Síntesis del concepto
Incompatibilidades: la entidad estatal está obligada a respetar los criterios normativos aplicables al proceso de contratación
Regla de decisión
En otros términos, so pretexto de una cesión contractual no pueden vulnerarse las reglas y principios de la contratación estatal, ni puede la figura emplearse como instrumento para desviar las obligaciones que tiene la entidad en materia de selección objetiva.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista no puede celebrar contratos estatales ni participar en procesos de selección si surge una causal de incompatibilidad prevista en el numeral 2, literal d) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, incluso si dicha causal se presenta después de la celebración del contrato, ya que la norma establece que el contratista debe ceder el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, en su defecto, renunciar a su ejecución. Esta interpretación se basa en la necesidad de mantener el carácter objetivo de las causales de incompatibilidad y en la interpretación sistemática del artículo 9 de la Ley 80 de 1993, que regula las consecuencias de las incompatibilidades sobrevinientes. La cesión del contrato debe cumplir con ciertos requisitos, incluyendo la capacidad técnica y financiera del cesionario y el respeto a los principios de transparencia y selección objetiva.
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Pregunta que resuelve
¿Puede una causal de incompatibilidad de las previstas en el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 sobrevenir con posterioridad a la celebración del contrato, pese a que su enunciado alude a participar en procesos de selección y a celebrar contratos estatales?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, art. 5
- Ley 222 de 1995, art. 22
- Ley 1150 de 2007, arts. 5, 6 y 9
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
La circunstancia de que los enunciados del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 estén redactados como prohibiciones de participar en licitaciones y de celebrar contratos estatales no impide que la causal sobrevenga. Esos enunciados delimitan quiénes resultan afectados por la restricción; el artículo 9 del mismo estatuto, por su parte, regula qué ocurre cuando la condición que estructura la causal aparece con posterioridad. Ambas disposiciones operan en planos distintos y complementarios.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Restrictores
Alcance del parágrafo
Ámbito propio
Artículo 8, numeral 2, literal d), de la Ley 80 de 1993
Artículo 9 de la Ley 80 de 1993
Carácter objetivo
Causal preexistente y causal sobreviniente
Efecto útil
Elementos
Funciones del servidor respecto del contrato
Interpretación sistemática
Irrelevancia
Límites
Modificación por la Ley 2014 de 2019
Regímenes diferenciados
Requisitos
Texto del documento 6.566 caracteres
INCOMPATIBILIDADES – Artículo 8, numeral 2, literal d), de la Ley 80 de 1993 – Elementos
Conforme al literal d) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, algunas personas jurídicas no podrán celebrar contratos con la entidad a la que pertenezca un servidor público que: i) ostente un cargo en el nivel directivo, asesor, ejecutivo o que sea miembro de la junta o consejo directivo de la entidad contratante; y que, simultáneamente, ii) dicho servidor público o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos tenga participación en esas personas jurídicas o desempeñe un cargo de dirección o manejo. La norma comprende expresamente, entre sus destinatarias, a las sociedades de responsabilidad limitada, y contempla de manera alternativa tanto la participación en el capital como el desempeño de cargos de dirección o manejo, de suerte que basta la concurrencia de cualquiera de esas dos circunstancias.
INCOMPATIBILIDADES – Carácter objetivo – Funciones del servidor respecto del contrato – Irrelevancia
El supuesto de hecho del literal d) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 se compone del nivel del cargo que ocupa el servidor público en la entidad contratante y del vínculo —de parentesco o de participación— con la persona jurídica, sin que la disposición incorpore un elemento adicional relativo a las funciones concretas que aquel ejerza respecto del contrato. Se trata, por tanto, de una causal objetiva que opera por ministerio de la ley, en la que el legislador prescindió deliberadamente del examen casuístico sobre la influencia real del servidor en el negocio. Del mismo modo que la interpretación restrictiva impide extender las causales a supuestos no previstos, tampoco autoriza a introducir en ellas requisitos que el legislador no estableció, pues en ambos casos el intérprete estaría sustituyendo al órgano competente para configurarlas.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES – Artículo 9 de la Ley 80 de 1993 – Ámbito propio
Si las inhabilidades o incompatibilidades tienen carácter sobreviniente, el ordenamiento jurídico trata de manera distinta al oferente, al adjudicatario y al contratista. Respecto del oferente, el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 80 de 1993 dispone que se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. Respecto del adjudicatario, el inciso tercero del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 prevé que el acto de adjudicación podrá ser revocado. Y respecto del contratista, el inciso primero del artículo 9 de la Ley 80 de 1993 establece que cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Esta última hipótesis presupone necesariamente que la causal surja cuando el contrato ya está celebrado, esto es, cuando la participación en el proceso de selección y la celebración se encuentran agotadas.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES – Efecto útil – Interpretación sistemática
El hecho de que los enunciados del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 estén formulados como prohibiciones de participar en procesos de selección y de celebrar contratos no excluye que la causal pueda sobrevenir. Dichos enunciados delimitan quiénes resultan afectados por la restricción, mientras que el artículo 9 regula qué ocurre cuando la condición que estructura la causal aparece con posterioridad. Entender lo contrario privaría al artículo 9 de todo ámbito de aplicación, pues, como la totalidad de las causales del artículo 8 están redactadas en esos términos y la sobreviniencia supone por definición que tales actos ya ocurrieron, jamás podría sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad alguna. Una lectura que despoja de contenido a una disposición vigente resulta inadmisible frente al criterio del efecto útil que gobierna la interpretación normativa.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Causal preexistente y causal sobreviniente – Regímenes diferenciados
El ordenamiento distribuye las consecuencias según el momento en que la causal se configura. Si la causal existía al momento de la celebración, el contrato es absolutamente nulo conforme al numeral 1 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 —que se refiere a los contratos que “se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad”— y el jefe o representante legal de la entidad deberá darlo por terminado mediante acto administrativo motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre, según el inciso segundo del artículo 45 ibidem. Si, en cambio, la causal sobreviene, no hay nulidad: opera el artículo 9, con el deber de ceder el contrato previa autorización escrita de la entidad o de renunciar a su ejecución. Esta distribución confirma que cada precepto tiene un ámbito propio determinado por el momento en que surge la causal.
CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL – Requisitos – Límites
La cesión debe recaer en un tercero; el cesionario debe tener capacidad jurídica para continuar con la ejecución del objeto contractual y no estar incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar; y debe contar con capacidad técnica, económica y financiera suficientes para el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato cedido. La entidad estatal, en el trámite de autorización, está obligada a respetar los criterios normativos aplicables al proceso de contratación, entre otros los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, de manera que, so pretexto de una cesión contractual, no pueden vulnerarse las reglas y principios de la contratación estatal.
ARTÍCULO 9 DE LA LEY 80 DE 1993 – Modificación por la Ley 2014 de 2019 – Alcance del parágrafo
El artículo 6 de la Ley 2014 de 2019 modificó el artículo 9 de la Ley 80 de 1993 y adicionó un parágrafo conforme al cual, cuando la inhabilidad sobreviniente sea la contemplada en el literal j) del numeral 1 del artículo 8 del mismo estatuto, o cuando el contratista haya sido sancionado administrativamente por actos de corrupción, no procede la renuncia y la entidad ordenará mediante acto administrativo motivado la cesión unilateral, sin indemnización alguna. Dicha previsión es de aplicación restringida a los supuestos que enuncia, de suerte que, tratándose de las demás causales, continúa rigiendo la regla general del inciso primero: cesión previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renuncia a la ejecución.