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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: no se pacta subordinación porque el contratista es independiente y autónomo en el cumplimiento de la labor. 3

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Fecha
2015-06-18
Radicado
D 2009-652-82745
Sección / Sala
SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
201511102144310.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: no se pacta subordinación porque el contratista es independiente y autónomo en el cumplimiento de la labor. 3

Regla de decisión

No se pacta subordinación porque el contratista es independiente y autónomo en el cumplimiento de la labor. 3.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Decreto 111 de 1996
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Se acuerda un valor por concepto de honorarios prestados. 4. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD-Fue vulnerado al ordenar la prestación de servicios sin el respaldo de un contrato Por tanto, constituye una desatención elemental para un jefe jurídico, ordenar la ejecución de actividades por fuera del plazo contractual, así como reconocer el pago de unos servicios que no tenían como fuente un contrato, y para los que además no se contaba con disponibilidad de recursos. En consecuencia, no solo desconoció la solemnidad y forma del contrato estatal, sino la prohibición para las autoridades de adquirir compromisos sin contar con la disponibilidad presupuestal que garantice que los ellos pueden ser atendidos; exigencia que encuentra fundamento en la necesidad de planificar el uso de los recursos públicos y prevenir que las entidades estatales asuman el pago de sumas de dinero para los cuales no se tiene certeza de su pronto y efectivo pago.

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Texto del documento 117.850 caracteres
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Ordenar continuar con la ejecución y suscribir las actas de liquidación por fuera del plazo de ejecución contractual CONTRATO ESTATAL-Marco normativo/CONTRATO ESTATAL-Solemnidad especial/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-Alcance En ese orden de ideas, su modificación, consistente en ampliación del plazo de ejecución o valor del contrato, también debe constar por escrito, y en caso de adicionarse su valor, se debe contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de recursos necesarios para asumir los nuevos compromisos. El certificado de disponibilidad presupuestal es el documento expedido por el jefe de Presupuesto, o quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos por la entidad correspondiente, el cual, además, afecta preliminarmente el presupuesto mientras se efectúa el respectivo registro presupuestal. De manera que previo a adquirir cualquier compromiso, la entidad estatal debe contar con el respaldo presupuestal que garantice su cumplimiento. CONTRATO ADICIONAL-No se suscribió para que respaldara la ejecución de las actividades desarrolladas por fuera del término contractual En este orden de ideas, está demostrado que vencido el término de duración de los contratos referidos, los contratistas siguieron prestando sus servicios hasta el 25 de julio de 2008, sin que se hubiera suscrito un contrato adicional que respaldara la ejecución de las actividades desarrolladas por fuera del término contractual. CONTRATO ESTATAL-Se siguió prestando los servicios profesionales contratados después de vencidos los términos de duración acordados/CONTRATO ESTATAL-No se contaba con disponibilidad presupuestal que garantizara su pago Así las cosas, se desconoció el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, en virtud del cual los contratos del Estado constarán por escrito, y el artículo 41 que reitera la formalidad de los contratos estatales, lo que no aconteció en el presente caso, ya que se siguieron prestando los servicios profesionales contratados después de vencidos los términos de duración acordados, sin que hubiere sido suscrito un nuevo contrato o modificación consistente en ampliación del plazo y valor del contrato, lo que, como se vio, debe también constar por escrito. Como consecuencia de lo anterior, resultó que al momento de liquidar los aludidos contratos, en las actas correspondientes se reconoció el valor por concepto de actividades ejecutadas por fuera del marco de un contrato estatal y para lo cual no se contaba con disponibilidad presupuestal que garantizara su pago, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996. CONTRATO ESTATAL-Los contratos objeto de investigación no podían seguir ejecutándose sin una adición o prórroga escrita al vencimiento de su término De manera que no puede aceptarse que los contratos objeto de investigación podían seguir ejecutándose sin una adición o prórroga escrita al vencimiento de su término, así fuera por voluntad de las partes extender su vigencia y en consecuencia adicionar su valor. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Definición según la jurisprudencia de la Corte Constitucional/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Características para diferenciarlo con el contrato laboral En relación con el contrato de prestación de servicios, la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo ha definido como aquel celebrado por el Estado en aquellos eventos en que determinadas actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una entidad estatal no pueden ser desarrolladas por personal de planta o cuando se requiere de conocimientos especializados. Para diferenciarlo del contrato laboral, dicha corporación ha establecido que tiene las siguientes características: 1. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales. 2. No se pacta subordinación porque el contratista es independiente y autónomo en el cumplimiento de la labor. 3. Se acuerda un valor por concepto de honorarios prestados. 4. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. Como se observa, no son las metas o la obtención de resultados lo que caracteriza a los contratos de prestación de servicios, como lo aduce la defensa del señor implicado, pues bien puede ocurrir que se pacte por un tiempo limitado la ejecución de una labor, que aunque es propia del funcionamiento o administración de la entidad estatal, no puede ser desarrollada por personal de planta, lo que claramente no implica la entrega de un resultado específico para el cabal cumplimiento del contrato. Tan cierto es que el objeto contractual se cumplió a cabalidad en el término acordado por las partes, que el departamento pagó a los contratistas el valor total del contrato, tal y como quedó plasmado en las actas de liquidación de cada uno de ellos. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Los servicios reconocidos en el acta de liquidación corresponden a actividades ejecutadas por fuera del marco de un contrato estatal En ese orden de ideas, los servicios reconocidos en el acta de liquidación de los contratos 004, 033 y 050 de 2008 corresponden a actividades que fueron ejecutadas por fuera del marco de un contrato estatal, y para lo cual tampoco se contaba con previa disponibilidad presupuestal. SERVIDOR PÚBLICO-Desatendió sus deberes de Cumplir y hacer que se cumplan De esta forma, lo que importa al derecho disciplinario es que con su conducta el funcionario desconozca el deber que lo orienta a comportarse conforme al ordenamiento jurídico, en tanto con esta se atente contra los fines y principios de la función pública, sin que se requiera que haya resultado dañoso. Lo relevante es el quebrantamiento sustancial de los deberes y no el perjuicio material al patrimonio del Estado, lo cual, si bien puede ser tenido en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta y el monto de la sanción, no afecta la ilicitud de la conducta. Es por esto que los argumentos expuestos en el recurso presentado por el apoderado del disciplinado, referentes a la ausencia de ilicitud sustancial, en tanto los contratistas no cobraron el monto reconocido en las actas de liquidación, el cual corresponde a las actividades ejecutadas sin respaldo contractual, no son de recibo para la Sala; basta con que se atente contra el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines para predicar la ilicitud de la conducta. ANTIJURIDICIDAD Desconocer que los contratos estatales y por ende sus modificaciones deben constar por escrito En este caso, la antijuridicidad de la conducta del doctor … radica en que al desconocer que los contratos estatales y, por ende, sus modificaciones deben constar por escrito, y que para adquirir cualquier compromiso que comprometa el presupuesto de la entidad pública se debe contar previamente con disponibilidad presupuestal que garantice que existen recursos suficientes para atender las obligaciones adquiridas, se atentó contra los principios que rigen la función pública y orientan su correcto funcionamiento. Con la formalidad del contrato estatal, la ley busca que las obligaciones de las partes sean claras, seguras y exigibles, por el interés general que involucran; así lo ha expresado la doctrina refiriéndose a la forma del contrato estatal: PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD-Fue vulnerado al ordenar la prestación de servicios sin el respaldo de un contrato Es así como ordenar la prestación de servicios sin el respaldo de un contrato, pone en peligro la seguridad de la relación y la exigibilidad de las obligaciones a cargo del contratista, además de que como en este caso, implicó posteriormente suscribir un acta de liquidación en la que se reconoció la prestación de unos servicios que no tuvieron ningún respaldo contractual y en la que se comprometió al departamento de La Guajira, a la cancelación de unos gastos para los que no se contaba con disponibilidad de recursos que garantizaran su pago. Conducta que a todas luces vulnera el principio de responsabilidad y atenta contra la contra la eficiencia y diligencia que orienta el desempeño de la función pública. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-El disciplinado no se cercioró de su existencia En el caso en examen y de acuerdo al acervo probatorio acopiado al proceso, la Sala advierte que ciertamente el disciplinado…, como supervisor de los contratos y jefe de la Oficina Jurídica, no realizó lo que resultaba primordial e imprescindible hacer, como lo era cerciorarse de la existencia de disponibilidad presupuestal y de un contrato o prórroga, previo a ordenar que los contratistas continuaran prestando sus servicios como abogados de la Gobernación. Le bastaba con revisar la existencia de estos documentos para abstenerse de obrar de la forma en que lo hizo. Era básico, elemental e imprescindible que para la ejecución de actividades los profesionales contaran con un contrato. Por tanto, constituye una desatención elemental para un jefe jurídico, ordenar la ejecución de actividades por fuera del plazo contractual, así como reconocer el pago de unos servicios que no tenían como fuente un contrato, y para los que además no se contaba con disponibilidad de recursos. CONTRATO ESTATAL-La falta de diligencia con la que actuó el disciplinado en un asunto tan primordial como lo es la solemnidad No encuentra justificación alguna la falta de diligencia con la que actuó el disciplinado en un asunto tan primordial como lo es la solemnidad del contrato estatal y la exigencia previa de disponibilidad presupuestal en la asunción de compromisos, para un servidor público en quien confluyen las calidades de abogado, jefe jurídico y supervisor de los contratos; por ende, no es de recibo el argumento defensivo referente a que el cumplimiento del objeto contractual dependía de la culminación de un proceso licitatorio y no de un término específico y que, por ende, el disciplinado obró con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria. En su lugar ordenó continuar con la ejecución de actividades, estando en condiciones de impedir que esto se llevara a cabo, con la consecuencia ya mencionada de comprometer al departamento, en la liquidación de los contratos, al pago de unos servicios para los que como se estableció, no existió disponibilidad presupuestal previa. Esta no es la conducta que se espera de un servidor público con formación de abogado, que se desempeña como jefe de la Oficina Jurídica del departamento y que, por ende, fue el encargado de ejercer la supervisión de los contratos tantas veces referidos. Su idoneidad y calidad profesional le exigían comportarse con estricto apego a la ley, más aun tratándose de la contratación estatal donde todo es reglado, donde los trámites y procedimientos deben ceñirse a las disposiciones que la regulan, y en la que por estar de por medio los recursos públicos, se exige un comportamiento diligente, eficiente y responsable por parte de quienes intervienen en ella. No se entiende cómo un funcionario con las calidades profesionales y competencias laborales para desempeñarse como jefe de la Oficina Jurídica de un departamento, que conocía en detalle los términos contractuales, que había solicitado la disponibilidad de recursos para que los contratistas pudieran seguir prestando sus servicios, actuó en forma tan descuidada; no solamente porque no verificó que a la expiración del plazo contractual se terminara toda actividad por parte de estos, sino también porque de manera crasa confirmó la ilegalidad al reconocer hechos cumplidos en la liquidación de los contratos, desatendiendo de esta forma aspectos elementales, obvios, imprescindibles y fundamentales de la contratación estatal. CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-No hay lugar a su configuración …, la causal de exclusión de responsabilidad no cobra sustento y, por ende, en este acápite concluimos que el elemento subjetivo (culpa gravísima por desatención elemental), conforme se calificó por el a quo, es correcta. COLISIÓN DE DEBERES-Aplicación doctrinaria/COLISIÓN DE DEBERES-Requisitos para que se configure como eximente de responsabilidad/COLISIÓN DE DEBERES-La causal se presenta cuando los servidores públicos están llamados al cumplimiento simultáneo y excluyente de deberes Para que se configure la causal de colisión de deberes, como doctrinalmente se le ha denominado a esta figura eximente de responsabilidad, se requiere: 1. Debe tratarse de por lo menos dos deberes constitucionales o legales, que tengan relación con la función o el servicio que se presta. 