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Colombia Compra Eficiente Concepto

Contratos y convenios interadministrativos: las afirmaciones aquí realizadas no pueden interpretarse como juicios de valor

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-09-23
Número
C-1152 de 2025

Síntesis del concepto

Contratos y convenios interadministrativos: las afirmaciones aquí realizadas no pueden interpretarse como juicios de valor

Regla de decisión

Las afirmaciones aquí realizadas no pueden interpretarse como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede celebrar un convenio interadministrativo que incluya la figura de administración delegada de recursos sin representación, siempre y cuando las partes estipulen condiciones y cláusulas que se ajusten a la autonomía de la voluntad y no contravengan la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración, reiterando la jurisprudencia que permite la configuración de mandatos con o sin representación en este tipo de contratos, lo que implica mayor flexibilidad en la estructuración de acuerdos entre entidades estatales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Es jurídicamente viable la celebración de un convenio interadministrativo con un objeto tendiente a la constitución de un mandato sin representación bajo la figura administración delegada de recursos?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 39 y 41
  • Ley 1150 de 2007, art. 2
  • Decreto 1082 de 2015, arts. 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.4

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

En cuanto al problema jurídico, objeto de consulta, la naturaleza colaborativa de los convenios interadministrativos implica que a estos no les aplican de manera automática o implícita las reglas y condiciones dispuestas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Estos negocios jurídicos se caracterizan por estar sujetos a la autorregulación establecida a través de sus propias estipulaciones, que son el resultado de la autonomía de la voluntad de las entidades que actúan como colaboradoras o cooperantes. En efecto, en los convenios interadministrativos puros o genuinos, el valor del negocio jurídico es determinado por los aportes en dinero y/o en especie requeridos para ejecutar el objeto, los cuales pueden ser realizados por ambos cooperantes en los montos que estos estipulen.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Administración y pago Alcance Ley 80 de 1993 Contratos interadministrativos Convenios interadministrativos Definición Diferencias Inaplicabilidad Mandato Naturaleza Noción Procedencia

Guías del tema

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Contratos y convenios interadministrativos

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Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.
Texto del documento 5.470 caracteres
CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Noción – Diferencias La tipología del contrato interadministrativo fue creada en la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1082 de 2015 la califica como aquella contratación entre Entidades Estatales. De acuerdo con lo anterior, el contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos están determinados por un criterio orgánico, al ser necesario que los extremos de la relación contractual sean Entidades Estatales. Si bien los contratos interadministrativos están previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan celebrarse entre Entidades Estatales que apliquen el régimen de contratación allí previsto, pues bien puede una Entidad Estatal sometida a la Ley 80 de 1993 celebrar esta clase de negocios jurídicos con una Entidad Estatal de régimen especial y no por ello dejará de ser un contrato o convenio interadministrativo. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – Naturaleza – Inaplicabilidad – Ley 80 de 1993 Bajo esta postura del Consejo de Estado, se determina que el convenio interadministrativo es el negocio jurídico en el cual convergen dos entidades públicas, cuyo objeto se relaciona con la coordinación o cooperación para el cumplimiento de los fines comunes de las partes. Por otro lado, el contrato interadministrativo es un negocio jurídico, cuyo objeto está relacionado con la prestación de bienes y servicios, en el que una de las partes actúa como contratante y otra como contratista. Ahora bien, esta distinción conceptual entre contratos y convenios interadministrativos resulta relevante para precisar ámbito de aplicación de las instituciones del EGCAP. Al respecto, el Consejo ha destacado la finalidad asociativa de los convenios interadministrativos, los cuales se caracterizan por la autorregulación de sus propias estipulaciones, que son el resultado de la autonomía de la voluntad de las entidades que actúan como colaboradoras o cooperantes, sin que pueda aludirse a la preponderancia de ciertos regímenes, por lo que no es procedente la aplicación automática del régimen contractual de los contratos estatales. ADMINISTRACIÓN DELEGADA – Noción – Definición – Mandato – Administración y pago Independientemente del régimen contractual aplicable, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la “administración delegada” se ha entendido, por lo menos, de dos maneras: i) como un mandato, es decir, como un negocio jurídico mediante el cual el contratista actúa en nombre y representación de la entidad contratante, y en contraprestación, la parte contratante delegante paga el costo real del objeto del contrato, adicionando un porcentaje por concepto de administración y utilidad del contratista; o ii) como una modalidad de administración y pago, no necesariamente asociada al mandato. En ese contexto, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispuso que podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, de acuerdo con las normas civiles, comerciales, que correspondan a su esencia y naturaleza, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. En consecuencia, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, reconocido en los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, así como en el artículo 1602 del Código Civil, es viable que las Entidades Estatales celebren contratos en los que se pacte la administración delegada de los recursos, como forma de administración o modalidad de pago, incluso con o sin representación. ADMINISTRACIÓN DELEGADA – Procedencia – Convenios Interadministrativos – Contratos Interadministrativos En el caso de los convenios interadministrativos es importante precisar que, si bien no hay aplicación automática del Estatuto General de Contratación de la Administración, no significa que en el marco de la autonomía de la voluntad no se estipulen diferentes formas de vinculación de las partes, donde pueden configurar condiciones y cláusulas de mandatos con o sin representación bajo la forma de una administración delegada. En este aspecto, puede estipularse que una de las entidades cooperantes actué como la ejecutora de las principales obligaciones del convenio. En este caso, una de las entidades cooperantes puede encargarse de la administración y ejecución del convenio, sin que pueda estipularse categorías conceptuales como la utilidad o costos por concepto de pago de honorarios. En los convenios interadministrativos bajo la forma de una administración delegada como mandato pueden incluirse los costos directos y los costos administrativos, que son aquellos gastos que están directamente relacionados con la gestión, seguimiento y administración del convenio. De esta manera, si los costos de honorarios de un contador, así como los costos de legalización e impuestos están vinculados con la ejecución del convenio, podrían incluirse dentro del rubro de costos administrativos. Estos costos deberán incluirse en el ejercicio de planeación que realice las entidades cooperantes y estar debidamente justificados.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1152-de-2025/