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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
RECURSO DE ANULACIÓN / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / FALLO EN CONCIENCIA / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / IMPROCEDENCIA DE LA SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Se debe declarar infundado el recurso de anulación contra laudo arbitral proferido el veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023), que puso fin a las diferencias presentadas con la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, en desarrollo de los contratos de concesión portuaria por no configurarse las causales establecidas en los numerales 7 y 5 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 alegadas por la parte recurrente?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. y Barranquilla International Terminal Company S.A. presentaron recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral proferido el veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023), que puso fin a las diferencias presentadas con la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, en desarrollo de los contratos de concesión portuaria núm. 008 del doce (12) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993) y núm. 41 del cuatro (4) de febrero de dos mil diez (2010). La solicitud se fundamentó en las causales establecidas en los numerales 7 y 5 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por cuanto, según la recurrente, en la resolución de las controversias relacionadas con el pago de la contraprestación por infraestructura y la obligación de garantizar la navegabilidad en el canal navegable, el panel arbitral habría inaplicado disposiciones legales y contractuales, habría omitido pruebas aportadas al expediente y habría dejado de practicar una prueba que había sido previamente decretada. (...) La parte convocante invocó la causal prevista en artículo 41.7 de la Ley 1563 de 2012 porque, según afirmó, al resolver las pretensiones relacionadas con “el pago de la contraprestación en exceso por parte de la SPRB”, el Tribunal dejó de aplicar varias disposiciones normativas y contractuales. En particular, adujo que el panel arbitral omitió completamente las pruebas aportadas al expediente e inaplicó: (i) los artículos 1602 y 1620 del Código Civil (“CC”), (ii) 7 y 38 de la Ley 1 de 1991 , y (iii) la cláusula decimoprimera (11ª)68 del contrato de concesión núm. 008. (...) Esta Sala disiente de la sustentación de la parte recurrente, pues observa que la conclusión a la que llegó el Tribunal en el laudo recurrido está sustentada en la interpretación que de las cláusulas contractuales realizó esta Alta Corporación en la sentencia del dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018); análisis que se llevó a cabo en consideración a que el contrato es ley para las partes, de conformidad con el artículo 1602 CC. (...) la Sala concluye que el panel arbitral no desconoció las disposiciones contractuales que indicaban que el valor de la referida contraprestación era de US$ 2.610.590 (dos millones seiscientos diez mil quinientos noventa dólares americanos). Cosa distinta es que haya seguido la misma línea de motivación del referido fallo para concluir, al igual que en aquella oportunidad, que dicha suma era una referencia, y que para determinar su valor era necesario tener en cuenta elementos adicionales, tales como, el porcentaje del uso de la infraestructura, entre otros. Así, la Subsección advierte que las pretensiones formuladas en la demanda arbitral, relacionadas con la controversia bajo examen no prosperaron por falencias probatorias de la parte demandante relativas, particularmente, a la cuantificación del monto de la contraprestación por infraestructura; elemento que, además, era indispensable para determinar si existió un pago en exceso y, en caso de que así fuera, establecer su cuantía y la posible fecha en la que se configuró el incumplimiento. (...) las apreciaciones y conclusiones de la decisión cuestionada se muestran como producto de la interpretación y aplicación de la ley, realizada por el Tribunal de Arbitramento, para resolver la controversia puesta a su conocimiento. Los argumentos con base en los cuales la recurrente sustentó la causal bajo estudio no permiten concluir que fuera proferido de un laudo en conciencia o equidad. Contrario a ello, se advierte que, bajo el ropaje de esta causal, se buscó revivir el debate jurídico y probatorio agotado, en cuanto cuestionan la interpretación de la ley, la valoración de las pruebas, y el alcance que el panel arbitral dio al contenido obligacional acordado, por vía de su interpretación del negocio jurídico; aspectos ajenos a la órbita competencial del juez del recurso de anulación. Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso, en relación con la controversia analizada. (...) En relación con la controversia sobre el “incumplimiento de Cormagdalena de su obligación de garantizar la navegabilidad en el canal navegable de acceso al Puerto de Barranquilla”, la parte convocante formuló nuevamente la causal de anulación prevista en el artículo 41.7 de la Ley 1563 de 2012. A modo de sustento de la causal invocada, afirmó que el panel arbitral falló en consciencia o equidad, en la medida en que se apartó manifiestamente de las normas aplicables a los contratos de concesión de infraestructura portuaria (artículos 331 de la Constitución, 2 de la Ley 161 de 1994, 7 y 34 de la Ley 1 de 1991, y el parágrafo 3 del artículo 64 de la Ley 1242 de 2008) (...) Frente a la causal de anulación antes descrita, Cormagdalena98 refirió que, al resolver la referida controversia, el panel arbitral tuvo en cuenta las normas aplicables en la materia. Cosa distinta es que hubiese concluido que las obligaciones a su cargo, relacionadas con el canal navegable, tenían un alcance distinto al descrito por la parte convocante. Agregó que las conclusiones del Tribunal respecto de tales obligaciones se fundamentaron en las pruebas allegadas al proceso, entre ellas, el informe de dragado. (...) Los argumentos en los que se fundó la causal bajo estudio no denotan la existencia de un fallo en conciencia o equidad ni, menos aún, que esto se percibiera forma manifiesta en el laudo recurrido. Por el contrario, con esta causal se cuestiona directamente el ejercicio de interpretación jurídica realizado por el panel arbitral. Es evidente así que fue invocada indebidamente la existencia de un fallo en conciencia o equidad y que la intención que subyace al recurso no es que se corrija una decisión que pretermitiera el ordenamiento jurídico, sino que se revise la decisión de fondo, para que se haga una nueva valoración de las pruebas y una interpretación de la ley y del contrato ajustada a los intereses de la parte recurrente; análisis que, se itera, escapa de las competencias del juez de anulación. Lo que percibe esta Sala es que la parte convocante, en los cargos del recurso de anulación bajo análisis, más allá de plantear un desconocimiento de las normas invocadas, formuló una inconformidad frente a lo decidido por el tribunal, razón por la que los argumentos planteados no se ajustan a la causal prevista en el artículo 41.7 de la Ley 1563 de 2012. Así las cosas, la Subsección declarará infundado el recurso, en relación con la controversia analizada. Finalmente, la parte convocante formuló la causal de anulación prevista en el artículo 41.5 de la Ley 1563 de 2012, porque a su juicio, el panel arbitral dejó de valorar numerosas pruebas aportadas al expediente, relativas a la controversia sobre el “incumplimiento de Cormagdalena de su obligación de garantizar la navegabilidad en el canal navegable de acceso al Puerto de Barranquilla”. (...) la causal bajo análisis no está llamada a prosperar en la medida en que no se cumplen los presupuestos para ello. Por un lado, el Tribunal no negó el decreto de una prueba solicitada oportunamente, ni dejó de practicar una prueba decretada sin fundamento legal alguno. La exhibición de documentos solicitada por la parte convocante sí se llevó a cabo, sobre los documentos que Cormagdalena tenía en su poder, sin que la ahora recurrente demostrara que Cormagdalena sí pudiera exhibir los documentos cuya titularidad negó. Aparte, la convocante no ejerció el recurso de reposición contra el auto núm. 74 del veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023), en el que se ordenó el cierre de la práctica de dicha prueba. Tampoco justificó en el recurso la forma en la que la exhibición de los documentos que echa de menos habría tenido incidencia en el sentido de la decisión, pues simplemente se limitó afirmar que “Cormagdalena impidió la práctica de una prueba decretada que pudo haber tenido incidencia” (negritas por fuera texto). Por ese motivo, la Sala advierte que la parte convocante ni siquiera tenía certeza sobre la posible incidencia que la exhibición de los documentos referidos tendría en la decisión. En ese orden, la Subsección declarará infundado el recurso, en relación con la causal analizada frente a la segunda controversia planteada.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 331, LEY 1 DE 1991 - ARTÍCULO 34, LEY 1 DE 1991 - ARTÍCULO 7, LEY 1242 DE 2008 - ARTÍCULO 64 PARÁGRAFO 3, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 5, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7, LEY 161 DE 1994 - ARTÍCULO 2
CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la configuración de la causal establecida en el artículo 47.5 de la Ley 1563 de 2012, según la cual la anulación del laudo procede por “[h]aberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión”?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por su parte, la causal establecida en el artículo 47.5 de la Ley 1563 de 2012, según la cual la anulación del laudo procede por “[h]aberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión”, se configura ante el cumplimiento de los siguientes presupuestos: (i) que el tribunal de arbitramento haya negado una prueba solicitada oportunamente, o haya dejado de practicar una prueba decretada sin fundamento legal alguno; (ii) que en cualquiera de los anteriores eventos se hubiese presentado, dentro del término establecido para ello, el recurso de reposición contra la decisión que negó el decreto de una prueba, o contra aquella que dio cierre a la etapa probatoria; y (iii) que la prueba omitida, en su decreto o práctica, pudiera tener incidencia en la decisión.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de diciembre de 2018, rad. núm. 11001-03-26-000-2018-00031-00 (61082).
