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¿Cuál ha sido el marco normativo del régimen de contratación del Fondo Adaptación?
El contratista debe aplicar el régimen especial de derecho privado para la contratación del Fondo Adaptación desde la expedición del Decreto-Ley 4819 de 2010 hasta diciembre de 2018, y nuevamente desde mayo hasta diciembre de 2019, conforme a las disposiciones específicas de la Ley 1753 de 2015 y la Ley 1955 de 2019. Entre enero de 2019 y abril de 2019, la contratación del Fondo se regía por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), ya que no existía norma que exceptuara su aplicación. Este marco normativo permite la contratación directa en proyectos de vivienda de interés prioritario sin límite de cuantía, siempre que se ajuste a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en cada período.síntesis automática
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¿Cuál ha sido el marco normativo del régimen de contratación del Fondo Adaptación?
El régimen de contratación del Fondo Adaptación ha cambiado según el periodo. Entre la expedición del Decreto-Ley 4819 del 29 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2018 se le aplicó un régimen especial de derecho privado, según lo señala la Ley 1753 de 2015. Entre el 1 de enero y el 25 de mayo de 2019 su contratación se rigió por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, al no existir norma que exceptuara su aplicación. Desde el 25 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2019, la Ley 1955 de 2019 la sometió nuevamente a un régimen de derecho privado. Finalmente, desde el 1 de enero de 2020 su contratación se sujeta en su totalidad al Estatuto General de Contratación. La base de esta cronología es que la ley admite, dentro de la única categoría de contrato estatal, regímenes jurídicos diferenciados: el de derecho público, previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus disposiciones complementarias, y los regímenes especiales o exceptuados, usualmente sometidos al derecho privado.síntesis automática
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¿Las entidades de régimen especial, deben adelantar su contratación, mediante el procedimiento y reglas del propio manual de contratación institucional, o por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública EGCAP?
Las entidades públicas que cuenten con un régimen especial de contratación deben adelantar su contratación, mediante los procedimiento y reglas propias del manual de contratación institucional y\o cumplir la normativa de carácter especial, si procede. Haciendo claridad que el manual debe contener los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, determinándose la manera concreta como dichos principios moldearán el derecho privado en el ejercicio de la actividad contractual.
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¿Las Entidades con un régimen exceptuado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública pueden acudir a los Mecanismos de Agregación de Demanda administrados por la Agencia en casos en concurrencia con otras modalidades de selección previstas en sus manuales de contratación?
Respecto al interrogante, se aclara que las Entidades Estatales que cuenten con un régimen especial-exceptuado al EGCAP-pueden acudir a los Mecanismos de Agregación de Demanda administrados por la Agencia, siempre y cuando el manual de contratación de dicha entidad, establezcan la posibilidad de acudir a dichos mecanismos. Sin embargo, en casos de concurrencia con otras modalidades de selección, esta posibilidad deberá ser esclarecida por la respectiva Entidad Estatal de conformidad con las reglas previstas en el respectivo manual, el cual, en tanto acto administrativo se presume legal y tiene carácter ejecutorio, por lo que su contenido es de obligatorio cumplimiento para la entidad que lo expide mientras no haya sido anulado o suspendido provisionalmente por la jurisdicción contenciosa administrativa.
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¿Puede una Empresa Comercial e Industrial del Estado como INDUMIL, con régimen privado de contratación aceptar bienes o servicios por fuera del plazo de ejecución pactado por las partes?
El vencimiento del plazo de ejecución, cuando tiene carácter suspensivo, no impide que la entidad reciba las tareas realizadas fuera de este término ni equivale a la imposibilidad de que el contratista realice prestaciones extemporáneas. De hecho, mientras el contrato esté vigente la entidad puede emplear los medios necesarios para exigir su cumplimiento.
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¿La reducción de puntaje por incumplimiento de contrato de que trata el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, aplica para las entidades con régimen especial?
De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, la reducción del puntaje por incumplimiento del contrato es aplicable a las entidades sometidas al EGCAP, no las exceptuadas de este o que tienen un régimen especial de contratación, deberán, por regla general, aplicar la reducción del puntaje indicado en el citado artículo 58, en los procedimientos de selección que adelanten. Sin embargo, el deber de reducción del puntaje, para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, previsto en el artículo en mención, tiene algunas excepciones. Los supuestos en los que no opera dicha disminución son los consagrados en el primer inciso del artículo 58 en comento.
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¿En virtud de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las Universidades Públicas que en virtud de su autonomía y la Ley 30 tienen un régimen de contratación privada, ¿están obligadas a publicar y adelantar su contratación a través del SECOP II?
Conforme a lo expuesto, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 hace obligatorio el SECOP II para las entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En efecto, aunque la publicación en el SECOP I de los documentos relacionados con la actividad contractual ya era obligatoria para las entidades que cuentan con un régimen especial, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, que modifica el artículo 13 de la Ley 1150 de 200, complementa ese deber con la exigencia de emplear el SECOP II. En otras palabras, en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 el Congreso de la República dispone que las entidades estatales exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública deben publicar en el SECOP II –es decir en la plataforma transaccional vigente– su actividad contractual.
