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¿Una empresa de servicios públicos domiciliarios con capital mixto, debe aplicar la Ley 80 de 1993?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios no quedan sujetas, como regla general, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aun cuando tengan capital mixto. Según el concepto, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 excluye sus contratos del Estatuto, salvo lo que esa ley disponga, y el artículo 32 somete sus actos al derecho privado, de modo que sus contratos se rigen por el derecho privado, salvo que la Constitución, la Ley 142 u otra norma especial los sometan al Estatuto. Dos razones sostienen esta postura. Primera, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-736 de 2007, entiende que estas empresas, sean oficiales, mixtas o privadas con aportes estatales, son entidades descentralizadas por servicios, independientemente de la naturaleza y porcentaje de su capital. Segunda, esa calificación no depende de que la empresa sea completamente pública, por lo que el régimen contractual se define por la ley especial de servicios públicos y no por la composición del capital. La consecuencia práctica es que la empresa de servicios públicos con capital mixto aplica el derecho privado en su actividad contractual y solo acude a la Ley 80 de 1993 cuando una norma especial lo disponga.síntesis automática
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¿Cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación son los recursos del Sistema General de Participaciones cuando la entidad ejecutora es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios?
El contratista que ejecuta proyectos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico se rige por el régimen contractual propio de su naturaleza jurídica, salvo disposición expresa que lo someta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme a la interpretación sistemática de las leyes 142 de 1994 y 715 de 2001. Esta regla matiza la aplicación general del EGCAP, permitiendo que las empresas de servicios públicos domiciliarios continúen sujetas al derecho privado en la celebración de contratos, a menos que exista una norma específica que disponga lo contrario, lo que implica que cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual en cada caso concreto.síntesis automática
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¿Cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación son los recursos del Sistema General de Participaciones cuando la entidad ejecutora es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios?
Con fundamento en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, se expidió la Ley 715 de 2001, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros." Esta norma se refiere al Sistema General de Participaciones, correspondiente a los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales para la financiación de ciertos servicios a su cargo.
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¿Pueden las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios suscribir contratos de leasing o de renting?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden suscribir contratos de leasing o renting, dado que sus actos contractuales se rigen por el derecho privado salvo disposiciones específicas que las sometan al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y estas operaciones no implican necesariamente la ejecución de gastos públicos dentro de la vigencia fiscal, permitiendo la utilización de mecanismos excepcionales al principio de anualidad del gasto. Este concepto reitera la autonomía contractual de las empresas de servicios públicos domiciliarios y permite que estas entidades puedan estructurar sus contrataciones de acuerdo con las necesidades específicas de cada caso, siempre y cuando se ajusten a las excepciones legales al principio de anualidad y cumplan con los requisitos y procedimientos correspondientes para su autorización y ejecución.síntesis automática
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¿Uno para la contratación de régimen privado y otro para la contratación por Ley 80 de 1993 como gestor del PDA?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios se sujetan en su actividad contractual al derecho privado, salvo cuando la Constitución, la Ley 142 de 1994 u otras leyes especiales las sometan al Estatuto General de Contratación o cuando incluyan cláusulas excepcionales en sus contratos. Como entidades de régimen especial, están facultadas, en virtud de la autonomía de la voluntad, para expedir un reglamento interno o manual de contratación que regule sus procedimientos de selección, requisitos de participación y condiciones de ejecución, y les corresponde dilucidar, según las disposiciones aplicables, la forma de determinar en esos manuales sus respectivas cuantías, incluida la mínima cuantía. En cuanto a la publicidad, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 obliga a las entidades exceptuadas a publicar en el SECOP II todo documento expedido en las etapas precontractual, contractual y postcontractual, sin excepción por la naturaleza u objeto del contrato y sin perjuicio de las reservas constitucionales o legales. No obstante, esa disposición se interpreta sistemáticamente en el sentido de que la información que debe publicarse es la relativa a la contratación realizada con recursos públicos, de modo que la publicación en el SECOP procede si los negocios jurídicos fueron financiados con dichos recursos.síntesis automática
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¿Una empresa de servicios públicos mixta puede ser parte de un convenio interadministrativo?
Sobre la tipología de convenios o contratos interadministrativos conviene precisar que, aunque la ley no la definió ni desarrolló, el Decreto 1082 de 2015 se refiere como interadministrativa a aquella contratación entre entidades estatales. De acuerdo con lo anterior, es interadministrativo el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean entidades estatales.
