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¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado?¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista?¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión? No
El contratista no puede alegar la nulidad del acto administrativo basándose en la omisión de la entidad estatal para resolver solicitudes probatorias, salvo que dicha omisión afecte sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa y trascienda sobre el sentido de la decisión. La entidad puede adoptar medidas correctivas conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o el contratista puede actuar para sanear la irregularidad. La Sala reitera que no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, lo que implica que la entidad estatal debe motivar adecuadamente la imposición de sanciones, pero no necesariamente anular el acto administrativo por omisiones menores en el trámite.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista…¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista?¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula…
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión…¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF?¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo?¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación?¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
Sentencia — Sentencia2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170138301LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve:¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando?¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico?¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
25000233600020200031101 de 20252026-02-03Rad. 25000233600020200031101
El contratista incorpora en la orden de compra las cláusulas pactadas en el acuerdo marco de precios celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores, según lo dispone el artículo 2, parágrafo 5, inciso 3 de la Ley 1150 de 2007. En este caso, el ICBF demandó a Subatours por incumplimiento en la orden de compra derivada del acuerdo marco, argumentando que Subatours reportó costos superiores a los pagados a las aerolíneas por los tiquetes suministrados. El Consejo de Estado revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, declarando el incumplimiento de Subatours y condenándolo en abstracto a favor del ICBF por los perjuicios derivados del incumplimiento, cuyo monto se determinará en un trámite incidental. La entidad estatal puede solicitar judicialmente la declaratoria de incumplimiento de la orden de compra, independientemente de los actos de archivo de Colombia Compra Eficiente en el procedimiento sancionatorio.síntesis automática
También resuelve:Orden de compra: naturaleza, cláusulas no expresas, acuerdo marco de precios, contratoCompetencia de colombia compra eficiente en materia de procedimiento administrativo sancionatorio: límites competenciales de la agencia competencia no se extiende a las órdenes de compra
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-02-07Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 68001233300020230074401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, debe solicitarse por el demandante, existir un análisis de confrontación del acto y las normas y estar acreditados sumariamente los perjuicios cuando se trate de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solo procede a petición de parte debidamente sustentada, conforme al artículo 229 del CPACA, y exige un análisis de confrontación entre el acto demandado y las normas que se alegan vulneradas. Cuando se trata de una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, además deben estar acreditados sumariamente los perjuicios que la medida pretende evitar. La procedencia de la medida depende de que la violación surja del confronte entre el acto y las normas invocadas, y no de la sola afirmación del demandante. En el caso concreto, el material probatorio no permitió concluir que procediera suspender los actos acusados, de modo que la providencia que negó la medida fue confirmada. Como consecuencia práctica, quien solicite la suspensión provisional de un acto debe presentar el análisis de confrontación y las pruebas sumarias de los perjuicios desde la solicitud, pues sin ellas la medida no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con las normas vulneradas y las pruebas allegadas es dable considerar la procedencia de la suspensión de los actos acusados?¿Se acreditó una vulneración del derecho al debido proceso, por indebida valoración y práctica de las pruebas allegadas al procedimiento administrativo sancionatorio…
¿Puede una Empresa Comercial e Industrial del Estado como INDUMIL, con régimen privado de contratación aceptar bienes o servicios por fuera del plazo de ejecución pactado por las partes?
El vencimiento del plazo de ejecución, cuando tiene carácter suspensivo, no impide que la entidad reciba las tareas realizadas fuera de este término ni equivale a la imposibilidad de que el contratista realice prestaciones extemporáneas. De hecho, mientras el contrato esté vigente la entidad puede emplear los medios necesarios para exigir su cumplimiento.
También resuelve:Entidades exceptuadas en el sector defensa: régimen contractual, criterio diferenciador, indumil, derecho privadoCláusulas excepcionales: autorización legal, inaplicación, entidades de régimen especial, entidades exceptuadasProcedimiento administrativo sancionatorio: inaplicación, entidades de régimen especial, juez del contrato
¿En ejercicio de la supervisión en los contratos, se debe realizar el procedimiento de incumplimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 aun cuando ASOHOFRUCOL no es Entidad Púbica, sino una Entidad Sin Ánimo de Lucro de carácter privado que administra recursos públicos?
