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titulo: "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: no se pacta subordinación porque el contratista es independiente y autónomo en el cumplimiento de la labor. 3"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2015-06-18"
radicado: "D 2009-652-82745"
numero: "201511102144310.DOCX"
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# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: no se pacta subordinación porque el contratista es independiente y autónomo en el cumplimiento de la labor. 3

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2015-06-18
- **Radicado:** D 2009-652-82745
- **Número:** 201511102144310.DOCX
- **Sección / Sala:** SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201511102144310.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Regla de decisión

No se pacta subordinación porque el contratista es independiente y autónomo en el cumplimiento de la labor. 3.

## Puntos clave

- Contratos de prestación de servicios: Ordenar continuar con la ejecución y suscribir las actas de liquidación por fuera del plazo de ejecución contractual
- Contrato estatal: Marco normativo/CONTRATO ESTATAL-Solemnidad especial/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-Alcance
- Contrato adicional: No se suscribió para que respaldara la ejecución de las actividades desarrolladas por fuera del término contractual
- Contrato estatal: Se siguió prestando los servicios profesionales contratados después de vencidos los términos de duración acordados/CONTRATO ESTATAL-No se contaba con disponibilidad presupuestal que garantizara su pago

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Decreto 111 de 1996
- Constitución Política

## Extracto

Se acuerda un valor por concepto de honorarios prestados. 4. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD-Fue vulnerado al ordenar la prestación de servicios sin el respaldo de un contrato Por tanto, constituye una desatención elemental para un jefe jurídico, ordenar la ejecución de actividades por fuera del plazo contractual, así como reconocer el pago de unos servicios que no tenían como fuente un contrato, y para los que además no se contaba con disponibilidad de recursos. En consecuencia, no solo desconoció la solemnidad y forma del contrato estatal, sino la prohibición para las autoridades de adquirir compromisos sin contar con la disponibilidad presupuestal que garantice que los ellos pueden ser atendidos; exigencia que encuentra fundamento en la necesidad de planificar el uso de los recursos públicos y prevenir que las entidades estatales asuman el pago de sumas de dinero para los cuales no se tiene certeza de su pronto y efectivo pago.

## Descriptores temáticos

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, Los servicios reconocidos en el acta de liquidación corresponden a actividades ejecutadas por fuera del marco de un contrato estatal

