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Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: la renuncia a reclamaciones efectuada por el contratista en las suspensiones del contrato es ineficaz por contrariar una norma

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Fecha
2022-05-04
Radicado
27001233300020120003401
Número interno
63690
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
UNION TEMPORAL ISTMINA
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Síntesis de la providencia

Salvamento de voto: la renuncia a reclamaciones efectuada por el contratista en las suspensiones del contrato es ineficaz por contrariar una norma

Lo que dijo la Sala

Si bien comparto la decisión de ordenar la liquidación del contrato y la de no reconocer los valores reclamados por concepto de pago por el uso de botaderos ni lucro cesante por menores excavaciones, no estoy de acuerdo con que la sentencia haya dejado de estudiar la reclamación correspondiente a las suspensiones por orden público con fundamento en la existencia de renuncias del contratista al momento de la suscripción de las mismas.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿La renuncia a reclamaciones efectuada por el contratista en las suspensiones del contrato, es ineficaz por contrariar una norma que establece la prohibición a renunciar a su derecho?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Liquidación del contrato Suspensión del contrato

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Titulación de la relatoría 4.005 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / CONTRATO DE OBRA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO / RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHOS DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿La renuncia a reclamaciones efectuada por el contratista en las suspensiones del contrato, es ineficaz por contrariar una norma que establece la prohibición a renunciar a su derecho? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien comparto la decisión de ordenar la liquidación del contrato y la de no reconocer los valores reclamados por concepto de pago por el uso de botaderos ni lucro cesante por menores excavaciones, no estoy de acuerdo con que la sentencia haya dejado de estudiar la reclamación correspondiente a las suspensiones por orden público con fundamento en la existencia de renuncias del contratista al momento de la suscripción de las mismas. Esto, porque considero que, tal como lo estableció el tribunal, dichas renuncias eran ineficaces por contrariar una prohibición legal. (…) El numeral 3 del artículo 5 de la ley 80 de 1993, dispone: “Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste.” (…) La modificación de los contratos está prevista en el Estatuto contractual de la administración pública como una potestad excepcional de las entidades contratantes, cuyo ejercicio comporta el reconocimiento de derechos a favor del contratista. De este modo, cuando las partes no logran modificar de común acuerdo el contrato, la entidad tiene la potestad de hacerlo mediante un acto administrativo en el que debe incluir tales reconocimientos, tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 (…). Sobre el propósito de evitar el abuso de la posición de dominio de la entidad contratante que informa la prohibición de condicionar la estipulación de modificaciones a la renuncia de las reclamaciones por el contratista, la jurisprudencia ha señalado que “la posición dominante de las entidades estatales dentro de la relación contractual comporta de suyo restricciones claras, en tanto sus imposiciones desequilibran aún más la relación obligacional, al punto que se sancionan con ineficacia de pleno derecho, en los términos del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993”. (…) Si se admite como válida la renuncia a las reclamaciones en las convenciones modificatorias del contrato, el contratista ni siquiera tendrá la oportunidad de discutir un acto administrativo ante la jurisdicción; simplemente quedará privado del derecho de acceso a la administración de justicia como consecuencia de una renuncia al mismo, la cual se itera está prohibida expresamente en la ley. Y aquí esta renuncia no forma parte de una “transacción” en la que se resuelva un litigio: se trata de una renuncia a las reclamaciones que puedan surgir como consecuencia de la aplicación de la modificación, y la renuncia a derechos futuros está prohibida por la ley. (…) De conformidad con los anteriores parámetros, la sentencia de la que me aparto parcialmente debió confirmar la decisión del tribunal de declarar la ineficacia de las renuncias efectuadas por el contratista en las suspensiones por orden público y estudiarlas de fondo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posición dominante de las entidades estatales dentro de la relación contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de junio de 2012, rad. 23785, C. P. Stella Conto Diaz del Castillo. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3
Texto extraído del PDF oficial 16.610 caracteres
Radicación: 27001-23-33-000-2012-00034-01 (63690) Demandante: Unión Temporal ISTMINA 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022) Expediente: 27001-23-33-000-2012-00034-01 (63690) Demandante: UNIÓN TEMPORAL ISTMINA Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA Temas: La renuncia a reclamaciones efectuada por el contratista en las suspensiones del contrato es ineficaz por contrariar una norma que establece la prohibición a renunciar a su derecho. El numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece una prohibición de renuncia por parte del contratista, y esa prohibición está estatuida en virtud de la posición de prevalencia que tiene la entidad estatal en la ejecución del contrato. Salvamento parcial de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz Si bien comparto la decisión de ordenar la liquidación del cont rato y la de no reconocer los valores reclamados por concepto de pago por el uso de botaderos ni lucro cesante por menores excavaciones , no estoy de acuerdo con que la sentencia haya dejado de estudiar la reclamación correspondiente a las suspensiones por orden público con fundamento en la existencia de renuncias del contratista al momento de la suscripción de las mismas . Esto , porque considero que , tal como lo estableció el tribunal , dichas renuncias eran ineficaces por contrariar una prohibición legal. 1.- El numeral 3 del artículo 5 de la ley 80 de 1993, dispone: << Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste.>>. 2.- La prohibición de condicionar la modificación del contrato a la renuncia del derecho del contratista a formular las reclamaciones judiciales que puedan surgir de la misma debe interpretarse conforme con los parámetros que se señalan a continuación: 2.1.