Conforme a lo expuesto, el procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento, establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, está dirigido específicamente a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera que las entidades que no lo están, como las ESAL, no son destinatarias de la norma citada y, por ende, no resulta viable que apliquen ese procedimiento sancionatorio.
También resuelve:Esal: naturaleza jurídica de las entidades sin ánimo de lucro, naturaleza jurídica de las entidades / cláusula penal- estimación anticipada de perjuicios / cláusula penal, funciones / procedimiento administrativo sancionatorio, Artículo 86Procedimiento administrativo sancionatorio: Artículo 86, Ley 1474 de 2011, ámbito de aplicación, inaplicabilidadWilliam f. romero r
¿Cómo se calcula el valor a pagar por concepto de cláusula penal?
Conforme a los expuesto, la competencia atribuida a esta entidad por los artículos 3.5 y 11.8 del Decreto 4170 de 2011 se limita a la resolución de consultas sobre la aplicación de normas de alcance general en materia de contratación estatal y compras públicas. Esta competencia de interpretación de normas generales no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales. Esto en la medida en que, para resolver una consulta de carácter particular, además de conocer un sin número de detalles de la actuación administrativa, es necesario acceder al expediente y a los documentos del procedimiento contractual donde surge la inquietud.
También resuelve:Potestades excepcionales de la administración públicaProcedimiento administrativo sancionatorio: Artículo 86 Ley 1474 de 2011Procedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86
La reducción del 2% de que trata el artículo 58 de la Ley 2195 no aplica en relación con las multas y cláusulas penales que hubieran quedado en firme antes de la expedición de la Ley 2195, con base en la teoría de la irretroactividad de la Ley, sustentada en la jurisprudencia que se expone a continuación. Favor confirmar este entendimiento.
La reducción del 2% de que trata el artículo 58 de la Ley 2195 no aplica en relación con las multas y cláusulas penales que hubieran quedado en firme antes de la expedición de la Ley 2195, con base en la teoría de la irretroactividad de la Ley, sustentada en la jurisprudencia que se expone a continuación. Favor confirmar este entendimiento.
También resuelve:Cláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateral, imposición unilateral / procedimiento sancionatorio contractualProcedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86Reducción de puntaje: multa, cláusula penal, Ley 2195 de 2022, Artículo 58
El parágrafo 1, del aritculo de 58 de la ley 2195 de 2022, como se debe entender y aplicar por parte de las entidades al momento de realizar el análisis y evaluación de las ofertas.
El parágrafo 1, del aritculo (sic) de 58 de la ley 2195 de 2022, como se debe entender y aplicar por parte de las entidades al momento de realizar el análisis y evaluación de las ofertas.
También resuelve:Cláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateral, imposición unilateral / procedimiento sancionatorio contractualProcedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86Reducción de puntaje: multa, cláusula penal, Ley 2195 de 2022, Artículo 58
La ley 80 de 1993 prevé los poderes excepcionales o exorbitantes del estado (caducidad, terminación unilateral, etc.) por su parte el articulo 17 de la ley 1150 estableció que el ejercicio de la potestad sancionatoria debe estar precedida del debido proceso y todo en virtud del principio de legalidad que debe regular la actuación, por otro lado el artículo 86 de la ley 1474 regula o establece el procedimiento de Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento…
La ley 80 de 1993 prevé los poderes excepcionales o exorbitantes del estado (caducidad, terminación unilateral, etc.) por su parte el articulo 17 de la ley 1150 estableció que el ejercicio de la potestad sancionatoria debe estar precedida del debido proceso y todo en virtud del principio de legalidad que debe regular la actuación, por otro lado el artículo 86 de la ley 1474 regula o establece el procedimiento de Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, con lo que se entiende que al hablar de sanciones este es el procedimiento a cumplir para declarar la CADUCIDAD? (sic).
También resuelve:Caducidad del contrato: consecuencias, presupuestos, requisitos, consecuencias / caducidad del contratoCláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateralProcedimiento sancionatorio contractual: citación a audiencia, contenido, Ley 1474 de 2011, Artículo 86
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
1.- En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala decide sobre la nulidad del Acta No.118 del 18 de septiembre de 2013, por medio de la cual el Comité Especial de Conciliación y Terminación de Mutuo Acuerdo de la DIAN decidió no transar y en consecuencia no terminar por mutuo acuerdo el proceso administrativo sancionatorio IH 2009 2011 2697 (fl.126), y de las Resoluciones Nos. 31 y 001744 del 13 de enero y 11 de marzo de 2014 (ff.141-154), mediante las que respectivamente se decidieron los recursos de reposición y apelación confirmando la decisión inicial.
