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Colombia Compra Eficiente Concepto

Universidades públicas: las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-03-26
Número
C-205 de 2026

Síntesis del concepto

Universidades públicas: las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor

Regla de decisión

Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Las universidades públicas deben acatar las prohibiciones contractuales de los artículos 33 y 38 de la Ley 996 de 2005, y sus manuales de contratación, como reglamentos administrativos, son de obligatoria observancia para la entidad. Según la postura expuesta, los entes universitarios no son entidades descentralizadas ni territoriales, y su régimen contractual es el derecho privado, pero deben cumplir obligaciones transversales al Sistema de Compra y Contratación Pública, entre ellas la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, la publicación de sus procedimientos en SECOP y el cumplimiento de las prohibiciones de la Ley de Garantías Electorales. Los manuales corresponden a un acto administrativo de carácter reglamentario y gozan de los atributos propios de estos actos, como la presunción de legalidad. La consecuencia práctica es que la universidad no puede desconocer su propio manual de contratación, ni modificar la modalidad de selección prevista en él, para eludir la restricción de contratación directa durante el periodo de la Ley de Garantías Electorales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Puede una universidad pública, durante la vigencia de las restricciones de la Ley 996 de 2005, modificar la modalidad de “invitación privada” a “invitación pública” sin reforma previa de su estatuto contractual para evitar las restricciones a la contratación directa?

Fundamentos

  • Ley 30 de 1992, arts. 57 y 93
  • Ley 489 de 1998, arts. 39 y 40
  • Ley 996 de 2005, arts. 33 y 38

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Inicialmente debe precisarse que, al regirse los procesos de contratación que adelanten las universidades públicas por el derecho privado, según lo condicionado en el artículo 93 de la Ley 30 de 1992, el respectivo manual de contratación debe desarrollar las formas en las que este tipo de instituciones adelantarán sus gestiones contractuales y garantizarán el cumplimiento de los principios de la función pública, el control fiscal y los principios rectores de la contratación estatal. De igual forma, tendrán la obligación tanto de indicar el contenido de las propuestas y los procedimientos de selección, como de realizar una descripción precisa del procedimiento, los plazos de las etapas y los criterios de evaluación y desempate, así como todos los criterios necesarios para garantizar la selección objetiva y la protección del interés general.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Aplicación del estatuto general Imposibilidad de desconocimiento Ley de Garantías Electorales Limitaciones Naturaleza jurídica Obligaciones transversales Obligatoria observancia Régimen de contratación aplicable

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Texto del documento 4.362 caracteres
UNIVERSIDADES PÚBLICAS – Naturaleza jurídica – Régimen de contratación aplicable […] la Constitución Política de Colombia en su artículo 69, establece por una parte, una garantía de autonomía para que las universidades establezcan sus directivas y sus estatutos de acuerdo con la ley; y por la otra, la posibilidad de que cuenten con un régimen especial que corresponde dictar al Congreso. En desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 30 de 1992, mediante la cual se regularon aspectos como la naturaleza jurídica de las universidades estatales y oficiales, la forma de organizarse y el régimen de contratación aplicable. Asimismo, en el artículo 57 ibidem se consignó que el carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprende, entre otros aspectos, el régimen de contratación. […] la Ley 489 de 1998, al desarrollar la estructura y organización de la Administración Pública, establece que los entes universitarios hacen parte integral de esta, catalogándolos como entidades públicas de carácter autónomo a las que aplica un régimen especial. […]. […] […] se ha considerado que los entes universitarios no son entidades que hagan parte de la rama ejecutiva, ni pueden, por tanto, considerarse entidades descentralizadas, sino que gozan de un régimen especial. […] […] la descentralización involucra el ejercicio de un control de tutela que no puede aplicarse a los entes universitarios autónomos, motivo por el cual, si bien son entes del Estado, no son ni pueden ser asimiladas a entidades descentralizadas y tampoco encuadran en el concepto de entidad territorial. De esta manera, respecto al régimen contractual de las universidades estatales, el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 estableció condicionadamente, que será el derecho privado, rigiéndose, por ende, por las normas civiles y comerciales […]. UNIVERSIDADES PÚBLICAS – Aplicación del estatuto general – Obligaciones transversales – Limitaciones […] podría colegirse que los entes universitarios, sólo aplicarán un régimen especial de contratación –es decir, el derecho privado– siempre y cuando el objeto a contratar sea para el cumplimiento de sus funciones propias; pero por ejemplo, cuando actúen como contratistas de otras Entidades Estatales regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo modifiquen o complementen–, estarán sujetas, sin que ello afecte su economía, a las reglas y restricciones que dicho estatuto contenga para ese tipo de situaciones. […] […] deberán cumplir unas obligaciones transversales al Sistema de Compra y Contratación Pública, entre ellas la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, la publicación de sus procedimientos de selección a través de la herramienta SECOP –en la sección Régimen Especial–, hacer uso del clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, reportar inhabilidades e incompatibilidades de sus proveedores, analizar el sector económico de los oferentes, acatar las prohibiciones contractuales dispuestas en los artículos 33 y 38 de la Ley de Garantías Electorales –Ley 996 de 2005-, entre otras. […] MANUALES DE CONTRATACIÓN – Obligatoria observancia – Imposibilidad de desconocimiento – Ley de garantías electorales […] teniendo en cuenta que dichos manuales corresponden a un acto administrativo y concretamente a un reglamento, le aplican los atributos propios de estos tipos de actos, entre otras cosas, la presunción de legalidad y la regla de inderogabilidad singular del reglamento. En tal sentido, su contenido vincula a la propia entidad que lo expidió y no puede desconocerlo a su capricho en casos específicos. Ello sin perjuicio de la posibilidad de expedir un nuevo manual o de modificar el existente. […] durante la vigencia de las restricciones contractuales dispuestas en la Ley de Garantías Electorales –Ley 996 de 2005–, las entidades con regímenes especiales de contratación –donde se encuentran inmersas las universidades públicas– podrán adelantar sus gestiones contractuales, dentro de los marcos legales dispuestos en sus respectivos manuales de contratación, pues no resulta ajustado a derecho, que con el fin de no verse “afectadas” por las referidas restricciones, adquieran sus bienes o servicios desconociendo las formas y procesos preestablecidos.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-205-de-2026/