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## Texto del documento

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Ordenar continuar con la ejecución y suscribir las actas de liquidación por fuera del plazo de ejecución contractual
CONTRATO ESTATAL-Marco normativo/CONTRATO ESTATAL-Solemnidad especial/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-Alcance
En ese orden de ideas, su modificación, consistente en ampliación del plazo de ejecución o valor del contrato, también debe constar por escrito, y en caso de adicionarse su valor, se debe contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de recursos necesarios para asumir los nuevos compromisos.
El certificado de disponibilidad presupuestal es el documento expedido por el jefe de Presupuesto, o quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos por la entidad correspondiente, el cual, además, afecta preliminarmente el presupuesto mientras se efectúa el respectivo registro presupuestal.
De manera que previo a adquirir cualquier compromiso, la entidad estatal debe contar con el respaldo presupuestal que garantice su cumplimiento.
CONTRATO ADICIONAL-No se suscribió para que respaldara la ejecución de las actividades desarrolladas por fuera del término contractual
En este orden de ideas, está demostrado que vencido el término de duración de los contratos referidos, los contratistas siguieron prestando sus servicios hasta el 25 de julio de 2008, sin que se hubiera suscrito un contrato adicional que respaldara la ejecución de las actividades desarrolladas por fuera del término contractual.
CONTRATO ESTATAL-Se siguió prestando los servicios profesionales contratados después de vencidos los términos de duración acordados/CONTRATO ESTATAL-No se contaba con disponibilidad presupuestal que garantizara su pago
Así las cosas, se desconoció el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, en virtud del cual los contratos del Estado constarán por escrito, y el artículo 41 que reitera la formalidad de los contratos estatales, lo que no aconteció en el presente caso, ya que se siguieron prestando los servicios profesionales contratados después de vencidos los términos de duración acordados, sin que hubiere sido suscrito un nuevo contrato o modificación consistente en ampliación del plazo y valor del contrato, lo que, como se vio, debe también constar por escrito.
Como consecuencia de lo anterior, resultó que al momento de liquidar los aludidos contratos, en las actas correspondientes se reconoció el valor por concepto de actividades ejecutadas por fuera del marco de un contrato estatal y para lo cual no se contaba con disponibilidad presupuestal que garantizara su pago, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.
CONTRATO ESTATAL-Los contratos objeto de investigación no podían seguir ejecutándose sin una adición o prórroga escrita al vencimiento de su término
De manera que no puede aceptarse que los contratos objeto de investigación podían seguir ejecutándose sin una adición o prórroga escrita al vencimiento de su término, así fuera por voluntad de las partes extender su vigencia y en consecuencia adicionar su valor.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Definición según la jurisprudencia de la Corte Constitucional/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Características para diferenciarlo con el contrato laboral
En relación con el contrato de prestación de servicios, la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo ha definido como aquel celebrado por el Estado en aquellos eventos en que determinadas actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una entidad estatal no pueden ser desarrolladas por personal de planta o cuando se requiere de conocimientos especializados. Para diferenciarlo del contrato laboral, dicha corporación ha establecido que tiene las siguientes características:
1. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales. 2. No se pacta subordinación porque el contratista es independiente y autónomo en el cumplimiento de la labor. 3. Se acuerda un valor por concepto de honorarios prestados. 4. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido.
Como se observa, no son las metas o la obtención de resultados lo que caracteriza a los contratos de prestación de servicios, como lo aduce la defensa del señor implicado, pues bien puede ocurrir que se pacte por un tiempo limitado la ejecución de una labor, que aunque es propia del funcionamiento o administración de la entidad estatal, no puede ser desarrollada por personal de planta, lo que claramente no implica la entrega de un resultado específico para el cabal cumplimiento del contrato.
Tan cierto es que el objeto contractual se cumplió a cabalidad en el término acordado por las partes, que el departamento pagó a los contratistas el valor total del contrato, tal y como quedó plasmado en las actas de liquidación de cada uno de ellos.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Los servicios reconocidos en el acta de liquidación corresponden a actividades ejecutadas por fuera del marco de un contrato estatal
En ese orden de ideas, los servicios reconocidos en el acta de liquidación de los contratos 004, 033 y 050 de 2008 corresponden a actividades que fueron ejecutadas por fuera del marco de un contrato estatal, y para lo cual tampoco se contaba con previa disponibilidad presupuestal.
SERVIDOR PÚBLICO-Desatendió sus deberes de Cumplir y hacer que se cumplan
De esta forma, lo que importa al derecho disciplinario es que con su conducta el funcionario desconozca el deber que lo orienta a comportarse conforme al ordenamiento jurídico, en tanto con esta se atente contra los fines y principios de la función pública, sin que se requiera que haya resultado dañoso. Lo relevante es el quebrantamiento sustancial de los deberes y no el perjuicio material al patrimonio del Estado, lo cual, si bien puede ser tenido en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta y el monto de la sanción, no afecta la ilicitud de la conducta.
Es por esto que los argumentos expuestos en el recurso presentado por el apoderado del disciplinado, referentes a la ausencia de ilicitud sustancial, en tanto los contratistas no cobraron el monto reconocido en las actas de liquidación, el cual corresponde a las actividades ejecutadas sin respaldo contractual, no son de recibo para la Sala; basta con que se atente contra el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines para predicar la ilicitud de la conducta.