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA,EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Partes del contrato,Ley aplicable,Ley 142 de 1994,Ley 80 de 1993,contrato de interventoría,Cumplimiento parcial,Pago del precio – Mes: agosto – Año: 2023…
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¿Es posible realizar la liquidación del contrato o ya se perdió la competencia para ello?
B. ¿Puede DISPAC pagarle al contratista lo ejecutado de la obra que a la fecha no ha sido cancelado, pasados más de tres años de terminado el contrato, y de vencido el plazo acordado entre las partes para liquidarlo? [sic]…
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¿Las empresas de servicios públicos de carácter oficial o mixto pueden adoptar internamente en el manual de contratación, un procedimiento para declarar el incumplimiento de sus contratistas con apego estricto al debido proceso y derecho de defensa?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios, aun aquellas que sean estatales, por regla general, no están sujetas a las disposiciones del EGCAP, por cuanto, en virtud del artículo 32 de la Ley 142 de 1994, sus actos y contratos se rigen únicamente por las normas del derecho privado.
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Nos permitimos solicitar concepto sobre la norma aplicable por parte de ENERGUAVIARE S.A. ESP en la actividad de selección de contratistas requeridos para la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 128 suscrito con IPSE, o podemos hacer uso de lo expresado en el Concepto CCE-DES-FM-17 emitido por el doctor JORGE AUGUSTO TIRADO NAVARRO Subdirector de Gestión Contractual de esa entidad…
De acuerdo a los argumentos expuestos en el presente conceto, se concluye que los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente son obligatorios para las entidades estatales cuyos contratos se rijan por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, que adelanten procesos de contratación mediante la modalidad que establecen los documentos tipo para cada sector y teniendo en cuenta el ámbito de aplicación determinado en la Matriz de Experiencia de cada documento tipo.
¿En los contratos de obra que celebre una Empresa de Servicios Públicos Industrial y Comercial del Estado descentralizada de un Municipio, se debe facturar el IVA en contratos de construcción de que trata el artículo 1.3.1.7.9 del Decreto 1025 de 2016, siendo que el artículo 100 de la Ley 21 de 1992 excluye a los Contratos de Obra Pública?
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, EGCAP, «son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago», de manera que este tipo de contrato no aplica a los trabajos materiales realizados sobre bienes muebles.
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¿Las Empresas de Servicios Públicos deben publicar en el SECOP su actividad contractual?
Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios que tienen la naturaleza de entidades estatales deben publicar en el SECOP II, o en la plataforma transaccional que haga sus veces, la documentación relacionada con su actividad contractual. La postura se funda en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, que adicionó el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y aplica aunque estas empresas estén exceptuadas del Estatuto General de Contratación, en virtud del principio de publicidad previsto en la Constitución y desarrollado por la ley. La obligación abarca los documentos de las etapas precontractual, contractual y postcontractual. El concepto precisa que el artículo 53 se refiere a la actividad contractual cuya fuente de financiación provenga de recursos públicos, pues esa ha sido siempre la finalidad de la obligación de publicar. En consecuencia, la publicación recae sobre la contratación realizada con recursos públicos, sin que la norma establezca excepciones por la naturaleza o el objeto del contrato. Estas empresas son entidades descentralizadas por servicios con clasificación propia según su composición accionaria, y no sociedades de economía mixta.síntesis automática
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Llego ante ustedes muy cordialmente solicitando concepto sobre si las empresas de servicios públicos domiciliarios del orden territorial (municipal) con patrimonio 100% público que prestan los servicios públicos de acueducto y alcantarillado pueden realizar contratación directa para garantizar la correcta prestación de los servicios durante la ley de garantías.
Llego ante ustedes muy cordialmente solicitando concepto sobre si las empresas de servicios públicos domiciliarios del orden territorial (municipal) con patrimonio 100% público que prestan los servicios públicos de acueducto y alcantarillado pueden realizar contratación directa para garantizar la correcta prestación de los servicios durante la ley de garantías. En nuestro caso actualmente presentamos una contingencia sanitaria en el servicio público de alcantarillado debido a las lluvias presentadas la cual requiere la contratación directa con el fin de subsanar dicha contingencia.
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¿Se hace necesario acogerse a dichas actuaciones o existen algunas condiciones especiales para dichas empresas?
De acuerdo con la explicación precedente, de la Ley 996 de 2005 se derivan dos prohibiciones diferentes aplicables a periodos preelectorales distintos. Una es la prohibición que se deriva de lo establecido en el artículo 33, respecto a las elecciones presidenciales, y otra la originada en el parágrafo del artículo 38 que aplica frente a elecciones para cualquier cargo de elección popular, lo que también incluye las presidenciales. Particularmente, la restricción del artículo 33 prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, en caso de que se presente.
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¿Se deben publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), los contratos que suscriban las entidades territoriales en el marco del régimen contractual contemplado en las Leyes 142 y 143 de 1994?
De acuerdo con las consideraciones de este concepto, el deber de publicar en el SECOP se fundamenta en una idea general, esto es, que se debe publicar la información oficial de la contratación que realicen con recursos públicos, con independencia del régimen contractual.
También resuelve:Principio de publicidad: democracia, estado social de derecho, fundamento axiológico, fundamento axiológico / SECOPSecop: entidades exceptuadas, publicidad, documentos, información oficialEmpresas de servicios públicos: naturaleza jurídica especial, régimen contractual
¿La prohibición de que trata el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, en cuanto a su alcance, tendría la vocación de afectar a las entidades públicas descentralizadas indirectas de carácter académico, sin animo de lucro, que se conforman por Instituciones de Educación Superior estatales de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 489 de 2021?
¿La prohibición de que trata el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, en cuanto a su alcance, tendría la vocación de afectar a las entidades públicas descentralizadas indirectas de carácter académico, sin animo de lucro, que se conforman por Instituciones de Educación Superior estatales de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 489 de 2021? Las cuales, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y Corte Constitucional, en cuanto a su régimen jurídico, son investidas con la autonomía universitaria y sus actos y contratos se rigen por el derecho privado, en tanto que, su naturaleza jurídica y prerrogativas son las mismas de las universidades públicas.
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¿Las empresas de servicios públicos de naturaleza mixta deben publicar sus procesos contractuales en el SECOP?
Sí, las empresas de servicios públicos como entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en virtud del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 y el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, se encuentran obligadas a publicar en el SECOP II los documentos de su actividad contractual cuya fuente de financiación sea con recursos públicos, sin perjuicio de estar sometidas a regímenes de derecho privado.
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¿Cuál es la naturaleza jurídica de las empresas prestadoras de servicios públicos?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden tener la forma de sociedades por acciones o de empresas industriales y comerciales del Estado, según su composición accionaria, y son parte de la rama ejecutiva y del sector descentralizado por servicios. Las empresas mixtas no se confunden con las sociedades de economía mixta ni con las empresas industriales y comerciales del Estado, porque tienen una naturaleza jurídica distinta conferida por la Constitución. En materia contractual, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 remite al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de modo que la actividad contractual de estas empresas queda exceptuada del Estatuto General de Contratación y constituye un régimen especial, en el que los actos de constitución y administración se rigen por el derecho privado. No obstante, en su actividad contractual deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de los artículos 209 y 267 de la Constitución, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal.síntesis automática
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Las sociedades constituidas como empresas de servicios públicos domiciliarios – ESP están sujetas al régimen de contratación estatal o también llamado estatuto general de contratación? (sic)
Las sociedades constituidas como empresas de servicios públicos domiciliarios – ESP están sujetas al régimen de contratación estatal o también llamado estatuto general de contratación? (sic)…
25000232600020120062001 de 20262026-10-05Sala PlenaRad. 25000232600020120062001
El contratista no está sujeto a la Ley 80 de 1993 al celebrar contratos, ya que estos se rigen por el derecho privado conforme a las disposiciones de las Leyes 142 y 143 de 1994, y la Ley 689 de 2001, lo que implica que las controversias deben resolverse conforme a las normas civiles y comerciales y no a las instituciones previstas en la Ley 80. En casos de error aritmético en el precio, la Sala determina que debe prevalecer la intención de las partes conforme al Código Civil, y no recurrir a la teoría del desequilibrio económico. Además, la Sala reitera que para condenar al pago de la diferencia por error aritmético, es necesario acreditar la prestación del servicio y cumplir con los presupuestos contractuales para su exigibilidad, sin lugar a intereses moratorios si no fueron objeto de la pretensión inicial. Esto implica que las empresas de servicios públicos domiciliarios deben interpretar sus contratos conforme a las normas civiles y comerciales, y no a las del derecho público, para resolver disputas contractuales.síntesis automática
También resuelve:Contratos de las empresas de servicios públicosDomiciliarios: régimen jurídico aplicable, derecho privado, Ley 142 de 1994 artículo 31, Ley 143 de 1994 artículo 8Empresas de servicios públicos mixtas: naturaleza pública, Ley