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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Caducidad del contrato estatal: 76001233300720170164401 de 2026

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-09-18
Radicado
76001233300720170164401
Número
76001233300720170164401 de 2026

Síntesis del concepto

Caducidad del contrato estatal: 76001233300720170164401 de 2026

En resumen

La misma disposición refiere que tal declaratoria conduce a: (i) dar por terminado el vínculo, sin que haya lugar a indemnización para el contratista; (ii) ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre; (iii) exigir las garantías por configuración del siniestro del incumplimiento; (iv) hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; y (v) configura para el contratista la inhabilidad para celebrar contratos con entidades públicas durante 5 años. Indica también que “ La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato ”, disposición que debe leerse en armonía con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2011 en relación con la garantía única de cumplimiento, en concordancia con lo reconocido por la jurisprudencia de esta Corporación, en cuanto a que dicha consecuencia no aplica a los contratos de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Los contratos estatales y sus modificatorios deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, y solo pueden ser declarados nulos por las causales taxativamente previstas en la Ley 80 de 1993, además de la demostración del vicio y la intervención de las partes o sus causahabientes. La caducidad del contrato estatal requiere la concurrencia de un incumplimiento grave y directo del contratista que amenace la paralización del contrato, y debe ser declarada por acto administrativo debidamente motivado, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa del contratista. La jurisprudencia reitera que la declaratoria de caducidad no puede ser repentina, y debe agotarse un procedimiento que permita al contratista rendir explicaciones, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. Además, la terminación del contrato de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales por falta de notificación oportuna de agravación del riesgo no es aplicable, según la jurisprudencia de la corporación. En cuanto a la cláusula penal pecuniaria, su efectividad en casos de declaratoria de caducidad debe ajustarse a los principios de proporcionalidad y equidad, reduciéndose proporcionalmente cuando los perjuicios sean inferiores a la penalidad pactada.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Puntos que trata

  • Nulidad absoluta de contratos estatales y sus modificatorios: unificación, buena fe contractual, causales de nulidad absoluta, demostración del vicio
  • Caducidad del contrato estatal: normativa, Ley 80 de 1993, incumplimiento contractual, gravedad del incumplimiento
  • Declaratoria de caducidad del contrato estatal: presupuestos de legalidad, incumplimiento del contratista, incumplimiento de la entidad, afectación grave y directa de la ejecución contractual
  • Procedimiento para la declaratoria de caducidad contractual: requerimientos previos, debido proceso, derecho de defensa, explicaciones del contratista
  • Seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales: agravación del riesgo, deber de notificación, terminación del contrato de seguro, garantía única de cumplimiento

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Restrictores

Afectación grave y directa de la ejecución contractual Agravación del riesgo Alcance Ley 80 de 1993 Amenaza de paralización Aporte y controversia de pruebas Buena fe contractual Causales de nulidad absoluta Cláusulas excepcionales Deber de notificación Debido proceso Debido proceso y derecho de defensa Declaratoria de caducidad Demostración del vicio Derecho de defensa Dirección y control de la ejecución contractual Efectividad de la cláusula penal Explicaciones del contratista Garantía única de cumplimiento Gravedad del incumplimiento Inaplicación del artículo 1060 del Código de Comercio Incumplimiento contractual Incumplimiento de la entidad Incumplimiento del contratista Intervención de las partes o causahabientes Invalidación judicial Ley 1474 de 2011 Artículo 86 Normativa Obligaciones de las partes Perjuicios inferiores a la penalidad pactada Presupuestos de legalidad Principios de proporcionalidad y equidad Reducción proporcional Requerimientos previos Terminación del contrato de seguro Término Unificación

