Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Uno para la contratación de régimen privado y otro para la contratación por Ley 80 de 1993 como gestor del PDA?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios se sujetan en su actividad contractual al derecho privado, salvo cuando la Constitución, la Ley 142 de 1994 u otras leyes especiales las sometan al Estatuto General de Contratación o cuando incluyan cláusulas excepcionales en sus contratos. Como entidades de régimen especial, están facultadas, en virtud de la autonomía de la voluntad, para expedir un reglamento interno o manual de contratación que regule sus procedimientos de selección, requisitos de participación y condiciones de ejecución, y les corresponde dilucidar, según las disposiciones aplicables, la forma de determinar en esos manuales sus respectivas cuantías, incluida la mínima cuantía. En cuanto a la publicidad, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 obliga a las entidades exceptuadas a publicar en el SECOP II todo documento expedido en las etapas precontractual, contractual y postcontractual, sin excepción por la naturaleza u objeto del contrato y sin perjuicio de las reservas constitucionales o legales. No obstante, esa disposición se interpreta sistemáticamente en el sentido de que la información que debe publicarse es la relativa a la contratación realizada con recursos públicos, de modo que la publicación en el SECOP procede si los negocios jurídicos fueron financiados con dichos recursos.síntesis automática
También resuelve:Empresas de serivicios públicos domiciliarios: naturaleza jurídica, régimen contractualEmpresas de servicios públicos domiciliarios: aplicabilidad Ley 80 de 1993, autonomía, expedición de manual de contratación, determinación de cuantíasPublicidad secop: entidades exceptuadas, Estatuto general de contratación, modificación del artículo 53, Ley 2195 de 2022
CONTRATO DE INTERVENTORÍA,EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Partes del contrato,Ley aplicable,Ley 142 de 1994,Ley 80 de 1993,contrato de interventoría,Cumplimiento parcial,Pago del precio – Mes: agosto – Año: 2023…
También resuelve:Contrato de interventoría: partes del contrato, pago del precio, formas de pagoEmpresas de servicios públicos domiciliarios: Ley aplicable, Ley 142 de 1994, Ley 80 de 1993Incumplimiento del contrato: contrato de interventoría, cumplimiento parcial
¿Es posible realizar la liquidación del contrato o ya se perdió la competencia para ello?
B. ¿Puede DISPAC pagarle al contratista lo ejecutado de la obra que a la fecha no ha sido cancelado, pasados más de tres años de terminado el contrato, y de vencido el plazo acordado entre las partes para liquidarlo? [sic]…
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen contractual, derecho privado, aplicabilidad ley 80 de 1993, derecho privado / empresas de servicios públicos domiciliariosLiquidación del contrato: definición, objetivoTipos de liquidación: liquidación bilateral, liquidación unilateral, liquidación judicial
Nos permitimos solicitar concepto sobre la norma aplicable por parte de ENERGUAVIARE S.A. ESP en la actividad de selección de contratistas requeridos para la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 128 suscrito con IPSE, o podemos hacer uso de lo expresado en el Concepto CCE-DES-FM-17 emitido por el doctor JORGE AUGUSTO TIRADO NAVARRO Subdirector de Gestión Contractual de esa entidad…
De acuerdo a los argumentos expuestos en el presente conceto, se concluye que los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente son obligatorios para las entidades estatales cuyos contratos se rijan por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, que adelanten procesos de contratación mediante la modalidad que establecen los documentos tipo para cada sector y teniendo en cuenta el ámbito de aplicación determinado en la Matriz de Experiencia de cada documento tipo.
¿Una empresa de servicios públicos domiciliarios con capital mixto, debe aplicar la Ley 80 de 1993?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios no quedan sujetas, como regla general, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aun cuando tengan capital mixto. Según el concepto, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 excluye sus contratos del Estatuto, salvo lo que esa ley disponga, y el artículo 32 somete sus actos al derecho privado, de modo que sus contratos se rigen por el derecho privado, salvo que la Constitución, la Ley 142 u otra norma especial los sometan al Estatuto. Dos razones sostienen esta postura. Primera, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-736 de 2007, entiende que estas empresas, sean oficiales, mixtas o privadas con aportes estatales, son entidades descentralizadas por servicios, independientemente de la naturaleza y porcentaje de su capital. Segunda, esa calificación no depende de que la empresa sea completamente pública, por lo que el régimen contractual se define por la ley especial de servicios públicos y no por la composición del capital. La consecuencia práctica es que la empresa de servicios públicos con capital mixto aplica el derecho privado en su actividad contractual y solo acude a la Ley 80 de 1993 cuando una norma especial lo disponga.síntesis automática
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial, mixtas, privadas con participación estatal
¿Las Empresas de Servicios Públicos deben publicar en el SECOP su actividad contractual?
Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios que tienen la naturaleza de entidades estatales deben publicar en el SECOP II, o en la plataforma transaccional que haga sus veces, la documentación relacionada con su actividad contractual. La postura se funda en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, que adicionó el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y aplica aunque estas empresas estén exceptuadas del Estatuto General de Contratación, en virtud del principio de publicidad previsto en la Constitución y desarrollado por la ley. La obligación abarca los documentos de las etapas precontractual, contractual y postcontractual. El concepto precisa que el artículo 53 se refiere a la actividad contractual cuya fuente de financiación provenga de recursos públicos, pues esa ha sido siempre la finalidad de la obligación de publicar. En consecuencia, la publicación recae sobre la contratación realizada con recursos públicos, sin que la norma establezca excepciones por la naturaleza o el objeto del contrato. Estas empresas son entidades descentralizadas por servicios con clasificación propia según su composición accionaria, y no sociedades de economía mixta.síntesis automática
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: naturaleza jurídicaPublicidad secop ii: entidades exceptuadas, Artículo 53, Ley 2195 de 2022, deber de publicidad
Llego ante ustedes muy cordialmente solicitando concepto sobre si las empresas de servicios públicos domiciliarios del orden territorial (municipal) con patrimonio 100% público que prestan los servicios públicos de acueducto y alcantarillado pueden realizar contratación directa para garantizar la correcta prestación de los servicios durante la ley de garantías.
Llego ante ustedes muy cordialmente solicitando concepto sobre si las empresas de servicios públicos domiciliarios del orden territorial (municipal) con patrimonio 100% público que prestan los servicios públicos de acueducto y alcantarillado pueden realizar contratación directa para garantizar la correcta prestación de los servicios durante la ley de garantías. En nuestro caso actualmente presentamos una contingencia sanitaria en el servicio público de alcantarillado debido a las lluvias presentadas la cual requiere la contratación directa con el fin de subsanar dicha contingencia.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, restricciones, contratación, tipos de elecciónEmpresas de servicios públicos domiciliarios: aplicación de la Ley 996 de 2005
¿Se hace necesario acogerse a dichas actuaciones o existen algunas condiciones especiales para dichas empresas?
De acuerdo con la explicación precedente, de la Ley 996 de 2005 se derivan dos prohibiciones diferentes aplicables a periodos preelectorales distintos. Una es la prohibición que se deriva de lo establecido en el artículo 33, respecto a las elecciones presidenciales, y otra la originada en el parágrafo del artículo 38 que aplica frente a elecciones para cualquier cargo de elección popular, lo que también incluye las presidenciales. Particularmente, la restricción del artículo 33 prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, en caso de que se presente.
También resuelve:Ley de garantías electorales: tipos de restricciones, ámbito temporal, prohibición del artículo 33, destinatariosEmpresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídico, entidades descentralizadas, oficiales, mixtas y privadas
¿Las empresas de servicios públicos de naturaleza mixta deben publicar sus procesos contractuales en el SECOP?
Sí, las empresas de servicios públicos como entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en virtud del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 y el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, se encuentran obligadas a publicar en el SECOP II los documentos de su actividad contractual cuya fuente de financiación sea con recursos públicos, sin perjuicio de estar sometidas a regímenes de derecho privado.
También resuelve:Publicidad secop: deber de publicación, entidades exceptuadas
18001233300020160020401 de 20262026-10-02Rad. 18001233300020160020401
El contratista no puede eludir los procedimientos de selección objetiva al celebrar convenios de asociación con entidades estatales, ya que estos acuerdos, a diferencia de los contratos estatales, no implican un intercambio conmutativo de prestaciones y contraprestaciones, sino una colaboración para cumplir funciones y cometidos legales. Los convenios de asociación no deben confundirse con contratos estatales, ya que su naturaleza jurídica se define por su contenido y propósito, no por la denominación que las partes les otorguen. Además, los contratos entre entidades territoriales y empresas de servicios públicos domiciliarios para la prestación de servicios públicos deben regirse por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y siempre deben celebrarse mediante licitación pública, conforme a la Ley 80 de 1993. La Sala declarará de oficio la nulidad absoluta del contrato si se elude el procedimiento de selección objetiva, lo que implica que cualquier convenio celebrado sin cumplir con estos requisitos será nulo de pleno derecho y sin necesidad de que alguna parte lo solicite.síntesis automática
También resuelve:Convenios de asociación: naturaleza jurídica, diferencias con los contratos estatales, ausencia de conmutatividad y de intercambio de prestaciones y contraprestacionesNulidad absoluta del contrato estatal: declaración de oficio de la nulidad absoluta del contrato estatal, elusión de los procedimientos de selección objetiva
¿Cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación son los recursos del Sistema General de Participaciones cuando la entidad ejecutora es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios?
El contratista que ejecuta proyectos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico se rige por el régimen contractual propio de su naturaleza jurídica, salvo disposición expresa que lo someta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme a la interpretación sistemática de las leyes 142 de 1994 y 715 de 2001. Esta regla matiza la aplicación general del EGCAP, permitiendo que las empresas de servicios públicos domiciliarios continúen sujetas al derecho privado en la celebración de contratos, a menos que exista una norma específica que disponga lo contrario, lo que implica que cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual en cada caso concreto.síntesis automática
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especialSistema general de participaciones: Ley 715 de 2001, agua potable y saneamiento básico, régimen de contratación
¿Cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación son los recursos del Sistema General de Participaciones cuando la entidad ejecutora es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios?
