Radicación: 27001-23-33-000-2012-00034-01 (63690)
Demandante: Unión Temporal ISTMINA
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 27001-23-33-000-2012-00034-01 (63690)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL ISTMINA
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Temas: La renuncia a reclamaciones efectuada por el contratista en las
suspensiones del contrato es ineficaz por contrariar una norma que
establece la prohibición a renunciar a su derecho. El numeral 3 del
artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece una prohibición de
renuncia por parte del contratista, y esa prohibición está estatuida
en virtud de la posición de prevalencia que tiene la entidad estatal
en la ejecución del contrato.
Salvamento parcial de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz
Si bien comparto la decisión de ordenar la liquidación del cont rato y la de no reconocer
los valores reclamados por concepto de pago por el uso de botaderos ni lucro cesante
por menores excavaciones , no estoy de acuerdo con que la sentencia haya dejado de
estudiar la reclamación correspondiente a las suspensiones por orden público con
fundamento en la existencia de renuncias del contratista al momento de la suscripción de
las mismas . Esto , porque considero que , tal como lo estableció el tribunal , dichas
renuncias eran ineficaces por contrariar una prohibición legal.
1.- El numeral 3 del artículo 5 de la ley 80 de 1993, dispone: << Las autoridades no podrán
condicionar la participación en licitaciones ni la adjudicación, adición o modificación de
contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la
renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones
por parte de éste.>>.
2.- La prohibición de condicionar la modificación del contrato a la renuncia del derecho
del contratista a formular las reclamaciones judiciales que puedan surgir de la misma
debe interpretarse conforme con los parámetros que se señalan a continuación:
2.1.- La modificación de los contratos está prevista en el Estatut o contractual de la
administración pública como una potestad excepcional de las entidades contratantes ,
cuyo ejercicio comporta el reconocimiento de derechos a favor del contratista. De este
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modo, cuando las partes no logran modificar de común acuerdo el c ontrato, la entidad
tiene la potestad de hacerlo mediante un acto administrativo en el que debe incluir tales
reconocimientos, tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993:
<<En los actos en que se ejercite algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse
al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemni zaciones a que tengan
derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las
condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la
ecuación o equilibrio inicial.>>
2.2.- La prohibición de condicionar la modificación del contrato a la renuncia del
contratista a reclamaciones, es concordante con la regulación anterior. El legislador
busca que la entidad contra tante no burle la obligación de reconocerle perjuicios al
contratista mediante la imposición de la suscripción de una convención modificatoria en
la que se incluya la condición de renunciar a reclamar judicialmente tales perjuicios.
2.3.- Sobre el propósito de evitar el abuso de la posición de dominio de la entidad
contratante que informa la prohibición de condicionar la estipulación de modificaciones a
la renuncia de las reclamaciones por el contratista, la jurisprudencia ha señalado que <<
la posición dominante de las entidades estatales dentro de la relación contractual
comporta de suyo restricciones claras, en tanto sus imposiciones desequilibran aún más
la relación obligacional, al punto que se sancionan con ineficacia de pleno derecho, en
los términos del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 19931>>2.
2.4.- La doctrina anota que aunque la modificación debe entenderse <<como un acto
jurídico por el cual las partes acuerdan cambiar, en el curso de la ejecución del contrato,
uno o varios elementos de la convención que los vincula, manteniendo el vínculo
contractual>>, lo cierto es que << poco importa que esta modificación sea el resultado de
una negociación >> y << la negociación no es en realidad un criterio o una característica
propia de las convenciones modificatorias del contrato; la libertad en su rol el más
modesto que pueda tener, es suficiente para caracterizar el contrato como tal cuando él
mismo ha sido consentido En la convención modificatoria raramente es el resultado de
una negociación generalmente es el resultado de una adhesión a un acto previo dispuesto
por una de las partes>>3
1 Dicha norma es del siguiente tenor literal: “5o. En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. // b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras
y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y
eviten la declaratoria de desierta de la licitación. // c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de
los bienes, obras o servicios ne cesarios para la ejecución del objeto del contrato. // d) No se incluirán condiciones y
exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y
documentos que se suministren. // e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y
que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la
entidad. // f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hub iere lugar, teniendo en cuenta su
objeto, naturaleza y cuantía. // Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos
que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos
aquí enunciados” (se destaca).
2 Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B, sentencia del 28 de junio de 2012, interno 23.785, Consejera
Ponente: Stella Conto Diaz del Castillo
3 Cfr. Héléne Hoepffner, La modification du contrat administrattif. L.D.G.J, 2009, p. 282.
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Demandante: Unión Temporal ISTMINA
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2.5.- Lo anterior es lo que permite que el legislador considere que el pacto de la renuncia
a las reclamaciones por la modificación del contrato puede constituir una <<cláusula
abusiva>> incluida por la entidad contratante, que es la que por regla general redacta el
contrato y sus modificaciones; permite deducir que el contratista puede verse compelido
a aceptar esta condición cuando sabe que la entidad no la suscribirá si no la incluye.
2.6.- Si el contratista sabe que no suscribir una modificación contractual relativa al valor
del contrato o al término de ejecución inicialmente pactada le generará perjuicios mucho
más importantes que los que puede sufrir si no la suscribe, optará por hacerlo. Y para
evitar que lo anterior ocurra es que el legislador prohíbe la estipulación de renuncias a
las reclamaciones cuando se pacte una modificación al contrato. La condición de
<<adherente >> del contratista se deduce que éste, en realidad , no tiene <<ninguna
posibilidad de discutirlo ni de modificarlo, contando únicamente con la facultad de decidir
libremente si contrata o no bajo el clausulado ofrecido, dentro de un esquema de "lo toma
o lo deja">>4
2.7.- El legislador priva a la entidad contratante del derecho a condicionar la firma de una
modificación contractual a la renuncia del contratista a reclamar perjuicios fundados en
dicha modificación; ese derecho que en principio tiene la contratante en desarrollo de la
autonomía de la voluntad que la rige se suprime por el legislador, con el propósito
explicado anteriormente.
2.8.- De este modo se garantiza que las reclamacion es relativas a perjuicios derivados
de la suscripción de modificaciones al contrato siempre puede n ser llevadas al
conocimiento del juez del contrato, sin importar incluso que en el texto del contrato o en
una convención posterior se haya renunciado a este derecho. La determinación de si la
modificación al contrato le generó perjuicios al contratista es un punto que siempre debe
ser decidido por el juez y el pacto que se haga en contra de esta regla es ineficaz , tal
como lo entendió el Tribunal.
2.9.- La norma también busca garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia del contratista que puede verse afectado por la renuncia al derecho a reclamar
pactada en la modificación al contrato. La norma tiene el efecto de permitirle al contratista
acudir a la jurisdicción a reclamar los perjuicios derivados de la modificación del contrato
así en ella se haya incluido una estipulación de renuncia a las mismas.
2.10.- Las entidades contratantes tienen facultades excepcionales dirigidas a adoptar
decisiones mediante acto administrativo que, en un contrato entre particulares, sólo
pueden ser adoptadas por el juez del contrato. Esas facultades están sujetas a estrictos
requisitos y se interpretan de manera restrictiva porque implican una afectación al
derecho fundamental al debido proceso del contratista, en la medida en que es una parte
4 Camilo Posada Torres, "Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el derecho colombiano", Revista de
Derecho Privado, U
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