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

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Texto del documento 8.880 caracteres
NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATOS ESTATALES Y SUS MODIFICATORIOS – Unificación – Buena fe contractual – Causales de nulidad absoluta – Demostración del vicio – Intervención de las partes o causahabientes – Invalidación judicial […]Los contratos estatales deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, de manera que obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o de lo que por ley pertenecen a ella, conforme lo prevén los artículos 1603 CC y 871 del Código de Comercio. Este imperativo, como fuente de derechos y obligaciones, solo puede verse desestimado, además del mutuo disenso o la rescisión por lesión enorme, por la anulación del respectivo acto jurídico bilateral, bajo las causales taxativamente previstas para ello en el ordenamiento jurídico. De cara a lo anterior, debe recordarse, conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que los contratos estatales y sus modificatorios son absolutamente nulos, además de los casos previstos en el derecho común, cuando: (i) se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; (ii) contra expresa prohibición constitucional o legal; (iii) con abuso o desviación de poder; (iv) se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y (v) se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 del EGCAP. Sin embargo, en los términos de los artículos 141 del CPACA, 45 de la Ley 80 de 1993 y 1742 del Código Civil, la invalidación judicial de aquellos acuerdos, incluso si no media pretensión anulatoria, está sujeta a la plena demostración del vicio que erosiona su legalidad, además de la intervención en el proceso de las partes o sus causahabientes, conforme a lo reglado por los artículos 45 de la Ley 80 de 1993, 1742 del Código Civil y 141 del CPACA. CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL – Normativa – Ley 80 de 1993 – incumplimiento contractual – Gravedad del incumplimiento – Obligaciones de las partes – Dirección y control de la ejecución contractual – Cláusulas excepcionales – Término […] La existencia de un incumplimiento de la magnitud requerida para configurar la causal de caducidad prevista en la Ley 80 de 1993; y (ii) las obligaciones asumidas por el demandante no exoneraban a la contratante de atender de forma oportuna sus propias prestaciones, ni hacían irrelevante su incumplimiento, contrario a lo concluido por el Tribunal. La Corporación ha precisado que, en materia contractual, la dirección y control en la celebración y ejecución del contrato que detenta la administración se desarrolla, entre otras – y cuando a ello haya lugar -, a través del ejercicio de las cláusulas excepcionales al derecho común -enunciadas en los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993-, fundamentadas en el interés general que persigue satisfacer. En cuanto atañe a la caducidad, el artículo 18 ejusdem la define como la estipulación en virtud de la cual “si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre ”. La misma disposición refiere que tal declaratoria conduce a: (i) dar por terminado el vínculo, sin que haya lugar a indemnización para el contratista; (ii) ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre; (iii) exigir las garantías por configuración del siniestro del incumplimiento; (iv) hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; y (v) configura para el contratista la inhabilidad para celebrar contratos con entidades públicas durante 5 años. Aunado a ello, la jurisprudencia de esta Colegiatura ha explicado que se trata de una potestad de orden público y, como tal, es inalienable, irrenunciable e intransmisible; se ejerce a través de la expedición de actos administrativos que deben ser debidamente motivados, se puede hacer efectiva sin necesidad de acudir ante el juez; no es renunciable por estar involucrado el interés público. DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL – Presupuestos de legalidad – Incumplimiento del contratista – Incumplimiento de la entidad – Afectación grave y directa de la ejecución contractual – Amenaza de paralización – Debido proceso y derecho de defensa […] Esta Subsección ha sostenido que la legalidad de la declaratoria de caducidad está supeditada a la concurrencia de los siguientes presupuestos, de obligatoria motivación en el acto administrativo correspondiente: (i) una desatención prestacional del contratista; (ii) la inexistencia de un incumplimiento determinante por parte de la entidad; (iii) la separación del débito negocial debe recaer en una obligación que afecte de manera directa y grave la ejecución del contrato; (iv) ese incumplimiento debe amenazar con paralizar definitivamente el contrato, al punto que impida la realización del objeto y (iv) la declaratoria de caducidad no puede ser repentina, pues debe agotarse un procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista . Así, “[l] a ausencia de alguno de estos presupuestos afecta la validez de la determinación y origina un derecho resarcitorio para el contratista injustamente privado del contrato y afectado por la inhabilidad. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD CONTRACTUAL – Requerimientos previos – Debido proceso – Derecho de defensa – Explicaciones del contratista – Aporte y controversia de pruebas – Ley 1474 de 2011 artículo 86 […] la jurisprudencia de la Corporación ha precisado que, en el contexto de la caducidad del contrato estatal, tal manifestación “no puede aparecer de súbito: la declaratoria de caducidad no puede ser repentina, por lo que, frente al incumplimiento advertido, la entidad debe efectuar requerimientos y agotar un procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista. Ese entendimiento viene de la mano de lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, aplicable al negocio sub lite, que sujeta -entre otras- la declaratoria de incumplimientos y la imposición de sanciones a un procedimiento en cuyo marco el contratista “ podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad ”. SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – Agravación del riesgo – Deber de notificación – Terminación del contrato de seguro – Garantía única de cumplimiento – Inaplicación del artículo 1060 del Código de Comercio […] se tiene que el artículo 1060 del C.Co. dispone que “ e l asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del riesgo ” y, en tal virtud, “ deberán notificar por escrito al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que (…) signifiquen agravación del riesgo ” . Indica también que “ La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato ”, disposición que debe leerse en armonía con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2011 en relación con la garantía única de cumplimiento, en concordancia con lo reconocido por la jurisprudencia de esta Corporación, en cuanto a que dicha consecuencia no aplica a los contratos de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales. Esta circunstancia ha sido acogida por la Sala en múltiples oportunidades para negar la procedencia de la citada norma del Código de Comercio a casos como el presente, lo que permite desestimar el cargo de nulidad enfilado por las aseguradoras sobre este supuesto. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA EN CONTRATOS ESTATALES – Declaratoria de caducidad – Efectividad de la cláusula penal – Perjuicios inferiores a la penalidad pactada – Reducción proporcional – Principios de proporcionalidad y equidad En providencia del 28 de noviembre de 2019, la Corporación reiteró que, al declarar la caducidad del contrato, la administración tiene competencia para ordenar la efectividad de la cláusula penal pecuniaria en contra del contratista incumplido, pero que, si los perjuicios causados fueron inferiores al valor establecido en dicha cláusula, “resultaría lógico que el afectado con la decisión de la administración pidiera en vía gubernativa y luego en ejercicio de la acción contractual ante el juez natural la modificación del acto para que este ajustara la liquidación de los perjuicios anticipados al porcentaje real de incumplimiento ” . Esta Corporación también ha reconocido que la señalada reducción proporcional es viable incluso cuando las partes no la pactaron así en la cláusula penal, en aplicación del principio proporcionalidad y del criterio de la equidad. […]

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias/76001233300720170164401-de-2026/