Síntesis del concepto
Suspensión del contrato: la suspensión es la medida por la cual se acuerda el cese provisional de la ejecución del contrato
Regla de decisión
En cualquier caso, el marco jurídico expuesto evidencia que la firma del acta de suspensión, al ser un acuerdo de voluntades con respecto al contrato estatal, corresponde principalmente a las partes del mismo.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La suspensión del contrato estatal puede acordarse por las partes o darse por fuerza mayor o caso fortuito, y la firma del acta de suspensión corresponde principalmente a las partes del contrato inicial. En particular, la facultad de acordar la suspensión y el reinicio recae sobre el jefe de la entidad contratante o su delegado y sobre el contratista, por lo que no corresponde a los supervisores ni a los interventores pactar con el contratista la suspensión o el reinicio de las actividades. Así, el acta puede establecer que el plazo se reactive al firmarse un acta de reinicio o, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, al cumplirse una condición o una fecha cierta, sin necesidad de suscribir un nuevo documento. En consecuencia, la competencia para suscribir el acta de suspensión y, en su caso, el acta de reinicio corresponde a las partes del contrato, y no a quienes ejercen la supervisión o la interventoría.
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Pregunta que resuelve
¿A quién corresponde suscribir el acta de suspensión de un contrato estatal?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 11, 12 y 13
- Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.1.3.1
- Constitución Política, art. 209
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En resumen
La suspensión del contrato estatal es una figura mediante la cual las partes acuerdan el cese temporal de la ejecución contractual, como consecuencia de la ocurrencia de circunstancias de orden técnico, jurídico o económico que impiden o dificultan su desarrollo. De conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública en el Concepto C-198 del 19 de marzo de 2026, la suspensión no extingue el vínculo contractual, sino que implica una interrupción temporal de su ejecución, manteniéndose la vigencia del negocio jurídico durante dicho término.
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Texto del documento 4.549 caracteres
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO – Alcance – Autonomía de la voluntad
La
suspensión
es la medida por la cual se acuerda el cese provisional de la ejecución del contrato, por la ocurrencia de circunstancias que lo impiden o lo dificultan. Las razones de aquella pueden ser de orden técnico, jurídico o económico. […] la suspensión puede ser acordada por las partes –como usualmente sucede y es lo más recomendable, siempre que existan motivos fundados para ello– o darse por la fuerza de los hechos, es decir, por la configuración de eventos externos e irresistibles que hagan imposible la ejecución del contrato durante un tiempo; esto es, por factores que constituyan razones de fuerza mayor o caso fortuito, o que procura la satisfacción del interés público.
ACTA DE SUSPENSIÓN – Acta de reinicio
Ahora bien, cuando se suscribe un
acta de suspensión
puede establecerse, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que el plazo del contrato se reactivará una vez se firme el
acta de reinicio
correspondiente. La firma de estos documentos corresponde principalmente a las partes del contrato inicial. En esta medida, por ejemplo, no corresponde a los supervisores ni a los interventores acordar con el contratista la suspensión o el reinicio de las actividades. Esta facultad recae sobre el jefe de la entidad contratante –o su delegado– y el contratista. Esto sin perjuicio de que, conforme a la misma autonomía de la voluntad y en consideración a las razones que han motivado el cese provisional de la ejecución del contrato, otra metodología que pueden emplear las partes para elaborar el acta de suspensión es indicar en ella que la ejecución se reactivará cuando se cumpla un determinado plazo o condición, de manera automática, sin necesidad de suscribir un acta de reinicio. De esta manera, el reinicio del plazo de ejecución contractual depende de lo pactado por las partes; razón por la cual, con sujeción a lo acordado previamente con la entidad contratante, se juzgará la adecuación de las actuaciones adelantadas posteriormente por el contratista.
[…]
Como se observa, en los negocios jurídicos –y el acta de suspensión lo es, porque se trata de un acuerdo de voluntades para crear obligaciones– las entidades pueden incorporar las
condiciones
y
cláusulas
que sean necesarias y convenientes. Pues bien, de conformidad con los artículos 1530 y siguientes del Código Civil –que establecen las condiciones o términos a los que pueden sujetarse las obligaciones, y que se aplican por la remisión que hacen los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 a las normas civiles y comerciales–, en el acta de suspensión puede estipularse que el plazo de ejecución del contrato se reactivará cuando se cumpla una condición o sobrevenga una fecha específica. Así lo ha reconocido el Consejo de Estado. De este modo, atendiendo a los términos en los que se haya pactado la suspensión es posible que no sea necesario suscribir luego un acta de reinicio para que se reactive la ejecución del contrato, sino que tal reactivación opere
automáticamente
, cuando se cumpla la condición o fecha cierta.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO – Competencia
En cualquier caso, el marco jurídico expuesto evidencia que la firma del acta de suspensión, al ser un acuerdo de voluntades con respecto al contrato estatal, corresponde principalmente a las partes del mismo. En esta medida, no corresponde a los supervisores ni a los interventores acordar con el contratista la suspensión o el reinicio de las actividades, pues esta facultad recae, al igual que la de suscribir el contrato, sobre el jefe de la entidad contratante –o su delegado– y el contratista. Al ser un acuerdo de voluntades que afecta el contrato estatal, el acta de suspensión se rige por las reglas de competencia de aquel; es decir, que debe constar por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal, y ser suscrita por el jefe o representante legal o su delegado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993
En consecuencia, el jefe o representante legal —o su delegado— es el competente para la celebración del contrato, así como para suscribir el acta de suspensión, las modificaciones, adiciones o liquidaciones, mientras que los supervisores son los encargados de realizar el seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato. En el mismo sentido, los interventores o supervisores no pueden sustituir la competencia de la Entidad Estatal como parte del contrato estatal, pues su rol es de vigilancia y no de disposición sobre el negocio jurídico.