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 5
CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALLO EN CONCIENCIA / REQUISITOS DEL FALLO EN CONCIENCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El hecho de que el panel arbitral no haga referencia a una prueba determinada en el laudo no significa que el fallo haya sido dictado a conciencia o equidad, pues solo constituye una decisión de esta naturaleza aquella en la que dicha autoridad omite en su integridad las pruebas recaudadas para, en su lugar, acudir a la íntima convicción de sus integrantes y definir, de esa manera, los hechos probados, además, la referida causal exige para su configuración que la omisión de la aplicación de las reglas en derecho sea manifiesta en el laudo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La causal prevista en el artículo 41.7 de la Ley 1563 de 2012 consiste en “[h]aberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”, e implica que, para verificar si un laudo fue proferido en conciencia o equidad, se debe comprobar si los árbitros, al resolver el asunto puesto a su consideración, dejaron de lado, de manera evidente, las normas aplicables en la respectiva materia y las pruebas aportadas al expediente, para basar su decisión “de manera exclusiva en su leal saber y entender, aplicando el sentido común y la verdad sabida y buena fe guardada”. En ese sentido, si se advierte que el fallo omite, de forma evidente, el marco jurídico aplicable, que carece de fundamentos jurídicos o que no se examinaron las pruebas aportadas, se puede concluir que fue dictado a conciencia o equidad. Contrario a ello, si el asunto fue resuelto con base en el ordenamiento jurídico, con un análisis y una valoración de las pruebas allegadas de manera oportuna al proceso, y conforme con las reglas de la sana crítica, el pronunciamiento será en derecho. En relación con la incidencia del análisis probatorio en la causal descrita, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, el hecho de que el panel arbitral no haga referencia a una prueba determinada en el laudo no significa que el fallo haya sido dictado a conciencia o equidad, pues solo constituye una decisión de esta naturaleza aquella en la que dicha autoridad omite en su integridad las pruebas recaudadas para, en su lugar, acudir a la íntima convicción de sus integrantes y definir, de esa manera, los hechos probados. El simple descuerdo de las partes frente a las consideraciones y valoraciones del tribunal, al dictar el laudo, no configura una decisión en conciencia o equidad, y de residir en tal desacuerdo el fundamento presentado en sustento de la configuración de la causal, el recurso resulta improcedente. Finalmente, cabe precisar que la referida causal exige para su configuración que la omisión de la aplicación de las reglas en derecho sea manifiesta en el laudo, es decir, que “la inobservancia de la normatividad debe ser evidente, luego, no se trata de una simple o discutida omisión normativa o de falta de referencia constante a las normas del ordenamiento jurídico, sino que es necesario que esa circunstancia se refleje claramente en el laudo”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de febrero de 2014, rad. núm. 11001-03-26-000-2013-00111-00(48117); sentencia del 2 de mayo de 2016, 11001-03-26-000-2015-00141-00 (55307). Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que “(…) sólo cuando el fallo que se dice en derecho deje de lado, en forma ostensible, el marco jurídico que debe acatar para basarse en la mera equidad podrá asimilarse a un fallo en conciencia y que, si el juez adquiere la certeza que requiere para otorgar el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en las reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable del mérito que le da a determinado medio o al conjunto de todos”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 1992, rad. núm. 6695.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7
REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El recurso de anulación tiene un carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, cuya procedencia depende de que se identifique y se sustenten debidamente las causales que se invoquen, conforme con lo previsto en la ley para tal efecto, razón por la que el juez de anulación debe rechazar de plano el recurso, cuando las causales que se invoquen no correspondan a alguna de aquellas establecidas en la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha destacado que el recurso de anulación tiene un carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, cuya procedencia depende de que se identifique y se sustenten debidamente las causales que se invoquen, conforme