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Quería saber si con la nueva ley de transparencia (Ley 2195 de 2022) los fondos mixtos/ corporaciones sin ánimo de lucro de régimen especial deben hacer sus procesos de contratación por medio del SECOP?
Quería saber si con la nueva ley de transparencia (Ley 2195 de 2022) los fondos mixtos/ corporaciones sin ánimo de lucro de régimen especial deben hacer sus procesos de contratación por medio del SECOP?
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¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a los organismos desconcentrados de una Entidad Estatal sometida al EGCAP?
Según el artículo 8 de la Ley 489 de 1998, la desconcentración de funciones implica “la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientacion e instruccion que corresponde ejercer a los jefes superiores de la Administración”.
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¿]Que (sic) interpretación acoge la Agencia respecto a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 1150 de 2007, cuando textualmente en la norma se señala que el objeto de la misma es: … introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos?
El hecho de que el artículo 1 de la Ley 1150 de 2007 establezca que rige sobre la contratación con recursos públicos no debe interpretarse como una aplicación plena o en bloque de dicha ley a las entidades que tienen un régimen especial. Una conclusión diferente implicaría afirmar que la Ley 1150 de 2007 sujetó a todas las entidades estatales al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por ejemplo, a la realización de los procedimientos de selección previstos en el artículo 2 de dicha Ley. Si así fuera, una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios tendría que adelantar selecciones abreviadas o concursos de méritos en los mismos términos señalados en el artículo 2 de la citada Ley.
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¿La Entidad puede seguir usando plataformas como la pagina web de la misma o SECOP I?
Aunque la publicación en el SECOP I de los documentos relacionados con la actividad contractual ya era obligatoria para las entidades que cuentan con un régimen especial de contratación, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 –que modifica el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007– complementa ese deber con la exigencia de emplear el SECOP II. En otras palabras, en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 el Congreso de la República dispone que las entidades estatales exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública deben publicar en el SECOP II –es decir en la plataforma transaccional vigente– su actividad contractual.
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¿Pueden las entidades de régimen especial solicitar marcas específicas de bienes o productos a adquirir en un proceso de contratación y determinar requisitos de puntaje relacionados con el menor plazo de entrega y puesta en operación?
Las entidades estatales con régimen especial de contratación, aunque se rigen en su mayoría por el derecho privado, están sujetas a reglas de derecho público que se manifiestan en principios y reglas, entre ellas el deber de expedir un manual de contratación que concrete los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y determine cómo orientan el derecho privado. Esas entidades tienen una amplia libertad para configurar el manual, derivada de la autonomía de la voluntad, aunque es más limitada que la de los particulares. Dentro de esa autonomía pueden definir los requisitos que se solicitan a los proponentes, incluidos los que otorgan puntaje, siempre que cumplan el principio de selección objetiva. También pueden exigir marcas en las especificaciones técnicas, siempre que no estén prohibidas en los acuerdos y tratados comerciales en los que el país sea destinatario, y que se respete el principio de proporcionalidad: los requisitos deben ser razonables, congruentes con el objeto, la necesidad, el alcance, el valor y el plazo del contrato, y no restringir injustificadamente la libre concurrencia y la pluralidad de oferentes.síntesis automática
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¿Cuál es el marco jurídico de los contratos celebrados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres?
El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es un patrimonio autónomo cuyos contratos se rigen por el régimen de las empresas industriales y comerciales, sin perjuicio de las facultades especiales para atender situaciones de desastre. Esta postura se apoya en tres razones. Primera, el artículo 47 de la Ley 1523 de 2012 constituyó el Fondo y el artículo 49 le dio la naturaleza de patrimonio autónomo, destinado a medidas de conocimiento y reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, mediante mecanismos de financiación para las entidades involucradas y la población afectada. Segunda, el parágrafo 3 del artículo 50 de la misma ley reconoce facultades especiales para atender situaciones de desastre y evitar la extensión de sus efectos, de modo que su régimen contractual combina la lógica de las empresas industriales y comerciales con esas facultades. Tercera, las entidades del régimen exceptuado no se deslindan por completo del derecho público, pues el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 les exige aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y los somete al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.síntesis automática
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¿Puede configurarse el fraccionamiento de contratos respecto de la gestión contractual que realicen las entidades sometidas a régimen especial?
