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¿Es procedente, durante la Ley de Garantías, que las instituciones de educación superior públicas efectúen pagos misionales de investigación y extensión, como ejecución del gasto previamente presupuestado, y qué mecanismos permiten asegurar la continuidad de estas funciones sin vulnerar dichas restricciones?
En atención al problema jurídico planteado debe señalarse que la Ley de Garantías Electorales, en materia de contratación estatal dispone dos tipos de restricciones. El artículo 33 de la Ley 996 de 2205 prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes estatales durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales y dispone las excepciones a dicha prohibición. Así, su ámbito de prohibición está delimitado por la expresión “queda prohibida la contratación directa” y para los efectos de la Ley de Garantías Electorales y, en particular, para la prohibición o restricción temporal contenida en su artículo 33, “contratación directa” se refiere a cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizado por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes.
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¿Cuáles restricciones contenidas en la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación estatal son aplicables a las universidades públicas y desde qué fecha?
El contratista debe abstenerse de celebrar contratos directos con universidades públicas durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, conforme a la prohibición establecida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, debido a que estas instituciones son consideradas entidades públicas con régimen especial y no están exentas de las restricciones electorales. Esta regla implica que las universidades públicas deben ajustar su gestión contractual para evitar la celebración de contratos directos desde el 31 de enero hasta el momento de la celebración de las elecciones, lo que puede afectar significativamente sus procesos de adquisición y contratación durante este período.síntesis automática
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Un convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre una universidad pública y una entidad del estado para la realización de prácticas y/o judicatura de estudiantes, debe ser publicado en SECOP?
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En aplicaci?n del art?culo 33 la ley de 996 de 2005 (Ley de garant?as), en la que se?ala que: ?Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elecci?n presidencial y hasta la realizaci?n de la elecci?n en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contrataci?n directa por parte de todos los entes del Estado?, ?Dentro de este t?rmino…
En aplicación del artículo 33 la ley de 996 de 2005 (Ley de garantías), en la que señala que: Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado?, ?Dentro de este término, se pueden celebrar convenios de asociación de forma directa con entidades privadas sin ánimo de lucro de la que trata el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, cuando la ESAL comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio??
También resuelve:Ley de garantías electorales: restricciones, contratación directa, contratación directa / destinatarios, Artículo 33 Ley 996 de 2005Destinatarios: Ley 996 de 2005, Artículo 33Excepciones: Ley 996 de 2005, Artículo 33, listado taxativo
¿En el en el marco de la ley de garantías está limitada esta realización de convenios?
Con base en las consideraciones expuestas y atendiendo a que las preguntas guardan unidad temática respecto a la aplicación de la Ley de garantías frente a las universidades públicas, a continuación, se procede a dar respuesta conjunta a la consulta, dentro los límites de la función consultiva atribuida a esta Agencia por los artículos 3.5 y 11.8 del Decreto 4170 de 2011. En ese sentido, de acuerdo con la interpretación de las normas generales del sistema de compras y contratación pública, sin perjuicio de que cada entidad defina la viabilidad técnica, jurídica y financiera de celebrar determinado contrato estatal en específico, es posible afirmar que la Ley 996 de 2005 establece dos (2) tipos de restricciones en materia de contratación, las cuales coinciden parcialmente.
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La ley de garantías es íntegramente aplicable a la Universidades Oficiales, que valga la pena decir, no se encuentran enlistadas en el parágrafo del artículo 38 de la ley 996 de 2005.
La ley de garantías es íntegramente aplicable a la Universidades Oficiales, que valga la pena decir, no se encuentran enlistadas en el parágrafo del artículo 38 de la ley 996 de 2005.
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¿Es jurídicamente procedente que las Universidades Públicas suscriban contratos a través de contratación directa durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales?
