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Colombia Compra Eficiente Concepto

Urgencia manifiesta: C-758 de 2026

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-05-28
Número
C-758 de 2026

Síntesis del concepto

Urgencia manifiesta: C-758 de 2026

Regla de decisión

El establecimiento de los criterios operativos para verificar el cumplimiento de los principios de la función administrativa y de carga de motivación asociada al régimen de excepción corresponde al manual de contratación que adopten las autoridades competentes para el efecto.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es un patrimonio autónomo cuyos contratos se rigen por el régimen de las empresas industriales y comerciales, sin perjuicio de las facultades especiales para atender situaciones de desastre. Esta postura se apoya en tres razones. Primera, el artículo 47 de la Ley 1523 de 2012 constituyó el Fondo y el artículo 49 le dio la naturaleza de patrimonio autónomo, destinado a medidas de conocimiento y reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, mediante mecanismos de financiación para las entidades involucradas y la población afectada. Segunda, el parágrafo 3 del artículo 50 de la misma ley reconoce facultades especiales para atender situaciones de desastre y evitar la extensión de sus efectos, de modo que su régimen contractual combina la lógica de las empresas industriales y comerciales con esas facultades. Tercera, las entidades del régimen exceptuado no se deslindan por completo del derecho público, pues el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 les exige aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y los somete al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cuál es el marco jurídico de los contratos celebrados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 2, 13 y 24
  • Ley 489 de 1998, art. 85
  • Ley 1150 de 2007, arts. 2, 13 y 14

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, sin perjuicio de las potestades exorbitantes, el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 exceptúa del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública los contratos “ relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública ” celebrados por: i) la sociedad fiduciaria que administra los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, ii) por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo y iii) los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Aplicación de normas de derecho público Fondo Nacional de Gestión de Riesgo Situación de calamidad o desastre

Guías del tema

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El problema es que el concepto de “norma de orden público” tiene carácter indeterminado y al no existir acuerdo sobre el alcance, su concreción corresponde al juez en cada causa sometida a su conocimiento.
Texto del documento 3.506 caracteres
URGENCIA MANIFIESTA – Situación de calamidad o desastre Declarada la situación de calamidad o la situación de desastre bajo los criterios señalados en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, por parte de la autoridad competente, las demás entidades estatales –de conformidad con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993– quedan facultadas para declarar, a continuación, la causal de contratación directa denominada “urgencia manifiesta”, mediante un acto administrativo propio, autónomo, que tiene como fundamento fáctico y jurídico la declaración de situación de calamidad o la situación de desastre. Lo anterior significa que para contratar directamente no basta con la declaración de desastre o de calamidad. Es decir, se necesitan dos (2) actos administrativos concurrentes para que pueda contratarse directamente por urgencia manifiesta: i) el primero en el tiempo, la declaración de la situación de calamidad pública o la declaración de la situación de desastre, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012; y ii) el segundo, la declaración propiamente dicha de “urgencia manifiesta” de que trata el artículo 42 del Estatuto General de Contratación, amparado o fundamentado en la declaración previa del desastre o calamidad. CALAMIDAD Y DESASTRE – Fondo Nacional de Gestión de Riesgo Si bien la necesidad de contar con los dos actos administrativos anteriormente mencionados es un principio general, para el común de las entidades estatales, es necesario considerar el matiz introducido por el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, hipótesis en la cual basta declarar la situación de desastre o la situación de calamidad pública para contratar con el derecho privado, y los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. La interpretación de esta norma supone tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 47, se constituyó el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres como un patrimonio autónomo –artículo 49–, administrado y representado en los términos del artículo 3° del Decreto 1547 de 1984 –modificado por el artículo 70 de Decreto-ley 919 de 1989 (artículo 48)–, destinado a adoptar medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, a través de mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres, cuyo régimen contractual es el de las empresas industriales y comerciales, sin perjuicio de las facultades especiales para atender situaciones de desastres y evitar la extensión de los efectos –parágrafo 3 del artículo 50–. ENTIDADES EXCEPTUADAS – Aplicación de normas de derecho público […] aunque tenga una influencia limitada, las entidades del régimen exceptuado no se deslingan por completo de las normas de derecho público. Esto en la medida que el inciso primero del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 prescribe lo siguiente: “Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-758-de-2026/