2. Uno de los deberes debe cumplirse en detrimento del cumplimiento del otro, por ser de mayor jerarquía que el incumplido. 3. El deber cumplido lo debe ser de forma estricta. 4. El compromiso del cumplimiento de los deberes debe estar en cabeza del mismo servidor público, y ellos deben cumplirse en un mismo tiempo y lugar. 5. Uno de ellos debe imponer un hacer; entre deberes de omisión no es posible la causal. 6. El agente debe tener conocimiento de que actúa para hacer prevalecer el deber de mayor jerarquía. Sobre el particular, resulta claro que la causal se presenta cuando los servidores públicos están llamados al cumplimiento simultáneo y excluyente de deberes que al estar en pugna llevan al funcionario a sacrificar uno de ellos para darle paso al de mayor categoría o relevancia; al respecto, el señor procurador General la Nación también ha señalado que: … En ese orden de ideas, como se advierte en la disculpa presentada por el funcionario, fue él mismo quien dio lugar al enfrentamiento de sus deberes por la negligencia en su actuar, toda vez que debió prever que los abogados quedarían sin contrato; no puede escudarse en la supuesta colisión para sustraerse del cumplimiento de la formalidad del contrato estatal y las normas presupuestales. En otras palabras, la colisión debe ser una situación apremiante y actual, que sorprenda al funcionario y lo lleve a tener que ponderar los deberes en pugna para darle prelación a uno de ellos, hipótesis que para la Sala no ocurrió en el presente caso, en tanto de haber sido diligente y eficiente en el cumplimiento de sus funciones y de haber existido la debida previsión, el disciplinado no se habría enfrentado a la supuesta colisión de deberes que ahora esgrime; le bastaba con haber gestionado con suficiente antelación los trámites encaminados a la consecución de recursos que permitieran la contratación de los profesionales de apoyo, para no verse inmerso en una situación que lo llevara a desconocer el ordenamiento jurídico so pretexto de no perjudicar los procesos de contratación del departamento. Como vemos, el primero de los requisitos para la configuración de la causal no se cumple a cabalidad, por lo que no habrá lugar a pronunciarse sobre los restantes. ILICITUD DE LA CONDUCTA-La disciplinada desconoció que los contratos estatales y sus modificaciones deben constar por escrito En este caso, la ilicitud de la conducta radica en que al suscribir las actas de liquidación en los términos expuestos, la gobernadora encargada desconoció que los contratos estatales y sus modificaciones deben constar por escrito, que las actividades ejecutadas por los contratistas no podían ser reconocidas por haberse ejecutado por fuera del término contractual y que al no haberse expedido disponibilidad presupuestal, no le estaba permitido comprometer al departamento al pago de un dinero para el que no existía disponibilidad de recursos que garantizara que la entidad podía atender dichos gastos. FUNCIÓN PÚBLICA-El desconocimiento de la norma presupuestal atenta contra los principios que la orientan Con su conducta, la disciplinada resultó adquiriendo obligaciones en nombre del departamento que evidentemente no tuvieron por fuente los contratos liquidados. En consecuencia, no solo desconoció la solemnidad y forma del contrato estatal, sino la prohibición para las autoridades de adquirir compromisos sin contar con la disponibilidad presupuestal que garantice que los ellos pueden ser atendidos; exigencia que encuentra fundamento en la necesidad de planificar el uso de los recursos públicos y prevenir que las entidades estatales asuman el pago de sumas de dinero para los cuales no se tiene certeza de su pronto y efectivo pago. Se trata de garantizar que quienes tienen a cargo el manejo de recursos públicos sean estrictos y responsables con el uso que se le dé; es por esto que el desconocimiento de la norma presupuestal referida atenta contra los principios que orientan el recto ejercicio de la función pública, para el efecto: eficiencia y responsabilidad. ERROR INVENCIBLE-En materia disciplinaria Esta colegiatura ha precisado que en materia disciplinaria el error excluyente de responsabilidad es el invencible, esto es, el error del cual no hubiese forma de salir (artículo 28-6 del CDU: Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria), y, en este caso, el error que la disciplinada esboza no la excluye de responsabilidad, pues resultaba vencible, en tanto la gobernadora encargada no demostró haber agotado todos los medios que tenía a su alcance para superar el error. Para la Sala no hubo un actuar cuidadoso y diligente de parte de quien se encontraba desempeñando el cargo de primera autoridad administrativa del departamento y responsable de la actividad contractual; la señora … no desplegó ninguna acción tendiente a informarse sobre la posibilidad de reconocer el pago de servicios ejecutados por fuera del término contractual, que no contaban con una adición escrita ni tampoco tenían respaldo presupuestal; de donde se concluye que no existe ningún espacio que permita hablar de error invencible excluyente de responsabilidad. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-Quien actúa en su nombre no puede excusarse en el desconocimiento de las normas a las que se encuentra sometida En adición a lo anterior, debe precisarse que quien actúa en nombre de la administración pública no puede excusarse en el desconocimiento de las normas a las que se encuentra sometida la actividad administrativa, pues al momento de formar parte de aquella, asume la responsabilidad de conocer y cumplir a cabalidad la normativa que resulta aplicable a su ejercicio. Por tanto, el principio general de derecho según el cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa adquiere mayor relevancia en tratándose de quienes ejercen funciones públicas. DEBER OBJETIVO DE CUIDADO-La disciplinada obligó al departamento al pago de compromisos que no contaban con respaldo presupuestal La disciplinada faltó al deber objetivo de cuidado de actuar con la diligencia necesaria en el ejercicio de sus funciones como gobernadora encargada del departamento de La Guajira, ya que como primera autoridad administrativa del ente territorial estaba llamada a cumplir sus deberes con estricto apego a la Ley; pero en su lugar firmó unas actas de liquidación sin percatarse de que lo allí consignado, lo que implicó obligar al departamento al pago de compromisos que no contaban con respaldo presupuestal ni tenían como fuente un contrato. FALTA DISCIPLINARIA-A título culpa grave …, la Sala Disciplinaria confirma la imputación de la falta disciplinaria a título de culpa grave, bajo el entendido que esta modalidad se predica por inobservancia del cuidado necesario que un gobernador diligente tendría en el cumplimiento de sus funciones, en tanto se tiene por cierto que su conducta, antes que orientarse a querer desconocer los deberes funcionales, fue el resultado de una errada creencia sobre la legalidad de su actuar, error de naturaleza vencible. SALA DISCIPLINARIA Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015) Aprobado en acta de sala n. ° 23 Radicación No: 161 – 5645 (IUS 2008 – 309205 IUC-D-2009-652-82745 ) Disciplinados: [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] Cargo: Gobernadora (e) y jefe de la Oficina Jurídica del departamento de La Guajira Quejoso: De oficio Fecha de la queja 22 de agosto de 2008 Fecha hechos: Junio y julio de 2008 Asunto: Apelación fallo de primera instancia P.D. PONENTE Dr. [NOMBRE TACHADO]. Con fundamento en las atribuciones conferidas en el numeral 1° del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, la Sala Disciplinaria procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de los disciplinados: [NOMBRE TACHADO], gobernadora (e) del departamento de La Guajira y [NOMBRE TACHADO], jefe de la Oficina Jurídica del departamento, en contra del fallo de primera instancia proferido el 12 de diciembre de 2012 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, por medio del cual les impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses y tres (3) meses, respectivamente, convertida en salarios. ANTECEDENTES PROCESALES La presente investigación disciplinaria tuvo su origen en la visita practicada a la Gobernación de La Guajira por parte de la Procuraduría Regional del departamento, en la que se evidenciaron posibles irregularidades en el trámite de la licitación LPA 002 de 2008, cuyo objeto consistió en la instalación y puesta en marcha de la segunda planta para el procesamiento de la piedra caliza en los hornitos zona rural del municipio de distracción (fols 2-4 cuad. 1). El 25 de agosto de 2008 la Procuraduría Regional de La Guajira inició indagación preliminar contra funcionarios de la Gobernación de La Guajira por determinar y decretó la práctica de algunas pruebas (Fols. 144-146 cuad. 1). Mediante auto del 19 de noviembre de 2008, la citada Procuraduría Regional remitió las diligencias, por competencia, al reparto de las procuradurías delegadas para la Contratación Estatal, correspondiéndole a la Segunda Delegada para la Contratación Estatal (Fols. 602-605 cuad. 4). El 31 de agosto de 2009, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de los servidores públicos de la Gobernación de La Guajira: JORGE EDUARDO PÉREZ BERNIER, gobernador del departamento, [NOMBRE TACHADO], gobernadora encargada, [NOMBRE TACHADO], jefe de la Oficina Jurídica, GEORÍN JESÚS BLANCHAR DÍAZ, secretario de Obras Públicas, [NOMBRE TACHADO] ROMERO, secretario de Hacienda y GINA PAOLA PÉREZ SOTO, secretaria de Desarrollo Económico; y LUIS EDUARDO GUTIERREZ DÍAZ, en su condición de funcionario de ingeominas. Los hechos presuntamente irregulares a dilucidar se concretaron en la adjudicación de la licitación LPA 002 de 2008 al Consorcio Guajira, a pesar de haberse advertido una presunta falsedad en la documentación aportada; permitir que contratistas de la Gobernación participaran en la audiencia de adjudicación sin tener contrato vigente, reconociendo, al parecer, hechos cumplidos y el posible direccionamiento de la licitación por parte del delegado de ingeominas, en su calidad de integrante del Comité Técnico del convenio interadministrativo 037 de 2007 (Fols. 609-612 cuad. 4). El 29 de marzo de 2011, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal archivó las diligencias respecto de la adjudicación de la licitación pública 002-2008 al Consorcio Guajira y el posible direccionamiento de la licitación en favor de uno de los proponentes; en consecuencia, se terminó el procedimiento iniciado en contra de los servidores públicos: JORGE EDUARDO PÉREZ BERNIER, gobernador del departamento de La Guajira, [NOMBRE TACHADO], gobernadora encargada, [NOMBRE TACHADO], jefe de la Oficina Jurídica, GEORÍN JESÚS BLANCHAR DÍAZ, secretario de Obras Públicas, [NOMBRE TACHADO] ROMERO, secretario de Hacienda, GINA PAOLA PÉREZ SOTO, secretaria de Desarrollo Económico y LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ DÍAZ, funcionario de ingeominas, en lo que tiene que ver puntualmente con estos dos hechos. A la par se formularon cargos contra los servidores públicos [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] en sus condiciones de gobernadora encargada y jefe de la Oficina Jurídica del departamento de La Guajira, respectivamente (Fols. 738-747 cuad. 4). Los disciplinados presentaron en tiempo sus correspondientes descargos, la primera a través de su apoderado de confianza y el segundo por intermedio del defensor de oficio designado (Fols. 738 a 747, 780-794, 821-825 cuad. 4). El 22 de septiembre de 2011, la Delegada cognoscente se pronunció sobre las pruebas solicitadas en descargos y el 30 de enero de 2012 corrió traslado a los sujetos procesales para presentar alegatos de conclusión (Fols. 826 y 851 cuad. 4). El apoderado de la disciplinada y el defensor de oficio del disciplinado presentaron sus alegatos dentro del término; el 7 de febrero de 2012 el señor [NOMBRE TACHADO] le confirió poder al doctor [NOMBRE TACHADO], quien también allegó escrito de alegatos, en el que además solicitó la nulidad del proceso (Fols. 872-876, 877-891, 892-894 cuad. 5). La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal profirió fallo de primera instancia el 12 de diciembre de 2012, mediante el cual declaró disciplinariamente responsable del cargo imputado a los funcionarios [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], y les impuso sanción consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) y tres (3) meses, respectivamente; convertida en salarios (Fols. 896-907 cuad. 5). El 18 de diciembre de 2012 se notificó en forma personal al apoderado del disciplinado [NOMBRE TACHADO] y por edicto 594, que se fijó el 3 de enero de 2013 y se desfijó el 8 de enero de 2013, fueron notificados los disciplinados (fols. 910, 930-931 cuad. 5). Con edicto 29, fijado el 18 de enero de 2013 y desfijado el 22 de enero de 2013, se notificó al apoderado del disciplinado, doctor [NOMBRE TACHADO] (Fols. 934 cuad. 5). El 20 de febrero de 2013, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto (fols 939-940 cuad 5). PROVIDENCIA RECURRIDA El 12 de diciembre de 2012 la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, luego de hacer una síntesis de los antecedentes procesales y de resumir los cargos formulados, descargos y alegatos, sustentó la sanción impuesta a los disciplinados [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] con base en los argumentos que a continuación se sintetizan: Señaló que la conducta investigada tiene que ver con las presuntas irregularidades consistentes en suscribir las actas de liquidación de los contratos de prestación de servicios 004, 033 y 050 de 2008, en donde se reconoció a los contratistas el pago adicional por la ejecución de actividades realizadas por fuera del plazo de ejecución contractual, sin que hubiere sido suscrito un contrato adicional con la existencia de previa disponibilidad presupuestal. Indicó que los profesionales contratados por la Gobernación de La Guajira para prestar apoyo jurídico en los procesos contractuales, Laura Rosana Bonivento, Lilly Paola Ureche Iguarán y [NOMBRE TACHADO], participaron en la evaluación y adjudicación de la licitación pública LPA 002-2008 cuando ya se encontraban vencidos sus contratos de prestación de servicios. Explicó que de acuerdo al material probatorio recaudado, los contratos 004, 033 y 050 de 2008 iniciaron su ejecución el 12, 13 y 27 de marzo de 2008 respectivamente; los tres contratos tenían un plazo de tres meses, por lo que su vencimiento tuvo lugar el 12, 13 y 27 de junio de 2008; sin embargo, los contratistas aparecen suscribiendo el acta de la audiencia de adjudicación de la licitación LPA 002-2008 el 14 de julio de 2008. Señaló que las actas de liquidación de los contratos enunciados fueron suscritas el 31 de julio de 2008 por la señora [NOMBRE TACHADO], gobernadora del departamento de La Guajira (e) y [NOMBRE TACHADO], jefe de la Oficina Jurídica, quien actuó como supervisor de los contratos. A los tres contratistas se les reconoció el pago de días laborados adicionales al plazo de ejecución del contrato. Dijo que la situación antes descrita ha sido reconocida por la doctrina y la jurisprudencia como «hechos cumplidos» y que al respecto el Consejo de Estado al abordar el tema ha indicado que el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito; entonces, la forma como se materializa el vínculo jurídico es escrita. La misma corporacion ha señalado que el artículo 41 del estatuto contractual revistió a la forma escrita de un valor ad solemnitatem o ad substantiam actus, al predicar que el acto o negocio jurídico solo nace a la vida jurídica cuando adopta esa forma obligatoria. Adicionalmente, la Ley Orgánica del Presupuesto dispone que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Además, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos no sean desviados a ningún otro fin. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible; cualquier compromiso que se adquiera con violación a estos preceptos creara responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones. El a quo citó apartes del pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo (rad. 2001-23-31-000-2001), en el que sobre los denominados «hechos cumplidos» señaló lo siguiente: […] La legislación es, pues, clara en impedir la consolidación de los efectos de un negocio jurídico que no se avenga a este cauce legal, al exigir que las partes han de elevarlo a escrito y contar con el registro presupuestal. En otras palabras, el contrato únicamente existe, una vez se satisface el requerimiento de la forma documental y su registro presupuestal, que de no cumplirse priva de efectos jurídicos al acuerdo de voluntades y, por lo mismo, no puede entrar a ejecutarse. En suma, la contratación estatal verbal está, pues, excluida, prohibida o proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. (…) Por lo demás, la ratificación expresa posterior que permite la ley (inc. 1 art. 898 C.Co.) dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes, perfecciona el acto inexistente tan sólo en la fecha de tal ratificación y no constituye una habilitación para normalizar o subsanar lo que comúnmente se denominan “hechos cumplidos”, mediante el acta de liquidación, al tratarse de supuestos surgidos por fuera del marco del contrato, o lo que es igual, extracontractuales. No puede pretenderse, entonces, “legalizar” la ejecución de unas prestaciones con el ulterior perfeccionamiento del contrato y, además, pretender el reconocimiento de sumas de dinero en el acta de liquidación. (…) De suerte que únicamente las actuaciones del contratista que se lleven a cabo dentro del marco de la ejecución del contrato estatal debidamente perfeccionado se podrán entender como parte de la ejecución del objeto contractual, y por ende el acta de liquidación del mismo solo podrá consignar materias atinentes a las actividades contractuales. Dicho en otros términos, si entre una entidad estatal y un particular surgen relaciones sinalagmáticas sin que hayan sido elevadas a escrito ni obtenido el registro presupuestal respectivo, no se está delante de una relación contractual, porque no existe contrato y por lo mismo el acta de liquidación no será el documento idóneo para involucrar obligaciones que no tengan por fuente el contrato […]. Dijo que cuando los abogados Laura Rosana Bonivento, Lilly Paola Ureche Iguarán y [NOMBRE TACHADO] firmaron el acta que recogíó la audiencia de adjudicación de la licitación pública LPA-002 de 2008 del 14 de julio de 2008, el contrato suscrito con la Gobernación de La Guajira ya había finalizado y, por tanto, se encontraban desarrollando labores que no estaban amparadas ni contractual ni presupuestalmente. Se refirió a las actas de liquidación de los aludidos contratos, y transcribió apartes de cada una de ellas resaltando la expresa mención, que en todas se hizo a la orden impartida por el jefe de la Oficina Jurídica, de continuar con la ejecución del contrato aun cuando este ya se encontraba vencido. Transcribió apartes del acta de liquidación del contrato 004 del 2008, suscrito con Laura Rosana Bonivento Martínez, así (fol. 339 cuad. 2): […] en fecha 10 de junio del 2008 por oficio suscrito por el jefe de la oficina jurídica Dr. [NOMBRE TACHADO] se ordenó continuar con la ejecución del contrato previa solicitud que se hiciera al Secretario de Hacienda Departamental de disponibilidad presupuestal, habida cuenta de la necesidad del servicio existente en el Departamento de La Guajira, debido a los procesos contractuales que se encontraban en curso en ese momento (…) De lo anterior tenemos entonces que a partir de la fecha de inicio del contrato hasta la fecha que se solicitó la suspensión del servicio transcurrieron cuatro meses y 13 días de los cuales se ha (sic) cancelado 3 meses, teniendo entonces que el Departamento de La Guajira adeuda a EL CONTRATISTA el valor correspondiente a un mes 13 días, es decir, la suma de CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS […] Sostuvo que en lo que respecta al contrato 050 de 2008, suscrito con Lilly Paola Ureche Iguarán, en el acta de liquidación se reconoció el valor de tres millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos ($3.149.999) por concepto de 27 días adicionales al plazo de ejecución, y que en el caso del contrato 033 de 2008, suscrito con Ricardo Alejandro Torres Benjumea, se reconoció un valor de cinco millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos ($5.999.999) correspondiente a un mes y doce días. Mencionó lo manifestado en la versión libre rendida por el señor [NOMBRE TACHADO], secretario de Hacienda de la época, quien señaló que, en efecto, le fueron solicitadas las disponibilidades presupuestales para legalizar los contratos de los profesionales citados, pero que estas no pudieron ser atendidas de manera inmediata porque eran gastos de funcionamiento y en el presupuesto de la administración departamental existían dificultades financieras para esos rubros. El a quo afirmó que si bien es cierto, en un principio, existía unos contratos que vinculaban a los contratistas con la administración departamental, los cuales se encontraban amparados por la disponibilidad presupuestal correspondiente, también lo es que los contratos no fueron ampliados en tiempo ni en valor, y la labor que siguieron ejecutando los abogados tampoco se encontraba respaldada financieramente. Que, por tanto, con la suscripción de las actas de liquidación de los contratos de prestación de servicios, el 31 de julio de 2008, se pretendió darle un manto de aparente legalidad a la labor que ejecutaron los abogados contratistas por fuera del plazo contractual, con lo cual legalizaron estos hechos cumplidos. Se pronunció sobre los argumentos expuestos por la defensa de la gobernadora encargada, [NOMBRE TACHADO], alusivos al plazo de los contratos y precisó que, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el contrato estatal existen dos momentos en los cuales se presentan situaciones jurídicas diferentes: el primero, el plazo de la ejecución del contrato, en el cual el contratista debe dar cumplimiento a la ejecución del objeto contractual pactado, y el segundo, el plazo para la liquidación bilateral, en el cual la administración debe verificar su cumplimiento. Señaló que los contratos analizados, de acuerdo al plazo estipulado, terminaron el 12, 13 y 27 de junio, y que vencido este, los contratos quedaron en un estado de liquidación, momento en el cual ya no era viable continuar con su ejecución, máxime si su plazo nunca fue ampliado y no existía disponibilidad presupuestal. En lo que tiene que ver con que los argumentos de defensa del apoderado del disciplinado [NOMBRE TACHADO], alusivos a que el objeto contractual de los contratos de prestación de servicios se encontraba pendiente, en tanto no había culminado el proceso licitatorio para el cual los profesionales habían sido contratados, el a quo precisó que si bien es cierto el objeto tenía relación con los procesos contractuales de la administración departamental, también lo es que este no hacía referencia puntual al proceso relativo a la licitación pública LPA 002 de 2008, ni mucho menos a su culminación, lo que eventualmente hubiera permitido que los objetos contractuales se ejecutaran en forma independiente del término que se hiciera necesario para llevar a cabo el proceso y para lo cual no hubiese sido necesario, por ejemplo, adicionar los contratos en su valor. Se refirió a la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria consagrada en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, y dijo que no es posible afirmar que el jefe de la Oficina Jurídica se encontraba ante una situación de peligro extrema, actual o inminente de tal entidad que hiciera viable transgredir las normas de índole contractual y presupuestal reprochadas en la imputación formulada. Al referirse a la estructura de la falta disciplinaria, dijo que los disciplinados vulneraron el artículo 39 inciso 1° de la Ley 80 de 1993, que establece la forma del contrato estatal; el artículo 41 inciso 1 y 2 de la misma ley, sobre perfeccionamiento de los contratos, y el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, que alude a la necesidad de contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender los gastos. Lo anterior, bajo el entendido de que los investigados incumplieron los deberes que el cargo les demandaba, al omitir el cumplimiento de las normas contractuales que exigen elevar a escrito el contrato estatal y contar con previa disponibilidad presupuestal para adquirir compromisos que afecten el presupuesto departamental. La falta se calificó como grave (numeral 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002), y en el caso de la disciplinada ASTRID HERNÁNDEZ se varió el grado de culpabilidad de culpa gravísima a culpa grave, por cuanto consideró que la gobernadora encargada actuó con descuido y negligencia en tanto lo mínimo que debió haber hecho al momento de suscribir el acta de liquidación de los contratos de prestación de servicios debió haber sido verificar que existiera partida presupuestal para cancelar los dineros adeudados. En lo que tiene que ver con el disciplinado [NOMBRE TACHADO], se mantuvo el grado de culpabilidad de culpa gravísima, dado la desatención elemental de las normas que debía observar, pues como jefe de la Oficina Jurídica y supervisor de los contratos No. 004, 033 y 050 de 2008 tenía el conocimiento de los deberes de su cargo, especial lo relativo al requerimiento legal de elevar a escrito los contratos, incluidos los de adición y prórroga, y el cumplimiento de las normas presupuestales. Como supervisor del contrato, tenía el deber de controlar la ejecución, específicamente el cumplimiento de las actividades dentro del plazo de ejecución y velar porque, en caso de necesitarse la extensión de tales servicios, se cumplieran los requerimientos de formalización a través de un contrato escrito y la previa disponibilidad presupuestal. RECURSO DE APELACIÓN Dentro del término para impugnar, los disciplinados [NOMBRE TACHADO] y DANILO RAFAEL ARAUJO, gobernadora encargada y jefe de la Oficina Jurídica del departamento de La Guajira, a través de sus apoderados, interpusieron sendos recursos de apelación contra la decisión sancionatoria del 12 de diciembre de 2012, adoptada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, en el proceso radicado IUS-2008-309205, argumentos que se resumen a continuación, en forma separada, frente a cada uno de los sujetos investigados: Apelación de [NOMBRE TACHADO], jefe de la Oficina Jurídica (Fols. 911-921 cuad. 5): 1. No comparte el criterio mediante el cual la responsabilidad se declara de cualquier violación a la norma por el solo hecho de conocerla, sin atender a diferentes consideraciones de orden material expuestos en los alegatos de conclusión. Existen causales de justificación, como eventualidades en las que un funcionario, a pesar de infringir una norma, no es responsable. 2. Su defendido estaba a cargo de la Oficina Jurídica de la Gobernación de La Guajira, donde le fueron asignados tres contratistas para llevar a cabo todo el proceso de contratación. Los procesos de licitación estaban programados y, de acuerdo con dicha programación, se proyectó que los contratos de los abogados podían durar inicialmente tres meses; sin embargo, surgieron eventualidades, razón por la cual algunos procesos se extendieron por más de dicho periodo, entre ellos la licitación LPA 002 de 2008. 3. En la Gobernación de La Guajira se encontraban en curso más de diez procesos de contratación, muchos de ellos manejados por los contratistas Laura Rosana Bonivento, Lilly Paola Ureche Iguarán y [NOMBRE TACHADO], quienes trabajaban bajo la supervisión del jefe de la Oficina Jurídica, pero «los detalles eran manejados por los contratistas de conformidad con el principio de división del trabajo. No se necesita de mucha imaginación para conocer el traumatismo que puede causar que una oficina jurídica en pleno proceso de contratación quede sin abogados antes de la adjudicación». El señor [NOMBRE TACHADO], el 10 de junio de 2008 solicitó la disponibilidad presupuestal para seguir contando con los profesionales debido a la necesidad urgente de continuar con sus servicios. 