Con fundamento en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, se expidió la Ley 715 de 2001, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros." Esta norma se refiere al Sistema General de Participaciones, correspondiente a los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales para la financiación de ciertos servicios a su cargo.
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especialSistema general de participaciones: Ley 715 de 2001, agua potable y saneamiento básico, régimen de contratación
¿Pueden las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios suscribir contratos de leasing o de renting?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden suscribir contratos de leasing o renting, dado que sus actos contractuales se rigen por el derecho privado salvo disposiciones específicas que las sometan al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y estas operaciones no implican necesariamente la ejecución de gastos públicos dentro de la vigencia fiscal, permitiendo la utilización de mecanismos excepcionales al principio de anualidad del gasto. Este concepto reitera la autonomía contractual de las empresas de servicios públicos domiciliarios y permite que estas entidades puedan estructurar sus contrataciones de acuerdo con las necesidades específicas de cada caso, siempre y cuando se ajusten a las excepciones legales al principio de anualidad y cumplan con los requisitos y procedimientos correspondientes para su autorización y ejecución.síntesis automática
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimenPrincipio de anualidad: alcance, rentas y gastos
¿Cuál es el régimen de contratación que debe aplicarse en los proyectos que se financian con recursos del Plan Departamental de Aguas de los Municipios y/o Departamento, el establecido en la Ley 142 de 1994 o el Estatuto General de Contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.3.1.7.1 del Decreto 1425 de 2019?
El gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), a pesar de que puede ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, tiene funciones que se relacionan con la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del Plan, más no con la prestación real y efectiva de los servicios públicos domiciliarios. Por esta razón, pese a su forma jurídica, no es posible predicar frente a los gestores del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) la aplicación del régimen de servicios públicos domiciliarios, en razón a que dicho régimen deviene, en cuanto a su aplicación, de la realización efectiva de actividades de prestación de los servicios domiciliarios o actividades complementarias de que trata la Ley 142 de 1994, y no de la forma jurídica que adopte una determinada sociedad…
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídico, régimen contractualPlanes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento: régimen contractual, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, derecho privadoDocumentos tipo: obligatoriedad de los documentos tipo, Ley 2022 de 2020
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,CLÁUSULAS EXCEPCIONALES,TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO,DECLARATORIA DEL SINIESTRO,EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Servicios públicos domiciliarios,Prestadores,Cláusula general de competencia,Régimen jurídico,Procedencia,Finalidad,Entidades de régimen especial,Actos,Derecho privado,Control judicial – Mes: junio – Año: 2019…
También resuelve:Controversias contractuales: servicios públicos domiciliarios, prestadores, cláusula general de competenciaEmpresa de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídico, actos, derecho privado, control judicialCláusulas excepcionales: procedencia, servicios públicos domiciliarios
25000233600020200029801 de 20262026-06-13Rad. 25000233600020200029801
Sobre ese punto de la controversia pone de presente la Sala que como la entidad contratante es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, de carácter oficial, prestadora de servicios públicos domiciliarios, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyas actuaciones se rigen por el derecho privado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, pues, “ l os contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa”. En esa perspectiva, la norma aplicable para el caso de un eventual desequilibrio económico del contrato es la prevista en el Código de Comercio.
También resuelve:Régimen jurídico del contrato: Ley 142 de 1994 artículo 31 y 32, derecho privadoActos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios: son de naturaleza privada, no son actos administrativos, análisis del incumplimiento de obligacionesAplicación de los principios de función administrativa: Constitución política artículo 209 y 267, entidades con régimen exceptuado, Ley 1150 de 2007 artículo 13
¿Están obligadas las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuya participación estatal es minoritaria, a publicar sus procesos de contratación en la plataforma SECOP II?
Las Empresas de Servicios Públicos tienen una naturaleza jurídica especial y, conforme al artículo 14 de la Ley 142 de 1994, cuentan con una clasificación particular que depende de la composición de su capital accionario, pudiendo ser oficiales, mixtas o privadas. Igualmente, la Ley 142 de 1994 dispuso un régimen especial en el cual la actividad contractual de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos no se encuentra sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino que se rige por lo establecido en su ley de creación. La ley en mención remitió a lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone que los contratos allí señalados “no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades”.
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoPrincipio de transparencia: Ley 1712 de 2014, documentos públicosSecop: Ley 2195 de 2022, entidades exceptuadas
Sociedad de economía mixta,Competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa,Caducidad de la acción – Mes: noviembre – Año: 2017…
También resuelve:Empresa prestadora de servicios públicos: sociedad de economía mixta, competencia de la jurisdicción contenciosa administrativaControversias contractuales: caducidad de la acciónConsejo de estado