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Contrato de interventoría: la noción de “gasto conexo” o “gasto asociado” invocada en la consulta no corresponde a una categoría reconocida

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-08-19
Número
C-876 de 2026

Síntesis del concepto

Contrato de interventoría: la noción de “gasto conexo” o “gasto asociado” invocada en la consulta no corresponde a una categoría reconocida

Regla de decisión

La noción de “gasto conexo” o “gasto asociado” invocada en la consulta no corresponde a una categoría reconocida por el régimen presupuestal general ni por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como excepción a los requisitos de que tratan el numeral 6 del artículo 25 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista de interventoría debe cumplir requisitos presupuestales independientes del contrato principal de obra que vigila, incluyendo el estudio del sector, la estimación del valor y el certificado de disponibilidad presupuestal, sin que estos puedan ser satisfechos por los trámites adelantados respecto del contrato objeto de seguimiento. La interventoría es un contrato autónomo e independiente, aunque puede compartir la misma fuente de financiación con el contrato principal, siempre y cuando se verifiquen los requisitos presupuestales de manera separada para cada uno. Esto implica que la entidad estatal debe estructurar adecuadamente el proceso de contratación y la imputación presupuestal de recursos para garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación estatal y la adecuada vigilancia sobre la ejecución contractual.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿El contrato de interventoría es un contrato autónomo e independiente para efectos presupuestales?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 4, 5 y 12
  • Ley 99 de 1993, arts. 108 y 111
  • Ley 388 de 1997

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

I. El contrato de obra y el contrato de interventoría son contratos autónomos e independientes. En este sentido, el contrato de interventoría debe cumplir, por sí mismo, los requisitos de la normativa aplicable a cualquier contrato estatal en materia presupuestal, esto es, entre otros, contar con el estudio del sector y la estimación del valor que soporten el presupuesto oficial del proceso, con el certificado de disponibilidad presupuestal previo a la apertura del procedimiento de selección —a los cuales se refiere el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 71 del Decreto 111 de 1996— y con el registro presupuestal exigido para iniciar su ejecución —dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993—, sin que tales requisitos puedan entenderse satisfechos por virtud de los trámites adelantados respecto del contrato objeto de seguimiento.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Autonomía Características Finalidad Requisitos presupuestales

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CONTRATO DE INTERVENTORÍA – Características – Finalidad De este modo, la interventoría puede caracterizarse de la siguiente manera: (i) es un mecanismo de vigilancia contingente en la medida que solo es obligatorio para el seguimiento de los contratos de obra adjudicados por licitación pública –art. 32, numeral 1; en los demás casos se requerirá cuando “el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifique” –art. 83, Ley 1474 de 2011–. (ii) También es un mecanismo de vigilancia que exige, en su ejecución, la utilización de conocimientos especializados. (iii) Por lo anterior, la entidad contrata un experto, por regla general, mediante la modalidad de selección de concurso de méritos, al tratarse de una especie del contrato de consultoría –art. 32, numeral 2, inciso 2, Ley 80 de 1993‒, de manera que la interventoría es realizada por “una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal” –art. 83, Ley 1474–. Adicionalmente, (iv) el seguimiento técnico es inherente a la interventoría para la vigilancia de la correcta ejecución del contrato vigilado; sin embargo, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que en el contrato de interventoría también se pacten obligaciones para que el contratista realice el seguimiento administrativo, financiero, contable o jurídico. Finalmente, (v) en caso de que no se encomiende al interventor el seguimiento total del contrato, en el contrato de interventoría “se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor” –art. 83, inciso 3–. En cualquier caso (vi) el contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad –art. 23, inciso 4–. CONTRATO DE INTERVENTORÍA – Autonomía – Requisitos presupuestales El contrato de obra y el contrato de interventoría son contratos autónomos e independientes. En este sentido, el contrato de interventoría debe cumplir, por sí mismo, los requisitos de la normativa aplicable a cualquier contrato estatal en materia presupuestal, esto es, entre otros, contar con el estudio del sector y la estimación del valor que soporten el presupuesto oficial del proceso, con el certificado de disponibilidad presupuestal previo a la apertura del procedimiento de selección —a los cuales se refiere el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 71 del Decreto 111 de 1996— y con el registro presupuestal exigido para iniciar su ejecución —dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993—, sin que tales requisitos puedan entenderse satisfechos por virtud de los trámites adelantados respecto del contrato objeto de seguimiento. En cualquier caso, es importante aclarar que lo anterior no implica que dos contratos autónomos, como los que son objeto de consulta, no puedan compartir una misma fuente de financiación. La autonomía predicable de cada negocio jurídico se traduce en que su manejo presupuestal y el cumplimiento de los requisitos en esta materia deban verificarse de manera separada para cada uno de ellos, y no en la exigencia de que cada contrato cuente con una fuente de financiación diferente.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-876-de-2026/