El contratista no puede suscribir contratos a través de contratación directa durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales conforme a la Ley 996 de 2005, salvo las excepciones previstas para situaciones de emergencia y seguridad del Estado, ya que las universidades públicas, al ser entidades estatales con régimen especial, están sujetas a esta restricción, aunque no están sujetas a las limitaciones específicas para autoridades locales establecidas en el artículo 38 de la misma ley. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la capacidad de las universidades públicas para contratar directamente durante períodos electorales, salvo en casos excepcionales.síntesis automática
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Está prohibida la modalidad de contratación directa para todas las Entidades Estatales de acuerdo con el parágrafo del artículo 38 y el artículo 33, respectivamente de la Ley 996 de 2005, atendiendo dicha prohibición Una universidad pública puede celebrar convenios de cooperación para desarrollo de actividades de ciencia y tecnología estando en ley de garantías electorales?.
Está prohibida la modalidad de contratación directa para todas las Entidades Estatales de acuerdo con el parágrafo del artículo 38 y el artículo 33, respectivamente de la Ley 996 de 2005, atendiendo dicha prohibición Una universidad pública puede celebrar convenios de cooperación para desarrollo de actividades de ciencia y tecnología estando en ley de garantías electorales?.
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¿Es jurídicamente procedente que las Universidades Públicas suscriban convenios administrativos con empresas privadas durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales?
Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe … la contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo i) lo referente a la defensa y seguridad del Estado, ii) los contratos de crédito público, iii) los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también iv) los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor y, v) los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.
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¿Puede una universidad pública, durante la vigencia de las restricciones de la Ley 996 de 2005, modificar la modalidad de “invitación privada” a “invitación pública” sin reforma previa de su estatuto contractual para evitar las restricciones a la contratación directa?
Las universidades estatales u oficiales son entes autónomos de régimen especial que no hacen parte de la rama ejecutiva ni son entidades descentralizadas, y cuyo régimen contractual es, en principio, el derecho privado, conforme al artículo 93 de la Ley 30 de 1992. La postura matiza esa regla: cuando el objeto se refiere al cumplimiento de sus funciones propias se aplica el derecho privado, pero cuando actúan como contratistas de entidades regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública quedan sujetas a sus reglas y restricciones. La razón es que la Constitución garantiza a las universidades autonomía para establecer sus directivas y estatutos, dentro de la ley. Entre sus obligaciones transversales se encuentran el Plan Anual de Adquisiciones, la publicación de sus procedimientos en SECOP en la sección de régimen especial, el uso del clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas y el acatamiento de las prohibiciones de los artículos 33 y 38 de la Ley 996 de 2005. Respecto de sus manuales de contratación, el concepto señala que, al tratarse de un reglamento, son de obligatoria observancia y les aplican los atributos propios de los actos administrativos.síntesis automática
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¿Puede una universidad pública, durante la vigencia de las restricciones de la Ley 996 de 2005, modificar la modalidad de “invitación privada” a “invitación pública” sin reforma previa de su estatuto contractual para evitar las restricciones a la contratación directa?
Las universidades públicas deben acatar las prohibiciones contractuales de los artículos 33 y 38 de la Ley 996 de 2005, y sus manuales de contratación, como reglamentos administrativos, son de obligatoria observancia para la entidad. Según la postura expuesta, los entes universitarios no son entidades descentralizadas ni territoriales, y su régimen contractual es el derecho privado, pero deben cumplir obligaciones transversales al Sistema de Compra y Contratación Pública, entre ellas la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, la publicación de sus procedimientos en SECOP y el cumplimiento de las prohibiciones de la Ley de Garantías Electorales. Los manuales corresponden a un acto administrativo de carácter reglamentario y gozan de los atributos propios de estos actos, como la presunción de legalidad. La consecuencia práctica es que la universidad no puede desconocer su propio manual de contratación, ni modificar la modalidad de selección prevista en él, para eludir la restricción de contratación directa durante el periodo de la Ley de Garantías Electorales.síntesis automática
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¿Las universidades públicas pueden adelantar sus gestiones contractuales desconociendo las reglas preestablecidas en sus manuales de contratación para adquirir sus bienes y servicios?