También resuelve:Proceso administrativo sancionatorio: nulidad, terminación por mutuo acuerdo, requisitos, Decreto 699 de 2013Consejo de estadoSala de lo contencioso administrativo
Usted realiza las siguientes solicitudes: i) «La institución por tener un régimen especial de contratación no sometido a la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios requiere recibir concepto jurídico, en el sentido de tener claridad respecto a si debe adelantar un procedimiento como el de la Ley 1474 del 2011 para declarar el incumpliendo, imponer las multas y sanciones pactadas en los contratos, y hacer efectiva la cláusula penal…
La institución por tener un régimen especial de contratación no sometido a la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios requiere recibir concepto jurídico, en el sentido de tener claridad respecto a si debe adelantar un procedimiento como el de la Ley 1474 del 2011 para declarar el incumpliendo, imponer las multas y sanciones pactadas en los contratos, y hacer efectiva la cláusula penal, o puede acudir directamente a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa…
También resuelve:Entidades con régimen especial: definición, reglas aplicables, manual de contratación, contenidoProcedimiento administrativo sancionatorio: Artículo 86, Ley 1474 de 2011, ámbito de aplicación, inaplicabilidadSecop i: publicidad, entidades de régimen especial, reiteración, concepto unificado
¿Pueden las empresas industriales y comerciales del Estado pactar cláusulas excepcionales al derecho común o ejercer potestades de ejercicio unilateral?
Las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades en competencia o en mercados regulados están exceptuadas del Estatuto General de Contratación y su actividad contractual se rige por el derecho privado, según su norma de creación y sus manuales de contratación, conforme al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011. Por no estar sometidas al Estatuto, esas entidades no pueden usar cláusulas excepcionales, que no se contemplan en el derecho común y están limitadas a la contratación regida por el Estatuto, salvo que su norma de creación lo establezca. Tampoco tienen previstas potestades unilaterales en la ley, de modo que si requieren sancionar o dar por terminado el contrato, deben acudir al juez competente. No obstante, pueden incluir en el contrato estipulaciones que reconozcan expresamente esas facultades en ejercicio de la autonomía de la voluntad. En ese caso, los actos que las ejerzan serían actos contractuales y no actos administrativos. El procedimiento sancionatorio del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 se dirige a entidades sometidas al Estatuto y no a estas empresas.síntesis automática
También resuelve:Empresas industriales y comerciales: régimen contractual, criterio diferenciador, actividades en competencia, derecho privadoCláusulas excepcionales: entidades de régimen especial, imposición unilateral, multa, cláusula penalProcedimiento administrativo sancionatorio: entidades de régimen especial, juez del contrato
Auto interlocutorio con estado — Auto medidas cautelares2026-07-17SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)FERNANDO IREGUI CAMELORad. 25000233600020240034600ACCION CONTRACTUAL
¿Se cumplen los requisitos previstos en los artículos 229 y 231 del CPACA para decretar medidas cautelares, especialmente la suspensión provisional de las Resoluciones 154 de 2024 y 167 de 2024, expedidas dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio contractual adelantado por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy? No
… se tiene que la parte demandante solicita que se declare que 1) el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy adelantó -de forma irregular y arbitrariael proceso administrativo sancionatorio contra la sociedad accionante dentro del Contrato de Obra Pública No. COP-314-2019; 2) la nulidad de la Resolución No. 154 del 31 de mayo del 2024, por la cual el Alcalde Local de Kennedy (E) declaró el incumplimiento del contrato, impuso e hizo efectiva la cláusula penal del Contrato por la suma de $3.665.361.186,oo y declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento amparado por la póliza No. AA007702 expedida por Equidad Seguros; 3) Decretar la nulidad de la Resolución No. 167 del 12 de junio del 2024, que, en sede de reposición, confirmó la Resolución 154; 4) En caso de descuentos en el Proceso Administrativo Sancionatorio, se restituyan las sumas pagadas por las referidas resoluciones…