con lo previsto en la ley para tal efecto, razón por la que el juez de anulación debe rechazar de plano el recurso, cuando las causales que se invoquen no correspondan a alguna de aquellas establecidas en la ley. De esta forma, la competencia del juez del recurso de anulación está condicionada al principio dispositivo, según el cual, el recurrente delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que persigue de conformidad con las causales establecidas en la ley , razón por la que el juez de la anulación no tiene competencia para interpretar lo expresado por el recurrente, para entender o deducir la causal invocada y, menos aún, para pronunciarse sobre aspectos no contenidos en el recurso extraordinario de anulación. Además, el recurso no constituye una instancia adicional dentro del trámite arbitral, pues su finalidad reside en el cuestionamiento de la decisión arbitral por errores in procedendo que comprometen la ritualidad de las actuaciones, al quebrantar normas reguladoras de la actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del derecho de defensa y del debido proceso, y no por errores in iudicando, es decir, por el señalamiento de motivos de mérito o de fondo a manera de sustento del cuestionamiento de la decisión arbitral en función del derecho sustancial, o como recurso para proponer o revivir un nuevo debate sobre las pruebas o sobre lo concluido en aquel proceso. Esto es así, en la medida en que el juez de anulación no oficia como superior jerárquico o funcional del tribunal de arbitramento, razón por la que no puede intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar sus decisiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de mayo de 1992, rad. núm. CE-SEC3-EXP1992-N5326. En igual sentido, sentencias del 12 de noviembre de 1993, rad. núm. 7809; 16 de junio de 1994, rad. núm. 6751; 24 de octubre de 1996, rad. núm. 11632; 18 de mayo de 2000, rad. núm. CE-SEC3-EXP2000-N17797; 23 de agosto de 2001, rad. núm. 11001-03-26-000-1999-9090-01 (19090); 20 de junio de 2002, rad. núm. 11001-03-26-000-2000-0004-01 (19488); 4 de julio de 2002, rad- núm. 11001-03-26-000-2001-0049-01 (21217); 4 de julio de 2002, rad. núm. 11001-03-26-000-2001-0069-01 (22012); 1º de agosto de 2002, rad. núm. 11001-03-25-000-2001-00046-01 (21041); 25 de noviembre de 2004, rad. núm. 11001-03-26-000-2003-00055-01 (25560); 8 de junio de 2006, rad. núm. 11001-03-26-000-2006-00008-00 (32398); a de diciembre de 2006, rad. núm. 11001-03-26-000-2006-00029-00 (32871); 21 de mayo de 2008, rad. núm. 10001-03-26-000-2007-00008-00(33643); y 13 de mayo de 2009, rad. núm. 11001-03-26-000-2007-00058- 00 (34525). 49 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 26 de febrero de 2004, rad. núm. 11001-03-26-000-2003-0024-01 (25094). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, rad. núm. 11001-03-26-000-2006-00029-00 (32871), y auto del 26 de febrero de 2004, rad. núm. 11001- 03-26-000-2003-0024-01 (25094). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de mayo de 1992, rad. núm. CE-SEC3-EXP1992-N5326. En igual sentido, sentencia del 16 de junio de 1994, rad. núm. 6751. 52 Ibidem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, rad. núm. 11001-03-26-000-2006-00029-00 (32871). 54 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2017, rad. núm. 11001-03-26-000-2017-00007-00 (58527).
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas cuando se declara infundado el recurso de anulación contra laudo arbitral?
Respuesta al problema jurídico: Si
Finalmente, en relación con la condena en costas, la Sala precisa que, conforme con el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, “si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público”. En ese orden, en la medida en que no prosperaron las causales invocadas en el recurso extraordinario de anulación interpuesto por SPRB y BITC, serán condenadas en costas en su condición de recurrentes. Las agencias de derecho serán liquidadas conforme con el Acuerdo núm. PSAA16-10554 del cinco (5) de agosto de dos mil dieciséis (2016), expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que establece que en los recursos extraordinarios, se aplica una tarifa de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el referido concepto125 . Así las cosas, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 361 del CGP y el artículo 5.9 del acuerdo antes mencionado, y dado que no se presentó un hecho extraordinario en el trámite propio del recurso que hubiese dificultado el proceso con actuaciones adicionales, ni se observan otros gastos, la Sala fijará a título de costas procesales por concepto de agencias en derecho el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43