3. Por problemas presupuestales la Oficina Jurídica debió quedarse sin abogados en medio de varios trámites de licitación, por lo que ante la negativa de la parte financiera de dar disponibilidad presupuestal, su defendido procedió a solicitar la suspensión de actividades y la liquidación de los contratos, mediante oficio del 25 de julio de 2008, como quedó anotado en el acta de liquidación del 31 de julio de 2008, dando así por terminados los contratos y reconociendo en el acta las adiciones de obra que realizaron los contratistas, conforme lo autoriza el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. - Plantea la inexistencia de ilicitud sustancial, pues sostiene que el incumplimiento de la norma se produjo ante la apremiante situación de no quedarse sin abogados, cuando se encontraban en curso varios procesos contractuales. Dice que este es uno de los casos en que lo presupuestal y lo operativo riñen, y que era necesario que el personal siguiera laborando en esas circunstancias para garantizar el correcto trámite de los contratos. Afirma que podía acudirse a la modificación unilateral del contrato, adicionando trabajo por cuanto el objeto contractual aún no se había terminado y las circunstancias eran apremiantes. La situación estaba justificada «para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público» y a pesar de que no se utilizó dicha figura, los contratistas entendieron que su contrato no se había acabado, pues existían labores que aún no se habían cumplido. - Luego de transcribir algunos apartes del fallo en los que se precisa cuál era el objeto de los contratos de prestación de servicios, sostuvo que a diferencia de los contratos laborales, aquellos se caracterizan por la obtención de resultados y, en ese orden de ideas, si la meta o el resultado concreto que exigía el jefe de la Oficina Jurídica era culminar con la adjudicación de un proceso de contratación, el contratista debía entregar ese resultado para que su trabajo se recibiera a satisfacción. Por ello es que un contrato de prestación de servicios no depende del tiempo, sino de la culminación de la labor encomendada. Concluye el recurrente, invocando en este punto la causal de ausencia de responsabilidad contemplada en el artículo 28, numeral 6 del C.D.U. Argumenta que «no es lo mismo que los contratistas hubiesen reclamado las sumas o hubiesen interpuesto las acciones para reclamarlas, a que no se produjese ninguna de las dos opciones y por tanto nunca se produzca un daño patrimonial para el Departamento». Insiste en que en este caso existió un riesgo, pero no un daño, por lo que la calificación de la conducta debe ser diferente. Además, alega que la obligación de probar la responsabilidad y el daño es del Estado, y si la Procuraduría no tiene pruebas de ese daño, la duda debe resolverla a favor del investigado. Reitera que en el presente caso existió una colisión de deberes, ya que por una parte se debía evitar el riesgo de dejar a la Gobernación sin control y protección jurídica en un proceso arduo de contratación, en el que se habían advertido falsedades, y por la otra, el deber de cumplir con las normas de contratación estatal relativas al presupuesto. Situación que además incide en la sanción, pues no es lo mismo que un funcionario público desconozca las normas para apropiarse de dineros del Estado o buscar favorecer a terceros, a que un funcionario desconozca normas para proteger los intereses del Estado o prevenir riesgos inminentes, como lo es el de quedarse sin personal para revisar y realizar las labores operativas que implicaban las licitaciones en curso. Por último, solicita que se exonere a su defendido de los cargos imputados y, en subsidio, se imponga la sanción más leve. Apelación de ASTRID DEL SOCORRRO HERNÁDEZ, gobernadora (e) (Fols. 935-938 cuad. 5): El defensor de la disciplinada adujo que ella actuó en la liquidación de los contratos de marras, con un error invencible en su conducta, pues confiaba, bajo el principio constitucional de buena fe y confianza legítima, en el jefe de la Oficina Jurídica y supervisor de los contratos [NOMBRE TACHADO]. El error se constituyó cuando la disciplinada fue inducida por el abogado Danilo Araujo a firmar las correspondientes liquidaciones de los contratos y la solicitud de disponibilidad presupuestal. Existió invencibilidad del error por la falta de comprensión equivocada o apreciación distorsionada de las normas contractuales originada por la «amañada» explicación del jefe de la Oficina Jurídica. La disciplinada era de la Secretaría de Planeación y fue nombrada como gobernadora encargada por unos pocos días, por lo que no tenía por qué conocer los pormenores de la infinidad de los contratos que se manejaban en la Gobernación y, en consecuencia, debía confiar en el jefe de la Oficina jurídica, quien era el encargado de preparar jurídicamente todos los trámites contractuales del departamento, además de ser el supervisor de los contratos y especialista en derecho administrativo. El recurrente se refiere al error como eximente de responsabilidad y reitera que su defendida actuó con error invencible, toda vez que no era abogada, no conocía al detalle los pormenores de la actividad precontractual, contractual y post contractual del departamento; actuó de buena fe, creyendo lo que el jefe jurídico le argumentó. Solicita tener en cuenta los siguientes hechos indicadores: ¿Quién supervisó los contratos desde los estudios previos, su inicio, ejecución y liquidación? ¿Quién autorizó la continuación de la actividad de los contratistas, a pesar de haber expirado el plazo, sin otrosí o prórroga? ¿Quién tenía la calidad de abogado y especialista en derecho administrativo? ¿Quién argumentó la curiosa tesis de los dos momentos de ejecución y terminación del contrato? Finalmente, solicita se revoque la sanción impuesta a su defendida dando aplicación a la causal de exclusión de responsabilidad del artículo 28 numeral 6 de la Ley 734 de 2002. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA 1. Competencia de la Sala Disciplinaria: La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos por los defensores de los disciplinados, con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, en razón a que el fallo de primera instancia fue proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal. Para resolver el recurso de apelación es necesario, en primer lugar, establecer los supuestos fácticos y jurídicos de los cargos imputados, y en segundo lugar, confrontar las posiciones contrapuestas del fallador de primera instancia y los disciplinados con el fin de resolver los problemas jurídicos que se proponen, para cuyo análisis la Sala se pronunciará sobre los diferentes aspectos de la impugnación y aquellos otros que resulten vinculados, de manera inescindible, al objeto de esta, conforme lo establece el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002. Teniendo en cuenta que son dos los sujetos sancionados, la Sala iniciará el estudio separado para cada uno de ellos, transcribiendo cada imputación fáctica jurídica conforme a la descripción contenida en el auto de cargos proferido el 29 de marzo de 2011 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal (Fols. 738-747 cuad. 4). 2. Cargos formulados: 2.1. Disciplinado [NOMBRE TACHADO], en su condición de jefe de la Oficina Jurídica del departamento de La Guajira (fol. 644 cuad. 4) y supervisor de los contratos de prestación de servicios 004, 033 y 050 de 2008: Se le cuestionó la siguiente conducta: El investigado, señor [NOMBRE TACHADO], en su condición (sic) Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento de La Guajira y supervisor de los contratos de prestación de servicios No. 004, 033 y 050 de 2008 para la época de los hechos, posiblemente incurrió en irregularidad disciplinaria al ordenar que se continuara con la ejecución de los mismos con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución pactado en dichos bilaterales y al posteriormente suscribir las actas de liquidación de dichos contratos, en donde fue reconocido a los contratistas el pago adicional por ejecución de actividades realizadas por fuera del plazo de ejecución contractual, sin que hubiera sido suscrito un contrato adicional con la existencia de previa disponibilidad presupuestal. Se citaron como infringidos los artículos 39 (inciso 1) y 41 (inciso 1 y 2) de la Ley 80 de 1993, y 71 del Decreto 111 de 1996. Con el desconocimiento de dicha normativa, el a quo tuvo por vulnerado el artículo 34 (numerales 1 y 2) de la Ley 734 de 2002 que consagra como deberes de los servidores públicos: cumplir y hacer que se cumplan las leyes, los decretos, los estatutos de la entidad y los reglamentos, y cumplir con diligencia y eficiencia el servicio que le sea encomendado. La falta se calificó como grave, en virtud de los criterios consagrados en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, y se atribuyó a título de culpa gravísima por desatención elemental. 2.2 Disciplinada [NOMBRE TACHADO], en su condición de gobernadora encargada del departamento de La Guajira, según Resolución 948 del 29 de julio de 2008, por medio de la cual fue encargada de las funciones del despacho del gobernador, durante los días 30 y 31 de julio de 2008 (fol. 399 cuad. 2): Se le cuestionó la siguiente conducta: La investigada señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Gobernadora encargada del Departamento de La Guajira para la época de los hechos, posiblemente incurrió en irregularidad disciplinaria al suscribir las actas de liquidación de los contratos de prestación de servicios No. 004, 033 y 050 de 2008, en donde fue reconocido a los contratistas el pago adicional por ejecución de actividades realizadas por fuera del plazo de ejecución contractual, sin que hubiera sido suscrito un contrato adicional con la existencia de previa disponibilidad presupuestal. El a quo citó como infringida la misma normativa señalada al disciplinado: artículo 39 (inciso 1) y 41 (inciso 1 y 2) de la Ley 80 de 1993, y 71 del Decreto 111 de 1996 y 34 (numerales 1 y 2) de la Ley 734 de 2002. La falta se calificó como grave en virtud de los criterios consagrados en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, y aun cuando en el auto de cargos se atribuyó a título de culpa gravísima; esta forma de culpabilidad fue modificada en el fallo a la modalidad de culpa grave. 3. Análisis de fondo 3.1 Marco normativo: La Ley 80 de 1993 determina en forma expresa la solemnidad del contrato estatal en sus artículos 39 y 41 al señalar que deberá constar por escrito, requisito necesario para su perfeccionamiento, sin el cual no pueden entenderse contraídas las obligaciones de los contratantes. Ley 80 de 1993, Artículo 39: De la Forma del Contrato Estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, y en general aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad Artículo 41 de la Ley 80 de 1993: Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. En ese orden de ideas, su modificación, consistente en ampliación del plazo de ejecución o valor del contrato, también debe constar por escrito, y en caso de adicionarse su valor, se debe contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de recursos necesarios para asumir los nuevos compromisos. Al respecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 18 de febrero de 2013 precisó: […] De conformidad con las normas transcritas (artículos 39 y 41 Ley 80), respecto de los contratos estatales no es posible afirmar que con el simple consentimiento de las partes puedan ser perfeccionados, de lo cual se colige, de manera directa, que la modificación de los mismos, consistente en adición de obras, valor y período para la ejecución, también debe constar por escrito para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez. Esto último, en cuanto que la modificación respecto de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero […] (Subrayado fuera de texto). Por su parte el Estatuto Orgánico del Presupuesto - Decreto 111 de 1996 – dispone en el artículo 71 lo siguiente: Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. […] En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. […]. El certificado de disponibilidad presupuestal es el documento expedido por el jefe de Presupuesto, o quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos por la entidad correspondiente, el cual, además, afecta preliminarmente el presupuesto mientras se efectúa el respectivo registro presupuestal. De manera que previo a adquirir cualquier compromiso, la entidad estatal debe contar con el respaldo presupuestal que garantice su cumplimiento. 