Las universidades públicas no pueden desconocer las reglas preestablecidas en sus manuales de contratación al adquirir bienes y servicios, porque el manual es un reglamento de obligatoria observancia. Según la postura expuesta, los entes universitarios son entidades estatales de carácter autónomo que no hacen parte de la rama ejecutiva ni son entidades descentralizadas, y su régimen contractual es el derecho privado, conforme al artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Sin embargo, esa autonomía no los excluye de obligaciones transversales al Sistema de Compra y Contratación Pública, como la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, la publicación de sus procedimientos en SECOP, el reporte de inhabilidades e incompatibilidades de sus proveedores y el acatamiento de las prohibiciones de los artículos 33 y 38 de la Ley 996 de 2005. Como los manuales corresponden a un acto administrativo de carácter reglamentario, gozan de la presunción de legalidad y de los demás atributos propios de estos actos. La consecuencia práctica es que la universidad debe tramitar sus procesos conforme a las reglas de su propio manual, sin apartarse de ellas para eludir los requisitos que este establece.síntesis automática
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¿Dentro de sus procesos contractuales qué principios de la contratación estatal resultan de obligatorio cumplimiento y qué conductas no pueden omitir en sus procesos contractuales las Universidades Estatales u oficiales que se rigen por la Ley 30 de 1992?
El contratista debe cumplir con principios de la contratación estatal y reglas específicas al celebrar contratos con universidades estatales, conforme a la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1082 de 2015, que establecen que las universidades estatales tienen un régimen especial de contratación que se rige por el derecho privado y las normas propias de su creación, pero deben garantizar la transparencia, la selección objetiva y el control fiscal. Además, deben elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, publicar sus procedimientos en SECOP, utilizar el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, y reportar sanciones y multas de proveedores. Este concepto reitera y matiza la aplicación de reglas específicas para universidades estatales, lo que implica que estas entidades deben seguir un equilibrio entre su autonomía y el cumplimiento de principios generales de la contratación estatal.síntesis automática
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… viabilidad de aplicar o no la Ley de Garantías Electorales (por parte de) Universidades Públicas de carácter nacional y territorial.
El parágrafo del artículo 38 de la ley de garantías electorales, que restringe la celebración de contratos y convenios interadministrativos por entidades estatales del orden territorial y descentralizado, no es aplicable a las universidades públicas del orden nacional y territorial, debido a que, en virtud de su atributo constitucional de autonomía, no son ni pueden asimilarse a las entidades públicas que expresamente prevé la norma.
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¿Las restricciones a la contratación estatal previstas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) son aplicables a las instituciones universitarias de educación pública?
La prohibición del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 se dirige a todos los entes del Estado, expresión que comprende a los organismos o entidades autorizados por la ley para suscribir contratos, de manera que alcanza a las entidades públicas que contratan en el periodo restringido. La restricción temporal aplica durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales y, si hay segunda vuelta, se extiende hasta la fecha en que esta se realice. Su alcance comprende la contratación directa, entendida como cualquier sistema que no implique convocatoria pública ni posibilidad de pluralidad de oferentes, y excluye de ella la licitación, la selección abreviada y el concurso de méritos. Las excepciones son taxativas e incluyen la defensa y seguridad del Estado, el crédito público, las emergencias educativas, sanitarias y de desastres, la reconstrucción de infraestructura afectada por atentados o fuerza mayor, y los contratos de las entidades sanitarias y hospitalarias. En consecuencia, una institución universitaria pública debe verificar si su contratación directa en ese periodo se enmarca en una excepción, y de no hacerlo, debe acudir a un proceso con convocatoria pública.síntesis automática
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¿Aplican las restricciones en materia de contratación estatal previstas en la Ley de Garantías Electorales en el caso de las instituciones educativas?
Las restricciones de contratación de la Ley de Garantías Electorales se dirigen a todos los entes del Estado. El artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe la contratación directa en los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, prohibición que se extiende hasta la segunda vuelta si la hubiere, y se refiere a cualquier sistema que no implique convocatoria pública y pluralidad de oferentes, por lo que no comprende la licitación pública, la selección abreviada ni el concurso de méritos. Sus excepciones son taxativas e incluyen la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir emergencias educativas, sanitarias y desastres, la reconstrucción de vías, puentes y otra infraestructura afectada por atentados, desastres naturales o fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Corresponde a cada ente examinar en el caso concreto la naturaleza de sus actividades para determinar si encuadran en alguna excepción. Por su parte, el parágrafo del artículo 38 prohíbe, en cualquier contienda electoral, celebrar convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro meses anteriores a la votación.síntesis automática
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¿Qué disposiciones del Sistema de Compra y Contratación Pública deben observar las universidades públicas?