- La modificación de los contratos está prevista en el Estatut o contractual de la administración pública como una potestad excepcional de las entidades contratantes , cuyo ejercicio comporta el reconocimiento de derechos a favor del contratista. De este Radicación: 27001-23-33-000-2012-00034-01 (63690) Demandante: Unión Temporal ISTMINA 2 modo, cuando las partes no logran modificar de común acuerdo el c ontrato, la entidad tiene la potestad de hacerlo mediante un acto administrativo en el que debe incluir tales reconocimientos, tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993: <<En los actos en que se ejercite algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemni zaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.>> 2.2.- La prohibición de condicionar la modificación del contrato a la renuncia del contratista a reclamaciones, es concordante con la regulación anterior. El legislador busca que la entidad contra tante no burle la obligación de reconocerle perjuicios al contratista mediante la imposición de la suscripción de una convención modificatoria en la que se incluya la condición de renunciar a reclamar judicialmente tales perjuicios. 2.3.- Sobre el propósito de evitar el abuso de la posición de dominio de la entidad contratante que informa la prohibición de condicionar la estipulación de modificaciones a la renuncia de las reclamaciones por el contratista, la jurisprudencia ha señalado que << la posición dominante de las entidades estatales dentro de la relación contractual comporta de suyo restricciones claras, en tanto sus imposiciones desequilibran aún más la relación obligacional, al punto que se sancionan con ineficacia de pleno derecho, en los términos del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 19931>>2. 2.4.- La doctrina anota que aunque la modificación debe entenderse <<como un acto jurídico por el cual las partes acuerdan cambiar, en el curso de la ejecución del contrato, uno o varios elementos de la convención que los vincula, manteniendo el vínculo contractual>>, lo cierto es que << poco importa que esta modificación sea el resultado de una negociación >> y << la negociación no es en realidad un criterio o una característica propia de las convenciones modificatorias del contrato; la libertad en su rol el más modesto que pueda tener, es suficiente para caracterizar el contrato como tal cuando él mismo ha sido consentido En la convención modificatoria raramente es el resultado de una negociación generalmente es el resultado de una adhesión a un acto previo dispuesto por una de las partes>>3 1 Dicha norma es del siguiente tenor literal: “5o. En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. // b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación. // c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios ne cesarios para la ejecución del objeto del contrato. // d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. // e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. // f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hub iere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. // Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados” (se destaca). 2 Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B, sentencia del 28 de junio de 2012, interno 23.785, Consejera Ponente: Stella Conto Diaz del Castillo 3 Cfr. Héléne Hoepffner, La modification du contrat administrattif. L.D.G.J, 2009, p. 282. Radicación: 27001-23-33-000-2012-00034-01 (63690) Demandante: Unión Temporal ISTMINA 3 2.5.- Lo anterior es lo que permite que el legislador considere que el pacto de la renuncia a las reclamaciones por la modificación del contrato puede constituir una <<cláusula abusiva>> incluida por la entidad contratante, que es la que por regla general redacta el contrato y sus modificaciones; permite deducir que el contratista puede verse compelido a aceptar esta condición cuando sabe que la entidad no la suscribirá si no la incluye. 2.6.- Si el contratista sabe que no suscribir una modificación contractual relativa al valor del contrato o al término de ejecución inicialmente pactada le generará perjuicios mucho más importantes que los que puede sufrir si no la suscribe, optará por hacerlo. Y para evitar que lo anterior ocurra es que el legislador prohíbe la estipulación de renuncias a las reclamaciones cuando se pacte una modificación al contrato. La condición de <<adherente >> del contratista se deduce que éste, en realidad , no tiene <<ninguna posibilidad de discutirlo ni de modificarlo, contando únicamente con la facultad de decidir libremente si contrata o no bajo el clausulado ofrecido, dentro de un esquema de "lo toma o lo deja">>4 2.7.- El legislador priva a la entidad contratante del derecho a condicionar la firma de una modificación contractual a la renuncia del contratista a reclamar perjuicios fundados en dicha modificación; ese derecho que en principio tiene la contratante en desarrollo de la autonomía de la voluntad que la rige se suprime por el legislador, con el propósito explicado anteriormente. 2.8.- De este modo se garantiza que las reclamacion es relativas a perjuicios derivados de la suscripción de modificaciones al contrato siempre puede n ser llevadas al conocimiento del juez del contrato, sin importar incluso que en el texto del contrato o en una convención posterior se haya renunciado a este derecho. La determinación de si la modificación al contrato le generó perjuicios al contratista es un punto que siempre debe ser decidido por el juez y el pacto que se haga en contra de esta regla es ineficaz , tal como lo entendió el Tribunal. 2.9.- La norma también busca garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia del contratista que puede verse afectado por la renuncia al derecho a reclamar pactada en la modificación al contrato. La norma tiene el efecto de permitirle al contratista acudir a la jurisdicción a reclamar los perjuicios derivados de la modificación del contrato así en ella se haya incluido una estipulación de renuncia a las mismas. 2.10.- Las entidades contratantes tienen facultades excepcionales dirigidas a adoptar decisiones mediante acto administrativo que, en un contrato entre particulares, sólo pueden ser adoptadas por el juez del contrato. Esas facultades están sujetas a estrictos requisitos y se interpretan de manera restrictiva porque implican una afectación al derecho fundamental al debido proceso del contratista, en la medida en que es una parte 4 Camilo Posada Torres, "Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el derecho colombiano", Revista de Derecho Privado, U

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=270012333000201200034011100103