3.2 Análisis y valoración jurídica de las pruebas y del recurso de apelación. La Sala Disciplinaria procederá a realizar un análisis conjunto del fallo recurrido respecto del único cargo imputado a los disciplinados, teniendo en cuenta que la descripción fáctico-jurídica tiene un núcleo común relacionado con haber suscrito las actas de liquidación de los contratos de prestación de servicios 004, 033 y 050 de 2008, en donde se reconoció a los contratistas el pago adicional por la ejecución de actividades realizadas por fuera del plazo de ejecución contractual, sin que hubiera sido suscrito un contrato adicional con la existencia de previa disponibilidad presupuestal; agregándose para el disciplinado DANILO RAFAEL ARAUJO el reproche por haber dado la orden de continuar con la ejecución de dichos contratos con posterioridad a su vencimiento, sin contrato adicional y previa disponibilidad presupuestal. Están demostrados dentro del presente proceso los siguientes hechos: - El departamento de La Guajira celebró los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales: Contrato 033 del 29 de febrero de 2008, suscrito con ricardo alejandro torres benjumea, por valor de doce millones de pesos ($12.000.000.oo), cuyo objeto consistió en: «el contratista se compromete para con el departamento a prestar sus servicios profesionales de asesoría jurídica y apoyo administrativo en la coordinación al equipo (auxiliar, técnico, profesional y especializado) de la oficina de contratación estatal del departamento de la guajira, en aras de garantizar los procesos contractuales y/o convencionales en sus etapas» (Fols. 301-303 cuad. 2). Contrato 004 del 29 de febrero de 2008, suscrito con laura rosana bonivento martínez, por valor de diez millones quinientos mil pesos ($10.500.000.oo), cuyo objeto consistió en: «el contratista se compromete para con el departamento a prestar sus servicios profesionales como abogado especializados (sic) en la asesoría jurídica de los procesos contractuales y/o convencionales en sus etapas preparatoria, pre contractual, contractual y post contractual, que adelante el departamento de la guajira» (Fols. 354-357 cuad. 2). Contrato 050 del 5 de marzo de 2008, suscrito con lilly paola ureche iguarán, por valor de diez millones quinientos mil pesos ($10.500.000.oo), cuyo objeto consistió en: «el contratista se compromete para con el departamento a prestar sus servicios profesionales como abogado especializados (sic) en la asesoría jurídica de los procesos contractuales y/o convencionales en sus etapas preparatoria, pre contractual, contractual y post contractual, que adelante el departamento de la guajira» (Fols. 316-319 cuad. 2). En los dos primeros casos, los contratos fueron suscritos por el gobernador encargado Idelfonso Medina Romero, y el contrato 050 por el también gobernador encargado José Antonio Manjares Ariza. En la cláusula tercera de los contratos se estableció que su término de duración sería de tres (3) meses contados a partir de su perfeccionamiento y la expedición del respectivo registro presupuestal, teniéndose entonces como fecha de inicio de los aludidos contratos el 13 (contrato 033), 12 (contrato 004) y 27 (contrato 050) de marzo de 2008, por lo que el vencimiento del plazo acordado ocurrió el 13, 12 y 27 de junio de 2008, respectivamente. En la cláusula décimo cuarta de los tres contratos se dejó consignado que la supervisión sería ejercida por el departamento a través del jefe de la Oficina Jurídica. «EL DEPARTAMENTO ejercerá la supervisión, control y seguimiento de este contrato a través del Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento quien certificará mensualmente el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA» (Fols. 302, 318, 356 cuad. 2). - El 10 de junio de 2008, el jefe de la Oficina Jurídica del departamento de La Guajira, [NOMBRE TACHADO] remitió un oficio al señor [NOMBRE TACHADO], en donde le expresó lo siguiente: […] En atención a los contratos de la referencia, relacionados con los profesionales de la Unidad de contratación estatal (abogados [NOMBRE TACHADO], LILLY PAOLA URECHE IGUARAN, JUAN SUAREZ LOPEZ Y LAURA ROSANA BONIVENTO MARTÍNEZ) me permito manifestarle, que previo al vencimiento del termino de (sic) duración de los mismos, estos profesionales deberán permanecer en ejercicio de sus actividades, puesto que se están adelantando las diligencias presupuestales para el soporte de la nueva contratación que permita seguir contando sin contratiempo alguno con dicho personal. Lo anterior obedece a que en la actualidad cursan varios procesos contractuales en sus diversas modalidades y la unidad de contratación no puede quedar acéfala en sus funciones. Vale anotar que ante la secretaría de hacienda del Departamento se han hecho las respectivas solicitudes de disponibilidad presupuestal para garantizar los recursos que implica la nueva contratación […] (fol 285 cuad 2). En la misma fecha, el dr. ARAUJO envió oficio al secretario de Hacienda Departamental en el que le solicitó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por valor de $51.000.000.oo., con el fin de atender el siguiente compromiso: «contratos de prestación de servicios profesionales para abogados externos de la unidad de contratación estatal» (fol. 286 cuad. 2). - Mediante oficio del 25 de julio de 2008, el disciplinado [NOMBRE TACHADO] informó al señor [NOMBRE TACHADO], coordinador de la Oficina de contratación: […] que se ha hecho imposible la consecución de la disponibilidad presupuestal correspondiente para la nueva contratación, por lo que de manera respetuosa y comedida le sugerimos la cesación de actividades que desarrolla el grupo de profesionales de la Unidad de contratación del Departamento y lo invitamos a la vez a realizar las respectivas liquidaciones de los contratos en referencia […] (fol 284 cuad 2). - Los contratos 004, 033 y 050 de 2008 fueron liquidados bilateralmente el 31 de julio de 2008, mediante actas suscritas por la gobernadora encargada [NOMBRE TACHADO] y el jefe de la Oficina Jurídica del departamento [NOMBRE TACHADO]; documentos en los que expresamente se dejó consignado lo siguiente: […] En fecha 10 de junio de 2008, por oficio suscrito por el jefe de la Oficina Jurídica Dr. [NOMBRE TACHADO] se ordenó continuar con la ejecución del contrato suscrito previa solicitud que se hiciera al Secretario de Hacienda Departamental de disponibilidad presupuestal, habida cuenta de la necesidad del servicio existente en el Departamento de La Guajira, debido a los procesos contractuales que se encontraban en curso en ese momento. Posteriormente en fecha 25 de julio mediante oficio suscrito por el Dr. [NOMBRE TACHADO] se solicitó la suspensión de la prestación del servicio y la realización de la respectiva liquidación […]. Por lo anterior, se señaló que la fecha de terminación de los contratos fue el 25 de julio de 2008, y en el caso del contrato 033 se dijo que desde su fecha de inicio hasta la fecha en que se solicitó la suspensión del servicio transcurrieron 4 meses y 12 días «de los cuales se ha cancelado 3 meses, teniendo entonces que el Departamento de La Guajira adeuda a EL CONTRATISTA el valor correspondiente a un mes 12 días, es decir la suma de cinco millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueves pesos ($5.999.999.oo)» (fols 282-283 cuad 2). En cuanto al contrato 004, se indicó que habían transcurrido cuatro meses y 13 días, de los cuales se cancelaron 3 meses, por lo que el departamento de La Guajira adeudaba al contratista el valor correspondiente a un mes y 13 días, es decir la suma de cinco millones dieciséis mil seiscientos sesenta y seis pesos ($5.016.666.oo) (Fols. 339-340 cuad. 2). Y en el acta de liquidación del contrato 050 se anotó que trascurrieron 3 meses y 27 días y que se adeudaba al contratista el valor correspondiente a 27 días, estimados en tres millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos ($3.149.999.oo) (Fols. 308-309 cuad. 2). - El 14 de julio de 2008, los profesionales LAURA ROSANA BONIVENTO, LILLY PAOLA URECHE IGUARÁN y [NOMBRE TACHADO] participaron en la audiencia de adjudicación de la licitación LPA 002-2008, en calidad de abogados de apoyo de la Unidad de Contratación de la Oficina Jurídica de la Gobernación de La Guajira, pese a que el término de duración de los contratos de prestación de servicios que suscribieron con el departamento expiró el 12, 13 y 27 de junio de 2008, respectivamente (Fols. 19- 23 cuad. 1). En este orden de ideas, está demostrado que vencido el término de duración de los contratos referidos, los contratistas siguieron prestando sus servicios hasta el 25 de julio de 2008, sin que se hubiera suscrito un contrato adicional que respaldara la ejecución de las actividades desarrolladas por fuera del término contractual. Es importante resaltar que los disciplinados no han negado que los contratos de prestación de servicios 004, 033 y 050 de 2008 se ejecutaron hasta el 25 de julio de 2008, pues sus argumentos de defensa se han dirigido, en especial a invocar causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria así como a sostener que su conducta no constituye falta disciplinaria, en tanto era posible seguir prestando el servicio por estricta necesidad, sin que se esté legalizando un hecho cumplido. Argumentos que serán examinados más adelante. Así las cosas, se desconoció el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, en virtud del cual los contratos del Estado constarán por escrito, y el artículo 41 que reitera la formalidad de los contratos estatales, lo que no aconteció en el presente caso, ya que se siguieron prestando los servicios profesionales contratados después de vencidos los términos de duración acordados, sin que hubiere sido suscrito un nuevo contrato o modificación consistente en ampliación del plazo y valor del contrato, lo que, como se vio, debe también constar por escrito. Como consecuencia de lo anterior, resultó que al momento de liquidar los aludidos contratos, en las actas correspondientes se reconoció el valor por concepto de actividades ejecutadas por fuera del marco de un contrato estatal y para lo cual no se contaba con disponibilidad presupuestal que garantizara su pago, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996. Apelación del disciplinado [NOMBRE TACHADO]: El apoderado del disciplinado sostuvo que dado el traumatismo que podía causar el hecho de que la Oficina Jurídica en pleno proceso de contratación, se quedara sin abogados, el dr. [NOMBRE TACHADO] trató de solucionar la situación iniciando los trámites para suscribir nuevos contratos y fue así como el 10 de junio de 2008 solicitó la correspondiente disponibilidad presupuestal. Sin embargo, como lo señaló el secretario de Hacienda [NOMBRE TACHADO], la solicitud no pudo ser atendida inmediatamente porque eran gastos de funcionamiento y en el presupuesto de la administración departamental había dificultades financieras para este rubro. Ante esta negativa, el Dr. DANILO solicitó de inmediato la suspensión de actividades y la liquidación de los contratos mediante oficio del 25 de junio de 2008, como quedó sentado en la liquidación del 31 de julio de 2008, dando así por terminados los contratos y reconociendo en ella las «adiciones de obra» que realizaron los contratistas, como así lo autoriza el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. La Sala no desconoce que a la finalización de los contratos 004, 033 y 050 de 2008 podía persistir para el departamento la necesidad de contar con los servicios profesionales de los abogados que asesoraran y apoyaran los procesos contractuales que se encontraban en curso en la entidad, tal como había sido expuesto en los estudios previos de oportunidad y conveniencia elaborados el 30 de enero de 2008 (Fols. 361-365 cuad. 2); no obstante, ello no era óbice para que debiéndose celebrar un nuevo contrato o extender la vigencia del anterior mediante una prórroga o adición, esto no se haya hecho y aun así se prestaran servicios sin ningún respaldo contractual ni disponibilidad presupuestal que garantizara que existían los recursos necesarios para atender en forma oportuna y adecuada el pago de dichos servicios. Además, como bien lo señaló la primera instancia al citar la jurisprudencia del Consejo de Estado «el acta de liquidación no será el documento idóneo para involucrar obligaciones que no tengan por fuente el contrato». Tampoco puede aceptarse el argumento del disciplinado referente a que el objeto contractual aún no se había terminado, pues quedó visto que dicho objeto se enmarcó de manera general en la prestación de «servicios profesionales como abogados especializados en la asesoría jurídica de los procesos contractuales y/o convencionales en sus etapas preparatoria, pre contractual, contractual y post contractual, que adelante el Departamento de La Guajira», pero nunca limitado a un proceso contractual específico. Las mismas cláusulas de los contratos dan cuenta de cuál fue su objeto, término y valor, por lo que no es posible darles un alcance distinto, que claramente no tienen, con miras a justificar la prestación de actividades que se ejecutaron sin ningún respaldo contractual, en tanto el término de ejecución había finalizado. De manera que no puede aceptarse que los contratos objeto de investigación podían seguir ejecutándose sin una adición o prórroga escrita al vencimiento de su término, así fuera por voluntad de las partes extender su vigencia y en consecuencia adicionar su valor. En relación con el contrato de prestación de servicios, la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo ha definido como aquel celebrado por el Estado en aquellos eventos en que determinadas actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una entidad estatal no pueden ser desarrolladas por personal de planta o cuando se requiere de conocimientos especializados. Para diferenciarlo del contrato laboral, dicha corporación ha establecido que tiene las siguientes características: 1. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales. 2. No se pacta subordinación porque el contratista es independiente y autónomo en el cumplimiento de la labor. 3. Se acuerda un valor por concepto de honorarios prestados. 4. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. Como se observa, no son las metas o la obtención de resultados lo que caracteriza a los contratos de prestación de servicios, como lo aduce la defensa del señor ARAUJO, pues bien puede ocurrir que se pacte por un tiempo limitado la ejecución de una labor, que aunque es propia del funcionamiento o administración de la entidad estatal, no puede ser desarrollada por personal de planta, lo que claramente no implica la entrega de un resultado específico para el cabal cumplimiento del contrato. Además contrario a lo afirmado por el recurrente en el sub judice los contratos sí se encontraban sujetos a un término (3 meses) durante el cual los contratistas ejecutaron a entera satisfacción el objeto contractual convenido, que en el caso de las contratistas Laura Rosana Bonivento y Lilly Paola Ureche, no fue otro distinto a prestarle asesoría jurídica al departamento en los procesos contractuales y/o convencionales en sus etapas preparatoria, pre contractual, contractual y post contractual. Y en el caso de Ricardo Alejandro Torres Benjumea: «prestar sus servicios profesionales de asesoría jurídica y apoyo administrativo en la coordinación al equipo (auxiliar, técnico, profesional y especializado) de la oficina de contratación estatal del departamento de la guajira, en aras de garantizar los procesos contractuales y/o convencionales en sus etapas». Tan cierto es que el objeto contractual se cumplió a cabalidad en el término acordado por las partes, que el departamento pagó a los contratistas el valor total del contrato, tal y como quedó plasmado en las actas de liquidación de cada uno de ellos. Además, el argumento referente a que los contratistas se encontraban a cargo de un proceso de licitación (LPA 002 de 2008) que aún no había culminado, resulta desvirtuado con la declaración bajo juramento de las contratistas LAURA ROSANA BONIVENTO y LILLY PAOLA URECHE IGUARÁN, quienes afirmaron que no participaron durante dicho proceso contractual y que solamente asistieron a la audiencia de adjudicación para hacer presencia como miembros de la Oficina de Contratación del departamento (Fols. 473-474, 475-476 cuad. 3). En ese orden de ideas, los servicios reconocidos en el acta de liquidación de los contratos 004, 033 y 050 de 2008 corresponden a actividades que fueron ejecutadas por fuera del marco de un contrato estatal, y para lo cual tampoco se contaba con previa disponibilidad presupuestal. Por todo lo expuesto, se tiene que la conducta objeto del único cargo imputado a los disciplinados se encuentra demostrada, razón por la cual se procederá a estudiar la estructura de la falta disciplinaria, de manera individual, frente a cada disciplinado, por la característica propia del aspecto subjetivo y la diferencia en el primer verbo rector que contiene el cargo formulado al señor [NOMBRE TACHADO]. Teniendo en cuenta que los argumentos expuestos en el recurso presentado por la disciplinada ASTRID HERNÁNDEZ tienen que ver con la configuración de una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, la Sala se pronunciará al respecto al abordar el estudio de la estructura de la falta disciplinaria. 