ANTIJURIDICIDAD Desconocer que los contratos estatales y por ende sus modificaciones deben constar por escrito
En este caso, la antijuridicidad de la conducta del doctor … radica en que al desconocer que los contratos estatales y, por ende, sus modificaciones deben constar por escrito, y que para adquirir cualquier compromiso que comprometa el presupuesto de la entidad pública se debe contar previamente con disponibilidad presupuestal que garantice que existen recursos suficientes para atender las obligaciones adquiridas, se atentó contra los principios que rigen la función pública y orientan su correcto funcionamiento. Con la formalidad del contrato estatal, la ley busca que las obligaciones de las partes sean claras, seguras y exigibles, por el interés general que involucran; así lo ha expresado la doctrina refiriéndose a la forma del contrato estatal:
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD-Fue vulnerado al ordenar la prestación de servicios sin el respaldo de un contrato
Es así como ordenar la prestación de servicios sin el respaldo de un contrato, pone en peligro la seguridad de la relación y la exigibilidad de las obligaciones a cargo del contratista, además de que como en este caso, implicó posteriormente suscribir un acta de liquidación en la que se reconoció la prestación de unos servicios que no tuvieron ningún respaldo contractual y en la que se comprometió al departamento de La Guajira, a la cancelación de unos gastos para los que no se contaba con disponibilidad de recursos que garantizaran su pago. Conducta que a todas luces vulnera el principio de responsabilidad y atenta contra la contra la eficiencia y diligencia que orienta el desempeño de la función pública.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-El disciplinado no se cercioró de su existencia
En el caso en examen y de acuerdo al acervo probatorio acopiado al proceso, la Sala advierte que ciertamente el disciplinado…, como supervisor de los contratos y jefe de la Oficina Jurídica, no realizó lo que resultaba primordial e imprescindible hacer, como lo era cerciorarse de la existencia de disponibilidad presupuestal y de un contrato o prórroga, previo a ordenar que los contratistas continuaran prestando sus servicios como abogados de la Gobernación. Le bastaba con revisar la existencia de estos documentos para abstenerse de obrar de la forma en que lo hizo. Era básico, elemental e imprescindible que para la ejecución de actividades los profesionales contaran con un contrato.
Por tanto, constituye una desatención elemental para un jefe jurídico, ordenar la ejecución de actividades por fuera del plazo contractual, así como reconocer el pago de unos servicios que no tenían como fuente un contrato, y para los que además no se contaba con disponibilidad de recursos.
CONTRATO ESTATAL-La falta de diligencia con la que actuó el disciplinado en un asunto tan primordial como lo es la solemnidad
No encuentra justificación alguna la falta de diligencia con la que actuó el disciplinado en un asunto tan primordial como lo es la solemnidad del contrato estatal y la exigencia previa de disponibilidad presupuestal en la asunción de compromisos, para un servidor público en quien confluyen las calidades de abogado, jefe jurídico y supervisor de los contratos; por ende, no es de recibo el argumento defensivo referente a que el cumplimiento del objeto contractual dependía de la culminación de un proceso licitatorio y no de un término específico y que, por ende, el disciplinado obró con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria.
En su lugar ordenó continuar con la ejecución de actividades, estando en condiciones de impedir que esto se llevara a cabo, con la consecuencia ya mencionada de comprometer al departamento, en la liquidación de los contratos, al pago de unos servicios para los que como se estableció, no existió disponibilidad presupuestal previa.
Esta no es la conducta que se espera de un servidor público con formación de abogado, que se desempeña como jefe de la Oficina Jurídica del departamento y que, por ende, fue el encargado de ejercer la supervisión de los contratos tantas veces referidos. Su idoneidad y calidad profesional le exigían comportarse con estricto apego a la ley, más aun tratándose de la contratación estatal donde todo es reglado, donde los trámites y procedimientos deben ceñirse a las disposiciones que la regulan, y en la que por estar de por medio los recursos públicos, se exige un comportamiento diligente, eficiente y responsable por parte de quienes intervienen en ella.
No se entiende cómo un funcionario con las calidades profesionales y competencias laborales para desempeñarse como jefe de la Oficina Jurídica de un departamento, que conocía en detalle los términos contractuales, que había solicitado la disponibilidad de recursos para que los contratistas pudieran seguir prestando sus servicios, actuó en forma tan descuidada; no solamente porque no verificó que a la expiración del plazo contractual se terminara toda actividad por parte de estos, sino también porque de manera crasa confirmó la ilegalidad al reconocer hechos cumplidos en la liquidación de los contratos, desatendiendo de esta forma aspectos elementales, obvios, imprescindibles y fundamentales de la contratación estatal.
CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-No hay lugar a su configuración
…, la causal de exclusión de responsabilidad no cobra sustento y, por ende, en este acápite concluimos que el elemento subjetivo (culpa gravísima por desatención elemental), conforme se calificó por el a quo, es correcta.
COLISIÓN DE DEBERES-Aplicación doctrinaria/COLISIÓN DE DEBERES-Requisitos para que se configure como eximente de responsabilidad/COLISIÓN DE DEBERES-La causal se presenta cuando los servidores públicos están llamados al cumplimiento simultáneo y excluyente de deberes
Para que se configure la causal de colisión de deberes, como doctrinalmente se le ha denominado a esta figura eximente de responsabilidad, se requiere: 1. Debe tratarse de por lo menos dos deberes constitucionales o legales, que tengan relación con la función o el servicio que se presta. 2. Uno de los deberes debe cumplirse en detrimento del cumplimiento

