Síntesis del concepto
Liquidación del contrato: la liquidación no corresponde a una facultad discrecional de la entidad
Regla de decisión
La liquidación no corresponde a una facultad discrecional de la entidad, sino a un deber jurídico cuyo ejercicio debe sujetarse a los términos y modalidades y en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista no puede ser objeto de una liquidación del contrato estatal mientras la entidad estatal mantiene sin definir un proceso de presunto incumplimiento contractual, ya que la liquidación tiene como objetivo ajustar cuentas y determinar el estado de cumplimiento del contrato, incluyendo la calidad y oportunidad de los bienes, obras o servicios entregados, y el comportamiento financiero del negocio. La entidad estatal debe cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que establecen los plazos y procedimientos para la liquidación, y no puede abstenerse de realizarla de manera concurrente con un proceso sancionatorio. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la necesidad de que las entidades cumplan con sus obligaciones contractuales de manera oportuna y conforme a la ley, evitando prácticas que puedan afectar los derechos del contratista.
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Pregunta que resuelve
¿Puede una entidad estatal abstenerse de liquidar y pagar un contrato estatal ejecutado y, de manera concurrente, mantener sin definición un proceso de presunto incumplimiento contractual?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 18 y 60
- Ley 1150 de 2007, art. 11
- Ley 1437 de 2011, arts. 141 y 164
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
Para resolver el problema jurídico planteado, es preciso indicar que, de conformidad con el marco normativo, doctrinal y jurisprudencial expuesto en los argumentos de este concepto, la liquidación del contrato estatal constituye una etapa obligatoria en aquellos contratos que, por su naturaleza, objeto o plazo, así lo requieren, en especial en los contratos de tracto sucesivo o de ejecución prolongada en el tiempo. Dicha etapa tiene como finalidad efectuar el balance definitivo de la relación contractual en sus aspectos técnicos, financieros y jurídicos, permitiendo establecer el grado de cumplimiento del objeto contratado, definir las obligaciones pendientes, determinar los saldos a favor o en contra de las partes y precisar si estas pueden declararse a paz y salvo.
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Texto del documento 6.556 caracteres
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Definición – Objetivo
La liquidación es el momento en el cual, una vez concluido el contrato estatal, las partes cruzan cuentas respecto de sus obligaciones. Por tanto, su objetivo es determinar si pueden declararse a paz y salvo mutuo o si, por el contrario, existen aún obligaciones por cumplir, para acordar la forma en que deben ser finalizadas […]
Según la jurisprudencia, la liquidación es el ajuste de cuentas donde las partes hacen un balance económico, técnico y jurídico del cumplimiento de las obligaciones que tienen a su cargo. Así lo manifestó el Consejo de Estado en la Sentencia del 20 de octubre de 2014, en la que consideró, por un lado, que
liquidar
supone un ajuste en relación con las cuentas y el estado de cumplimiento del contrato estatal y, por el otro, que la
liquidación
debe incluir el análisis de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, así como el balance económico y el comportamiento financiero del negocio […]
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Normativa
Las disposiciones legales que regulan la etapa de liquidación de los contratos estatales son: el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El primero de estos artículos se refiere al alcance sustantivo de la liquidación, mientras que el segundo contiene reglas procedimentales para su realización. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuyo cumplimiento o ejecución se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran “serán objeto de liquidación”. El mismo artículo prescribe que no será obligatoria la liquidación en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 contiene las reglas de tipo procedimental para liquidar los contratos estatales, […].
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Tipos – Bilateral – Unilateral – Judicial
[…] De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, existen tres tipos de liquidación: i) bilateral, ii) unilateral y iii) judicial. En términos generales, la primera, que puede ser total o parcial, debe hacerse en el término que estipulen las partes o, en su defecto, dentro del término supletivo de cuatro meses. La segunda se debe practicar dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término que acuerden las partes, o ante el silencio de estas, luego de los cuatro meses para realizar la liquidación bilateral, sin que esta se efectúe. Finalmente, la tercera la realiza la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o un tribunal de arbitramento dentro de un proceso judicial de controversias contractuales, y puede darse con ocasión de una demanda del interesado solicitando dicha liquidación. Para ello, existe un plazo máximo de 2 años contados a partir de los dos meses establecidos en la Ley para realizar la liquidación unilateral. […]
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL – Ley 1474 de 2011 – Artículo 86
De conformidad con lo anterior, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 establece las etapas del procedimiento que se deben seguir, las cuales se sintetizan, de forma esquemática, así: a)
Citación a audiencia
. Es necesario mencionar expresa y detalladamente los hechos que la soportan, así como, también, adjuntar el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación, enunciar las normas o cláusulas posiblemente violadas y referir las consecuencias que podrían recaer sobre el contratista en el desarrollo de la actuación, citando a la aseguradora cuando la garantía de cumplimiento consista en una póliza. b)
Audiencia
. En la diligencia intervendrá el jefe de la entidad o su delegado y, posteriormente, se le concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente y al garante, en caso de ser necesario, para que estos presenten sus descargos, aporten y controviertan pruebas y rindan las explicaciones del caso; y c)
Decisión
. Debe estar contenida en resolución motivada donde se consigne, por un lado, lo ocurrido en el desarrollo de la diligencia y, por el otro, lo relativo a la imposición o no de multas y sanciones o la declaratoria de incumplimiento del contrato estatal. Contra la decisión únicamente procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma diligencia. Ambas decisiones se entenderán notificadas en audiencia. Lo anterior, por supuesto, sin perjuicio del control judicial que podría llegar a efectuarse.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
– Procedencia
El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 estableció de manera expresa que las entidades sometidas al EGCAP pueden adelantar ese procedimiento en los siguientes supuestos: 1) para declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios de este. En cuanto a la declaración del incumplimiento es importante tener en cuenta la caducidad como potestad exorbitante que se aplica por un incumplimiento grave y tardío de ciertos tipos contractuales; 2) imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y 3) hacer efectiva la cláusula penal cuando haya sido pactada. En consecuencia, la Ley 1474 de 2011 atribuyó expresamente la competencia a las entidades para adelantar el procedimiento del artículo 86 en los tres supuestos antedichos, independientemente considerados. […]
En concordancia con lo explicado previamente, las entidades adelantarán el procedimiento establecido en el referido artículo 86 con el fin ejercer unilateralmente la potestad de imponer las multas y hacer efectiva la cláusula penal, cuando hayan sido incluidas en el contrato en virtud de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, la facultad de aplicar el procedimiento no se encuentra limitada a estos supuestos, pues el artículo 86 señala que las entidades sometidas al EGCAP podrán, además de lo anterior, emplearlo para declarar el incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios. Así mismo, dentro del marco de la declaratoria de incumplimiento puede encontrarse la caducidad como la sanción más severa que existe en la contratación estatal. Particularmente, se impone al contratista cuando incurre en un incumplimiento de sus obligaciones, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. Su propósito consiste en sancionar al contratista y, a su vez, permitirle a la entidad continuar con la ejecución por otros medios, regulados en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.