4. Estructura de la falta disciplinaria: La responsabilidad disciplinaria descansa sobre las categorías de la tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, por lo que corresponde a la Sala Disciplinaria revisar el fallo de primera instancia a partir de estas categorías dogmáticas a fin de establecer si están demostrados los presupuestos para configurar la falta e imputar responsabilidad disciplinaria, frente a cada uno de los disciplinados. 4.1 [NOMBRE TACHADO], en su condición de jefe de la Oficina Jurídica del departamento de La Guajira (fol. 644 cuad. 4) y supervisor de los contratos de prestación de servicios 004, 033 y 050 de 2008. Tipicidad e ilicitud sustancial En orden a los presupuestos de carácter probatorio, la evidencia es clara en indicar, que, en efecto, como se dejó consignado en los cargos, el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de jefe de la Oficina Jurídica del departamento de La Guajira y supervisor de los contratos 004, 033 y 050 de 2008 (clausula décimo cuarta de los aludidos contratos), ordenó que los servicios contratados en virtud de dichos contratos se continuaran prestando después de vencidos los términos de su duración, sin que hubiere sido suscrito un contrato adicional que extendiera su vigencia y valor, y sin contar con previa disponibilidad presupuestal que garantizara la existencia de recursos disponibles para atender nuevos compromisos. En adición a ellos, el disciplinado suscribió las actas de liquidación de dichos contratos en donde fue reconocido a los contratistas, el pago adicional por la ejecución de las actividades realizadas por fuera del plazo contractual, sin que hubiera sido suscrito un contrato adicional y sin contar con previa disponibilidad presupuestal. Quedó establecido que la orden fue impartida por el disciplinado mediante oficio del 10 de junio de 2008, dirigido al abogado [NOMBRE TACHADO], en donde expresamente le manifestó que los profesionales contratados debían permanecer en ejercicio de sus actividades, puesto que se estaban adelantando las diligencias presupuestales para la nueva contratación (fol. 285 cuad. 2). Sin embargo, está claro que toda modificación del contrato, bien sea en su valor o plazo de ejecución, debe constar por escrito, y en el primer caso, contar con previa disponibilidad presupuestal que garantice su pago. Al no contar con los recursos disponibles, el 31 de julio de 2008 el disciplinado procedió a suscribir las actas de liquidación de los contratos mencionados, en las que se reconoció el pago de actividades que no tuvieron como origen un contrato estatal y que no contaban con previa disponibilidad presupuestal, desconociendo así los artículos 39 (inciso 1), y 41 (inciso 1 y 2) de la Ley 80 de 1993, y 71 del Decreto 111 de 1996, en los términos examinados en esta providencia. Al vulnerar las anteriores normas, el disciplinado desatendió sus deberes como servidor público de «Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en (…), las leyes, los decretos (…)» y de «Cumplir con diligencia, eficiencia (…) el servicio que le sea encomendado, (…)», consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, lo que en razón del artículo 23 de la misma Ley, constituye falta disciplinaria: «…la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes…». Ahora, en lo que corresponde al elemento de la ilicitud sustancial, la responsabilidad disciplinaria está circunscrita a la afectación sustancial del deber funcional en los términos del artículo 5 de la Ley 734 de 2002 que preceptúa que «La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna». Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la responsabilidad disciplinaria se fundamenta en el incumplimiento de deberes funcionales (C-948 del 6 de noviembre de 2002, con ponencia del magistrado [NOMBRE TACHADO]): […] La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones. De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas. (…) El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. (…) Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines […]. Aunado a ello, la doctrina ha señalado que «el comportamiento, más que desconocer formalmente la norma jurídica que lo prohíbe, debe ser opuesto o, cuando menos, extraño a los principios que rigen la función pública». De esta forma, lo que importa al derecho disciplinario es que con su conducta el funcionario desconozca el deber que lo orienta a comportarse conforme al ordenamiento jurídico, en tanto con esta se atente contra los fines y principios de la función pública, sin que se requiera que haya resultado dañoso. Lo relevante es el quebrantamiento sustancial de los deberes y no el perjuicio material al patrimonio del Estado, lo cual, si bien puede ser tenido en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta y el monto de la sanción, no afecta la ilicitud de la conducta. Es por esto que los argumentos expuestos en el recurso presentado por el apoderado del disciplinado DANILO ARAUJO, referentes a la ausencia de ilicitud sustancial, en tanto los contratistas no cobraron el monto reconocido en las actas de liquidación, el cual corresponde a las actividades ejecutadas sin respaldo contractual, no son de recibo para la Sala; basta con que se atente contra el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines para predicar la ilicitud de la conducta. En este caso, la antijuridicidad de la conducta del doctor DANILO ARAUJO radica en que al desconocer que los contratos estatales y, por ende, sus modificaciones deben constar por escrito, y que para adquirir cualquier compromiso que comprometa el presupuesto de la entidad pública se debe contar previamente con disponibilidad presupuestal que garantice que existen recursos suficientes para atender las obligaciones adquiridas, se atentó contra los principios que rigen la función pública y orientan su correcto funcionamiento. Con la formalidad del contrato estatal, la ley busca que las obligaciones de las partes sean claras, seguras y exigibles, por el interés general que involucran; así lo ha expresado la doctrina refiriéndose a la forma del contrato estatal: […] Más aún en materia de contratación, donde su presencia es persistente y singular, ya que, además de la seguridad que debe rodear todo acto del que puedan resultar comprometidas las autoridades oficiales -y en especial los recursos estatales, tal como ocurre en el caso de los contratos del Estado-, debe estar asegurado permanentemente el buen funcionamiento de los servicios públicos. Concepto implícito -debe recordarse- dentro de la noción del contrato público como camino para poder llegar al cumplimiento de la máxima finalidad, cual es la satisfacción del interés general. De ahí que resulte de capital importancia tener muy claro el contenido y alcance de los derechos y las obligaciones contractuales de la Administración, pues no son intrascendentes los asuntos que se hallan de por medio cada vez que se celebre un contrato de esta naturaleza. Así, con la forma o formas se evitarán las decisiones poco mediatas, desviadas y apresuradas; reflejando, además, en todo momento transparencia, igualdad y publicidad, principios rectores de nuestra gestión administrativa (art. 209 CPC) […] (EXPÓSITO VÉLEZ, JUAN CARLOS. La configuración del contrato de la administración pública en derecho colombiano y español, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 294). Es así como ordenar la prestación de servicios sin el respaldo de un contrato, pone en peligro la seguridad de la relación y la exigibilidad de las obligaciones a cargo del contratista, además de que como en este caso, implicó posteriormente suscribir un acta de liquidación en la que se reconoció la prestación de unos servicios que no tuvieron ningún respaldo contractual y en la que se comprometió al departamento de La Guajira, a la cancelación de unos gastos para los que no se contaba con disponibilidad de recursos que garantizaran su pago. Conducta que a todas luces vulnera el principio de resposabilidad y atenta contra la eficiencia y diligencia que orienta el desempeño de la función pública. Culpabilidad: La Sala Disciplinaria comparte el criterio del fallador de primera instancia, en relación con la imputación subjetiva a título de culpa gravísima para el doctor [NOMBRE TACHADO], conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, según el cual «habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento» (negrilla fuera de texto). Respecto de la culpa gravísima la doctrina ha señalado que: […] Se presenta cuando se incurre en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento (…) La desatención elemental es la violación al deber objetivo de cuidado que se suscita cuando el servidor no realiza lo que resulta obvio, imprescindible hacer, lo que es común que otra persona hiciera. Es aquello que, evidentemente la persona debió hacer [...]. El a quo atribuyó la falta a título de culpa gravísima, en los siguientes términos: […] dada la desatención elemental de las normas que debía seguir, pues como Jefe de la Oficina Jurídica y supervisor de los contratos de prestación de servicios No. 004, 033 y 050 de 2008, tenía el conocimiento de los deberes de su cargo, especialmente lo relativo al requerimiento legal de elevar a escrito los contratos, incluidos los de adición y prórroga, y el cumplimiento de las normas presupuestales; y como supervisor, tenía el deber de controlar la ejecución, específicamente el cumplimiento de las actividades dentro del plazo de ejecución y velar que en caso de requerirse una extensión de tales servicios, se cumplieran los requerimientos de formalización a través de un contrato escrito y la previa disponibilidad presupuestal. No se trató de una simple negligencia en el desempeño de su función, era elemental que para que los abogados externos pudieran seguir desempeñando su función – precisamente en la oficina del cual el señor [NOMBRE TACHADO] era su jefe – debía existir una contratación por escrito que la soportara; era elemental que dicho compromiso debía tener un respaldo presupuestal, y también era elemental que sin existir estos requisitos, no era viable suscribir las actas de liquidación con las cuales se comprometió a la administración a cancelar las sumas de dinero allí descritas. Así mismo, era elemental para el (sic) [NOMBRE TACHADO] prever toda esta situación, por cuanto él tenía el deber funcional de verificar estos requisitos (era el jefe de la oficina jurídica, era el supervisor de los contratos, fue quien también elevó la solicitud de CDP al Secretario de Hacienda) y pese a todo lo anterior omitió el cumplimiento de estos requisitos, indispensables para haber suscrito las actas de liquidación ya analizadas […] (fol 21 cuad 5). En el caso en examen y de acuerdo al acervo probatorio acopiado al proceso, la Sala advierte que ciertamente el disciplinado [NOMBRE TACHADO], como supervisor de los contratos y jefe de la Oficina Jurídica, no realizó lo que resultaba primordial e imprescindible hacer, como lo era cerciorarse de la existencia de disponibilidad presupuestal y de un contrato o prórroga, previo a ordenar que los contratistas continuaran prestando sus servicios como abogados de la Gobernación. Le bastaba con revisar la existencia de estos documentos para abstenerse de obrar de la forma en que lo hizo. Era básico, elemental e imprescindible que para la ejecución de actividades los profesionales contaran con un contrato. Por tanto, constituye una desatención elemental para un jefe jurídico, ordenar la ejecución de actividades por fuera del plazo contractual, así como reconocer el pago de unos servicios que no tenían como fuente un contrato, y para los que además no se contaba con disponibilidad de recursos. No encuentra justificación alguna la falta de diligencia con la que actuó el disciplinado en un asunto tan primordial como lo es la solemnidad del contrato estatal y la exigencia previa de disponibilidad presupuestal en la asunción de compromisos, para un servidor público en quien confluyen las calidades de abogado, jefe jurídico y supervisor de los contratos; por ende, no es de recibo el argumento defensivo referente a que el cumplimiento del objeto contractual dependía de la culminación de un proceso licitatorio y no de un término específico y que, por ende, el disciplinado obró con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria. Al respecto, nos remitimos a las consideraciones esbozadas en esta providencia, alusivas a la claridad del objeto contractual pactado, aunado a que no puede invocarse una convicción errada de quien, como ya se dijo y se resalta por esta Sala, además de ser el jefe de la Oficina Jurídica del departamento, ejercía la supervisión de los citados contratos y, por ende, conocía en detalle el objeto, término y valor acordado en cada uno de estos. Aunque la Sala no desconoce que las acciones encaminadas a adicionar los contratos existieron, pues así se advierte en el oficio del 10 de junio de 2008, mediante el cual el doctor ARAUJO solicitó al secretario de Hacienda la disponibilidad presupuestal, lo cierto es que el disciplinado no tuvo la diligencia exigida para advertir que a la expiración del plazo pactado, no había sido expedida la disponibilidad, y que por tanto los contratistas no podían continuar