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

iento que defraudó la disciplinada afectando la función pública; en consecuencia, se mantiene la calificación de la falta como grave.
Conforme a lo establecido en el artículo 44 numeral 3 del C.D.U., sobre la clasificación y límite de las sanciones, se tiene que las faltas graves culposas se sancionan con suspensión en el ejercicio del cargo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 46 ejusdem, el término de la suspensión no puede ser inferior a un (1) mes ni superior a doce (12) meses, lapso dentro del cual se debe dosificar la sanción.
Al respecto, se debe tener en cuenta que la señora ASTRID HERNÁNDEZ no actuó de manera dolosa, sino creyendo que su actuar se encontraba ajustado al ordenamiento jurídico dada la intervención del jefe jurídico en la liquidación de los contratos, esto es, un actuar distante de una intencionalidad de afectar la función pública; por el contrario, se trató de una valoración errada imputable a título de culpa que puede tenerse como elemento para dosificar la sanción, lo que sumado a la ausencia de grave daño social y afectación de derechos fundamentales, nos lleva a concluir que la sanción a imponer debe ser la mínima para las faltas de esta naturaleza.
Entonces, como la primera instancia impuso a la disciplinada la sanción de suspensión por el término de dos (2) meses, la Sala Disciplinaria modificará la sanción a un (1) mes de suspensión, en atención a que resulta ser la mínima legal aplicable para estas faltas.
Ahora bien, como la disciplinada ha cesado en el ejercicio de las funciones del cargo por el cual se sanciona, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, el término de la suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta; valor que será cancelado a favor del departamento de La Guajira en los términos señalados en el artículo 173 de la Ley 734 de 2002 y en el Decreto 2170 de 1992. Toda vez que en el expediente no reposa certificación del salario devengado por la disciplinada para el momento de la comisión de la falta, en su condición de gobernadora encargada, por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, previo a solicitar la ejecución de la sanción a la autoridad nominadora, deberá allegarse la certificación salarial de la disciplinada y hacer la liquidación correspondiente al valor de la sanción.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus facultades legales,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR el numeral tercero del fallo de primera instancia proferido el 12 de diciembre de 2012 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, por medio del cual se declaró disciplinariamente responsables a la señora [NOMBRE TACHADO], identificada con la cédula de ciudadanía. 32.746.872, en su condición de gobernadora encargada del departamento de La Guajira, y al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con la cédula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en su condición de jefe de la Oficina Jurídica del mismo departamento, por el cargo único imputado, acorde con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral cuarto del fallo de primera instancia proferido el 12 de diciembre de 2012 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, en el sentido de imponer a la señora [NOMBRE TACHADO], en la condición anotada, la sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, según lo expuesto en las consideraciones de esta decisión.
Como la disciplinada ha cesado en el ejercicio de las funciones del cargo por el cual se sanciona, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, el término de la suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta; valor que será cancelado a favor del departamento de La Guajira en los términos señalados en el artículo 173 de la Ley 734 de 2002 y en el Decreto 2170 de 1992. Por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, previo a solicitar la ejecución de la sanción a la autoridad nominadora, deberá allegarse la certificación salarial de la disciplinada y hacer la liquidación correspondiente al valor de la sanción.
TERCERO: CONFIRMAR el numeral quinto del fallo de primera instancia proferido el 12 de diciembre de 2012 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que impuso al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de jefe de la Oficina Jurídica del departamento de La Guajira la sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses.
Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, si el disciplinado al momento de hacer efectiva la sanción ha cesado en sus funciones, el término de suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta; valor que será cancelado a favor del departamento de La Guajira en los términos señalados en el artículo 173 de la Ley 734 de 2002 y en el Decreto 2170 de 1992, lo cual equivale a la suma de TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($13.986.000); conforme a lo expuesto en la parte motiva de este fallo.
CUARTO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria, NOTIFICAR en legal forma esta decisión a los disciplinados. Para el efecto se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 100 y siguientes de la Ley 734 de 2002, advirtiéndoseles que contra ella no procede recurso alguno. Las comunicaciones serán remitidas a las direcciones que obran en el expediente así:
-Señor [NOMBRE TACHADO]: fol. 477 cuaderno 3 y fol. 644 cuaderno 4. Su apoderado doctor [NOMBRE TACHADO] Gual: folio 910 cuaderno 5.
-Señora [NOMBRE TACHADO]: folio 847 cuaderno 4. Su apoderado doctor [NOMBRE TACHADO]: folio 892 cuaderno 5.
QUINTO: Por la Secretaría de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, INFORMAR de esta determinación al gobernador del departamento de La Guajira, a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, respecto a la ejecución de las sanciones impuestas.
SEXTO: Por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, INFORMAR de las decisiones de primera y segunda instancia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, en la forma indicada en la Circular 055 del 23 de septiembre de 2002, emanada del despacho del señor procurador General de la Nación, y en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, respecto del reporte de sanciones disciplinarias.
SÉPTIMO: DEVOLVER el proceso a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, previos los registros y las anotaciones correspondientes.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
[NOMBRE TACHADO]
Procurador Primero Delegado
Presidente
MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ
Procuradora Segunda Delegada
Rad. IUS 2008-309205 IUC-D-2009-652-82745 (161-5645)
Proyectó: María Carolina Ramírez García.

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. 2015-06-18. Rad. D 2009-652-82745. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201511102144310.DOCX).
