Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: fue inoportuna en relación con las pretensiones asociadas al convenio 774
Lo que dijo la Sala
Las reglas de oportunidad para la presentación de la demanda de controversias contractuales están contenidas en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 que contempla una premisa general según la cual “el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”.
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Síntesis síntesis automática
La oportunidad para presentar la demanda de controversias contractuales se rige por el artículo 164, numeral 2, literal j), del CPACA, que fija como regla general un término de dos años contado desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento. Esa regla general se desarrolla en subreglas especiales según el negocio sea de ejecución instantánea o sucesiva, según requiera o no liquidación y, si la requiere, según la liquidación se haya hecho bilateral o unilateralmente o se haya omitido. Por ello la fecha de cómputo depende del tipo de contrato y de su trámite de liquidación, y no solo de la fecha de terminación. En el caso concreto la sala analizó la fecha de la resolución que determinó el incumplimiento y la liquidación del negocio para establecer si la demanda se presentó en tiempo, y concluyó que sí lo fue. La decisión fue modificada, pero el documento no indica que reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término de caducidad debe calcularse con las subreglas del literal j) según el estado de liquidación del contrato.
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Problema jurídico
¿La demanda fue presentada en tiempo?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2
También resuelve
- ¿Existió desequilibrio contractual al probarse la afectación patrimonial a Aguas de Barrancabermeja por el pago de tributos al parecer improcedentes?
- ¿Es procedente la imposición de costas?
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Titulación de la relatoría 6.755 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRINCIPIO PRO ACTIONE
Problema jurídico:
¿La demanda fue presentada en tiempo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las reglas de oportunidad para la presentación de la demanda de controversias contractuales están contenidas en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 que contempla una premisa general según la cual “el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. Enseguida, se refiere a la oportunidad en la que se debe formular la pretensión de nulidad del contrato y, posteriormente, desciende a una serie de reglas especiales que determinan la caducidad en función de si el negocio jurídico en el que se origina la controversia es de ejecución instantánea o sucesiva y, en este último caso, si requiere o no ser liquidado y, si ese trámite se impone, si se hizo de forma bilateral o unilateral, o si se obvió. (…) Con base en lo anterior, es posible constatar que la Resolución 804 de determinación del tributo quedó ejecutoriada antes de que venciera el plazo máximo que tenían las partes para realizar la liquidación del convenio, por tanto, para este caso, el término de caducidad debe contarse a partir del día siguiente al del vencimiento del término que establecieron para realizar el balance de cuentas –4 meses–, es decir, entre el 8 de abril y el 8 de agosto de 2011. Como la demanda se presentó el 2 de septiembre de 2015, se concluye que fue inoportuna en relación con las pretensiones asociadas al convenio 774. Se advierte que la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 9 de junio de 2014, por lo cual no suspendió el término de caducidad. (…) Respecto de los convenios interadministrativos 853 de 2007, 903, 540, 559, 722, 1007 y 1008 de 2009 en el expediente no obra prueba que permita deducir alguna información en relación con los actos administrativos que habrían determinado el valor del tributo, por tanto, tampoco acerca de su ejecutoria; de manera que, aun si pudiera establecerse con certeza la fecha del vencimiento del plazo convenido para la ejecución de estos negocios jurídicos y, por contera, del establecido para su liquidación, no sería posible constatar respecto de cada uno si los actos de determinación del tributo quedaron en firme durante el término de ejecución, en la etapa de liquidación o después de ello, lo que impide a la Sala definir con certeza si en estos casos la demanda fue o no oportuna. (…) Así, ante la imposibilidad de determinar si la demanda se interpuso en tiempo respecto de las pretensiones asociadas a los convenciones mencionados en el párrafo anterior y, derivado de ello, ante la ausencia de criterios para declarar probada tal excepción, que no fue alegada por la contraparte, en aplicación del principio pro actione, la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, emitirá decisión de fondo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2
AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÚBLICO / AFECTACIÓN A BIEN / AFECTACIÓN AL PATRIMONIO DEL ESTADO / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DEL PAGO
Problema jurídico:
¿Existió desequilibrio contractual al probarse la afectación patrimonial a Aguas de Barrancabermeja por el pago de tributos al parecer improcedentes?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 167 del Código General del Proceso establece que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. La ESP no cumplió esta carga, pues no acreditó la afectación patrimonial en la que sustentó sus pretensiones de alteración del equilibrio económico de los convenios ni, por ende, las bases de su consecuencial restablecimiento. (…) En las condiciones anotadas, no es posible establecer que la ESP efectivamente hubiere realizado el pago en el que funda sus pretensiones, hecho que por sí solo impide que se acceda a ellas, en la medida que, ante la falta de comprobación del egreso que asevera que realizó con cargo a su patrimonio, resulta imposible establecer en cabeza suya el detrimento por cuya compensación reclama. (…) Con todo, la información que reporta el expediente tampoco permite establecer si la ESP ha recuperado o intentado recuperar de parte de los sujetos pasivos de la contribución los valores que asevera haber cancelado con cargo a su patrimonio, lo cual también impide establecer en cabeza suya la afectación patrimonial por la cual reclama una compensación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Es procedente la imposición de costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que a este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, numeral 1, es procedente emitir una condena en costas en contra de la demandante, comoquiera que resultó vencida en el proceso. Se advierte que bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. (…) La fijación de las agencias en derecho se hará en los términos del Acuerdo 1887 de 2003. De conformidad con su artículo tercero, la Sala tomará en consideración, como una circunstancia relevante para que la fijación de las agencias sea equitativa y razonable, que, aun cuando la demandante resultó finalmente vencida en el proceso, lo cierto es que se encontró razón en su impugnación en cuanto a que en relación con las pretensiones de algunos convenios no era posible declarar de oficio la caducidad de la demanda. (…) Bajo este escenario, se fijarán las agencias en derecho por esta instancia en siete millones cuatrocientos sesenta mil doscientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta y tres centavos ($7’460.255,53), correspondiente al 0.2% de las pretensiones negadas.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365