prestando sus servicios como abogados asesores del departamento. Pese a que el disciplinado también justificó su conducta en la necesidad que existía en la Gobernación de contar con los servicios de abogados que se encontraban apoyando los procesos contractuales en curso, ello no lo facultaba para desatender lo básico y obvio en la supervisión que le había sido encomendada. Menos cuando la necesidad podía ser suplida con abogados de planta de la misma entidad e incluso con el propio jefe jurídico, quien en ultimas es el funcionario encargado de garantizar que los distintos contratos suscritos por el departamento se ajusten a los requerimientos y normas establecidas. Sin embargo, el afán de seguir contando con el apoyo de los profesionales en el área de contratación, lo llevó a desconocer sus deberes, pues en su rol de supervisor no se preocupó por garantizar el respeto de las formalidades exigidas por el Estatuto Contractual para la existencia y validez de una relación de esta naturaleza, para nuestro caso, que estuviese elevado a escrito el respectivo documento y que se contase con la disponibilidad de los recursos correspondientes. En su lugar ordenó continuar con la ejecución de actividades, estando en condiciones de impedir que esto se llevara a cabo, con la consecuencia ya mencionada de comprometer al departamento, en la liquidación de los contratos, al pago de unos servicios para los que como se estableció, no existió disponibilidad presupuestal previa. Esta no es la conducta que se espera de un servidor público con formación de abogado, que se desempeña como jefe de la Oficina Jurídica del departamento y que, por ende, fue el encargado de ejercer la supervisión de los contratos tantas veces referidos. Su idoneidad y calidad profesional le exigían comportarse con estricto apego a la ley, más aun tratándose de la contratación estatal donde todo es reglado, donde los trámites y procedimientos deben ceñirse a las disposiciones que la regulan, y en la que por estar de por medio los recursos públicos, se exige un comportamiento diligente, eficiente y responsable por parte de quienes intervienen en ella. No se entiende cómo un funcionario con las calidades profesionales y competencias laborales para desempeñarse como jefe de la Oficina Jurídica de un departamento, que conocía en detalle los términos contractuales, que había solicitado la disponibilidad de recursos para que los contratistas pudieran seguir prestando sus servicios, actuó en forma tan descuidada; no solamente porque no verificó que a la expiración del plazo contractual se terminara toda actividad por parte de estos, sino también porque de manera crasa confirmó la ilegalidad al reconocer hechos cumplidos en la liquidación de los contratos, desatendiendo de esta forma aspectos elementales, obvios, imprescindibles y fundamentales de la contratación estatal. Aunque la defensa alega la existencia de la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria descrita en el numeral 2 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002: «en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado», lo cierto es que en este caso no hay lugar a su configuración como pasa a explicarse. Para que se configure la causal de colisión de deberes, como doctrinalmente se le ha denominado a esta figura eximente de responsabilidad, se requiere: Debe tratarse de por lo menos dos deberes constitucionales o legales, que tengan relacion con la función o el servicio que se presta. Uno de los deberes debe cumplirse en detrimento del cumplimiento del otro, por ser de mayor jerarquía que el incumplido. El deber cumplido lo debe ser de forma estricta. El compromiso del cumplimiento de los deberes debe estar en cabeza del mismo servidor público, y ellos deben cumplirse en un mismo tiempo y lugar. Uno de ellos debe imponer un hacer; entre deberes de omisión no es posible la causal. El agente debe tener conocimiento de que actúa para hacer prevalecer el deber de mayor jerarquía. Sobre el particular, resulta claro que la causal se presenta cuando los servidores públicos están llamados al cumplimiento simultáneo y excluyente de deberes que al estar en pugna llevan al funcionario a sacrificar uno de ellos para darle paso al de mayor categoría o relevancia; al respecto, el señor procurador General la Nación también ha señalado que: «[…] a la hora de ponderar la importancia del deber antepuesto e incumplido, deberán sopesarse, junto con los raciocinios del instructor, las razones esgrimidas por el investigado, pues fue, en aplicación de su particular criterio, que él optó por no acatar el deber objeto de reproche». En ese orden de ideas, como se advierte en la disculpa presentada por el funcionario, fue él mismo quien dio lugar al enfrentamiento de sus deberes por la negligencia en su actuar, toda vez que debió prever que los abogados quedarían sin contrato; no puede escudarse en la supuesta colisión para sustraerse del cumplimiento de la formalidad del contrato estatal y las normas presupuestales. En otras palabras, la colisión debe ser una situación apremiante y actual, que sorprenda al funcionario y lo lleve a tener que ponderar los deberes en pugna para darle prelación a uno de ellos, hipótesis que para la Sala no ocurrió en el presente caso, en tanto de haber sido diligente y eficiente en el cumplimiento de sus funciones y de haber existido la debida previsión, el disciplinado no se habría enfrentado a la supuesta colisión de deberes que ahora esgrime; le bastaba con haber gestionado con suficiente antelación los trámites encaminados a la consecución de recursos que permitieran la contratación de los profesionales de apoyo, para no verse inmerso en una situación que lo llevara a desconocer el ordenamiento jurídico so pretexto de no perjudicar los procesos de contratación del departamento. Sin embargo, no demostró haberlo hecho, por el contrario quedó visto que la solicitud del CDP fue remitida al secretario de Hacienda el 10 de junio de 2008, a tan solo 2, 3 y 17 días previos al vencimiento de los contratos (el contrato 004 finalizó el 12 de junio, el 033 el 13 de junio y el 050 el 27 de junio), y posterior a ello no realizó ningún trámite, cuando era previsible que a la terminación de estos contratos la Gobernación quedaba sin el apoyo de dichos profesionales. Aunado a lo anterior, tampoco se evidenció que el supuesto deber atendido (no dejar a la Gobernación sin control y protección frente a un proceso arduo de contratación administrativa) dependiera exclusivamente del apoyo de los profesionales contratados, pues como se vio al estudiar la apelación del disciplinado, el proceso de licitación al que alude la defensa (LPA 002 de 2008) no se encontraba asignado a todos los contratistas; Laura Rosana Bonivento y Lilly Paola Ureche, en su respectiva declaración afirmaron haber asistido a la audiencia de adjudicación (sin tener contrato) solo para hacer presencia como miembros de la Oficina de Contratación y no porque estuvieran a cargo de dicho proceso (fols 476 c.o 3). Como vemos, el primero de los requisitos para la configuración de la causal no se cumple a cabalidad, por lo que no habrá lugar a pronunciarse sobre los restantes. Así las cosas, la causal de exclusión de responsabilidad no cobra sustento y, por ende, en este acápite concluimos que el elemento subjetivo (culpa gravísima por desatención elemental), conforme se calificó por el a quo, es correcta. Calificación de la falta y dosificación de la sanción En el fallo recurrido se dijo que el doctor [NOMBRE TACHADO] ostentaba la calidad de jefe de la Oficina Jurídica del departamento de La Guajira, jerarquía constitutiva de criterio para determinar la gravedad de la falta imputada (falta grave), sumado al grado de culpabilidad (culpa gravísima) y a la naturaleza de la falta «que implica comprometer el presupuesto del Departamento sin que se contara con la formalidad propia de los contratos estatales y la existencia de las disponibilidades en el presupuesto». La Sala Disciplinaria confirma esta calificación por cuanto la exigibilidad de una actuación ajustada a las normas que regulan la contratación de las entidades estatales, se incrementa en estos niveles directivos, y en especial en quien ejerce el cargo de jefe de la Oficina Jurídica, expectativas de comportamiento que defraudó el disciplinado, afectando la función pública; en consecuencia, se mantiene la calificación de la falta como grave, aunque la Sala descarta el último de los criterios señalado por el a quo, por no corresponder al consagrado en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002 que alude es a la naturaleza esencial del servicio. Conforme a lo establecido en el artículo 44 numeral 3 del C.D.U., sobre la clasificación y límite de las sanciones, se tiene que las faltas graves culposas se sancionan con suspensión en el ejercicio del cargo, y el artículo 46 ejusdem, señala que el término de la suspensión no puede ser inferior a un (1) mes ni superior a doce (12) meses, lapso dentro del cual se debe dosificar la sanción. De conformidad con los criterios para la graduación de la sanción, consagrados en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, tenemos por un lado, como agravantes que: (i) el disciplinado pertenecía al nivel directivo de la entidad, pues fungía como jefe de la Oficina Jurídica del departamento y, por tanto, era el primer llamado a cumplir las normas sobre la formalidad del contrato estatal y la exigencia de previa disponibilidad presupuestal para adquirir compromisos, esperándose de él un actuar ajustado a la ley en el ejercicio de sus funciones administrativas, lo cual no hizo, de conformidad con lo plasmado en esta providencia. Y como criterios atenuantes los siguientes: (i) el disciplinado no actuó con conocimiento de la ilicitud, pues la falta se le atribuyó en la modalidad de culpa gravísima; (ii) la conducta no implicó un grave daño social y (iii) no se afectaron derechos fundamentales. Valorados unos y otros criterios, hay lugar a confirmar la sanción impuesta por el a quo, esto es, suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses. Como se señaló en el fallo recurrido, en caso de que el disciplinado haya cesado en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, el término de la suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta; valor que será cancelado a favor del departamento de la Guajira en los términos señalados en el artículo 173 de la Ley 734 de 2002 y en el Decreto 2170 de 1992. Dicha suma asciende a la suma de TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($13.986.000) (salario devengado en el año 2008: $4.662.000 que corresponde a $1.678.600 de sueldo básico mensual + $2.983.400 de gastos de representación, según certificación visible en el folio 644 cuad. 4). 4.2. [NOMBRE TACHADO], en su condición de gobernadora encargada del departamento, según Resolución 948 del 29 de julio de 2008, mediante la cual fue encargada de las funciones del despacho del gobernador JORGE EDUARDO PÉREZ, durante los días 30 y 31 de julio de 2008 (Fols. 399 cuad. 2). Tipicidad e ilicitud sustancial Quedó visto en el análisis probatorio realizado en precedencia que la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de gobernadora encargada del departamento de La Guajira, el 31 de julio de 2008 suscribió las actas de liquidación los contratos de prestación de servicios 004, 033 y 050 de 2008, en las que se reconoció a los contratistas el pago adicional por la ejecución de actividades realizadas por fuera del término contractual, sin que hubiera sido suscrito un contrato adicional y sin contar con previa disponibilidad presupuestal que garantizara su pago; conducta contraria a lo dispuesto en los artículos 39 (inciso 1), y 41 (inciso 1 y 2) de la Ley 80 de 1993, y 71 del Decreto 111 de 1996; en los términos examinados en esta providencia. Al desconocer las anteriores normas, la disciplinada desatendió sus deberes como servidor público de «Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en (…), las leyes, los decretos (…)» y de «Cumplir con diligencia, eficiencia (…) el servicio que le sea encomendado, (…)», consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, lo que constituye falta disciplinaria, en razón del artículo 23 de la misma ley: «…la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes…». En este caso, la ilicitud de la conducta radica en que al suscribir las actas de liquidación en los términos expuestos, la gobernadora encargada desconoció que los contratos estatales y sus modificaciones deben constar por escrito, que las actividades ejecutadas por los contratistas no podían ser reconocidas por haberse ejecutado por fuera del término contractual y que al no haberse expedido disponibilidad presupuestal, no le estaba permitido comprometer al departamento al pago de un dinero para el que no existía disponibilidad de recursos que garantizara que la entidad podía atender dichos gastos. Con su conducta, la disciplinada resultó adquiriendo obligaciones en nombre del departamento que evidentemente no tuvieron por fuente los contratos liquidados. En consecuencia, no solo desconoció la solemnidad y forma del contrato estatal, sino la prohibición para las autoridades de adquirir compromisos sin contar con la disponibilidad presupuestal que garantice que los ellos pueden ser atendidos; exigencia que encuentra fundamento en la necesidad de planificar el uso de los recursos públicos y prevenir que las entidades estatales asuman el pago de sumas de dinero para los cuales no se tiene certeza de su pronto y efectivo pago. Se trata de garantizar que quienes tienen a cargo el manejo de recursos públicos sean estrictos y responsables con el uso que se le dé; es por esto que el desconocimiento de la norma presupuestal referida atenta contra los principios que orientan el recto ejercicio de la función pública, para el efecto: eficiencia y responsabilidad. En el presente caso, la disciplinada fungía como representante legal de la Gobernación de La Guajira y por tanto era la ordenadora del gasto y suprema autoridad administrativa al interior de la entidad territorial, por lo que estaba en la obligación de cumplir los deberes que dicho cargo le demandaba. Culpabilidad En el fallo recurrido se atribuyó la falta a título de culpa grave al considerar que se encontraba probado el descuido y negligencia «al