El fraccionamiento de contratos consiste en dividir artificiosamente la unidad natural del objeto contractual para seleccionar directamente al contratista o acomodar el proceso a uno menos riguroso, práctica que contraría los principios de transparencia y de selección objetiva. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, esta práctica no constituye un delito autónomo, pero puede integrar el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales del artículo 410 del Código Penal, que es un tipo en blanco integrado con el régimen contractual aplicable. Además, puede generar nulidad absoluta de los negocios por objeto o causa ilícita, así como repercusiones disciplinarias y fiscales. Frente a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, el concepto señala que no regirse únicamente por la Ley 80 de 1993 no impide la configuración del fraccionamiento cuando estas entidades lo utilicen para eludir los procedimientos de selección o los requisitos esenciales de su régimen especial. La relevancia penal de la práctica no depende del régimen contractual, general o exceptuado, sino de la utilización indebida de ese régimen para soslayar los principios que garantizan la transparencia y la legalidad de la contratación estatal.síntesis automática
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¿Deben los fondos mixtos en el momento que vayan a contratar para la adquisición de algún bien o servicio, adelantar un proceso de selección, tal como lo estipula el estatuto de contratación estatal?
De conformidad con las consideraciones expuestas, los fondos mixtos para la promoción de la cultura y las artes, por regla general, no tienen el deber de adelantar procedimientos de selección de oferentes en los términos dispuestos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, dado que estos procedimientos precontractuales son propios del régimen de los contratos estatales sometidos a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, regulación que no le es aplicable a los contratos regidos por el derecho privado. Lo anterior sin perjuicio de las reglas propias que hayan sido estipuladas en los estatutos o en el reglamento interno o manual de contratación de los fondos mixtos, caso en el cual deberán atenderse.
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¿Cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación son los recursos del Sistema General de Regalías y el Sistema General de Participación cuando la entidad ejecutora es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios S.A. E.S.P?
Para la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías financiados con las asignaciones a las que se refieren los artículos 35 y 36 de la Ley 2056 de 2020, de conformidad con el artículo 37 de dicha ley, las entidades ejecutoras deberán aplicar las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – en adelante EGCAP –. En atención a estas disposiciones, las empresas de servicios públicos que sean designados como ejecutores de este tipo de proyectos deberán aplicar el régimen general de contratación pública para el desarrollo de la actividad contractual requerida para la implementación de los proyectos.
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¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a un establecimiento público?
El régimen de contratación de un establecimiento público depende de su condición de entidad estatal. La Ley 80 de 1993 rige para las entidades previstas en el literal a) del numeral 1 de su artículo 2, esto es, las entidades con personería jurídica, entre ellas los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con participación estatal superior al cincuenta por ciento. Por tanto, el establecimiento público se sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las entidades exceptuadas no quedan por completo al margen del derecho público, pues el inciso primero del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 les exige aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de los artículos 209 y 267 de la Constitución, y les impone el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal. Además, el contrato estatal se identifica por el criterio orgánico o subjetivo, pues su elemento esencial es que sea celebrado por una entidad estatal, es decir, una entidad pública con capacidad legal para celebrarlo.síntesis automática
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¿Las entidades con régimen exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración pública están obligadas a publicar en el SECOP II toda la actividad contractual?
De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las entidades exceptuadas de la Ley 80 de 1993 deberán publicar en el SECOP II –o la plataforma transaccional que haga sus veces– los documentos relacionados con su actividad contractual. Dicha expresión se concreta en “… los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la postcontractual”.
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En virtud del articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, una entidad de regimen especial como por ejemplo una E.S.E podría suscribir convenio interadministrativo con una sociedad de economia mixta para un contrato de obra, dado que allí se encuentra
Solicitó se aclare en cuanto al regimen aplicable de una entidad de regimen especial a continuación: En virtud del articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, una entidad de regimen especial como por ejemplo una E.S.E podría suscribir convenio interadministrativo con una sociedad de economia mixta para un contrato de obra, dado que allí se encuentraprohibido dicho escenario.
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¿Cómo debe interpretarse y aplicarse el régimen excepcional de contratación del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 a partir de criterios de conexidad, límites, prohibiciones y régimen de responsabilidad y en qué se diferencia de la urgencia manifiesta?
Declarada la situación de calamidad pública o de desastre por la autoridad competente, las demás entidades estatales pueden declarar la urgencia manifiesta del artículo 42 de la Ley 80 de 1993 mediante un acto propio, fundado en esa declaración. Según el concepto, como regla general, para contratar directamente por urgencia manifiesta se requieren dos actos administrativos concurrentes: primero, la declaración de calamidad pública o de desastre conforme a la Ley 1523 de 2012, y después la declaración de urgencia manifiesta. El artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 introduce un matiz: en la hipótesis que regula basta declarar la situación de desastre o de calamidad pública para contratar con el derecho privado, sin perjuicio de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Esa norma debe interpretarse considerando el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, un patrimonio autónomo cuyo régimen contractual es el de las empresas industriales y comerciales del Estado. En consecuencia, la diferencia con la urgencia manifiesta radica en que el artículo 66 permite contratar con la sola declaración de desastre o calamidad, mientras que la urgencia manifiesta exige el acto adicional.síntesis automática
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