Las universidades estatales u oficiales son entes públicos autónomos con régimen especial, no son entidades descentralizadas ni entidades territoriales, y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete su régimen contractual, en principio, al derecho privado. El concepto precisa que ese régimen aplica cuando el objeto contratado corresponde al cumplimiento de sus funciones propias, mientras que, si actúan como contratistas de otras entidades regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, quedan sujetas a las reglas y restricciones de ese estatuto. En todos los casos deben cumplir obligaciones transversales al Sistema de Compra y Contratación Pública, entre ellas elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, publicar sus procedimientos de selección en SECOP en la sección Régimen Especial, usar el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, reportar inhabilidades e incompatibilidades de sus proveedores y acatar las prohibiciones de los artículos 33 y 38 de la Ley 996 de 2005. La libertad reglamentaria de sus manuales de contratación no es absoluta, pues debe respetar la reserva legal de ciertas materias. En consecuencia, el régimen especial no exime a la universidad pública de estas obligaciones.síntesis automática
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¿Bajo la Ley 80 de 1993 el registro presupuestal es un requisito de perfeccionamiento o de ejecución diferente a la contratación definida para las universidades estatales u oficiales?
El contratista no necesita cumplir con el registro presupuestal como requisito de perfeccionamiento del contrato, sino que este es un requisito de ejecución, ya que las universidades estatales u oficiales, al ser entidades de régimen especial, pueden establecer reglas contractuales distintas a las de la Ley 80 de 1993, siempre y cuando estas reglas estén definidas en su manual de contratación. Esto implica que el registro presupuestal no es necesario para que el contrato se perfeccione, sino que debe cumplirse para su ejecución, lo que permite a las universidades mantener su autonomía en la contratación mientras se ajustan a los principios generales de la función pública.síntesis automática
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¿Tienen las universidades públicas la posibilidad de utilizar cláusulas excepcionales y/o “exorbitantes” dentro de su actividad contractual?
Las universidades públicas no pueden incorporar cláusulas excepcionales o exorbitantes en sus contratos, porque su régimen de contratación especial se rige por el derecho privado, y la única forma en que una entidad de régimen especial puede usarlas es que su norma de creación lo establezca; por ello, si requiere sancionar o terminar el contrato, debe acudir al juez competente. El artículo 69 de la Constitución garantiza la autonomía universitaria y la Ley 30 de 1992 dispone en su artículo 57 que el régimen especial comprende la contratación, en el artículo 93 que sus contratos se rigen por el derecho privado y en el artículo 94 que están sujetos a aprobación y registro presupuestal. Entre las potestades excluidas están la terminación, interpretación y modificación unilaterales, la caducidad y la reversión del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, la liquidación unilateral, la declaratoria unilateral del siniestro y la imposición unilateral de multas y cláusula penal. La exorbitancia de estas dos últimas radica en su imposición unilateral, no en su pacto, que es posible conforme a las normas civiles y comerciales.síntesis automática
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¿Están obligadas las Universidades Públicas para la adquisición de alimentos, a aplicar el puntaje mínimo del diez por ciento (10%) previsto en el artículo 2.20.1.2.3 del Decreto 1071 de 2015 –incorporado en el Decreto 248 de 2021- que reglamenta la Ley 2046 de 2020?
De acuerdo al problema jurídico objeto de la presente consulta, se precisa en cuanto al campo de aplicación que, la Ley 2046 de 2020 “por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimento”, establece en su artículo 3: “Las disposiciones que aquí se establecen, serán obligatorias para las entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economía mixta, y entidades privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, que demanden de forma directa o a través de interpuesta persona, alimentos para el abastecimiento y para suministro de productos de origen agropecuario, cumpliendo con los requisitos sanitarios que establezca la normatividad vigente”.
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