omitir efectuar o gestionar que se efectuara el registro presupuestal de los contratos en estudio, estando en el deber y en condiciones de hacerlo». Afirmación que la Sala encuentra equivocada, en tanto el reproche formulado nada tiene que ver con no haber gestionado la expedición de registro presupuestal. No obstante prosigue el fallo señalando lo siguiente: […] Comprende este Despacho el sinnúmero de obligaciones que debe atender un Gobernador, lo cual pudiera hacer que no estuviera al tanto de todos los pormenores de su administración; pero, en este caso puntual está plenamente demostrado que la Gobernadora elevó la solicitud de presupuesto a la Secretaría de Hacienda, con lo cual este tema no era desconocido para ella, y lo mínimo que debió haber realizado al momento de suscribir el acta de liquidación contractual era haber verificado que existía partida presupuestal a efectos de cancelar los dineros adeudados a los abogados y que existía igualmente documento que respaldara dicho pago (contrato, otro sí, etc). Lo anterior, unido a que la defensa de la ex gobernadora ha afirmado que la señora HERNÁNDEZ IGUARÁN tiene como profesión la de Arquitecta, lo cual no se (sic) permitía eventualmente conocer los detalles mínimos de la contratación estatal, pero la negligencia desplegada en este caso era vencible, precisamente por su conocimiento previo de la situación acontecida […]. De conformidad con lo consagrado en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 «la culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones». La disciplinada sostuvo que «en ningún momento se reconoció hechos cumplidos, simplemente se procedió a liquidar los contratos porque no se allegó la disponibilidad solicitada y al momento de liquidar los contratos se le reconoció el tiempo que había laborado» (Fols. 448 cuad. 3). Además, la defensa de la señora ASTRID HERNÁNDEZ sostuvo que la funcionaria actuó con un error invencible en su conducta, pues confió, bajo el principio constitucional de la buena fe y confianza legítima, en los argumentos y explicaciones del jefe de la Oficina Jurídica y supervisor de los contratos, quien la indujo a firmar las actas de liquidación reprochadas. Al respecto, cabe señalar que esta Sala ha reconocido en varias oportunidades la importancia del principio de confianza y su aplicación en materia de la función pública como elemento esencial para hacer posible el reparto de trabajo y la distribución de funciones que faciliten la realización de los cometidos estatales. No obstante, también ha indicado que la aplicación de este principio como fudamento para excluir responsabilidad, exige para el servidor público que ha confiado en la actuación de un tercero, demostrar un comportamiento diligente y oportuno en su propia conducta, de acuerdo con la finalidad perseguida. Es por ello que los jefes o representantes legales de las entidades públicas no pueden limitarse a confiar ciegamente en quienes se encuentra asignada una funcion determinada y suscribir cuanto documento le sea puesto a su consideración. Lo mínimo que debía hacer en este caso la disciplinada era verificar que la obligacion que estaba adquiriendo en nombre del departamento contara con el respaldo presupuestal, pero sabemos que no lo hizo y tampoco fue diligente en cuestionar o pedir explicación al jefe jurídico sobre el sustento legal que le permitiera reconocer a los contratistas el pago de unas actividades para las cuales nunca se suscribió un contrato o adición ni tampoco se contaba con recursos disponibles. A la disciplinada le bastaba revisar el objeto, valor y término de ejecución de los contratos de prestación de servicios que estaba liquidando para advertir que las actividades ejecutadas y sobre las cuales estaba reconociendo una suma de dinero, no se encontraban respaldadas ni contractual ni presupuestalmente. Así, aunque para la Sala resulta cierto que la disciplinada creyó estar obrando conforme a derecho, tampoco puede aceptarse que como el jefe de la Oficina Jurídica fue quien la orientó a suscribir las actas de liquidación de los contratos y que por no ser la disciplinada abogada se encontró frente a un error invencible que excluye la responsabilidad disciplinaria; pues su error no tiene el carácter de invencible para que pueda excluirse la responsabilidad. Esta colegiatura ha precisado que en materia disciplinaria el error excluyente de responsabilidad es el invencible, esto es, el error del cual no hubiese forma de salir (artículo 28-6 del CDU: Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria), y, en este caso, el error que la disciplinada esboza no la excluye de responsabilidad, pues resultaba vencible, en tanto la gobernadora encargada no demostró haber agotado todos los medios que tenía a su alcance para superar el error. Para la Sala no hubo un actuar cuidadoso y diligente de parte de quien se encontraba desempeñando el cargo de primera autoridad administrativa del departamento y responsable de la actividad contractual; la señora ASTRID HERNÁNDEZ no desplegó ninguna acción tendiente a informarse sobre la posibilidad de reconocer el pago de servicios ejecutados por fuera del término contractual, que no contaban con una adición escrita ni tampoco tenían respaldo presupuestal; de donde se concluye que no existe ningún espacio que permita hablar de error invencible excluyente de responsabilidad. En adición a lo anterior, debe precisarse que quien actua en nombre de la administración pública no puede excusarse en el desconocimiento de las normas a las que se encuentra sometida la actividad administrativa, pues al momento de formar parte de aquella, asume la responsabilidad de conocer y cumplir a cabalidad la normativa que resulta aplicable a su ejercicio. Por tanto, el principio general de derecho según el cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa adquiere mayor relevancia en tratándose de quienes ejercen funciones públicas. La disciplinada faltó al deber objetivo de cuidado de actuar con la diligencia necesaria en el ejercicio de sus funciones como gobernadora encargada del departamento de La Guajira, ya que como primera autoridad administrativa del ente territorial estaba llamada a cumplir sus deberes con estricto apego a la Ley; pero en su lugar firmó unas actas de liquidación sin percatarse de que lo allí consignado, lo que implicó obligar al departamento al pago de compromisos que no contaban con respaldo presupuestal ni tenían como fuente un contrato. Por consiguiente, la Sala Disciplinaria confirma la imputación de la falta disciplinaria a título de culpa grave, bajo el entendido que esta modalidad se predica por inobservancia del cuidado necesario que un gobernador diligente tendría en el cumplimiento de sus funciones, en tanto se tiene por cierto que su conducta, antes que orientarse a querer desconocer los deberes funcionales, fue el resultado de una errada creencia sobre la legalidad de su actuar, error de naturaleza vencible. Calificación de la falta y dosificación de la sanción La primera instancia señaló que la disciplinada actuaba en calidad de gobernadora encargada, jerarquía constitutiva de criterio para determinar la gravedad de la falta imputada (falta grave), sumado al grado de culpabilidad (culpa gravísima, que en el fallo recurrido fue variado a culpa grave), según lo describe el artículo 43 de la Ley 734 de 2002; la Sala Disciplinaria confirma esta calificación por cuanto la exigibilidad de una actuación cuidadosa y diligente se incrementa en tratándose de personas a quienes se les ha confiado la dirección de una entidad, expectativas de comportamiento que defraudó la disciplinada afectando la función pública; en consecuencia, se mantiene la calificación de la falta como grave. Conforme a lo establecido en el artículo 44 numeral 3 del C.D.U., sobre la clasificación y límite de las sanciones, se tiene que las faltas graves culposas se sancionan con suspensión en el ejercicio del cargo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 46 ejusdem, el término de la suspensión no puede ser inferior a un (1) mes ni superior a doce (12) meses, lapso dentro del cual se debe dosificar la sanción. Al respecto, se debe tener en cuenta que la señora ASTRID HERNÁNDEZ no actuó de manera dolosa, sino creyendo que su actuar se encontraba ajustado al ordenamiento jurídico dada la intervención del jefe jurídico en la liquidación de los contratos, esto es, un actuar distante de una intencionalidad de afectar la función pública; por el contrario, se trató de una valoración errada imputable a título de culpa que puede tenerse como elemento para dosificar la sanción, lo que sumado a la ausencia de grave daño social y afectación de derechos fundamentales, nos lleva a concluir que la sanción a imponer debe ser la mínima para las faltas de esta naturaleza. Entonces, como la primera instancia impuso a la disciplinada la sanción de suspensión por el término de dos (2) meses, la Sala Disciplinaria modificará la sanción a un (1) mes de suspensión, en atención a que resulta ser la mínima legal aplicable para estas faltas. Ahora bien, como la disciplinada ha cesado en el ejercicio de las funciones del cargo por el cual se sanciona, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, el término de la suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta; valor que será cancelado a favor del departamento de La Guajira en los términos señalados en el artículo 173 de la Ley 734 de 2002 y en el Decreto 2170 de 1992. Toda vez que en el expediente no reposa certificación del salario devengado por la disciplinada para el momento de la comisión de la falta, en su condición de gobernadora encargada, por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, previo a solicitar la ejecución de la sanción a la autoridad nominadora, deberá allegarse la certificación salarial de la disciplinada y hacer la liquidación correspondiente al valor de la sanción. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus facultades legales, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el numeral tercero del fallo de primera instancia proferido el 12 de diciembre de 2012 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, por medio del cual se declaró disciplinariamente responsables a la señora [NOMBRE TACHADO], identificada con la cédula de ciudadanía. 32.746.872, en su condición de gobernadora encargada del departamento de La Guajira, y al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con la cédula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en su condición de jefe de la Oficina Jurídica del mismo departamento, por el cargo único imputado, acorde con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral cuarto del fallo de primera instancia proferido el 12 de diciembre de 2012 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, en el sentido de imponer a la señora [NOMBRE TACHADO], en la condición anotada, la sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, según lo expuesto en las consideraciones de esta decisión. Como la disciplinada ha cesado en el ejercicio de las funciones del cargo por el cual se sanciona, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, el término de la suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta; valor que será cancelado a favor del departamento de La Guajira en los términos señalados en el artículo 173 de la Ley 734 de 2002 y en el Decreto 2170 de 1992. Por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, previo a solicitar la ejecución de la sanción a la autoridad nominadora, deberá allegarse la certificación salarial de la disciplinada y hacer la liquidación correspondiente al valor de la sanción. TERCERO: CONFIRMAR el numeral quinto del fallo de primera instancia proferido el 12 de diciembre de 2012 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que impuso al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de jefe de la Oficina Jurídica del departamento de La Guajira la sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses. Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, si el disciplinado al momento de hacer efectiva la sanción ha cesado en sus funciones, el término de suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta; valor que será cancelado a favor del departamento de La Guajira en los términos señalados en el artículo 173 de la Ley 734 de 2002 y en el Decreto 2170 de 1992, lo cual equivale a la suma de TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($13.986.000); conforme a lo expuesto en la parte motiva de este fallo. CUARTO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria, NOTIFICAR en legal forma esta decisión a los disciplinados. Para el efecto se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 100 y siguientes de la Ley 734 de 2002, advirtiéndoseles que contra ella no procede recurso alguno. Las comunicaciones serán remitidas a las direcciones que obran en el expediente así: -Señor [NOMBRE TACHADO]: fol. 477 cuaderno 3 y fol. 644 cuaderno 4. Su apoderado doctor [NOMBRE TACHADO] Gual: folio 910 cuaderno 5. -Señora [NOMBRE TACHADO]: folio 847 cuaderno 4. Su apoderado doctor [NOMBRE TACHADO]: folio 892 cuaderno 5. QUINTO: Por la Secretaría de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, INFORMAR de esta determinación al gobernador del departamento de La Guajira, a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, respecto a la ejecución de las sanciones impuestas. SEXTO: Por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, INFORMAR de las decisiones de primera y segunda instancia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, en la forma indicada en la Circular 055 del 23 de septiembre de 2002, emanada del despacho del señor procurador General de la Nación, y en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, respecto del reporte de sanciones disciplinarias. SÉPTIMO: DEVOLVER el proceso a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, previos los registros y las anotaciones correspondientes. COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE [NOMBRE TACHADO] Procurador Primero Delegado Presidente MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ Procuradora Segunda Delegada Rad. IUS 2008-309205 IUC-D-2009-652-82745 (161-5645) Proyectó: María Carolina Ramírez García.

Fuente original

https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory