Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: el convenio 20151013 no correspondía a un convenio de asociación
Lo que dijo la Sala
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, procedo a exponer las razones que me llevaron a aclarar el voto en la providencia de la referencia, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y se actualizó la condena impuesta en contra de la Asociación de Alaulayu y Cabildos Indígenas Wayuu del Sur de La Guajira.… me aparto de las consideraciones sobre la naturaleza del mencionado convenio 20151013, puesto que, aunque la Sala entendió que este era un convenio de asociación, considero que el mismo era, en realidad, interadministrativo. Ello, en atención al carácter de entidades públicas que tienen los cabildos indígenas y las asociaciones de cabildos indígenas.
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Problema jurídico
¿El convenio 20151013 no correspondía a un convenio de asociación, sino que en realidad era un convenio interadministrativo?
Respuesta: Si
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Titulación de la relatoría 4.068 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CABILDO INDÍGENA / NATURALEZA JURÍDICA DEL CABILDO INDÍGENA / ENTIDAD PÚBLICA / ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO DE CARÁCTER ESPECIAL / OMISIÓN LEGISLATIVA / TERRITORIO INDÍGENA
Problema jurídico:
¿El convenio 20151013 no correspondía a un convenio de asociación, sino que en realidad era un convenio interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, procedo a exponer las razones que me llevaron a aclarar el voto en la providencia de la referencia, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y se actualizó la condena impuesta en contra de la Asociación de Alaulayu y Cabildos Indígenas Wayuu del Sur de La Guajira. (...) me aparto de las consideraciones sobre la naturaleza del mencionado convenio 20151013, puesto que, aunque la Sala entendió que este era un convenio de asociación, considero que el mismo era, en realidad, interadministrativo. Ello, en atención al carácter de entidades públicas que tienen los cabildos indígenas y las asociaciones de cabildos indígenas. Según el Decreto-Ley 1088 de 1993, las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas son entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa (artículo 2). (...) En mi criterio, el Estado colombiano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, ya que la falta de regulación de los entes territoriales indígenas limita las posibilidades de que aquellos regulen sus propios intereses y que se administren conforme a sus creencias, usos, costumbres y saberes. La Ley 1454 de 2011, orgánica del ordenamiento territorial, no reguló este tipo de ente territorial, lo cual fue reconocido por la Corte Constitucional como una omisión legislativa absoluta. (...) En ese sentido, pese a que ni los cabildos ni las asociaciones de cabildos indígenas son entidades públicas en los términos de la Ley 80 de 1993 (pues el artículo 2 solo contempla como entidad pública a los territorios indígenas), estimo que, al ser entidades públicas especiales, con aquellos se pueden celebrar contratos y convenios interadministrativos, como instrumentos que facilitan la coordinación y la colaboración entre los diferentes entes estatales, entre los que están, se insiste en ello, los cabildos, las asociaciones indígenas y, en general, las autoridades indígenas. Lo anterior, no se reduce por ser entes especiales, dado que su carácter especial, de ningún modo, desdice de su carácter de públicos. Ahora bien, no desconozco que, en virtud del certificado de existencia y representación legal de la demandada, esta fue constituida como una entidad sin ánimo de lucro (párrafo 42 de la sentencia objeto de aclaración). Empero, no puedo evitar preguntarme si, un acto particular como el registro ante la Cámara de Comercio, puede desconocer el mandato del artículo 2 del Decreto 1088 de 1993, que define a las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas como entes de derecho público especial. Así, aunque la naturaleza del negocio jurídico no incidía en el resultado de la decisión, en tanto en un convenio interadministrativo también se aúnan esfuerzos para el cumplimiento de funciones a cargo de las entidades firmantes, sin que se configure la conmutatividad que caracteriza a los contratos, en este caso considero que la Sala debió profundizar en la naturaleza del acuerdo y en la naturaleza de las asociaciones de cabildos indígenas. En los términos anteriores, dejo consignada mi aclaración de voto.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la omisión legislativa absoluta sobre los entes territoriales indígenas, consultar sentencia de la Corte Constitucional, Exp. C-489 de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 1088 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 1454 DE 2011, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2