obra; los dineros del anticipo deberían ser utilizados únicamente en la ejecución del objeto contractual y su manejo se realizaría a través de una cuenta de manejo conjunto entre el contratista, el interventor y supervisor del contrato; y al no haberse iniciado la ejecución del contrato tal como consta en el acta de recibo definitivo de la obra en la cual se deja constancia que al no haber iniciado la obra tampoco podía haber amortizaciones de los valores recibidos como anticipo; por lo anterior el contratista no debió de disponer de los dineros del anticipo y efectuar su devolución a la entidad contratante.
En su criterio, el INVIAS actuó amparado bajo los preceptos de la buena fe, ya que no tuvo conocimiento, ni fue informado que el contratista registró en la entidad bancaria firmas correspondientes a personas distintas a las autorizadas por el INVIAS. Y aclara que el contrato no contó con interventoría toda vez que la entidad no impartió orden de inicio por la falta de disposición de la draga requerida para la obra.
Frente a la falta de gestión por parte de la entidad para la congelación de los recursos del anticipo depositado en la cuenta bancaria, desde el momento que expidió la Resolución por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato, el contratista tenía pleno conocimiento que los dineros del anticipo son recursos públicos, cuya disposición no es discre

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

recuperar los recursos públicos.
Para esta Delegada, las Resoluciones Nos. 7779 del 30 de diciembre de 2009 y 3123 de junio 28 de 2011, no adolecen de ningún vicio de nulidad de acuerdo con el artículo 84 del C.C.A., ya que está demostrado en el expediente que tanto el contratista como la aseguradora tuvieron la oportunidad y conocimiento del proceso administrativo que declaró la caducidad del contrato, donde claramente se especificó que la razón de la no ejecución del contrato se debió a la no inversión del anticipo entregado que afectó de manera grave y directa la ejecución del contrato que derivó en el no cumplimiento del objeto contractual; pues el contratista tenía la obligación legal y contractual de amortizar los recursos obtenidos a través del anticipo a medida que se fuera ejecutando la obra y éstos debieron ser utilizados únicamente en la ejecución del contrato No. 3438 de 2008, sin embargo dispuso de los mismos para fines distintos a los estipulados en el contrato.
Por lo anterior, es importante dejar claro que si bien es cierto el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS omitió incluir en la Resolución No. 02952 de 2008 la orden de hacer efectiva la garantía que cubre el amparo del anticipo, ésta ópera legalmente (artículo 14.1 del Decreto 4828 de 2008), pues la norma es clara cuando establece que en el caso de declararse la caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro.
Así las cosas, una vez declarada la caducidad del contrato, el INVÍAS no requería proferir otro acto administrativo para declarar el siniestro del anticipo, pues con la declaratoria de la caducidad, la entidad contratante ya quedaba habilitada para hacer uso de la garantía que amparaba el anticipo, pues existía un nexo común entre el incumplimiento del contrato y la no inversión y amortización del anticipo.
Posterior a la declaratoria de caducidad, la administración profirió consecuentemente la Resolución No. 7779 de 2009, la cual se fundamentó precisamente en la caducidad ya decretada, por lo tanto, la aseguradora no puede alegar vulneración del debido proceso, pues es claro que si conoció oportunamente lo que estaba sucediendo, y tuvo la oportunidad dentro del proceso administrativo de la caducidad para ejercer su derecho de defensa y contradicción, y tal como lo narra la Compañía Aseguradora en todos sus escritos dirigidos ante el Tribunal, esa entidad era conocedora del motivo por el cual se había declarado dicha caducidad, esto es, la no inversión y la amortización del anticipo en el contrato ya referido, situaciones éstas que operan en contravía de la posición de garante para la que se contrató la Compañía Aseguradora, pues las mismas responsabilidades y omisiones que hoy endilga a INVÍAS debieron ser cumplidas por ella como garante del proceso. Es decir, que todas las actividades derivadas de la declaratoria de caducidad que la firma contratante no realizara, debieron ser informadas por la empresa aseguradora de manera oportuna, para que como parte activa y en garantía del pacto de voluntades celebrado, la compañía de Seguros Suramericana contratada, coadyuvara en evitar cualquier pérdida de los recursos estatales comprometidos, y no utilizar ahora esa omisión como una justificación para evadir su responsabilidad, la cual también emana de un contrato solemne con el estado colombiano al constituir la póliza, máxime, que como expresa la misma aseguradora en sus argumentos: “el tercero garante, asegurador, como garante de buena fe, está protegido y autorizado por la Ley para intervenir en las actuaciones administrativas, con los mismos derechos y deberes, y responsabilidades de quienes son parte interesada”.
Esta Delegada deja en claro que el retiro que efectuó el contratista del anticipo valiéndose de actuaciones irregulares como el registro en la entidad bancaria de firmas no autorizadas por la entidad contratante, una vez declarada la caducidad, es un acto de mala fe hacia el Estado y que el INVÍAS debió tomar medidas para que dichos recursos fueran congelados y así evitar el retiro irregular de éstos (conducta disciplinariamente reprochable), que en manera alguna exime del deber contractual que tiene la aseguradora para con el INVIAS, de manera que no es de recibo para este agente del Ministerio Público, que se pretenda desconocer la obligación contractual ni mucho menos se pretenda la nulidad de los actos administrativos que declararon la ocurrencia del siniestro, por el hecho de que no se hubiera solicitado la congelación de los recursos del anticipo a Davivienda. Más, aunado a lo anterior también consideramos cierto que la compañía de seguros debió desarrollar actividades tendientes al amparo de los recursos, pues era conocedora (y ella misma lo afirma en el proceso) de cada uno de los pasos que se venían dando en el contrato de la referencia, además porque ese era su deber legal.
Cabe recordar en cuanto al manejo del anticipo que el contratista es el mayor responsable de lo ocurrido, pues él tiene conocimiento que estos son recursos públicos que le son entregados pero siguen siendo de la entidad pública y por esa razón se le solicita que garantice su inversión y manejo y se amortice con los pagos posteriores que se facturen durante la ejecución del contrato.
Por las anteriores consideraciones, esta Delegada conceptúa que este aspecto recurrido por el apelante no está llamado a prosperar. Esto quiere decir, que para esta Delegada tanto la Resolución No. 7779 de 2009, que decretó el siniestro del anticipo, así como la Resolución No. 3123 de 2011 impugnadas, la cual confirmó la primera decisión, no están viciadas de nulidad y son plenamente legales.
CONCLUSIÓN
Con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, y de conformidad con el marco teórico enunciado, la Procuraduría Cuarta Delegada ante ese Despacho, considera que la sentencia de primera instancia debe ser REVOCADA en su totalidad y solicita respetuosamente que la Aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., sea llamada a realizar el pago con cargo al amparo de “buen manejo y correcta inversión del anticipo”, exigido por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVÍAS.
Lo anterior porque en el presente asunto, se encuentra acreditado que la Aseguradora tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción y tenía el conocimiento del proceso que estaba siendo adelantado contra el [NOMBRE TACHADO] 2008 y del incumplimiento de manera total del contrato No. 3438 de 2008.
De la Honorable Magistrada,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2018-06-06. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201901280927380.DOCX).
